En conclusión, las leyes peruanas protegen y regulan la explotación sostenible de los recursos naturales del país, lo que genera beneficios económicos a través de la modalidad de regalías y canon. La inversión en recursos naturales también contribuye a la generación de empleo y actividad comercial en las zonas de influencia de los recursos.
Los ruegos de la doctora Shady para preservar el patrimonio arqueológico más antiguo del hemisferio sur logran convencer a las máximas instancias del Ministerio del Interior, las cuales autorizan a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para que le asignen una casa pequeña ubicada en Las Lomas de La Molina. Según la doctora Shady, los responsables del sector le dijeron: “aquí está este local, ocúpelo; no se preocupe por los reclamos de terceros, esos van a demorar un largo tiempo”. Recién en 2018, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) nos informa que iba a subastar el local. En ese momento, me dije que había que buscar una salida porque una vez rematado habría que desalojar. Pero antes, como Pronabi pertenecía al Ministerio de Justicia, fui a hablar con el titular del sector, Vicente Zeballos y él me dijo que seguramente Pronabi necesitaba vender para agenciarse de fondos, pero que no me preocupe porque no nos iban ‘a lanzar’ de la noche a la mañana; con tranquilidad vamos a ver internamente esto. Y así pasaron la pandemia del coronavirus y más de tres años y medio de silencio administrativo, hasta que, en octubre de 2022, nos volvieron a pedir el local. En ese mismo momento, fui a buscar a la ministra de Cultura de entonces para pedirle un espacio en el edificio del ministerio. La ministra llamó a su abogado y también al procurador, quien me dijo que no nos preocupáramos porque en 2021 había salido un decreto supremo que decía que si una entidad del Estado tenía un bien inmueble en posesión no podía ser desalojada y que se lo harían llegar al Pronabi antes que el inmueble sea subastado y porque además tenemos en esa casa 15 años.
Entonces, a pedido de las partes, tuvimos una reunión con Pronabi, con la ministra de Cultura y con funcionarios de Justicia; en la reunión no le hicieron caso al decreto supremo, y, más bien, nos dijeron que Pronabi había subastado la casa de Las Lomas el 19 de diciembre de 2022. El nuevo ministro de Justicia me dijo que reconocía el trabajo de los profesionales de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) y que iba a hacer lo posible para darnos una solución satisfactoria, lo mismo dijo el alcalde de La Molina, quien ofreció donar un terreno, pero no la construcción. A todos los funcionarios de los diferentes niveles y sectores les hemos dicho que en el pequeño local de Las Lomas de La Molina, está perfectamente acondicionado para guardar las reliquias, también tenemos laboratorio y archivo con cientos de piezas y documentos que les dan validez. Es mi orgullo y debería ser el orgullo del Perú”.
La compra, la venta y el probable alquiler
Roger Hugo Gerónimo Miranda es un peruano como muchos, pero un afortunado como pocos que se hizo acreedor junto a su esposa Rosario Zegarra Rodríguez de la casa de Las Lomas de la Molina por el monto de ochocientos noventa y dos mil novecientos ochenta soles. El funcionario de Aduanas durante largos años, con ese sueldo pequeño y nunca indexado pudo darse maña para comprar y vender casas y camiones, ilusiones propias y ajenas.
Lo llamamos y nos contestó:
“Yo he comprado (la casa de Las Lomas de La Molina) de manera legal, los funcionarios de Pronabi hicieron una convocatoria en la cual yo participé y ahora ellos (los de Caral) tienen que retirarse. No la estoy ofreciendo en alquiler, pero el Ministerio de Cultura es el que me pide que se la alquile. Le he respondido ‘que puede ser’ y hemos negociado durante una semana. Quiero decirle que lo que he hecho es totalmente legal, ella (la doctora Shady) es la que está actuando de manera ilegal, porque se ha debido retirar de la casa y no le ha dado la gana de retirarse. Ellos (los arqueólogos de Caral) simplemente tienen que irse, no tienen nada que los ampare, porque yo no estoy dispuesto a aceptar la nulidad de la compra-venta. Yo he comprado la casa porque me interesa. Ahora bien, si quieren comprármela estoy dispuesto a vendérsela, pero no al precio de la adquisición, sino al precio de mercado”.
Al terminar la conversación, Roger Hugo Gerónimo Miranda nos dijo: “las sospechas sobre el origen del dinero (ochocientos mil soles, según los informantes) pueden darse, pero yo tengo más de treinta años trabajando en Sunat. Es imposible que no pueda demostrar de dónde sale ese dinero”, nos dice el afortunado funcionario.
Y finaliza con un contundente: “una donación (de la casa) es imposible”.
Recapitulemos lo conocido hasta ahora en este “cultoricidio”; tenemos, primero, a una burocracia insensible en la Universidad de San Marcos donde la doctora Shady, sus arqueólogos y sus asistentes estuvieron amontonados hasta el descubrimiento de Caral en 1997. Cuando en 2002, la Universidad de San Marcos obliga a la arqueóloga y a su gente a dejar el campus, la doctora Shady averigua que ese acto indigno fue debido a que el monto asignado a Caral estaba dentro del presupuesto de la universidad, por lo que el rector Manuel Burga sabía que si terminaba el vínculo laboral, él podría disponer de ese dinero para otros fines. Tenemos, después a empleados públicos de rango medio y alto en el Instituto Nacional de Cultura, en los ministerios de Cultura (fundado en 2010), del Interior (“dueño” transitorio de los bienes embargados a los narcotraficantes) y de Justicia, donde el procurador Erick Samuel Villaverde Sotelo, le dijo a la descubridora del asentamiento humano más antiguo del continente: “yo a usted no la conozco, no sé lo que es Caral”, en la última reunión que tuvieron las partes después que Villaverde Sotelo denunciara a Ruth Shady por el delito de peculado doloso en contra del Estado por el hecho de ocupar una casa cedida por el Ministerio del Interior.
Villaverde Sotelo, quien el año pasado no sabía quién era Ruth Shady ni qué era Caral es un abogado graduado en la Universidad San Martín y doctorado en Ciencias Penales en la misma universidad. Nosotros ya lo conocemos, señor.
Para entender cómo se pueden cometer tantos vejámenes contra una científica de figuración mundial sin que ninguna autoridad haga nada, le pedimos una entrevista al ingeniero Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República.
Ingeniero, todos sabemos las comisiones ordinarias del Congreso tienen como misión fiscalizar a cada uno de los sectores gubernamentales, por eso su comisión tendría que saber qué pasa en el ámbito cultural del Estado, y, por consiguiente, ¿qué hará el Poder Legislativo para amparar no solo a la doctora Shady, sino a Caral?
HA: Nuestra comisión solicitó el 5 de enero que Pronabi nos haga llegar información sobre el tema, porque no entendíamos cómo una entidad del Estado pudiera estar enfrentada a otra entidad, el Estado contra el Estado, donde Pronabi prioriza su interés económico y no los grandes intereses culturales de la Nación. Más aún, al margen de lo que diga el procurador del Ministerio de Justicia, todos debemos saber que hay un Decreto Supremo, el 001-2021 de esa institución, que dice claramente que los inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia de la norma podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades que los ocupan durante un plazo no menor de diez años continuos.
Es más, creo que algo raro está pasando, algo está descomponiéndose, algo huele muy mal. Voy a interesarme a fondo, no solo por Caral y la doctora, sino por todo el patrimonio histórico de nuestro país.
Para finalizar, el Ministerio de Cultura ha accedido a otorgarles un espacio en el segundo piso del edificio ministerial en San Borja, pero la mudanza tomará de dos a tres meses porque se necesita acondicionar el local y que las piezas arqueológicas sean trasladadas de manera especial por sus características.
Sobre el futuro de la demanda del procurador a la científica, pues esta sigue su curso con una primera citación para el 3 de marzo, esperamos que el titular de Justicia, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y el tino les ganen la mano a los inciviles.
Por encima de las autoridades
A pesar que las instalaciones del Relleno Sanitario “El Zapallal” se encuentran clausuradas temporalmente, ha llamado la atención las diferentes videograbaciones de camiones ingresando a las instalaciones como si las normativas dictadas por el alcalde de Lima fueran en vano. El mencionado vídeo refiere al día 18 de febrero (dos días después de la notificación) en que se muestra a camiones ingresando a las instalaciones como si las medidas adoptadas fueran meras reglas sin cumplir.
Vecinos también denunciaron que los camiones estaban buscando la manera de ingresar al Relleno Sanitario. “El chofer me dijo que están buscando por donde entrar al relleno y que si había camino por acá. Yo les dije que no y siguieron buscando”, manifestó una vecina del lugar.
Como se puede evidenciar, a pesar de las restricciones, se sigue dando acceso a las instalaciones del relleno sanitario. Es una demanda que perjudica no solamente la fiscalización y seriedad de la gestión de Rafael López Aliaga, sino también, el rol que Innova cumple dentro de este caso, y es que puede llegar al punto de realizarlo a diestra y siniestra de las más altas autoridades públicas.
Cuando conversamos con el representante del Comité de Gestión de Alto Nivel – Parlamento 10, Roberto Salas, nos comunicó que actualmente la responsabilidad recae en manos del Ministerio del Ambiente con respecto a la reconsideración que se le ha permitido a Innova Ambiental de su PAMA. Salas reflexiono de que la salud de los niños y, en general, de los vecinos de Lomas de Carabayllo se encuentran vulneradas por el funcionamiento del relleno y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.
PROBLEMAS INTERNOS
Pero, además de las cuestionadas designaciones, también se registran problemas con respecto a la relación entre el ministro Óscar Becerra y los trabajadores del Minedu. Un clima interno muy tenso que se viene registrando desde hace varias semanas debido a los numerosos pronunciamientos del titular del sector educación en los que cuestiona a los trabajadores del Ministerio de Educación contratados bajo la modalidad CAS y señala que son más de ocho mil trabajadores CAS.
Sudaca pudo conversar con fuentes que están dentro del Ministerio de Educación y señalan que el número de trabajadores que actualmente cuentan con contrato CAS es muy inferior al número que el ministro Becerra señala en las entrevistas que ha brindado a la prensa. Además, su gestión ha empezado a ser comparada con la de Rosendo Serna, quien ocupó la cartera de educación durante el gobierno de Pedro Castillo, debido a que él también había adoptado una política de amedrentamiento a los trabajadores del Minedu y era cuestionado por las designaciones que se realizaron durante su paso por dicho ministerio.
La llegada de Óscar Becerra había despertado cierta desconfianza por su pasado vinculado al gobierno aprista y, con las decisiones y acciones adoptadas durante el breve tiempo que lleva en el cargo, pareciera confirmar que su gestión al frente del Ministerio de Educación no era la solución que el sector necesitaba sino la continuidad de una conducción deficiente en uno de los ministerios más golpeados en los últimos meses.
De regreso al Perú, Guzmán viajó a Arequipa donde se dedicó a buscar jóvenes de mentalidad febril y ambición sin límites para incorporarlos a su proyecto de captura del poder. Augusta, ya convertida en la camarada Norah, viajó a la sierra norte y recorrió Cajamarca de cabo a rabo, seduciendo a decenas de jóvenes de ambos sexos, prometiéndoles un lugar importante en el Nuevo Estado. Según fuentes que prefieren el anonimato, en Chota conoció a Antonio Díaz Martínez, un ingeniero y antropólogo que quedó prendado de ella, convirtiéndose en un seguidor incondicional de su visión militarista de la toma del poder. La misma fuente asegura que Norah-Augusta jamás se convenció de la fidelidad de Díaz Martínez, a quien espió hasta sus últimos días. “Es chotano”, les decía a sus seguidores cuando le preguntaban por qué no confiaba en un cuadro que se arrastraba a sus pies.
De regreso a Huamanga, Norah estuvo siempre en primera fila para luchar contra el velasquismo y su política universitaria; nunca cedió un milímetro ante la tropa enviada por el gobierno militar para sofocar las algaradas de los universitarios rebeldes, llegando al extremo de asaltar la morgue ayacuchana y sustraer los cadáveres de los estudiantes caídos y velarlos con toda la fanfarria del extremismo comunista.
Convertida en la más importante líder del marxismo-leninismo ayacuchano, sobre todo después de la muerte en combate de Edith Lagos, quien fue una estudiante de Derecho que formó parte de Sendero Luminoso desde los inicios de la organización terrorista, Norah opacó a todos los cuadros senderistas de ambos sexos, tanto en los ámbitos políticos e ideológicos, como en los militares y administrativos, por eso su muerte y su entierro clandestino en 1988 siguen siendo parte de los libros negro y blanco de la organización maoísta desde esa ya lejana fecha.
Paralelamente a la vida efervescente y explosiva de la ayacuchana Norah, en el entorno de Abimael Guzmán había aparecido la iqueña Elena Iparraguirre, camarada Mirian, quien era tan brutal como Norah, pero mantenía un lugar un paso atrás de Guzmán. Por eso, cuando Guzmán y la cúpula terrorista enterraron a Norah en una tumba sin nombre y Miriam ocupó su lugar como segunda al mando en la organización criminal más cruenta del hemisferio occidental -que estaba a punto de cometer el tercer genocidio del siglo XX-, todos dentro y fuera de Sendero la señalan como eminencia gris de la desaparición de Norah a la camarada Miriam.
Desde mediados de los años ochenta, cuando Norah ordena los asesinatos selectivos de los marinos de alto rango y de los dirigentes belaundistas hasta 1985 y los del Partido Aprista hasta finales de la década, las encargadas de asegurar la muerte de los objetivos era una mujer, generalmente ayacuchana de nacimiento o hija de migrantes de ese departamento andino. Pegar el tiro de gracia en el cráneo de la víctima, un acto de evidentísima cobardía, era la obsesión de las mujeres entrenadas por Norah y sus lugartenientes, muchas de las cuales incrementaron las listas de desaparecidos tras la muerte por causas no divulgadas de Augusta-Norah La Torre.
Luego de sobrevolar el pasado criminal de las mujeres que convirtieron sus envidias y sus frustraciones en el leitmotiv de sus vidas, llegamos a la última generación de senderistas activas, entre las cuales destaca nítidamente Estefany Alanya Chumbes, conocida en la Dircote como camarada Yazmín, mando militar del Comité Regional Ayacucho. Su labor en el trabajo cerrado estuvo orientada en los sindicatos entre los años 2015 y 2017, desarrollando acciones de agitación y propaganda (agipro, según los manuales de todas las policías del continente) en organizaciones de trabajadores independientes, padres de familia y estudiantes secundarios, de academias preuniversitarias y de institutos de educación superior. El hecho de permanecer durante mucho tiempo en esos frentes, demuestra no solo su capacidad organizativa, sino su dedicación casi exclusiva y a tiempo completo a esas tareas, advirtiendo a la Policía de que Yazmín recibe apoyo económico de su organización.
Su fidelidad absoluta a la causa terrorista y su fanatismo sin fisuras cobran mayor relevancia cuando la susodicha es filmada y fotografiada portando una banderola de tela azul con la inscripción: “No a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán Reinoso”, la cual deja solo dos explicaciones, una, que Yazmín creyera que el asesino serial había sido asesinado, y, dos, que tratara de convencer a personas más limitadas que ella de tal mentira.
Frustraciones que han conducido a la cárcel nuevamente a la llamada camarada Cusi, quien al caer en manos de la Policía Nacional en 1989 les dijo a sus compañeras de prisión que más temprano que tarde sería puesta en libertad y automáticamente ascendería a miembro suplente del Comité Central y poco tiempo después al exclusivo Buró Político del Comité Central, algo como el Colegio Cardenalicio para los jerarcas católicos, es decir, a solo un paso a esa suerte de Olimpo senderista donde había estado la camarada Norah y luego la camarada Miriam.
Envidias que habían llevado a todas las senderistas a matar de frente o por la espalda y de seducir a los odiados policías y militares con tal de conseguir información relevante para la organización, con tal de convertirse en protagonista de una primera plana periodística como las que lograron Norah, Miriam, Edith, Yovanka Pardavé, camarada Sara, y la camarada Clara, quien le voló la cabeza al dirigente aprista César López Silva con un revólver calibre 45.
Trascender aunque sea chapoteando en el lodo, esa era la consigna de las mujeres asesinas. Tal cual.
Sada Goray, en diciembre de 2022 brindó una entrevista a canal N1 en la que señaló que el monto total de las entregas de dinero fue de 4 millones de soles más 20 mil dólares y que además tenía pruebas, las que fueron entregadas a la Fiscalía. La inversión, a modo de coima, que aportó al gobierno de Pedro Castillo fue a cambio del apoyo de los trámites administrativos del Fondo Mi Vivienda con la finalidad de que se emitan resoluciones que le sean favorables, mientras que la entrega de los 20 mil dólares fue para comprar un carro a uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo.
El Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción que investiga a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otros, ha emitido la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023, en la que aceptan en su totalidad la versión de la empresaria en la que subrayan que la suma de dinero entregada por Sada Goray a Salatiel Marrufo fue de 4 millones de soles, obviando por completo la declaración de éste último brindada a dicha Fiscalía en la que confiesa haber recibido una suma de dinero muchísimo mayor.
Se está ante un caso absolutamente inédito e inverosímil, dado que la justicia da por cierta la declaración de una persona que dice haber entregado cuatro millones de soles cuando el receptor del dinero confiesa haber recibido más del doble del dinero (nueve millones de soles). Lo peor de todo es que la declaración de Salatiel Marrufo no solo abunda en detalles, sino que se encuentra corroborada con hechos que Sada Goray ha ocultado dolosamente a la Fiscalía.
Increíblemente Sada Goray no ha sido imputada por organización criminal
Para cualquier ciudadano de a pie y para cualquier persona con dos ojos en la frente Sada Goray ha sido y es la principal financista de la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Sin embargo, para la Fiscalía Sada Angélica Goray Chong solo es responsable de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias y se le excluye escandalosamente de la imputación por organización criminal. En la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023 se puede leer algo indignante:
¿Cómo una persona que maneja las riendas del Estado a su antojo en más de tres ministerios a raíz de pagar sumas gigantescas de dinero recibe un trato no solo benigno, sino injusto y se le excluye exprofesamente de la condición de financista de la organización criminal?
No hay explicación racional alguna de por qué una persona que participó activamente, conjuntamente con los demás miembros de la supuesta organización criminal, no se encuentra investigada por dicho delito. Existe claramente un trato discriminatorio y desigual ya que Salatiel Marrufo Alcántara, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú y Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino han sido imputados por el delito de organización criminal como podemos apreciar a continuación:
Sin embargo, la dueña del negocio, la que orquestó y pagó millones de soles recibe un trato sorprendentemente generoso sin justificación alguna por parte del Ministerio Público; mientras que sus empleados o los intermediarios que la ayudaron a consumar sus delitos son involucrados como parte de la organización criminal. Los que entregaron circunstancialmente el dinero a Salatiel Marrufo son considerados miembros de la organización criminal y la propietaria de los fondos con los que se paga la coima, la dueña del aparato criminal y la verdadera interesada en que el negocio se cierre es excluida del caso de organización criminal.
La explicación de todo: el abogado de Sada Goray ha sido mano derecha y el hombre de confianza de Marita Barreto
Los beneficios y el trato preferente que recibe Sada Goray en el Ministerio Público tiene nombre y apellido: su abogado estrella Telmo Zavala Bayona ha sido por mucho tiempo el hombre de confianza de la Fiscal Superior Marita Barreto (la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción) al trabajar por muchos años como su fiscal adjunto.
Telmo Zavala Bayona el flamante abogado de Sada Goray, quien la asesora y defiende en la investigación que se le sigue en su contra en el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales de la Corrupción del poder, ha sido por muchos años el brazo derecho y la persona más cercana a Marita Barreto (por ejemplo, trabajaron juntos en el caso Orellana).
La cercanía del abogado de Sada Goray y la actual coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ha sido plasmada en un comunicado que hizo el Ministerio Público a la opinión pública en septiembre del 2018. Allí se perennizó que la promoción de Telmo Zavala Bayona como fiscal provincial de lavado de activos contó con la aprobación y el visto bueno de Marita Barreto.
La astucia y habilidad de Sada Goray en los negocios y en el manejo del gobierno de Pedro Castillo ahora se traslada y aplica en su defensa legal en el Ministerio Público. Ha contratado como su abogado a un exfiscal de lavado de activos que por muchos años era el hombre de confianza de Marita Barreto.
La empresaria Sada Goray no solo hacía y deshacía a su antojo en el gobierno de Castillo, sino que continua ahora con sus pillerías controlando la investigación en la Fiscalía.
Una declaración en las playas del Caribe. La Fiscalía gasta en viáticos para que Marita Barreto viaje a tomar la declaración de Sara Goray en Punta Cana
Según el reporte migratorio, Marita Barreto Rivera, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, viajó del 1 al 5 de noviembre de 2022 a República Dominicana y del 31 de enero al 4 de febrero de 2023 a Estados Unidos.
El viaje a República Dominicana, según la Resolución del Ministerio Público número 2312-2022 y 2337-2022-MP-FN, obedece a que la Fiscalía de la Nación autorizó a Kelinda Janampa (en ese entonces fiscal provincial del equipo 3) y a Marita Barreto Rivera (fiscal coordinadora) a que viajen en comisión de servicios al CARIBE, a efectos de que desarrollen diligencias presenciales.
El viaje que se autorizó a Marita Barreto Rivera y a Kelinda Janampa a República Dominicana tenía como único propósito el tomar la declaración de Sada Goray Chong. ¿Tanto es el poder, el manejo y las relaciones que tiene la empresaria en el Ministerio Público que consigue que los fiscales que la investigan hagan un viaje delivery al CARIBE (Punta Cana) a tomar una declaración que podía haberse realizado en el Perú a través de una simple citación de que la persona investigada concurra a la sede de la Fiscalía como es la obligación de cualquier peruano de a pie?
En las investigaciones fiscales a los peruanos pobres se los cita a que declaren en las oficinas de la Fiscalía; a los peruanos ricos y poderosos que han cometido delitos se les toma su declaración en las playas paradisiacas del Caribe.
Consultadas algunas fuentes del propio Ministerio Público si hay una conducta impropia de los fiscales Marita Barreto y Kelinda Janampa; nos señalan que se habría cometido el delito de peculado de uso ya que se han utilizados fondos públicos de manera indebida habida cuenta que la diligencia de Sada Goray podía haberse realizado de modo presencial en las instalaciones del propio Ministerio Público o se podía utilizar los recursos de Google meet o cualquier servicio tecnológico alternativo.
La autoridad, el poder y el crédito de investigación de la Fiscalía ha quedado por los suelos y envía la peor señal a la población en la investigación de la corrupción del poder, debido a que el Ministerio Público brinda un trato privilegiado a criminales confesos que, lejos de someterse a la justicia peruana, piden la gollería que su declaración se tome en el extranjero (en una playa del caribe), pese a que la persona que va a declarar cuenta con la ciudadanía peruana y supuestamente domicilia en el Perú. Un caso paradigmático de justicia delivery.
Lo más grave de todo es que la Fiscal Marita Barreto Rivera viaja al Caribe y no participa de modo alguno en las diligencias que se llevan a cabo. Llama la atención de que la Fiscal Barreto pese a estar autorizada a viajar no haya firmado las actas, sino únicamente lo haya efectuado la fiscal Kelinda Janampa.
¿Por qué motivo tendría que viajar la fiscal coordinadora, si quien se encarga de llevar a cabo las diligencias es la fiscal provincial? ¿Por qué la fiscal Marita Barreto viaja por el motivo de las diligencias y no firma las actas?
El viaje a Estados Unidos de la Fiscal Marita Barreto y el ExFiscal Telmo Zavala: otro caso de justicia delivery
La Fiscal Marita Barreto, utilizando fondos del Estado peruano, ha viajado a Estados Unidos a realizar, según la Resolución N° 203-2023-MP-FN del 25 de enero del 2023, una comisión de servicios que “tiene por finalidad desarrollar diligencias presenciales de carácter reservado, las cuales se señalan en el oficio de visto, en el marco de una investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder”.
Marita Barreto en dicho viaje coincidió en los Estados Unidos con su viejo amigo, ex fiscal adjunto y ahora abogado defensor de la empresaria Sada Goray: Telmo Zavala Bayona.
Como se puede verificar el ex mano derecha de la Fiscal Marita Barreto y actual abogado de Sara Goray: Telmo Zavala Bayona, viajó a los Estados Unidos desde el 29 de enero del 2023 hasta el 7 de febrero del 2023. En dicho país coincidió con Marita Barreto 4 días, entre el 1 al 4 de febrero del 2023.
Mayor exhibición de poder y manejo que Sada Goray en el Ministerio Público, imposible.
Al parecer, cuando se tiene plata y poder todo se puede; total la justicia en el Perú se asemeja a una víbora que solo muerde a los que caminan con los pies descalzos.
1. Entrevista recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=S0kRtXh4Y7c
Sudaca converso con Joseph Dager, expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quien cuestionó las formas en cómo se llevó a cabo el retiro de Carlos Cornejo. “El programa de Carlos era un programa de entrevistas. Evidentemente la opinión no puede estar ausente, sobre todo, del mismo conductor”, manifestó. Y es que deja un ambiente sospechoso que este retiro se dé en medio de las manifestaciones y la inestabilidad política.
Cabe resaltar que el Consejo Directivo del IRTP es elegido por el gobierno de turno. “Ellos (comunicado de IRTP) hablan de una reestructuración, pero seguimos viendo los mismos conductores, los mismos programas; lo único que cambió fue “Rimanchik”, cuestionó el expresidente del IRTP. “Sancionar la opinión es un atentado contra la libertad de opinión. Carlos Cornejo editorializó, opinó y lo hizo con muy buenas formas y basándose en principios fundamentales (los derechos humanos)”, agregó.
Dager cuestiona que el Ministerio de Cultura vulnere la autonomía de TV Perú. Y es que su titular, Leslie Urteaga Peña, mencionó en una rueda de prensa el cambio de programación. “Uno de los órganos adscritos del Ministerio de Cultura, como es TV Perú, estamos haciendo un relanzamiento de la programación 2023”, indicó la ministra.
Desde la presente vitrina, hemos visto que el actual gobierno ha puesto obstáculos para salir de la crisis social y política que está destruyendo no solo el Patrimonio de la capital, sino también, la democracia misma. The Economist Intelligence resaltó que el Perú dejó de ser una democracia y pasó a un “régimen híbrido”. Ahora bien, en medio de esta problemática cabe consultarnos, ¿La salida de Cornejo fue causada por sus declaraciones? ¿Es contundente destacar que el Perú es un régimen híbrido?
El control de Registros Públicos
El poder de Sada Goray en el gobierno de Pedro Castillo era total y avasallador. No solo controlaba el Ministerio de Vivienda y había tendido sus tentáculos al Ministerio de la Producción, sino que además logró extender su influencia y mando hasta el Ministerio de Justicia al lograr que se designará como Superintendente de Registros Públicos a Luis Ernesto Longaray Chau.
Luis Ernesto Longaray Chau, es trujillano y un abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Igual que Pedro Castillo, que se rodeó de sus paisanos de Chota, Sara Goray tomó su ejemplo y logró que se designará a su paisano de Trujillo como mandamás de Registros Públicos.
¿Cómo lo hizo? Salatiel Marrufo en su declaración como colaborador eficaz del 18 de noviembre del 2022 señala que Sara Goray le pidió dicho nombramiento en Registros Públicos debido a que la empresaria necesitaba ayuda en la inscripción de un terreno en Chilca que había vendido a Centenario y que le faltaba resolver por una superposición de partidas. Dicha designación fue posible gracias a la intermediación del exministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien recibió a cambio de dicha designación, según Marrufo, la suma de S/. 50,000 soles.
Previamente a la designación de Luis Ernesto Longaray Chau como Superintendente de Registros Públicos, Sara Goray le había entregado S/. 500,000 soles exigiéndole que acelerará su nombramiento. Los S/. 50,000 soles que pagó Salatiel Marrufo a Félix Chero no salieron de sus bolsillos, sino de la coima grande que había pagado días antes Sara Goray.
El servicio delivery de designación de funcionarios públicos que hizo Sara Goray en el gobierno de Pedro Castillo por lo menos comprendió tres ministerios: Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción y Ministerio de Justicia. Mucho poder para ser víctima de extorsión y chantaje.
El control de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
En el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, se está investigando a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otras personas, por las coimas realizadas a funcionarios públicos. Por ejemplo, en un documento fiscal (la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023), se han precisado los siguientes beneficios a Sada Goray a cambio de las coimas dadas a Salatiel Marrufo para Pedro Castillo:
En julio de 2021, Sada Goray solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio estatal, por encontrarse superpuesto con su predio ubicado en Chilca, afirmando que su predio era el más antiguo y, por tanto, debía prevalecer.
Dicha solicitud, conforme al Equipo 3 del Equipo Especial de fiscales, fue declarada improcedente, Goray apela, y se declara infundada su apelación; ante ambos rechazos, a Goray no le quedó otra alternativa que interponer recurso de nulidad. El área que debía responder dicha nulidad era la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal que en ese entonces se encontraba a cargo de William de la Vega Villanes, quien habría sido coaccionado para emitir una resolución favorable a la nulidad planteada, pero al precisar la imposibilidad de que prospere porque no existía razón jurídica alguna, y señalar su negativa, la organización criminal optó por cambiar al Director para que pueda atender positivamente el pedido de Sara Goray. Tanto es así que la empresaria logra que cambien al Director y nombren a Marina Subiria Franco, y además Goray logra que contraten bajo la modalidad de terceros a su socia Flor Olivera Orellana.
Tanto era el poder de Sara Goray en el Ministerio de Vivienda que hizo, además, que sea contratada su socia Flor Olivera Orellana quien como funcionario público emitió el Informe N° 104-2022/SBN-DGPE que sirvió para que se emita la resolución que declara la nulidad de la resolución N° 20-2022 SBN-DGPE y que logra sus intereses empresariales sean atendidos. Es decir, Sara Goray no solo alcanza un resultado exitoso, sino que, además, consigue que el propio Ministerio de Vivienda contrate a su amiga y socia, quien elabora el Informe decisivo y obtiene a cambio unos suculentos honorarios profesionales.
El control del fondo Mi Vivienda
Sada Goray, el 3 de febrero de 2021, en su condición de gerente general de Marka Group, había solicitado al fondo Mi Vivienda la suscripción de un convenio institucional. Era necesaria la suscripción del convenio para que sus expedientes administrativos puedan tener un resultado favorable y se aprueben en el menor tiempo posible.
Luego de varias actuaciones administrativas, el Gerente General, José Forero Monroe, y el Gerente Comercial, Paulo Morán Villanueva, del fondo Mi Vivienda suscribieron el convenio con la Gerenta General de la empresa Marka Group de Sada Goray. Una de las razones claves por las que la empresaria invirtió en coimas más de S/. 4,000,000 es para que se apruebe y se suscriba dicho Convenio.
Sada Goray, además, tenía pendientes trámites administrativos ante el Fondo Mi Vivienda, uno de ellos era, el contrato de fideicomiso para el desembolso del Bono Familiar Habitacional correspondiente al proyecto Pradera de Cacatachi.
La solicitud para el Fideicomiso fue denegada con fecha 11 de setiembre de 2021:
Al haber tenido un resultado negativo, Sada Goray, recurre como financista a Salatiel Marrufo para que las instancias del Fondo Mi Vivienda emitan pronunciamientos a su favor, a cambio de importantes sumas de dinero. Para que dichas decisiones administrativas se puedan materializar, tuvo que cambiarse al Presidente y a los miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, a pedido de Sada Goray, designando en dichos puestos a Pedro Gary Arroyo Maquina (Presidente); Roger Lizandro Gavidia Johanson (Director) y Gonzalo Renato Arrieta Jovic (Director).
Pedro Arroyo ha sido mano derecha de Luis Mesones, exesposo de Sada Goray, quien fue exviceministro, se convirtió en su íntimo desde la década de los noventas, cuando estudiaban juntos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Salatiel Marrufo, respecto a las designaciones, ha señalado en la respuesta a la pregunta 2 de su continuación de declaración del 17 de noviembre de 2022, ante el Equipo 3 del Especial Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder, lo siguiente:
Los miembros del Directorio propuestos por Sada Goray finalmente fueron los funcionarios públicos que aprobaron a favor de la empresa Marka Group, la participación del Fondo Mi Vivienda en los fideicomisos inmobiliarios: (i) “Condominio Residencial las Praderas de Catachi”; (ii) Chiclayo Bonito; (iii) “Lima Bonita”, ello mediante Sesión Extraordinaria N° 16-2021, del 18 de octubre de 2021.
El dinero de Sada Goray sirvió para financiar la coima a los jueces que conocían el pedido de prisión preventiva de los sobrinos del presidente Pedro Castillo
Una de las declaraciones más explosivas y escandalosas que ha brindado Salatiel Marrufo a la Fiscalía ha sido el hecho de que cuando se tramitaba el pedido de prisión preventiva a los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, entregó a Geiner Alvarado (ministro de Vivienda) y este alcanzó a Pedro Castillo S/. 500,000 para que se coimeara al juez de primera instancia que veía el requerimiento de prisión solicitado por el Ministerio Público. Dicho dinero salió de las coimas entregadas a Marrufo por Sada Goray.
De igual modo, Marrufo ha declarado que cuando se estaba por resolver el recurso de apelación de la prisión preventiva de los sobrinos del Ex Presidente de la República entregó S/. 1´500,000 a Cledin Vásquez Castillo a fin de que se pagara una coima a los jueces que conocían la apelación de la prisión preventiva de Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Dicha coima salió de los pagos que Sada Goray había hecho a Salatiel Marrufo.
RECIBO FANTASMA
Para José Vidaurre Arévalo, la historia con Movistar empezó a complicarse en el transcurso de año pasado cuando decidió mudarse al distrito de Surquillo. En su anterior domicilio, ubicado en San Borja, Vidaurre contaba con un dúo para internet y televisión y, cuando llegó la fecha de realizar la mudanza, optó por dar de baja a este servicio.
Los problemas comenzaron desde la primera llamada. Como hacen muchos usuarios de Movistar, José intentó realizar el trámite vía telefónica, pero no se lo permitían. «Para intentar cancelar la línea lo hice por teléfono, pero salía que no podían identificar mi DNI», explica. Ante este inconveniente debió pedir la baja de su dúo vía Whatsapp y un asesor le indicó que dicho procedimiento debía realizarlo en la aplicación de Movistar.
«Me apareció un pantallazo que había generado la orden con éxito y en veinticuatro horas se cancelaba», relata Vidaurre y agrega que no le aparecieron más indicaciones por lo que asumió que eso era suficiente para dar de baja el servicio. «El mensaje lo ponen como que no hay nada más por hacer», cuenta.
José pagó el recibo correspondiente al mes de julio y para agosto ya se encontraba en su nuevo domicilio. Pero, cuando llegó el recibo correspondiente a dicho mes, Vidaurre Arévalo se llevaría una sorpresa al encontrar que también le estaban cobrando por el servicio que creía haber dado de baja en julio. «Al inicio pensé que estaban equivocados y no le hice caso. Pero vi en el aplicativo y figuraba como si tuviese dos líneas», relata a Sudaca.
La historia se repitió en septiembre y para José era claro que no se trataba de un error. «Vuelvo a solicitar la baja del servicio y sale exactamente lo mismo que en veinticuatro horas estaba de baja», explica. Sin embargo, esta solicitud nunca existió según se lo hizo saber Movistar. «Me dicen que figura que nunca hice un trámite para dar de baja. Le muestro los pantallazos pero me responden que en el sistema no figura», cuenta Vidaurre.
Para el mes de noviembre, José seguía recibiendo recibos y, además, empezaba a recibir presiones para pagar la deuda acumulada. «Llega el recibo de noviembre y empiezan a llamarme algunas entidades de cobranza y estudios de abogados para que pague», cuenta el usuario y también revela que Movistar empezó a sugerirle que al menos pague el 20% del monto que debía para ese entonces.
Preocupado, José recurrió a las redes sociales para manifestar su molestia y fue gracias a esta publicación que pudo ponerse en contacto con Osiptel para recibir asesoramiento y encontrar una solución. No obstante, en sus diálogos con los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones se entera del extraño manejo que Movistar le había dado a su caso. «Me dijeron que cualquier cambio que haga con respecto al servicio la entidad envía ese reporte a Osiptel, pero ellos señalan que Movistar nunca les informó que había cancelado mi línea. Figura que nunca había hecho esa cancelación», manifiesta.
Con este apoyo, Vidaurre encontró una alternativa para afrontar el caso de los recibos fantasma que se seguían acumulando por un servicio que no consumía ni podía dar de baja. «Me dijeron que había una figura que me podía servir. Como presenté el reclamo y nunca recibí respuesta, podía aferrarme a la figura del silencio administrativo. Según esto, como ellos no dieron respuesta, yo tendría la razón», explica.
Finalmente, la figura del silencio administrativo sería la solución para el caso de José. Luego que Movistar se comunicara con él, las cuentas pendientes desaparecieron y dejaron de cobrarle por un servicio que había intentado de baja en innumerables oportunidades. «A los dos o tres días me comunica otra área de Movistar que recoge los módems viejos», cuenta.
Crisólogo Cáceres, especialista en derecho del consumidor y presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señala que el cobro por estos servicios cuando hay un reclamo en curso queda suspendido. «En el caso de los recibos, si ellos están presentando un reclamo, esos recibos no los tienen que pagar hasta que se resuelva en primera instancia Movistar y en segunda Osiptel», señala.
Sobre casos como el de José Vidaurre, quien era presionado para pagar los recibos, el titular de ASPEC señala que «son métodos de cobranza coercitivos y eso está prohibido por el código del consumidor y está prohibido por la ley». Además, agrega que el uso de bots para atender a los clientes en lugar de permitir que puedan comunicarse con una persona es un hecho que «ha sido comunicado a Osiptel».
Movistar sigue gozando de una posición dominante en el mercado peruano con servicios como línea telefónica, internet y televisión por cable, pero casos como el de Patricia y José podrían seguir manteniendo a esta empresa en una posición destacada en los rankings de clientes insatisfechos y número de reclamos al año. Sudaca intentó comunicarse con Movistar para obtener sus descargos, pero hasta el final de este informe no obtuvimos respuesta.
