El viernes 23 de marzo de 2018, el entonces vicepresidente Martín Vizcarra juró el mando supremo en el Congreso de la República. Acto seguido, el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski pronunció un discurso llamando a los parlamentarios a la unidad nacional contra la corrupción, contra la inseguridad y en favor de las grandes mayorías. Diez días después, el congresista César Villanueva, ex gobernador regional de San Martín, presentó a los ministros elegidos y pidió día y hora para acudir al Congreso para pedir el voto de investidura.
Cuatro años y casi nueve meses después, una vicepresidenta, Dina Boluarte, asume el cargo de elección popular más alto del país, luego de que 101 congresistas decidieran relevar del mando al presidente Pedro Terrones, decretando la vacancia de la Presidencia de la República del Perú, tal cual lo dice la resolución emitida por el Congreso. Hasta ahí las similitudes entre el ascenso de Vizcarra y la “asunción” de Dina.
Conocedores de todos los hechos relevantes sucedidos entre ese ya lejano marzo de 2018 y hoy día, entre los cuales se cuentan la detención de Keiko Fujimori, el suicidio de Alan García, la disolución del Parlamento de mayoría fujimorista, la destitución de Vizcarra y el triunfo electoral de Pedro Castillo, sabemos que el futuro político del Perú es impredecible. Tan impredecible que ni siquiera el nombramiento de un gabinete integrado por personas notables y presidido por un político de experiencia nos garantiza nada, sino recordemos el “gabinete de lujo” de PPK.
Por tal razón, la abogada apurimeña Dina Boluarte y la coalición político-empresarial que la promueve y sostiene se tomará todo el tiempo del mundo para presentarle al país un elenco ministerial que satisfaga al bloque anticomunista del Congreso, a los sectores ligados a las cúpulas sindicales de mineros, maestros y transportistas, a los distintos gremios ligados a la agricultura y, sobre todo, a los dos o tres grandes conglomerados empresariales que ayer festejaban y publicaban sus festejos en las redes sociales.
Por esa razón, la actual coyuntura político-económica difiere nítidamente de la que observamos cuatro años y nueve meses atrás. Entonces el Perú tenía el índice inflacionario más bajo de la región, la moneda más estable de América Latina y a pesar de su gigantesca informalidad económica estaba en la ruta más corta para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el exclusivísimo OCDE o, también llamado, el club de los países ricos.
Cuatro años y nueve meses después, estamos ante un nuevo gobierno y unos nuevos retos. Vamos hacia ellos.
