Pagando los impuestos de Belmond
El contrato entre el gobierno regional y Perú Belmond, además, establece que esta última es responsable de “satisfacer todo tipo de impuesto […] que afecte directamente a la explotación de la concesión”. Por lo tanto, le corresponde pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de las retribuciones fijas y variables, como la misma empresa ha reconocido a este medio.
Sin embargo, la compañía alega que en el 2011 la SUNAT les informó que las retribuciones que pagaba al Gobierno Regional no deberían estar sujetas al IGV. Ese mismo año los representantes de Perú Belmond presentaron un recurso legal ante el Tribunal Fiscal solicitando la confirmación “de que debíamos seguir pagando el IGV al Gobierno Regional”. Este proceso legal duró 7 años y durante todo ese tiempo se produjo una situación contradictoria. Aunque sostenía que sí le correspondía pagar el IGV, la empresa administradora dejó de hacerlo entre 2011 y 2018. Los funcionarios del GORE, entonces, usaron parte del incompleto monto que llegaba a sus arcas –provenientes de las retribuciones fija y variable– para pagarle a la SUNAT. Así, la entidad asumió “el pago de este impuesto por más de 6 años” con recursos públicos, como evidencia el informe de la Contraloría.
“Ellos [Perú Belmond] informaron al GORE que, como tenían una controversia con la Sunat, ya no iban a pagar el IGV. Lo que la entidad debió hacer en ese momento es exigir que sigan con los pagos, porque es parte de sus obligaciones. Si se negaban, se podía rescindir el contrato por incumplimiento. Sin embargo lo único que hicieron los funcionarios del gobierno regional fue que, del monto que depositaba Belmond por las retribuciones, hacían el descuento para cubrir el IGV, porque este llegaba a nombre de la institución”, explica el procurador de Cusco.
Finalmente, en noviembre de 2018, explica la empresa, el Tribunal Fiscal determinó que ellos tenían razón y que “nuestros pagos al Gobierno Regional de Cusco debían estar sujetos al IGV”. Luego de ese veredicto, Perú Belmond le pidió al GORE que le facture el importe que debía cancelar por concepto de dicho impuesto y pagó “debidamente la suma total de 1,34 millones de dólares”, según señala un comunicado que compartió a este medio vía correo electrónico.
Sin embargo, quedaría un saldo por pagar. En un oficio enviado en mayo de este año por la gerencia de Administración del gobierno regional se le informó a la empresa administradora del Sanctuary Lodge que, cuando se calculó cuánto le correspondía devolver por los años que no pagó, “no se consideró dos cartas”, que juntas suman US$7,530. Dicho monto se encuentra “pendiente hasta la actualidad”, según el informe de la Contraloría. Y a ello habría que agregar los “intereses legales generados y multas”, según señala el mismo documento.
Un contrato cuestionado
No es la primera vez que la Contraloría advierte irregularidades en la administración del Hotel Sanctuary Lodge. Ya en enero de este año, el organismo de control advertía que el hotel vinculado al excandidato presidencial funcionaba de manera irregular. Y es que, inicialmente el periodo de concesión era solo hasta el 2015. Pero mediante una polémica adenda llena de vicios, firmada por el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, y representantes de Perú Belmond Hotel, se amplió la vigencia del contrato hasta el 16 de mayo de 2025.
De acuerdo con un informe de auditoría del año pasado, para que la adenda suscrita en noviembre de 2013 tenga validez se necesitaba que conste en escritura pública. Esto, sin embargo, se concretó recién el 27 de diciembre de ese año. Para entonces, Jorge Acurio Tito ya no era gobernador regional. Unos días antes había sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Poder Judicial, por lo que su firma en la adenda ya no tenía validez.
La adenda express, además, fue tramitada “sin sustento técnico legal y/o financiero” que argumente las variaciones económicas que debían adoptarse, de acuerdo al mismo informe de la Contraloría. Tampoco se tomaron en cuenta los documentos emitidos por algunos consejeros regionales para sustentar su oposición a la renovación del contrato.
“La población de Cusco incluso ha rechazado la ampliación del contrato. Este gobierno regional actual y el consejo también estamos de acuerdo con que esta adenda sea revisada y anulada”, dice el consejero Néstor Velasco. Por ello, en 2017 el GORE Cusco presentó una demanda ante el Poder Judicial para buscar la nulidad de la adenda. Sin embargo, el año pasado se rechazó el pedido porque, según explica el procurador regional, “el caso debe llevarse mediante un arbitraje”.
La solicitud de arbitraje se presentará este mes, adelanta Pedro Galicia. Además, por todo lo evidenciado en los informes de la Contraloría, el GORE Cusco llevará a un segundo arbitraje a Perú Belmond Hotel S.A. “Esto se estaría presentando a más tardar en un par de meses”, afirma el procurador. Pero mientras estos procesos no se resuelvan, Perú Belmond seguirá administrando el Hotel Sanctuary Lodge.
