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La historia detrás del impresionante ascenso en la carrera de Juan Carrasco Millones y las irregularidades y polémicas que lo acompañaron. 

La sorpresiva llegada de Pedro Castillo a la presidencia tras las elecciones del año 2021 también significó la llegada de nuevos personajes a la escena política nacional y entre ellos se encontraba el ministro Juan Manuel Carrasco Millones, quien estuvo al frente de los ministerios del Interior y Defensa.

Este abogado oriundo de Lambayeque había adquirido notoriedad en 2014 cuando estuvo al frente de un caso que terminó con la detención del entonces alcalde de Chiclayo y cerca de treinta funcionarios de su gestión que eran acusados de estar involucrados en lavado de activos.

Sin embargo, lo que ocurrió en los meses posteriores con este caso y muchos otros que involucraban directamente al fiscal Juan Carrasco Millones terminaron por sembrar un manto de dudas sobre las verdaderas intenciones del exministro castillista al ordenar las detenciones y coordinar operativos de gran impacto mediático.

INTERMIABLES IRREGULARIDADES

Si bien la detención de Roberto Torres, alcalde de Chiclayo, y los que habían sido involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción” había sido tomada por la opinión pública como un golpe a la corrupción y hasta había logrado que la imagen de Carrasco Millones tome relevancia a nivel nacional al punto de pasar de ser un fiscal adjunto a un invitado de diversos programas de televisión, la realidad de este célebre caso escondía un sinnúmero de irregularidades que llevaron a que, años después, se ponga en duda lo que realmente se escondía detrás del operativo.

Uno de los primeros indicios de las irregularidades que habían ocurrido lo dio un funcionario cuyas declaraciones no sólo habían sido tomadas como las de un colaborador eficaz sino que, además, habían sido manipuladas. Jorge Matallana Peralta, quien trabajaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, relató que, usando como amenaza la posibilidad de terminar en prisión, fue forzado a firmar documentos con preguntas que no se le habían formulado.

Juan Carrasco Millones

Pero este no fue un caso aislado. Juan Manuel Valdivia Goycochea fue otro de los funcionarios acusados de pertenecer a la organización criminal y, como a muchos otros, pasó un largo periodo con prisión preventiva. Sin embargo, casi una décadas después, Juan Valdivia no ha sido acusado, aunque eso no cambia que debió pasar cerca de tres años de su vida tras las rejas.

Cuando el propio Valdivia decidió investigar lo que había ocurrido con este caso que le costó su libertad sin estar involucrado encontró una serie de situaciones extrañas en los informes de inteligencia que habían sustentado las detenciones de funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.

El mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden habían sido, supuestamente, los responsables de dichas escuchas. Pero, acorde a la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio.

Cristian Rebosio

A ello se le suma una declaración que data del año 2019 y corresponde a Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL.  Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no se encontraban bajo su mando. 

Cristian Rebosio

No obstante, el informe en cuestión incluía el sello y forma de Farfán Silva. Aunque el detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias de aquel que había usado en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO”.

Cristian Rebosio

OTRO CASO EMBLEMÁTICO BAJO SOSPECHA

Otra de las irregularidades en las que se vio involucrado Carrasco Millones se encontró en el caso que derivó con la detención del  exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y un gran número de funcionarios de su gestión. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo a la alcaldía.

Tras su detención, Monje Sampen brindó una declaración que pocos esperaban. El 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.

Cristian Rebosio

Pero , Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y hasta que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y se jactaban, como de un gran logro, de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.

Cristian Rebosio

Este caso daría un giro inesperado el 28 de enero, cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el nombre del policía que filtraba información. Monje alegaba que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que había surgido en comentarios y, además, afirmó que no conoció a Díaz en persona e ignoraba el rango que ostentaba.

Cristian Rebosio

Si bien estos fueron los casos que llevaron a que la carrera de Carrasco Millones como fiscal tome mayor relevancia, los pormenores que salieron a la luz con el paso de los años demostraron que no sólo ocurrieron irregularidades sino que estas trataron de ser escondidas y que la motivación detrás de estos operativos no habría sido la lucha contra la corrupción.

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Fiscalía, Juan Carrasco

Hablar de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, se ha convertido en el foco de tensiones diplomáticas y denuncias de abandono por parte del gobierno peruano. Según los datos obtenidos, estamos refiriéndonos a una población de aproximadamente 3 mil habitantes, este centro poblado enfrenta desafíos significativos en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Una situación caótica que se extiende por todo el país.

Los residentes de la isla, situada a ocho horas de viaje fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla y a tres días de la capital más cercana, expresan un profundo sentimiento de abandono. Un pescador local destacó la necesidad de mayor firmeza por parte del gobierno peruano ante las humillaciones por parte de autoridades colombianas, subrayando el orgullo de ser peruanos y la urgencia de recibir apoyo para el crecimiento de su comunidad.

Ahora bien, en esta localidad solo existe una escuela, llamada República del Perú, cuya institución carece de suficientes vacantes y material didáctico, obligando a muchos a enviar a sus hijos a estudiar en Leticia, Colombia, o Tabatinga, Brasil. En términos de salud, la situación es crítica, ya que en emergencias los habitantes deben buscar atención en Brasil debido a la falta de personal médico y las constantes inundaciones que afectan el centro de salud local.

Sobre la situación fronteriza

El Ministerio del Interior ha intensificado el control en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia para reforzar la seguridad en esta zona estratégica para el movimiento migratorio. Esta medida responde a recientes eventos que han resaltado la necesidad de una mayor presencia estatal en Santa Rosa. Los pobladores dependen en gran medida de la pesca y la agricultura, enfrentando dificultades para comercializar sus productos. La ausencia de un mercado local obliga a los residentes a consumir productos importados de Brasil y Colombia. La comunidad solicita la construcción de un mercado que permita el comercio en moneda peruana y mejore las condiciones económicas de la isla.

Como en varias partes del Perú, durante la temporada de crecidas del río Amazonas, gran parte de la isla puede quedar inundada. Los residentes necesitan apoyo para mejorar sus viviendas y enfrentar estos problemas recurrentes. Además, a pesar de la proximidad con Leticia y Tabatinga, áreas con alto comercio y turismo, Santa Rosa enfrenta un abandono que afecta su desarrollo potencial.

El personal de la Marina de Guerra del Perú realizó una acción cívica en la isla, brindando respaldo a la población en medio del impasse diplomático. Esta presencia es crucial para que los residentes se sientan respaldados por su país y puedan enfrentar los desafíos diarios con mayor seguridad y apoyo.

Sobre la problemática

El director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenecía al Perú. Por ello, el gobierno emitió una nota de prensa a Colombia en respuesta a estas declaraciones. Las manifestaciones del funcionario colombiano no tienen ni respaldo ni fundamentos, y es que esta isla (situada en Perú) se encuentra también en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ha sido un punto de fricción diplomática. La Cancillería peruana informó que, durante una reunión en Leticia, un funcionario colombiano afirmó que la isla «no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente».

Benjamín Zevallos
Comunicado del Congreso de la República

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al encargado de negocios de Colombia para entregar la nota de protesta, reafirmando los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla. Además, expresó su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de Santa Rosa.

Iván Yovera, alcalde de Santa Rosa, declaró que las afirmaciones del funcionario colombiano fueron sorprendentes e indignantes, especialmente durante una reunión técnica en Leticia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia han estado tensas desde que el Perú retiró a su embajador en Bogotá hace más de un año, en protesta por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia política.

El Congreso de la República también se pronunció, rechazando categóricamente las declaraciones del funcionario colombiano y clasificándolas como una «pretendida usurpación del territorio peruano». El congresista Guido Bellido solicitó acciones de supervisión en la frontera y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional.

Benjamín Zevallos
Acción del congresista Guido Bellido sobre la problemática

Al cierre de este informe se sabe que los dos gobiernos ya se encuentran solucionando esta problemática. Además, se sabe que desde el gobierno se extendieron las disculpas respectivas y, el gobierno peruano se ha visto satisfecho. Sin embargo, esta situación con Santa Rosa abre una serie de problemáticas que llaman la atención del Gobierno sobre sus prioridades

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Cancillería, Colombia, fronteras, Perú

En los mismos territorios donde hoy se matan diariamente sirios, iraquís e iraníes, hace más de cuarenta siglos, los babilonios y los mesopotamios que habitaban dichos territorios durante es época idearon un sistema que beneficiaría a los mercaderes de aquellos tiempos. Dicho sistema, que en nuestro tiempo se conoce como préstamo y aseguramiento, consistía en financiar a las caravanas que transportaban granos y especies de un lado y sedas y joyas del otro.

Según los historiadores, los financistas de tales operaciones entregaban sumas de dinero a los mercaderes, y estos dejaban terrenos, cabezas de ganado y edificios como garantía de la cancelación del crédito. Paralelamente, otros empresarios con iguales pretensiones y similares pedidos de garantías, avalaban las mercaderías, ejecutando las garantías en caso de pérdida de la mercadería, sea por robo, por naufragio o por cualquier fenómeno natural.

El sistema duró en su forma original hasta el Renacimiento, época en la cual las ciudades situadas en el norte de Italia y en los Países Bajos enriquecieron de tal manera que pudieron destinar enormes capitales a la tarea de financiar las caravanas de riquezas procedentes del Este, y protegerlas de pérdidas y de mermas mediante los seguros creados ad hoc.

A partir de entonces, dichas prácticas comerciales se transformaron en industrias dedicas a prestar dinero, a cuidarlo y a transformarlo en nuevo capital de trabajo. De esa forma, las jóvenes industrias se pusieron en la cola de los grandes conglomerados lanzados a la conquista del mundo.

 

Préstamos y seguros: dos industrias seguras

Con la llegada de la Revolución Industrial, el transporte de bienes manufacturados y de combustible sólido y líquido, léase carbón y petróleo, se convirtió en un flujo diario y constante en todos los mares, constituyéndose en un negocio en crecimiento exponencial. Así, mientras los productores de petróleo se consorciaron en un club llamado “Las siete hermanas”, que dominó nuestras economías hasta bien entrados los años setenta, las compañías aseguradoras se dedicaron a expandir sus negocios desde la protección de los navíos y de sus cargas hasta la creación de los seguros de salud, de asistencia médica, de curación y de hospitalización, los cuales convirtieron a ese rubro económico en el más rentable de todos, sobre todo cuando los directorios de los bancos y los de las compañías aseguradoras se entremezclaron, organizándose en verdaderos oligopolios de todos los servicios que tienen que ver con el dinero.

Hace unos días, Mariana Alegre, la periodista especializada en temas urbanísticos dijo en un diario local que, a los dos años de descubrir que una parte de su cuerpo estaba ocupada por un tumor canceroso muy maligno, las medicinas que lo atacaron y salvaron su vida están a punto de ser excluidas de la lista de medicamentos oncológicos, porque las compañías aseguradoras que se comprometieron por contrato a ayudarla a combatir cualquier enfermedad oncológica habían obtenido un fallo judicial que las exoneraba de tal obligación.

“Enfrentarse al cáncer o a cualquier otra enfermedad catastrófica ya es lo suficientemente difícil como para tener que lidiar, además, con obstáculos económicos”, dijo Mariana Alegre en un tuit donde reseña su lucha contra el cáncer y los poderes económicos que impiden que las grandes compañías aseguradoras cumplan con sus contratos.

(Un caso de la vida real)

La salud de don Carlos (60 años) se deterioraba con rapidez. Era cuestión de tiempo para que el cáncer de próstata que lo aqueja tomara rumbos insospechados. Se debía actuar ya, pero tenía un serio obstáculo: el medicamento Olaparib, ordenado por su oncólogo, no estaba disponible para él. ¿La razón? El seguro privado le negaba el producto porque alegaba que “no está incluido en la cobertura de su póliza. 

Claramente, querían desconocer lo que dice la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento, especialmente el artículo 7 y el numeral 7.2, que precisa: “Las Iafas (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) privadas deben asegurar la integridad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguros de salud, incluyendo los tratamientos reconocidos en las guías de prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico”.

Don Carlos buscó apoyo legal y logró que la aseguradora lo escuche. Luego de unos días, esta le ofreció financiar parcialmente el producto, con lo que seguía incumpliendo la ley. El paciente insistió y recién después de amenazar con hacer público el caso, la entidad aceptó comprar el producto, que le permite enfrentar de la mejor manera la enfermedad.

Como don Carlos, hay decenas de pacientes abandonados a su suerte, y podrían convertirse en miles y decenas de miles si no hacemos algo pronto. Muy pronto.

Al menos 21 medicamentos oncológicos aprobados por agencias sanitarias internacionales no están cubiertos por las aseguradoras que venden pólizas de salud en el país. A pesar de que las aseguradoras ofrecen seguros oncológicos integrales, muchos contratos incluyen excepciones que resultan en gastos adicionales de bolsillo para los pacientes y sus familias. Aquí se enumeran algunos de los medicamentos contra el cáncer que actualmente no están cubiertos:

Viviana Rodriguez

En las dos últimas décadas, se han desarrollado innovadoras medicinas contra el cáncer, como terapias biológicas, inmunoterapias y terapias celulares. Esto ha llevado a que los sistemas sanitarios de muchos países evalúen su costo y beneficio para incorporarlas en sus protocolos terapéuticos y compras públicas. Sin embargo, la mayoría de estos fármacos tienen altos precios debido a que son producidos por uno o pocos laboratorios y están protegidos por patentes. Por ejemplo, el costo de cada ampolla de trastuzumab, usada en terapias de cáncer de mama, oscila entre 1.800 y 5000 soles; una ampolla de bevacizumab, prescrita para el cáncer de colon, varía entre 700 y 3300 soles; y la unidad de ibrutinib, usada en tratamientos para leucemia, cuesta entre 500 y 800 soles.

En 2020, el Ministerio de Salud del Perú reconoció en un informe que el país tenía un retraso de 20 años en la actualización de las guías terapéuticas contra el cáncer. Recién en 2023, el Seguro Integral de Salud comenzó a cubrir algunos medicamentos oncológicos innovadores, como el ribociclib, usado contra el cáncer de mama.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en Perú, con tasas de incidencia en aumento tanto en hombres como en mujeres. En 2023, se diagnosticaron más de 70 mil nuevos casos, y se estima que para 2025 más de 81 mil peruanos necesitarán tratamiento y cuidados paliativos.

El costo de una terapia oncológica en Perú sin seguro puede variar entre 200 mil y 450 mil soles, dependiendo del tipo y la etapa del cáncer, una cifra difícil de afrontar para la mayoría de las familias peruanas.

Víctor Palacios Dongo, exdirector de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud, señala que el interés económico del sector privado es la razón por la que algunas aseguradoras no cubren ciertos medicamentos oncológicos innovadores, a pesar de que estos han demostrado su eficacia y cuentan con la aprobación de agencias regulatorias internacionales como la FDA, EMA, y Digemid.

Palacios Dongo se muestra sorprendido de la actitud de las aseguradoras, ya que en otros países sí cumplen con la ley y cubren estos medicamentos. Por su parte, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeps) afirma estar a favor de financiar tratamientos oncológicos, siempre que estos sean certificados.

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Apeps, Cáncer, Iafas, Ley Nacional del Cáncer

Una nueva y alarmante crisis con las vacunas pone bajo la lupa al Ministerio de Salud que, además, ha acumulado una serie de designaciones cuestionables durante la gestión de César Vásquez.

La salud de los peruanos se encuentra, nuevamente, bajo amenaza. En esta oportunidad, no es un virus con capacidad de escalar en una pandemia lo que despierta el temor de expertos y ciudadanos de a pie sino la indiscutida incompetencia de las personas que tienen en sus manos el destino del sector salud en el Perú.

Sudaca ha podido comprobar que la cobertura de vacunación contra diversas enfermedades presenta cifras alarmantes e inéditas. Además, a esto se le ha sumado que el Ministerio de Salud ha realizado una serie de designaciones en puestos importantes que han contribuido a la crisis de este sector.

JERINGAS VACÍAS

Aunque en los últimos años la palabra vacuna ha sido relacionada casi exclusivamente con el Coronavirus, la lista de enfermedades que se pueden prevenir o transitar con menor severidad gracias a las vacunas es larga. Para ello, se esperaría que el Ministerio de Salud incluya las compras de vacunas en su presupuesto anual y realice los trámites necesarios con la anticipación apropiada.

Sin embargo, la crisis del sector salud en el país parece haber llegado a un nivel de gravedad tan alto que hasta las decisiones más lógicas se han vuelto algo difícil de encontrar. Por ello, contra todo pronóstico, y pese a que desde hace un largo tiempo se anunciaba un invierno con muy bajas temperaturas que podía repercutir en las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud no ha podido garantizar una cobertura de vacunación decente.

Esto se puede observar, por ejemplo, con la vacuna contra la influenza pediátrica dirigida a niños de seis meses en adelante. La cobertura en junio de este año se muestra considerablemente inferior a lo reportado en junio del 2023. Al separarlo por departamentos, los números son todavía más dramáticos y se puede encontrar que en Huánuco el porcentaje de vacunación no llega ni al 2%.

Cristian Rebosio

Una situación no muy diferente se puede apreciar con respecto al porcentaje de vacunación contra el rotavirus. Esta vacuna, que se suele dar en los primeros meses de vida y brinda inmunidad contra infecciones gastrointestinales, también registra números muy distintosa los que se habían logrado en 2023.

Cristian Rebosio

Incluso en el caso de las vacunas contra la polio y el sarampión, las cuales son claves en el calendario infantil de vacunación, se puede observar que del año pasado al actual existe una llamativa reducción en la aplicación de vacunas, un problema que aparentemente estaría relacionado a las escasez de estas como resultado de las malas decisiones del Ministerio de Salud.

Sudaca ha conversado con el médico epidemiólogo Antonio Quispe para conocer el origen de esta crisis que empieza a generar alarma. “No hubo vacunas contra influenza pediátrica en marzo ni abril. Llegó un lote pequeño en mayo y junio. En dos meses no hubo vacunas en todo el país”, explica Quispe.

Para el epidemiólogo, “la situación de programa de vacunaciones es crítica” y señala que el problema se debe a la mala planificación por parte del Ministerio de Saludcon respecto a las compras oportunas de vacunas. “La política que se ha implementado es volver a las compras por regiones. El ministerio de salud está jugando irresponsablemente con la salud de las personas”, agrega.

Antonio Quispe expone que las consecuencias de los malos manejos por parte del sector liderado por César Vásquez ya se empiezan a notar. “La consecuencia es que la gente muere. Está aumentando la tasa de mortalidad en personas de cuarenta a sesenta años a niveles que no se habían visto años anteriores”, comentó el especialista en declaraciones a este medio.

LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS

Entre las razones que brindó el epidemiólogo Antonio Quispe se encontraba el complicado presente que viene atravesando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES). Pese a que el ministro Vásquez lleva apenas poco más de un año en el cargo, el CENARES ha experimentado constantes cambios de director general.

Uno de los más sorprendentes se produjo el año pasado, cuando la gestión de César Vásquez nombró a César Edmundo Gálvez Pardave como director general el 21 de julio y, menos de dos meses después, el Minsa decidió cambiarlo por Jorge Grimaldo Ramírez Castillo el 6 de septiembre.


Los cambios en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud no cesaron para este 2024 e incluso a los pocos días de la llegada del nuevo año, más precisamente el 5 de enero, se designó a Moisés Iván Guillén Cárdenas como nuevo director general. El último cambio en este puesto clave en la compra de medicamentos y vacunas se registró el 17 de mayo con el nombramiento de Juan Carlos Martín Castillo Díaz en reemplazo de Guillén Cárdenas.

En pocos años, Perú dejó de ser el país que pudo conseguir las vacunas necesarias para afrontar la pandemia en la época de mayor demanda para convertirse en uno que no ha podido realizar un trabajo de inmunización decente con vacunas que sí están disponibles para quienes las deseen comprar. Aunque un cambio de ministro no parece ser una posibilidad para el gobierno de Dina Boluarte en el corto plazo, el ministerio bajo la dirección de César Vásquez vuelve a encontrarse ante una crisis que amenaza la salud de los peruanos y fue generada por ellos mismos.

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Minsa, salud, vacunas

Entre los años 3000 y 2850 antes de Cristo, el astrólogo y astrónomo egipcio Imhotep creó las bases de la Medicina, basando sus conocimientos en viejos estudios mesopotámicos y dejando una huella que llegaría hasta Hipocrates, tres milenios después. Pero no sería hasta la época del persa Avicena que la Medicina pasó de la simple elucubración al descubrimiento de la circulación de la sangre, la limpieza de los intestinos y la anatomía de los ojos.

Pero no fue hasta los inicios de la revolución industrial que la Medicina se convirtió en una ciencia con todos sus argumentos, descubriendo los anestésicos, los productos antisépticos y los antibióticos, los cuales permitieron eliminar los dolores y evitar las infecciones durante las intervenciones quirúrgicas.

A mediados del siglo pasado, los profesionales de la salud ya tenían acceso a una batería de productos que no solamente hacían más tolerables los procesos pos operatorios, sino la vida en general.

Por eso resulta increíble que el estado nacional no haya previsto “la crisis de medicamentos” que los gremios médicos anuncian desde hace varios meses. Más alarmante es el hecho que los medicamentos más escasos son los fármacos esenciales para los pacientes oncológicos, para los que sufren de tuberculosis y para quienes son portadores del virus que ataca a los inmunodeficientes.

El Colegio Médico Peruano responsabiliza al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por la alta rotación de sus funcionarios. Sin embargo, “el director de Cenares afirmó que ya está garantizado el abastecimiento para todo 2024, y que ya comenzaron los procesos de selección para las compras de 2025. Por su parte, el decano del Colegio Médico Peruano alertó que el país podría enfrentar una crisis debido a la falta de medicamentos esenciales en el corto plazo”. Informó a la ciudadanía que el nivel de abastecimiento a nivel nacional es de 85%.

Cenares participa únicamente en la compra del 20% de los medicamentos para hospitales nacionales, mientras que el 80% restante corresponde a adquisiciones a cargo de cada institución hospitalaria.

Viviana Rodriguez
El decano del Colegio Médico del Perú, aseguró que el sistema sanitario del país ha empeorado durante la gestión de César Vásquez, actual ministro de Salud.

Las carencias conocidas

Cuatro hospitales de EsSalud en Lima y Trujillo están enfrentando desabastecimientos de medicamentos cruciales para el VIH, según ha alertado el colectivo GIVAR, defensor de los derechos de las personas con VIH. Entre los medicamentos faltantes se encuentran cuatro esenciales, dos de primera línea y dos de “rescate”.

A pesar de las declaraciones del director general de Cenares, quien sostuvo que no hay desabastecimiento de Lopinavir+Ritonavir para el VIH, el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Simed) del Ministerio de Salud ha desmentido esta afirmación, destacando una situación crítica en la disponibilidad de estos medicamentos.

“La escasez de estos fármacos afecta directamente a los pacientes que dependen de ellos para mantener su carga viral controlada y evitar el progreso de la infección. Los hospitales que se ven afectados por esta situación son puntos estratégicos de atención en la capital y en el norte del país, generando preocupación entre usuarios y defensores de la salud pública”, sostuvo el portavoz.

Según advirtió previamente Colegio Médico del Perú, habría una falta de insulina en cerca del 48% de nosocomios, así como también una ausencia de aminofilina en el 69% de los mismos.

El decano del Colegio Médico del Perú, lamentó situación que atraviesa el sistema sanitario que ha empeorado durante la gestión de César Vásquez, actual ministro de Salud.

Ello debido a carencias mostradas en materia administrativa que, finalmente, desencadenan en repercusiones a la salud de los peruanos. «Nuestro problema en el sistema sanitario tiene un problema crónico, ahora estamos peor porque esto se agudiza con problemas de gestión que finalmente repercuten en la salud de la población de todo el Perú».

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Cenares, Colegio Médico del Perú, Ministerio de Salud

Sale a la luz la historia de otra persona perjudicada por las detenciones ordenadas por el exfiscal Juan Carrasco Millones y las irregularidades del caso.

En los últimos meses, Sudaca ha reportado una serie de irregularidades que se registraron tras la detención de un gran número de funcionarios que trabajaban con David Cornejo Chinguel, el exalcalde de Chiclayo, cuando este fue detenido y acusado de liderar una organización criminal que operaba desde la misma municipalidad.

Sospechosos cambios de versiones y hasta la posible colaboración de un policía con el cuestionado alcalde llevaron a que este caso se convierta en uno de los más polémicos por lo que se iba conociendo tras la detención de la máxima autoridad de Chiclayo. Sin embargo, las principales críticas terminaron por centrarse en el trabajo del entonces fiscal Juan Carrasco Millones y las numerosas detenciones que avalaba y que, posteriormente, terminaban con los detenidos sin acusaciones y años de sus vidas desperdiciados tras las rejas.

Sudaca conoció otra de estas historias que podrían llevar a que Carrasco Millones sea querellado por abuso de autoridad y, tal como lo ha relatado el propio afectado, también incluiría la exigencia de una reparación civil.

LA DETENCIÓN INEXPLICABLE

La noche del miércoles 12 de diciembre del 2018, la familia de Miguel Ángel Nureña Sanguinetti encontró en la puerta de su vivienda a un policía cerca de la medianoche con una actitud notoriamente alterada. Este oficial le entregó a los familiares de Nureña un papel en el cual le informaban que estaba siendo citado para el día siguiente en calidad de testigo por el caso “Los temerarios del crimen”.

Cristian Rebosio

Miguel Nureña, quien no se encontraba en la casa de su familia, les indicó que reciban el documento sin mayor problema al tratarse de una citación en la que sólo le decían que debía brindar su declaración como testigo. No obstante, el panorama cambiaría radicalmente ese jueves 13 de diciembre.

“Al día siguiente voy y me encuentro con funcionarios y regidores de la municipalidad que también habían sido citados”, relata Miguel, aunque también advirtió que ellos se encontraban acompañados de sus respectivos abogados. Su sorpresa fue mayor cuando, media hora después, apareció en escena Juan Carrasco Millones y les anunció que todos iban a ser detenidos.

Nureña, todavía incrédulo de lo que había escuchado, le preguntó a Carrasco Millones la razón de su detención y el entonces fiscal le respondió que había un colaborador eficaz  lo señaló como el testaferro del congresista Javier Velásquez Quesquén, algo que posteriormente sería catalogado como tráfico de influencias.

“Renuncié al Apra hace mucho tiempo por la manera en que Velásquez Quesquén ha manejado el partido en Lambayeque”, cuenta Miguel, quien le había pedido a Carrasco Millones, en medio de la conmoción y convencido de su inocencia, que revisen su casa y computadora a buscar si había algo que lo comprometiese con esa acusación.

“El señor Carrasco Millones y el mismo policía me decían que hable lo que sepa de Velásquez Quesquén para que salga rápido”, relató Miguel en el programa “Alto Voltaje”sobre lo que vivió durante esta detención en un calabozo que duró cerca de una semana pero marcó su vida y la de su familia durante esos días de incertidumbre.

NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN”

Para vincular a Nureña con Velásquez Quesquén y un posible caso de tráfico de influencias se habían basado en una obra realizada en el parque Orlando Millones Guevara ubicado en el distrito de Chiclayo. La empresa a cargo de ejecutar esta obra fue JWE Ingeniería y Construcción S.A.C. y Miguel Nureña había sido contratado por el representante legal de dicha empresa para encargarse de las gestiones administrativas.

El tráfico de influencias en el que se había tratado de involucrar a Nureña supuestamente había ocurrido debido a que Miguel le habría pedido al congresista aprista que interceda en favor de la empresa para la que trabajaba y, por lo tanto, puedan ser beneficiados en el trámite de selección.

Cristian Rebosio

Tiempo después, la denuncia constitucional contra Velásquez Quesquén fue declarada improcedente y, por lo tanto, el supuesto tráfico de influencias que involucraba a Nureña Sanguinetti también quedó descartado en la disposición que se conoció en el mes de mayo del 2023.

Cristian Rebosio

Claro que este final no es precisamente un final feliz para Miguel Nureña. “Me ha hecho mucho daño. Lo voy a querellar a Carrasco Millones por abuso de autoridad y voy a pedir reparación civil”, detalló Nureña Sanguinetti, quien parece ser otra de las víctimas de las extrañas detenciones avaladas por el exfiscal que parecen más orientadas a armar un show que a buscar justicia.

 

 

 

Pedro Castillo emprende una nueva aventura política en un partido en cual realizan jornadas de ayuno en su nombre, acusan a los organizadores de “La toma de Lima” y hasta dicen tener congresistas.

Aunque el triunfo de Pedro Castillo Terrones había despertado la ilusión de un sector de la población olvidada que veía en el maestro rural la posibilidad de un gobierno que represente sus intereses, no pasó mucho tiempo desde la llegada a la presidencia del candidato de Perú Libre para que esta ilusión se desvanezca.

Las designaciones de personajes sin experiencia para encabezar ministerios y el desinterés por escuchar a los pocos integrantes del gabinete que tenían un amplio conocimiento de su sector condujeron a que el nuevo gobierno entre en una crisis que se agravaría con las acusaciones de corrupción y que, además, alejaban a Castillo Terrones de la posibilidad de cumplir sus promesas de campaña.

Sin embargo, pese a que su mandato concluyó con Castillo tras las rejas luego de su fallido intento de golpe de Estado, su aventura política parece no haber terminado. En los últimos días, el nombre de Pedro Castillo volvió a la escena política al anunciar que su afiliación al partido “Todo con el Pueblo”.

Sudaca ha revisado grabaciones que exponen los intereses y la visión de esta nueva agrupación que, pese a no estar inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha empezado sus actividades en diversas regiones del país y parece haber tenido un impacto considerable y con Castillo en una posición más protagónica de la que tenía en su época como candidato de Vladimir Cerrón.

EL ORIGEN

La primera vez que se escuchó sobre este partido político fue en el mes de febrero cuando, desde el penal en que se encuentra detenido, Castillo anunció mediante una carta la creación de la agrupación denominada “Todo con el Pueblo” como respuesta al pedido de miles de compatriotas.

Cristian Rebosio

En este mismo anuncio, Castillo Terrones designó como coordinador nacional a Nicolás Bustamante Coronado, quien fue ministro durante su gobierno y estuvo al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bustamante Coronado, quien es oriundo de Chota, tuvo un paso breve por este ministerio, pero no estuvo exento de cuestionamientos.

Según expuso el programa “Panorama”, el ministro Bustamante estuvo involucrado en un extraño episodio. Acorde a la información de dicho programa, el entonces titular del MTC estuvo detrás de la aprobación de una obra valorada en cerca de cuarenta millones de soles que se iba a realizar en la región Cajamarca. Lo que llamó la atención sobre este caso, además de tratarse de un pedido que no se encontraba en su competencia, fue que la revisión del expediente tan importante tomó menos de veinticuatro horas.

En la actualidad, Bustamante se ha convertido en la cara visible de este partido. Tal como se puede observar en las siguientes imágenes, este nuevo partido viene realizando una activa campaña para dar a conocer sus actividades de afiliación en diversos sectores del país incluida la capital, el que había sido su punto débil en la campaña presidencial de 2021.

LA BANDERA PRINCIPAL

Si bien el nombre de esta agrupación hace mención del pueblo, la principal consigna de esta nueva agrupación política parece ser la liberación de Pedro Castillo, el líder de “Todo por el Pueblo” y a quien se siguen refiriendo como presidente. En las publicaciones que se pueden encontrar en las diversas cuentas que se vienen propagando en las redes sociales, no se encuentran menciones al ideario político de este nuevo movimiento y la única estrategia para captar adeptos parece ser posicionar a Castillo como preso político.

Cristian Rebosio 

Incluso se puede observar que, como si se tratase de una deidad para quien deben realizar sacrificios, llegan a convocan jornadas de ayuno y oración por Pedro Castillo, quien aparentemente ha tomado la posición de líder mesiánico para los militantes de esta nueva agrupación política.

Cristian Rebosio 

EL MENSAJE

Aunque las publicaciones de este partido en redes sociales se enfoca únicamente en dos puntos: pedir la por la libertad de Castillo Terrones y difundir la campaña de afiliación, durante las jornadas con sus militantes se explican las motivaciones de esta agrupación que pretende incursionar en la política nacional.

Tal como se puede escuchar en la siguiente grabación que data de principios de abril, durante el evento realizado en Puno, los “congresistas” de este partido se enfocaron en negar el golpe de Estado que intentó dar Castillo y resaltar la necesidad lograr una mayoría parlamentaria en las elecciones como único camino para que puedan aprobarse proyectos en favor de las personas a las que se dirigían. Con este argumento, además, le quitan responsabilidad a Castillo por el papel que tomó la bancada de Perú Libre en el Legislativo.

En el evento realizado en Puno también acusan a los organizadores de las manifestaciones que fueron conocidas como “La toma de Lima” de haber engañado a Pedro Castillo haciéndole creer que ese era el camino para su liberación y utilizado estas marchas para su beneficio propio.

Durante esta asamblea que se llevó a cabo en el mes de abril se puede escuchar a los oradores alentando la idea de que pueden ser perseguidos por la derecha que, según su versión, no les permitirán inscribirse como partido y, por ello, deben realizar sus actividades partidarias sin ser descubiertos. 

Además, si bien “Todo con el Pueblo” no cuenta con inscripción, el partido de Pedro Castillo parece sí contar con congresistas. O al menos es bajo ese rótulo que son presentados durante los eventos que este movimiento político viene realizando en diversas regiones del Perú desde hace varios meses.

En el siguiente video se puede observar en el siguiente video revisado por Sudaca, los congresistas Alfredo Pariona y Pasión Dávila no sólo asisten a las actividades de este nuevo partido sino que son presentados ante sus militantes como actuales congresistas de “Todos con el Pueblo”.

La nueva aventura política de Pedro Castillo no parece tener un discurso muy distinto al que se escuchó de él durante su época como candidato de Perú Libre. Sin embargo, en esta oportunidad la diferencia parece que su figura dejó de ser la de un representante del pueblo para convertirse en un mesías que es el único capaz de transformar al país.

El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas cometidas durante su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se ratificó la sentencia impuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, declarándolo culpable como autor del delito contra la fe pública.

Contreras está en la obligación de dar la cara a la Comunidad de Quipan por una gestión que no solo permitió a la Empresa Arguelles ir delante con un proyecto que afecta la autonomía e integridad de los vecinos, sino también que cobro la vida de un dirigente cuyo asesinato está siendo investigado, pero que trae a la mesa la discusión por su asesinato justo un día antes de acercarse al Ministerio Publico para declarar en contra de esta empresa y de Abel Contreras.

¿Cómo fue el proceso que empezó Santiago Guardamino?

En un caso que ha sacudido la conciencia de la nación, Santiago Guardamino Gonzales, destacado defensor de la integridad de la Comunidad de Quipan, fue brutalmente asesinado en la puerta de su casa, justo después de haber obtenido el apoyo crucial de los comuneros en su lucha contra la corrupción y la venta ilegal de terrenos. Guardamino, quien ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal, fue abatido a tiros por sicarios, recibiendo nueve balas en su cuerpo, un acto que se presume fue cometido para silenciar sus declaraciones programadas ante la Corte Suprema de Justicia.

Guardamino había sido una figura clave en la batalla judicial contra la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C, vinculada a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales. Estos terrenos, valorados en 600,000 soles, fueron vendidos a un precio irrisorio, en complicidad con el anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos oficiales para consumar la venta. Guardamino, comprometido con la justicia, había impulsado un proceso judicial para anular este contrato fraudulento y llevó a cabo una denuncia penal que resultó en la condena de Mosquera Ortiz.

Benjamin Zevallos
Continuación de la decisión de la Sala Penal


El asesinato de Guardamino, perpetrado a pocos metros de su hogar, se produjo en un momento crucial. Su declaración ante la Corte Suprema, prevista para el 3 de abril de 2024, era un elemento esencial para resolver el caso (expediente
7399-2023). Este caso tenía el potencial de invalidar la venta fraudulenta y devolver la propiedad a la Comunidad de Quipan, evitando así la realización del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi” en los terrenos comprometidos.

La comunidad de Quipan había depositado su confianza en Guardamino para enfrentar las irregularidades que habían marcado la administración de su antecesor. La venta fraudulenta de tierras había dejado a la comunidad en una crisis profunda, y Guardamino, con su liderazgo, se había erigido como un bastión de esperanza y justicia. Su valentía y determinación lo llevaron a desafiar poderosos intereses, pero también lo convirtieron en un objetivo para aquellos que temían las repercusiones de sus acciones judiciales.

El asesinato de Guardamino no solo es un golpe devastador para su familia y la Comunidad de Quipan, sino también un llamado de atención sobre la fragilidad del sistema de justicia cuando se enfrenta a la corrupción y la violencia. Su muerte subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que, con valentía, defienden los derechos de sus comunidades y luchan por un futuro más justo.

En un último esfuerzo por anular la compra venta fraudulenta, Guardamino había iniciado un proceso civil paralelo, estrechamente vinculado al resultado de su declaración ante la Corte Suprema. Ahora, con su muerte, la comunidad enfrenta un nuevo desafío: mantener viva la lucha de Guardamino y asegurar que su sacrificio no haya sido en vano.

La tragedia de Santiago Guardamino es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los defensores de la justicia y los derechos humanos. Su legado, marcado por la valentía y el compromiso con su comunidad, debe inspirar a todos a continuar la lucha por la verdad y la justicia en Quipan y más allá.

Guardamino había estado al frente de una ardua batalla legal contra la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales a la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la irrisoria suma de 600,000 soles, equivalentes a 0.006 soles por metro cuadrado. Este negocio ilícito fue realizado con la complicidad del anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, y el propietario de la empresa, Aniceto Elvis Arguelles Loayza. La venta se llevó a cabo mediante la falsificación de documentos oficiales, incluyendo actas de asamblea general y estudios topográficos y catastrales.

En su lucha por la justicia, Guardamino había logrado la condena de Mosquera Ortiz a 5 años de prisión efectiva en primera instancia, aunque esta pena fue reducida a 4 años de prisión suspendida en segunda instancia. Sin embargo, la influencia de Industrias Arguelles no se detuvo ahí. La empresa continuó operando en el terreno un botadero de basura denominado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi«, lo que motivó una serie de denuncias de Guardamino por los daños ambientales y de salud causados a los comuneros.

La magnitud de la corrupción se hizo aún más evidente cuando se descubrió que Aniceto Elvis Arguelles Loayza simuló la transferencia del terreno a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., dirigida por su sobrino Gerson Guillen Arguelles, para evitar que la Comunidad Campesina de Quipan recuperara las tierras.

El motivo detrás del asesinato de Guardamino se centra en su inminente declaración ante el Ministerio Público. El día después de su asesinato, Guardamino debía responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Esta declaración era crucial para demostrar la ilegalidad de la venta de terrenos y recuperar las propiedades para la comunidad.

Además de sus esfuerzos legales contra la venta fraudulenta, Guardamino también había iniciado una denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, Karen Marianella Pasco Flores (Gerente General de Industrias Arguelles), Abel Cruz Mosquera Ortiz (ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan) y Gerson Guillen Arguelles.

Según la denuncia, Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Arguelles Loayza para adquirir fraudulentamente las tierras por 600,000 soles, cuando su valor real era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Guardamino expuso que los documentos utilizados contenían datos falsos y que la compra venta fue una simulación para ocultar la verdadera intención de apropiarse de los terrenos comunales.

El asesinato de Santiago Guardamino es un claro intento de silenciar a un defensor de la justicia y proteger los intereses corruptos de aquellos que buscan explotar los recursos de la comunidad de Quipan. Sin embargo, el 06 de mayo la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un RECURSO DE NULIDAD interpuesto por el mismo Abel Contreras, expresidente de la Comunidad de Quipan y quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas que cometió en su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se RATIFICÓ la sentencia interpuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte “como autor del delito contra la fe pública”.

El pleno del Congreso de Perú ha aprobado los proyectos de ley 3258, 5206 y otros, que buscan crear incentivos económicos y fiscales para fomentar las producciones cinematográficas y audiovisuales en el país. La propuesta obtuvo 84 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, esta nueva ley ha sido fuertemente criticada por cineastas y colectivos del sector debido a sus implicaciones negativas para el cine regional, de autor e indígena.

Primero, sobre la reducción del Presupuesto para Cine Regional. La ley limita el presupuesto para las producciones regionales, lo cual podría afectar gravemente a las películas que relatan violaciones de derechos humanos durante la época del terrorismo. Los cineastas argumentan que esta medida reducirá los incentivos estatales en un 50% para las producciones realizadas en distintas regiones del país.

Segundo, sobre el control sobre los guiones. La nueva normativa establece que el Estado peruano deberá revisar los guiones de las producciones, lo que ha sido calificado como una restricción a la libertad creativa. Cineastas como Luis Llosa han expresado su preocupación, señalando que esto podría constituir una forma de censura. Llosa comparó la situación con países como Colombia y República Dominicana, donde el Estado no interfiere en la producción cinematográfica.

Las modificaciones a la ley, aprobada inicialmente vía Decreto de Urgencia hace dos años, han generado un rechazo generalizado entre los cineastas. Hace poco en una conferencia de prensa, aproximadamente 70 asociaciones y colectivos, junto con 700 trabajadores independientes del cine peruano, manifestaron su indignación y denunciaron que la nueva ley plantea una censura a la libre expresión y elimina los estímulos económicos a las actividades culturales.

 

Posición del Ejecutivo

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, adelantó que el gobierno de Dina Boluarte observará la norma, ya que el Congreso no consideró las recomendaciones enviadas por su sector. Urteaga destacó la necesidad de un debate técnico sobre la modificación de la norma, con el fin de permitir a las producciones regionales la libertad de plasmar más ideas y evitar conflictos polarizados.

La medida, apoyada por legisladores como Adriana Tudela, Patricia Juárez y Guido Bellido, obtuvo 84 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones. La propuesta legislativa, conocida como el ‘Proyecto Tudela’, ha sido fuertemente criticada por cineastas y organizaciones culturales que advierten sobre sus efectos negativos en la diversidad y libertad de expresión del cine peruano.

La normativa exige que el Estado revise los guiones de las producciones, lo que los cineastas consideran una forma de censura. Se teme que esto limite la libertad creativa y restrinja la diversidad de temas y enfoques en las películas peruanas. El proyecto ha sido señalado por comprometer la identidad indígena y regional del cine peruano. Las organizaciones culturales argumentan que estas medidas reducirán la representación y promoción de las culturas locales en el cine, afectando negativamente la diversidad cultural del país.

El pasado 11 de junio, cineastas peruanos como Elva Arrieta, Alberto Castro y Melina León expresaron su «indignación» durante una conferencia de prensa en Lima. Denunciaron que la nueva ley censura la libre expresión y elimina los estímulos económicos necesarios para la producción de cine, teatro, música y otras actividades culturales.

Ahora bien, en el proyecto se hace referencia a una Ventanilla Única de Autorizaciones. La creación de una “Ventanilla Única de autorizaciones de filmación”, administrada por Promperú, es otra cláusula controvertida. Los críticos argumentan que esta medida podría convertirse en un obstáculo adicional para los cineastas peruanos. Además, la eliminación de Estímulos Económicos. La propuesta limita los apoyos económicos a etapas específicas de producción, omitiendo fases cruciales como la escritura de guiones y la investigación para documentales. Esta reducción de estímulos es vista como un ataque a la libertad de creación y a la industria cultural en general.

Al cierre del informe es importante que el Legislativo reflexione sobre este proyecto y dé marcha atrás. El cine peruano pasa por un momento donde lo malo es bueno y lo pésimo es aceptable. Sin embargo, lo bueno se está quedando atrás o no se le da relevancia a la producción.

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