[INFORME] El contenido de las llamadas entre fundador de Industrias Argüelles y la persona encargada de reunirse con la jueza Becerra exponen la estrategia que involucraba un soborno muy generoso a cambio de una sentencia favorable.
En octubre de 2024, el empresario Aniceto Argüelles logró un acuerdo de terminación anticipada como parte de lo que sería una estrategia para evitar pisar una cárcel. Este proceso penal especial pone como condición innegociable que el imputado acepte su responsabilidad en el caso que lo involucra.
En el caso de Argüelles se le acusaba de haber sobornado a una magistrada que estaba a cargo de un caso que involucraba a su empresa Industrias Argüelles con la adquisición de un terreno de diez mil hectáreas haciendo uso de documentos falsificados y en perjuicio de una comunidad campesina.
Sin embargo, pese a que aceptó su responsabilidad en este caso, la empresa de Argüelles no sólo ha seguido participando de licitaciones públicas sino que sigue ganando millonarios contratos con varios distritos. Sudaca pudo acceder a los detalles del acuerdo de terminación anticipada que exponen las maniobras a las que recurría el fundador de esta empresa que sigue llenando sus arcas con dinero de los contribuyentes.
“RECONTRA POSITIVO”
En medio del proceso que involucraba a Abel Cruz Mosqueira Ortiz, el encargado de conseguir las firmas para el proceso de venta fraudulento, se produjo la siguiente comunicación en la cual Silvio Muñoz, identificado como persona de confianza de Aniceto Argüelles, asegura que “las personas encargadas” le han garantizado que “eso sale recontra positivo”.
Incluso el propio hombre de confianza de Argüelles reconoce que se están llevando a cabo pagos como parte de este caso. En esta parte de la conversación no sólo admite que estaban pagando sino que el empresario era parte del encuentro en el cual se ponían de acuerdo sobre los pasos a seguir.
Otra de las llamadas registradas brinda detalles del pacto entre Argüelles y Roxana Becerra, la magistrada a cargo del caso. El 26 de abril del año 2019, Becerra Urbina se habría reunido con Silvio Muñoz y, posteriormente, este le brindó detalles al empresario sobre las acciones de la jueza en favor de los intereses de Argüelles. “Ingeniero, no se preocupe, ya lo tengo casi listo”, serían las palabras de Becerra a Muñoz.
INNEGABLE COMPLICIDAD
En esta llamada Muñoz también reconoce que le pidió a Becerra Urbina que “acelere todo” debido a que tenían otro proyecto pendiente y presume la complicidad lograda con la magistrada durante este encuentro. Muñoz, en esta conversación, le pide a Argüelles “dejarle veinte para su fin de semana”.
La cercanía entre la magistrada Becerra y el emisario de Argüelles llegó al punto en el cual habían pactado un encuentro con familiares de la jueza y, por ello, Muñoz comentaba con el empresario la compra de botellas de whisky para estas reuniones que sostendrían.
Durante los últimos días del mes de mayo se conoció que la sentencia de la magistrada Becerra para Abel Cruz Mosqueira Cruz serían cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida y, tan sólo unos días después, se produjo la venta de un terreno que le pertenecían tanto a Roxana Becerra como a dos familiares más a Silvio Muñoz. Cabe señalar que a esta venta le siguieron varios encuentros para entregar elevadas sumas de dinero.
Estas maniobras ponen en evidencia la manera en que Argüelles solucionaba las situaciones irregulares en las que su empresa se veía involucrada. Pero, pese a ello y a que el acuerdo de terminación anticipada lo inhabilitada de participar en procesos de licitaciones públicas, Industrias Argüelles ha firmado no uno sino dos contratos con la Municipalidad de La Molina por un monto que supera los cincuenta millones de soles.
[INFORME] Mientras en sus spots de campaña José Williams invita a sus votantes a salvar al Perú, entre los posibles integrantes de su bancada figuran personajes con sanciones, condenas y hasta un pasado muy cercano al líder etnocacerista Antauro Humala.
Avanza País se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la campaña electoral y no precisamente por ocupar uno de los primeros lugares en las encuestas. Luego de varios meses en los cuales Phillip Butters recorrió diversas plazas y programas presentándose como el candidato presidencial, el conductor de televisión terminaría por abandonar la contienda en medio de un clima tenso con quienes toman las decisiones en el partido del tren.
Tras el fin del sueño presidencial de Butters, el elegido por Avanza País fue el congresista José Daniel Williams Zapata. Aunque es parte, e incluso ha sido presidente, del desprestigiado Congreso, la cúpula de su partido puso sus esperanzas en el pasado militar de Williams Zapata para este sea su principal atractivo al momento de convencer a un electorado que, según las recientes encuestas, todavía tiene a un considerable sector de la población sin un favorito para las elecciones.
Sin embargo, la lista de personas que acompañarían a Williams en esta aventura presidencial cuentan con un historial muy particular. Sudaca pudo revisar las historias detrás de sus candidatos al Congreso y encontró desde contradicciones ideológicas hasta problemas con la justicia.
DEL ODIO AL AMOR…
“Nuestro país vive momentos dramáticos que nos obligan a tomar una decisión trascendental. O nos quedamos tranquilos viendo como nuestro país se hunde en el precipicio de la izquierda…”, con esas palabras José Williams lanzó su primer video de campaña este 2026 posicionándose como un antagonista de los candidatos de izquierda.
— Avanza País-Partido de Integración Social (@AvanzaPais_Peru) January 2, 2026
Sin embargo, al revisar la lista de candidatos al Congreso que presentó Avanza País se pudo encontrar a personajes vinculados que no sólo se relacionan con uno de los sectores más radicales de izquierda sino que directamente han mantenido un vínculo y hasta expresado admiración por Antauro Humala.
Este es el caso de María Isabel Bartolo Romero, quien es candidata de Avanza País por la región Ancash. Bartolo sabe lo que es ocupar una curul debido a que postuló en las elecciones extraordinarias del 2020 y tuvo un paso breve por el hemiciclo. Esta experiencia previa fue con Unión Por el Perú, una agrupación estrechamente vinculada con el líder etnocacerista.
María Isabel Bartolo Romero no sólo defendía el programa ideológico de un partido en el cual Antauro Humala era una figura determinante sino que, tal como lo expuso una investigación de Perú21, dialogaba como el responsable del ‘Andahuaylazo’ y hasta le confesaba que era un honor comunicarse con él y escuchaba sus planes para llegar a la presidencia.
Pero en la lista de Avanza País hay más de un exintegrante de Unión Por el Perú. Entre los candidatos a diputados por la región Piura figura Francisco Ayala Chunga. A diferencia de Bartolo, Ayala Chunga no logró convertirse en congresista, pero sí fue uno de los candidatos de esta agrupación aliada de Antauro Humala en las elecciones del 2021.
TREMENDO HISTORIAL
Si bien se ha vuelto una historia repetida que los congresistas, más temprano que tarde, decepcionen a sus votantes, algunos candidatos acumulan en su historial varias advertencias que invitan a imaginar la manera en que se desempeñarán en el cargo. Este parece ser el caso de uno de los candidatos de Avanza País por la región Cajamarca.
Godo Manuel Vásquez Becerra, quien busca llegar al parlamento de la mano de Williams y Avanza País, recibió una sanción en octubre del año 2024 por contratar con el Estado pese a estar impedido debido a que había sido elegido para el cargo de consejero regional de la región Cajamarca en el periodo 2019 – 2022.
Acorde a información del Tribunal de Contrataciones del Estado, Vásquez Becerra pasó por alto este impedimento y en enero del 2021 obtuvo una orden de servicio por el alquiler de un inmueble a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y por lo cual recibiría un monto de S/270,000.00.
Esta lista de candidatos con un historial polémico la completa Juan Francisco Gasco Barreto. El exalcalde de Nuevo Chimbote, quien ahora busca convertirse en congresista, acaparó las primeras planas pero no precisamente por la eficiencia de su gestión sino porque se mantuvo prófugo durante varios años cuando se enteró que estaba siendo procesado por el presunto delito de colusión y por lo que fue sentenciado a seis años de prisión en 2019.
Los escándalos en Avanza País por los candidatos al Congreso no son nuevos. Durante la etapa en la que Phillip Butters se posicionaba para luchar por la presidencia, la exbailarina Génesis Tapia y Karen Paniagua, conocida creadora de contenido en la plataforma Onlyfans, fueron consideradas seriamente para integrar esta lista de aspirantes a una curul.
Sacándole provecho a su historia como miembro de las Fuerzas Armadas, José Williams busca ganarse la confianza de un electorado que, en mayoría, todavía permanece escéptico. Sin embargo, el batallón que lo acompaña en esta misión no sólo muestra un pensamiento distinto a lo que el expresidente del Congreso pretende representar sino que arrastran un historial que está lejos de generar confianza.
[INFORME] Una visita de control encendió las alarmas sobre el presente del Fondo Editorial del Congreso al encontrar irregularidades en los registros. Sudaca pudo revisar este documento que habla de posibles pérdidas de bienes y acusa un desorden administrativo.
Aunque su accionar en el hemiciclo los ha mantenido bajo la mirada crítica de la población desde el primer día que llegaron al Palacio Legislativo, eso nunca logró persuadir a las bancadas de mayor peso en sus intenciones de sacar el mayor provecho posible a este periodo de cinco años y favorecer a los intereses de los líderes de sus partidos y de los propios parlamentarios.
Pero este aprovechamiento no solamente se vio en los proyectos de ley que los congresistas aprobaron. Durante estos años, la repartición de jefaturas y oficinas del Congreso fue lo menos discreta posible y aquellas agrupaciones políticas con más influencia en el Legislativo, como Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, lograron acomodar a sus aliados en diversos cargos sin importar si sus credenciales justificaban dicho nombramiento.
En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se evidencian las consecuencias de haber entregado puestos importantes a personas que no estaban capacitadas para ello y que no han podido mejorar la situación de los sectores que se les encargó.
OTRA VEZ EL FUJIMORISMO
Hace casi tres décadas, el Fondo Editorial del Congreso surgió como un órgano que tendría a su cargo la publicación y difusión de libros relacionados con la historia, la identidad y el escenario social del Perú. Acorde a lo que indican en su propia página web, entre sus funciones también se incluye el ofrecer “trabajos clásicos del pensamiento peruano y difunde estudios sobre la realidad nacional”.
Sin embargo, lejos de recurrir a un historiador o bibliotecólogo para la jefatura del Fondo Editorial, Patricia Juárez, congresista que ocupaba la primera vicepresidencia en septiembre del 2024, decidió que la mejor opción para dicho puesto era Karina Beteta Rubín, quien casualmente es una exparlamentaria de Fuerza Popular y ahora recibe un sueldo de casi veinte mil soles gracias a su compañera de partido.
En este punto es preciso señalar que el Fondo Editorial del Congreso no ha tenido el mejor manejo en lo que respecta a su inventario y las recientes gestiones no lo han podido solucionar. Acorde a un acta de conciliación que data de febrero del año 2025, se pudo encontrar que hasta esa fecha existían 5,362 libros faltantes y 3,775 sobrantes.
Según dicho documento, en el manejo de productos destinados para la venta que tiene a su cargo el Fondo Editorial, como libros, discos y folletos, se había observado una gestión deficiente. “Registros contables que no reflejan la realidad” y “debilidad en los procesos operativos” son algunos de los serios cuestionamientos que llevaron a que se hable de un desorden administrativo.
Estas notorias diferencias ponen al descubierto que, según lo señalado por el propio documento de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso, en el Fondo Editorial del Congreso se podría haber producido una pérdida de bienes así como compras, ventas y devoluciones que no fueron registradas.
FONDO EDITORIAL NARANJA
Cabe señalar que no es la primera vez que el fujimorismo coloca a una de sus integrantes al frente del Fondo Editorial del Congreso. Antes de la llegada de Beteta Rubín en septiembre del 2024, este puesto lo ocupaba Milagros Takayama, otra exparlamentaria de la agrupación de Keiko Fujimori.
Además, tal como lo reveló un informe del diario La República en enero del 2025, son varias las jefaturas que, durante el actual periodo, han caído en manos de militantes, candidatos y trabajadores del partido naranja. Por ejemplo, Diethell Columbus, quien ha sido congresista de Fuerza Popular y volverá a postular en las elecciones del presente año, fue nombrado jefe del Departamento de Biblioteca del Congreso.
En esta lista también apareció la excongresista naranja Milagros Salazar, a quien se le encargó la Oficina de Participación Ciudadana y Wilfredo Ponce de León Pandolfi, quien ha sido abogado de Fuerza Popular al mismo tiempo que ocupaba el cargo de jefe de la Asesoría Jurídica del Congreso.
Los orígenes del Fondo Editorial del Congreso se encontraron estrechamente vinculados con una figura fujimorista como la de Martha Hildebrandt, pero hoy, paradójicamente, es el propio fujimorismo quien está a cargo y no ha logrado corregir estos problemas. Por el contrario, pareciera sólo ver en el cargo de jefe del Fondo Editorial la posibilidad de mantener a sus excongresistas entretenidos con un generoso salario.
Karina Beteta Rubín, actual jefa del Fondo Editorial del Congreso, se comunicó con Sudaca para señalar que su gestión, que empezó en octubre del año 2024, no ha sido responsable de estas diferencias de inventario que “corresponden a situaciones administrativas acumuladas durante varios años” y que también se reportaron durante las gestiones de Milagros Takayama, Carlos Cabanillas y Ricardo Vásquez Kunze.
La excongresista indicó, además, que si bien en el informe de visita de control realizado durante 2025 también se reportaron 650 libros faltantes, durante esta verificación omitieron revisar otros almacenes físicos y virtuales a cargo del Fondo Editorial del Congreso en los cuales se pudo acreditar la existencia de estos libros faltantes.
A continuación, publicamos el descargo que Karina Beteta Rubín, jefa del Fondo Editorial del Congreso, envió a este medio.
CARTA DE DESCARGO Y SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
Lima, 16 de enero, 2026
Señor:
Juan Carlos Tafur
Director del Portal Digital SUDACA
Con atención: Sr. Cristian Rebosio (periodista del portal digital SUDACA)
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con la finalidad de expresar mi enérgico rechazo y subsanar la evidente falta de prolijidad en el desarrollo de la investigación periodística liderada por el Sr. Rebosio. Es importante señalar que, de su parte, no recibí comunicación alguna que me brindara la oportunidad de contrastar la información antes de su publicación. Esta omisión vulnera el principio fundamental de réplica y el propio decálogo de ética de su medio, porque más allá del natural sesgo que acompaña al redactor de cualquier artículo, en este caso han omitido buscar los descargos de los personajes, instituciones o empresas que son acusados de algún delito o mala práctica. No hacerlo es una falta grave a su labor.
El informe publicado se sostiene sobre tres premisas tendenciosas: el cuestionamiento a mi idoneidad como gestora pública, la supuesta desaparición de 5,000 libros y un presunto desorden administrativo, con el claro objetivo político de mellar la imagen de mi partido, Fuerza Popular, y mi candidatura actual.
Al respecto, debo precisar lo siguiente:
Sobre el alcance real del Informe de Visita de Control N.° 027-2025-OAI/3346-SVC
El informe citado en su nota corresponde a una Visita de Control, instrumento cuyo propósito es identificar situaciones adversas para su corrección o mitigación, y no determinar responsabilidades funcionales o personales.
El referido informe:
No atribuye responsabilidad administrativa, civil ni penal a funcionario alguno.
No identifica perjuicio económico al Estado.
No individualiza conductas ni califica actos de gestión como irregulares o ilícitos.
Por tanto, cualquier atribución personal de responsabilidad no deriva del contenido del informe, sino de una interpretación externa que excede su alcance técnico.
Sobre la imputación temporal del problema a mi gestión
Mi designación como jefa del Fondo Editorial del Congreso se produce en octubre de 2024.
Las diferencias de inventario observadas en la Visita de Control no se generan durante dicho periodo, sino que corresponden a situaciones administrativas acumuladas durante varios años.
Ello se encuentra acreditado documentalmente en:
Actas de conciliación de inventarios de los años 2018, 2021, 2022 y 2023, en las que ya se consignan diferencias entre inventario físico y Kardex contable. (ANEXOS)
El Informe de Estado Situacional N.° 152-2022-FEC, elaborado al inicio de la gestión anterior, que reconoce expresamente:
Falta de control integral de inventarios.
Consignaciones sin rendición.
Donaciones sin descargo contable oportuno.
Diferencias consolidadas de stock.
Estos documentos preceden ampliamente a mi gestión y demuestran que el problema no se origina ni se crea en el periodo que me corresponde.
Sobre la atribución personal contra mi persona
Su nota establece una relación directa entre las observaciones del informe y mi persona, sin precisar que:
El Kardex contable es heredado y no se reinicia con cada cambio de gestión.
Los saldos observados corresponden a ejercicios anteriores, reconocidos formalmente por la propia entidad.
La Visita de Control no formula imputación personal alguna, ni siquiera de carácter preliminar.
Desde el punto de vista administrativo, no es correcto atribuir a un funcionario la generación de diferencias históricas que ya se encontraban registradas y documentadas al momento de asumir funciones.
Sobre el uso del dato del “4 %”
El porcentaje consignado en su nota no representa la existencia real de los bienes del Fondo Editorial, sino el nivel de coincidencia exacta entre el Kardex contable y una verificación física parcial.
El propio Informe de Visita de Control reconoce la existencia de: Sobrantes. Faltantes.
Almacenes y modalidades de distribución no consideradas inicialmente (donaciones, consignaciones, derechos de autor, canjes y depósitos legales).
Por tanto, presentar dicho porcentaje como si implicara la inexistencia material de los bienes no se ajusta al contenido del informe técnico.
Sobre los ingresos por venta de libros
El informe citado verifica expresamente que los ingresos revisados:
Fueron depositados en el Banco de la Nación.
Cuentan con comprobantes y registros de venta.
No existe en el informe observación alguna referida a apropiación indebida, malversación o uso irregular de recursos públicos, ni referencia a conductas atribuibles a mi gestión.
Sobre la oportunidad de la Visita de Control
La Visita de Control se produce como consecuencia de la activación de procesos de conciliación y revisión integral de inventarios, orientados precisamente a ordenar situaciones heredadas y no depuradas.
La identificación de brechas responde a la decisión de revisar exhaustivamente la información existente, y no a la generación de nuevas irregularidades durante mi gestión.
Precisión final
En atención a lo expuesto, considero necesario dejar constancia de que:
El informe citado no atribuye responsabilidad personal.
Las observaciones corresponden a situaciones históricas documentadas.
La vinculación directa de dichas observaciones con mi persona no se sustenta en el contenido del informe ni en la documentación administrativa existente.
La información que respalda este descargo se encuentra debidamente documentada y a disposición para su verificación.
Cuando la labor periodística carece de rigurosidad en la verificación de información, se convierte en una herramienta de difamación. Por ello, exijo que se sirvan considerar los documentos que adjunto a la presente para rectificar las afirmaciones vertidas. Quedo a su disposición para explicar a detalle los pormenores técnicos de este caso y demostrar que mi gestión ha sido la que, finalmente, está poniendo orden en el Fondo Editorial.
La verdad debe prevalecer sobre los titulares sensacionalistas por el bien del debate democrático y la unión de nuestro País.
En ese sentido, corresponde señalar que la atribución personal que se realiza en su nota, afecta mi honor y reputación profesional como funcionaria pública, al presentar como hechos imputables afirmaciones que carecen de sustento técnico.
Por lo expuesto, solicito que dicho contenido sea retirado, a fin de que la información difundida se ajuste al alcance real del informe citado y no continúe reproduciendo imputaciones personales que no han sido formuladas por ningún órgano de control.
[INFORME] Cometieron plagio en una tesis, omitieron información sobre aportes de campaña y postulan por regiones en las que no viven. La insólita lista de candidatos a diputados del partido de Carlos Álvarez.
Durante varios años, Carlos Álvarez se instaló en millones de hogares peruanos como un referente de los programas cómicos. Sus ocurrentes parodias de futbolistas, políticos, artistas y cuanto famoso se convertía en noticia llevaron a que “El Especial del Humor”, su ciclo televisivo más recordado, impacte en los peruanos de tal manera que hasta el día de hoy sus personajes siguen siendo recordados.
Sin embargo, en los años recientes, Álvarez intentó tener, nuevamente, un impacto en el público. Aunque esta vez no buscaría sus risas sino convertirse en la voz de la indignación ante problemas como la creciente crisis por la inseguridad o los interminables escándalos políticos de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
No pasó mucho tiempo para que el cómico ponga al descubierto su interés por incursionar en política y en el cargo más importante, el de candidato a la presidencia. De la mano de País para Todos, una de las nuevas plataformas políticas, Álvarez buscará este 2026 ingresar a la lista de mandatarios a los que hasta hace no mucho imitaba en televisión.
Aunque Carlos Álvarez ha tratado de mostrarse como un político disruptivo y no oculta su simpatía por políticos como Nayib Bukele, su partido parece estar incurriendo en los mismos problemas que los políticos tradicionales de los que intenta distanciarse. Sudaca pudo revisar la lista de personas que lo acompañarán en la contienda electoral y encontró varios detalles y antecedentes alarmantes.
CANDIDATO A LA DISTANCIA
País para Todos aparece en el panorama electoral como una de las alternativas nuevas que buscan aprovechar el descontento generado por los partidos tradicionales y lograr un considerable porcentaje de votos en abril de este año. Por supuesto, en esta tarea no está solo Carlos Álvarez sino que es acompañado por una extensa lista de candidatos a diputados y senadores.
Sudaca pudo revisar algunos de estos nombres que intentarán llegar al hemiciclo para respaldar el proyecto político del exintegrante de “El Especial del Humor” y encontró situaciones insólitas, como la de James Jefferson Meza Valencia. Este candidato a diputado cuenta con una sola experiencia laboral fue en 2025 trabajando para una cadena de sándwiches.
Lo más llamativo sobre la candidatura de Meza Valencia es que, tal como figura en sus documentos, su lugar de nacimiento fue el Callao, su domicilio se encuentra en Callao y su centro de labores se ubica en Lima. Sin embargo, en estas elecciones buscará convertirse en representante del departamento de Pasco, un lugar en donde no nació ni reside.
Pero este no es el único caso de un candidato que intenta representar a una región que conoce poco o nada. MerelIn Ibarra Serna y John Irwin Guevara Ancajima figuran en la lista de candidatos a diputados para la región Moquegua pese a que sus lugares de residencia son Huánuco y Callao, respectivamente. Mientras que María Elena Pampa Cuya, postulante por la región San Martín, tiene su domicilio en Lima.
La sorpresa es todavía mayor al revisar los candidatos que País para Todos presentó para la región Tumbes. Los cuatro candidatos que deberían ser la voz de los tumbesinos en el hemiciclo, Benancio Fidel Espinoza Saavedra, Mercedes Irene Placido Palma, Marcos Fidel Rey Huayhua y Angelica Roxana Placido Pampa, no residen en la región sino que los cuatro tienen domicilio en Lima. Cabe señalar que Benancio Espinoza es, además, fundador del partido.
EL DENUNCIADO
El partido de Álvarez, pese a su discurso que busca marcar distancia con aquellos que han estado en el poder durante los últimos años, tampoco ha podido escapar de tener en sus filas a candidatos con serias acusaciones. Uno de sus candidatos a diputados por la región Ucayali fue denunciado en el año 2020 por presentar una tesis que contenía varias páginas copiadas.
Steven Badyr Goycochea Silva es el nombre del candidato a diputado que fue denunciado luego que se detectara que ocho páginas de la tesis que sustentó ante la Universidad de Huánuco fueron copias íntegras de una tesis que se llevó a cabo en el año 2016. Goycochea fue sancionado con una multa de 4 UIT por esta grave infracción.
Pero Steven Goycochea no está solo en esta lista de candidatos con sanciones. Rubén Darío Cervantes Mansilla, quien intentará convertirse en diputado por la región Tacna, fue sancionado en febrero del 2022 con el pago de diez UIT debido a que no cumplió con presentar el informe correspondiente sobre los aportes e ingresos que recibió su campaña política cuando postuló en las elecciones extraordinarias del año 2020 y en las que, al igual que ahora, intentó llegar al Congreso.
Detrás de las risas que dejaron sus múltiples personajes, Carlos Álvarez afronta la etapa de mayor seriedad en su vida pública y, aunque tanto él como su partido representan las caras nuevas de la política peruana, estos antecedentes e incongruencias por parte de sus candidatos invitan a preguntarse si la renovación que intentan mostrar se quedó solo en la imagen mas no en el accionar.
[INFORME] Aniceto Argüelles logró salvarse de una condena más severa admitiendo que intentó sobornar a una magistrada. Pero no sólo evitó pisar una cárcel sino que ahora su empresa, Industrias Argüelles, firma millonarios contratos pese a que la ley dice lo contrario.
El 4 de octubre del 2024, Aniceto Argüelles logró un acuerdo trascendental para él y no fue precisamente por un tema ligado a su trabajo como empresario sino porque pudo conseguir un acuerdo de terminación anticipada que lo salvó de la cárcel. Cabe señalar que este proceso consiste en que el imputado logre un acuerdo con la fiscalía mediante el cual reconoce su responsabilidad y recibe una condena menor a la que podría pesar en su contra si el proceso seguía su curso.
EXTRAÑO DESCUIDO
Como se ha detallado en otros informes publicados por Sudaca, Argüelles se encontraba implicado en el caso de la compra fraudulenta de un terreno de diez mil hectáreas que le pertenecían a la Comunidad Campesina de Quipán. Para lograr que la jueza Roxana Urbina Becerra tome una decisión en favor de sus intereses y los de su aliado Abel Cruz Mosquera Ortíz, el encargado de falsificar los documentos de la compra en cuestión, Argüelles, haciendo uso de intermediarios, gestionó el pago de sobornos a la magistrada que fueron disfrazados de compras de terrenos familiares.
El accionar de Mosquera Ortiz consistió en aprovecharse de su condición de presidente de la Comunidad Campesina de Quipán para obtener las firmas de los comuneros e incluirlas en un acta que correspondía a una asamblea que nunca ocurrió y le permitiría venderle a Industrias Argüelles un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, un monto muy lejano al valor que le correspondería a un terreno de esa magnitud.
Si bien Argüelles logró librar el paso por un centro penitenciario, a cambio de ello el conocido empresario debía cumplir con varias normas de conducta. Además de no poder salir del país ni cambiar de domicilio sin avisarle a las autoridades con anticipación, Aniceto Argüelles debió pagar una reparación civil de veinte mil soles.
A ello se le sumaba que la justicia decidió que, como suele ocurrir en este tipo de casos de condenados por corrupción, Argüelles Loayza estaría inhabilitado para cumplir con una serie de funciones así como imposibilitado de firmar contratos con el sector público durante el periodo de dos años.
Pese a ello, el 15 de octubre del 2024, once días después del acuerdo logrado por el empresario, la Municipalidad de La Molina firmó un contrato con Industrias Argüelles por el alquiler de vehículos para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en este distrito.
En el contrato entre la Municipalidad de La Molina e Industrias Argüelles, que durará hasta el mes de octubre del año 2027, se establece que por este servicio se realizará un pago de casi treinta millones de soles en favor de la empresa del condenado Argüelles Loayza por el alquiler de estos vehículos.
OTRO CONTRATO PARA ARGÜELLES
Sin embargo, este no sería el único contrato entre la empresa de Argüelles y la Municipalidad de La Molina. El 24 de abril de 2025, por el servicio de alquiler de unidades vehiculares y maquinaria para el servicio de barrido mecanizado, el municipio que está bajo la conducción del alcalde Diego Uceda firmó un nuevo contrato con Industrias Argüelles cuya duración será hasta abril del año 2028 y por el cual se estará pagando un monto que supera los veintitrés mil soles.
Es importante tener en cuenta que contratar con la empresa de un sentenciado por corrupción no solamente puede ser cuestionable desde una perspectiva moral sino que la Ley de Contrataciones del Estado, más precisamente en el artículo once, indica que si las empresas tienen personas vinculadas que fueron condenadas por corrupción están impedidas de contratar.
El caso de Aniceto Argüelles invita a preguntarse si, en la práctica, existió alguna consecuencia importante para el empresario por haber sobornado a la magistrada Becerra. Porque lo que se puede observar en estos documentos es que, apenas días después del acuerdo de terminación anticipada, la empresa del condenado estaba firmando contratos millonarios.
[INFORME] Sudaca encontró uno de los nuevos gastos asumidos por el gobierno de José Jerí que por fin tienen que ver con seguridad. Sin embargo, este sólo beneficiará a los miembros del gobierno.
Apenas han transcurrido seis días del año 2026 y la delincuencia ha cobrado sus primeras víctimas. Durante el primer fin de semana del nuevo año, sólo en la capital se registraron más de diez asesinatos con arma de fuego y entre estas personas que perdieron la vida a manos de sicarios incluso se encontraban menores de edad.
Esta alarmante cifra de asesinatos ha ocurrido en un contexto en el cual el gobierno sigue sosteniendo un estado de emergencia cuestionado por su falta de resultados mientras espera el lanzamiento de lo que ha sido denominado como un nuevo plan de seguridad ciudadana que estaría por darse a conocer en los próximos días.
La población sigue viviendo en medio de la incertidumbre y el pánico, y resulta lógico que la pregunta sea por qué en el gobierno parecen no entender la urgencia de este problema que afecta a la mayoría de peruanos. Sudaca ha podido encontrar que la respuesta a esta pregunta podría estar en algunos de los contratos que el Ejecutivo ha firmado recientemente.
REALIDAD PARELELA
Terminar convertido en una víctima más de los extorsionadores, y posteriormente en un número más en la lista de objetivos de un sicario, se convirtió en una posibilidad tanto para una empresa que maneja grandes sumas de dinero como para un emprendimiento incipiente de ganancias mínimas.
Ante esta realidad que viene golpeando al Perú y amenaza con seguir escalando, más de uno se pregunta cómo desde las altas esferas de la política no parecen entender la gravedad de la situación y están tan convencidos que ellos no se verá afectados al punto que incluso intentan pintar los reclamos del color de sus adversarios políticos para que esa sea la excusa para no atenderlos.
La explicación detrás de este exceso de confianza parece estar en un plan de seguridad, pero no es el plan que se aplicará para el ciudadano común y que todavía no se anuncia sino el que han diseñado para ellos mismos. Sudaca pudo conocer que, además de la seguridad que acompaña al presidente Jerí y los miembros del gobierno, también están realizando una inversión extra.
El en mes de noviembre, el despacho de José Jerí adquirió los servicios de la empresa EXMASE – Expertos en manejo seguro. Ellos se encargan de instruir a los conductores en técnicas de manejo defensivo y evasivo con lo que pueden lidiar con situaciones como persecuciones y maniobras a alta velocidad.
Mientras el tiempo sigue transcurriendo sin que el Ejecutivo tenga un plan concreto para frenar la delincuencia, sus integrantes están reforzando su propia seguridad con dinero del erario público. Según la información que pudo revisar este medio, el despacho del presidente pagó más de quince mil soles a esta empresa que capacitará a sus choferes.
MARKETING A TODA MÁQUINA
Conscientes que esta falta de resultados en seguridad podría empezar a repercutir en el respaldo que todavía es favorable para José Jerí en las encuestas, el gobierno parece haber entendido que al menos tiene que proyectar una imagen que le permita parecer cercano a la población y por ello ha recurrido no sólo a una sino que a dos empresas que se dedican a las estrategias de comunicación, el posicionamiento de marca y las relaciones públicas.
Una de estas es MyM Comunicaciones. Esta empresa trujillana recibió un pago por S/. 4,484 durante el mes de noviembre del año pasado por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. En sus redes sociales, esta empresa destaca su experiencia realizando campañas de prensa.
Pocos días después, la PCM presidida por Ernesto Álvarez recurrió a los servicios de otra empresa dedicada al rubro comunicaciones. En esta oportunidad se trataba de DP Comunicaciones, a quienes se le pagó la cifra de S/. 2,491.67. Acorde a la información disponible, esta empresa se encarga de realizar las mismas funciones que MyM Comunicaciones.
Cabe señalar que no es la primera vez que el gobierno de José Jerí se ve involucrado con este tipo de contratos. En diciembre del año pasado, Sudaca dio a conocer que el Ministerio de Educación había recurrido a los servicios de una empresa llamada Producciones Génesis S.A.C. que se dedicaba al cuidado de imagen institucional y recibió dos órdenes de servicio por más de ocho mil soles.
Mientras el país todavía ve lejana la salida al pánico desatado por la inseguridad, el presidente José Jerí y los integrantes del gobierno parecen vivir en una burbuja presidencial donde no sólo están a salvo de la ola de delincuencia sino que se esfuerzan más por la imagen que proyectan que por los resultados de sus políticas.
[INFORME] Diversos ministerios parecen haber aprovechado el final del año para utilizar el presupuesto disponible en todo tipo de gastos. Desde un contrato de casi cuarenta mil soles con una cadena gastronómica hasta una orden de servicio con una empresa que prácticamente realiza las mismas labores que el área de comunicaciones.
La fiestas navideñas parecen haberse adelantado en varios ministerios. Pese a los constantes esfuerzos del gobierno de José Jerí por transmitir la imagen de una gestión abocada a la eficiencia del Ejecutivo, la situación que se viene observando en más un sector demuestra que el uso del dinero público no está siendo cuidado e incluso se está destinando a ciertas excentricidades y prioridades que distan de las preocupaciones que hoy tienen la mayoría de peruanos.
Sudaca pudo revisar algunos de los gastos asumidos por los ministerios y encontró desde costosos banquetes hasta la contratación de una empresa que se dedica a mejorar la imagen de instituciones. En esta lista incluso figura el nombre de un personaje que recientemente perdió su puesto tras un grave escándalo y no tardaron en reubicarlo en un cargo importante.
PARA ESTO SÍ HAY
Recientemente, la educación peruana estuvo en el centro de las polémicas luego que se revelara que el programa Beca 18 apenas cuenta con presupuesto para dos mil becas, un número muy distante de las veinte mil que en su momento el gobierno de José Jerí le había prometido a los jóvenes que, además, marca un drástico recorte al sector educación.
Sin embargo, mientras esta realidad golpea a los más de cien mil jóvenes que se inscribieron con la esperanza de continuar sus estudios y crece la incertidumbre, en el Ministerio de Educación optan por invertir su presupuesto en la contratación de una empresa que realiza las funciones de una central de medios.
Sudaca pudo acceder a las órdenes de servicio que el Ministerio de Educación pagó durante el mes de noviembre y encontró, tal como se puede observar en la siguiente imagen, que el Minedu invirtió en la contratación de la empresa Producciones Génesis S.A.C. más de ocho mil soles.
Es preciso señalar que el Minedu, como ocurre con todos los ministerios, cuenta con una oficina de prensa para que se encargue de cuidar la imagen institucional, difundir las actividades del ministerio y coordinar con los medios de comunicación. Pese a ello, el nuevo gobierno decidió contratar a una empresa que, como describe en su propio sitio web, se dedica a elaborar estrategias de comunicación y mejorar la imagen institucional.
Si bien la descripción de los servicios que ofrece esta empresa invita a creer que quienes más requerirían de sus servicios son quienes integran el sector privado, en la lista de sus clientes destacados figuran tres ministerios, un organismo de la Municipalidad de Lima, el Gobierno Regional del Callao y hasta el Congreso de la República, quienes en el mes de abril pagaron S/. 26,900 para que esta empresa se encargue de las invitaciones para “presentar expresiones de interés para los procedimientos” relacionados con la implementación de la bicameralidad.
PROVECHO, CANCILLER
Las semanas recientes han sido, indudablemente, muy agitadas para la Cancillería. Desde las declaraciones del presidente Jerí abriendo la puerta a una intervención a la embajada mexicana hasta el posible panorama crítico que se podría generar en la frontera con Chile tras el anuncio del nuevo mandatario José Kast sobre la expulsión de inmigrantes llevaron a que se generen momentos de tensión.
Aparentemente, para aliviar este clima de preocupación, la Cancillería no tuvo mejor idea que contratar los servicios de una cadena gastronómica. Por supuesto, al momento de invertir en dicha contratación no tuvieron reparos en destinar para este fin el monto que sea necesario y, por ello, para la contratación de Cadena Gastronómica HQOD se destinaron cerca de cuarenta mil soles.
CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA…
Este festín navideño incluso parece haber alcanzado a quienes experimentaron graves cuestionamientos y este sería el caso de Alberto Tejada Conroy. En los primeros días del mes d noviembre, Tejada Conroy, quien es hijo del exalcalde Alberto Tejada, fue designado como gerente general del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en una decisión que le competía al Ministerio de Educación.
Sin embargo, poco tiempo después, el programa “ContraCorriente” reveló que Tejada tenía más de quince denuncias en su contra. Las más graves hablan de maltrato laboral y maltrato psicológico a lo que se suman investigaciones por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Al respecto, Tejada señaló que estas denuncias “no son reales” y que cualquiera podría denunciarlo para “manchar la imagen de alguien”. La emisión de dicho informe periodístico y las múltiples irregularidades que rodearon los Juegos Bolivarianos 2025 llevaron a que termine por dejar su cargo en los primeros días de diciembre.
No obstante, estas polémicas no fueron un impedimento para que Tejada Conroy consiga un nuevo puesto gracias a otro ministerio. Casi inmediatamente después de su salida del IPD, más precisamente el 4 d diciembre, Tejada fue designado como director general de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud.
El año 2025 terminará con un nuevo presidente y nuevos ministros. Sin embargo, los nuevos integrantes del Ejecutivo siguen sin mostrar un manejo eficiente de los sectores que tiene a cargo y, por el contrario, parecen no haber tardado mucho en ver el presupuesto que tienen en sus manos como una posibilidad de despilfarrar.
[INFORME] La jueza que recibió sobornos de un importante empresario también se vio involucrada en un caso de narcotráfico. Los archivos de un medio mexicano ponen al descubierto el cuestionable pasado de la magistrada Becerra.
Este año 2025 ha significado un momento crítico en la carrera de la magistrada Roxana Becerra Urbina luego que el empresario Aniceto Argüelles reconociera que recurrió a sobornos para que el caso de la venta de un terreno de diez mil hectáreas utilizando documentos falsos quedara en manos de esta jueza.
Las investigaciones no sólo encontraron que Becerra se había reunido con un emisario de Argüelles e incluso con el propio empresario sino que también salieron a la luz las conversaciones en las cuales se escucha que la magistrada, que debía mantener neutralidad y garantizar justicia para las partes involucradas, coordinaba con un hombre de confianza de Argüelles, identificado como Silvio Muñoz, los pasos a seguir en el caso y en la entrega de los pagos.
Sin embargo, existe material mucho más comprometedor que ha salido a la luz. En esta oportunidad, información proveniente desde tierras mexicanas, más precisamente una nota del diario El Universal, expuso los vínculos de la justicia peruana con narcotraficantes de dicho país.
La información que pudo obtener este medio mexicano detalla que Roxana Becerra Urbina, en su calidad de jueza antidrogas, había protegido a un narcotraficante llamado Lurgardo Fernando Rabanal Cruzado que, además, era su esposo y estaba siendo buscado desde el año 1993 cuando la policía de Madrid detectó que Rabanal había sido el responsable de enviar dos kilogramos de droga a la capital de España.
Según informó el diario “El Universal”, la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO) recibió una llamada anónima que los alertaba que en la residencia de la jueza Becerra se estaba traficando con drogas y también se protegía a este personaje que califican como “uno de los principales traficantes de pasta básica de cocaína”.
[INFORME] Se conoció el contenido de las llamadas entre la magistrada Becerra y el entorno de Argüelles en las que no sólo se expondría la estrategia de pagos de sobornos sino que también quedaría en evidencia que la jueza coordinaba el desarrollo del caso con los denunciados.
Este 2025 se destapó un escandaloso caso que expuso la manera en que algunos jueces están dispuestos a ponerse un precio y poner la justicia al servicio de quien pueda pagarla. El caso del empresario Aniceto Argüelles causó gran conmoción luego que este, como parte de una estrategia legal, admitiera que sobornó a una jueza.
El objetivo del fundador de Industrias Argüelles era conseguir que la magistrada Roxana Becerra Urbina emita un fallo favorable en un caso que involucraba a su empresa y la compra fraudulenta de diez mil hectáreas. Este hecho tuvo lugar en el año 2016 y le permitió a Argüelles adquirir dicho terreno por seiscientos mil soles cuando se estima que el precio correcto rondaba los cinco millones de soles.
Para evitar sufrir un revés que le impediría seguir utilizando el relleno sanitario instalado en este terreno, la estrategia de Argüelles fue sobornar a la jueza Becerra que era la responsable de atender la denuncia realizada por los campesinos de la comunidad de Quipán contra Industrias Argüelles y Abel Mosquera Ortíz, el presidente de la comunidad que gestionó esta compra irregular.
La estrategia de este soborno consistía en adquirir terrenos que le pertenecían a la familia de la magistrada Becerra por precios sobrevalorados. La División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó una cuidadosa tarea de seguimiento que permitió encontrar las reuniones entre Becerra, Argüelles y personas de confianza de ambos en restaurantes del Cercado de Lima y San Martín de Porres durante el año 2019.
En esta oportunidad, el diario La República ha podido acceder a nueva información sobre las llamadas entre los involucrados. La fiscal Leydi Cherrepano fue la persona que logró la autorización judicial para que se puedan llevar a cabo estas escuchas telefónicas que ocurren en el año 2019.
MÉTODO DE PAGO
La siguiente transcripción corresponde a una conversación que tuvo lugar el 23 de julio del año 2019. Los que participan son Silvio Muñoz Villanueva, quien ha sido identificado como hombre de confianza de Aniceto Argüelles, y la magistrada Becerra. Cabe señalar que Muñoz adquirió tres predios ubicados en Santa Rosa de Quives por un monto de doscientos veinticuatro mil dólares.
El siguiente diálogo publicado por La República corresponde al 29 de julio. En esta conversación, el intermediario del empresario Argüelles se comunicó con la magistrada para coordinar la entrega de un encargo en su vivienda. Acorde a la acusación de la fiscal Cherrepano, esta era la estrategia elegida por las partes involucradas para pagar los terrenos que Muñoz adquirió.
INFORMACIÓN ANTICIPADA
También se han podido encontrar comunicaciones, como la siguiente que corresponde al 26 de abril del 2019, en la cual se puede escuchar que Aniceto Argüelles dialoga con Silvio Muñoz sobre el accionar de la magistrada Becerra y queda en evidencia las coordinaciones entre las partes.
El fundador de Industrias Argüelles incluso conversaba con Ricardo Quispe, abogado del presidente de la Comunidad de Quipán involucrado en la compra fraudulenta del terreno de diez mil hectáreas, y revela detalles sobre la manera en que la jueza Becerra actuará en el caso que los involucraba.
Aproximadamente un mes después de estas conversaciones entre Argüelles, Muñoz y Quispe, Roxana Becerra Urbina terminaría por emitir un fallo que, casualmente, resultó favorable a los intereses de Aniceto Argüelles, tal como él mismo los presumía en sus conversaciones de varias semanas antes.
