Minsa

 

El flamante ministro de salud Hernán Condori ha defendido repetidas veces los beneficios del ‘agua arracimada’. Los que proponen esta teoría se basan en un hecho real, a saber, que es posible que las moléculas de agua se arreglen en clusters (racimos) debido a la formación de puentes de hidrógeno. Sin embargo, se sabe que estos arreglos son bastante inestables, y por esa razón sus propiedades aún no se conocen bien.

Los promotores de agua arracimada sostienen que han conseguido estabilizar estas estructuras. Según ellos, el agua que venden contiene racimos compuestos de 3 a 5 moléculas de agua, y cuando uno toma esta agua ‘arracimada’ consigue hidratarse más rápido que tomando agua normal, ya que, al ser los racimos tan pequeños, consiguen filtrarse con mayor facilidad por nuestro organismo. Según los impulsores de este producto, hidratarse de esa manera tendría grandes beneficios para la salud. Conceptualmente, esta teoría es confusa. Y en términos de evidencia empírica, todo lo que se ha recabado hasta ahora muestra que la teoría es falsa.

Se ha dicho que los que promueven este producto promueven la pseudociencia, pero qué es exactamente la pseudociencia no es algo que se haya discutido mucho en este contexto. Tanto los científicos serios como el público en general suelen definir como pseudocientíficas a las disciplinas que carecen de evidencia científica, y que no realizan afirmaciones falsificables. A pesar de ser muy populares, estas no son buenas definiciones.

En primer lugar, carecer de evidencia no es una buena razón para catalogar a una disciplina como pseudocientífica. Después de todo, existen muchas teorías científicas que actualmente no cuentan con evidencia. Por ejemplo, la física de Newton describe de manera incorrecta la trayectoria de varios objetos astronómicos. A pesar de ello, nadie diría que la física de Newton es pseudocientífica. Además, en su origen muchas teorías no poseen evidencia suficiente, y sin embargo suelen recibir financiamiento por parte de instituciones científicas justamente para recoger dicha evidencia. Por otro lado, es posible que una teoría pseudocientífica cuente con algún nivel de evidencia, como podría ser el caso de una predicción astrológica que resulte ser verdadera por casualidad. Tal como señalaba el filósofo Karl Popper, “la ciencia suele errar, y pseudociencia puede tropezar con la verdad”. Es cierto que las afirmaciones de los que defienden el agua arracimada carecen de evidencia científica, pero esta no es la razón por la cual esta práctica es pseudocientífica.

Otro criterio que suele usarse para definir pseudociencia es el de la falsifiabilidad, propuesto por el mismo Popper. De acuerdo a Popper, las afirmaciones científicas son falsificables. Para Popper, cuando se hace una predicción en base a una teoría realmente científica, es posible definir de antemano qué tipo de resultados observables corroborarían la teoría, y cuáles la refutarían. Esto es lo que Popper llamaba ‘falsifiabilidad’, la idea de que es posible concebir una situación en la que la evidencia observable pruebe que la teoría es falsa. En ese sentido, las predicciones científicas de alguna manera ponen en riesgo a la teoría. Ejemplos de afirmaciones no falsificables serían “si rezas todo va a salir bien”, o “todo lo que sucede es la voluntad de Dios”, o “el universo ha sido creado hace 5 minutos”. En estos casos, es imposible concebir una situación que pruebe que dichas afirmaciones son falsas. Por ejemplo: si rezo y me muero, se podría argumentar que igual todo salió bien porque me fui al cielo; si abro mi computadora y leo un texto escrito hace dos días, se podría argumentar que tanto el texto como mi memoria de haberlo escrito fueron creados hace 5 minutos; etc.

El criterio de Popper es tal vez una de las ideas filosóficas más aceptadas por científicos profesionales. Sin embargo, a pesar de sus méritos, presenta varios problemas que han sido señalados desde hace décadas por muchos filósofos. Para comenzar, la unión (conjunción) de una afirmación falsificable con una no falsificable da como resultado una afirmación falsificable. Por lo tanto, cualquier afirmación no falsificable podría entrar en el conjunto de afirmaciones científicas siempre y cuando se le una a una afirmación falsificable, lo cual niega el propósito de distinguir entre ciencia y pseudociencia. Otro problema es que muchas pseudociencias también emiten afirmaciones falsificables. En ese sentido, Popper puso una valla demasiado baja. Por ejemplo, la afirmación de que la supuesta agua arracimada se metabolice más rápido que el agua normal puede testearse fácilmente, y de hecho ha sido testeada y probada falsa. Pero según Popper, la teoría del agua arracimada sería científica.

Es importante destacar que el criterio de la evidencia y el criterio de la falsibilidad pueden jugar en contra el uno del otro. Así, si se demuestra que una afirmación es falsa, significa que era falsificable. Sin embargo, ser probada falsa significa que carece de evidencia. En ese sentido, la falta de evidencia prueba que había falsifiabilidad. Si se usan estos dos criterios a la vez, la teoría del agua arracimada sería y no sería científica.

Para entender bien por qué una determinada teoría, disciplina o práctica es pseudocientífica nos tenemos que enfocar no solo en las afirmaciones que se producen alrededor de la misma sino en la estructura social en la que están inscritas. La ciencia real cuenta con un aparato institucional que de alguna manera intenta bloquear los errores típicos del razonamiento humano, tales como los sesgos, la falta de objetividad, etc., y a la vez fomenta la colaboración y la claridad conceptual. Las pseudociencias hacen todo lo contrario: son disciplinas que están aisladas, que no incentivan la colaboración, que están llenas de confusiones conceptuales que ni siquiera buscan aclarar, y que ignoran aquello que las refuta. Básicamente, son teorías cuyos defensores hacen exactamente lo que está haciendo nuestro ministro de salud: en ninguna entrevista ha intentado dar detalles de la plausibilidad científica de lo que propone y más bien intenta confundir a su audiencia usando términos científicos sacados de contexto. Además, ignora completamente todas las objeciones posibles, tales como los estudios que han fallado en demostrar la efectividad del producto. Para entender por qué estamos frente a un caso de pseudociencia hay que mirar los detalles del producto, sí, pero también debemos observar cómo se comportan los charlatanes que los promueven.

[Nota: la información sobre el agua arracimada la saqué del siguiente artículo compartido en twitter por el doctor Elmer Huerta. https://www.molecularhydrogeninstitute.com/microclustering-the-making-of-a-myth-part-1-facts-claims-and-history]

 

* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas.

 

 

 

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Hernán Condor, Minsa

El director ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), Yuri Cutipé, nos revela el panorama tan crítico por el que atraviesa nuestra salud mental, afectando especialmente a las mujeres, niños y adolescentes, previo al retorno de clases escolares y a dos años de la pandemia.

Señor Cutipé, a dos años del inicio de la pandemia, y en el medio, una crisis política, social, y con una escalada de violencia en las calles. ¿cómo estamos en material de salud mental? ¿Quiénes son los más afectados?

Las encuestas nacionales han dado cuenta que las poblaciones más vulnerables son las que se encuentran en los extremos de la vida: los niños, las niñas y los adulos mayores, personas de 60 o 65 años. También las encuestas nacionales han dado cuenta de un mayor malestar psicológico en personas con trabajos precarios o en aquellas que están sin trabajo; en personas de niveles socioeconómicos más bajos, pero también en mujeres. Incluso hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de fines el 2020, realizada en Lima y Callao, donde se encuentra que en comparación al 2012, la tasa de cualquier trastorno mental en la población general se ha duplicado. Pasó de un 11% de afectación a casi un 20%, pero específicamente en trastornos de ansiedad, se han triplicado de un 3% a un 10%, y en mujeres se ha cuadruplicado. En especial las mujeres han recibido el mayor peso de la carga adaptativa de esta pandemia.

¿Y esto a qué se debe?

A que la mayor cantidad de actividades de diferentes periodos se ha restringido al hogar. Y en el hogar todavía hay una dinámica de distribución de responsabilidades inequitativas por el machismo predominante. Entonces, las mujeres aún asumen más tareas que los varones. A la vez de tener que trabajar -como los varones- para proveer recursos, la sobrecarga emocional es mucho mayor en las mujeres y por lo tanto, la afectación de su salud mental será mayor, ya no en términos de malestar psicológico sino de trastornos mentales.

Usted acaba de mencionar una palabra clave: ‘machismo’. Esta semana las noticias han arrojado noticias terribles sobre agresiones a mujeres. ¿Qué reflexiones le lleva al saber -por ejemplo- que un par de comediantes se burlaron de la agresión sexual a una niña, que un trabajador de la Fiscalía del Callao, agredió brutalmente a su pareja? ¿A qué se debe a que cada vez somos menos tolerantes, más agresivos y muchas mujeres terminan siendo víctimas de ello?

La tarea como sociedad y como Estado sigue siendo enorme. La violencia todavía golpea duramente a las mujeres. La violencia de pareja, en especial. Y también en los niños y niñas de parte de los adultos. Especialmente en el espacio familiar. Según los estudios del INEI, desde el 2015 y 2020, que es la última encuesta realizada durante la pandemia, la proporción de mujeres que es afectada por la violencia que sufre ha disminuido anualmente, de un 75% al 50%. Es decir, hay una disminución importante. Pero estamos lejos del 20% de los países europeos. O sea, el 50% de las mujeres encuestadas ha dado cuenta que todavía ha sido victima de algún tipo de violencia. Esta cifra sigue siendo altísima. Hay que hacer más esfuerzos desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la seguridad judicial, policial y de los servicios de salud que contribuyen a prevenir que la violencia genere daños permanentes. Aún es una tarea titánica que nunca debemos de perder de vista como prioridad.

Acaba de hablar del ‘ámbito educativo’. Estamos a unos cuantos días o, en otros casos, a algunas semanas del retorno presencial o semipresencial a las aulas. ¿Cómo deben ellos asumir ese retorno? Estaba leyendo unas cifras del Minsa y Unicef donde señalan lo siguiente: 3 de cada 10 niños y adolescente presentaron algún problema de salud mental.

Gran parte de la afectación tiene que ver con problemas de ansiedad altos que generan problemas de atención o problemas conductuales o irritabilidad. Especialmente en niños que proceden de familias donde se encontró que la prevalencia de depresión en cuidadores o padres era el doble, que en familias donde no hay problemas de salud mental.

El reto para el retorno a clases se hace más difícil en niños y niñas que tienen problemas en su propia emocionalidad estando en la virtualidad y que ahora tendrán que regresar al colegio cuando se supone que un niño se siente seguro al regresar al colegio en tanto sienta el respaldo o seguridad de sus cuidadores.

Lo ideal sería que los niños retornen a clases con entusiasmo, seguros de estar vacunados, de tener sus defensas corporales fortalecidas, seguros de tener padres que están seguros de poder ayudarlos a salir adelante en sus proyectos de vida; con colegios y comunidades educativas bien organizadas. Eso tendrá que irse resolviendo poco a poco.

Cómo trabajar eso en casa. Es decir, darles confianza a los niños. De hecho, existe el temor de muchos padres por el retorno al colegio por posibles contagios de Covid-19. ¿Cómo crear desde la casa un clima adecuado para que los menores retornen a clases?

Los adultos debemos preocuparnos por las necesidades emocionales que tienen nuestras hijas, hijos o los niños que tenemos a nuestro cuidado. Y para eso es importante separar momentos y espacios para estar con ellos, para jugar, dibujar, pintar o conversar sobre sus temores, miedos, y sobre sus frustraciones o cóleras. Probablemente un niño vacunado se sentirá más seguro respecto a los niños que no. En segundo lugar, si el miedo es a no rendir con el colegio, entonces, es importante ser explícitos y darle el apoyo y respaldo. Y que el niño tenga la seguridad de que pase lo que pase en el colegio, siempre tendrá un papá o una mamá o ambos que le ayudarán a superar las dificultades que se presentan en el colegio. La salud mental de los niños es una tarea compartida entre el padre, la madre y el Estado.

DATO

Si necesita ayuda puede llamar al número 113 opción 5, donde un pool de profesionales de psicología del Ministerio de Salud atenderá consultas sobre el desempeño emocional de los niños. La llamada es gratuita.

 

Foto: Agencia de noticias Andina.

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Minsa, Salud Mental Perú, Yuri Cutipé

 

En un recorrido por hospitales como el Sabogal, el Rebagliati y el Grau -todos de EsSalud- Sudaca comprobó el calvario que los pacientes viven a diario: las colas en las puertas de ingreso son insoportables. En algunos casos, las personas dicen que van a visitar pacientes internados; pero en otros –la mayoría–, están esperando entrar a citas que les ha costado sudor y lágrimas conseguir.

En el seguro social las consultas generales se pueden programar por teléfono, pero eso no significa que conseguirás una atención rápida. Los operadores indican que te llamarán, pero no especifican cuándo. Quienes logran agendar las citas médicas lo hacen después de esperar, al menos, un par de semanas.

Eso, por ejemplo, le ocurrió en el Grau a Jorge Olivares (62), que padece cataratas. “Vine para la ecografía de mi vista. Me transfirieron del Hospital Canto Grande aquí. Eso fue hace, más o menos, 20 días. Por fin me atendieron”, asegura. En la Unidad Básica de Atención Primaria (Ubap) de Jesús María, el tiempo de espera para una ecografía puede llegar a ser de dos meses, relata una asegurada.

En el Grau, una señora de 98 años –que no quiso revelar su nombre– llegó por un dolor de rodilla que no le permite caminar sin bastón. “Saqué mi cita por llamada telefónica ayer y hoy me han reprogramado para marzo”, explica. La señora se retiró a su casa a esperar que le avisen –también por llamada– qué día del próximo mes finalmente la podrán atender.

 

Minsa
La cola en el ingreso del Hospital III Emergencias Grau, ubicado en Cercado de Lima.

 

Godofredo Talavera, expresidente de la Federación Médica, estima que en EsSalud faltan alrededor de 8.000 doctores especialistas y 4.000 generales. Pero a ese colapso ahora se le ha sumado la huelga de los tecnólogos médicos del seguro social, que hace mucho más grave la falta de respuesta del sistema. Estos profesionales son un apoyo fundamental para los médicos, que les encargan realizar procedimientos como los análisis de laboratorio, las terapias físicas o las radiografías. Hoy cumplen 24 días en paro y la medida ya le pasa factura a los pacientes.

“Hace 8 años estoy mal de la espalda. Las piernas se me entumecen, se me ponen inertes y me duelen como el diablo. En esta cojudez nunca te atienden, me han dicho que me vaya a una clínica particular”, dice, muy ofuscado, Factor Carvajal Jaime (75), que necesita hacerse una radiografía en la columna. Está parado frente a la puerta de ingreso del Hospital III Emergencias Grau, del Cercado de Lima. Su padecimiento no le deja caminar sin la ayuda de muletas.

“Me dijeron que primero debo llamar a un número [para pedir la programación]. Luego te llamarán, pero no te dicen de dónde. Son ocho años donde aprendí a soportar este dolor. Ya me cansé. Yo vivo solo en San Cosme. Mi salida es pura medicina natural”, agrega.

 

LAS RAZONES DE LA PROTESTA

Los tecnólogos del seguro social han seguido brindando los servicios relacionados a la pandemia, pero han suspendido casi todo lo demás. “Muchas atenciones regulares de consultorios externos no se están dando en este momento debido a la huelga. Se han dejado de hacer cirugías y programar consultas. Muchas veces porque los pacientes no cuentan con sus resultados de laboratorio y exámenes radiológicos”, asegura Alberto Meza, secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (Sinatemss).

Los tecnólogos protestan por la creación de una “unidad orgánica” para su especialidad. Esto –aseguran los huelguistas– mejoraría su capacidad de respuesta. “A través de ella se dirigen los procesos, se hace programación de personal, capacitación, adquisición de insumos, materiales y equipos. También mejoras laborales porque no siempre trabajamos en ambientes seguros, más aún en pandemia”, explica Meza.

La unidad orgánica, que es una instancia administrativa, le permitiría a los tecnólogos precisar qué tan grande es su brecha laboral y, así, optimizar el cumplimiento de sus tareas. Les ayudaría también a distribuir mejor su personal para atender la excesiva demanda. Esto incluye la rotación, los descansos y días de guardia que tengan que realizar.

Por eso, la ley que regula el ejercicio profesional del tecnólogo médico promulgada hace 17 años, en el segundo gobierno aprista menciona claramente la necesidad de una unidad orgánica. Han pasado casi dos décadas y ello no se ha concretado.

 

Médicos
Los tecnólogos médicos han protestado frente al Ministerio de Trabajo y el Congreso en los últimos días

 

En enero, desde la Red Prestacional Sabogal ––que agrupa 23 centros de salud, con 374 tecnólogos médicos– pidieron una evaluación interna para saber si había las condiciones para crear la unidad orgánica. El informe arrojó que los 138 tecnólogos del hospital nacional y los 236 del resto de centros médicos de la red tenían que brindar una infinidad de servicios para los que no se daban abasto.

“Los tecnólogos médicos en el Hospital Nacional están asignados a tomografía y resonancia magnética; radiodiagnóstico y ecografía; medicina física y rehabilitación; microbiología; bioquímica e inmunología; hematología, hemoterapia y banco de sangre; patología quirúrgica y necropsia; y oftalmología”, se lee en el documento.

Según Alberto Meza, secretario general del Sinatemss, una unidad orgánica mejoraría la respuesta de los tecnólogos para todos esos servicios. “Nosotros a la fecha no podemos determinar la brecha de personal que existe a nivel nacional. Hay una brecha negativa que solo es cubierta por horas extra o en otros casos no se cubre y no se le puede atender a los pacientes el mismo día. No hay capacidad para cubrir la demanda”, asegura.

 

PASÁNDOSE LA PELOTA

Teniendo en cuenta ese panorama, sendas instancias de EsSalud estuvieron de acuerdo en que se debía implementar la mentada unidad orgánica, de acuerdo a documentos revisados por Sudaca. El 24 de enero de este año, por ejemplo, la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud y la Gerencia de Organización de Procesos emitieron informes favorables para la creación de la demandada instancia administrativa, precisando su organización y funciones. Además, desde el 2019 ya se tenía la opinión jurídica de la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos de la entidad.

A pesar de ello, EsSalud vio conveniente pedirle opinión a dos instituciones del Ejecutivo: la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, órgano rector de la organización estatal; y el Minsa. Ahí comenzaron los problemas. Entre la PCM y el Minsa se han estado tirando la pelota respecto de quién debía autorizar la iniciativa de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El 13 de enero el Minsa, a través de su Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, indicó a EsSalud que la propuesta era realizable, pero que requería una opinión de la PCM. “Los aspectos referidos a los sistemas administrativos entre ellos, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que comprende los aspectos de organización estructural, están supeditadas a la normativa que emite la PCM como órgano rector”, se lee en su informe.

El 8 de febrero, PCM le devolvió el balón al Minsa. En su informe, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) concluyó que EsSalud cuenta con autonomía administrativa, por lo que “la aprobación o modificación de su estructura orgánica no requiere contar con la opinión técnica previa favorable de la SGP”. Más adelante, agregan: “Es factible contar con una opinión especializada del Minsa, como rector en materia de salud, respecto de las funciones a cargo de una unidad de tecnología médica”.

Para Alberto Mesa, secretario general de la Sinatemss, la poca claridad del gobierno solo busca que se demore el cumplimiento de la ley. “Nosotros vemos un ánimo de dilatación. Hacen todas las consultas innecesarias para no otorgarnos lo que, por ley, nos corresponde. Le hemos exhortado a la ministra de Trabajo que corrija estos hechos al ser EsSalud dependiente de ese ministerio”, manifiesta.

En respuesta a Sudaca, el área de prensa del Ministerio de Trabajo señala que los informes de la PCM y el Minsa “no abordan de manera contundente algún tipo de criterio que avale la creación o no de dicha unidad orgánica”, sino únicamente la legalidad de la medida. “La solución de este tema depende exclusivamente de EsSalud”, apuntan.

De hecho, EsSalud publicó un comunicado ayer viernes señalando que han recibido nuevos informes técnicos de la PCM y Minsa con “orientaciones aclaratorias” que les servirán para elaborar la propuesta final de la conformación de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El sindicato, sin embargo, no levantará su paro hasta que dicha promesa se cumpla. Meza cuenta que, incluso, analizan la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Mientras tanto, como pudo constatar Sudaca, los pacientes del seguro social sufren los estragos de la ineptitud burocrática. La salud de una persona no puede esperar 17 años. Tampoco dos meses. Hasta marzo es ya mucho pedir.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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ESSALUD, Minsa, pcm

 

Lo que el presidente Castillo está perpetrando en el sector Salud es de horror. Demuestra una indolencia mayúscula y un desprecio por los cientos de miles de muertos por la pandemia.

Colocar en el cargo rector de la salud pública del país a un personaje como Hernán Condori, un creyente en pócimas y sin ninguna experiencia en gestión pública, tan solo para satisfacer las exigencias de Vladimir Cerrón, es una afrenta al país que el Congreso haría bien en remediar sin esperar al voto de confianza al gabinete en pleno.

 

 

Este ministro, entre otras pillerías, ha nombrado como asesor principal a otro personaje inverosímil, como el médico veterinario William Córdova, quien acumula una veintena de denuncias judiciales, entre ellas una por violación sexual, y está donde está por las mismas razones que le permitieron a él la “suerte” de ser nombrado titular del pliego: su cercanía al ex gobernador de Junín.

Como perla adicional, con total desparpajo, el ministro se luce en cuanto evento participa y en las visitas hospitalarias que efectúa, con el médico César Montoya Cárdenas, quien tiene en su haber una infinidad de sanciones disciplinarias por sus inconductas en el hospital Arzobispo Loayza, además de revelar una sinuosa carrera política, desde las filas de PPK hasta las de Antauro (por quien fue candidato al Congreso). Véase informe publicado en Sudaca https://bit.ly/3GTqU53

 

La salud pública, más aún en tiempos de pandemia, debería ser la prioridad número uno de los gobiernos del mundo. En el Perú, en particular, adquiere una coloratura sociopolítica porque sus carencias la convierten en una fábrica de descontento cívico, dada su ineficacia brutal y su inexistencia en buena parte del territorio nacional.

Entender una adecuada gobernabilidad en un país como el nuestro es impensable sin la edificación de una salud pública presente, eficiente, digna. Ello justamente se le achaca a los últimos gobiernos de derecha, que se preocuparon en demasía del bienestar macroeconómico y no fueron capaces de invertir lo necesario en este rubro, que la pandemia desnudó en su pavorosa orfandad.

Un gobierno de izquierda, como el de Castillo, se pensaba que le daría especial atención al tema, convirtiéndolo en el eje de su programa de gobierno. Por lo que se ve, es una farsa más, de las tantas que el régimen perpetra a diario. Le importa un comino la salud pública y, por ende, el bienestar de los pobres. Es una fullería dolorosa porque afecta a millones de peruanos, pero para Castillo es más importante el botín presupuestal que ha decidido entregar a las fauces de su socio político, Vladimir Cerrón.

 

 

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Hernán Condori, Minsa, Pedro Castillo

 

A pesar de que el Colegio Médico del Perú y la Federación Médica Peruana exigen su renuncia por promover el consumo de productos sin sustento científico, hay gremios que sí han respaldado al nuevo ministro de Salud. En su primera conferencia de prensa, Hernán Condori apareció flanqueado por nueve emisarios de distintas agrupaciones. “Acá están los representantes de los diferentes gremios a los que ya les he hecho la invitación y pueden presentar ternas de profesionales con capacidad para que, a través de meritocracia, puedan ocupar cargos”, dijo el flamante titular del Minsa.

Uno de los primeros en tomar la palabra en esa presentación fue el doctor César Montoya Cárdenas, que, según sus palabras, se encontraba en representación de la Coordinadora Nacional de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. De acuerdo a su página de Facebook, esta coordinadora existe desde el 20 de mayo de 2016 y se define como una “agrupación de profesionales y técnicos del sector salud”.

Montoya, sin embargo, ha sido (y todavía es) un acérrimo defensor de la ivermectina como medicamento para combatir la Covid.19. ¿Este es uno de los profesionales a los que Condori ha invitado a presentar “ternas” para copar el Minsa? Así estamos.

 

DEL ETNOCACERISMO A LA IVERMECTINA

Montoya Cárdenas es tecnólogo y médico cirujano, con maestría en biología aplicada, y lleva más de 30 años laborando en el Hospital Arzobispo Loayza. En ese periodo también ha recorrido varios partidos políticos, como el PPC, el Apra y hasta Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala, con el que se presentó al Congreso en las últimas elecciones.

Durante esa campaña, en sus redes sociales se le veía recorriendo calles y plazas con el eslogan “Médico de Barrio”. En sus propuestas incluía recetar ivermectina como parte del tratamiento temprano de Covid-19, además de incluir este medicamento en kits, como los que entregaba EsSalud. “Hoy en día, en Toluca, México, todavía la utilizan. Un grupo del Colegio Médico también se oponía a eso porque no había evidencia, pero yo tenía evidencia de que había pacientes que les daban y se mejoraban, no morían”, dice el doctor.

-¿Todavía no ha cambiado, entonces, su percepción sobre ese tema?- le preguntamos.

-Ahorita siguen estudiando la ivermectina y todavía no se han terminado [los estudios]. Yo, personalmente, como médico, tengo la potestad… Soy colegiado y uno puede darle a su paciente [la ivermectina], lo puede hacer, pero con autorización y con firma. […] ¿Se han muerto por ivermectina? Se han muerto por no atenderlos a tiempo.

 

César Montoya

 

 

HINCHA DEL LÁPIZ

Tras fracasar en su carrera al Congreso, Montoya volvió rápidamente a la política. Ya con Perú Libre en el poder, el médico reactivó sus actividades en la Coordinadora y se acercó a la bancada del lápiz. Entre diciembre del año pasado y febrero de este año, su nombre figura como visitante de varios empleados de este grupo parlamentario. Incluso tuvo una reunión con el congresista Edgar Tello, quien ha sido recientemente involucrado en un caso de presunto tráfico de influencias.

Y tras la designación de Hernán Condori en el Minsa, Montoya ha sido uno de los primeros en respaldarlo públicamente. No solo en la conferencia del 11 de febrero, sino en una reunión realizada días después, el lunes 14, con varios gremios médicos en Palacio de Gobierno. El encuentro, que contó con la presencia de Pedro Castillo, fue incluso aplaudido en redes sociales por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

 

“Simplemente soy simpatizante. Como está en todos los medios, ha habido una reunión de gremios con el presidente de la República y eso es normal. Yo soy un profesional más”, dice sobre su relación con el partido del lápiz.

Montoya tiene algunos colegas, sin embargo, a los que les sorprendió su presencia en ese lugar. En la oficina de personal del Hospital Loayza, aseguran que el horario actual de Montoya es de lunes a sábado de 8 am a 2 pm. La conferencia de Condori fue el viernes 11 de febrero, a la una de la tarde. El médico, sin embargo, niega que haya asistido dentro de su horario de trabajo.

Pero Montoya ya ha tenido una sanción por tirarse sus horas laborales para participar de actividades políticas. El 2016, el doctor fan de la ivermectina también se acercó a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Para ese entonces, ya representaba a la Coordinadora Nacional de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. La movida le salió mal.

La jefatura de la Oficina de Personal del Hospital Arzobispo Loayza lo sancionó con 365 días sin goce de haber por haberse ausentado de una guardia hospitalaria para ir a la reunión política donde PPK saludó a distintos gremios. Después de escuchar sus descargos, la sanción se redujo a 180 días, de acuerdo a una resolución administrativa de Servir. Para Montoya, este tema está cerrado y considera que es una persecución política. “Está totalmente documentado y legal”, apunta.

Pero no es el único problema que ha tenido. Montoya fue uno de los médicos que, durante la pandemia, se identificó como población de riesgo, debido a una supuesta hipertensión arterial que lo aquejaba. Por ese motivo, realizó trabajo remoto hasta enero del año pasado. Pero ese mes, de acuerdo a un documento interno del hospital Loayza, se informó que los resultados de los exámenes que le habían practicado descartaron cualquier afección cardiológica. Lo hicieron volver.

Montoya no quiere dar mayores explicaciones al respecto. Dice que la información que manejamos no tiene validez, a pesar de que hemos corroborado que el documento es fidedigno. “Todo es administrativo. No soy inmoral, no soy corrupto”, nos dijo. Pero no añade más.

 

Nota informativa
«Documento interno donde se da cuenta del caso del Dr. Montoya. En el primer párrafo la fecha correcta es 11 de enero de 2021, como señala el apartado de referencia»

 

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Hernán Condori, Minsa

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Covid-19, Minsa, Omicron

Más de 36,000 casos confirmados de Covid–19 se registraron en las últimas 24 horas en el Perú, según datos del Ministerio de Salud (MINSA). La variante Ómicron, mucho más contagiosa que otras, se está moviendo rápidamente en nuestro país, y frente a ello existen muchas dudas, incluso en el ámbito laboral.

Sudaca conversó con la abogada laboralista Katy Noriega, del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, para resolver algunas dudas claves:

¿Qué debe hacer el trabajador que da positivo a Covid-19?

Noriega indica que, de dar un resultado positivo, el trabajador debe informar inmediatamente al empleador. “Debemos privilegiar el uso de las tecnologías para realizar cualquier tipo de comunicación, de modo que podamos evitar dispersar el virus.

¿Qué debe hacer la empresa si el trabajador se contagia en las oficinas?

La abogada laboralista explica que pueden darse cuatro tipo de situaciones:

Caso confirmado: Es aquella persona que cuenta con una prueba molecular o antígeno positiva. La empresa debe ordenar inmediatamente el aislamiento del trabajador, y el médico ocupacional tiene la capacidad de atender a estos síntomas, incluso dar prescripciones para controlar los síntomas.

Caso sospechoso: La persona con síntomas y que podría estar contagiado.

Caso probable: Es la persona que además de tener síntomas, tiene el antecedente de un contacto directo con un caso confirmado.

Contacto directo: Al margen de la presencia o no de síntomas, se sabe que tuvo contacto con un caso confirmado.

En los últimos tres casos, Noriega comenta que la indicación del servicio de salud a cargo del médico ocupacional debe ser que el trabajador acuda a un centro de salud para obtener una prueba de diagnóstico. “La recomendación es que se tiene que acompañar a estas personas desde el aislamiento domiciliario”, indica Noriega. Luego, el empleador debe dar las pautas sobre cuál va a ser el seguimiento a la salud de estos trabajadores.

¿Qué pruebas son válidas para obtener un descanso médico?

La Resolución Ministerial 1275 indica que ambas pruebas son válidas.  “El Ministerio de Trabajo ha salido recientemente a ratificar esto, que no debería ser necesario, pero en vista que en algunas empresas estaban siendo más rigurosas pidiendo la prueba PCR, han indicando que no existe ningún sustento legal para rechazar una prueba y privilegiar otra, más aún con la alta demanda de estas”, explica Noriega.

¿Quién debe costear la prueba?

La abogada laboralista explica que no hay alguna disposición que indique quién tiene que costear la prueba. “Lo que debe quedar claro es que en ningún caso el empleador puede obligar al trabajador a costear una prueba para el retorno a la actividad. El empleador no puede decirle al trabajador ‘para que yo te admita en el empleo, tienes que demostrarme tu resultado’. No se puede atentar contra los ingresos del trabajador”, explica. Agrega además, que en caso la empresa gestione la toma de prueba, no se le puede descontar el costo al trabajador.

¿El trabajador que tenga descanso por Covid–19 debe seguir laborando desde casa?

“Cualquier descanso médico, incluido este, implica que permitamos a los trabajadores invertir este tiempo en la recuperación de su salud. Esto quiere decir que incluso si yo tengo la capacidad de realizar trabajo remoto, no debería hacerlo porque estaría destinando el periodo de descanso en la realización de trabajo”, explica Noriega.

 

Foto: Diario El Peruano.

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Covid-19, Minsa, Omicron

Los primeros días de la tercera ola han estado marcados por la búsqueda masiva de pruebas Covid-19. A pesar de que el Ministerio de Salud implementó 222 puntos de detección gratuita en Lima y Callao, la demanda fue más alta y el resultado ha sido el caos. En las colas se juntaron personas con síntomas, los que necesitaban un resultado para justificar su inasistencia al trabajo y quienes no tenían los S/ 250 que, en promedio, están cobrando los laboratorios y las clínicas privadas.

De los dos tipos de pruebas a disposición, las moleculares son las más confiables porque detectan el material genético del virus. Sin embargo, requieren de un laboratorio para obtener el resultado, lo que hoy puede tardar varios días. Las pruebas antigénicas, en cambio, dan resultados en menos de 30 minutos. No requieren ningún laboratorio, pero su precisión es menor porque no detectan el material genético, sino las proteínas generadas en la parte externa del virus.

LA CAPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

Por la alta demanda, los resultados de las pruebas moleculares que el INS procesa -que antes tomaban máximo 48 horas- empezaron a demorar más de cinco días con el arranque de la tercera ola. Según Óscar Escalante, director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles, hasta la última semana de diciembre el instituto recibía unas 3.500 a 4.000 muestras diarias. Sin embargo, la variante ómicron superó cualquier cálculo previo. 

“La primera semana de enero hemos tenido picos de 15.000 y eso ha provocado estos retrasos en los primeros días”, indicó a Canal N, respecto a las muestras que reciben únicamente los laboratorios del INS. A nivel nacional -si se le agregan los laboratorios de regiones, de EsSalud y las FFAA- la capacidad de procesamiento total alcanza las 20.000. 

“Los laboratorios públicos, es decir, los laboratorios de las regiones más el INS, pueden llegar a procesar 20.000 pruebas moleculares; mientras que los laboratorios privados han reportado tener una capacidad para procesar hasta 50.000”, detalla el INS a Sudaca.

Precisamente, el jueves 13 de enero se inauguró en Lima Este un nuevo laboratorio del INS para procesar estas pruebas. Es el número 123 de los autorizados a la fecha. De ellos, 63 laboratorios son públicos y 60 privados.

El INS también comunicó para este informe que se está coordinando la habilitación de ambientes adicionales y el incremento de recurso humano para que la capacidad de procesamiento de muestras crezca. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que se aplican diversas estrategias […], como principalmente pruebas antigénicas para los sintomáticos y las moleculares para asintomáticos con factor de riesgo”, indicaron.

Esto último tiene que ver con un anuncio del Minsa del 10 de enero. Para hacer más eficiente el diagnóstico, se ha dispuesto priorizar la toma de pruebas moleculares para personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, mientras que las pruebas antigénicas se aplicarán al resto de personas con síntomas de Covid-19, quienes también deberán pasar por consulta médica. De esta manera se busca afrontar la alta demanda, mientras se amplía la capacidad de procesamiento.

LOS PRECIOS POR LAS NUBES DEL SECTOR PRIVADO

Según los últimos reportes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a diciembre más de 100 establecimientos ofrecían el servicio de toma de muestras para pruebas moleculares en Lima. Estas luego son enviadas a los laboratorios para su procesamiento. Los precios van desde S/90 hasta S/467. El promedio se sitúa en S/250, pero varía conforme se incrementa la demanda. Este sistema también ha colapsado y los resultados están demorando más de 48 horas. 

Por ejemplo, Luis Dasso, un joven abogado, estuvo recorriendo varios laboratorios de Miraflores el día lunes y muchos ya tenían las citas copadas. Pero en uno de estos, Expertta Salud, lo recibieron y le prometieron darle los resultados entre 12 y 24 horas. Pagó S/210. “Pasaron 48 horas y no me atendían el teléfono, ni el WhatsApp, ni correos. El miércoles tuve que ir hasta el mismo local, ya con algunos síntomas, para que me den mis resultados y ahí recién me los entregaron”, comentó. 

El caso de su novia, Carla Vega, fue más complicado. Desde el miércoles que se enteraron de los resultados, ella solicitó un descarte a domicilio con Rímac, un seguro privado que tiene a través de su empleador. Al día siguiente le pidieron que haga el pago por el servicio (un deducible de S/ 50) y, por más que insistió, nunca fueron a tomarle la muestra. Con la aparición de los primeros síntomas, volvió a llamar para pedir un médico a domicilio. Lo único que obtuvo es que distintas personas la llamaran para repreguntarle los síntomas una y otra vez, sin asegurarle fecha y hora para su atención.

“La última vez que el médico se comunicó conmigo quedaron en venir sábado en la mañana, pero no vino nadie. Llamé al médico, al seguro y me cortaban la llamada. Por redes también me quejé, dejé mis datos y nada”, asegura. Al cierre de esta nota, un cuarto médico le había ofrecido cumplir con la consulta a domicilio, a tres días de reportado el caso. 

Sobre los altos costos de las pruebas, Guillermo Alva, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), dice que en los costos se incluye los insumos que se utilizan, el personal capacitado que se moviliza para realizar la toma de muestra, la implementación de laboratorios de análisis, y el soporte administrativo y logístico necesario para la compra de los insumos. 

“Se necesita contar con más proveedores [de insumos]. Esto pasa también por los permisos de importación que tienen las droguerías. Para los mismos hospitales públicos, para que puedan conseguir sus insumos, también sería importante. No es lo mismo tener una sola marca que veinte”, comenta.

Actualmente, solo las droguerías que se encuentran en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid tienen permiso para comercializar insumos para pruebas Covid-19, y únicamente pueden venderlos a los establecimientos y laboratorios autorizados.

Alva dice que la causa de los altos precios es la demanda global. “Los proveedores de los insumos también tienen que salir a comprar al exterior, importar y se tiene que considerar el incremento de los fletes. Son factores externos que los laboratorios no manejan”, agrega. En su último reporte de inflación de diciembre, el Banco Central de Reserva (BCR) da cuenta de un aumento persistente en el precio del transporte de productos entre países.

“El costo de transporte de productos plásticos, textiles, químicos y papeles se ha más que duplicado en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior [2020]”, anotan. En el caso de productos químicos, el incremento ha sido de 116,5% en el tercer trimestre.

Mientras, hay pacientes que han preferido buscar los autotest para hacerse ellos mismos las pruebas antigénicas, mediante el método del hisopado. El Minsa autorizó desde noviembre la importación de estas pruebas para su venta al público. Según pudimos comprobar, en los catálogos virtuales de las principales cadenas de farmacias el producto “SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal” de Roche aparece en situación de agotado hace varios días. El producto comprende un kit de cinco pruebas a un precio de S/215.

 

¿Y LOS BIÓLOGOS?

En la toma de la muestra, la cadena de custodia, el procesamiento y la interpretación de los resultados, los biólogos tienen un importante papel. Tanto en el sector público como en el privado.

Según Gardenia Jiménez, decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, en el sector público son más de 4.000 biólogos que están trabajando en laboratorios al diagnóstico de Covid-19. En el sector privado, se cuentan entre 2.500 y 3.000.

Si bien la contratación de estos profesionales debería ser mayor ante la tercera ola, Jiménez advierte que el año pasado, con la Ley 31125 que declaró en emergencia el sistema nacional de salud y plantea su reforma al 2024, se establecieron beneficios que no alcanzan a los biólogos.

La ley dispone que el Ejecutivo brinde un seguro de vida a los profesionales de la salud de diferentes regímenes laborales (incluyendo al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS) y prohíbe la contratación de técnicos o auxiliares bajo locación de servicios. Sin embargo, se exceptúa a algunas especialidades que sí podrían contratarse bajo servicio de terceros, sin incluir a los biólogos.

“Esperemos que esto se supere y se trabaje desde ese enfoque si queremos lograr resultados favorables en nuestra población que es lo más importante. Ya se ha presentado el Proyecto de Ley 921-2021, en la Comisión de Salud del Congreso, para corregir este error. No solo pedimos por los biólogos, sino por los químico-farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales que han sido excluidos de esta norma”, precisa.

Para el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el déficit de profesionales de salud es a todo nivel y por ello habían planteado que puedan trabajar en dos instituciones a la vez. “El ministro de Salud ha hablado con el Parlamento, pero solamente para Covid-19 y el problema no es solo Covid”, asegura.

A todo ello se agrega que las contrataciones CAS-Covid -que son las contrataciones temporales que se habilitaron para atender la emergencia sanitaria- se renuevan por dos o tres meses. Eso desincentiva el trabajo en el sector público, que es donde se atiende la mayoría de la población. 

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A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.

“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).

El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.

Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.

“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice. 

Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.

Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.

La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.

“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.

Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.

Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.

Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.

En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales

BUROCRACIA MÉDICA

En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). 

El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas. Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.

En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.

Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.

La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.

Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.

Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.

“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.

Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero. 

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.

Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.

“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.

Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.

Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.

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