[INFORMES] Las afirmaciones del Gerente Municipal de San Isidro acerca del futuro exitoso del proyecto del Centro de Salud Municipal, a pesar de las deficiencias técnicas y los problemas de permisos y autorizaciones, suscitan interrogantes sobre la resolución de las irregularidades previamente señaladas en Sudaca. ¿Realmente han sido abordadas estas problemáticas?
Antes de hablar en concreto del caso, en este inicio del 2024, presentamos esta primera nota periodística, desentrañando los intrincados sucesos que rodean el «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar» en San Isidro. En este caso, descubrimos giros sorprendentes, decisiones cuestionables y el incansable esfuerzo de los vecinos por defender la integridad de su comunidad. Acompáñame en este viaje periodístico que promete arrojar luz sobre la verdad, desafiando las sombras de la opacidad y revelando las complejidades detrás de este proyecto que afecta a San Isidro. ¡Bienvenidos a un año lleno de historias que inspiran la búsqueda incansable de la verdad!
El caso de San Isidro
En respuesta a las inquietudes de los vecinos, Mario Altuna consultó al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la posibilidad de operar un centro de salud en el lugar, ya que la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01 inicialmente lo prohibía debido a la proximidad del terreno a una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones. La respuesta categórica de la entidad fue un rotundo «NO PROCEDÍA», arrojando dudas sobre la validez de la aprobación reciente del Gerente Municipal.
La DIRIS LIMA CENTRO, en un comunicado enviado al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) en junio de 2021, declaró que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. Esta información, desafortunadamente, parece haber sido ignorada durante la gestión del exalcalde Cáceres, quien demolió una vivienda sin cumplir con los requisitos del MINSA, dando inicio a la construcción de un edificio inacabado que la administración actual no ha detenido.
El «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano» revela una inversión inicial de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles, que se incrementa a S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles bajo la gestión de Cáceres. Estos cambios financieros plantean cuestionamientos adicionales sobre la transparencia y la gestión económica del proyecto.
A pesar de las advertencias públicas en una edición del diario #AlDía, donde la alcaldesa expresó su compromiso en recomponer los detalles, la seguridad del Gerente Municipal respecto a la viabilidad del proyecto genera un dilema sobre la integridad del proceso. Mario Altuna destaca la gravedad del caso, sugiriendo que se abran procesos contra los responsables, ya que la edificación podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud, según sus afirmaciones.
La ubicación del terreno a menos de 100 metros del grifo REPSOL y del Colegio John Neper, junto con las disposiciones de la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíben la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos, plantean inquietudes adicionales sobre la idoneidad del emplazamiento.
El pasado de la clínica municipal
Manuel Velarde Dellepiane, quien ocupaba el cargo de burgomaestre en el distrito de San Isidro, presenció la declaración de viabilidad del «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de San Isidro«. Según la información obtenida por Sudaca, este proyecto, identificado con el Código Único Nº 2369797, tenía una inversión inicial, como comentamos anteriormente, de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles.
Este monto abarcaba diversas mejoras en las instalaciones de la infraestructura del local de la calle Paul Harris, así como la adquisición de un inmueble destinado al Centro Médico Municipal en la urbanización CORPAC. El presupuesto para la adquisición se estimaba en S/. 4,860,000.00 Nuevos Soles, mientras que el acondicionamiento estaba presupuestado en S/. 1,425,454.07 Nuevos Soles.
El entonces alcalde Velarde concluyó su gestión sin iniciar el proyecto. Al sucederlo, Augusto Cáceres, se modificó la inversión a un total de S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles. Durante su gestión, se llevó a cabo la Contratación Directa Nº 6-2019-SL/MSI-1 para la «Adquisición de Inmueble-Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano». La Municipalidad de San Isidro otorgó la buena pro a la empresa ARTE INVERSIONES S.A, por un inmueble en la avenida Guardia Civil N° 754-760, con un valor de S/ 6,595,842.24 Nuevos Soles.
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, la Municipalidad de San Isidro emitió la Orden de Servicio N° 4064-2020 por S/ 9,800.00 para el expediente técnico de la demolición del inmueble. En medio de estas acciones, los vecinos, entre ellos Mario Altuna, realizaron una consulta al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la viabilidad del centro de salud en el lugar, considerando la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01. La respuesta de la entidad fue un contundente «NO PROCEDÍA».
Esta información, transmitida por la DIRIS LIMA CENTRO al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) el 30 de junio de 2021, establece claramente que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. A pesar de estas advertencias, la gestión de Cáceres demolió la vivienda y continuó con la construcción de un edificio de cinco pisos que aún no está terminado.
Mario Altuna, uno de los denunciantes en este caso, señala que la obra podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud. A pesar de la gravedad del caso, la actual alcaldesa de San Isidro no ha detenido el avance de la obra, a pesar de su conocimiento sobre el tema durante su período como regidora en la gestión de Cáceres.
Ubicado a 81.97 metros del grifo REPSOL y a 70.80 metros del Colegio John Neper, el predio incumple las precauciones establecidas por la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíbe la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos.
La falta de cumplimiento de las precauciones establecidas podría perjudicar significativamente a los residentes de San Isidro. En medio de trámites cuestionados, el edificio y los sueños de varias gestiones permanecen en una situación de incertidumbre, exigiendo una revisión más profunda de la actuación de la Contraloría, la DIRIS y la actual alcaldesa.
Sudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.
A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.
La presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.
SI NO ME ACUERDO NO PASÓ
“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
En este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.
Sudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.
“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.
UNA GANADORA CUESTIONADA
La polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.
Sin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.
Tras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.
El Comité de Gestión de Alto Nivel respalda el cierre, pero hay divisiones entre la Municipalidad de Lima y el MINAM sobre la posible aprobación del PAMA. En ese entonces, los vecinos expresaron su apoyo al cierre temporal, mientras que exigían un cierre definitivo y acciones más contundentes por parte de las autoridades para salvaguardar la salud de la comunidad en Lomas de Carabayllo.
A pesar de tener 10 años para cancelar la deuda, la Municipalidad de Lima la saldó en aproximadamente cinco semanas, realizando pagos significativos en enero y febrero de 2006. Según la denuncia fiscal, los costos de esta operación financiera corresponden a Comunicore y no a la Municipalidad de Lima.
Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.
No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.
Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.
Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.
Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.
Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.
Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.
