El hotel Sanctuary Lodge, uno de los más lujosos del Perú, es el centro de una controversia en la que hay –por lo menos– decenas de miles de dólares en juego. De un lado está el gobierno regional del Cusco, propietario del alojamiento que goza de la ubicación más privilegiada del país, justo al lado del ingreso a la ciudadela de Machu Picchu. Del otro está Perú Belmond Hotel S.A., la empresa que administra el negocio desde 1999, y que tiene a Rafael López Aliaga como prominente accionista y miembro del directorio. Según la actual gestión del GORE, la empresa no ha cumplido con pagar en su totalidad los montos establecidos en el contrato de concesión. Un informe de la Contraloría General de la República respalda este reclamo y calcula el perjuicio en más de US$81,000.
No solo eso: la Contraloría también señala que el gobierno regional pagó –entre 2011 y 2018– el IGV que le correspondía cancelar a la empresa. El monto acumulado por este concepto llegó a superar largamente el millón de dólares, y si bien la empresa ya ha regularizado casi todo, aún quedaría pendiente un saldo por pagar de poco más de US$7,000. No parece mucho, sobre todo si se toma en cuenta que una noche en el hotel puede costar entre S/5,000 y S/14,000. Pero todo esto suma a la molestia en las autoridades cusqueñas respecto a un contrato de concesión que acumula cuestionamientos. “No es la primera vez que hay irregularidades”, explica Néstor Velasco, consejero regional.
Cálculos imprecisos
El contrato inicial para la administración del Sanctuary Lodge establecía que la empresa debía pagar al gobierno regional cusqueño una retribución que se establecía a partir de dos componentes: uno fijo y otro variable. La retribución fija –que no depende de los ingresos que genere el hotel– se estableció a partir de una base de US$6,000 mensuales y debía actualizarse todos los años tomando como referencia el índice de precios al consumidor (IPC), un indicador que representa la variación del costo de vida. En 2015 se renovó la concesión –una decisión que ahora es cuestionada desde el GORE, como veremos luego– y se estableció una nueva base, de US$10,000, también sujeta a reajustes anuales en función al IPC.
La Contraloría señala que la empresa no cumplió con actualizar los montos correctamente, por lo que hubo períodos en los que pagó menos de lo que le correspondía. Así –por ejemplo–, entre mayo de 2012 y abril de 2013, Perú Belmond debía pagar US$112,428. Pero de acuerdo a la información entregada por la misma concesionaria, solo pagó US$96,199. Esta situación se repitió varias veces.
Consciente de su falta, entre el 2014 y 2020 la propia empresa determinó que debía un total de US$51,320 adicionales, y realizó desembolsos para regularizar su situación. Dicha suma, según el informe de la Contraloría, “fue recaudada por los funcionarios de la Entidad [Gore Cusco] sin realizar acciones para determinar a qué concepto correspondía el importe transferido”. Tampoco se determinó si los montos calculados por Perú Belmond eran los correctos. De hecho, luego de revisar el detalle de los pagos y de realizar sus propios cálculos, la Contraloría determinó que Perú Belmond aún debía US$73,662 al GORE Cusco. “Se corrobora que la Empresa Operadora habría incumplido en transferir el importe de la Retribución Fija”, se lee en el documento.
“Cada año debe actualizarse el IPC y, por lo tanto, el monto de las retribuciones fijas aumentaba. Sin embargo, lamentablemente los funcionarios de las gestiones pasadas no fiscalizaron los acuerdos contractuales, es por eso que lo que aparentemente ha hecho la empresa es timar a los intereses del Gobierno Regional”, explica Pedro Galicia, procurador regional. Desde el gobierno regional, afirma Galicia, se ha empezado a realizar la revisión correspondiente para comprobar si es que el monto determinado por la Contraloría es lo que realmente la empresa debe. “Incluso podría ser mayor”, advierte.
El economista César Alarcón Farfán, quien fue director de la Oficina Regional de Administración del Gore Cusco entre 2014 y 2015, es señalado en el informe como uno de los responsables. Cuando fue interpelado por los miembros del equipo revisor de la Contraloría, este funcionario se excusó argumentando que “la metodología aplicada para el ajuste del IPC es de carácter estrictamente técnico y nunca fue capacitado para la revisión de dichos cálculos”. Apeló, además, al “principio de presunción de veracidad”, motivo por el cual se consideró que los cálculos realizados por la empresa eran los correctos. En total, el órgano de control señala responsabilidades de 14 exfuncionarios de los gobiernos anteriores por estas situaciones.
El valor de un dólar
La Contraloría también señala discrepancias en el cálculo de la retribución variable, que se calcula a partir de los ingresos brutos del hotel. Al inicio de la concesión se fijó en 6% de los ingresos mensuales; y a partir del 2015 se incrementó a 8%. El problema es que el hotel recibe buena parte de sus ingresos en dólares, y estos deben ser convertidos a soles para calcular la retribución. El contrato establece que esta conversión se debe realizar tomando como referencia el tipo de cambio promedio de venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Sin embargo, la empresa concesionaria usó el tipo de cambio de compra. La diferencia no es menor.
Para calcular la cifra total que Perú Belmond no habría pagado por esta diferencia, la comisión de control le solicitó su registro de ingresos en dólares. Sin embargo, la empresa hotelera se excusó argumentando que “su registro de ventas que presenta a la Sunat es en moneda nacional”. Al final, no presentó ningún otro documento que permita verificar sus ventas en dólares, a pesar de que la mayoría de sus ingresos se facturan en esta moneda. Tampoco se pudo acceder a tal registro por medio del GORE Cusco, pues las áreas correspondientes nunca lo habían solicitado, a pesar de que debían hacerlo para cumplir con su deber de supervisión.
Finalmente, a pedido de la Contraloría, en abril de este año los funcionarios públicos del GORE Cusco realizaron una visita para obtener la relación de los comprobantes de pago del Sanctuary Lodge. La respuesta del hotel, sin embargo, no fue de ninguna ayuda: “El personal de la empresa manifiesta que la información solicitada se encuentra en domicilio fiscal de la empresa en la ciudad de Lima; asimismo, señala que dicha documentación física se encuentra en custodia de un tercero en Lurín; así también, señala que el aplicativo de facturación denominado ‘Paperless’ ha cambiado de versión, por lo que no se cuenta con información digital”, dice el informe del órgano de control.
En octubre de 2021, cuenta el procurador Pedro Galicia, una comisión del GORE Cusco fue a las oficinas de la empresa en Lima: “Viajamos para solicitar información relacionada a sus ingresos para calcular la retribución variable. Lo sé porque yo asistí en mi calidad de procurador. Sin embargo, la empresa nos dijo que era información que no tenían a la mano, que estaba en su almacén y que eso tenía un costo porque tenían que buscar los documentos y revisarlos. Si queríamos tener acceso, teníamos que agenciarnos (sic) por nuestra propia cuenta, a pesar de que ellos están contractualmente en la obligación de proporcionar dicha información”.
Debido a las dificultades para obtener la información completa, no se ha podido calcular con precisión lo que Perú Belmond habría dejado de pagar debido a esta supuesta aplicación incorrecta del tipo de cambio. La Contraloría, de todas formas, se aventuró a hacer un cálculo, a partir de 94 comprobantes de pago a los que sí pudo acceder. Estos documentos, vale señalar, apenas representan el 0.02% del total de operaciones en moneda extranjera del hotel durante el período 2017-2019. Luego de revisarlos, la Contraloría advierte en su informe que la empresa habría dejado de pagar S/116 por concepto de retribución variable. “Lo que podría estar presentándose en el 99,98% de las operaciones restantes a las que no se tuvo acceso”, señala el informe del órgano de control.
“Las reglas del juego están mal planteadas, son mayormente favorables para el empresario”, se queja el consejero regional Velasco. “Y además de eso, existe este tipo de abusos, como que no se cumplan con los términos del contrato”, agrega.
El procurador regional, por su parte, hace mea culpa. “Hay que reconocer que nunca se ha fiscalizado antes. Prácticamente lo que decía Perú Belmond estaba escrito en piedra. Ningún funcionario de la entidad de los gobiernos anteriores hizo la labor de fiscalizar lo que entregaba la empresa, lo que ocasionó que ocurra todo lo que advierte la Contraloría. Ese ha sido lamentablemente el gran problema que ha existido”, explica Galicia.
Pagando los impuestos de Belmond
El contrato entre el gobierno regional y Perú Belmond, además, establece que esta última es responsable de “satisfacer todo tipo de impuesto […] que afecte directamente a la explotación de la concesión”. Por lo tanto, le corresponde pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de las retribuciones fijas y variables, como la misma empresa ha reconocido a este medio.
Sin embargo, la compañía alega que en el 2011 la SUNAT les informó que las retribuciones que pagaba al Gobierno Regional no deberían estar sujetas al IGV. Ese mismo año los representantes de Perú Belmond presentaron un recurso legal ante el Tribunal Fiscal solicitando la confirmación “de que debíamos seguir pagando el IGV al Gobierno Regional”. Este proceso legal duró 7 años y durante todo ese tiempo se produjo una situación contradictoria. Aunque sostenía que sí le correspondía pagar el IGV, la empresa administradora dejó de hacerlo entre 2011 y 2018. Los funcionarios del GORE, entonces, usaron parte del incompleto monto que llegaba a sus arcas –provenientes de las retribuciones fija y variable– para pagarle a la SUNAT. Así, la entidad asumió “el pago de este impuesto por más de 6 años” con recursos públicos, como evidencia el informe de la Contraloría.
“Ellos [Perú Belmond] informaron al GORE que, como tenían una controversia con la Sunat, ya no iban a pagar el IGV. Lo que la entidad debió hacer en ese momento es exigir que sigan con los pagos, porque es parte de sus obligaciones. Si se negaban, se podía rescindir el contrato por incumplimiento. Sin embargo lo único que hicieron los funcionarios del gobierno regional fue que, del monto que depositaba Belmond por las retribuciones, hacían el descuento para cubrir el IGV, porque este llegaba a nombre de la institución”, explica el procurador de Cusco.
Finalmente, en noviembre de 2018, explica la empresa, el Tribunal Fiscal determinó que ellos tenían razón y que “nuestros pagos al Gobierno Regional de Cusco debían estar sujetos al IGV”. Luego de ese veredicto, Perú Belmond le pidió al GORE que le facture el importe que debía cancelar por concepto de dicho impuesto y pagó “debidamente la suma total de 1,34 millones de dólares”, según señala un comunicado que compartió a este medio vía correo electrónico.
Sin embargo, quedaría un saldo por pagar. En un oficio enviado en mayo de este año por la gerencia de Administración del gobierno regional se le informó a la empresa administradora del Sanctuary Lodge que, cuando se calculó cuánto le correspondía devolver por los años que no pagó, “no se consideró dos cartas”, que juntas suman US$7,530. Dicho monto se encuentra “pendiente hasta la actualidad”, según el informe de la Contraloría. Y a ello habría que agregar los “intereses legales generados y multas”, según señala el mismo documento.
Un contrato cuestionado
No es la primera vez que la Contraloría advierte irregularidades en la administración del Hotel Sanctuary Lodge. Ya en enero de este año, el organismo de control advertía que el hotel vinculado al excandidato presidencial funcionaba de manera irregular. Y es que, inicialmente el periodo de concesión era solo hasta el 2015. Pero mediante una polémica adenda llena de vicios, firmada por el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, y representantes de Perú Belmond Hotel, se amplió la vigencia del contrato hasta el 16 de mayo de 2025.
De acuerdo con un informe de auditoría del año pasado, para que la adenda suscrita en noviembre de 2013 tenga validez se necesitaba que conste en escritura pública. Esto, sin embargo, se concretó recién el 27 de diciembre de ese año. Para entonces, Jorge Acurio Tito ya no era gobernador regional. Unos días antes había sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Poder Judicial, por lo que su firma en la adenda ya no tenía validez.
La adenda express, además, fue tramitada “sin sustento técnico legal y/o financiero” que argumente las variaciones económicas que debían adoptarse, de acuerdo al mismo informe de la Contraloría. Tampoco se tomaron en cuenta los documentos emitidos por algunos consejeros regionales para sustentar su oposición a la renovación del contrato.
“La población de Cusco incluso ha rechazado la ampliación del contrato. Este gobierno regional actual y el consejo también estamos de acuerdo con que esta adenda sea revisada y anulada”, dice el consejero Néstor Velasco. Por ello, en 2017 el GORE Cusco presentó una demanda ante el Poder Judicial para buscar la nulidad de la adenda. Sin embargo, el año pasado se rechazó el pedido porque, según explica el procurador regional, “el caso debe llevarse mediante un arbitraje”.
La solicitud de arbitraje se presentará este mes, adelanta Pedro Galicia. Además, por todo lo evidenciado en los informes de la Contraloría, el GORE Cusco llevará a un segundo arbitraje a Perú Belmond Hotel S.A. “Esto se estaría presentando a más tardar en un par de meses”, afirma el procurador. Pero mientras estos procesos no se resuelvan, Perú Belmond seguirá administrando el Hotel Sanctuary Lodge.
