Informes

[INFORME] Uno de los candidato al senado de Wolfgang Grozo fue  parte de la campaña del supuesto fraude en las elecciones del 2021. Este miembro de Integridad Democrática pidió a la justicia la nulidad de las elecciones señalando, entre otras acusaciones conspirativas, que más de trescientos mil fallecidos participaron.

En una campaña electoral donde los primeros puestos parecen estancados en los mismos porcentajes que registraron varios meses atrás, la mesa parece servida para que un candidato inesperado, el famoso «outsider», pueda pasar en poco tiempo a convertiré en uno de los serios animadores de la contienda.

Uno de los que ha querido colgarse este cartel ha sido Wolfgang Mario Grozo Costa, un general en retiro que supo integrar las filas de la Fuerza Aérea del Perú. Con un discurso que lo mostraba como un crítico tanto de la derecha como la izquierda, Grozo empezó a figurar entre los principales aspirantes a la presidencia respaldado, especialmente, por el votante juvenil.

Sin embargo, esta creciente popularidad se ha convertido en un arma de doble filo para este candidato. Si bien le ha permitido que más peruanos lo conozcan, también se ha colocado a él mismo y a su partido, Integridad Democrática, bajo los reflectores y un escrutinio público que puede ser angustiante cuando hay un historial cuestionable y sobre el cual no hay explicaciones claras.

Hasta la fecha se ha podido conocer diversos episodios controversiales sobre Wolfgang Grozo, como su cercanía con el fiscal Tomás Gálvez y el empresario Zamir Villaverde. Pero, en esta oportunidad, Sudaca ha podido conocer el polémico historial de una de las personas que acompaña a Grozo Costa en su aventura política y no lo muestran como alguien precisamente lejano a la clase política de la que dice ser distante.

OTRO MILITANTE DEL FRAUDE

Cuando Pedro Castillo Terrones ganó las elecciones en junio del 2021, un sector de la clase política y la sociedad, principalmente limeña, se negó a aceptar que el candidato de Perú Libre iba a usar la banda presidencial. Esta incapacidad para asumir la derrota llevó a que se difunda una teoría conspirativa que acusaba a los organismos del sistema electoral de estar detrás de un fraude.

Lo que se podría denominar como la campaña del fraude llevó a que se vean situaciones insólitas que iban desde pedidos para que las Fuerzas Armadas intervengan hasta viajes de congresistas electos a las oficinas de la OEA (Organización de los Estados Americanos) pidiendo una intervención. En esta lista de personajes que intentaron revertir el resultado de un proceso democrático figura el nombre de una persona que hoy intenta llegar al senado de la mano de Wolfgang Grozo y su partido.

Juan José Rodríguez Andonaire es el nombre de este candidato que pretende convertirse en uno de los integrantes de nuevo senado como parte de Integridad Democrática. Acorde a la información disponible, este aspirante a senador no cuenta con historial político y apenas registra un pasado de pocos años como comerciante en el rubro textil.

Pero no es lo único que aparece en su historial. Sudaca pudo acceder a una sentencia del Tribunal Constitucional  que expone la insólita postura del ahora candidato al senado de Wolfgang Grozo e Integridad Democrática tras conocerse los resultados de las elecciones del año 2021.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional, que data del año pasado, atiende un recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de Rodríguez Andonaire contra una resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que años atrás había declarado improcedente la demanda presentada por Rodríguez.

La demanda en cuestión se presenta un 15 de julio del 2021, a menos de dos semanas de la investidura presidencial de Castillo Terrones, y es en contra del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Ministerio Público.

El objetivo no era otro que solicitar la nulidad de proceso electoral que había dado por ganador a Pedro Castillo. La demanda de Rodríguez Andonaire hablaba de una vulneración manifiesta de derechos fundamentales que, mediante un fraude, tuvieron incidencia en el derecho electoral.

ACUSACIONES SIN PRUEBAS

La demanda interpuesta por el actual candidato al senado no aportaba pruebas alegando que “los hechos vulneratorios de sus derechos son públicos” y hasta acusaba al entonces presidente, Francisco Sagasti, de incumplir con el principio de neutralidad. Para Rodríguez Andonaire, los órganos del sistema electoral habían avalado una serie de actos fraudulentos.

Con un discurso casi idéntico al que se propagaba desde el bunker de Fuerza Popular, la demanda de Rodríguez repetía que las firmas de las actas electorales eran falsas, hacía mención de una inclusión de menores de edad en el padrón electoral y hasta señalaba que trecientos mil fallecidos participaron de las elecciones.

La inexplicable inclusión del Ministerio Público entre las partes demandadas llevó a que su procurador público señale que no se había precisado qué acto cometido por un fiscal justificaba dicha demanda pero que, si consideraba que se había cometido algún acto ilícito, contaba con las vías correspondientes para denunciar. Ante esta respuesta, y tan sólo unos días después, Rodríguez Andonaire desistiría de la demanda al Ministerio Público.

Finalmente, el noviembre del 2021, la demanda a la ONPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC sería declarada improcedente. La resolución al respecto señala que no se habían aportado suficientes medios probatorios, como dice la propia demanda no se presentó ninguno, para corroborar las afirmaciones realizadas por Juan José Rodríguez Andonaire.

Wolfgang Grozo y su partido, Integridad Democrática, se han enfocado en marcar tanta distancia como sea posible de los políticos que han estado cerca al poder durante los últimos años. Sin embargo, el accionar de Rodríguez Andonaire en 2021 demuestra que no son tan diferentes ni están tan distantes de las agrupaciones políticas a las que han criticado en campaña y despertando una duda razonable sobre cómo reaccionarían ante un resultado adverso en las urnas el próximo mes de abril.

[INFORME] La iglesia evangélica entra por la puerta grande a Palacio de Gobierno. En medio de nueva crisis energética, el presidente José María Balcázar se encuentra con el asesor espiritual de Pedro Castillo y Dina Boluarte en una “reunión de trabajo”.

El paso de José María Balcázar Zelada por el Congreso parecía, hasta hace unas semanas, condenado a la intrascendencia. A excepción de la cuestionable votación en la que el parlamentario de Perú Libre se abstuvo de votar en contra del matrimonio infantil, Balcázar podía ser considerado como un miembro del hemiciclo poco memorable.

Pero, a poco de terminar su periodo como congresista, la caótica y siempre sorpresiva política peruana le allanó el camino a Palacio de Gobierno. Asumir la presidencia luego de los escándalos que ensombrecieron las gestiones de sus predecesores podría invitar a creer que el abogado de ochenta y tres años intentaría evitar las polémicas.

Sin embargo, este no ha sido el caso y el despacho presidencial ha continuado abriéndole sus puertas a todo tipo de personajes. Sudaca pudo conocer las historias detrás de uno de los visitantes atendido por el presidente interino que ponen en alerta sobre las prioridades que podría tener Balcázar durante su paso por Palacio.

PALABRA DIVINA EN PALACIO

Aunque sus gobiernos tuvieron más diferencias que similitudes, entre esos pocos puntos de coincidencia que se podían encontrar entre las gestiones de Dina Boluarte y Pedro Castillo existió un nombre que fue tomando fuerza en los pasillos de Palacio de Gobierno durante la presencia de estos personajes.

Sorprendentemente, no se trataba de un congresista, tampoco era el líder de un partido y mucho menos un operador político. La persona en cuestión es Anthony Jesús Lastra Velarde,  un joven pastor evangélico que apenas tenía veintitrés años  cuando se conoció sobre su cercanía a Pedro Castillo y su familia.

Lastra Velarde se refería al hoy encarcelado expresidente como un «elegido de Dios», pero su influencia parecía exceder lo relacionado a las creencias religiosas de Castillo Terrones y su familia. En declaraciones para el periodista Alessandro Azurín para Sudaca en diciembre del 2021, Lastra hablaba de su interés por conversar con el entonces mandatario para sobre la vacunación.

“Voy a conversar con él sobre la vacunación. Hay muchos hermanos que me lo han pedido. No soy antivacuna, pero no la promuevo. Yo dejo que la gente decida, que sea voluntario”, detallaba el joven pastor sobre su visita al despacho de Castillo. En simultáneo, Lastra también sostenía reuniones con diversos congresistas.

En diciembre del 2022, Pedro Castillo dejaría de ser presidente tras su fallido intento de golpe de Estado. Pero la presencia de Lastra no se vería perjudicada. Dina Boluarte no sólo sería una admiradora de sus prédicas, sino que también terminó por convertirse en una importante aliada y defensora de su movimiento religioso.

Si Lastra había encontrado en Castillo a un presidente que lo escuchaba, Boluarte habría estado dispuesta a darle una ayuda mayor. En junio del año pasado, el dominical Punto Final dio a conocer que la presidenta estaba dispuesta a respaldar la creación de una capellanía evangélica en Palacio y la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, a la que pertenecía Lastra, incluso había iniciado los trámites para lograr este objetivo.

REGRESO A PALACIO

La relación entre el joven evangélico y Palacio de Gobierno se vería interrumpida durante el mandato de José Jerí. El aparente desinterés de Jerí Oré por vincularse con quien se había convertido en una especia de consejero espiritual. Probablemente por esta razón, mientras que Lastra se refería a Castillo como un «elegido de Dios», a José Jerí le auguraba la censura debido a que le “dio la espalda a Dios”.

Actualmente, el joven pastor Anthony Lastra sigue cercano a la política y está haciendo campaña para convertirse en diputado por Lima de la mano de Unidad Nacional, la alianza entre el PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos que lleva como candidato presidencial al congresista Roberto Chiabra.

Con la llegada de José María Balcázar al sillón presidencial, las puertas de Palacio de Gobierno se abrieron otra vez para Lastra. En medio de las urgencias que debe atender el nuevo presidente y la extenuante agenda de un candidato, Balcázar y Lastra parecen buscar la oportunidad para encontrarse en lo que queda registrado como una reunión de trabajo en el despacho presidencial.

Otro dato que ha llamado la atención sobre el regreso de Lastra a las altas esferas del gobierno nacional es que habría ocurrido junto a una persona llamada Paul Jacob Isael Jiménez Aredo, quien acorde a sus registros parece ser cercano a tres parlamentarios de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, Alejandro Muñante y Javier Padilla, que casualmente tienen una innegable cercanía con las iglesias evangélicas.

Mientras el país sigue sin encontrar una respuesta clara a la crisis de inseguridad y se asoma una crisis energética, resulta válido preguntarse si en Palacio son estas las prioridades o le están dando mayor atención a los intereses de quienes en el pasado ya demostraron que saben cómo convertirse en personajes muy influyentes en las altas esferas políticas.

[INFORME] Tras descubrir que un empresario condenado seguía figurando con poderes vigentes, el Tribunal de Contrataciones Públicas le quitó a Industrias Argüelles un contrato millonario y la historia se podría repetir en el distrito de La Victoria.

En el más reciente informe publicado por Sudaca se relataba la situación que ocurrió durante el año pasado con la Municipalidad de La Victoria y los contratos firmados con Industrias Argüelles, una empresa cuyo fundador no sólo estuvo involucrado en un caso de sobornos, sino que hasta llegó a ser condenado por la justicia.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento en el cual es el propio Tribunal de Contrataciones Públicas quien se pronuncia sobre la situación de la empresa de Aniceto Argüelles y sus posibilidades de participar de procesos de licitaciones tras la condena que pesa sobre su fundador.

VIGENCIA INDISCUTIBLE

En el mes de abril del año pasado, la Municipalidad de San Isidro convoca a un concurso público que tiene como propósito la contratación de un servicio de alquiler de vehículos para la limpieza pública por un valor que superaba los cincuenta millones de soles. Industrias Argüelles fue de una las empresas que presentó su oferta, por más de cuarenta y siete millones de soles, y se le terminaría otorgando la buena pro en el mes de agosto.

En este punto es preciso señalar que la participación en este concurso público ocurrió varios meses después que se conociera Aniceto Argüelles Loayza, fundador de Industrias Argüelles, había sido condenado a cuatro años y dos meses de pena suspendida tras reconocer el pago de sobornos a la magistrada Roxana Urbina.

Además de la condena mencionada, las normas de conducta y un  pago por reparación civil, Argüelles Loayza tendría que afrontar una serie de impedimentos entre los cuales se encontraba la imposibilidad de estar involucrado en contratos con el sector público, como lo vendría a ser el contrato firmado con la Municipalidad de San Isidro.

La defensa desde Industrias Argüelles para seguir participando de licitaciones públicas se enfocó en señalar que Aniceto Argüelles no era representante de la empresa luego que en abril del 2024 se le revocara el poder otorgado por la junta general de accionistas en el año 2014.

Sin embargo, tal como el Tribunal de Contrataciones Públicas pudo constatar en los documentos de Sunarp, existía un nombramiento que tuvo lugar en el año 2020 en el cual se le otorgaba a Aniceto Argüelles Loayza el poder para realizar las mismas funciones de un gerente general. Con este poder, el cual sí se encontraba vigente, Argüelles aparecía como la persona designada por su empresa para firmar contratos.

DECISIÓN FINAL

Ante esta situación, la decisión del Tribunal de Contrataciones Públicas fue contundente al señalar que, debido a la vigencia del poder otorgado a Aniceto Argüelles, la oferta de Industrias Argüelles presentaba a la Municipalidad de San Isidro debía ser declarada como no admitida dado que su fundador, como consecuencia de su condena, se encontraba impedido de participar en estos procesos de selección.

La gravedad detrás de esta situación ha llevado a que el Tribunal de Contrataciones Públicas no sólo se limite a ordenar que la oferta de Industrias Argüelles sea declarada como no admitida, sino que también se abrirá un expediente administrativo sancionador contra esta empresa por la presentación de información inexacta.

LO QUE SE VIENE

El caso reportado en el informe presentado por este medio el día de ayer sobre el contrato de Industrias Argüelles con la Municipalidad de La Victoria podría seguir un camino similar al de San Isidro. Sudaca pudo acceder en exclusiva a un documento en el cual la Contraloría avisa que admitió una denuncia contra Industrias Argüelles por la firma de contratos pese al impedimento que pesa sobre su fundador.

[INFORME] Pese al impedimento que pesa sobre su fundador, la Municipalidad de La Victoria siguió firmándole adendas y generosos contratos a Industrias Argüelles varios meses después.

El caso de Industrias Argüelles sigue dando que hablar por la inexplicable decisión de algunos distritos de seguir firmando contratos con ellos pese a la condena que pesa sobre su fundador tras los hechos de corrupción que lo involucran. En esta oportunidad es la Municipalidad de La Victoria quien hasta firmó un contrato complementario con la empresa de un condenado que está impedido para contratar con el sector público.

EL IMPEDIMENTO

A principios del año 2025, el empresario Aniceto Argüelles logró un acuerdo muy importante para él. Tras verse implicado en la compra fraudulenta de un terreno que afectó los intereses de una comunidad campesina, Argüelles Loayza intentó sobornar a la magistrada Roxana Urbina Becerra con el objetivo de torcer el brazo de la justicia en favor a sus intereses.

Sin embargo, esa cuestionable maniobra por interferir con la justicia terminaría siendo expuesta y al fundador de Industrias Argüelles no le quedaría otra alternativa que buscar un acuerdo de terminación anticipada. Con esta estrategia, el empresario lograría evitar una condena que implique un paso por un establecimiento penitenciario siempre y cuando admitiera su estrategia para sobornar a Urbina Becerra.

Si bien Aniceto Argüelles pudo salvarse de una condena efectiva, el empresario fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida condicionadas por determinadas reglas de conducta y el pago de una reparación civil que alcanzaba el monto de veinte mil soles.

Esta condena tendría un impacto considerable en su vida como empresario. Su cuestionable accionar armando una estrategia para corromper a una magistrada llevaría a que Argüelles quede imposibilitado de firmar contratos con el sector público además de las otras normas de conducta que figuran en la imagen anterior.

LA VICTORIA Y UNA REALIDAD DISTINTA

Sin embargo, en el distrito de La Victoria las cosas parecen manejarse de una manera muy distinta. En los primeros meses del año 2022, la Municipalidad de La Victoria convoca al Concurso Público N° 002-2022-CS-MLV-1 con el cual buscaban la contratación de un “Servicio de alquiler de maquinarias y unidades vehiculares para el transporte y disposición final de residuos sólidos”.

Este proceso terminaría con Industrias Argüelles recibiendo la buena pro en el mes de abril y, más precisamente, el 25 de abril del 2022 se suscribiría el contrato Contrato N° 013-2022-MLV que tendría una duración de casi tres años y por el cual la Municipalidad de La Victoria le pagaría la considerable cifra de S/ 69’728,400.00 a la empresa de Aniceto Argüelles.

Pero en abril del año pasado, cuando estaba por concluir este millonario contrato, la Municipalidad de La Victoria decide firmar una adenda con la cual se extendía el contrato con la empresa de Aniceto Argüelles que sería seguida de una nueva adenda firmada en el mes de junio. No conforme con ello, en julio del año pasado incluso se firmaría un contrato complementario por el monto de S/ 20’918,520.

Si bien en el año 2022 no existía ningún impedimento para Aniceto Argüelles ni su empresa, las dos adendas y el contrato complementario firmados durante el año 2025 ocurrieron varios meses después que se conociera la sentencia que le impedía al fundador de Industrias Argüelles estar involucrado en contratos con el sector público.

[INFORME] Órdenes de servicio por más de cien mil soles, un viaje a España y un ascenso sospechosamente rápido. La historia detrás de una insólita designación hecha por la gestión de Diego Uceda y Renovación Popular en la Municipalidad de La Molina.

En la Municipalidad de La Molina parecen haber adoptado la política de no juzgar a las personas por su pasado. Una consigna que, aunque puede parecer muy atractiva para un texto motivacional, toma otro tinte cuando se tiene en cuenta que sobran los funcionarios con antecedentes cuestionables que hasta los han llevado a ser condenados.

Sudaca pudo encontrar una extraña designación para una de las gerencias que tiene como protagonista a una persona cuyo nombre figura en una auditoría como responsable de presentar facturas falsas mientras trabajaba en otro municipio y anteriormente hasta fue condenada por presentar un documento bancario falso.

LA SENTENCIA Y LAS FACTURAS

En el año 2010 se dio a conocer una sentencia que involucraba a diversos funcionarios de la Municipalidad de Jesús María y a Ana del Carmen Mendoza Chirichigno, quien por aquel entonces se desempeñaba como gerente de la empresa Tour Car. Según la información a la que Sudaca tuvo acceso, el distrito que se encontraba bajo la gestión de Francisca Izquierdo Negrón le había otorgado la buena pro a la empresa de Mendoza Chirichigno en medio de serias irregularidades.

La empresa Tour Car S.A. por aquel entonces se dedicaba al rubro de alquiler de vehículos y transporte turístico. Sin embargo, esto no fue impedimento para que participe de una licitación que tenía como finalidad la contratación de un servicio de limpieza pública, eliminación de desmonte y mantenimiento de parques.

Posteriormente, la Contraloría encontró que Tour Car S.A. no sólo no contaba con experiencia laboral sino que tampoco tenía licencia de funcionamiento. Acorde a lo señalado en este documento, la empresa realizaría el servicio para el cual fue contratada con vehículos que no le pertenecían.

A ello se le sumó que la empresa de Mendoza presentó una carta de fianza emitida supuestamente a nombre de la entidad bancaria Interbank por un monto de más de trescientos mil soles, la cual sirve como garantía bancaría para asegurar el cumplimiento de contratos, que resultó ser falsa. La Contraloría fue contundente al señalar que, con todas estas irregularidades de por medio, las comisiones a cargo de estas licitaciones debían descalificar a este postor.

Este caso culminó con Mendoza Chirichigno, gerente de Tour Car S.A., siendo condenada a dos años de pena privativa de libertad suspendida y cinco mil soles de reparación civil por el delito contra la administración pública. En el año 2011, Mendoza buscaría la nulidad de la condena, aunque este intento no tendría éxito.

Años después, más precisamente el 2017, el nombre de Ana Mendoza Chirichigno volvería a aparecer. En esta oportunidad, una auditoría realizada en la Municipalidad de Santiago de Surco expondría serias irregularidades en las cuales Mendoza, quien ocupaba la gerencia de servicios a la ciudad, estaba involucrada.

En esta auditoría realizada por el Órgano de Control Institucional se encontraron numerosas deficiencias en el manejo del fondo de caja chica. La presentación de facturas con borrones, un uso inadecuado del fondo fijo de la caja chica y facturas sin detalles sobre los cantidades de bienes adquiridos llamaron la atención de los autores de este informe.

Pero lo más grave vendría más adelante. Acorde al informe al que Sudaca tuvo acceso, Mendoza Chirichigno habría presentado facturas falsas por cerca de dos mil soles. Fue el propio proveedor quien se encargó de aclarar que esas facturas presentadas por Ana Mendoza no le correspondían.

OPORTUNIDAD INESPERADA

Por supuesto, con este tipo de antecedentes plagados de mentiras y omisiones, era sólo cuestión de tiempo para que Ana Mendoza Chirichigno sea sancionada y esté impedida para trabajar con el sector público. Sin embargo, en ciertas esferas de la política peruana pareciera que contar con ese historial los convierte en funcionarios más interesantes.

Renovación Popular parece ser una de estas agrupaciones políticas que no ven mayor problema en entregarle cargos claves a personas con un historial como el que carga Mendoza Chirichigno. Por ello, el pasado 17 de marzo del 2025, la gestión de Diego Uceda designó a Mendoza en el cargo de confianza de asesora de la gerencia municipal.

Mendoza Chirichigno duraría menos de diez días en el cargo. Sorprendentemente, el municipio a cargo de Renovación Popular no tardó en darle un considerable ascenso. Por ello, desde el 26 de marzo del año pasado, Mendoza pasó a ocupar el cargo de gerente de participación vecinal.

Las buenas noticias para Mendoza Chirichigno desde su llegada a La Molina no paraban de llegar. Casi en simultáneo a su designación en una gerencia, la Municipalidad de La Molina la autorizó para que forme parte de una delegación que cinco días después, el 31 de marzo, estaría viajando a España.

Sin duda alguna, el mes de marzo fue muy lucrativo para Mendoza. A la designación como asesora seguida de un ascenso a gerente acompañado de un viaje se le sumó una orden de servicio por un “servicio especializado del sistema de gestión ambiental” por el cual recibió un pago de cuarenta mil soles a los cuales se le suman S/. 86,800 por otras siete órdenes de servicio que consiguió en menos de un año.

En una época en la cual a la población le cuesta cada vez más confiar en las autoridades, resulta inexplicable que el alcalde Diego Uceda y quienes acompañan la gestión de Renovación Popular en el distrito de La Molina consideren que, entre todos los profesionales disponibles, la persona idónea para ocupar una gerencia es alguien que arrastra un historial más que cuestionable.

[INFORME] La investigación por presunto dumping en la importación de alambrón de origen chino, actualmente en trámite ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi, ha generado no solo controversia técnica sino también cuestionamientos sobre la conducción e impàrcialidad del procedimiento. Precisamente, este viernes 27 de febrero se realizará una audiencia pública virtual para que las partes expongan sus posiciones, ante una serie de cuestionamientos.

El caso adquirió especial relevancia tras la inusual rapidez con la que se impuso una medida provisional al inicio de la investigación, decisión que impactó de inmediato en la cadena productiva y en los precios del mercado de todos los peruanos. Posteriormente, el reciente Documento de Hechos Esenciales emitido por la Comisión ha sido objeto de observaciones técnicas por parte de actores del sector, quienes advierten posibles inconsistencias metodológicas y cuestionamientos al análisis de daño.

Documentación oficial revela vínculos funcionales previos entre el actual Secretario Técnico de la Comisión, Luis Alberto León Vásquez, y profesionales vinculados al estudio jurídico que hoy interviene en procesos ante dicha instancia.

En este contexto, ahora surge una preocupación adicional: la imparcialidad en la conducción técnica del procedimiento.

Vínculo funcional previo en la Sala de Defensa de la Competencia

Registros oficiales acreditan que Luis Diez Canseco Núñez fue Vocal de la Sala de Defensa de la Competencia entre diciembre de 2006 y agosto de 2008.

Durante ese mismo período, según la Memoria Institucional 2007 del Indecopi, Luis Alberto León Vásquez se desempeñó como Secretario Técnico de la misma Sala.

No se trata de una coincidencia institucional menor. Se trata de una relación orgánica dentro del mismo órgano resolutivo, donde el Vocal ejercía posición jerárquica respecto del actual Secretario Técnico (Luis Alberto León Vásquez) de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi, responsable de la tramitación técnica y el soporte jurídico de los expedientes sometidos a decisión.

Es decir, existió una relación funcional directa dentro de la estructura decisional.

Más que coincidencias dentro de la Comisión de Dumping

Luis Alberto León Vásquez asumió el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios en agosto de 2008, función que mantiene hasta hoy.

Por su parte, Robert Venero Peralta se desempeñó como Abogado Senior en la misma Comisión, conforme información pública del estudio jurídico en el que actualmente labora.

No es un dato menor que la Secretaría Técnica dirige la tramitación técnica de los procedimientos y coordina el trabajo jurídico de la Comisión. El cargo de Abogado Senior implica participación directa en el análisis y sustento de expedientes.

Se trata, nuevamente, de extrañas coincidencias dentro de la misma estructura operativa y técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi,

Estándar reforzado de imparcialidad en un caso de alto impacto

La investigación sobre alambrón chino no es un procedimiento menor. Sus efectos alcanzan a importadores, industria transformadora, empleo y costos en diversos sectores productivos nacionales.

Cuando en un procedimiento de esta magnitud interviene profesionalmente un estudio jurídico fundado por un ex Vocal con quien el actual Secretario Técnico mantuvo vínculo funcional directo, y donde además labora un profesional que coincidió en funciones dentro de la misma Comisión, el estándar exigible es el máximo nivel de transparencia.

No se trata de imputar conductas indebidas. Se trata de preservar la apariencia objetiva de imparcialidad. En materia de función pública, la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.

Algunas preguntas son inevitables:

¿Se informó formalmente esta coincidencia funcional a la Comisión?
¿Se evaluó la abstención preventiva del Secretario Técnico de la Comisión?
¿Se adoptaron medidas para blindar el procedimiento frente a cuestionamientos de parcialidad?

Ante la magnitud económica del caso y los cuestionamientos técnicos ya formulados respecto al Documento de Hechos Esenciales, se formula un llamado directo al Presidente del Consejo Directivo del Indecopi y a los miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios para que:

1. Soliciten un informe formal del Secretario Técnico respecto de los vínculos funcionales descritos.
2. Evalúen si corresponde su abstención en los procedimientos donde intervenga el estudio jurídico vinculado.
3. Garanticen que la investigación sobre alambrón chino se conduzca bajo un estándar reforzado de transparencia, debido proceso e independencia técnica.

En decisiones que pueden alterar la estructura de un mercado completo, la confianza institucional no es un accesorio. Es la base de la legitimidad. La transparencia no es un gesto político. Es una obligación institucional.

Cuando están en juego decisiones que impactan mercados completos, empleo e inversión, la confianza en la imparcialidad del proceso no puede quedar librada a interpretaciones. La credibilidad del sistema se fortalece cuando las dudas se enfrentan con claridad, no cuando se minimizan.

[INFORME] Nuevamente las reuniones del presidente José Jerí son noticia. Tras designar al nuevo comandante general del Ejército, Sudaca descubrió que el mandatario empezó a tener reuniones nocturnas con su hija y sus familiares.

Se terminaron los días tranquilos en la oficina del presidente José Jerí. Pero no precisamente porque los problemas y urgencias del país generen intranquilidad en la vida del mandatario, sino por la catarata de revelaciones que la ciudadanía pudo conocer en las últimas semanas sobre sus sospechosas y cuestionables actividades.

Durante la última semana, Sudaca dio a conocer que el despacho presidencial se ha convertido en un lugar de encuentro para varios integrantes de Somos Perú que incluso permanecen hasta la medianoche. A ello se le sumaron numerosos informes periodísticos que dieron cuenta de otras reuniones en estas oficinas, especialmente con mujeres, que eran seguidas de importantes contratos.

En esta oportunidad, Sudaca ha encontrado nueva información sobre las personas a las cuales la oficina de Jerí Oré recibía en numerosas oportunidades mientras la población esperaba soluciones. Una amiga de redes sociales vinculada con un alto mando del Ejército y su familia que permanecían hasta pasada la medianoche.

LAS VISITAS DE JERÍ

El 5 de enero, el primer lunes del año, un par de apellidos figuraron en la lista de visitantes del despacho presidencial. Los hermanos Alessandra Calle Chávez y Andrés Martín Calle Chávez ingresaron pocos minutos antes de las dos de la tarde a la secretaría de seguridad de la casa de gobierno donde fueron recibidos por Christian Gabriel Laynes Campoblanco para una reunión de trabajo.

Alessandra y Andrés permanecieron en las oficinas de presidencia hasta pasadas las quince horas de ese día. Al revisar los datos de estos visitantes que comparten apellidos, Sudaca pudo encontrar que Alessandra Calle es una joven cirujana dentista que recién pocos meses atrás recibió su título.

Su visita al despacho de José Jerí parecía inusual y más al notar que en la lista de participantes de esta reunión de trabajo también aparece su otro hermano llamado Javier Eduardo Calle Chávez. Sin embargo, en los registros de ese mismo día se puede encontrar la explicación de su presencia. A finales del 2025, su padre, Osvaldo Martín Calle Talledo, fue designado por el presidente Jerí como comandante general del Ejército.

Tan sólo dos días después, la familia Calle Chávez volvió a visitar Palacio de Gobierno. Mientras el general Calle junto con su esposa y sus hijos varones llegaron poco antes de las ocho de la noche para reunirse con José Jerí, Alessandra se sumó cerca de las diez de la noche a este encuentro en el que, tal como figura en los propios registros de Palacio, fueron recibidos por el mandatario con quien compartieron hasta pasada la medianoche.

Una reunión tan numerosa parecería ser lo suficientemente importante como para registrarla en la agenda oficial. No obstante, como se puede observar en la siguiente imagen, los eventos y reuniones programados para el presidente Jerí habían terminado a las tres de la tarde luego de su reunión con José Antonio Kast, el presidente electo de Chile.

REUNIONES NOCTURNAS

El 13 de enero, casi una semana después, la hija del comandante general del Ejército volvió a visitar el despacho presidencial. En esta oportunidad, Alessandra Calle Chávez no estuvo acompañada de su familia. Pero, al igual que en la oportunidad anterior, esta visita que duro hasta poco antes de la medianoche fue registrada como una reunión de trabajo.

Semanas después, Calle Chávez volvió a visitar las oficinas de Palacio de Gobierno. La hija de Osvaldo Martín Calle Talledo se aproximó al lugar de trabajo del presidente donde se quedó hasta altas horas de la noche y, como quedó registrado por la secretaría general del despacho presidencial, se trató de una nueva reunión de trabajo.

Acorde a la declaración jurada que el propio Osvaldo Martín Calle Talledo presentó este año tras asumir el cargo de comandante general del Ejército, su hija Alessandra es una estudiante que no trabaja. Sin embargo, como se ha expuesto en este informe, en lo que va del 2026 se ha encontrado en varias oportunidades con el presidente para sostener reuniones de trabajo.

Curiosamente, al revisar las redes sociales del presidente Jerí ,se puede encontrar que Alessandra Calle Chávez, la hija del comandante general del Ejército, figura como una de las personas que sigue en Instagram.

Los antecedentes no son favorables para José Jerí. En las últimas semanas se ha conocido que sus amistades de redes sociales y personas que lo visitan en horas de la noche luego son designadas para cargos importantes. Este historial lleva a que esta inesperada cercanía entre Jerí Oré y la hija de este alto mando del Ejército hoy esté bajo la lupa.

[INFORME] El corazón de José Jerí no deja de latir por Somos Perú, o por lo menos por algunos de sus integrantes con los que se reúne hasta altas horas de la noche. Sudaca encontró numerosas visitas de miembros activos de este partido al despacho presidencial.

El gobierno de José Jerí sigue en el ojo de la tormenta. Tras un inicio con un más que aceptable respaldo por parte de la opinión pública, las recientes encuestas empiezan a evidenciar que la mayoría de peruanos dejó de confiar en el gobierno que dirige el joven abogado. La falta de resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia sumada a las sospechosas reuniones del mandatario con un cuestionado empresario chino que fueron seguidas de excusas pocos creíbles han mermado considerablemente el porcentaje de aprobación de Jerí Oré.

Pero, como si eso no fuese un golpe duro a la imagen del gobierno de transición, en los últimos días salieron a la luz casos de mujeres cercanas a José Jerí que obtuvieron órdenes de servicio tras visitas al despacho presidencial. El informe de Cuarto Poder reveló que estas amigas del presidente recibieron pagos que alcanzaban hasta los once mil soles.

Sin embargo, las visitas sospechosas no se han detenido. Sudaca pudo conocer que el despacho de José Jerí hoy es una oficina de puertas abiertas y no precisamente porque atiende a todo ciudadano que quiera aportar ideas o exponer alguna problemática. En esta oportunidad, personas estrechamente vinculadas con Somos Perú, el partido que lo llevó al Congreso, son detectadas en la lista de visitantes.

¿DESPACHO PRESIDENCIAL U LOCAL PARTIDARIO?

Con las elecciones cada vez más cerca y las serias acusaciones que empiezan a repercutir en la imagen del presidente, en Somos Perú optaron por emitir diversos comentarios críticos hacia José Jerí. Sin embargo, no todos los integrantes de este partido estarían interesados en marcar distancia con el hasta hace poco integrante de su bancada y, por el contrario, se han convertido en visitantes frecuentes de su despacho.

El martes 6 de enero, mientras la mayoría de peruanos volvía a sus jornadas laborales tras las fiestas de fin de año, la secretaría general del despacho de José Jerí recibía, por casi una hora, la visita de Claudia Rosa Tineo Caycho. La semana siguiente, Tineo Caycho visitaría nuevamente Palacio de Gobierno y, tan sólo un día después, volvería a presentarse a la secretaría general para extender su visita por casi tres horas.

En un contexto crítico para el país, se podría suponer que las reuniones en esta oficina están estrechamente relacionadas con temas críticos. Sin embargo, al revisar la historia de Claudia Rosa Tineo Caycho se pudo encontrar que quien en enero visitó en tres oportunidades el despacho presidencial era una odontóloga.

Esta información podría resultar desconcertante. No obstante, Sudaca encontró un dato extra sobre Tineo Caycho que podrían explicar estas visitas. La joven odontóloga, al igual que el presidente Jerí, pertenece a las filas de Somos Perú. Tineo, además, no es una simple militante sino que ocupa el cargo de secretaria regional de juventudes de Lima provincias.

Este tipo de visitas sospechosas continuarían. El viernes 16 de enero, un días después que Tineo acudiera al despacho de Jerí, Carlos Iván Gonzáles Nalvarte se hizo presente en la secretaría general y permaneció por más de dos horas. Tres días después, Gonzáles apareció nuevamente y se quedó hasta la medianoche.

Según la información que pudo obtener Sudaca, Gonzáles es un ingeniero ambiental. Pero, casualmente, también proviene de las filas del Somos Perú. En la siguiente publicación con motivo de su cumpleaños, que deja en evidencia su importancia dentro del partido, incluso se le puede ver en los pasillos del Legislativo.

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Pero Gonzáles Nalvarte no acudió sólo a las visitas al despacho presidencial. Los registros muestran que, esos mismos días y durante el mismo lapso de tiempo, Víctor Manuel Pizarro Villanueva también estuvo presente en estas reuniones que se extendieron hasta altas horas de la noche.

Por supuesto, al igual que Tineo Caycho y Gonzáles Nalvarte, Pizarro tiene algo que lo vincula al actual presidente. Como lo deja en evidencia la propia publicación del partido en sus redes sociales, se dio la casualidad que Víctor Pizarro Villanueva también pertenece a las filas de Somos Perú.

Este desfile de militantes de Somos Perú continuó a la semana siguiente. En esta oportunidad, Cristian Alejandro Mendoza Jara se acercó a las oficinas de Palacio de Gobierno. Pero, a diferencia de sus compañeros de partido, fue enviado a la secretaría de comunicación estratégica y prensa.

El despacho de José Jerí incluso ha estado abierto para excandidatos de Somos Perú. El martes 6 de enero, además de recibir la visita de la secretaria regional de juventudes de Lima provincias de Somos Perú, Prisila Jackeline Mormontoy Medina tuvo una reunión de trabajo por más de una hora. Mormontoy fue candidata a regidora del distrito de Santiago de Surco en las elecciones del 2022.

Aunque en las últimas semanas, la bancada de Somos Perú, mediante su vocero Héctor Valer, anunció que se iniciaría un proceso disciplinario contra el actual mandatario. Pero estas reuniones con miembros activos de este partido demuestran que si hay una ruptura entre Jerí y el partido de Patricia Li esta no es tal como la quieren contar.

Un riguroso seguimiento de SUDACA a recientes atropellos en el sistema de justicia ha permitido identificar el caso de la Universidad Alas Peruanas (UAP) como un ejemplo extremo de ilegalidad e inconstitucionalidad sostenida en el tiempo. Pese a que dos resoluciones firmes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declararon nula la incautación de sus bienes, el Estado continúa reteniéndolos sin mandato judicial vigente, en abierta vulneración del derecho constitucional a la propiedad y al debido proceso.

“Se trata de un proceso que se arrastra desde hace casi doce años, sin que hasta la fecha se haya acreditado la hipótesis fiscal que pretendía vincular a la UAP con un supuesto lavado de activos. Por el contrario, las propias pericias del Ministerio Público concluyeron que la universidad no presenta desbalance patrimonial alguno, confirmando que no existió beneficio ilícito. Aun así, la institución fue tratada como culpable y despojada de su patrimonio”, señala una fuente fiscal.

El origen de una arbitrariedad

El 11 de abril de 2023, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos, ejecutó un megaoperativo de allanamiento e incautación contra la UAP. La medida fue dirigida por el fiscal Salazar Reque y autorizada por el juez Zúñiga Urday, y terminó con el despojo de más de 30 inmuebles, 50 vehículos, siete aeronaves y un simulador de vuelo, valorizados en aproximadamente S/ 500 millones.

Los bienes fueron entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y rápidamente cedidos a entidades públicas como la Policía Nacional, Migraciones y gobiernos regionales. Algunos inmuebles, como el ubicado en Jesús María entregado a Migraciones, se encontraban bajo fideicomiso, por lo que eran legalmente inembargables, hecho que fue ignorado.

La incautación se ejecutó, además, con una orden judicial vencida, lo que agrava aún más la ilegalidad del procedimiento.

Dos nulidades judiciales que el Estado se niega a cumplir

La Universidad Alas Peruanas apeló la medida. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la incautación por graves irregularidades, entre ellas la ausencia de motivación, la falta de proporcionalidad y la omisión de analizar, bien por bien, si existía algún vínculo con actividad ilícita.

Pese a ello, el juzgado de primera instancia volvió a disponer la incautación. La UAP apeló nuevamente y, el 10 de noviembre de 2025, la misma Sala Penal anuló por segunda vez la medida, reiterando que no existían elementos legales ni probatorios que justificaran el despojo de los bienes.

Una ilegalidad que persiste sin respaldo judicial

Lo más grave es que, pese a estas dos nulidades, los bienes no han sido restituidos. Desde el 11 de abril de 2023 hasta enero de 2026 han transcurrido 1,034 días sin que exista una orden judicial válida que ampare la retención.

“Hoy, los inmuebles continúan ocupados por entidades públicas sin título legal alguno, bajo administración del Pronabi, en una situación abiertamente inconstitucional. La incautación ya no existe jurídicamente, pero el despojo continúa en los hechos”, agrega la fuente.

La situación es comparable a que a una persona se le anule dos veces la prisión preventiva y, aun así, permanezca detenida. En este caso, el castigo es patrimonial: lucro cesante, deterioro de activos, pérdida financiera acumulada y daño institucional severo.

Una crisis de legalidad que exige intervención inmediata

“La magnitud de este abuso —una incautación inexistente que sigue produciendo efectos reales— ha dejado de ser un problema judicial aislado y se ha convertido en una crisis de legalidad institucional. Frente a un escenario tan evidente de ilegalidad e inconstitucionalidad sostenida en el tiempo, resulta inevitable preguntarse si el Fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿No deberían actuar de oficio? para evaluar la conducta de los fiscales y magistrados involucrados, así como la persistente resistencia del aparato estatal a cumplir fallos judiciales firmes”, aseveró.

La permanencia de una medida anulada, la afectación continuada de derechos fundamentales y la notoriedad pública del caso configuran un escenario que no admite más dilaciones.

Actualmente, el expediente se encuentra bajo responsabilidad de la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien tiene la obligación legal y constitucional de poner fin a este atropello y disponer la restitución inmediata de los bienes, conforme a lo ya resuelto por la Sala Penal.

“Mientras ello no ocurra, el caso de la Universidad Alas Peruanas quedará registrado como una prueba de que, en el Perú, ni siquiera dos fallos judiciales bastan para frenar un abuso cuando el propio Estado decide incumplir la ley”, concluyó.