En julio del año 2019 la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, del Congreso de la República del Perú, presidida por el entonces congresista Alberto de Belaúnde, terminó su informe preliminar plasmado en un texto de más de 1500 páginas. Durante un año, desde junio de 2018, la comisión se había dedicado a investigar su tema, teniendo como base tres casos emblemáticos:
– Violencia sexual en las escuelas públicas de Condorcanqui, Amazonas: el caso de colegialas awajún que habrían sufrido violencia sexual por parte de algunos profesores en la comunidad de Huampami, capital de El Cenepa, uno de los tres distritos de la provincia de Condorcanqui.
– El caso del Sodalicio de Vida Cristiana.
– El caso del Colegio Héctor de Cárdenas (Jesús María, Lima), donde el director Juan Borea habría abusado sexualmente de varios alumnos, principalmente con tocamientos indebidos.
Los ocho primeros capítulos del informe, que comprenden una tercera parte del mismo, consisten en una descripción del método de trabajo aplicado por la comisión y el marco de investigación, seguido de una exposición rigurosa y exhaustiva sobre el tema del abuso sexual, desglosado en los siguientes temas:
– El abuso sexual de menores como fenómeno social
– El enfoque de la víctima
– El impacto en la salud física y mental de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y el derecho al tiempo de las víctimas
– El sistema de justicia ordinaria frente al abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes
– Principales servicios frente al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes
– Pueblos indígenas: coordinación de la justicia y pertinencia cultural de los servicios públicos frente al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes
A continuación desarrolla a profundidad cada uno de los casos emblemáticos. Al final se incluyen cinco casos que fueron dados a conocer a la comisión durante su período de actividad y que fueron incluidos en un capítulo intitulado “Otros casos de especial trascendencia”. La justificación que se dio para incluirlos en el informe es la siguiente:
«Si bien la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones focalizó su investigación en los tres casos emblemáticos consignados en su Plan de Trabajo, también recibió otros —siempre en el contexto de instituciones públicas y privadas— que por su especial trascendencia merecieron atención de esta Comisión».
A continuación, una breve descripción de estos casos:
– Caso Huamachuco, que da cuenta de presuntos abusos cometidos por sacerdotes de la diócesis de Huamachuco y del arzobispado de Trujillo.
– Colegio Jorge Cieza Lachos (Puruchuco, Lima), de la Policía Nacional del Perú, donde un niño de seis años de edad habría sido víctima de bullying y de un incidente de carácter sexual por parte de tres compañeros de clase.
– Iglesia Evangélica Bautista “Lirio de los Valles” (San Juan de Lurigancho, Lima), en cuyas instalaciones el hijo del pastor le hizo tocamientos de carácter sexual a una niña de 13 años.
– Abusos sexuales en el Colegio Salesiano y en la Congregación Salesiana, donde «se abordan dos denuncias que recibió la Comisión Investigadora relacionadas a abusos sexuales contra dos menores de edad que habrían cometido dos sacerdotes de la Congregación Salesiana en los años 70 y 80. Uno de los casos habría sucedido en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el otro en el Colegio Salesiano “San Francisco de Sales”». Ambos locales están ubicados en la ciudad de Lima.
– Colegio privado Markham (Miraflores, Lima), donde se analiza el caso de la entonces adolescente de 15 años Mackenzie Severns, estadounidense, la cual, estando de intercambio estudiantil en Lima en el año 2018, fue violada durante una fiesta por un alumno de 17 años del colegio mencionado.
La parte referente al Sodalicio abarca más de 300 páginas. Constituye uno de los estudios más completos que se ha hecho sobre la institución, pues da un breve resumen de su historia, describe su estructura organizacional y el contexto institucional, señala las características de los presuntos abusadores, para luego detallar cómo se dieron las denuncias de abuso sexual y las reacciones que hubo de parte de la institución, de la Iglesia y del Poder Judicial. Pero no se circunscribe a los abusos sexuales, sino también se detallan abusos físicos, psicológicos y económicos.
Dentro de esta panorámica de la institución, destaca cómo estaba constituido el Consejo Superior, conformado por el Superior General —quien ostentaba autoridad absoluta y tenía siempre la última palabra—, el Vicario General y los cinco encargados (asistentes) de las diversas áreas de trabajo en que se dividía la organización: Espiritualidad, Instrucción, Apostolado, Comunicaciones y Temporalidades (es decir, administración y finanzas). Se logró determinar quiénes ocuparon cargos en el Consejo Superior desde 1980 hasta 2019 y, por lo tanto, quiénes eran responsables del sistema de formación y disciplina que permitió los abusos, y que habrían sabido lo que ocurría en las comunidades, por lo menos en lo referente a abusos físicos y psicológicos.
En cuanto a Jeffery Daniels, cuyos abusos sexuales se descubrieron internamente en 1997 y que fue protegido por la comunidad y recluido tres años en el centro de formación de San Bartolo, se deduce por las fechas que no sólo habrían sabido del hecho José Sam y Germán McKenzie, los primeros que se enteraron, sino también el mismo Luis Fernando Figari, Germán Doig, Jaime Baertl, Óscar Tokumura, Miguel Salazar, Jürgen Daum, Erwin Scheuch, Eduardo Regal, Juan Carlos Len y Alfredo Garland, que formaron parte del Consejo Superior entre los años 1997 y 2000. Daniels nunca fue denunciado ni ante la justicia civil ni canónicamente ante la Iglesia católica, sino que habría sido encubierto por las personas mencionadas. No se descarta que hayan otros más que conocieron los hechos y participaron de este silencio colectivo.
Asimismo, este recuento histórico permite saber con certeza que José Antonio Eguren ocupó el cargo de Asistente de Instrucción entre los años 1980 y 1982, aunque él negó posteriormente que haya tenido algún alto puesto de responsabilidad en el Sodalicio. Sin rastro de duda, puedo afirmar también que fue el primer Superior de la Comunidad Nuestra Señora del Pilar (Barranco, Lima) entre diciembre de 1981 y el año 1982, aunque sólo por algunos meses.
Estos datos son importantes, considerando que el informe de la comisión de expertos internaciones contratados por el Sodalicio (Informe Elliott-McChesney-Applewhite) calla en todos los colores del arco iris quiénes encubrieron los abusos cometidos dentro la institución. Para ellos simplemente no habría habido encubridores, ni siquiera cuando se identificó a los abusadores, pues quienes tenían puestos de responsabilidad en el Sodalicio habrían actuado siempre de buena fe.
Resulta también de particular importancia el testimonio del exsodálite Germán McKenzie, quien llegó a ser el primer Superior Regional del Perú dentro del Sodalicio, quien en algún momento responde al pliego que se le envío a Canadá con esta lapidaria frase: «Se insistía en la obediencia, pero no se insistía igualmente en la formación y práctica de la conciencia moral».
Algunos ligeros errores en el Informe De Belaúnde no anulan el volumen de información corroborada y debidamente analizada que allí se nos ofrece. Por ejemplo, cuando se habla de los grados de pertenencia al Sodalicio, que van a la par con los grados de compromiso (aspirante, probando, formando, consagrado a María, profeso temporal y profeso perpertuo), se pone a los agrupados en el escalón más bajo de los grados de pertenencia. En realidad, las Agrupaciones Marianas no forman parte del Sodalicio sino del Movimiento de Vida Cristiana. Un agrupado mariano no emite ningún compromiso formal con el Sodalicio y no está obligado a seguir sus Constituciones, como sí lo están quienes se hallan en los otros grados de compromiso. Agrupado mariano puede ser cualquiera. Basta con que exprese su deseo de participar de una agrupación. La única vinculación con el Sodalicio sería que esta institución anima las agrupaciones y busca sus vocaciones entre los agrupados, aunque no exclusivamente entre ellos.
Dice el informe en una parte: «la mayoría de las familias se encontraban a gusto con que sus hijos pertenecieran al Sodalicio». Esta afirmación es discutible, dado que la captación de jóvenes vocaciones solía realizarse sin conocimiento ni consentimiento de los padres, lo cual generalmente llevaba a conflictos, y era frecuente que los padres en un principio no estuvieran de acuerdo en que sus hijos se unieran a un grupo tan absorbente y de características sectarias. Lo que ocurría con el tiempo es que los padres, habiendo perdido el control sobre sus hijos, terminaban aceptando una situación con la que en un principio no habían estado de acuerdo. No niego que hubo excepciones y padres que se sentían contentos de tener un hijo en el Sodalicio. Pero lo que generalmente se daban eran relaciones de confrontación, pues el Sodalicio solía actuar al margen de los padres.
No sólo por el caso Sodalicio, sino sobre todo por examinar a fondo el problema del abuso sexual de menores, el Informe De Belaúnde debe ser difundido —tarea que ha asumido recientemente la congresista Susel Paredes—y servir de base para medidas de prevención y proyectos de leyes, siguiendo las recomendaciones finales, que abarcan casi cincuenta páginas del texto final. De hecho, incluye una propuesta normativa para modificar el Código Penal y eliminar la prescripción del delito en el caso de abusos sexuales de menores. Tarea titánica en una sociedad machista, patriarcal y homófoba, que en muchísimos casos deja desprotegida a las víctimas de abusos y permite que los abusadores salgan impunes.
