Informes

[INFORME] Luego de recibir más de treinta mil soles mediante el financiamiento público a los partidos políticos, el abogado de Vladimir Cerrón ha vuelto a acceder al dinero de los peruanos. En esta oportunidad, es el Congreso quien aprobó un pago por casi quince mil soles el pasado mes de agosto.

“Nunca digas de esta agua no beberé”, fueron las palabras con las que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, le recriminó por estos días a la expremier Betssy Chávez por haber votado en contra de la renovación del Tribunal Constitucional que esta semana fue el encargado de devolverle su libertad.

Tiempo atrás, este tipo de posturas por parte del fundador del partido del lápiz podrían haber resultado difíciles de imaginar por mostrar una inesperada coincidencia con aquellos sectores de la política peruana, y especialmente del Congreso, con los que parecía tener diferencias irreconciliables.

Pero el paso de los meses y años desde aquella elección presidencial del 2021 parece haber desaparecido aquellas discrepancias y ha hermanado a quienes alguna vez supieron estar en polos opuestos. Sin embargo, el detrás de escena de esta unión no sería la búsqueda del entendimiento por el bien del país sino el aprovechamiento de los recursos disponibles.

EL ABOGADO FAVORITO DEL LÁPIZ

Hasta antes del año 2021, el nombre de José Enrique Llumpo Agapito estaba lejos del foco de la atención de la coyuntura política del Perú. Sin embargo, el destino de este abogado cambiaría radicalmente cuando se acercó a Vladimir Cerrón Rojas y la agrupación política Perú Libre.

Para el 2023, el abogado José Llumpo se convirtió en noticia en octubre de dicho año por su llamativa estrategia de interponer dos demandas de habeas corpus, en Lima y Huancayo, con el propósito de anular la sentencia de más de tres años de prisión que el prófugo líder del partido de lápiz se negaba a cumplir. Llumpo Agapito sostenía que había ocurrido una “vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales”.

Aunque este intento no dio resultado, esta no sería la última vez que el nombre de este abogado tendría notoriedad en los medios. Durante el año pasado, un informe periodístico del portal Epicentro alertó que en la rendición de cuentas de Perú Libre a la ONPE por el uso del financiamiento público a los partidos políticos se encontraron graves irregularidades que constituirían el mal uso de este dinero.

Entre la información que brindaba la propia ONPE sobre el detalle del uso del dinero público figuraba José Enrique Llumpo Agapito. Casulamente, el mismo que presentó el habeas corpus en favor del líder de este partido recibió diversos pagos que acumularon un total de treinta y tres mil soles por lo que fue explicado como un “servicio de asesoría legal”.

Tras el rebote mediático que tuvo esta información, el abogado de Vladimir Cerrón despareció de la escena pública. Pero esto cambiaría durante el pasado mes de agosto cuando Sudaca pudo encontrar que el nombre del letrado volvió a aparecer en una lista de órdenes de servicio que se paga con fondos del erario público.

En esta oportunidad fue el Congreso quien aprobó un importante pago a nombre de José Enrique Llumpo Agapito por lo que fue descrito como una asesoría y/o defensa legal. En esta oportunidad, el monto que recibió este abogado cercano a Perú Libre fue de casi quince mil soles.

Cabe señalar que este tipo de servicios, aunque son propuestos por el servidor público que solicita la asesoría o defensa legal, tiene que contar con la aprobación de la Mesa Directiva del Congreso, la cual está integrada por segundo periodo consecutivo por alguien que no sólo es un miembro de Perú Libre sino que es el propio hermano de Vladimir Cerrón.

ES UNA COSTUMBRE

Lo que ha ocurrido con este abogado cercano a Perú Libre no es una situación sin precedentes en el actual periodo parlamentario. En lo que parece ser una costumbre entre los actuales padres de la patria, otra agrupación política ha aprovechado la oportunidad para usar el dinero de los peruanos para contratar un servicio legal brindado por una persona a fin a su partido.

En abril del año pasado, el medio Infobae expuso que el congresista César Revilla Villanueva pidió que el Legislativo le otorgue más de cuarenta mil soles que terminarían siendo pagados al estudio Loza Avalos Abogados, el cual tiene a Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, como socia y gerente general.

Aunque en el Congreso coexisten agrupaciones políticas que dicen defender ideales políticos radicalmente opuestos, casos como el del abogado de Vladimir Cerrón exponen que en el Legislativo no existen diferencias cuando se trata de dar la aprobación para que se utilice dinero del sector público.

[INFORME] Le designación del nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional estaría destapando el caso de una familia muy cercana a Dina y Nicanor Boluarte que viene recibiendo buenos puestos laborales en más de un ministerio.

Los recientes cambios en el gabinete de Eduardo Arana han dejado algunos puestos disponibles en instituciones muy importantes para el país. Sin embargo, como parece ser una costumbre no negociable en el gobierno actual, la repartición de estos puestos no se realiza tomando en cuenta la idoneidad de los elegidos para los cargos que tendrán bajo su responsabilidad.

Ni la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) con sus más de doscientos años de historia se habría salvado de este alarmante presente. Tras la salida de Ana Peña Cardoza, quien acaba de dejar su lugar como jefa institucional para ocupar el puesto de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la  BNP podría afrontar un futuro complicado.

Sudaca pudo conocer diversas situaciones que hoy ponen bajo la lupa a Juan Yangali Quintanilla, el nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional que ha sido el elegido para este cargo pero lleva un largo tiempo en la lista de favoritos de más de un ministerio e incluso su familia se ha visto beneficiada.

UN MINISTERIO FAMILIAR

Para el año 2019, las puertas de la Municipalidad de Pueblo Libre se abrían para Juan Yangali Quintanilla. En aquella época, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú se desempeñaba como gerente de cultura, turismo y educación y fue en esta municipalidad, en la cual trabajó hasta finales del año 2022, donde posteriormente coincidiría con el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, cuando este se convirtió en asesor del alcalde.

Tan sólo meses después, Yangali tuvo su primer gran acercamiento a un ministerio del gobierno de Boluarte cuando se convirtió en asesor del gabinete del Ministerio de Cultura mientras este se encontraba bajo la gestión de la ministra Leslie Urteaga y, un año más tarde, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional sería el elegido por el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, para estar al frente de la Casa de la Literatura.

Este paso por la Casa de la Literatura estuvo de lejos de ser el trabajo soñado para Yangali debido a los serios cuestionamientos que recibió. Sin lugar a dudas, el momento más álgido de su gestión fue cuando Yangali Quintanilla terminó siendo señalado como el responsable de censurar al historietista Juan Acevedo impidiendo que se le otorgue un premio en un episodio que fue interpretado como una venganza por parte del gobierno debido a la postura crítica de Acevedo con respecto a su accionar durante las protestas.

Según declaraciones del propio Acevedo al portal Infobae, Yangali “parecía sufrir” por tener que censurar al historietista, pero “quería seguir siendo personal de confianza”. No obstante, ese mismo mes de octubre, Yangali Quintanilla terminaría por presentar su renuncia al cargo de director de la Casa de la Literatura.

Pero, como ha ocurrido tantas veces en el gobierno de Dina Boluarte, sus aliados más cercanos no suelen pasar mucho tiempo sin trabajo y Yangali Quintanilla no fue la excepción. Por ello, tan sólo días después de renunciar, y pese a que esta renuncia estuvo manchada por una seria acusación, Juan Yangali fue contratado nuevamente por el Ministerio de Educación para brindar el servicio de asesorías y consultorías al despacho del ministro Morgan Quero.

No obstante, la gestión en el Minedu a cargo del ministro Morgan Quero, quien coincidentemente es  uno de los integrantes del gabinete más cercanos a Dina Boluarte, también tomo en cuenta a otro integrante de la familia Yangali. En la siguiente imagen se puede apreciar que junto a Juan Yangali aparece una mujer y su nombre es Johana Verónica Coronado Yabar.

Coronado Yabar es abogada de profesión, pero también es la esposa de Juan Yangali Quintanilla. Sudaca ha podido acceder a numerosos documentos del Ministerio de Educación en los cuales Johana Coronado figura como una personal con un rol clave en las nuevos procesos de contrataciones.

Con ello se puede evidenciar que, durante el actual administración de Morgan Quero, el matrimonio Yangali Coronado ha podido lograr buenos puestos de trabajo en el Ministerio de Educación. Mientras Yangali Quintanilla figuraba como consultor del despacho ministerial, su esposa incluso ha llegado a ser parte de la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

EL ANTECEDENTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que el apellido Yangali se ve estrechamente relacionado con cargos importantes. En el año 2023, cuando Dina Boluarte apenas llevaba pocos meses en la presidencial, el nombre del hermano de Juan Yangali Quintanilla saltó a la fama en las más altas esferas políticas.

Un informe periodístico de Perú21 expuso que, por aquel entonces, Rivin Yangali Quintanilla venía trabajando en la Presidencia del Consejo de Ministros. Según la información que se dio a conocer en 2023, Rivin, al igual que su hermano Juan, había trabajado en la Municipalidad de Pueblo Libre y fue ahí donde coincidió con Nicanor Boluarte.

Posteriormente, Dina Boluarte lo tuvo trabajando para ella cuando estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero con el tiempo iría tomando un papel más protagónico al punto que, tal como lo relata el informe de Perú21, Rivin llegó a tener un rol fundamental en las conversaciones con las bancadas del Congreso en diciembre del 2022 para garantizarle a Dina Boluarte que podría sostenerse en la presidencia.

En las últimas horas, la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) ha emitido un duro pronunciamiento en contra de la llegada de Juan Yangali Quintanilla a la Biblioteca Nacional, calificaron este nombramiento como un “experimento político” y cuestionaron que el nuevo jefe institucional “no es bibliotecólogo, no tiene formación en ciencias de la información”.

Sin embargo, la manera en que se han manejado las críticas y hasta acusaciones a los funcionarios más cercanos a los Boluarte invita a creer que desde el Ejecutivo no habrá mayor interés por atender estos reclamos y que estos puestos, como el de jefe institucional de la Biblioteca Nacional con sus más de doscientos años de historia, hoy sólo importan como premios para los más leales al gobierno.

[INFORME] El 25 de marzo de 2025, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) inició un Procedimiento Administrativo Sancionador contra Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP), por múltiples infracciones relacionadas con el acceso al servicio de transporte de gas natural ocurridas en el 2023; a través del Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 22-2025-OS-DSGN.

Según el informe de OSINERGMIN al que tuvo acceso SUDACA, a la empresa se le acusa de no permitir el acceso abierto al gas natural y de no brindar un trato equitativo a la empresa COSAC. Asimismo, se le atribuye no haber respondido de manera fundamentada por su negativa a contratar con esta empresa.

Las empresas que brindan servicios públicos tienen ciertas obligaciones para con los usuarios o clientes, como dar un servicio ininterrumpido, dar acceso universal al servicio y no discriminar entre distintos agentes en el mercado para no ponerlos en situación que genere un efecto exclusorio de cara a la libre competencia en los mercados donde operan.

El caso trata justamente de hechos en donde TGP se negó injustificadamente a contratar con una empresa, alegando que una empresa vinculada mantenía una deuda con TGP, algo que -según OSINERGMIN- no la autorizaría a no dar acceso a un recurso esencial para la operación, más aún cuando a COSAC no se le requirió una fianza para garantizar el pago del servicio a contratar, sino una fianza por la deuda de una empresa vinculada.

Vale aclarar que la deuda aludida por TGP, fue materia de un laudo arbitral que le dio la razón a TGP, pero que luego fue declarado nulo por el Poder Judicial al no haber considerado que las obligaciones de pago solo rigen hasta la fecha de la resolución del contrato (y no posteriormente como pretendía TGP). Actualmente, este caso se encuentra en casación.

El procedimiento iniciado por OSINERGMIN se basa en los hallazgos del Informe de Fiscalización N° 285-2024-OS-DSGN, que concluyó que TGP -en su condición de monopolista titular de un servicio público- incumplió con tres obligaciones clave del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (Decreto Supremo 081-2007-EM):

• “Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos [Incumplimiento del acceso abierto], aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, en concordancia con el numeral 4.2.7 de la del Rubro 4 de la Tipificación y Escala de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 388 2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 267-2012-OS/CD, toda vez que la restricción de acceso al Servicio de Transporte de Gas Natural impuesta a la empresa Cogeneración Oquendo S.A.C., no se encuentra sustentada en la falta de viabilidad técnica de lo solicitado”.
• “Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo dispuesto en el numeral b) del artículo 73 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos [Trato no equitativo], aprobado por Decreto Supremo N° 081- 2007-EM, en concordancia con el numeral 4.2.7 de la del Rubro 4 de la Tipificación y Escala de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 388-2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 267-2012 OS/CD, toda vez que el requisito solicitado a la empresa Cogeneración Oquendo S.A.C. para la suscripción del Contrato de Servicio Interrumpible de Transporte de Gas Natural, no se encuentra sustentado en el marco normativo que regula las actividades de transporte de gas natural y tampoco fue exigido a los otros (4) Solicitantes del período 2023”.
• “Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos [Falta de fundamentación en solicitud del servicio], aprobado por Decreto Supremo N° 081- 2007-EM, en concordancia con el numeral 4.2.1 de la del Rubro 4 de la Tipificación y Escala de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 388 2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 267-2012-OS/CD, toda vez que la respuesta de Transportadora de Gas del Perú S.A., respecto a la solicitud de acceso al Servicio de Transporte de Gas Natural presentada por la empresa Cogeneración Oquendo S.A.C., no se fundamenta en razones técnicas o económicas.”

Asimismo, según pudo conocer SUDACA, OSINERGMIN ya emitió el Informe Final de Instrucción N° 2476-2025-OS-DSGN emitido el 3 de julio de 2025. Este informe recomienda la aplicación de las siguientes multas:

• Por los incumplimientos de los artículos 72 y 73, relacionados con el acceso abierto y el trato no equitativo, la multa propuesta sería de más de 10 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).
• Por la falta de una respuesta debidamente fundamentada en razones técnicas y económicas (artículo 75), la multa propuesta sería de más de 30 UIT.

El proceso continuará su curso, y se espera que la Gerencia de Supervisión de Gas Natural, que actúa como autoridad sancionadora, emita una decisión final durante el próximo mes.

Informe 285-2024 by Luis Angel Carrera

[INFORME] Pese a las alarmas de endeudamiento, la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha firmado contratos con dos reconocidas voleibolistas por más de doscientos mil soles. Además, la Municipalidad de Lima ha emitido órdenes de servicio con un manager de artistas que supera los cien mil soles.

“Cuando entramos el primero de enero del año pasado no había plata, había un hueco”. Con esas palabras, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, describía el año pasado la situación económica de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, un año después, el uso del presupuesto por parte de la actual gestión invita a creer que el panorama que encontrará el próximo burgomaestre podría ser todavía peor.

Aunque diversas voces vienen advirtiendo sobre el alarmante endeudamiento de la Municipalidad de Lima y, acorde a lo señalado por el Instituto Punto Fiscal, el saldo de deuda actual supera los S/ 3,360 millones, el actual inquilino del Palacio Municipal parece determinado a ignorar esos comentarios y manejar el dinero de Lima de forma descontrolada.

Sudaca pudo revisar algunos de los contratos que la gestión del líder de Renovación Popular ha aprobado por montos millonarios y que están destinados a actividades ajenas a las urgencias que actualmente afronta la capital peruana. Desde exdeportistas famosas hasta artistas musicales y un manager integran esta sorprendente y costosa lista.

MATCH POINT AL PRESUPUESTO

Aunque uno de los principales recursos de Rafael López Aliaga para atacar a sus adversarios políticos es acusarlos de darle un mal uso al erario público, su gestión parece no estar tomando un camino muy distinto. Sudaca ha encontrado contratos muy elevados que no parecen ir acorde con el panorama desolador que el líder de Renovación Popular describió cuando llegó al cargo.

Pero estos onerosos contratos vienen, además, acompañados de nombres de personajes muy famosos como es el caso de Cecilia Tait Villacorta. La medallista olímpica registró, en el mes de junio de este año, una orden de servicio por treinta y nueve mil soles con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La recordada “Zurda de Oro” ha trabajado para la Municipalidad de Lima desde el año 2023, cuando la gestión de López Aliaga asumió funciones. Sin embargo, durante ese primer año, el sueldo de la exintegrante de la selección peruana por el servicio de enseñanza de vóley apenas alcanzaba los trece mil soles.

Esta situación cambió radicalmente para este año 2025. Según la información disponible en el portal Transparencia Económica, Tait Villacorta ha recibido un total de S/. 111,800.00 hasta la fecha. Este considerable desembolso económico por parte de la Municipalidad de Lima es señalado en los portales oficiales como el pago por un “Servicio De Organización, Gestión Y Dirección Técnica De Deportes”.

Un dato a tener en cuenta es que esta tarea que el alcalde López Aliaga le ha encargado se superpone con los deberes que viene realizando Tait Villacorta como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), cargo para el cual fue designada en 2023 y la compromete por cuatro años. A ello se le suman sus obligaciones como parte del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

Sin embargo, estos cien mil soles parecen ser insuficientes para las pretensiones de la Municipalidad de Lima. Por ello, el alcalde López Aliaga recurrió a una segunda figura del vóley peruano y, al igual que en el caso de Cecilia Tait, no dudó en ofrecerle un salario que resalta en la lista de órdenes de servicio pagadas por la municipalidad.

En esta oportunidad, el nombre que figura en el contrato por S/. 39,000.00 es el de Rosa Gisella García Rivas. La destaca deportista peruana viene trabajando para la municipalidad a cargo de Renovación Popular desde el año pasado y registra un 2025 muy próspero en lo económico.

Aparentemente, en la Municipalidad de Lima no era suficiente contar con los servicios de una sola personalidad destacada del deporte y apostó por Rosa García con una inversión que, tal como ocurre con Cecilia Tait, supera los cien mil soles sólo tomando en cuenta los meses transcurridos del presente año.

En simultáneo, Rosa García ha trabajado en la Municipalidad Distrital de La Victoria y la Municipalidad Provincial del Callao. Sin embargo, los contratos firmados con dichos distritos suman menos de veinte mil soles en lo que va del año 2025, una cifra muy lejana de los más de cien mil que está pagando la Municipalidad de Lima.

EL PLAN PAN Y CIRCO

Además de contratar personalidades famosas del deporte peruano, la gestión de Rafael López Aliaga también ha mostrado un especial interés en los eventos musicales. Durante el presente año, la Municipalidad de Lima ha emitido diversas órdenes de servicio a nombre de Piero Riccio Peirano, quien en sus redes se presenta como un cantante e imitador.

El show musical de Riccio Peirano le ha costado a la Municipalidad Metropolitana de Lima un total de S/.  63,176.00 y, entre estas órdenes de servicio, destaca su presencia para el cuestionado espectáculo montado el pasado mes de julio en el Parque de la Muralla que tenía como finalidad presumir la llegada de los trenes norteamericanos.

Pero, una vez más, esto no habría sido suficiente para una municipalidad que intenta brindar tanto show como sea posible en lo que, casualmente, es el año previo a las elecciones presidenciales en las que el actual alcalde intenta ser protagonista. Por ello, para este 2025, también recurrieron a los servicios de un conocido manager de artistas llamado Christian Alfredo Robles Ríos.

Sólo durante el presente año, Robles Ríos ha sumado un total de S/.  132,936.00 en órdenes de servicio con la Municipalidad Metropolitana de Lima por los conceptos de “organización y conducción de espectáculos”, “producción musical” y “servicio artístico cultural”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el nombre de este manager se ve involucrado con la política. En el año 2022, Robles Ríos se vio involucrado en la organización de la costosa fiesta de la hija de Bruno Pacheco, el exsecretario del todavía presidente Pedro Castillo, que costó más de cien mil soles y contó con la presencia del Grupo 5.

En aquella oportunidad, tanto el manager como el coordinador de la reconocida orquesta de cumbia señalaron que Christian Robles fue en encargado de contratarlos y, según señalaron al programa “Cuarto Poder”, era él quien coordinaba con “una misteriosa mujer”. El dominical de América Televisión también mostró que esta persona involucrada en la organización de la ostentosa fiesta sería Karelim López, una empresaria investigada por licitaciones irregulares durante el mandato de Castillo Terrones.

Mientras el alcalde López Aliaga intenta instalar en la opinión pública que los expedientes técnicos para las obras son un gasto innecesario y acusa a quienes los piden de ser “terrucos”, la municipalidad que está a su cargo demuestra que el presupuesto es ilimitado cuando se trata de rodearse de personajes famosos y organizar eventos musicales.

El Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, convocado para contratar un servicio estratégico (la red privada de datos, seguridad gestionada y acceso a internet de toda la infraestructura policial a nivel nacional) estaría siendo direccionado para que vuelva a ganar un postor que no garantiza la ciberseguridad del sistema, poniendo en riesgo todos los datos de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025. Se trata de un servicio que, por su naturaleza crítica, debería estar blindado de cualquier sombra de irregularidad. Pero los hechos demuestran todo lo contrario.

SUDACA tuvo acceso a documentación interna —que incluye cartas a Contraloría, pronunciamientos legales, informes técnicos y publicaciones de prensa especializada— que revelarían una serie de prácticas que configuran una arquitectura de contratación dirigida, construida para beneficiar a determinados actores y excluir al resto. (toda la documentación va al final de este reportaje).

La contratación directa del 2024

Nuestras fuentes relatan que, en 2023, la Policía Nacional del Perú comenzó a preparar el reemplazo de su servicio de telecomunicaciones, sabiendo que el contrato vigente con Telefónica del Perú (TDP) vencía en noviembre de 2024. El escenario ya estaba condicionado: TDP se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado, lo que eliminaba cualquier posibilidad de prórroga o contratación adicional con ellos.

La lógica indicaba que un nuevo proceso debía iniciarse con la debida anticipación para evitar riesgos de desabastecimiento. Los actos preparatorios, sin embargo, se desplegaron de forma llamativamente lenta. El estudio de mercado, clave para definir el valor referencial y la viabilidad del concurso se prolongó casi seis meses, un plazo atípico para este tipo de contrataciones.

Durante este tiempo, la operadora Claro (uno de los pocos proveedores con capacidad de red para atender a la PNP a nivel nacional) envió múltiples consultas y observaciones técnicas. Muchas de ellas no fueron atendidas o recibieron respuestas parciales que no resolvían las inquietudes de fondo.

El retraso no era inocuo. Cada mes que pasaba reducía la ventana de tiempo para convocar el proceso. Un concurso abierto en abril o mayo de 2024 habría enfrentado tiempos ajustados para la recepción de ofertas, absolución de consultas, elevaciones de observaciones e incluso eventuales apelaciones. Esto habría puesto a la PNP en riesgo de quedar sin servicio contratado al vencimiento del contrato de TDP en noviembre.

En este mercado específico, solo tres operadores tenían la capacidad real para brindar el servicio a la PNP: TDP (inhabilitado), Claro (con capacidad, pero marginado por la no atención de sus consultas) y Bitel (Viettel Perú). Al dejar las consultas de Claro sin respuesta efectiva, el proceso quedó, de facto, con Bitel como único jugador viable.

La combinación de un estudio de mercado prolongado y la inminencia del vencimiento del contrato con TDP creó el escenario perfecto para declarar la urgencia y justificar una contratación directa. Con TDP fuera de carrera y Claro reducido a un rol testimonial, la PNP tenía frente a sí un único proveedor en condiciones de recibir el contrato: Bitel.

Con TDP fuera y Claro bloqueada en la práctica, Bitel quedó como único proveedor viable. El resultado: una contratación directa que instaló un modelo técnico cerrado, con marcas predefinidas y sin competencia real. Este sería el molde que, un año después, se replicaría casi intacto y sería replicado en el nuevo proceso CP-SM-2-2025.

Sobrecosto a la vista

En 2020, la PNP adjudicó a Telefónica del Perú (TDP) un contrato para la provisión de servicios de telecomunicaciones por un monto inicial de S/.182´060,887.84[1]. Posteriormente, este monto fue reducido en un 3.94%, lo que dejó el costo total en aproximadamente S/.174´892,156.84[2] por 36 meses de servicio[3].

Al ser consultados nuestros expertos en contratación pública[4], indicaron que, si distribuimos ese monto a lo largo de todo el periodo, el costo mensual efectivo con TDP fue de S/.4´858,115.47 por mes (S/.174´892,156.84 en 36 meses).

En 2024, mediante contratación directa, la PNP adjudicó a Bitel (Viettel Perú) un contrato por S/.202´168,668.88[5], pero solo por 19 meses de servicio[6]. Esto arroja un costo mensual efectivo con Bitel de S/.10´640,456.26 por mes (S/.202´168,668.88 en 19 meses).

Las matemáticas no cierran. Una simple comparación de costos mensuales salta a la vista con un sobrecosto de 119% que beneficiaría a Bitel.

• TDP (2020 – 2023) → S/.4.86 millones/mes
• Bitel (2024 – 2026) → S/.10.64 millones/mes

¿Cuál sería el sustento de este incremento? El servicio con Bitel cuesta más del doble por mes que el contrato previo con TDP, pese a que el alcance técnico no se amplió de manera proporcional y sin evidencia de mejoras sustanciales que justifiquen este salto.

Esta diferencia no es un simple ajuste inflacionario, ni una mejora tecnológica extraordinaria: es un sobreprecio mensual evidente que se disparó precisamente en el marco de un proceso sin competencia real, donde Bitel quedó como único proveedor viable tras la exclusión práctica de Claro y la inhabilitación de TDP.

En términos anuales, si ambos contratos se compararan a igual número de meses (19), la diferencia anualizada del gasto acumulada superaría los S/ 109.8 millones, un margen   que en contratación pública suele encender todas las alarmas de sobrevaloración y direccionamiento, pero sorprendentemente se mantuvo en silencio pese a la opinión de OSCE[7] y algunas notas[8] que denunciaron el hecho en prensa especializada[9].

Bitel, el gran beneficiado

El 15 de abril, la PNP convocó el nuevo proceso de contratación apenas seis días antes de la entrada en vigor de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento actualizado (21 de abril).

La fecha no fue casual. Con el nuevo marco legal, las entidades estarían obligadas a sostener reuniones formales y documentadas con todos los posibles proveedores durante la etapa de estudio de mercado, así como atender y responder sus consultas. En este caso, esa obligación habría significado reunirse con Claro, el único competidor real de Bitel tras la inhabilitación de TDP, y responder a las observaciones técnicas y comerciales que la operadora había presentado. Al mantener el proceso bajo la Ley antigua, se evitó esa interacción obligatoria y se preservó el esquema de mínima competencia que caracterizó la contratación directa previa.

Desde el inicio, las bases técnicas del concurso encendieron alertas entre expertos[10] en contratación pública y ciberseguridad. Los Términos de Referencia no solo definían funciones y características. Delimitaban prácticamente el catálogo de los fabricantes que podían cumplirlas.

Los expertos consultados[11] por SUDACA indican que “el patrón es claro. En lugar de abrir la competencia, las especificaciones consolidan un cerco tecnológico que favorece a quienes ya controlan la infraestructura, contraviniendo el principio de libre concurrencia previsto en la Ley de Contrataciones del Estado”.

El estudio de mercado cerró entonces con apenas dos cotizaciones[12]: Una de Bitel, actual proveedor, y otra empresa llamada GLOBAL FIBER. Esta última fue incluida a pesar de que no cuenta con la red nacional de fibra óptica que exigen las bases, y cuya presencia se limita a Lima, Iquitos y Huancayo[13]. Esta última fue aceptada como “postor válido” a pesar de que no posee infraestructura estratégica crítica para el servicio, como lo exigen las bases. Según su propia web, su oferta está enfocada a servicios residenciales y pymes. No a soluciones críticas de alcance nacional. Global Fiber declaró falsamente cumplir con los requisitos habilitantes, presentando información inexacta que indujo a error a la administración. Esto permitió “fabricar” un segundo postor y simular competencia, cuando en la práctica solo quedaba en carrera el proveedor actual.

La inclusión de Global Fiber, pese a su evidente incumplimiento de requisitos, resultó clave para cerrar el estudio de mercado y cumplir formalmente con la “pluralidad” exigida por Ley. Su participación habría servido únicamente para simular una pluralidad de postores, cuando en la práctica no tenía capacidad técnica ni operativa. Esto no solo resultaría irregular. Se trataría de un fraude en contratación pública, según el artículo 397-A del Código Penal, señalan los expertos consultados.

Lo más grave es que los Términos de Referencia fueron redactados con especificaciones que calzan exclusivamente con marcas como F5, Arbor e Imperva, en un acto tan burdo de direccionamiento que, hasta el OSCE[14] –en su pronunciamiento de 2024– cuestionó la legalidad del contrato anterior con Bitel, por ser adjudicado sin sustento técnico ni económico, y habría reutilizado incluso equipos que ni siquiera eran propiedad del nuevo proveedor. El mismo modelo de direccionamiento anterior estaría replicándose en el proceso en marcha, con el único objetivo de adjudicarlo nuevamente a este postor.

Al igual que en el caso de la Directa en 2024 (como un copia y pega), la DIRTIC y la PNP nunca respondieron las consultas de Claro para que esta pueda cotizar. ¿Qué raro no? Las áreas responsables (Logística, Administración y Tecnología de la PNP) convalidaron la admisión de un postor que no cumplía requisitos básicos y no observaron el direccionamiento técnico en las bases.

Fuentes internas de la PNP señalaron a SUDACA que no habría dudas respecto a que este proceso está viciado. Indicaron que basta con observar el tratamiento que los encargados de logística y administración de la entidad contratante estarían dando al proceso de absolución de consultas, las cuales fueron reprogramadas hasta en 23 ocasiones, dando una señal inequívoca de improvisación, presiones internas o la simple incapacidad de justificar legal y técnicamente lo indefendible.

Juristas consultados por SUDACA[15] revelaron que los delitos presuntamente cometidos aquí no son menores: colusión agravada por omisión funcional, falsedad documental, negociación incompatible y dirección ilícita del procedimiento, al favorecer   indirectamente a un proveedor o fabricante mediante la inacción. ¿Dónde están los controles internos? ¿Por qué la Oficina de Control Institucional y la Dirección de Tecnología guardan silencio tras meses de advertencias? ¿Por qué la Contraloría aún no actúa con firmeza?

Luego de revisar toda la documentación a la que tuvo acceso SUDACA, estos mismos expertos en contrataciones públicas opinaron que éstas no pueden seguir siendo botines ni escenarios de favoritismo técnico disfrazado. “La PNP debería rendir cuentas. Este proceso debe detenerse y los responsables (funcionarios, técnicos y postores) deben responder ante la justicia y ante el país. Si la conectividad nacional de nuestra Policía se construye sobre la base del engaño, el sobrecosto y la exclusión, no hablamos solo de corrupción: hablamos de una traición a la seguridad del Estado”, concluyeron.

Sospechosas coincidencias

Desde febrero del 2025 ingresó a trabajar a Bitel, Miguel Eduardo Vasquez Neira, para liderar el área de contrataciones con el Estado, un personaje controversial[16]. Este personaje es quien se encuentra a cargo de atender directamente el servicio PNP. Su ingreso coincide con la deficiente solución que hoy tiene contratada con Bitel, como parte de la Contratación Directa – Contrato Nº 025-2024-DIRECFIN-PNP, contratación que tiene un 245% de sobrevaloración con respecto al anterior proveedor. Hoy, ese deficiente diseño y direccionamiento con determinadas marcas se viene repitiendo en el CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1.

El CP-SM-2-2025 no es una licitación nueva, sino la reedición —casi calco— de una estrategia que el 2024 ya había asegurado un contrato millonario sin competencia efectiva. La diferencia es que ahora la PNP enfrenta el antecedente reciente de un ciberataque masivo que puso en jaque la integridad de sus sistemas.

Gatito FBI NZ

En agosto de 2025, un incidente puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura montada bajo el contrato de 2024. Un hacker que se identificó como “Gatito FBI NZ” vulneró el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), extrayendo y publicando 88 gigabytes de información interna, incluyendo datos sensibles de ciudadanos y policías. Los datos, ahora disponibles en foros clandestinos, se ofrecen por sumas que alcanzan los 1,500 dólares. Esto puso en riesgo la información de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025, revelando nombres, direcciones y teléfonos de los denunciantes y los oficiales a cargo de las investigaciones en todo el Perú.

Lo más preocupante no es solo el robo de datos, sino la forma en que ocurrió. El atacante utilizó credenciales válidas y los sistemas de monitoreo y bloqueo no detectaron la intrusión. No se generaron alertas tempranas ni se activaron protocolos automáticos de respuesta. Esta falla estructural, ligada a la arquitectura y proveedores definidos en 2024, y cuyo contratista es Bitel, no motivó cambios en el diseño del CP-SM-2-2025. Las mismas marcas, configuraciones y proveedores siguieron en carrera.

Ciberseguridad PNP en alto riesgo

Lo cierto es que el próximo gran contrato tecnológico de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través del Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, nació con la promesa de modernizar la red privada policial, blindar sus sistemas contra ciberataques y garantizar un acceso seguro a internet para todas sus unidades a nivel nacional.

Los documentos internos a los que SUDACA tuvo acceso y según expertos consultados al respecto[17] (cartas remitidas a las más altas autoridades de la PNP y denuncias formales ante la Contraloría General de la República) cuentan otra historia: la de un proceso con claros indicios de direccionamiento hacia marcas específicas, participación  de  postores sin  capacidad  técnica, un  estudio de mercado simulado y la repetición de un diseño   técnico inseguro que demostró su alta vulnerabilidad en el hackeo masivo más grave en la historia reciente de la institución.

La misma fórmula se repite en ambos casos de contratación: controlar el mercado, acortar los plazos, excluir competidores y blindar a un solo proveedor. Y en ambos casos, el costo lo pagará no solo el erario, sino la seguridad de todos los peruanos.

Ricardo Elías concluye en que “es fundamental investigar quiénes se encuentran detrás de las filtraciones de información confidencial, puesto que la Policía Nacional tiene la obligación de garantizar su resguardo y preservar la confianza ciudadana en las instituciones. En tal sentido, resulta indispensable determinar si algún funcionario pudiera estar implicado en dichas conductas e, incluso, integrar la organización criminal responsable. De lo contrario, se configura un grave escenario de vulnerabilidad en el que cualquier ciudadano que presente una denuncia se expone a que sus datos sean indebidamente difundidos, convirtiendo las brechas de seguridad en una práctica cotidiana que daña el sistema de justicia y la protección de derechos fundamentales”.

[1]Contrato N° 41-2020-DIRECFIN-PNP. Concurso Público N° 001-2020-DIRECFIN PNP “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL”[2] Resolución Jefatural N° 11-2021-DIRADM
[3] CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
[4] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador
[5] Contrato N° 025-2024-DIRECFIN-PNP. CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01-2024-DIRECFIN-PNP, “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL”
[6] CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Inicio del Servicio.
[7] DICTAMEN CD N° 508-2024/DGR-SIRE
[8] https://panamericana.pe/locales/430501-servicios-conectividad-pnp-peligro-millonario-contrato-presentaria-irregularidades
[9] https://www.americasistemas.com.pe/millonario-negociado-en-la-pnp/
[10] https://www.americasistemas.com.pe/adjudicacion-dirigida-en-la-pnp/
[11] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador
[12] Oficio N° 655-2025-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPABA-SAP
[13] https://globalfiber.com.pe/
[14] Dictamen CD No 508-2024/DGR-SIRE
[15] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador
[16] https://peru21.pe/politica/dictan-18-meses-de-prision-preventiva-contra-director-de-la-aviacion-policial-coronavirus-en-peru-noticia/
[17] Ricardo Elías Puelles. https://eliaspuelles.com/

La controversia se intensificó cuando el Ejecutivo peruano oficializó la creación del distrito de Isla Santa Rosa, en Loreto. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta decisión viola el tratado de límites de 1934 y acusó a Perú de apropiarse de tierras generadas por el curso cambiante del río. La declaración fue respaldada por sectores políticos colombianos que demandan la apertura de un proceso de revisión territorial.

La respuesta peruana no se hizo esperar. La Cancillería reiteró que no existe disputa alguna sobre la isla y que la soberanía nacional sobre ese territorio es incuestionable. El Congreso aprobó una moción multipartidaria en respaldo a la posición del Ejecutivo, mientras se reforzó la presencia militar y policial en la zona.

Paralelamente, una serie de incidentes aumentó la tensión. Un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa sin autorización, lo que motivó una queja formal del gobierno peruano. Semanas después, un contingente policial colombiano intentó ingresar al territorio y fue impedido por las fuerzas del orden. En otro episodio, dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones fueron retenidos y puestos a disposición de las autoridades. El propio Petro calificó estos actos como un “secuestro”, intensificando el cruce de acusaciones.

Incluso el conflicto ha tenido gestos simbólicos con alto contenido político. Un dirigente colombiano izó la bandera nacional en la isla, acción que fue interpretada como una provocación y que tuvo amplia difusión mediática. El hecho se produjo en pleno contexto de campañas electorales en Colombia, lo que ha llevado a analistas a considerar que el diferendo territorial también está siendo usado como herramienta de presión interna.

Más allá del choque diplomático, existe un problema de fondo que amenaza a la región: el avance de la sedimentación en el río Amazonas. Estudios científicos indican que, en las últimas tres décadas, el cauce que conecta a la ciudad colombiana de Leticia con el río principal se ha reducido de forma alarmante. De continuar esta tendencia, el puerto podría quedar prácticamente desconectado hacia 2030, con graves consecuencias económicas. Este escenario plantea un reto ambiental que exigiría cooperación entre ambos países, aunque las actuales tensiones políticas parecen postergar cualquier diálogo técnico.

El conflicto por Santa Rosa revive recuerdos del enfrentamiento armado de 1932 y de las negociaciones que llevaron a los tratados de límites. Pero también expone problemas contemporáneos: fronteras naturales en constante transformación, intereses políticos que se imponen sobre el diálogo y la ausencia de mecanismos eficaces para resolver disputas antes de que escalen. Lo que está en juego no es únicamente un pedazo de tierra, sino la capacidad de dos países vecinos para gestionar de forma conjunta un territorio vital para su gente y para el equilibrio ambiental de toda la región amazónica.

La disputa por la isla Santa Rosa no solo revela las fisuras diplomáticas entre Perú y Colombia, sino que también refleja la fragilidad de los acuerdos internacionales frente a los cambios geográficos y las presiones políticas internas. Mientras ambas naciones se aferran a sus argumentos históricos y jurídicos, la región amazónica —compartida y vulnerable— queda expuesta a la falta de cooperación. Resolver este diferendo requerirá más que gestos militares o declaraciones altisonantes: demandará voluntad política real para priorizar el bienestar de las comunidades fronterizas y la protección de un ecosistema que trasciende cualquier límite trazado en un mapa.

El episodio que prendió la mecha ocurrió en Quipán. De acuerdo con la reconstrucción periodística, representantes comunales denunciaron a Aniceto Argüelles por haber organizado, junto con el entonces presidente de la comunidad, Abel Mosquera, la adquisición de un terreno comunal por S/600 mil, pese a que su valor real superaría los S/5 millones. El objetivo final, según la nota, era que una jueza validara la transacción mediante la absolución de Mosquera. En esa ruta apareció un dato sensible: la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, fue condenada por facilitar la operación con documentos falsos. El 14 de junio, el Poder Judicial ratificó la condena de cuatro años de pena suspendida contra Pasco por falsedad ideológica. Días antes, el 7 de junio, se consignó además la admisión de un intento de soborno a la jueza del caso. Son piezas que, colocadas en secuencia, iluminan cómo una compraventa irregular terminó con responsabilidades penales y abrió la puerta a sospechas mayores.

El caso Quipán se volvió todavía más oscuro por un hecho irreparable: el 1 de abril de 2024, el dirigente comunal Santiago Guardamino Gonzáles, quien había emprendido los juicios contra la empresa y sus ejecutivos, fue asesinado por sicarios. Aun con ese antecedente, el tribunal de Canta dictó sentencia contra Pasco ese mismo año y los procesos civiles por la propiedad comunal siguieron su curso. La dimensión humana —un dirigente asesinado en medio de una disputa por tierras— se convirtió en telón de fondo de una trama que ya no solo hablaba de papeles.

Mientras tanto, en paralelo a la controversia judicial, la empresa siguió acumulando contratos con gobiernos locales. Entre enero y mayo de 2025, Industrias Argüelles obtuvo once adjudicaciones por S/72,1 millones para prestar servicios de limpieza y residuos en el Callao y en distritos como Surco, Miraflores, La Molina, Surquillo, Comas, Independencia, La Victoria, Lince, Los Olivos y Santa Anita, de acuerdo con el registro de proveedores del Estado citado en una nota de investigación. Este flujo de contratos —en un rubro tradicionalmente sensible a la captura política y las licitaciones a medida— reforzó la necesidad de revisar con lupa la relación de la compañía con autoridades y decisores públicos.

Ahí aparece otra veta: el vínculo de la compañía con el entonces viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero La Puente. La República acreditó que Romero trabajó siete años en Industrias Argüelles y que, ya como alto funcionario, suscribió diecisiete resoluciones que beneficiaron a la misma empresa. La pieza periodística añadió un dato que agrava el conflicto de intereses: la directora de la empresa es Karen Pasco Flores, exesposa de Romero, vínculo que él no transparentó en su Declaración Jurada de Intereses. La secuencia de publicaciones llevó a que, el 2 de agosto, el exviceministro presentara su renuncia. En los días previos, se habían difundido además viajes al exterior que Romero realizó con una ejecutiva de la contratista. El propio funcionario intentó desactivar el escándalo sosteniendo que se trataba de “resoluciones estándar”, pero la evidencia documental y la omisión declarativa dejaron su posición insostenible.

Las revelaciones no se quedaron en el papel. El 13 de junio, La República denunció que su reportera de la Unidad de Investigación, Rosmery Tapara, recibió amenazas, sufrió el hackeo de cuentas personales y el bloqueo de sus líneas telefónicas tras publicar el reportaje sobre Argüelles. La Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones de libertad de expresión replicaron la alarma por lo que consideraron un nuevo episodio de hostigamiento contra la prensa en el país. El caso expone hasta qué punto los intereses en juego pueden traducirse en intentos de silenciar el seguimiento periodístico de contratos, fallos judiciales y relaciones con funcionarios.

Un repaso cronológico permite entender el cuadro completo. El 1 de abril de 2024, Guardamino fue asesinado. El 6 de noviembre de ese año, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Canta condenó a Pasco a cuatro años de pena suspendida por falsedad ideológica; la sentencia sería confirmada en segunda instancia en junio de 2025. El 7 de junio de 2025, un empresario admitió haber intentado sobornar a una jueza ligada al caso del terreno comunal. Una semana después, el 13 de junio, se denunció el hostigamiento a la periodista que había revelado la historia. En paralelo, entre enero y mayo, la empresa sumó más de S/72 millones en adjudicaciones municipales. En julio, se documentaron los diecisiete actos administrativos firmados por el viceministro Romero que beneficiaron a la compañía, así como viajes compartidos con una ejecutiva; y el 2 de agosto, tras la presión pública, presentó su dimisión. La concatenación de hechos dibuja una constante: los hilos privados y públicos de una misma empresa enlazados a decisiones estatales.

Más allá de la ruta judicial pendiente y de las investigaciones administrativas que correspondan, las historias que salieron a la luz dejan preguntas de interés público: ¿qué barreras reales existen para evitar que exejecutivos de proveedores del Estado firmen resoluciones que favorezcan a sus antiguas compañías? ¿cómo se rastrea y sanciona el uso de documentación falsa en operaciones que afectan a comunidades enteras? ¿de qué manera se protege a los periodistas que investigan contratos municipales y conflictos de interés? La evidencia publicada hasta ahora apunta a un ecosistema donde los mecanismos de control fallan si no hay escrutinio externo y presión ciudadana. Ese es, precisamente, el valor de las investigaciones que empujaron estas renuncias, reacciones institucionales y alertas internacionales.

En definitiva, el caso Argüelles ha dejado de ser un expediente más en los archivos judiciales. Hoy es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de los mecanismos de control en el Estado, la permeabilidad de las licitaciones públicas a intereses privados y el alto costo que puede tener para las comunidades la falta de transparencia. Las tierras en disputa, los contratos millonarios, los vínculos con funcionarios y las amenazas a quienes investigan conforman un rompecabezas que revela mucho más que un conflicto puntual: expone un sistema donde las coincidencias rara vez son inocentes y donde el silencio, para algunos, sigue siendo la mejor inversión.

[INFORME] Dina Boluarte empieza su último año en el gobierno con una costosa renovación del menú presidencial. Su oficina ha gastado más de veinte mil soles durante el último mes y dejó un contrato que compromete al Ejecutivo hasta mediados del 2026.

Aunque la relación entre Dina Boluarte y Pedro Castillo se quebró varios años atrás, la mandataria parece tener muy presente una de sus consignas de campaña en su día a día en Palacio de Gobierno. El recordado “no más pobres en un país rico” podrá no estarse aplicando a la vida de los sectores más vulnerables del país, pero sin duda esta frase se ve reflejada en el estilo de vida de la presidenta.

Además del impopular aumento de sueldo que contrastaba con la contundente desaprobación de Boluarte Zegarra, Sudaca pudo conocer algunos de los costosos y extravagantes gastos asumidos por el despacho de la mandataria durante los últimos meses para convertir la residencia presidencial en una isla de comodidades en medio de un país muy incómodo.

¿Y EL MENÚ DE DIEZ SOLES?

Si bien Dina Boluarte afirmó, con total convencimiento, que diez soles eran un monto suficiente para que los peruanos se alimenten, el presupuesto asignado al despacho presidencial parece haberla seducido lo suficiente como para cambiar su estilo de alimentación a uno que puede recibir todo tipo de calificativos menos el de económico.

Sudaca accedió a los gastos que hizo el despacho de Dina Boluarte durante el mes de julio y encontró un sorprendente monto destinado a los alimentos de la mandataria. La siguiente imagen corresponde al sitio web de la empresa Fricomp S.A.C. que se dedica a, como ellos mismos lo describen, la distribución de carne de alta calidad para eventos y negocios.

Durante el último mes patrio, el despacho presidencial gastó S/. 16,201.40 adquiriendo los productos Fricomp S.A.C. ofrece y, además, se han comprometido con ellos para que sigan suministrándoles carne de ave hasta el 31 de octubre del presente año. En total, será S/. 248,508.00 el monto que se deberá pagar para la alimentación de la presidenta.

Este presupuesto podría parecer más que suficiente para la alimentación de la gran mayoría de familias peruanas. Sin embargo, en Palacio de Gobierno parecen tener otros estándares. Por ello, el mes pasado, el Despacho Presidencial firmó un nuevo contrato, que cabe señalar no anula el mencionado con Fricomp S.A.C. anteriormente, por un total de S/. 262,418.00.

En esta oportunidad, la oficina de Dina Boluarte firmó este vínculo por más de doscientos mil soles con la empresa Consorcio R. Romero E.I.R.L. para que estos se encarguen de suministrar carne de res, vísceras de res y carne de cerdo hasta el último día que la mandataria esté al frente del país en julio del 2026.

No obstante, este no fue el único contrato relacionado con el menú presidencial firmado en julio. El despacho de Boluarte Zegarra también firmó un contrato que estará vigente hasta julio del 2026 para el suministro de verduras. El monto destinado a este vínculo es de S/. 170,000.00 y se firmó con la empresa Inversiones Jeanbe E.I.R.L.

El nombre de Inversiones Jeanbe E.I.R.L. supo ser noticia en el pasado. En mayo del presente año, el programa “Ocurre Ahora” advirtió que esta empresa, que contaba con varios contratos con el Ejecutivo que acumulaban cerca de seiscientos mil soles, tenía registrado como domicilio legal una vivienda en el distrito de La Victoria que ningún vecino reconocía como sede de dicha empresa de la cual tampoco recordaban haber escuchado hablar por esas calles.

Para cerrar este capítulo enfocado en la comida, en el Despacho Presidencial consideraron oportuno que esta inversión en la alimentación de la mandataria se encuentre supervisada por una profesional. Por ello, parte del erario público se está destinando a pagarle quince mil soles a una nutricionista para Dina Boluarte.

LISTOS PARA EL VERANO

En Palacio de Gobierno también quieren estar preparados para la temporada de verano. Pero esto no es referencia a la alarmante temperaturas elevadas que sufre la población en enero y febrero ni a posibles sequías. Sudaca detectó que en el mes de julio se habrían destinado más de veinte mil soles a un contrato con la empresa Service Chicoma´s S.A.C.

Al revisar el historial entre este empresa y el Ejecutivo se pudo encontrar a dónde se están destinando varios miles de soles del presupuesto que tienen a cargo. Según la información disponible, el despacho de Boluarte está invirtiendo en el cuidado de una piscina para la residencia presidencial.

En esta lista de renovaciones que tiene en agenda el despacho de la cuestionada mandataria también se encuentran los más de diecisiete mil soles que se invirtieron durante el mes de julio en los equipos de aire acondicionado para la residencia de la presidenta.

A poco menos de un año para culminar su inesperado paso por Palacio de Gobierno, las acciones de Dina Boluarte, como su aumento de sueldo y los casos detallados en este informe, parecen mostrar que no sólo ha abandonado la lucha por revertir la mala imagen que reflejan las encuestas sino que está determinada a sacarle el máximo provecho a los privilegios que le da la banda presidencial.

[INFORME] Aunque las encuestas arrojan una innegable desaprobación de la labor de los parlamentarios, el Congreso contrató a una empresa para supervisar y analizar lo que se dice de sus integrantes en medios de comunicación y redes sociales. Sudaca también detectó una nueva inversión en el área audiovisual y hasta para productos de merchandising.

Los actuales inquilinos del Congreso han formado parte de uno de los periodos parlamentarios más críticos en la vida política del Perú. Prácticamente, desde el día en el cual se instalaron en sus respectivas curules, la mirada de la mayor parte de la población estuvo encima de ellos y sus acciones no hicieron mucho por convertir los cuestionamientos en un voto de confianza.

Los proyectos de ley que facilitaban el camino a la criminalidad, la inexplicable afinidad entre el fujimorismo y el bloque de Vladimir Cerrón, los congresistas “mochasueldos”, las denuncias por abusos sexuales, el escandaloso caso de “Los Niños” de Acción Popular y, principalmente, el evidente desinterés por fiscalizar y tener una postura severa con respecto al gobierno de Dina Boluarte llevaron a que el Legislativo no alcance ni un 5% de respaldo en las encuestas.

Sin embargo, aunque las diversas encuestas realizadas desde el año 2021 hasta la fecha muestra una tendencia indiscutible e incluso las apariciones de los parlamentarios en eventos públicos demuestran el sentir de la mayor parte de la población con respecto a sus congresistas, en el Palacio Legislativo han tenido una insólita idea que costará varios miles de soles.

EL CONGRESO SÍ SUPERVISA

Si bien se ha visto que en el Congreso no hubo voluntad para poner atención en el accionar del Ejecutivo o de sus propios integrantes cuando se veían involucrados en irregularidades, donde sí parece existir interés por estar al tanto de lo que dicen los medios de comunicación y las redes sociales sobre ellos.

Pero este no es un trabajo que ellos mismos estén dispuestos a realizarlo. Por ello, durante el pasado mes de julio y en días que las noticias sobre el Congreso se centraban en la elección de la nueva Mesa Directiva, el Legislativo emitió una orden de servicio a una empresa para que, en pocas palabras, se encargue de avisarles si tienen  buena imagen o no. Sudaca pudo revisar este servicio contratado por el monto de S/. 13,333.35 y encontró información inesperada.

En la imagen anterior se puede observar que dicha orden  de servicio es a nombre de Imedia Comunicaciones S.A.C. por un monto superior a los trece mil soles. Pero al investigar qué es exactamente lo que había pagado el Congreso de la República se pudo conocer que se trataba de un servicio de monitoreo de medios y redes sociales.

Como lo explica en la propia página web de Imedia Comunicaciones, el trabajo que ellos llevan a cabo se enfoca en ofrecerles a sus clientes una revisión de las noticias que publican los medios de comunicación sobre ellos, las repercusiones que tienen en redes sociales y un análisis para saber si gozan de una buena o mala reputación.

Pero esta no fue la primera vez que los congresistas aprueban este tipo de gastos. Este 2025, más precisamente en el mes de febrero, el Congreso contrató los servicios de monitoreo de medios y redes sociales que ofrece Imedia Comunicaciones. En aquella oportunidad el pago fue de veintisiete mil soles.

Aunque hasta para los peruanos más distantes de la actualidad política la imagen del actual Congreso es sumamente negativa y no hay encuesta que muestre un resultado que lo contradiga, los padres de la patria consideraron oportuno recurrir a este servicio de monitoreo de medios que solamente confirmará un resultado que se conoce de antemano.

Además, al revisar el historial de contrataciones entre esta empresa y el Congreso, Sudaca pudo encontrar que no sólo se ha contratado este servicio de monitoreo de medios en los últimos años sino que el costo de dicho servicio se ha ido incrementando considerablemente. De los trece mil soles que pagaron en 2023 pasaron a treinta y cinco mil soles para 2024 y, en lo que va del 2025, ya han superado los treinta y siete mil soles.

EL CONGRESO Y SU MERCHANDISING

Pero además de contratar una empresa para monitorear medios y confirmar la evidente crisis de imagen, el Congreso ha tomado otras inexplicables decisiones que parecen enfocadas en mejorar su imagen. Una de ellas ha sido la contratación de una empresa dedicada al merchandising publicitario.

La siguiente imagen corresponde a la página de Facebook de la empresa 965 Publicidad S.A.C. a la cual el actual Congreso le ha firmado órdenes de servicio por un total de S/. 46,837.34 por estos productos personalizados que las empresas suelen mandar hacer para diversos eventos corporativos.

Pero este Congreso, aparentemente preocupado por su imagen, también ha considerado necesario realizar una renovación audiovisual. Por ello, durante el último mes de la gestión de Eduardo Salhuana como titular del Legislativo se firmó un contrato por S/. 31,996.00 con la empresa Inversiones Fotográficas del Perú S.A.C. la cual se dedica a la venta de cámaras, pantallas y todo tipo de implementos para fotografías y videos.

Esta inversión podría catalogarse como desconcertante debido a que, tan sólo dos años atrás, el Congreso había firmado diversas órdenes de servicio por más de cincuenta mil soles para adquirir equipos y accesorios audiovisuales. Además, como reveló un informe del medio Infobae, también dos años atrás habían firmado un contrato por la cifra de S/ 1,485,440 para la “adquisición e instalación de equipos para la rehabilitación por migración a la señal HD”.