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Se rompe la relación entre el gobierno y los sindicatos

Por: 30.12.2021

Con bombos y platillos, el presidente Pedro Castillo encabezó la ceremonia de creación de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales el pasado 20 de diciembre. La institución, que pretende capacitar a los trabajadores en temas relacionados a derechos laborales, es un calco de la experiencia boliviana bajo los gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales. A la cita asistieron la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y congresistas de izquierda como Isabel Cortez y Guillermo Bermejo. El problema es que las ausencias fueron más relevantes.

Los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que representan ante el Ejecutivo a los principales sindicatos del país, también habían sido invitados. Pero decidieron no asistir.

Las cuatro centrales consideran que la medida es una intromisión del gobierno a la autonomía sindical. El mismo día de la ceremonia, publicaron un comunicado conjunto dirigido a la ministra Chávez donde manifestaban su disconformidad. “Consideramos que no corresponde al gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales”, dice el documento.

Para las centrales, a través de esta escuela se abre la posibilidad de que el gobierno se entrometa en su organización interna y oriente la lucha sindical a intereses políticos particulares. Todo bajo la excusa de la formación en derechos laborales. “Puede servir para someter a los movimientos sindicales a los caprichos del gobierno de turno”, considera Rolando Torres, secretario general de la CATP. 

Y este no es –vale agregar– el primer desencuentro entre el Ejecutivo y los gremios proletarios. En agosto, Sudaca ya había advertido que el presidente sindicalista estaba teniendo problemas para conectar políticamente con distintos sindicatos. Con la nueva ministra de Trabajo, sin embargo, la relación parece haberse roto definitivamente. 

 

Ministra con anticuerpos

“Pareciera que para la ministra no hay formación de dirigentes a través de las mismas organizaciones sindicales […] ¿O prefieren llamar a los empresarios para que den charlas de cómo hacer sindicalismo?”, pregunta con ironía Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

La relación de las centrales con Betssy Chávez se ha resquebrajado en el último mes. La titular de Trabajo dio positivo a Covid-19 el 9 de diciembre y se reincorporó a sus funciones presencialmente pocos días antes del lanzamiento de la escuela sindical. Su retorno y la fecha de la ceremonia hacen dudar a los dirigentes sobre si la decisión ya estaba tomada antes de que enfermara, sin que ellos tuvieran idea.

“Perdimos contacto con ella durante 15 días. Cuando se reincorpora, sale la escuela sindical. A todos nos sorprendió [el lanzamiento]. Veíamos que era una mujer muy proactiva, tuvimos una reunión cordial antes. Hasta ahí estábamos bien, pero su enfermedad, más las fiestas, causaron un vacío”, reconoce Rolando Torres, de la CATP. 

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, durante la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Foto: Ministerio de Trabajo.

Chávez ya no es vista con buenos ojos por los dirigentes de las centrales. Sus invitaciones a eventos son consideradas tribunas para mejorar su imagen. “A nosotros como CUT no nos parece cómo se han venido haciendo las cosas. Estamos siendo convocados a actividades que sirven para la publicidad, pero sin un verdadero compromiso al respeto de la libertad sindical. Son meros actos de manipulación y demagogia”, denuncia Julio César Bazán, secretario general de la CUT.

Cansados de la ministra, las cuatro centrales enviaron una carta al presidente Pedro Castillo solicitando una reunión urgente el pasado miércoles 22. Buscan pedirle que posponga el inicio de las clases en la escuela de formación sindical hasta tener claridad de su implementación. A la fecha, siguen sin una respuesta.

 

SIN PREVIO AVISO

Pero el problema no solo es que la escuela sindical es de total desagrado de las centrales. De acuerdo a los dirigentes de dichos gremios consultados por Sudaca, ellos no tenían la más remota idea de que la iniciativa estaba en los planes del gobierno.

El llamado del Ministerio de Trabajo (MTPE) los tomó por sorpresa. El aviso no fue para pedirles su opinión, sino para informarles que la decisión ya estaba tomada. Uno por uno empezaron a ser convocados el fin de semana previo a la ceremonia por funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo. Cuando pidieron mayores detalles sobre la escuela sindical, los emisarios no supieron qué responderles, señalan.

“La señora [Betssy Chávez] unilateralmente, de la noche a la mañana, convoca a los sindicatos sin escuchar nuestra opinión. Si hubiese sido así, le hubiésemos manifestado nuestro punto de vista en desacuerdo, pero no fue el caso”, explica Gerónimo López, de la CGTP.

La poca claridad respecto a la escuela sindical hace creer a las centrales que la ministra no conoce realmente su sector. De acuerdo a Russell Gonzales, secretario general de juventudes de la CTP, la formación “jurídico laboral” que brindará la casa de estudios ya existe dentro de los gremios. “No se ve bien que el gobierno insinúe [que va a] dictar los temas de formación de los cuadros sindicales. La formación ya la hacemos nosotros. Ahí hay una intromisión. Lo rechazamos rotundamente”, condena.

También consideran que existen necesidades más urgentes que una casa de estudios sindicales actualmente. “Contratos desnaturalizados, ceses colectivos fraudulentos, tercerizaciones que atentan contra el derecho al trabajo, desconocimiento de convenios colectivos, hostilizaciones permanentes. Hay necesidad de resolver muchos problemas que están encauzados en la autoridad de trabajo”, asegura Julio César Bazán, de la CUT.

Además, poco ha dicho públicamente el MTPE respecto a cómo se dictarán las clases en la escuela sindicalista. Solo adelantaron, en una nota de prensa publicada el mismo día de la ceremonia, que las lecciones serán virtuales, comenzarán en enero y los profesores serán profesionales de las “áreas especializadas” del ministerio, así como de otras “entidades públicas y privadas”. Detalles insuficientes que no calman a las centrales. 

En respuesta a Sudaca, el ministerio aseguró que las clases comenzarán el 18 de enero del 2022 y que se dictarán dos cursos en el año. El primero, especializado en legislación laboral, será piloto, tendrá 32 horas lectivas y podrían participar cerca de 150 dirigentes. También manifestaron que recién “a partir del segundo curso se tiene previsto recoger las sugerencias de las organizaciones sindicales” para mejorar la metodología. 

 

AL ESTILO BOLIVIANO

Las centrales sindicales también quieren reunirse con Castillo porque ven posible que la escuela que acaba de lanzar el MTPE sea una réplica del modelo boliviano. Y señalan que eso sería un error porque la situación de ambos países es distinta.

De hecho, el propio ministerio dice a Sudaca, a través de su área de prensa, que “se ha revisado la experiencia boliviana”. Y reconocen que no pueden hacer un calco, pues allá tienen “una sola central sindical y con bases sólidas».

Se refieren a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución dominante entre los sindicatos del país vecino. Esta ha sido aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso Morales llegó a encabezar marchas del movimiento en el 2019, poco antes de dejar el poder.

Bajo la gestión de Morales también se creó la Escuela de Formación Política Sindical, en el 2015, de la que el MTPE se ha inspirado.

Y si la similitud no es ya suficientemente clara en los objetivos y en nombre, vale revisar la nómina de invitados de lujo en la ceremonia del 20 de diciembre en Palacio de Gobierno. A la cita asistió, vía Zoom, Verónica Navia, la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También estuvieron algunos ex dirigentes de las centrales y actuales dirigentes de pequeños sindicatos, pero a título personal.

El mismo día, la cuenta oficial de este ministerio boliviano compartió un tuit felicitando a su homóloga peruana. “La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras”, agrega el mensaje, que va acompañado de una foto de la ministra Navia escuchando la ceremonia.

La sensación de orgullo fue replicada por la ministra boliviana en la reunión. “Acompañamos y aplaudimos la decisión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo por brindar este espacio de reflexión colectiva a los trabajadores, más aún en la etapa histórica que está viviendo el Perú”, afirmó la ministra de Bolivia, de acuerdo al medio boliviano ‘Ahora El Pueblo’.

Gerónimo López, dirigente de la CGTP, dice que, a pesar de las diferencias, la fundación del colegio boliviano sí fue acordada con la COB. “Ellos han consensuado. Tienen un convenio para instalar la escuela sindical. No están al margen como acá, donde el Estado aparece como empleador, juez y parte para proteger sus intereses”, compara el dirigente.

Lo que dice López ocurre desde la reapertura de la escuela sindical por la ministra Navia. Esta estuvo cerrada por decisión de la presidenta Jeanine Áñez, en el régimen anterior al de Luis Arce. Pero solo a comienzos de este mes, la ministra boliviana anunció que 800 trabajadores terminaron su capacitación.

Más allá de los cursos, sin embargo, el gran miedo de las centrales sindicales peruanas es que el gobierno del lápiz esté buscando tener una COB peruana a sus pies. “Es algo peligroso. Pedro Castillo está buscando una división. Han creado organizaciones cascarón que les rinden pleitesía para dividir el movimiento sindical, como ocurre con el Sutep y el Fenate. Intentar tener una central única como allá [Bolivia] es lapidar la libertad sindical”, concluye Russell Gonzales, de la CTP. 

 

*Fotoportada por Darlen Leonardo

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Betssy Chávez, Centrales Sindicales, Ejecutivo, Presidente Castillo

Los 5 años de agua subterránea por los que Backus no quiere pagar

Por: 29.12.2021

 

Backus, hoy propiedad de la transnacional belga AB InBev, se acaba de ahorrar S/340.372,74 por el agua subterránea que usó en junio del 2012. El mes pasado, con los votos de Augusto Ferrero, Manuel Miranda y Ernesto Blume, el Tribunal Constitucional le dio la razón a la cervecera más grande del país en un largo proceso contra Sedapal. Dicho fallo, sin embargo, no quedará acotado solo a un mes. La compañía empleó el mismo criterio legal para cuestionar los pagos durante un periodo mucho más largo: del 2010 al 2015. 

Según Sedapal, la controversia se saldó recién en agosto del 2015, cuando entró en vigencia un decreto legislativo que zanjaba años de discusiones sobre el tema. En total, entonces, ¿cuánto le ganaría la cervecera a las arcas públicas desde el 2010 hasta la aparición de aquella norma?

Sedapal no respondió esta pregunta. Pero un cálculo rápido nos ayuda a ponerlo en perspectiva: si ampliamos la cifra perdonada de junio del 2012, Backus se ahorraría aproximadamente S/20 millones por agua subterránea en esos años. De hecho, desde Sedapal señalan que, del 2015 en adelante, la cervecera desembolsa S/6 millones anuales por dicho recurso. 

¿Los cinco años anteriores? El agua usada por Backus podría ser gratuita gracias al TC. En un país como el Perú, donde hay más de 7 millones de ciudadanos sin agua potable, según cifras del INEI, eso no es poca cosa. 

“Se acumula el agua en tan pocas manos, que tenemos que despojar a una población de este recurso. Se prioriza dar agua para fines comerciales cuando hay otras comunidades más pequeñas que necesitan abastecerse de agua”, critica el ingeniero Juan Víctor Béjar Saya, especialista en temas hídricos e investigador en gestión social del agua. A continuación, la historia.

De izquierda a derecha: Ernesto Blume, Manuel Miranda y Augusto Ferrero. Los tres magistrados votaron a favor de Backus en la controversia sobre la tarifa por el agua subterránea.

DIFERENCIAS 

En la asociación de vivienda La Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, los vecinos no tienen agua potable. Para que el comedor popular de la zona pueda abastecerse del líquido y ayudar a las 45 familias que la conforman, deben comprar el agua a los ‘aguateros’.

Antes de la pandemia, cada tanque de 1.100 litros les costaba S/25. Duraba tres días. Ahora les están dando el agua gratis, pero solo hasta que termine diciembre. Ya les han avisado que a partir del próximo año volverán a pagar por un recurso que, muchas veces, no es apto para el consumo. «El agua no viene tan limpia, a veces encontramos pajitas o restos de pintura seca”, se queja una de las vecinas. 

En el extremo opuesto de la capital, las 40 familias que viven en el centro poblado “Shalom Maná”, a la espalda del penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, son otro ejemplo de precariedad. Todos los jueves, se turnan desde la madrugada para recolectar el agua de un caño público que está instalado en una comunidad vecina. Cada familia paga S/25 mensuales, pero a veces no logran abastecerse lo suficiente.

“En total somos ocho comunidades que no tenemos agua y a veces con lo que recolectamos en nuestra agrupación no nos damos abasto para la semana”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.

Sudaca hizo un cálculo teniendo en cuenta la capacidad de los tanques y las semanas de consumo. El resultado es que cada familia (de dos miembros a más) tiene que conformarse con 8,8 m³ de agua al mes, en el mejor de los casos. En el peor, solo pueden recolectar la mitad de esa cifra. Según el INEI, en Lima el promedio de consumo para una sola persona es de 7,5 m³ mensuales.

Nada de esto se compara con los más de 263.000 m³ del subsuelo peruano que Backus usó solo en junio del 2012 para elaborar gaseosas, cervezas y aguas embotelladas. Sedapal emitió seis resoluciones para que la empresa pague por haber usado aquel recurso, pero la hoy subsidiaria de AB InBev llevó el caso ante el Tribunal Fiscal (un organismo del Ministerio de Economía que es la última instancia administrativa para decidir la validez de cobros tributarios y multas).

El argumento de Backus fue que había precedentes de que esos cobros eran inconstitucionales. La compañía reconoce a Sudaca que, así como la de junio del 2012, impugnó las resoluciones de Sedapal entre el 2010 y el 2015.

 

INTERPRETACIONES

¿Por qué Backus argumentó la inconstitucionalidad de aquel cobro? En sencillo: la controversia gira en torno a si el agua subterránea se debe pagar como un tributo o como una retribución económica por el uso del recurso natural. La cervecera se ha beneficiado de la inconstitucionalidad de la primera interpretación. 

Para calcular la tarifa por el agua subterránea, Sedapal se basó en un decreto supremo -el cual regula a un decreto legislativo- que dio pie a interpretar que el dichoso cobro era un tributo. Y según anteriores sentencias del Tribunal Constitucional (a favor de Gloria, el Jockey Club y la Compañía Inmobiliaria los Constructores), cobrar por el uso del agua en calidad de tributo era inconstitucional porque ello debía estar explícito en el decreto legislativo y no regulado solo en un decreto supremo.

Tomando en cuenta los fallos previos del TC, en diciembre de 2012 el Tribunal Fiscal le dio la razón a la cervecera. ¿Qué implicancias tuvo esto? Que se deje sin efecto la cobranza de los más de S/340.000 que Sedapal le requirió para junio de ese año. 

Desde entonces, Backus y Sedapal se enfrascaron en una batalla judicial que ha durado casi 10 años. La cervecera, de hecho, perdió en la vía judicial. El 2017, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió una sentencia en la que señaló que, más allá de la discusión de si el pago por el uso del agua subterránea es o no un tributo, “Sedapal está autorizado por la ley para realizar el cobro correspondiente, por ser un recurso natural”.

Luego de que el Poder Judicial le diera la razón a Sedapal, la cervecera no se quedó de brazos cruzados. Tras las apelaciones de rigor, en septiembre de este año llevó el caso hasta el TC.

En noviembre de este año, con los votos de Ferrero, Miranda y Blume, el TC resolvió anular la sentencia del Poder Judicial. Marianella Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña, por su parte, votaron para que la demanda interpuesta por Backus sea declarada improcedente.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda interpuesta por Backus, perdonándole así una deuda de S/340.000.

El principal argumento de Ledesma fue que los jueces que vieron el caso sí revisaron lo establecido anteriormente por el TC y que, al mismo tiempo, explicaron adecuadamente sus razones para que Backus asuma “el costo del aprovechamiento del recurso natural”. 

Espinosa-Saldaña sostuvo, a su vez, que el Poder Judicial era competente para resolver estos temas y que en el caso de Backus no correspondía aplicar el mismo criterio que las anteriores sentencias. Además, advirtió que el voto mayoritario de los otros tribunos traería repercusiones con casos similares que tuviesen que ver con el pago de la tarifa del agua subterránea. En otras palabras, marcaría un mal precedente. En el caso de Backus, favorecería al resto de sus impugnaciones del periodo 2010-2015.

“Ha habido todo un debate sobre este tema. Muchas empresas han llevado a juicio a Sedapal para no pagar, porque ha habido vacíos legales que se los permitieron. Normalmente sí se debe pagar por esto”, dice Aldo Cárdenas Panduro, especialista en recursos hídricos y exconsultor de la Autoridad Nacional del Agua.

De hecho, aunque el problema de la constitucionalidad del cobro se zanjó en el 2015 gracias al nuevo decreto legislativo que regula el uso del recurso subterráneo, varios casos anteriores a este año siguen en disputa, según dijo a Sudaca Francisco Dumler Cuya, presidente del directorio de Sedapal. 

Consultada por Sudaca, Backus respondió que no es correcto hablar de montos impagos porque en el 2009 «el Tribunal Constitucional determinó que los cobros eran ilegítimos e inconstitucionales”. Además, recalcó que lo que hizo ahora el TC fue reafirmar su posición de que “Sedapal no puede cobrar tarifas como tributo por uso de agua subterránea, puesto que el Decreto Legislativo 148 y su Reglamento [el Decreto Supremo No. 008-82-VI] en el que se basaba es inconstitucional”.

Agregaron que, a la fecha, seguirán realizando “los pagos que por derecho de uso de aguas subterráneas le corresponde”. 

 

SOSTENIBILIDAD

“Normalmente no se prioriza el agua para uso poblacional. Eso se puede ver en la construcción de las ciudades, zonas donde no llega el agua potable y son alimentadas por cisternas o tienen que abastecerse ellos mismos. Hay una problemática en el acceso equitativo al agua”, dice el ingeniero Béjar Saya, experto en la gestión social del agua.

Cárdenas Panduro, exconsultor de la ANA, explica que aproximadamente el 20% del total del agua poblacional de Lima viene del subsuelo. Y si es que hubiese escasez de agua superficial –aquellas que se encuentra en ríos, lagos, estanques–, el porcentaje de agua subterránea para uso poblacional aumentaría hasta un 60%.

“Por eso es importante cuidarla y regular su uso, porque el agua subterránea es la próxima fuente de reserva de agua natural si es que se acaba el agua superficial”, sostiene Cárdenas.

Pero la explotación de este recurso natural no solo tiene implicancias en el acceso desigual del agua, sino que la sostenibilidad de los ecosistemas también está en riesgo. “Si yo extraigo el agua de un lado, estoy quitando agua a otro lugar”, explica Béjar. Y en esa lucha por el agua, hay claros vencedores y vencidos.

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Backus, sedapal, Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal

Buscando premier

Por: 28.12.2021

El gobierno baraja como opción a un primer ministro de perfil derechista. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo para ser el próximo presidente del Consejo de Ministros y él se ha negado, según pudo confirmar Sudaca. El sondeo a Márquez se ha dado por teléfono y coincide con el anuncio del presidente Pedro Castillo de realizar cambios en el Gabinete.

Esto último lo adelantó en la reunión que tuvo con cinco periodistas en Palacio la semana pasada. Una de las asistentes a ese encuentro fue Mávila Huertas, quien conduce un programa de entrevistas en este medio. 

Márquez, actualmente de vacaciones en Alemania, declaró hoy en RPP que “nunca me ha llamado o me ha dicho nada el presidente de la República sobre entrar al Gabinete”. El empresario comentó que le informó al directorio del SNI que “no iba a participar” en el gobierno y que cumplirá su mandato como cabeza del gremio empresarial, que vence el próximo año. 

No obstante, Sudaca conoció que el empresario textil sí comunicó a los directivos de la SNI que ha sido tanteado por un emisario del Ejecutivo -no por el presidente- al que no identificó. “El 30 de noviembre pasado, en una reunión de directorio, Márquez contó que fue sondeado por alguien del gobierno pero no se mostró interesado. Después no ha dicho nada más”, declaró a Sudaca una fuente del gremio empresarial. Sudaca pudo confirmar a través de fuentes con conocimiento directo del tema que Márquez ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo.

Pedro Castillo en Talara
El presidente Pedro Castillo se dirige, megáfono en mano, a un grupo de pobladores en Talara, el 27 de diciembre pasado. En estas horas evalúa cambios en el Gabinete. Foto: Presidencia.

El ingeniero industrial tiene previsto volver de Alemania en la primera semana de enero. Su nombre está en medio de una danza de opciones para liderar un eventual recambio en el Consejo de Ministros y su ascenso al premierato supondría un cambio de timón en un gobierno que presume ser de izquierda. Tendría como objetivo tranquilizar a los mercados y bajar el ruido político. 

Los anuncios de cambios se dan en medio de la pérdida de popularidad del presidente y las investigaciones fiscales que lo salpican. Por lo pronto, tiene que nombrar un nuevo ministro de Educación, y la primera ministra Mirtha Vásquez ya acusa el desgaste del gobierno. Fuentes cercanas a Vásquez aseguran, sin embargo, que la premier sigue inamovible al cierre de esta edición. 

Ricardo Márquez integró, en septiembre, la comitiva empresarial que acompañó al presidente Castillo en un viaje a Estados Unidos. Además, lo ha visitado en dos oportunidades a Palacio (el último encuentro fue el 15 de noviembre), de acuerdo al registro de visitas. 

Márquez fue primer vicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori que empezó en 1995 y llegó a ser segundo vicepresidente de la plancha liderada por Fujimori en la elección fraudulenta del 2000. Cuando Fujimori renunció vía fax, tras el destape de los “vladivideos”, Márquez se mostró dispuesto a sucederlo en un país sumergido en el caos institucional. El empresario se resistía a dar un paso al costado argumentando que “la  renuncia sería admitir que todos los funcionarios del Estado han estado involucrados en actos de corrupción”. La presión internacional, con Estados Unidos a la cabeza, lo obligó a dimitir, según reseña un despacho del diario “El País” de España. 

Márquez y Fujimori
Ricardo Márquez Flores ( a la izquierda) celebra con Alberto Fujimori y César Paredes Canto el triunfo de la elección presidencial de 1995. Márquez postuló como primer vicepresidente en ese año. En el 2000 también integró la plancha fujimorista. Foto: Asociated Press.

En el sector privado, Márquez es un reconocido empresario textil, fundador de la marca Kansas Jeans.

La posible llegada de un primer ministro de perfil derechista colisionaría con los aliados de izquierda del presidente Castillo. Pero el mandatario contempla esta posibilidad como un instinto de supervivencia. 

PRESIONES

En las negociaciones, sin embargo, Castillo no olvida a Perú Libre. El líder de ese partido Vladimir Cerrón escribió que el presidente debe respaldarse en su agrupación porque “esta es la fórmula que lo salvará de los intentos de una futura vacancia”. 

Cerrón, en un artículo escrito en el portal oficial de Perú Libre, dijo que a su partido le corresponde la mayor tajada del reparto de la torta del poder. “El presidente debe estar pensando cómo organiza su nuevo y tercer Gabinete que no debiera tener la nefasta composición caviar, ni la proporción ilógica para garantizar su defensa en el Parlamento, pero sobre todo optando por un equipo que le permita retomar el programa primigenio con el que despertó a los pueblos, permitiéndole a la vez reencontrarse con ellos”, dijo. 

“Lograr que el presidente se reencuentre con su pueblo pasa por un necesario sinceramiento con el Partido, invirtiéndose el orden en los círculos de confianza, donde en primera línea esté Perú Libre, seguido por los caviares y los partidos de derecha que brinden apoyo coyuntural. Apartando a los familiares, al sindicato y a los chotanos”, añadió. 

Cerrón ha tendido un ramo de olivo a Castillo en las últimas semanas para volver a tener protagonismo en el gobierno y restarle poder a Verónika Mendoza y Mirtha Vásquez, a quienes identifica como “caviares”. Hay una suerte de pacto de no agresión que quedó en evidencia cuando respondió a una declaración del periodista de RPP, Fernando Carvallo, quien dijo que el jefe de Estado no suscribe el ideario de Perú Libre. “El tiempo de Perú Libre aún no ha llegado, el pueblo está preparando el alma para ese momento”, respondió Cerrón en su cuenta de Twitter. En otras circunstancias le hubiese saltado al cuello al presidente. Explore las gafas patrocinadas por nuestros socios, con una variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos, disponibles para comprar en línea

Verónika Mendoza y Vladmir Cerrón
Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, en una foto de archivo con Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Foto: Perú Libre.

Sudaca pudo conocer que Castillo llamó a Cerrón antes de Navidad. Lo hizo para reunirse con él en una fecha por determinar, en esta presunta apuesta por la reconciliación. En este marco, Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, funge de emisario entre ambos. Él es otro de los voceados para asumir el premierato. 

La danza de nombres está a la orden del día. El tic- tac del reloj suena cada vez más fuerte y no es por la llegada del nuevo año. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

 

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Mirtha Vasquez, Pedro Castillo, Ricardo Flores

La ‘Woman del Callao’: de cuando vincularon a Patricia Chirinos con ‘Barrio King’

Por: 27.12.2021

Por Melissa Pérez Huaringa

Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.

¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.

De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015

Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública. 

Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como  jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.

 

LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’

Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.

En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria)  que existían  «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.

El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.

Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.

“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.

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Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».

El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011  y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.

El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.

¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.

De hecho, en su gestión como alcalde provincial, entre 1996 y 2006, Alex Kouri creó el programa de resocialización de exconvictos que terminaban brindando seguridad en los municipios. Entre ellos estaban Wilbur Castillo y el conocido delincuente Federico “el Loco” Perochena. Luego, como gobernador regional, Kouri logró obtener la gestión del penal Sarita Colonia gracias a un convenio con el Ministerio de Justicia.

La protección continuó años después. El exgobernador regional Félix Moreno promovió que se contrate excriminales en los hospitales chalacos. Un caso es el del Hospital de Ventanilla, donde se denunció la contratación de personal fantasma.

En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules  de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.

La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.

Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre. 

El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.

El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.

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Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.

 

VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO

Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.

En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.

El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?

Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”. 

Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.

Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.

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El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.

Contradictoriamente, el 15 de octubre del 2015, cuando Luna ya estaba a cargo de este caso, la actual parlamentaria había dicho a los medios que su comuna era víctima de extorsionadores que le exigían cupos de trabajo y que había despedido a 20 trabajadores fantasmas.

En setiembre del 2016, 50 serenos del municipio de Chirinos denunciaron que dicha comuna les quería hacer firmar irregulares contratos de trabajo quitándoles beneficios y que además habían encontrado en la planilla a trabajadores fantasmas.

Y el 21 de enero del 2019, el entonces alcalde electo de La Perla, Aníbal Jara Aguirre, declaró que a solo días de asumir el cargo, su gestión ya había detectado 200 trabajadores fantasmas en su comuna, en las áreas de serenazgo y mantenimiento, por los que se desembolsaban mensualmente S/200.000. Jara agregó que en la provincia y distritos chalacos se pagaban planillas fantasmas desde hacía más de 20 años.

La Contraloría también halló irregularidades en la gestión de Chirinos como alcaldesa de La Perla respecto a distintas contrataciones. Por ejemplo, el personal CAS (de limpieza, promotores y serenazgo) contratado en el 2015 no tenía hojas de vida documentada y, a diciembre del 2018, los legajos del personal CAS no tenían DNI, partidas de nacimiento, antecedentes policiales ni penales, etc.

En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.

 

GROSEROS YERROS DEL FISCAL

La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.

También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.

Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.

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Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.

Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.

“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.

La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.

Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.

Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron. 

El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.

 

NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”

Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.

Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.

Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.

Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.

Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.

Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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16 días bajo asedio: habla el jefe de la Sunat

Por: 26.12.2021

El jefe de la Sunat vivió bajo asedio durante dieciséis días. Este medio ha podido revisar el testimonio completo que Luis Enrique Vera Castillo le dio a la Fiscalía y que relata, de principio a fin, la historia de las presiones que recibió desde Palacio. Entre otras cosas, el funcionario cuenta cómo fue contactado 17 veces, entre mensajes y llamadas, por Bruno Pacheco, el ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo. 

El bombardeo se dio entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre. Así se desprende de la declaración que dio la cabeza de la máxima autoridad tributaria, el 26 de noviembre pasado, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz. “Sus pedidos resultaban inaceptables”, declaró Vera sobre Pacheco. 

Antes del acoso de Pacheco, Vera tuvo un primer acercamiento con Palacio el 12 de agosto. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en ese entonces con Guido Bellido a la cabeza, le pidió la lista de los “cien contribuyentes con mayores deudas”, de acuerdo a la transcripción de su declaración ante el fiscal Huamán. 

Declaración
Transcripción no oficial de la declaración de Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la SUNAT, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz el 26 de noviembre pasado.

“Recordemos que esos días se habían dado dos pagos importantes de dos empresas mineras por más de 3 de mil millones de soles”, dijo Vera. Se refiere a las compañías Buenaventura y Cerro Verde, que coincidentemente pagaron sendas deudas tributarias al inicio del gobierno del lápiz, tras haberlas disputado -y perdido- en diversas instancias tiempo antes. Lo hicieron, sin embargo, advirtiendo que seguirían litigando para obtener la devolución del dinero.

Once días después, el 23 de agosto, Vera fue convocado a Palacio.  Los anfitriones fueron los entonces asesores palaciegos Auner Vásquez y Óscar Cabrera, quienes lo llamaron para “conversar sobre las deudas tributarias, pues querían conocer de qué se trataban”, de acuerdo al testimonio de Vera en Fiscalía. 

El 9 de septiembre, Vera fue convocado nuevamente a Palacio. Esta vez para hablar con el presidente Castillo. Fue en ese momento que entró en escena Bruno Pacheco. “Me indica [Bruno Pacheco] que la reunión con el presidente sería al mediodía. Es así que asistí y tuve una reunión a solas con el presidente por espacio de cincuenta minutos”, dijo Vera.

Pedro Castillo Presidente
El presidente Pedro Castillo dijo tener la “capacidad moral para separar las cosas”, pero Bruno Pacheco declaró que nadie le pidió la renuncia. Foto: Andina.

“Antes de entrar a la reunión con el presidente, en la sala contigua a su despacho, encontré a Auner Vásquez y Bruno Pacheco, que se presentó conmigo. De ahí entre los tres conversamos unos 10 minutos haciendo tiempo hasta que el presidente lo atendiera. Ahí el señor Pacheco me señala que lo vuelva a contactar en una semana para ver si se necesita alguna información complementaria”, añadió el jefe de la Sunat. 

Según el registro de visitas de Palacio, la reunión de aquel día con el mandatario empezó a las 11:55 de la mañana y terminó a las 12:40. Pedro Castillo se mostró interesado en seguir aprovechando políticamente el pago de impuestos, pero le explicaron que la mayoría de deudas tributarias sigue en disputa. “El contexto de esta reunión con el presidente fue que quería saber qué empresas más estaban por cobrar [pagar], ya que había dos mineras que habían pagado y quería saber quiénes más podían pagar. Es así que en dicha reunión le expliqué al presidente que la mayoría de las deudas tributarias está en litigio.  Asimismo, hablamos de las deudas tributarias y gestión de la SUNAT, quedando satisfecho”, declaró Vera.

ACOSADO

Hasta ahí todo transcurría con normalidad para el jefe de la Sunat. Pero días después, a las siete y media de la noche del 22 de septiembre, Pacheco empezó con la presión. “ […] recibí una llamada del señor Bruno Pacheco señalando que me iba a pasar un caso de un contribuyente que había sido mal atendido; no recuerdo con qué aplicación me llamó, pero no fue por llamada normal”, dijo Vera. 

A las 7:40 de la noche de aquel día, Pacheco develó el nombre del “contribuyente” en un mensaje por la aplicación Telegram dirigido a Luis Enrique Vera. Se trataba del grupo informático Deltron, cuyo dueño es Néstor Quispez Asín Serna. 

“Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí. Es respecto de la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron, RUC 20213331377, apóyalo por favor, y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias. Yo veo lo otro. NTP [No te preocupes]”, le escribió Pacheco al jefe de la Sunat, como ya ha sido revelado por otros medios. 

Al ser consultado en el interrogatorio por el fiscal Huamán sobre la frase “yo veo lo otro”, Vera respondió que “es algo que Pacheco debe explicar. Yo no le veo explicación”. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Pacheco se refería al nombramiento definitivo de Vera como jefe de la Sunat, dado que en ese momento estaba como interino. La hipótesis fiscal es que Pacheco quería sacar ventaja de la expectativa de Vera por ser nombrado, definitivamente, en el puesto.

El 26 de septiembre Pacheco volvió a la carga con dos llamadas que Vera no respondió. Ese mismo día, vía Telegram, envió un mensaje pidiendo que favorezca en un concurso al martillero Marco Urbina Chumpitassi, dedicado a las subastas públicas. Luego mandó otro mensaje para recordarle del favor al grupo Deltron. 

Vera declaró que días después, el 29 de septiembre a las 5:20 de la tarde, Pacheco le envió por WhatsApp “una foto de una parte de la agenda con los temas a tratar en la reunión del gabinete, entre ellos la designación del superintendente de Sunat propuesto por el MEF”. “Luego escribe: ‘ya lo programé. Estamos en gabinete’”, contó el superintendente. 

La cabeza de la Sunat, sin embargo, ya sabía que Pacheco no tenía cómo influir en su nombramiento. “No obstante, antes de sus comunicaciones, yo ya había recibido la llamada del ministro del MEF [Pedro Francke] comunicándome que mi designación para un nuevo periodo había sido aprobada por el Consejo de Ministros. Como puede apreciarse de la secuencia de las horas, el señor Pacheco me estaba trasladando información inexacta”, dijo Vera. 

Pacheco siguió con las presiones en el Telegram ese 29 de septiembre. Aquel día, a las 9:36 de la noche, continuó con los mensajes acosadores. Y añadió a una nueva empresa en su lista: MQVC Corporation, cuyo gerente es José Hanco Lupinta. Quería ampliar la importación de mercurio de esta firma. Después insistió con favorecer a Deltron porque “no queremos que quiebre”. Con el martillero Marco Urbina tiró la toalla ante el silencio de su interlocutor. “Y del martillero si no se puede, simplemente no se puede”, escribió el exsecretario general en el Telegram, según relató el jefe de la Sunat. 

Vera fue finalmente nombrado el 3 de octubre como el mandamás de la Sunat. Esto no fue óbice para que el profesor de secundaria de Química y Biología siguiese pidiendo favores. El 6 de octubre, entre las 8:39 y 8:41 de la mañana, Pacheco envió al WhatsApp de Luis Enrique Vera tres mensajes que luego eliminó. Tres minutos después, a las 8:44 de aquel día, escribió: “Buenos días, Kike,  necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría conversar contigo o necesitas que te visite. Hay que ser recíprocos en la atención”, escribió Pacheco, mostrando desesperación al ser ignorado. 

“Esta insistencia evidencia que todas sus solicitudes eran ignoradas por mi persona. Luego, con fecha 7 de octubre a las 14:10 pm, vía WhatsApp, el señor Pacheco me llama dos veces optando por no contestarlas ni devolverle sus llamadas”, dijo Vera. A las 14:36 de aquel día el exsecretario general escribió en el WhatsApp para dejar el teléfono del directivo de la empresa importadora de mercurio.  Esa fue la última comunicación con el exsecretario general de Palacio, según relató el jefe de la Sunat. Diecisiete presiones en dieciséis días. 

Vera entregó copias de los mensajes de Telegram y WhatsApp al Ministerio Público, mientras que Pacheco dijo que se le había “extraviado” el celular, de acuerdo a la resolución judicial del 7 de diciembre pasado que le ordena impedimento de salida del país . 

“Veo que es un tema mediático, toda vez que no hay una persona que me haya denunciado. Todo es en base a notas periodísticas. Y acá hay que ver el tema principal: la vacancia del presidente”, dijo Pacheco en una entrevista al medio “PerúDigital”, en la que habló postrado en una cama y con una mascarilla. Pacheco contó que se había enfermado de Covid-19. 

Bruno Pacheco saludo
Exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, brindó una entrevista, postrado en una cama, al medio “Perú Digital” el pasado miércoles 22 de diciembre.

El cuestionado exasesor dejó mal parado al presidente Castillo  al decir que el gobernante nunca le pidió la renuncia. “A mí el presidente no me ha dicho que me retire. Yo he sido que he dado un paso al costado por la gobernabilidad”, dijo en la entrevista. Y es que Castillo declaró, tras la renuncia de Pacheco, que tiene la  “capacidad moral para separar las cosas inmediatamente”

Según fuentes cercanas al despacho de la fiscal Norah Córdova, que investiga la trama petrolera del biodiesel, Pacheco ha sido visto en la sede de Petroperú con la lobista Karelim López.  “Con la señora Karelim López es una relación de conocidos. Nada más”, señaló Pacheco a “PerúDigital”. 

Karelim Lopez - Palacio
Captura de pantalla de la cámara 3 de Palacio, en la que se ve a Karelim López Arredondo en la puerta de ingreso a las 9 y 21 de la mañana, del 18 de octubre. Fue a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo. A esa hora también llegaron el empresario Samir Abudayeh y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

El exbrazo derecho del jefe de Estado se juega el pellejo en estos días. Es una pieza clave en la trama de presunta corrupción que hace temblar los cimientos de Palacio.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Gabriela Salvador: de acusada por estafa a funcionaria pública

Por: 23.12.2021

Gabriela Salvador Cárdenas (36), excandidata al Congreso por el Partido Morado, es la flamante coordinadora parlamentaria del Poder Judicial desde noviembre pasado. Su designación no sería discutible si no fuera por un pasado reciente lleno de acusaciones de estafa y manipulación de parte de amigos y exparejas. A las fundadas denuncias, además, se suma que Salvador no tiene su colegiatura de abogada activa, uno de los requisitos estipulados en el proceso de contratación.

A mediados de octubre, la Corte Suprema abrió la convocatoria de selección por un sueldo de S/12.500. El trabajo supone coordinar con el Congreso, participar en las comisiones parlamentarias e impulsar las iniciativas planteadas por el Poder Judicial, entre otros. El cargo depende directamente del Gabinete de Asesores del PJ.

El proceso de contratación CAS 390-2021 tuvo dos fases: una entrevista oral y una evaluación de curriculum. En la primera, Salvador sacó 50 puntos de 50, mientras que sus otros dos competidores apenas lograron 28 y 22. Esto pese a que en la evaluación de su hoja profesional fue la de menor puntaje, de acuerdo al cuadro de notas al que este medio accedió.

Resultado final del proceso CAS.
Resultado final del proceso CAS.

Una de las personas que entrevistó a Salvador fue la jefa del Gabinete de Asesores del PJ, Silvia Loli, exministra de la Mujer del gobierno que lideró Francisco Sagasti. Gabriela Salvador asegura que no conocía a Loli -quien ahora es su jefa- de su paso por el Partido Morado y que no sabía que iba a estar dentro del proceso.

Salvador, también exmilitante del Frente Amplio, dice que su alta calificación en la entrevista responde a sus conocimientos sobre temas parlamentarios y asegura que sus competidores no estaban preparados. Pero eso no es lo único que llama la atención.

Entre los requisitos para el puesto, el PJ solicitaba tener el título de la carrera de Derecho “con colegiatura y habilitación vigentes”. Sin embargo, en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) la colegiatura de Salvador figura como “inactiva”. Esto significa que no está habilitada para ejercer formalmente su profesión, ni tampoco cumple los requisitos para el cargo que hoy ocupa. 

Salvador responde que “muchos están bajo esa modalidad [inactiva] porque es por pago y, en pandemia, no funcionó el CAL”. Cuatro abogados consultados por Sudaca dicen, sin embargo, que no han tenido problemas para pagar en este periodo. El área de prensa de la CAL también respondió que no hay ningún problema con los pagos e, incluso, que pronto se habilitaría un descuento para el pago anual.

El PJ asegura, en comunicación enviada a Sudaca, que Salvador fue contratada “en consideración a su experiencia en el campo correspondiente”, que “demostró mayor competencia a diferencia de sus competidores que carecían de expertiz” y que no existió “impedimento legal” para su designación. 

Es preciso, ahora, revisar otros episodios de la vida de esta nueva funcionaria pública. 

MENTIRAS Y ACUSACIONES

Hace poco Gabriela Salvador fue tendencia en redes sociales luego de que el semanario “Hildebrandt en sus Trece” revelara una denuncia en su contra realizada por su expareja, Keila Chevarría. En agosto de este año, Chevarría contó que fue estafada y extorsionada emocionalmente por la flamante coordinadora parlamentaria del PJ luego de haberle depositado más de S/89.000 para tratar una supuesta leucemia que Salvador le dijo padecer.

Pero todo fue una farsa, según Chevarría, quien la acusó de haberse quedado con la plata. Incluso llevó el caso hasta el Ministerio Público. En su momento, Salvador dijo que los chats donde le manifiesta que tiene la enfermedad fueron editados. Consultada al respecto, la actual funcionaria del Poder Judicial se limita a decir que es un tema que están viendo sus abogados y evita responder si le devolvió el dinero a su expareja.

Pero Sudaca pudo conocer otros episodios similares que versan sobre engaños y manipulación. Algunos pasajes revelan asuntos personales que este medio solo reproduce porque hablan sobre el comportamiento sistemático de una funcionaria pública que parece tener problemas para decir la verdad. 

Luego de las últimas elecciones, como invitada del Partido Morado al Congreso, Gabriela Salvador contactó a Juan Luis del Carpio, un excompañero de la maestría a quien, de un momento a otro, le fue con el cuento de una supuesta enfermedad. En los pantallazos que Del Carpio nos muestra, del pasado 17 de abril, Salvador le pide dinero para costear el tratamiento.

«Perdona que te escriba para esto, sabes que no me gusta pedir ayuda. Soy muy orgullosa. Pero tengo un problema de salud. Tengo Covid desde el 9 de abril. Ahora estoy con oxígeno y concentrador. No tengo apoyo de mi familia, vivo sola hace mucho. Ya pagué S/5.500, aún me faltan S/13.500 por el oxígeno y el concentrador. No soy de pedir y me da vergüenza. Saturo 88, pero por la leucemia no pueden aún hospitalizarme por riesgo a una bacteria hospitalaria. ¿Crees que puedas prestarme algo, lo que puedas, y yo saliendo de esto, te pago? ¿Puedo darte mi número de cuenta? Debo pagar al proveedor de a pocos», dice el pedido. Del Carpio no accedió a su petición.

La actual funcionaria del Poder Judicial, pese a las evidencias, niega la solicitud de dinero. Señala que hay una incongruencia en los mensajes ya que “si hubiese tenido Covid, lo habría dicho” y que no hubiera hecho campaña en campo.

Pero los testimonios abundan. Carolina Soto Sayán, exmilitante del Frente Amplio, asegura que mantuvo una relación con Salvador entre finales de 2019 y febrero de 2020. Si bien no le solicitó dinero, sí le aseguró que su salud estaba en un estado deplorable. Era una forma de manipularla.

“Cuando decidí que no saldríamos más por la personalidad que tiene, fue que se inventó que se estaba muriendo y las amenazas de que se haría algo. No puedo catalogar si tiene o no alguna condición», cuenta a Sudaca Soto Sayán.

Como parte de la manipulación que habría ejercido sobre su expareja, Salvador le envió por correo electrónico un documento del Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay donde se dice que tiene leucemia. El archivo es similar al que le envió a su también expareja Keila Chavarría. Sobre este, en agosto pasado, el centro de salud le dijo a “Hildebrandt en sus Trece” que era fraguado.

Salvador intenta defenderse señalando que aquel email no lo envió ella, que alguien se metió a sus cuentas. “Yo no envío esos correos y siempre se lo dije a Carolina. Le pedí que me enviara estos, pero nunca lo hizo. Ella tenía las contraseñas de mis redes y mi correo. Lo tenía también Erick Palus [su community manager]”, dice Salvador. Tanto Soto como Palus niegan haber tenido acceso a su correo personal.

Soto enseña también pantallazos de una delirante conversación del 5 de febrero de 2020. En estos, Salvador le cuenta que le urge llamarle, ya que cuenta con expedientes confidenciales que “involucran a Mujica en crímenes [no sabemos a quién se refiere]», que habían intentado abrir la puerta de su casa, que “mancharon la puerta de sangre” y que había “un seguridad de embajada que me sigue en camioneta”.

Un caso similar habría ocurrido cuando estaba postulando al Congreso por el Frente Amplio. En aquel entonces, en febrero del 2020, Salvador denunció en la comisaría de Magdalena que le habían dejado un arreglo floral en la puerta de su edificio con un mensaje que decía: “Descansa en paz, Gabrielita”. El conserje del edificio corroboró el hecho. Pero lo que cuentan dos fuentes que trabajaban en ese momento en el despacho de Marco Arana, junto a Salvador, es que ella utilizó el hecho para sus manipulaciones.

“Ella dijo: ‘yo creo que es Yanacocha porque he hecho un informe en OEFA’”, recuerda una de las personas consultadas, que pide mantener su identidad en reserva. “Todo había sido simulado. Al final usaba ese tipo de argumentos para hacer que su expareja volviera con ella. Para eso estaba dispuesta a inventar cualquier cosa”, cuenta la otra fuente.

Salvador niega los hechos, aunque reconoce el episodio de la corona de flores. “Nunca mencioné a Yanacocha en campaña. La corona lo interpreté como alguien que quería molestar. Nunca dije que había sido enviada por alguien en específico, ni tuve sospechas”, dice a Sudaca.

Así las cosas, Gabriela Salvador pareciera ser, pues, más que una persona que engaña y manipula, una heroína en tiempos modernos.

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frente amplio, gabriela salvador, Partido morado, Poder Judicial

Los documentos fiscales del caso Petroperú

Por: 22.12.2021

Los documentos que Sudaca presenta a continuación -suscritos por la fiscal Norah Córdova, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en Delitos de Corrupción, y su equipo- detallan los indicios que la llevaron a iniciar las diligencias e incluyen el ya conocido episodio donde el presidente se habría negado a dejar ingresar a los fiscales al despacho del secretario general. Palacio ha emitido un comunicado en el que rechaza esto último.

La Fiscalía tiene en la mira por este caso a Hugo Ángel Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú; Gunther Documet Celis, gerente de distribución de Petroperú; Muslaim Jorge Abusada Sumar, gerente de cadena de suministro; y Roger Daniel Liy Lion, gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos. Los señala como presuntos autores del delito contra la Administración Pública en las modalidades de Colusión Simple y Negociación Incompatible en agravio del Estado.

El caso, revelado por Panorama el último domingo, alcanzaría al presidente de la República, quien participó de una reunión con el proveedor en octubre pasado. Castillo solo puede ser investigado por la Fiscal de la Nación.

 

IDP (CASO 428-2021)

CUADRO INTELIGENTE

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«Hay que responder con violencia»: estos son los planes de los antivacunas

Por: 22.12.2021

Los casos de Covid-19 están volviendo a aumentar con la llegada de Omicron al país, pero eso no le importa a los enemigos de la ciencia. Movimientos antivacunas como la Organización Médica Peruana de Investigación (Ompei) y Médicos por la Verdad en Perú están planeando nuevas estrategias para boicotear el proceso de inmunización.

Médicos por la Verdad, movimiento de origen español que tiene presencia en toda América Latina, incluyendo –lamentablemente– al Perú, ha convocado para hoy a las 3 de la tarde una marcha que saldrá desde la Plaza San Martín. Y si bien la ruta oficial acaba en el Parque Kennedy, los manifestantes amenazan con atacar la casa del ministro de Salud, Hernando Cevallos, para “que sienta la presión”.

En el chat de Telegram de la agrupación, al que Sudaca se infiltró, se dejan insultos de todo calibre para el ministro. “El HDP de Hernando Cevallos ya anuncia nuevas restricciones. La marcha tiene que ir a su domicilio y hay que fomentar por todos los medios disponibles la desobediencia civil”, dice el usuario ‘Xavier Hc’. Otro miembro, llamado ‘Eddy R.A’ , responde: “vamos a la casa de ese genocida”. Algunos, como ‘Channel’, van más lejos: “Ojalá quemaran la casa de Cevallos en Lima”. 

Algunos de los mensajes vertidos en el grupo de Telegram de Médicos por la Verdad sobre el Ministro de Salud.

Consultada por Sudaca, Vanny Herrera, vocera del grupo, asegura que la movilización de hoy será “una marcha pacífica” y descarta que vayan a visitar al ministro. Dice, eso sí, que el aumento de casos de la variante Omicron en el país –anunciado por Cevallos el lunes– “altera más” a sus seguidores. 

Además de las movilizaciones, Médicos por la Verdad ya empezó a tejer sus vínculos políticos en el Congreso. El último lunes por la mañana tuvieron una reunión virtual en la Comisión de Salud y Población, la cual habían estado promocionando todo el fin de semana. En la sesión, anunciaron, se iban a presentar “informes médicos” sobre la pandemia.

Para conseguir esta cita, la agrupación envió varios petitorios al Congreso desde fines de noviembre. Incluso habían sido citados para el miércoles de la semana pasada, pero no los dejaron ingresar porque no presentaron el carnet de vacunación. Así lo comentaron en su chat de Telegram.

De acuerdo a Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre y secretaria del grupo de trabajo, los antivacunas sesionaron con los asesores de la comisión. “Los congresistas de la comisión no hemos aprobado dicha reunión, me parece que los asesores han tenido una reunión a su requerimiento, más mi persona no comparte sus pensamientos antivacunas”, asegura a Sudaca la parlamentaria.

¿Qué dudosa información llevó Médicos por la Verdad a los asesores del Congreso? El mismo lunes, horas después de la reunión, Vanny Herrera compartió extractos de la sesión desde su Facebook. Lo más relevante es la presentación en Power Point de una supuesta “doctora” a quien no se identifica. El archivo se titula “Riesgo/beneficio que llevan a portar un carnet de vacunación” [sic] y expone la serie de efectos adversos que supuestamente tuvo la autora luego de recibir la primera dosis de la vacuna.

Los extractos de la reunión en el Congreso compartidos por Vanny Herrera en su Facebook. 

“A los 10 minutos, en el observatorio, yo presenté una reacción de taquicardia, tuve picazón en el paladar y la garganta. Empecé a tener todos los síntomas cuando tengo una picadura de abeja”, se le escucha decir. Además, asegura que tuvo moretones luego de inmunizarse. La “doctora”, por supuesto, no presentó ninguna prueba. 

 

«Hay que responderles con violencia»

En la Ompei apuestan por otras estrategias para boicotear la vacunación. La asociación peruana antivacuna, que fue fundada en agosto del año pasado, apunta a que el retorno a clases presenciales incluya niños no vacunados. Desde el domingo vienen difundiendo un planillón de firmas en Facebook y Telegram para que el Ministerio de Educación (Minedu) autorice la apertura de escuelas para los menores no inoculados el próximo año. La organización juntará las rúbricas hasta el 10 de febrero, anuncian en sus redes.

En el planillón, titulado “Memorial de apoyo a la Ompei”, se lee textualmente: “Rechazamos la vacunación forzada especialmente en nuestros niños y adolescentes. Como padres de familia, conjuntamente con Ompei, peticionamos que el Ministerio de Educación autorice Centros Educativos para NO inoculados en razón que desestimamos matricular el 2022 a nuestros menores hijos en colegios para vacunados o en aquellos que se exija absurdamente el carnet de vacunación o incite a la violencia moral, psicológica, agresión a integridad física y a la discriminación”.

Rosa María Apaza, la abogada y presidenta de la Ompei, hizo una transmisión de Facebook en vivo el último lunes para dar más luces sobre esta iniciativa. “Ojalá contesten esos comunistas, pero no hay peor gestión que aquella que no se realiza”, manifestó.

Apaza no perdió la oportunidad de aconsejar a sus seguidores responder violentamente si alguien les recomienda vacunarse. “Anda envenena a tus hijos, métete la vacuna por el trasero. A ver, atrévete a venir… Se lo dicen con cuchillo en mano”, amenazó Apaza en su ‘Live’. Y luego agregó: “Deberíamos tomar las calles, las pistas, porque así como ellos están ejerciendo violencia, también hay que responderles con violencia. Habría que ser cojudos”.

Además, dijo a los padres de familia que “está demostrado que esto [la vacunación] es un experimento mundial y, si usted quiere entregar a sus niños como ratón de laboratorio, es exclusivamente su responsabilidad”. Todo ello, por supuesto, es falso.

El grupo de Telegram de la Ompei también se ha convertido en una plataforma para que Rosa María Apaza, autoproclamada “abogada de la libertad”, difunda sus servicios de asesoría legal, con el supuesto objetivo de “que se cumplan los derechos de los que no se quieren vacunar”. Para acceder a esta asesoría, uno tiene que hacer una “donación” de mínimo S/30 a las cuentas de la organización.

La promoción de las citas legales de Apaza es constante en el chat de Telegram que tiene la Ompei.

Apaza, que según el registro del Colegio de Abogados de Lima tiene su colegiatura inactiva, también difunde conversatorios con otras personalidades antivacunas de la región. En sus transmisiones suele mencionar que detesta recibir mensajes que no sean para citas legales y considera a los provacunas unos “malditos psicópatas, pobres diablos y soretes”.

Telegram también fue la plataforma que usó la presidenta de la Ompei para su campaña al Congreso en las últimas elecciones. Apaza postuló con el partido Democracia Directa, que quedó último en los comicios, con propuestas como la “ley de moratoria del 5G” y la “ley que autoriza el uso del CDS”. 

Uno de las fotografías de campaña que Apaza compartió con sus seguidores en Telegram.

Intentamos comunicarnos con la abogada mediante sus dos números de teléfono, pero al cierre de edición nos dejó en visto.

Ambos movimientos antivacunas han encontrado en Facebook y Telegram –sobre todo este último– espacios seguros para difundir sus dardos contra la vacunación en el Perú. En esta última red social, Médicos por la Verdad en el Perú tiene más de 17.500 suscriptores y la Ompei alcanza casi los 3.000. En Facebook, Vanny Herrera, vocera principal del primer grupo, tiene más de 5.000 amigos. Por su lado, la Ompei tiene casi 19.500 seguidores.

Estos canales se han convertido en los espacios donde se planean y difunden los próximos planes antivacunas. Con el 75% de la población objetivo inmunizada y más de 202.000 personas muertas en esta batalla, según cifras del Ministerio de Salud, toca pensar cómo erradicar estas variantes de la desinformación.

*Fotoportada por Darlen Leonardo

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Antivacunas, Covid-19, Fake news, Minsa

El rastro de la represión se instala en el Congreso

Por: 21.12.2021

Es considerado uno de los cerebros de la operación para reprimir las protestas de noviembre del 2020 y ahora se encarga de la seguridad del Congreso. Se trata del coronel Percy Tenorio Gamonal, investigado por el asesinato de Bryan Pintado e Inti Sotelo durante aquellos sangrientos días de noviembre. Aquella jornada dejó, además, 102 heridos. Tenorio era jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, dependencia que fue estratégica durante la revuelta que provocó la caída de Manuel Merino.

Percy Tenorio Gamonal ahora es el jefe de la División de Seguridad del Congreso. Su función es planificar, dirigir y coordinar la seguridad de los 130 congresistas y los cinco parlamentarios andinos. Tenorio fue nombrado en el cargo por el alto mando policial el 1 de septiembre (con María del Carmen Alva, de Acción Popular, en la presidencia del Parlamento desde fines de julio), señala a Sudaca el área de prensa de la PNP. En ese momento ya estaba siendo investigado por la brutal respuesta a las marchas del 2020.

Oficio
Oficio enviado por el coronel de la Policía, Percy Tenorio Gamonal, el 2 de octubre pasado, como jefe de la División de Seguridad del Congreso.

“Los cambios son por disposiciones del comando. ¿De dónde saca usted que la Mesa Directiva me solicita? Lo que usted me está preguntando no está en lo correcto”, dice Tenorio al ser consultado sobre su designación. No dio más detalles.

Para llegar a ser el hombre fuerte de la seguridad en el Parlamento, sin embargo, Tenorio ha tenido que contar con el visto bueno de la presidenta de ese poder del Estado, María del Carmen Alva. Así lo especifica a Sudaca el acciopopulista Luis Roel, segundo vicepresidente del anterior Congreso.

“Si bien designa el comando de la Policía [al encargado de seguridad del Congreso], la presidencia de la Mesa Directiva puede decir que no está a gusto y se hace el cambio. El encargado de la seguridad del Congreso queda a disposición de si acepta o no la presidencia del Congreso. Depende de la presidencia”, dice Roel. 

María del Carmen Alva
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, tiene como encargado de la seguridad en el Parlamento a un coronel de la Policía investigado por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Foto: Andina.

Tenorio reemplazó al coronel Miguel Talla Quispe, quien -de acuerdo a Roel- había desempeñado la función con la venia de la expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez. Sudaca le hizo la consulta a Alva –a ella y a un vocero de su equipo de prensa–, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

¿Cuál fue el papel de Tenorio en los sangrientos sucesos del 14 de noviembre? La fiscal provincial Jhousy Aburto Garavito lo investiga por “asesinato con alevosía” en agravio de Bryan Pintado e Inti Sotelo. Tras diez meses de pesquisas, la representante del Ministerio Público formalizó la denuncia y declaró compleja la investigación contra él (y otros oficiales) el 30 de septiembre pasado, casi un mes después de ser designado como el hombre orquesta de la seguridad del Parlamento.

De acuerdo a la indagación de la fiscal Aburto, el coronel Tenorio dirigió un contingente de 140 policías en el llamado sector “A”, que comprendía la avenida Nicolás de Piérola y sus intersecciones. “Era el responsable del aspecto táctico y operativo de la operación policial, ordenando a sus subordinados agentes policiales hacer uso de la fuerza de manera desproporcional, indiscriminada e ilegal, empleando armas potencialmente letales (perdigones de goma, bombas lacrimógenas y otros) y municiones prohibidas (perdigones de plomo), disparando directamente el cuerpo de los manifestantes, causando el asesinato de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, y lesionando a varios manifestantes”, dice, en su denuncia, la fiscal sobre Tenorio. 

Documento fiscal
30 de septiembre. Parte del documento de la fiscal provincial, Jhousy Aburto Garavito, que grafica la participación del coronel Percy Tenorio en la violenta represión de noviembre del 2020.

La presencia en las protestas del coronel Tenorio quedó registrada cuando golpeó, delante de una cámara de televisión, al suboficial Hoober Talledo Alemán por lanzar una bomba lacrimógena sin autorización. “¡Oe, ven acá! ¡Quién te ha dicho! ¡Quién chucha te ha dicho!”, le recriminó Tenorio a Talledo aquel 14 de noviembre. El suboficial se quejó ante sus superiores después, al considerar que fue maltratado y humillado.

Según las pesquisas, ese sábado el entonces subcomandante general de la Policía, Jorge Lam Almonte, ordenó a los altos mandos, entre ellos Tenorio, “neutralizar cualquier acto de protesta”. En esa línea, Tenorio ordenó al capitán Mario García Chávez “acelerar el paso” en la avenida Nicolás de Piérola.

A raíz de ello, “[el capitán García] habría dispuesto que comenzaran a disparar con las armas potencialmente letales (escopeta lanza gas calibre 37/38 y escopeta de caza calibre 12, granadas lacrimógenas de mano y cartuchos de perdigones de goma calibre 12, cartuchos de propulsión de bombas lacrimógenas), así como los perdigones de plomo hacia los manifestantes”, dice la denuncia del Ministerio Público. 

Entre las 8 y 8 y 10 de la noche, en el cruce de las avenidas Piérola con Abancay, Bryan Pintado falleció al recibir una ráfaga de perdigones de plomo: cuatro le impactaron en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho. Y a las 9 y 47, en el cruce de Piérola con el jirón Lampa, Inti Sotelo Camargo recibió “el impacto de un perdigón de plomo a la altura del tórax”, lo que ocasionó su muerte.

En su declaración ante la Fiscalía, el 5 de agosto, Tenorio se defendió: “yo no soy el responsable del uso de las armas”. Y luego arremetió contra los manifestantes: “Debemos diferenciar entre manifestantes y delincuentes. Los primeros son con quienes coordiné cuando empezó la marcha. Los últimos, que ahora refieren haber sido agredidos por la PNP con canicas de vidrio y perdigones, son delincuentes”.

Max Nina
Un oficial de la Policía apunta a un joven manifestante en la protesta de noviembre del 2020. Foto: Max Nina/ Hildebrandt en sus Trece.

El coronel declaró que, cuando tomó conocimiento de las muertes, él se encontraba en el cruce de los jirones Ocoña y Camaná. Es decir, a pocas cuadras de la escena del crimen de Inti Sotelo y de Bryan Pintado. 

“Primero sólo sabía del primer fallecido [Bryan Pintado] a través de las redes, como a las ocho de la noche aproximadamente. Luego, aproximadamente a las diez, también por las redes, comienzan a comunicar que hay otro muerto [Inti Sotelo]. Esa situación es lo que genera que en el lugar donde estaba comience la gente a querer agredirnos”, dijo.

Tenorio terminó su declaración afirmando que la Policía actuó dentro del marco de la ley y que “los cargos por los que se me acusa no se ajustan a la realidad de los hechos”. En su testimonio apeló al espíritu de cuerpo en detrimento de la verdad. Él es un personaje clave para esclarecer los crímenes. 

Para hacer frente a la denuncia en su contra, el coronel Percy Tenorio solicitó a la Policía que le proporcione defensa legal. El 25 de octubre de este año, el Ministerio del Interior comunicó, a través de una resolución, que aceptó el pedido del oficial. 

Como si todo lo anterior fuera poco, Tenorio además ha sido señalado como parte de una presunta red de corrupción policial, según el programa “Punto Final”. En la trama, Tenorio se habría beneficiado con una licitación de la Policía de S/13,1 millones para comprar mascarillas, alcohol, guantes y otros artículos para combatir al coronavirus. De acuerdo a la investigación del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, el oficial estaría detrás de las tres compañías que ganaron esa licitación y se habría valido de testaferros.

A pesar de todos estos antecedentes, Tenorio es ahora el hombre fuerte de la seguridad de los legisladores. Con Acción Popular nuevamente al frente de la Mesa Directiva, el sangriento rastro de Merino sigue acechando al  Congreso.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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