Juan Carlos Tafur

Si hay adelanto, que no sea precipitado

“Hay mucho en juego todavía en el país, como para que sigamos reeditando la inefable desprolijidad del antecesor presidencial, hoy felizmente fuera del poder y afrontando los juicios penales que le corresponden, como gran lección democrática para el país”

Si la presidenta Dina Boluarte, como ha dejado entrever, finalmente decide proceder a un adelanto de elecciones, ya no le corresponde a ella hacerlo, sino al Congreso, ya que se requiere de una reforma constitucional que recorte el mandato tanto presidencial como parlamentario.

Y, como se sabe, la mayoría de congresistas no quiere eso. Tendría que haber una protesta callejera masiva y no las algaradas aisladas que se han visto en estas horas, para que la mayoría de congresistas dé el paso definitivo para aceptar salir del poder antes del tiempo programado.

No lo quieren los corruptos, que medran de los lobbies y de ingresos superlativos fuera de la caja oficial de la tesorería parlamentaria (y algunos lo hacían de las arcas del gobierno castillista), pero tampoco lo quieren los honestos, por una cuestión –dicen-, de dignidad política, ya que mal creen que su carrera política se vería truncada para siempre si semejante adelanto ocurriese y ellos, como está establecido en la Constitución, no pueden postular ni en dicha elección adelantada ni en la siguiente.

Lo sensato es proceder a una transición regulada y pausada, con reformas políticas y electorales previas (por lo menos las concernientes al nuevo proceso), que permita, además, que el país se reconstruya de la aplanadora destructiva del paso de Pedro Castillo por el gobierno, se reestablezcan líneas de mando tecnocráticas, se reinstale la meritocracia, se reactiven programas públicos, como la salud y la educación, que estaban a su suerte, y de esa manera arribemos al proceso electoral eventualmente en ciernes, con un mejor Estado, una mejor economía, un mejor ambiente político, un mejor país, en suma.

Procesar un adelanto acelerado, precipitado y, además, inconstitucional, como quieren las huestes radicales del castillismo dolido y, por supuesto, el antaurismo, tiene claramente un objetivo: que nuevamente la izquierda radical antiestablishmentse haga del poder dada la fragmentación precaria de la centroderecha y la aún superviviente irritación ciudadana por el calamitoso estado social en que deja el país el Atila chotano.

Dina Boluarte, sea que busque completar el mandato hasta el 2026 o sea que, leyendo el pulso ciudadano, proceda a un adelanto de elecciones consensuado con el Congreso, debe hacerlo con inteligencia y mesura, sin apresuramientos ni improvisaciones.

Hay mucho en juego todavía en el país, como para que sigamos reeditando la inefable desprolijidad del antecesor presidencial, hoy felizmente fuera del poder y afrontando los juicios penales que le corresponden, como gran lección democrática para el país.

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