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Una tarjeta de crédito del BBVA, otra estafa más bajo la modalidad del “falso courier y una carta del banco con un cuestionable intento de cobranza. Son los ingredientes de una pesadilla y así, tal cual, lo vivió hace tres meses Marilyn Cáceres, de 29 años. 

Cáceres cuenta que las llamadas del BBVA empezaron en enero pero que se hicieron más frecuentes en abril. ¿El objetivo? Venderle una tarjeta de crédito. “Un día me encontraron ‘haciendo hora’. Estaba esperando a una persona, estaba con tiempo, sentada, y presté atención a lo que me ofrecían [vía telefónica]”. Era una tarjeta Visa Cero y una línea de crédito de S/ 3.600. Aceptó.

La operadora le indicó que llegaría un courier a su casa a entregar la tarjeta en un sobre sellado, y así fue. En los siguientes días empezaría otro round de llamadas, pero esta vez para saber si ya había cambiado la clave provisional que venía con la tarjeta, si ya la había utilizado y cómo había sido su experiencia. Marilyn no lo sabía, pero en esta ocasión se trataba de una falsa operadora.

2 de diciembre de 2020. Platón organizado por usuarios del BBVA Perú afectados por estafas. Foto: Luisa García.

“Yo le dije que no había podido salir de casa por falta de tiempo, porque tengo tres niños pequeños”, relata Marilyn. La falsa operadora buscaría entonces darle un motivo para que decidiera anular y devolver la tarjeta. “Recuerde que usted tiene que utilizarla al menos una vez al mes y si no, tendrá que pagar un monto […] ¿Le dijeron que tiene que pagar una membresía?”, recuerda que le preguntaron y que preocupada precisó que no. “Parece que a usted no le han informado bien. En todo caso, ¿desearía anular la tarjeta?”. Ella respondió positivamente.

Luego de aquello, la indicación fue que debía acercarse al banco a regresar la tarjeta en un plazo de 24 horas o de lo contrario se le iba a cobrar una penalidad. La otra opción era que un courier pasara a recogerlo a su domicilio. ¿Le suena conocido? En diciembre, Sudaca informó cómo cada vez más clientes del banco eran estafados bajo la misma modalidad: una falsa teleoperadora con conocimiento de información sensible y un falso courier.

Marilyn eligió el recojo de la tarjeta vía courier sin saber que acababa de caer en las redes de estafadores. El 13 de abril entregó el sobre con la tarjeta al mensajero; no había cambiado la clave secreta que venía en el sobre, por lo que los delincuentes la tenían fácil. Ese mismo día realizaron el pago de un servicio por S/ 1.722 y extrajeron S/1.800 del cajero. 

¿Por qué la clienta del BBVA creyó que efectivamente estaba hablando con alguien del banco? Marilyn afirma que su interlocutora conocía una cantidad de datos sobre ella que le dieron confianza: el tipo de tarjeta contratada y cuál era su línea de crédito, además de su dirección y DNI.

Hoy tiene una deuda que supera los S/ 4.000, y un banco que no cesa en exigir el pago a través de llamadas y correos. Ha recibido más de 30 correos de cobranza, pero el último causó en ella mayor preocupación: además de informarle que de no pagar iniciarían un proceso judicial, la carta incluía este párrafo:

«Paralelamente, también se procederá a reportar la morosidad de su crédito ante la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha central de riesgo es consultada por empresas, tiendas comerciales, cajas municipales y otras entidades del Sistema Financiero, de esta manera estando registrado su nombre en ella, usted no podrá acceder a nuevos créditos».

Requerimiento de pago de parte del BBVA por las cuotas adeudadas.

«Esa es una frase que induce al error al usuario, porque no es verdad», asevera Paul Castro, abogado especialista en derechos del consumidor. Tener un retraso en el pago de una deuda no cierra automáticamente la puerta para acceder a otros créditos, como afirma el BBVA en su carta. «El análisis que hacen las entidades financieras es un análisis individual, persona por persona», explica.

El especialista en regulación financiera Carlos Martínez coincide. “Que una entidad financiera privada, regulada, nos indique que definitivamente no se va a poder acceder al crédito es claramente una amenaza. Una amenaza que en esta coyuntura [la pandemia] es mil veces más grave que si estuviéramos hablando de años anteriores”, explica.

”[Brindar] esta información falsa es cargar de preocupación al cliente y tendría que ser considerado como un agravante por cualquier autoridad que vaya a dirimir sobre este caso”, agrega Martínez.

«Hay un antecedente inclusive, la resolución 119-2016/CC3 del Indecopi», agrega Paul Castro. Allí, la evaluación del Indecopi respecto de la Caja Metropolitana fue la siguiente: “(…) se pudo verificar que la CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. habría empleado métodos abusivos de cobranza, al remitir a sus clientes cartas que contienen información inexacta y que induce a error al afirmar que un eventual reporte ante las centrales de riesgo, les impediría solicitar y acceder a créditos en cualquier entidad del sistema financiero”. Una evaluación que fue corroborada e implicó una multa de 8 UIT en segunda instancia por “emplear métodos abusivos de cobranza”.

¿Qué dice el BBVA? 

Reconoce la veracidad de la carta (ver respuesta) y luego arguye una salida que cuestiona la comprensión lectora de cualquiera. Sostiene que en su carta solo se refiere a “nuevos créditos” otorgados por el mismo BBVA:

“Efectivamente, un cliente que está en una central de riesgo puede solicitar financiamiento en cualquier entidad financiera, que la evaluará de acuerdo a sus criterios y políticas comerciales.

Debemos aclarar que el tenor de dicha carta expresa la posición de BBVA frente a la cliente. Es decir, de contar con esta clasificación, no podrá recibir nuevos créditos de nuestra entidad. No representa ni corresponde a una postura o comentario a nombre del sistema financiero en general, puesto que la carta se refiere a la especial relación de crédito entre nuestra entidad y el cliente”.

Ello aun cuando en su carta dirigida a Marilyn Cáceres, el banco enlista una serie de entidades en referencia: “empresas, tiendas comerciales, cajas municipales y otras entidades del Sistema Financiero”. Y agregan, como ya hemos citado: “de esta manera estando registrado su nombre en ella [la central de riesgo], usted no podrá acceder a nuevos créditos”.

“Van a aludir quizá [en un eventual proceso ante Indecopi] que es una falla del lenguaje, pero no, no lo es. Es clara la intención”, apunta Martínez. En su opinión, “el hecho más relevante a determinar es si estas cartas están siendo enviadas de forma masiva en ese formato”, dado que sea directamente o a través de una empresa tercerizada, las entidades financieras cuentan con modelos preestablecidos de sus comunicaciones con los clientes. Sostiene que de haber llegado a más personas, el Indecopi podría iniciar una denuncia de oficio o las asociaciones de consumidores podrían hacerlo de una manera colectiva.

Sede central del BBVA en San Isidro. Crédito: Giovanni Alarcón.

¿Qué posibilidad hay de que el BBVA haya incurrido en la afirmación errónea de manera masiva?, preguntó Sudaca a la entidad financiera. 

“Los modelos de carta tienen pautas generales, de acuerdo a cada una de las tipologías de comunicación, pero cada caso se analiza individualmente. En este caso, la respuesta de BBVA se refiere a la situación puntual del cliente frente a nuestra entidad”, sostiene el banco.

Mientras tanto, Marilyn continúa con la deuda a cuestas y con más correos de cobranza en su bandeja de entrada. Mediante un reclamo, explicó al banco que ella no realizó los consumos sino que fue víctima de una estafa, pero el BBVA declaró su reclamo “No procedente”. “Es obligación del titular de la tarjeta utilizarla de manera exclusiva y mantener en secreto su clave”, adujo la entidad en su respuesta.

El banco confirmó a Sudaca que los operadores de telemarketing continúan trabajando desde sus casas, tanto aquellos que pertenecen al banco directamente como a terceras empresas contratadas. Al menos hasta diciembre último, las medidas de seguridad para esta modalidad de trabajo eran un software que no permite la entrada de un USB para descargar información de la computadora y la grabación de las llamadas. Pero no mucho más. 

¿Cómo evitar, por ejemplo, una intervención externa como una fotografía a los datos? «Trabajamos con la buena fe de las empresas que representan al BBVA», aseveró en aquel entonces el banco (ver entrevista). Al parecer, no ha sido suficiente.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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BBVA, datos personales, Estafas, métodos abusivos de cobranza, Tarjetas de crédito

El ya retirado general del Ejército Peruano Wilson Barrantes es uno de los responsables del equipo de transferencia del sector Defensa, de acuerdo a la lista que entregó la vicepresidenta electa, Dina Boluarte, a la Contraloría. Sudaca pudo conocer, además, que es uno de los voceados al interior de Perú Libre para ocupar el ministerio, aunque él niega que se lo hayan ofrecido todavía.

Lo cierto es que Barrantes es un viejo conocido del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso y, a su vez, está metido en la transferencia de mando de un sector clave para el combate a los remanentes de esta organización. En entrevista con este medio, admite haber participado en varios encuentros con representantes del Movadef desde el 2010. 

Las últimas cuatro reuniones que ha sostenido con representantes de esa organización, que reivindica el ‘Pensamiento Gonzalo’ de Abimael Guzmán,  datan del 24 de febrero de 2017. El conversatorio fue titulado ‘Amnistía General y Reconciliación Nacional’. Allí criticó el informe de la Comisión de la Verdad y a los llamados “caviares”. Señaló que el juicio a los militares por la supuesta violación de derechos humanos era “un negocio” que les da mucha plata y pidió que se ponga fin a la persecusión porque en los próximos años podrían ser acusados de lo mismo miles de miembros de las Fuerzas Armadas.

 

El representante del Movadef en Bolivia, el peruano Álex Chamán, organizó un conversatorio, el 1 de agosto de 2020, con el general Wilson Barrantes y el dirigente del Movadef en Perú, Alfredo Crespo.

 

Barrantes también participó el 17 de abril de ese mismo año, por el “día del preso político internacional”, en la mesa redonda ‘Perú reconciliado hacia el Bicentenario’. Allí calificó a la guerra interna de Sendero Luminoso con las Fuerzas Armadas como “una guerra revolucionaria”.

De la misma forma, criticó nuevamente a los ‘caviares’ por haberse convertido, según él, en árbitros del fin del conflicto entre Sendero y las FFAA. “¿Quién miércoles les ha dado la capacidad para que sean árbitros? Nadie”, dijo al auditorio.

El 10 de enero de 2018, en la mesa de trabajo ‘Hacia una verdadera reconciliación nacional, Barrantes señaló que existe la necesidad de poner fin a la desconfianza entre los actores de lo que él llama ‘guerra interna’: las Fuerzas Armadas y Sendero. “Hay que plantear las medidas de confianza. Así como hay medidas de confianza en las relaciones Perú-Chile, Perú-Ecuador y países vecinos. ¿Por qué cuándo habla un fujimorista, todo es malo, y cuando hablan del otro lado, son terroristas? Eso se tiene que acabar porque creo que, en este momento, no hay terroristas, hay patriotas”. Y añadió: “Me parece que Benedicto XVI dijo: ‘Solo se alcanzará la paz con un perdón generoso”, en referencia a un indulto para todos.

Y el 1 de agosto de 2020, un representante del Movadef en Bolivia, el peruano Álex Chamán, organizó una entrevista a Barrantes a la que tituló ‘Neoliberalismo, Soberanía y Reconciliación Nacional de cara al Bicentenario’. Allí, el general en retiro criticó a la prensa peruana afín al expresidente Martín Vizcarra, la llamó “guaripolera”, pidió la renuncia del entonces mandatario y propuso una Nueva Constitución como una salida a los principales problemas del país.

A pesar de su activa participación en estos eventos, Barrantes explica a Sudaca que no es marxista, leninista, maoísta, comunista o parte del Movadef. Y añade: “Para mí, no es una amenaza el Movadef, y tampoco es una amenaza para el Estado. Dígame, si en algún lugar del Estado peruano dice que el Movadef es una amenaza”. 

 

El general Wilson Barrantes postuló al Congreso por Perú Libertario -hoy Perú Libre- en el 2016. Desde ese año, conoce a Vladimir Cerrón. Sobre su convocatoria para ser parte del equipo de transferencia con el Ministerio de Defensa, no dio el nombre de la persona que lo llamó.

 

Barrantes rechaza, por ejemplo, que la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP califique al Movadef como organizaicón terrorista. “Para mí es una organización que está buscando su inserción en la vida política. Si usted me dice que en el Perú hay un acto terrorista de sabotaje, guerra de guerrillas y paro armado, hecho por alguna organización, entonces allí le digo: ‘Todos esos hechos configuran una estructura de organización terrorista’”, señala.

Y luego agrega: “Hasta donde sé, por información pública, del año 2000 a la fecha, no hay ese tipo de organizaciones. Lo que hay en el VRAEM es violencia de lo más extrema hecha por el narcotráfico”.

¿Sendero es una amenaza actualmente?, le preguntamos. “No. El Estado peruano no lo considera como una amenaza. Mire usted la directiva de planeamiento del Comando Conjunto de 2018. La primera amenaza para el Perú es el narcotráfico, allí le sigue el crimen organizado nacional y la inseguridad ciudadana”, responde.

 

La lista del equipo de transferencia para el Ministerio de Defensa fue enviada a la Contraloría, el pasado viernes, con once integrantes, pero al final fueron retirados dos. Uno de los que quedó fuera de ese grupo es el sobrino del presidente electo, Fray Vásquez Castillo. 

 

Al ser consultado sobre si el Movadef podría participar en la vida política del país, apenas responde: “No sé, eso lo dirá la sociedad peruana y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”. Y sobre un posible indulto a los presos terroristas, entre ellos a Abimael Guzmán, contesta: “Prefiero no opinar porque es imposible, es como hacer cosquillas al muerto. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, porque el país está tan quebrado en estas circunstancias… De aquí tenemos para 10 años más, pero en 10 años ya están muertos [los presos terroristas]. Nadie vive más de 100 años”.

 

Pugnas y cambios de última hora en la nómina

El último sábado, en la sede de la Escuela de la Contraloría, en Lince, se realizó la capacitación a los encargados de los equipos de transferencia. La ausencia de Barrantes llamó la atención, porque es uno de los que figura como responsable del grupo de trabajo con el Ministerio de Defensa. En su lugar, apareció el general de Brigada del Ejército en retiro, Jorge Bustamante, quien también figura en la misma nómina.

Barrantes dice que su colega fue en su representación. Pero en conversación con Sudaca, el general Bustamante dice que asistió a la capacitación porque le llamaron por teléfono y le comunicaron que él era el “coordinador” del equipo.

 

Fray Vásquez, sobrino del profesor Pedro Castillo, dijo a Sudaca que no sabía que su nombre había sido colocado en la lista del equipo de transferencia para el Ministerio de Defensa.

 

De hecho, este grupo de trabajo estaba conformado en un primer momento por 11 personas, pero ayer sábado la lista se recortó a nueve. Barrantes se mantiene, pero ya no figura el nombre del sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, quien es parte de su círculo más íntimo, tal como lo informó Sudaca en su informe del pasado 24 de junio. Todo apunta a que hay desencuentros de última hora en la transferencia de mando o movidas políticas para sacar de la transferencia a nombres  que puedan generar contingencias.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Imágenes: El Comercio y La República

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Ministerio de Defensa, Ministro de defensa, Pedro Castillo, Wilson Barrantes

Desde octubre del año pasado hasta el cierre de este informe, son 28 los pedidos de viajes al exterior hechos por congresistas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Unión por el Perú, Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú. De ellos, 18 fueron solicitados en los meses de junio y julio. El mismo número de solicitudes tenía como destino Estados Unidos. 

Sudaca accedió a documentación del Congreso que detalla todos estos pedidos. Nos centraremos en las solicitudes que tenían como intención que los viáticos sean pagados con la plata de todos los peruanos. En mayo de este año, por ejemplo, el congresista Carlos Almerí Veramendi (PP), cabeza de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria, solicitó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que autorice el viaje de Felicita Tocto Guerrero (SP), Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) y él mismo para asistir, todos ellos como parte de sus funciones, al interrogatorio del expresidente Alejandro Toledo en California, EE.UU.

¿Tantos parlamentarios se necesitaban para seguir un interrogatorio? Parece que en la Mesa Directiva se hicieron la misma pregunta, así que el viaje se autorizó, pero solo viajaron Almerí y Tocto. Una fuente de alto nivel en el Congreso cuenta que, indignado ante la negativa de dejarlo viajar, el congresista Ricardo Burga le dijo a la presidenta del Congreso que se había ganado un enemigo. Este episodio -aunque sin revelar nombres- fue contado por la misma Vásquez en una reciente entrevista para radio Santa Rosa, donde señaló que muchos parlamentarios le habían presentado solicitudes para viajar a Estados Unidos sin una justificación adecuada.

La presidenta del Congreso denunció que varios congresistas solicitaron viajar a EE.UU. sin justificación. Foto: El Comercio

Burga responde, sin embargo, que fue él quien pidió no ir porque Vásquez argumentaba que no había presupuesto para enviar a tres congresistas. Además, niega enfáticamente que la haya amenazado y lamenta que el Congreso “haya caído en manos de ella”.

“Ante la mezquindad de la presidenta del Congreso, yo no voy a mendigar un pasaje que yo mismo puedo pagar. Este era un tema de trabajo, no era un viaje de placer, como la señora viene pregonando en diferentes canales, porque lo único que hace es mentir descaradamente”, apunta Burga. Y luego responde -no sabemos si en serio o con ironía- acerca de la supuesta amenaza: “Es falso, ¿qué enemigo puedo ser cuando yo le envié flores por su cumpleaños y por el día de la madre?”.

Otro caso es el de los congresistas Guillermo Aliaga Pajares (SP) y Edward Zárate Antón (FP), quienes fueron invitados por el senador estatal Doug Ericksen con la finalidad de “intercambiar experiencias con los parlamentarios en cuanto a funciones de representación, elaboración de leyes, temas de control político, desarrollo sostenible y tecnologías de la información”, entre los días 11 y 15 junio. El destino: la ciudad de Olympia, en Washington, EE.UU.

¿Qué beneficio para el Estado tendría viajar para adquirir experiencia a un mes de dejar el cargo? Sudaca quiso saberlo pero no obtuvo respuesta de ninguno de los congresistas.

Sin embargo, lo curioso es que el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, sí aprobó aquel viaje porque consideró importante “la participación del congresista Aliaga quien desempeñará actividades propias de su función parlamentaria”. Incluso el presupuesto del viaje para Aliaga y Zárate ya estaba calculado, y no era barato: S/17.553 y S/20.326, respectivamente.

 

El congresista fujimorista Edward Zárate solicitó viajar a EE.UU. Su pedido ya hasta había sido presupuestado con dinero del Estado, pero al final no viajó.

En abril, la congresista Yessy Fabián Díaz (AP) fue invitada a North Miami Beach por el alcalde Anthony F. DeFillipo con el fin de participar como coordinadora del evento del Bicentenario entre el 29 de abril y el 3 de mayo o del 3 al 7 de mayo. Sin embargo, según un informe de la Oficina de Protocolo del Congreso, se le negó el permiso -así como los pasajes y viáticos- porque se encontraron inconsistencias en las fechas en las cartas enviadas por la alcaldía de Miami al Congreso. 

Al respecto, Fabián afirma que lamenta que la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez “actúe de esa forma [que le negase el viaje]” y recalca que, finalmente, sí llegó a ir a Miami con sus propios recursos porque “estaba designada como coordinadora del evento para festejar nuestro Bicentenario a través de la Comisión de Turismo”.

Sobre las sospechas de que algunos congresistas quisieron viajar a vacunarse, la accionpopulista respondió: “Esa hipótesis es una bajeza de ella. Yo soy personal de salud y tuve la oportunidad de viajar a Miami y no me vacuné porque soy respetuosa de mis funciones y de mis hermanos peruanos”.

Otro congresista que tentó suerte fue Rolando Ruiz (AP), quien solicitó “licencia, pasajes, viáticos y autorización” para ir a Miami, entre el 11 y 13 de junio, a participar del III Encuentro de Emprendedores. La invitación se la hizo el presidente de la San Ignacio University, filial de la USIL, que es propiedad del accionpopulista Raúl Diez Canseco. ¿Justificación del viaje? Dar una conferencia el 12 de junio titulada “Cómo emprender y desarrollar en la Amazonía”. Sin embargo, al día siguiente de presentar el pedido, solicitó que se retire la documentación y que no se realice ningún trámite al respecto.

En su calidad de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el fujimorista Edward Zárate también fue invitado por el alcalde de North Miami Beach, Anthony F. DeFillipo, para participar en las actividades relacionadas al Bicentenario, programadas entre el 27 y 30 de abril o el 3 y 5 de mayo. Pero se le negó el permiso “dado que no es un evento internacional enmarcado en las funciones parlamentarias” y porque la actividades del itinerario de viaje no se ajustaban al motivo de la visita.

En la entrevista a radio Santa Rosa, Mirtha Vásquez apuntó que no encontraba justificación para los pedidos que reseñamos en este informe. “Decía: ‘a ver, estamos a menos de un mes de irnos; si el Estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos es porque esa inversión se tiene que retribuir’. Pero, ¿cómo se justifica si ya se van en un mes, cuál es la utilidad de mandarlo a un intercambio de cómo se hace la labor de fiscalización en Estados Unidos?”, señaló. En Sudaca nos preguntamos lo mismo.

Uno de los pedidos que sí fue aprobado, sin embargo, es el realizado por el congresista Marco Verde Heidinger (APP). Él, sin embargo, tuvo como destinos Valencia y Madrid entre el 9 y 18 de julio.  Fue a cumplir con la importantísima labor de “conocer los Parques Científicos de la Comunidad Valenciana e intercambiar experiencias en el desarrollo e implementación” de estos parques.

Consultado por su viaje, el congresista de Alianza para el Progreso responde que lo invitaron por ser el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Señala, además, que su viaje retribuye al Estado “dado que nuestra comisión ha declarado como leyes la implementación de parques científicos tecnológicos en varios departamentos del país”.

Otros cinco congresistas que arribaron a Estados Unidos fueron Mónica Saavedra, quien pidió ir al país norteamericano como observadora internacional de las elecciones de ese país; y cuatro representantes de Acción Popular, dizque para estrechar lazos con el estado de Utah. Imaginamos entonces que el Perú ya debería tener excelentísimas relaciones con el país norteamericano.

*Fotoportada: Leyla López

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Congreso, Mirtha Vasquez

“Hay 500 pacientes esperando por entubado, la lista de espera es grandísima, muchos no llegan. Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la entubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas, pero tú sabes cómo es, esto no se maneja si no se adelanta. Si no se paga, tú sabes cómo es esta situación”.

Este es uno de los audios que tiene la fiscalía anticorrupción. Lo atribuye a la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui Girano, que el pasado 11 de marzo le habría ofrecido al hermano de un paciente grave de Covid-19 saltarse la cola de quienes necesitaban ser atendidos en una cama de la unidad de cuidados intensivos (UCI) o de cuidados especiales (UCE).

ana cecilia voz
En una conversación atribuida a Ana Cecilia Aróstegui y el denunciante, esta le dice: «Si no se paga, tú sabes cómo es esta situación».

El hombre, al que llamaremos Rodrigo, aceptó creyendo que por fin su hermano sería conectado a un ventilador mecánico. Pagó, en dos tandas, los S/82.000 requeridos por Aróstegui a una cuenta que ella le había proporcionado y que estaba a nombre de su hijo. Y lo hizo por gusto: la familia del paciente luego tuvo que reclamarle a la inescrupulosa mujer el haber pagado por un ventilador mecánico que no llegó sino hasta que fue demasiado tarde.

Con su hermano ya muerto, Rodrigo denunció por los canales administrativos de EsSalud. Y en mayo pasado, el caso llegó a la fiscalía. El hombre entregó audios de las conversaciones y pantallazos de los chats. Luego de dos meses de investigación, un equipo de fiscales liderados por Reynaldo Abia y la policía especializada lograron rastrear adónde había ido a parar el dinero y descubrieron que los involucrados usaban como testaferros a sus familiares para recibirlo.

Entre los nueve detenidos esta madrugada hay dos funcionarios de EsSalud que, a inicios de este año, fueron nombrados en cargos de confianza por la gerencia general de la entidad. En la mañana de hoy, la presidenta ejecutiva del seguro social, Fiorella Molinelli, señaló que apenas tomaron conocimiento de la denuncia, los habían separado del cargo.

transferencia 35 mil
La primera transferencia (S/35.000) que hace el hermano del paciente al hijo de Ana Cecilia Aróstegui.

Miserables cupos

La historia empezó seis meses atrás. El pasado 1 de marzo, J.F.C.C. fue ingresado al área de emergencias del Hospital Guillermo Almenara con un severo cuadro de Covid-19. Allí, un médico de turno le dijo al hermano del paciente -’Rodrigo’- que requería de una cánula de alto flujo o, directamente, ser internado en UCI. Agregó, sin embargo, que en el establecimiento ya no había una.

Los familiares hicieron un esfuerzo y consiguieron la cánula unos días después.  No era suficiente. Otro doctor de turno había hecho la interconsulta para trasladar al paciente a la Unidad de Cuidados Especiales (UCE), que tiene un número menor de ventiladores mecánicos y donde trabajan médicos que no son intensivistas. Para ambas áreas, según la fiscalía, había que estar en una lista de pacientes con prioridad. De hecho, desde el 11 de marzo, J.F.C.C. estaba en el puesto 20 de esa nómina de espera para acceder a una cama UCI.

Desesperado, ese mismo día Rodrigo contactó a una conocida de la familia, Iraida Muñoz Arróspide, quien le dijo por WhatsApp que podría ponerlos en contacto con una persona “muy amiga de la gente de gerencia del directorio”. “Creo que a ellas les cobran, no lo sé. Pero si me dice que sí hay, si me dice: ‘sí, Vane, sí te puedo ayudar, que no sé qué’, ya yo te paso su número de contacto”, le dijo la mujer, de acuerdo a un audio de WhatsApp entregado a la fiscalía.

En ese momento entró a tallar Ana Cecilia Aróstegui Girano, que sigue figurando en registros públicos como tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, “una asociación sin fines de lucro, que se encarga de brindar ayuda a niños y adolescentes con cáncer de bajos recursos”, según sus redes sociales. Vaya forma de hacer el bien.

En una primera comunicación con el hermano del paciente, según el requerimiento de detención preliminar de la fiscalía, “le habría indicado que perteneció a una ONG que tenía mucha influencia en el Hospital Almenara y que conocía a todo el aparato administrativo”. Fue en esa conversación que le habría pedido S/85.000, que luego fueron rebajados, por intermediación de Iraida Muñoz, a S/82.000.

La ruta del dinero

La familia del paciente no perdió más tiempo. Ese mismo 11 de marzo, Rodrigo realizó una primera transferencia, por S/35.000, a una cuenta que figura a nombre del hijo de Ana Cecilia Aróstegui, Sebastián Bazalar Aróstegui. No pasaron muchas horas para que el paciente lograra ingresar a la Unidad de Cuidados Especiales.

 

conversaciones de marzo
Ya habiendo internado a su pariente en la UCE, Aróstegui le escribe: «Ahora con fe y pendiente de él, mañana en la mañana te paso informes de él».

Pero el dinero siguió fluyendo. De acuerdo a los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitados por el fiscal Reynaldo Abia, de la cuenta de Bazalar salieron S/3.000 para su madre, Ana Cecilia; S/1.011 fueron a la cuenta de la pareja de Iraida Muñoz; y S/400 a la de la ciudadana Chris Gafo Alméstar.

Los investigadores también descubrieron que una cifra mayor -S/24.000- fue transferida a favor de Piero Pino Carmona, hijo de uno de los coordinadores de Extensión y Cobertura I de la Oficina de Atención de Hospitalización de la Red Prestacional Almenara. El funcionario se llama Pedro Pino Gonzáles, y tenía injerencia en los procesos para la evaluación y asignación de camas.

Pino había sido nombrado en ese puesto de confianza por el gerente general de EsSalud, Alfredo Barredo Moyano, en enero de este año. Al igual que Nery Ochoa Menacho, otra de las coordinadoras del área. Cuando al día siguiente el hermano del paciente depositó los otros S/47.000 que quedaron pendientes, hubo otra serie de transferencias entre los involucrados. Y de las cuentas del hijo de Pino, por ejemplo, salieron S/27.000 para la hija de Nery Ochoa. Todo quedaba entre familia y entre colegas.

 

transferencia entre pino y nery
La fiscalía estableció que hubo una transferencia de S/27.000 entre los funcionarios de EsSalud Pedro Pino y Nery Ochoa.

 

Coima en vano

La repartija continuó, a decir de los movimientos financieros, pero la familia no estaba contenta. El hermano del paciente recibía constantes mensajes de este en los que le indicaba que estaba mal. Además, se habían enterado de que ni siquiera estaba conectado a un ventilador mecánico, sino que seguía con una cánula de alto flujo. Según la denuncia, el ofrecimiento que le había hecho Ana Cecilia Aróstegui era que estaría conectado a un ventilador.

El 12 de marzo, por ejemplo, Iraida Muñoz le dice al hermano del paciente, en una comunicación por WhatsApp: “Cecilia [se refiere a Ana Cecilia Aróstegui] me ha escrito, sé que estás preocupado por tu familiar. Créeme que era casi imposible conseguir cama, pero ella la consiguió en horas”.

Tres días después, ante la presión de Rodrigo, la tensión crecía. “Ya no me vuelvas a decir que ‘no cumpliste’, ya no hables de una manera de negocio o algo [sic], háblalo de cariño, porque yo la verdad estoy muy pegada a tu hermano, mi mayor alegría sería que tu hermano salga”, le dijo la misma Ana Cecilia Aróstegui el pasado 15 de marzo, según el registro de comunicaciones que tiene la fiscalía.

Ese mismo día, por la noche, Rodrigo le escribió a Iraida Muñoz, la mujer que había servido como enlace, para quejarse del supuesto incumplimiento del acuerdo: “Yo confié sin conocerte a ti y a Ana Cecilia [Aróstegui]. Mi hermano me escribe y me pide que lo ayude, hice que mi familia junte 82 mil soles por cama UCI. Desde el jueves venimos esperando. Si no vas a cumplir, devuélvenos el dinero para buscar otro lado”.

Muñoz solo atinó a recriminarle: “¿Me estás diciendo que me quedé con tu dinero?, ¿que no te he ayudado en nada?, ¿que te he estafado? Tu hermano ha entrado donde hasta esta hora no puedo meter a mi tía, que ruega por un minuto más de vida, porque si tuviera tu dinero, ya la hubiera metido ahí”.

chats con iradia
Iraida Muñoz, el enlace con la presunta mafia, responde ante los reclamos de la familia: «¿Me estás diciendo que me quedé con tu dinero?, ¿que no te he ayudado en nada?, ¿que te he estafado?».

 

Los reclamos no parecían resolver nada. El 17 de marzo, sin embargo, una doctora comunicó a la familia del paciente, luego de una tercera tomografía, que el diagnóstico era grave, que el hombre tenía una sobreinfección y que sus pulmones estaban afectados en un 90%. Solo después de eso, Ana Cecilia Aróstegui -según declaró ella misma a la fiscalía- entregó un ventilador mecánico a la unidad donde estaba internado el paciente. Supuestamente, lo había comprado.

Minutos después, una asustada Iraida Muñoz llamó a la esposa del paciente y le dijo: “Yo vuelvo a repetir, te lo subrayo y en negritas: yo no recibí ni un sol y puedes abrir todas mis cuentas y puedes hacerme seguimiento y reglaje y buscarme (…) Lo que sí es que cuando me has pedido ayuda, me he puesto a moverme. Entonces ya se dejó el ventilador, ya está ahí, hasta aquí llegamos”.

La oscura trama a la que se había metido la familia del paciente no pudo salvar su vida. El 18 de marzo, apenas un día después de la llegada del ventilador, el hombre falleció. Y una semana después, el hermano de este ingresó una denuncia al sistema de EsSalud, que luego inició un proceso administrativo contra los funcionarios Pedro Pino Gonzáles y Nery Ochoa Menacho.

Entonces Iraida Muñoz le escribió a Rodrigo para rogarle que retirase la denuncia y hasta lo acusó de haberse quedado con el ventilador: “Te lo suplico, devuelvan el ventilador y recupera tu dinero, que al final quede en nada todo esto, te lo suplico de rodillas”. Ana Cecilia Aróstegui hizo lo mismo en otro mensaje: “No sé por qué dicen que soy parte de una red, yo no entiendo por qué me están acusando. Solo por recomendar, no puedo ir presa por ello”.

La fiscalía anticorrupción se hizo cargo del caso en mayo. Aróstegui y los demás involucrados fueron detenidos por un plazo de siete días. Pero si deciden cantar, podría ser el inicio de un caso más complejo. “Este hecho ya está determinado y lo que ahora tratamos de verificar es si están involucradas otras personas, como el personal médico que se había encargado del diagnóstico y la ubicación y hospitalización en cuidados intensivos”, dijo a la prensa el fiscal Reynaldo Abia durante el operativo.

reclamos de hermano
Reclamos del hermano del paciente a Ana Aróstegui: «Mi familia hizo un gran esfuerzo para juntar los S/82.000»

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“Es como si tuvieras una pareja y te dijera: ‘no voy a terminar contigo hasta que me devuelvas todas mis cosas o hasta que me pidas perdón’. ¡Es un absurdo!”. Así describe Andrés Calderón lo que considera que fue una relación tóxica con la Tarjeta Oh!, el producto estrella de la financiera que lleva el mismo nombre, uno de los tentáculos del grupo Intercorp. Anular su tarjeta le costó poco más de 30 meses de sufrimiento innecesario, que acabaron hace apenas unos días. 

El vínculo del abogado con Oh! comenzó a inicios del 2018 y terminó el lunes de la semana pasada. Como muchos otros usuarios, se dejó seducir por las jugosas promociones que ofrecía la tarjeta en establecimientos como Plaza Vea, Oeschle, Promart, etc. Todos propiedad del conglomerado que dirige Carlos Rodríguez-Pastor. Los problemas de Calderón comenzaron hacia mediados de su primer año como cliente de Oh!.

 

“Aparentemente había hecho una compra por S/159,20 soles, pero según la Financiera Oh! la había pedido a 24 cuotas. Casi S/160 en 24 cuotas. ¿Quién puede ser tan ilógico para partir en tantas cuotas algo que saldría menos de S/10 por mes?”, pregunta Calderón. 

El abogado asegura que esa compra la hizo a una sola cuota, como suele hacer con sus tarjetas de crédito, justamente para evitar inconvenientes (y también los intereses). Y así lo hizo saber en su reclamo, donde también pidió cancelar su relación con Oh!. Lo que no esperaba era la escueta respuesta de la financiera.

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La escueta respuesta que la Financiera Oh! le dio a Calderón.

El 17 de octubre del 2018, la empresa le contestó “que los cobros son correctos de acuerdo a los pagos y consumos realizados, lamentablemente la devolución no ha sido aprobada”. Esto indignó a Calderón. “Es una respuesta de un párrafo. No me muestran el voucher de compra donde aparezca que yo había firmado por 24 meses y ni siquiera me dicen algo sobre que no me dejaban cancelar la tarjeta”, reclama el abogado. 

Luego de eso, Calderón no usó más su tarjeta de crédito. En el medio, visitó en reiteradas oportunidades Oechsle de Real Plaza Salaverry para anularla. La respuesta siempre era la misma: primero cancele su deuda, luego vuelva en 48 horas si aún quiere deshacerse de ella. Calderón tuvo que pagar las cuotas. 

Pero el año pasado, a inicios de la pandemia, le notificaron que tenía otro pendiente, esta vez por la membresía. Ofuscado, Calderón volvió a pedir que cancelen su tarjeta. Nuevamente le dieron la misma orden: cancele y vuelva a intentarlo en dos días. Hace una semana le volvieron a cobrar. 

“Fui a pagar la cuota de membresía el viernes de la semana pasada. Este ha sido el tercer intento en tres años para cancelar mi tarjeta. Ahora felizmente ya admiten hacerlo por teléfono”, dice el abogado, harto de visitar Real Plaza Salaverry para sus gestiones. 

Recién este último lunes 12 de julio recibió el correo que tanto esperaba: la Financiera Oh! le comunicaba que su relación -al fin- había terminado. Pero su calvario es muy parecido a otros que pudo recopilar Sudaca. Según el abogado, en todos ellos aplican lo que se conoce en derecho del consumidor como métodos comerciales coercitivos.

“La voluntad del cliente es doblegada. Esto se puede hacer para forzarte a contratar algo que no querías o mantener una relación que no quieres tener. Por eso hacía alusión a una relación tóxica. Si una persona quiere cancelar un servicio, debería poder hacerlo de manera inmediata”, afirma.

“Lo más evidente en este caso es que te den un plazo. 48 horas después de que has hecho la primera gestión del pago de la deuda, recién vas a poder cancelar [tu tarjeta]. Eso no tiene ningún soporte legal”, agrega Calderón, amparándose en el artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi. Pero parece que estas técnicas están tan normalizadas en el sistema financiero que pasan por agua tibia. 

 

Un calvario por “20 centavos” 

“La historia es tan surreal que todavía la recuerdo”, comenta Álvaro Ledgard, periodista financiero de 31 años. En mayo del 2017 sacó su Tarjeta Oh! para adquirir unas zapatillas en Oechsle del Parque Kennedy. Él no lo sabía en ese momento, pero tendría que volver a esa tienda para reclamar por algo que ahora le parece broma: no le dejaron cerrar su cuenta por una deuda estrafalaria de apenas 20 céntimos.

El problema empezó cuando, a mediados del 2018, le cobraron la comisión de mantenimiento de la tarjeta. “Yo no entendí por qué. Revisé mis estados de cuenta y sí había hecho un consumo todos los meses, pero igual me cobraban esa comisión», asegura Ledgard. 

Cuando se asoció a Oh!, al experiodista de Semana Económica le habían garantizado que podía librarse del mantenimiento si compraba todos los meses, lo que lo incentivaba a visitar Oeschle con regularidad. De hecho, llegó a comprar un televisor por el que debía S/2.000 al momento en que le cobraron indebidamente la comisión.

Ledgard envió un correo quejándose y lo pasearon como a Calderón. Le dijeron que debía reclamar en tienda. Volvió al Parque Kennedy solo para llenar el formulario. Ahí el empleado que lo atendió corroboró que había consumido todos los meses. “Me dijo ‘tu reclamo debería proceder, incluso has hecho un par de compras grandes. No hay ningún motivo para que te cobren esta comisión”, afirma el periodista. Pero la relación tóxica con la financiera de Intercorp no se corta así nomás. 

Financiera Oh! tenía un mes para responder. El 3 de julio del 2018 contestaron que “lamentablemente no es posible realizar el extorno, ya que el cobro se realizó de manera correcta al encontrarse tu tarjeta activa en el mes de cargo”. En cristiano que, como su cuenta estaba habilitada, podían cobrarle lo que les pareciera conveniente.

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La respuesta de Financiera Oh! a Ledgard. En sencillo le dijeron que le cobraron porque su «tarjeta estaba activa».

Molesto, imprimió ese correo y volvió al Kennedy a reclamar otra vez. Le dijeron que nada se podía hacer, porque el reclamo ya había sido resuelto. Pidió cancelar su tarjeta, pero le explicaron que primero debía pagar la ‘tele’ y llamar por teléfono al día siguiente. Sólo así podía desvincularse de Oh!

Aunque estaba fastidiado, Ledgard hizo caso. Sacó los S/2.000 y esperó 24 horas para cancelar sus pendientes. Le reiteró al empleado que lo atendió que, por favor, verificara si con eso ya podía anular su tarjeta. Solo cuando se lo garantizaron regresó a su casa.

Pero cuando llamó al día siguiente para cancelarla, asegura que le dijeron: «lo siento, pero acá figura una deuda de 20 centavos». No lo podía creer. El empleado le explicó que esa ínfima cantidad era un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) generado por la transferencia de S/2.000 para pagar su ‘tele’ el día anterior. 

«Ese es el truco. Yo le insistí múltiples veces al empleado que yo pagaba mi deuda con la intención de anular mi tarjeta. Él sabía que ese era mi propósito y probablemente también que se iba a generar un ITF, pero no me lo dijo. Me lo ocultaron», afirma el periodista. 

Aún así, Ledgard dice que se acercó al día siguiente con su moneda de 20 céntimos y, aliviado, por fin pudo terminar con Oh!. Pero la experiencia lo marcó. “Me trataron de ignorante cuando intenté cerrar la cuenta con esa deuda. Y no fue hasta el final que trataron de voltear la situación, pero ya era demasiado tarde», explica. 

 

Protegida sin saberlo

Ledgard no es el único cliente de la financiera que fue sorprendido por omisiones clamorosas de información. A Káterin Infante no le cobraron una deuda irrisoria, pero sí le hicieron pagar un seguro que nunca aceptó. La psicóloga de 31 años se asoció a Oh! en marzo del 2017. 

Todo estuvo bien hasta mayo de ese año cuando, al recibir su estado de cuenta, se enteró que, además de su consumo mensual, tenía que pagar un seguro de protección. Ella había aceptado el servicio -asegura- porque el empleado que le ofreció la tarjeta en Plaza Vea de La Rambla descartó que haría pagos adicionales. “Por simpatía accedí, pensando que era como las tres tarjetas que hasta ese momento tenía. Dije ‘una más no hay problema’”, explica. 

Con la noticia, Infante fue al Real Plaza Salaverry para cancelar el servicio. Como a Calderón y Ledgard, le dijeron que debía cancelar su deuda primero y volver 24 horas después. Esto incluía pagar S/25,08 por su consumo del mes, pero también asumir el costo de S/59,90 del “Interseguro” que no pidió. En total: S/84,90. 

“Me hizo pasar un mal momento. Unos pueden decir que S/84 no es para tanto, pero para otros si lo puede ser. La indignación fue porque me mintieron. Cuando le pregunté a la persona que me ofreció la tarjeta si había algún pago adicional me dijo que no”, recalca Infante.

Infante pagó y solo así pudo desafiliarse de Oh!. Lo anecdótico es que tres meses después de cerrar su cuenta, en agosto de aquel 2017, le llegó al buzón el seguro que nunca aceptó. “En agosto fui nuevamente extrañada [por] ese correo, pero me dijeron que mi cuenta estaba anulada y que tampoco sabían por qué me llegó eso”, explica la psicóloga.

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Los correos de Oh! a Infante. El «aviso» del seguro llegó 3 meses después que ella se desvinculó de la financiera.

La pandemia no fue pretexto para mejorar sus mecanismos de atención al cliente. Como señala un informe previo de Sudaca, la Financiera Oh! lidera el ranking de sanciones en Indecopi de todos los sectores para el periodo 2017-2021. Solo desde el inicio de la pandemia hasta mayo de este año eran 431 sus sanciones firmes. ¡Hoy la cifra ha subido a 540! Los testimonios aquí recogidos explican por qué el número sigue creciendo. 

Para el abogado Andrés Calderón, en todos ellos existe un patrón similar. “Hay una estrategia detrás que es super maliciosa. Se demoran y juegan a que la persona se olvide o se canse para que no pueda cancelar la tarjeta. No te dejan hacerlo en una sola acción”.

Sudaca solicitó descargos a la Financiera Oh! a través del área de prensa del grupo Intercorp. Nos aseguraron que nos confirmarían su participación. Sin embargo, al cierre de esta edición, nos dejaron en visto.

 

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A fines del 2020, DHL Express fue elegida como el segundo mejor lugar para trabajar a nivel mundial. La empresa incluso se jactó de que en el Perú no paró operaciones, además de mantener a su personal y no recortar sus salarios. Pero hace dos semanas explotó un caso de maltrato laboral que desencadenó en una serie de denuncias por despidos disfrazados de “mutuo disenso”. Sudaca pudo recoger varios de estos testimonios.

 

El pasado 16 de julio, Scarlett Loyola, hija del ahora extrabajador Luis Loyola, denunció públicamente que su padre había sido retenido en las oficinas de DHL y que fue obligado a renunciar. Luis tenía cerca de 10 años trabajando como mensajero en DHL y, desde que empezó la pandemia, le habían asignado tareas que podía cumplir en su casa. Es, además, una persona que padece hipertensión arterial.

Según el relato, el señor Loyola se encontraba con descanso médico por un infarto ocular del que fue dado de alta a inicios de este mes. El pasado 14 de julio fue citado a las oficinas de la empresa con la excusa de una capacitación.

El martes entregó su alta y lo llamaron para que vaya el miércoles 14/7 a la oficina en el Callao a una capacitación. Mi papá fue y lo llevaron a un cuarto con el jefe y la gerente de operaciones, Mireya Martin. Le dijeron que debía firmar su renuncia por mutuo acuerdo. Pero él nunca firmó suspensión perfecta de labores y encima tenía descanso médico. Mi papá dijo que no firmaría y no lo dejaban salir”, se lee en la publicación de su hija.

Contactada por Sudaca, Scarlett Loyola se ratifica y cuenta que ella estuvo en comunicación con su padre por el celular durante este penoso episodio.  Asegura, incluso, que le escuchó decir que se sentía mal de la presión, pero el personal de DHL apenas atinó a que una agente de seguridad le tome el pulso. Según la hija del trabajador, a pesar de la urgencia, no lo dejaron salir de la oficina. Hasta que, finalmente, firmó el documento.

La mujer, que hoy sufre injustificadamente una serie de insultos en Twitter por destapar este hecho (aunque también muestras de apoyo), asegura que, cuando llegó a ayudar a su padre, el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, la maltrató y le negó la opción de grabar una conversación que mantuvieron afuera de la empresa, en la vía pública. Según ella, le dijo que la denunciaría si hacía lo contrario. Mauricio Martinez  ha desactivado su perfil de LinkedIn.

Cuando Scarlett pidió explicaciones del despido disfrazado de “mutuo acuerdo”, Matínez habría puesto como excusa que su padre, a pesar de estar contagiado de Covid-19, se fue a almorzar con un trabajador de la empresa y, por lo tanto, lo había puesto en peligro. Lo que le llamó la atención es que su padre había estado infectado desde fines de febrero hasta el 7 de marzo pasado, en que lo dieron de alta. La supuesta comida ocurrió en mayo, asegura: dos meses antes de su despido.

“Se puso déspota y me dijo que si quería que denunciase en las redes, en Sunafil, donde sea, pero que tenían la firma de mi papá y eso los iba a avalar, dijo que tenían un staff de buenos abogados”, afirma Scarlett Loyola.

Horas después de que el caso de Loyola saliera a la luz, la empresa publicó un comunicado. En este decía que no iban a discutir casos individuales de excolaboradores por consideraciones legales y de privacidad, pero que rechazaban rotundamente cualquier acusación relacionada a algún maltrato o violación de derechos. 

Además, apuntaron: «Para aquellos considerados como grupo vulnerable, pero cuyos trabajos requieren operaciones en centros de servicio, también hemos hecho arreglos para que puedan quedarse en casa sin afectar sus ingresos ni su situación laboral». No todos opinan lo mismo, como veremos a continuación. 

Más pretextos

Jair Yataco sufre de dislipidemia, una concentración elevada de lípidos (colesterol, triglicéridos), y también de hipertensión arterial. Según Bryan Medina, médico del hospital Rebagliati, estas condiciones, en el contexto de pandemia, hacen que sea población vulnerable. 

Yataco asegura que la empresa conoce de su condición. A pesar de eso, señala que él siguió operando en la calle hasta poco tiempo antes de ser despedido, cuando se le dijo que haga trabajo remoto.

El pasado 15 de julio, sin embargo, tras 15 años trabajando como mensajero en la empresa, fue llamado a una “capacitación” por uno de los líderes de su área. Ahí le dijeron, para su desagradable sorpresa, que debía firmar un mutuo disenso. Según su relato, si no aceptaba, la empresa utilizaría como excusa un incidente que había ocurrido el 20 de noviembre del 2019, por el cual se le retuvo su brevete.

“Sabía que me iban a agarrar por eso, porque otros amigos ya estaban hablando de despidos, pero es algo que yo había comunicado en su momento. Me dijeron que si no firmaba, sólo me iba a ir con la CTS, en plena pandemia. Tácitamente estaba obligado a firmar”, recuerda.

Otro caso similar es el de Yanira Hermoza (28), quien había dedicado siete años en el área de Aduanas y fue retirada hacia fines de 2020. Según su testimonio, fue convocada de un momento a otro a la compañía tras un descanso médico y fue llevada a una oficina en el área de recursos humanos, supuestamente, para comunicarle que querían cambiar sus funciones.

Una vez ahí, le dijeron que ahora buscaban a gente de otro nivel y que no cumplía con las expectativas de la empresa. “Yo tenía hasta felicitaciones de DHL y había estado siete años. Me tenían a veces trabajando sábados o domingos y jamás me pagaron horas extras. Eran conscientes que era mamá soltera, pero igual me hicieron sentir muy mal y lloré. Me pareció raro que me dijeran que firme lo de mutuo disenso, pero para no pelearme, terminé firmando”, narra.

“Firmé por ignorancia, me dijeron que era la mejor opción para ambas partes, para que puedan dar buenas referencias mías. Llegué a casa y me dijeron que debí negociar de otra forma. Luego caí en cuenta de que, primero me dijeron que me sacaban por ser mala en el trabajo y luego me decían que me recomendarían en otro. Después de tanto esfuerzo, te dicen ‘chau’. Fueron injustos conmigo”, se lamenta.

María, nombre ficticio de una extrabajadora de casi 10 años, aún tiene una materia pendiente con la empresa y por ello pide anonimato. Ella también fue convocada para ver “un tema laboral” a inicios de enero de este año -según dice, para conocer cómo iba a ser el plan de trabajo-. Al llegar, estaba su jefa y la directora del área, con un sobre manila. Ella sabía, o algo le decía, de qué se trataba: el mutuo disenso.

“Sabía que no había ido a trabajar. Me dijeron que intentaron colocarme en otro lado pero que no se pudo, que estaban desvinculando a varios empleados y que necesitaban otro tipo de profesional para el puesto que dejaba. Incluso, me dijeron que me habían armado un pack que me convenía firmar [se refiere a una ‘buena’ liquidación]”, cuenta.

María cuenta que se contactó con su abogado y este le dijo que podía pelearla, pero que iba a demorar. Entonces pidió que la dejen sola y, al rato -dice- vinieron con una propuesta de liquidación mayor.

“Me advirtieron que tenía 10 minutos y que el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, decía que pasado ese tiempo, la oferta vencía. Me estaban presionando y respondí que necesitaba pensar en mi futuro. Estamos en pandemia y tengo una hija. Ni siquiera había tenido una sola amonestación en mi carrera. Luego me dijeron que si íbamos por el lado legal, iba a salir mal de la empresa y que, si renunciaba, iba a salir por la puerta grande”, afirma. Asegura que el jefe de Recursos Humanos también se jactó de contar con un staff muy fuerte de abogados.

Y luego añade: “Al final de la tarde, me enteré que hicieron una reunión y que dijeron que me habían sacado por mi desempeño, que me habían avisado incluso, pero es totalmente falso. En las evaluaciones tenía una puntuación de cuatro, donde cinco es lo máximo y el promedio era tres. Fue un golpe muy duro, lo peor fue cómo dejaron mi imagen”, señala.

Guillermo Boza, abogado laboralista y profesor principal de Derecho en la PUCP, señala que estos casos son comunes y muchas veces se convoca a un trabajador y se le presenta un documento de manera sorpresiva donde se le dice que si no firma, no se le pagan sus beneficios.

“Cuando alguien cuestiona o judicializa estos casos, va a tener que acreditar los hechos que alega, como el que haya sido coaccionado. Hay jurisprudencia, como un caso de Telefónica, que con los hechos se demostró que una persona fue encerrada en una oficina negándose a firmar. Fue una suerte de secuestro temporal. Se acreditó y se declaró nulo el acto de mutuo disenso”, explica.

Sudaca envió un cuestionario sobre estos casos a DHL, que se limitó a señalar que los despidos «se derivan de razones netamente relacionadas a temas de desempeño y cumplimiento de nuestro código de conducta interno, siempre en el marco de la ley».

Mientras tanto, este medio conoció que para el caso de Loyola, Sunafil sostendrá en los próximos días una diligencia donde participará el afectado y DHL. De acuerdo a la entidad fiscalizadora, desde el 16 de marzo, DHL registra seis denuncias virtuales, de las cuales dos son por despidos arbitrarios. Además, desde que empezó la pandemia, se han impuesto 62 multas contra 55 empresas por este tipo de abuso. Este es un caso más de una empresa que dice se ampara en la ley, pero cuyos trabajadores apuntan lo contrario.

 

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Rey con Barba y mentiras

Una de las primeras arremetidas de Willax contra las vacunas -contra todas ellas- ocurrió en noviembre pasado, cuando Rosa María Apaza, abogada y presidenta de la dudosa Organización Médica Peruana de Investigación (OMPEI), dijo en el programa ‘Rey con Barba’ ¡que las vacunas contra el Covid-19 convertirían a las personas en celulares!

 

No necesitamos ser médicos. El solo hecho de pensar que nos van a inocular genes nuevos… eso no es vacunación. La vacunación no es insertarte nuevos genes. La consecuencia [de esta vacuna] es infertilidad. Las de Pfizer vienen con ARN mensajero, que nos van a introducir nanotecnología, nanopartículas. Es decir, aquí lo que quieren [es] convertir a los humanos en celulares, quieren que sean controlados a través de un pequeño chip”, dijo una delirante Apaza. Los conductores apenas amagaron con contradecirla. Pero Apaza continuó con su exposición. 

Un mes después, en el mismo programa, invitaron a un caserito de la casa: el veterinario Manolo Fernández, dueño de Farvet. Fernández presentó un cuadro donde comparaba la vacuna y la ivermectina, un antiparasitario al que, sin ningún sustento científico, se le atribuye el poder de combatir y prevenir el Covid-19. ¿El ganador de ese supuesto versus presentado por Fernández? La ivermectina. ¿La fuente de dónde se sacó la información? Ninguna.

El Colegio Médico, ni corto ni perezoso, se apuró en hacerle el pare a ‘Rey con Barba’ y a Fernández: “El Colegio Médico del Perú alerta a la comunidad sobre la falsedad de este tipo de comparaciones e información carente de evidencia científica. ¡No se dejen engañar, luchemos juntos contra la infodemia! ¡La desinformación también mata!”, publicó en su página de Facebook. Como si nada hubiera pasado, Rey y Barba siguen haciendo de periodistas todas las semanas. 

 

 

Butters y las fake news

Pero si queremos hablar de disparates, ahí está Phillip Butters. En enero de este año, en su programa ‘Combutters’, presentó la carta de una supuesta empresa llamada KPC Biotech que le ofrecía al Minsa 55 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a precio de infarto. Eso sí, si quería acceder a la oferta, el Estado tenía que apurarse y confirmar rápido.

Pero la carta nunca obtuvo respuesta por parte del gobierno. Indignado, Butters le exigía al Estado que compre las vacunas ya mismo. Por supuesto, se trató de una puesta en escena del experiodista deportivo.

La denuncia que hizo Butters se propagó rápidamente y, en menos tiempo de lo que le tomó a Willax difundir mentiras, varios usuarios de Twitter descubrieron que la empresa que ofrecía las vacunas existía recién desde septiembre, es decir, solo cuatro meses antes de enviada la carta. Y para colmo: ni siquiera tenía una página web.

Pero el roche fue mayor cuando el Minsa dijo que la propia AstraZeneca les había informado que no vendía vacunas a través de intermediarios y que “solo tiene compromisos con los gobiernos de los países y organizaciones de salud internacionales”.

Entonces, ¿de dónde KPC Biotech sacó 55 millones de vacunas?, ¿Butters se planteó esa pregunta o fue parte de un intento de estafa?

Aunque también es muy proclive a las mentiras, Martín Vizcarra fue una de las víctimas de este programa. Phillip Butters soltó el rumor de que estaba internado en una clínica porque, supuestamente, se había contagiado de Covid.

La desmentida no se hizo esperar y, al día siguiente, el propio Vizcarra apareció en los medios rechazando tales afirmaciones.

“Parece que el efecto del distanciamiento ya generó alguna información falsa, hasta ya nos habían enfermado, que estábamos internados en una clínica (…) Debemos tratar de dejar de lado este tipo de información. Nosotros decíamos que si algo afecta más a la población, es este tipo de información falsa (…) este tipo de información falsa [su supuesto contagio] se aclara rápido, pero hay otro tipo de informaciones que a veces demora en aclarar y genera en la población ideas erróneas”, dijo Vizcarra.

 

 

Ve tú a saber si es verdad

El caso más delicado fue protagonizado por Beto Ortiz, cuando en marzo pasado compartió los resultados preliminares de un estudio de la Universidad Cayetano Heredia que supuestamente revelaban que la eficacia de la vacuna Sinopharm era ínfima y que, por este motivo, inocularse con esta era “prácticamente como inyectarse agua destilada”.

Así lo dijeron el conductor del programa y también Ernesto Bustamante, biólogo molecular de profesión. Invitado por Ortiz, este último señaló: «la vacuna produce más Covid-19 que el placebo”.

La metida de pata fue tan grande, que el Minsa tuvo que emitir un comunicado para evitar crear confusión y desconfianza en la población. En él se aseguraba, con evidencia científica de otros países, que la vacuna china tenía un 79.34%.

Entre las aclaraciones del Minsa y las réplicas del programa, la OMS finalmente aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm y las declaraciones de Bustamante y Ortiz cayeron en saco roto. En mayo pasado, el organismo internacional le dio el visto bueno basado en un estudio del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización de este organismo. 

 

“Sobre la base de toda la evidencia disponible, la OMS recomienda la vacuna para los adultos de 18 años o más, en dos dosis espaciadas entre tres y cuatro semanas. Se estimó que la eficacia de la vacuna para evitar cuadros sintomáticos y hospitalizaciones era del 79% (para todos los grupos de edad)”, afirma en el comunicado.

Para Juan More Bayona, experto en inmunología comparada, solo existen dos posibilidades respecto a las constantes mentiras de Bustamante. “O desconoce enormemente las terminologías del informe y no entiende lo que lee o tiene un propósito perverso de desinformar a la población”, dijo en el medio Salud con Lupa.

El 28 de mayo, Ortiz volvió a arremeter contra la vacuna china diciendo que no servía porque una veintena de médicos murieron por Covid a pesar de estar vacunados con las dos dosis de Sinopharm. Sin embargo, según cifras recientes del Minsa, del total de 60 médicos fallecidos por Covid entre febrero y junio de este año, 39 no se habían vacunado, 14 recibieron solo una dosis de la vacuna de Sinopharm y 7 las dos dosis. “Eso [el bajo número de fallecidos] muestra que [la vacuna] tiene un grado de protección alto, pero no existen vacunas perfectas”, explicó el vocero del Minsa, Arturo Granados.

Si bien hay que considerar el pedido de los médicos de tener una tercera dosis, es importante aclarar que el hecho de que haya fallecidos no implica que las vacunas no sirvan. Ninguna protege al 100% a todas las personas que la reciben. Según un estudio del mismo Colegio Médico del Perú, en cambio, dos semanas después de que los doctores recibieron la segunda dosis de Sinopharm hubo una caída en la curva de muertes y hospitalizaciones. 

Las fake news de Willax respecto a la vacuna de Sinopharm llegaron a tal nivel, que la misma Embajada China ha tenido que emitir, en más de una oportunidad, comunicados para desmentirlas y pedir que dejen de desinformar y jugar con la salud de los peruanos.

La más reciente la escribió hace solo cinco días en su cuenta de Twitter : “Sr. Ernesto Bustamante, es delito privar el derecho a la salud y vida de la gente con desinformación y mentiras. Peor aún si es alguien que se dedicaba a la medicina y ciencia. Es difamación acusar de corrupción a una empresa sin ningún fundamento”. Pero hasta el día de hoy, no parece que los conductores o el mismo canal estén arrepentidos de nada.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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Hace una semana, Sudaca reveló las denuncias de estafa contra ‘Crowdfunding International Dreams’, una nueva pirámide financiera liderada por el parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro. En esa nota se mencionó, además, una denuncia contra Romero que se hizo pública el 2019, por haberse apropiado de forma indebida de parte del sueldo de una trabajadora. El Ministerio Público abrió entonces una investigación preliminar.

 

Dos años después, a inicios de este año, la Fiscalía de la Nación envió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso los resultados de aquellas pesquisas. El documento revela que no era una, sino seis los trabajadores a los que Romero habría inducido a entregar parte de sus salarios y bonificaciones. El escrito, además, lo acusa de haber usado recursos del Estado para sus eventos privados como ‘coach’, una actividad que lleva a cabo de manera paralela a la función pública.

“Inicialmente no se tenía conocimiento que otros trabajadores distintos a la denunciante habrían sido sujetos pasivos de solicitudes indebidas; sin embargo, luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la denuncia que llegó a mesa de partes de la subcomisión.

Los pagos que detectó la Fiscalía ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando Romero ocupaba la vicepresidencia del Parlamento Andino. El funcionario habría utilizado las cuentas de su tío y la empresa de este, Master Training International, para recibir los aportes. Romero también es fundador de esta firma.

conclusiones fiscalia
«(…) luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la fiscalía.

El origen

La primera denuncia fue revelada por Panorama, en julio del 2019. Alessandra Granuelly Puente, entonces de 22 años, admitió haber sido una trabajadora fantasma en el despacho de Romero entre octubre del 2018 y julio del 2019. A pesar de eso, recibía su sueldo de S/2.300 puntualmente. Parte del dinero -S/1.500, según denunció- los depositaba a una cuenta que manejaba el tío materno de Romero, Julio Castro Segura.

El 15 de noviembre del 2018, por ejemplo, Granuelly recibió un mensaje del parlamentario Romero Castro en el que este le decía: “Deposita 1.500, el resto es tuyo”. Y añadía, entre paréntesis: “sin hacer nada”. Un mes después, el 16 de diciembre, el parlamentario le escribió: “Alessandra, te llamará Julio Castro [tío materno del parlamentario] para darte un número. Es lo que debes depositar en total. Luego conversamos”. Y agregaba: “Top secret. Besos”.

Castro intentó desmerecer la denuncia. Su estrategia fue que el asunto quedase como una deuda que Granuelly le tenía. Pero ella lo negó y, a tenor de los mensajes que pedían mantener el asunto en secreto, la Fiscalía no le creyó. Una conversación telefónica no revelada hasta ahora se dio cuatro días antes de que el reportaje de Panorama viese la luz. En esta, Romero intenta que la mujer admita la excusa del préstamo.

Romero: Alessandra, me acaba de llamar una señorita de Panorama. Me informa que tú me has denunciado, porque hay un trabajador fantasma y yo quiero saber si has sido tú.

Alessandra: Yo solamente he dicho la verdad.

Romero: ¿Cuál es la verdad?

Alessandra: Del acuerdo que tú y yo teníamos, los S/800 que yo ganaba y te depositaba S/1.500 mensuales.

Romero: ¿Te refieres al préstamo que te hice?

Alessandra: ¿Préstamo? ¿Qué préstamo me has hecho? […] Yo no sé si tú estás fingiendo que tú me has hecho un préstamo simplemente porque estamos en una llamada telefónica que no es por WhatsApp, y te estás cuidando.

conversación atribuida a romero
Romero intenta que la denunciada admita que el dinero depositado era parte de un préstamo. Ella lo negó.

Lo cierto es que el parlamentario andino naranja no pudo probar la teoría del préstamo ni siquiera a Panorama. Cuando en la fiscalía escudriñaron las cuentas de su tío y de la empresa ya mencionada -entre el 2018 y el 2019-, se convencieron de que se trataba de un caso sistemático.

La mayoría de los trabajadores involucrados señala, como presunta coartada, que las transferencias fueron parte de un curso de ‘coaching’. Pero un testigo protegido y otra serie de indicios apuntan a que habrían estado obligados a hacerlo para preservar sus empleos.

Explicaciones que no convencen

Según la fiscalía, en enero del 2019, la trabajadora Claudia López Vergiu fue inducida “indebidamente” a pagar “parte del bono” que recibió del Congreso de la República, la entidad que mantiene a los funcionarios del Parlamento Andino. Los investigadores tienen la declaración de un testigo protegido de código TP-01-2020-AIDC, quien señaló: “A la trabajadora antes mencionada le solicitaron inicialmente el íntegro del bono, a lo que la trabajadora accedió por mantener su puesto de trabajo, depositando el 70% de la totalidad del bono en el mes de febrero del 2019”.

El Ministerio Público asegura que el pedido se hizo a través del asesor de Romero, William Sánchez Tenorio, y que este “insistió a la trabajadora que cumpla con realizar el depósito bancario a la empresa Master Training International, que gerencia el tío de Romero Castro, Julio Castro Segura”. “La trabajadora se vio en la necesidad de encargar a su pareja que realizara el depósito”, apunta la denuncia. El testimonio tiene asidero en la realidad.

El 30 de enero del 2019, López recibió del Congreso S/7.200. El 2 de febrero, S/6.500 son retirados de su cuenta y apenas tres días después, el ciudadano Miguel Gutiérrez Tarazona, pareja de la funcionaria, deposita S/4.900 a la empresa de marras.

El mismo mes, el funcionario Jorge Bautista Oliveros recibió S/18.307 del Congreso, que incluía su salario, un bono extraordinario, racionamiento y un pago por concepto de escolaridad. Según el mismo testigo protegido, “a Bautista, el parlamentario le solicitó el íntegro del bono que recibió a fin del mes de enero, indicándole que debía hacer un abono a una cuenta bancaria”.

En efecto, Bautista realizó dos depósitos por un total de S/10.599 a la cuenta de Master Training International. Cuando la fiscalía escarbó en las cuentas, sin embargo, se dio cuenta de que no habían sido las únicas transferencias. También le había hecho un depósito en marzo del 2018 al tío de Romero, Julio Castro, por S/2.137. La cantidad llamó la atención de los fiscales porque correspondía a toda la remuneración de Bautista.

Los demás depósitos los realizó a Master Training International: en julio, S/2.500, justo cuando Bautista recibió una bonificación del Congreso; en octubre, S/2.966, cuando el funcionario fue promovido del cargo de Auxiliar al de Técnico y empezó a ganar más dinero. Lo mismo ocurrió, por montos similares, en noviembre y diciembre de aquel 2018.

depositos de Bautista
Los depósitos del trabajador Jorge Bautista a las cuentas de Julio Castro, Master Training International y al mismo Jorge Romero entre el 2018 y 2019.

Como a López, a Bautista también se le habría pedido el bono extraordinario que dan a inicio de año. Por eso, en enero del 2019, realizó la transferencia más importante: S/10.599 soles a la empresa Master Training. En abril, el funcionario también depositó S/1.200 soles, pero esta vez a la cuenta del parlamentario.

La explicación que dio Bautista, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. Dijo que aquel primer depósito a Julio Castro, el tío del parlamentario, fue “por temas de la Sunat por los que no podía ir y que además no entendía”. Y agregó que las transferencias a la empresa Master Training International fueron parte de un curso de ‘coaching’ que estaba llevando.

Pero Bautista no tenía constancias de matrícula, correos de admisión, ni comprobantes de pago. Se excusó diciendo que había pedido que se le facture todo al finalizar el curso. Cuando acabaron las indagaciones, sin embargo, no presentó diploma alguno.

En el despacho de asuntos constitucionales del Ministerio Público ya habían advertido la estrategia. El testigo protegido declaró: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training y optaron por manifestar que esos pagos corresponden a una certificación de coaching”. 

Y luego añadió: “Sin embargo, dicha certificación ha sido programada recién en el año 2020 y por la suma de $6.900, que se ha realizado para justificar los ingresos, pero no se emite ningún comprobante de pago, certificación de módulos, ni se ha firmado contrato alguno sobre esta prestación de servicios”.

De hecho, el mismo discurso fue utilizado por la trabajadora Stephany Ariansen Moncada, quien en setiembre del 2018 le depositó al tío del parlamentario S/1.610. En noviembre de ese año, también figura una transferencia de S/4.150 a la empresa. Y en enero, como sus compañeros, movió S/13.500 a la misma cuenta. Todo, dijo, era parte de una certificación que estaba cursando, pero tampoco entregó pruebas.

declaración de testigo protegido
El testigo protegido advirtió a la Fiscalía sobre la coartada: «Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training».

“Todo ello nos hace concluir que dichas afirmaciones serían inexactas y estarían orientadas a justificar los diversos abonos”, dice la fiscalía en su escrito. El Ministerio Público está convencido de que los trabajadores no cuentan la verdad por temor a ser despedidos.

Jorge Luis Coronado, que no llegó a declarar para la Fiscalía, y Ernesto Valencia Quiroz son otros funcionarios mencionados en la denuncia. Este último, sin embargo, fue con una historia diferente al despacho fiscal.

Él se desempeñaba como asistente hasta octubre del 2018. Ese mes fue promovido a ‘Asesor I’ y recibiría en adelante S/7.528 soles como remuneración. Luego de su primer sueldo en el nuevo cargo, el funcionario se dio el lujo de depositar casi el íntegro de este (S/7.500) a la empresa Master Training International. Lo mismo ocurrió en diciembre y, por supuesto, como todos los mencionados en párrafos anteriores, en enero del 2019, el momento del bono extraordinario.

Valencia es socio de la empresa que recibió los depósitos, así que se justificó diciendo que se trataba de un préstamo y que este sería retribuido en utilidades. “También ha señalado que estos aportes de capital no están como acciones ni como inyección de capital, porque para eso había que hacer un acta, por lo que tales afirmaciones deben ser tomadas en el contexto de subordinación que sigue manteniendo con el parlamentario denunciado, quien podría cesarlo en su cargo”, señala la Fiscalía.

Con la plata de todos

El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado “para fines ajenos al servicio parlamentario” celulares del Congreso. El 2016 y 2017, por ejemplo, cuando Alessandra Granuelly no trabajaba en el despacho parlamentario, Romero Castro le dio un celular para que organice un evento de ‘coaching’ que nada tenía que ver con sus funciones.

El evento llevaba por nombre el alienado título de “Éxito Americano” y, según la Fiscalía, Romero le habría ordenado a Granuelly que “a través del celular, llamara a las personas para invitarlos al evento”. La mujer reconoció que así lo hizo.

acusación peculado
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado recursos del Estado “para fines ajenos al servicio parlamentario”.

Romero habría dispuesto que otros dos celulares proveídos por el Estado, cuyos saldos pagamos todos los peruanos, sean utilizados como número de contacto de un evento llamado “Certificación Internacional-Formación de instructor para Firewalk”. En la publicidad colocan, además, el número de cuenta de su tío, Julio Castro Segura.

Varios de los trabajadores de Romero, además, no acudían regularmente a la oficina del parlamentario y hasta se les había visto llegando a las instalaciones de Master Training International, en La Molina, en horarios de oficina. Las ausencias nunca fueron comunicadas al área de recursos humanos.

El documento fiscal, que resuelve “haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Romero fue alcanzado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en febrero pasado. La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), miembro de este grupo de trabajo, señala que hasta hoy no se ha agendado, porque se ha priorizado los casos emblemáticos.

Lo cierto es que Romero tiene en esta comisión dos posibles aliados: los fujimoristas Martha Chávez y Carlos Mesía. Está en sus manos realizar la denuncia ante el Pleno y que el caso pase a una Fiscalía Suprema. Este medio se comunicó con Jorge Romero en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición no respondió. Seguro lo hará en algún video de redes sociales.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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A mediados del año pasado, centenares de personas tuvieron que desembolsar montos astronómicos, ya sea porque no tenían seguro o porque no había una vacante en los hospitales que atendían casos de Covid-19. Luego de las denuncias y tras un ultimátum del expresidente Martín Vizcarra, el gobierno y las clínicas acordaron una tarifa plana para solucionar esta situación. Pero no todas las clínicas firmaron el convenio, este hizo agua por todos lados y la desgracia continuó.

 

En plena segunda ola, en febrero pasado, la joven vendedora Peggy Blanco contó a BBC Mundo que su padre, un jubilado de 74 años, logró sobrevivir a la Covid-19 después de estar cerca de cinco meses internado en una clínica privada. La mujer denunció en aquel momento que le llegó una cuenta de $200.000. «Después de negociar con la clínica, la bajaron a US$140.000», narró.

Hernando Cevallos, el casi seguro ministro de Salud de Pedro Castillo, asegura que, en un gobierno del profesor, episodios como estos “no tienen que pasar” y que “el sector privado tiene que ser solidario”. El voceado ministro de Salud señala que, si bien las empresas de salud tienen gastos operativos y necesitan ganar dinero, “deben entender que estamos en una emergencia” en la que “no se puede tener una actitud de lucro”.

 

El pasado 15 de mayo, en la plaza Manco Cápac de La Victoria, el médico pediatra y excongresista, Hernando Cevallos, fue presentado por el profesor Castillo como el encargado del equipo técnico de Salud de Perú Libre. El 23 de ese mes, estuvo en el debate de técnicos.  Es voceado como el nuevo ministro de Salud, aunque él no ha querido hablar de este tema con Sudaca (Foto: El Comercio).

 

Desde la tienda del lápiz tienen claro que podrían utilizar el arma que Vizcarra finalmente no se atrevió a desenvainar. Cevallos asegura que, en una situación de emergencia, estarán listos para aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Esta indica que el Estado podrá “intervenir” para atender la salud de la ciudadanía. “La ley le permite al Estado poder intervenir y decirle al sector privado: ‘Vamos a sentarnos, la cosa no es así, ¿no?’. Estamos en una emergencia sanitaria, hay que ser solidario. El concepto es que se privilegie la vida del ciudadano por encima de cualquier negocio”, apunta el médico pediatra.

“Si el Estado tiene la urgencia, la necesidad de intervenir para regular los precios del sector privado, tendrá que hacerlo. Que quede claro: no es que entra Castillo y va a regular los precios, porque eso no va a ser así, pero si el Estado ve superada su capacidad de resolución, no vamos a dejar que la gente se las arregle como sea”, explica.
Lo mismo aplicará para los medicamentos. “Se puede hacer un control de precios en emergencia”, dice. En el Perú, un solo grupo empresarial -Intercorp- tiene un dominio casi absoluto del canal moderno de cadenas de farmacias.

 

El 30 de mayo, el doctor Hernando Cevallos asesoró al profesor Pedro Castillo en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (foto: Caretas).

 

Los gremios se encrespan

Sudaca envió un pliego de preguntas al presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Miguel Ramírez Noeding, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta. Otros gremios, en cambio, sí se animaron a participar de este informe.

El ingeniero industrial José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmaceúticas Nacionales (Adifan), califica el anuncio de un control de precios de medicamentos durante la pandemia como mera “propaganda”, porque “será muy difícil de realizar”.

“Todas las veces que han querido ponerse a regular los precios ocurre que salen mascarillas a tres, cuatro o cinco soles y [el gobierno dice] ‘ya máximo un sol’ y ya estamos en cincuenta céntimos. Nadie tuvo que ponerle un límite al precio de las mascarillas. Los únicos que se aprovecharon fueron los proveedores de instituciones públicas que se hicieron ricos levantándose la plata, ¿o es que se olvidan que así ha sido?”, recuerda Silva.

 

José Enrique Silva, presidente de Adifan, asegura que el anuncio de regulación de precios es parte de una «propaganda» del partido del lápiz, pero quiere dialogar (foto: Gestión).

 

Silva, sin embargo, se muestra dispuesto a dialogar con las próximas autoridades del sector. La presidenta de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas y Farmacias (Anacab), Carla Sifuentes, también. La Anacab representa a 2.400 establecimientos a nivel nacional, entre las que se encuentran las principales cadenas como Inkafarma, MiFarma y Boticas Perú.

Sifuentes apunta sus propias críticas. “Con el control de precios, lo único que estás haciendo es generar ‘mercado negro’ porque, además, ya tenemos informalidad en el país. Tenemos gente que compra medicina adulterada y vencida, y eso es catastrófico para la salud de los peruanos. Un control de precios, está demostrado a nivel de Europa, Latinoamerica y mercados desarrollados, genera siempre un ‘mercado negro’. Entonces, ¿cómo nos caería eso en la salud pública si lo que queremos es mejorarla?”, sostiene.

Sobre la denuncia de alza de precios de medicamentos en las cadenas de boticas durante la primera ola, la titular de Anacab dice que lo que sucedió es que, al cerrarse el mercado internacional, «se acabaron los medicamentos genéricos y solo quedaron los medicamentos de marca”. Estos son más caros y eso -asegura- causó la sensación de una subida de precios. Señala que ahora están tomando medidas de abastecimiento para que eso no vuelva a ocurrir.

 

Carla Sifuentes, presidenta de Anacab, señala que su sector es respetuoso de las leyes, pero considera que el control de precios crea un «mercado negro»; por eso, subraya que está dispuesta a conversar con el próximo gobierno (foto: Twitter de Carla Sifuentes).

 

Tercera ola

Según Cevallos, el gobierno de Pedro Castillo sabe que se debe preparar para enfrentar una nueva escalada de los contagios por coronavirus. “Es muy probable [que sea más fuerte que la primera ola del año 2020]”, prevé. En sus cálculos está que la tercera ola golpee al Perú entre finales de julio e inicios de agosto.

“Sabemos que en el país, y ya quedó demostrado en la primera etapa de la pandemia, tenemos una gran debilidad en el sector salud. Y, además, si bien ahora el ministerio de Salud ha acelerado, el porcentaje de vacunación es bajo, porque solo es del 8% y 9% [de la población]”, asegura el excongresista del Frente Amplio.

El crónico desabastecimiento de oxígeno deberá, entonces, solucionarse rápidamente. Cevallos adelanta que el plan de Perú Libre contempla la adquisición, “como mínimo”, y en un inicio de su gestión, de 120 plantas de oxígeno medicinal, puesto que actualmente solo existen 200 (se desembolsará de un presupuesto adicional de S/3.000 millones, lo explicamos más adelante).

Durante las dos primeras olas, el precio de la recarga de un tanque de 10 litros de oxígeno llegó a costar entre S/800 y S/1.000. En caso de que comience una tercera, Cevallos insiste en el posible control de precios. Y añade que, en este caso, podrían pedir al sector empresarial que produzca más oxígeno medicinal pese a que para ellos es menos rentable que la producción de oxígeno industrial.

El otro lastre es el déficit de camas UCI, aunque para Cevallos el principal problema radica en la falta de especialistas. En el país, actualmente, solo hay 1.500 intensivistas y formarlos demora entre tres y cuatro años. Por eso, ante una eventual tercera ola, el técnico de Perú Libre señala que el número de camas UCI a disposición «va a depender de la capacidad [de personal] que tengamos”.

La solución pasaría entonces por el aislamiento social y la entrega gratuita de los ‘kits para la vida’ -un paquete que contiene mascarillas KN95, jabón y alcohol medicinal- a toda la población. Explica que el principal objetivo es evitar que la gente llegue a necesitar camas UCI. Para eso, necesitarán implementar un plan de cercos epidemiológicos. “Evitar que, cuando tienes un paciente con Covid, esta no pueda circular por todo lado, contagiando”, señala.

“Si ese paciente necesita oxígeno, no tiene que ir al hospital. Se tienen que crear centros de oxigenación temporal en los barrios. ¿Qué son esos centros? Son casas donde hay concentrados de oxígeno, de hasta 10 litros, con lo que se puede tratar a los pacientes en etapa leve de Covid”, agrega.

Cevallos explica, además, que en los hospitales se habilitarán “Unidades de Cuidados Intermedios Respiratorios, con cámaras de alto flujo, para que el paciente no necesite pasar a UCI, donde hay una posibilidad más alta que se complique”, apunta.

Vacunas y S/3.000 millones de inversión

¿Cuánto dinero necesitará Perú Libre para implementar todo su plan contra el virus? El voceado ministro de Salud señala que en el inicio del gobierno del profesor Castillo se necesitará una inversión de S/3.000 millones, en una partida adicional al presupuesto del sector, exclusivamente para combatir la Covid-19.

Cevallos dice que el dinero se destinará también al mejoramiento de la infraestructura de algunos establecimientos de salud y la implementación de brigadas de atención médica en los barrios (5.000 equipos para atender enfermedades no Covid).

El dinero, por supuesto, también irá a la adquisición de plantas de oxígeno y más vacunas. Sobre esto último, según el gobierno, hay alrededor de 60 millones que estarían llegando al país entre el tercer y cuarto semestre. “Esperemos corroborar esto durante el proceso de transferencia. Vamos a ver qué dicen los contratos”, aclara Cevallos.

No obstante, propone salir a la compra de más lotes, “porque con esta variante [Delta] ya muchos países están por su tercera dosis para reforzar la segunda. No sabemos exactamente cuánto dura la inmunidad de cada vacuna ni cuánto va a durar la pandemia”.

La meta del gobierno de Pedro Castillo es vacunar a más de 20 millones de peruanos mayores de 18 años antes de fin de año. Y si se puede empezar a vacunar a los adolescentes y los niños, “lo haremos en todo el tiempo que podamos”.
En el proceso de vacunación, Cevallos no descarta que se pueda formar una alianza con las clínicas y las farmacias para que participen de la colocación de los antídotos en sus establecimientos, puesto que hasta el momento no podrán participar en el proceso de compra y/o venta de las vacunas. De ser ministro, tendrá que acostumbrarse a lidiar con un sector empresarial que los mira con recelo.

 

  • Pd: La entrevista al doctor Hernando Cevallos se realizó el pasado 30 de junio. Por ese motivo, podría haber información estadística que no esté actualizada.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Imágenes: Andina

 

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