Informes

La incertidumbre electoral y su impacto en el círculo vicioso del dólar

Por: 10.04.2021

“Ya deben haber volado”, le dice un cambista de Jirón Ocoña a otro mientras se ríen. “Nosotros le decimos así. Cuando las personas compran dólares [a un valor] alto, y al día siguiente amanece bajo, ya volaron”, explica uno de ellos. Ocoña es uno de los jirones que desembocan en la Plaza San Martín y también el punto de referencia del dólar paralelo en Lima, aquel que no se transa a través de entidades financieras.

 

Ambos cambistas coinciden en que han sido las encuestas las que han marcado la pauta. Según su lectura, los días en que el dólar trepó hasta casi los S/ 3.80 coincidieron con que Verónika Mendoza disputaba el segundo puesto en las encuestas. Es miércoles 7 de abril y hoy perciben un panorama muy distinto. “Los tres últimos días la gente ha venido como loca a vender [deshacerse] sus dólares. Hay mucho psicosocial”, sostiene el mayor de ambos, que suma 30 años como cambista en Ocoña. Víctor, su colega, cuenta que empezó el mismo oficio a los 16 años y que ya lleva 15 en el tradicional jirón del centro histórico de Lima.

Cambistas
Cambistas y casas de cambios en Jirón Ocoña, 5.30 de la tarde del miércoles 7 de abril. Foto: Luisa García.

«Hoy el dólar está afectado por las elecciones. No importa mucho qué es lo que pase fuera”, sostiene Carlos Rojas, especialista en mercados de capitales y gerente general de la administradora de fondos de inversión Capia SAFI. “En el muy corto plazo lo clave es qué tanto miedo tiene la gente. (…) ¿Miedo a qué? A la incertidumbre. No sé qué va a pasar, entonces me agarro a la moneda fuerte que es el dólar. Si tienes mucho miedo, vas a salir a comprar dólares», afirma en conversación con Sudaca.

«Si es que el lunes sale Pedro Castillo y Verónika Mendoza, el tipo de cambio se va a 3.75, porque [los electores] piensan: un candidato de izquierda le va a hacer daño a la economía, mejor compro mis dólares antes de que esto se vuelva «Venezuela» como dicen, el extremo. Es muy emocional. Y si salen, por ejemplo, Hernando de Soto y George Forsyth, dos candidatos que son de centro derecha, (…) que la gente siente que van a mantener las cosas, el tipo de cambio se va de 3.63 a 3.55. Entonces depende de tu visión», agrega.

El dólar es la variable financiera que más rápido se mueve, afectado por eventos económicos y políticos. Al arranque de 2020 el tipo de cambio interbancario que publica el Banco Central de Reserva estaba en 3.300, sin embargo, aun tomando en cuenta algunos descensos, desde entonces no ha regresado a ese nivel.

Las últimas dos semanas el tipo de cambio subió hasta los 3.77 soles por dólar, pero le siguió una baja que lo hizo llegar hasta los 3.60. Al menos en los últimos 15 años el precio del dólar no había alcanzado un punto más alto que los 3.77 del 30 de marzo, de acuerdo a data del BCR.

Evolución

La semana pasada, en los días de mayor alza del dólar, más compradores aparecieron y por montos relevantes: 30 mil, 40 mil o 50 mil dólares, coinciden tres cambistas de Ocoña. Quizás se trataba de gente que quería tener una inversión o que necesitaba comprar mercancía o insumos en dólares. “¿Qué pensarían? ¿Quizá que luego subiría más?”, se pregunta Víctor, el único cambista que se atreve a brindar su nombre, pues la falta de seguridad (robos e incluso asesinatos años atrás) en esa cuadra los ha hecho ser reservados y desconfiados.

—Ocoña es como el centro de todo el sistema cambiario en Lima. Acá vienen los cambistas de otros distritos a ‘stockearse’. Pero nosotros no sabemos qué puede pasar [con el tipo de cambio] — dice Víctor.

Diferentes actores económicos consultados por Sudaca, hablan de un fenómeno electoral sumado a la crisis económica generada por la pandemia como dos factores determinantes. Los cambistas de Ocoña repiten algo que viven a diario: el precio del dólar se define por la oferta y la demanda. Una regla que vale para el popular jirón como para los mercados de capitales. Mientras menos dólares haya en el mercado, el precio de este se encarece. Siguiendo la lógica de Rojas, sería el efecto del miedo y la elección de comprar, en la que la subjetividad juega un rol evidente.

Entre 2018 y 2019, Isabel Gonzales se endeudó en dólares para poder costear sus estudios de postgrado en el extranjero. Comenzó a pagar de regreso el préstamo en el mes de noviembre previo a la pandemia, con cuotas de entre $1,000 y $2,000 mensuales. Hoy solo le falta amortizar dos cuotas de $1,500, pero siente que la pandemia ha marcado el peor escenario para su deuda y que el vaivén de las últimas semanas solo lo ha empeorado.

Evolución

Con el avance de 2020, encontrar en Santiago de Surco, el distrito en el que vive, una casa de cambio con stock de dólares se fue haciendo cada mes más difícil. Aprendió, entonces, a coordinar con anticipación con un cambista de su zona para no pasar apuros. Gana un sueldo en soles y con ello ha sufrido cada alza del dólar en los últimos meses, así como las crisis políticas locales. Aunque debe cancelar su próxima cuota a fin de mes, ha decidido arriesgarse hoy y comprar los 1.500 dólares antes de que los resultados de las elecciones puedan quizás encarecer su compra.

Como ella, hay otros que sufren los efectos del alza del dólar: los consumidores finales de productos importados. Por ejemplo, si necesitas instalar o reparar el motor de una cochera levadiza, te requerirán el pago en dólares. Un motor de ese tipo llega vía importación de una empresa mayorista. Zengo SAC es una de ellas. Su gerente general Felipe Muñoz explica a Sudaca que su empresa no se ha visto perjudicada por el vaivén del dólar gracias a que los talleres que les compran los motores también les pagan en dólares, y estos a su vez también cobran a los usuarios finales en dólares.

Pero una de sus potenciales clientes, Maritza Martínez, ha decidido esperar a que pase la primera vuelta para ir a comprar los 350 dólares que le piden por el motor y la instalación que necesita para reparar su cochera.

«Si el Perú no hubiera tenido todo este ruido político, el tipo de cambio hoy estaría ahora en 3.30 o 3.20», sostiene Carlos Rojas. Se refiere principalmente al proceso de vacancia de noviembre último. Para el gerente general de Capia SAFI, a diferencia de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y el cierre del Congreso en 2019, la salida de Martín Vizcarra era algo que se tornaba menos comprensible en un contexto de pandemia ante los ojos de los inversionistas. Fue «catalizador en nuestro cambio de tendencia», sostiene en alusión a un alza del dólar aun más marcada.

Una tendencia que ha tenido a sus principales perjudicados entre aquellos con deudas en dólares y los consumidores finales de productos importados, así como aquellos microempresarios que importan insumos para sus negocios.

Los grandes importadores suelen negociar y fijar el tipo cambiario en los contratos mismos, por lo que estos vaivenes no les perjudicarían sustancialmente al comprar insumos de afuera. Así lo explica Rafael Zanich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, gremio de importadores, exportadores y empresas vinculadas a la cadena económica del comercio exterior. Sin embargo, el caso de los microempresarios sería diferente.

«Si tienes un pequeño negocio, vendes productos que traes de afuera y los ofreces aquí en soles, sí te vas a ver afectado. Vas a cobrar lo mismo por algo que te costó más caro», expone Zacnich, que a su vez resalta el rol del BCR para suavizar los cambios bruscos en el precio del dólar con medidas estratégicas.

Evolución

Lo cierto es que el dólar paralelo apenas ha revertido un poco su caída de esta semana. «La semana previa a elecciones siempre hay mucho movimiento, el tipo de cambio se eleva por la incertidumbre», apunta el especialista de Comex, quien se enfoca entonces en analizar la bajada.

«Por el efecto externo, el tipo de cambio tendería [ahora] al alza en base a una mayor fortaleza de Estados Unidos que ya se está produciendo, pero no ha sido así», reflexiona Zacnich. «La caída tan marcada que ha sufrido el dólar esta semana está asociada al escenario político», agrega y sostiene que la razón sería el que Verónika Mendoza se haya alejado aparentemente de los primeros lugares.

«Eso es lo bonito y riesgoso de la economía: tomar decisiones sobre algo que aún no ha pasado», concluye. En palabras de Víctor, cambista en Ocoña: “Sea que suba o baje [el precio del dólar], la gente siempre se alborota”.

La fotocomposición y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla López.

Tags:

Dólar, Hernando De Soto, Pedro Castillo, Tipo de cambio, Verónika Mendoza

La verdad de la ‘mermelada’: estos son los millones de soles que el Estado le ha dado a los medios

Por: 9.04.2021

Por Alba Ñaupas y Paolo Benza

 

“Una persona a la que no se le da su mermelada se vuelve una fiera salvaje” o “la prensa mermelera que está acostumbrada a echar barro” son algunas de las frases lanzadas por los candidatos Rafael López Aliaga y Daniel Urresti durante la campaña electoral. El objetivo es, como siempre, desprestigiar el trabajo de los periodistas que los investigan y los cuestionan.

Pero aunque “mermelada” es un término utilizado para atacar a la prensa, ningún medio se ha dado el trabajo de rebatirlo analizando las cifras de dinero que el Estado coloca en diarios, radios y televisoras a cambio de publicidad. La razón: casi todos han recibido y seguirán recibiendo millones de soles de publicidad estatal. En Sudaca no formamos parte del banquete, así que podemos tratar el tema sin sobresaltos. ¿Se puede hablar de medios vendidos a cambio de los millones que reparten entre ellos los gobiernos?

Desde el 2005 hasta el 2020, el Poder Ejecutivo ha desembolsado S/770 millones para apenas siete grupos mediáticos analizados en este informe, que toma como punto de partida la tesis de maestría del periodista Jaime Cordero*. El objetivo de Cordero fue verificar si el Estado invertía en los medios tanto dinero como para que estos cambien su línea editorial.

Su conclusión es clara: aunque en algunas ocasiones medios y gobiernos de turno parecen sospechosamente alineados, no se puede hablar de una “mermelada” sistemática. “Esa tesis es quizás el mayor indicador de relativización de ese concepto”, dice el politólogo José Alejandro Godoy, quien asesoró a Cordero en su trabajo académico.

grupos mediáticosLos millones que el Estado reparte

El Grupo El Comercio (GEC) encabeza la lista de proveedores mediáticos mejor pagados por el Estado. Solo su brazo editorial, que ha facturado al Estado principalmente con las razones sociales Empresa Editora El Comercio (diarios del GEC), Epensa/Prensmart (diarios comprados a la familia Agois) y Amauta Impresiones (imprenta), recibió en los años analizados S/208 millones. Amauta Impresiones, vale aclarar, no vende publicidad, sino servicio de impresión de −por ejemplo− textos escolares.

grupo el comercio

 

Otra empresa del mismo grupo mediático que recibió una importante suma de dinero es Plural TV, la razón social de América TV, una de las antenas más ‘calientes’ del país, y del canal de cable Canal N. La empresa, que tiene como accionistas al GEC (70%) y al Grupo La República (30%), se llevó casi S/197 millones.

america canal n

 

En los últimos 15 años, el verdadero festín de billetes para los broadcasters se dio durante el gobierno de Ollanta Humala. En ese periodo se registró el mayor desembolso de dinero anual entre los medios analizados: S/31 millones y medio que fueron a parar justamente a las arcas de Plural TV en el 2013. Y la tendencia que muestran las cifras es clara: el nacionalismo aumentó la colocación de publicidad para todos de forma acelerada. El Grupo RPP, por ejemplo, recibió su mayor monto anual en el 2015, S/28,4 millones, y Latina cobró al gobierno su segundo más alto en el 2013, con S/20,6 millones.

grupo rpp

 

Antes de la entrada de Humala, lo máximo que el Estado había pagado al Grupo El Comercio (GEC) en publicidad era S/12 millones, en el 2010. Un año después, y pese a la férrea oposición del grupo a su candidatura, la cifra casi se duplicó: el conglomerado de los Miró Quesada recibió más de S/20 millones. “El 28 de julio se les acaba la mermelada”, hubiera anunciado en su momento el candidato de Renovación Popular.

 

latina

 

¿Eran los Humala afines al GEC y los medios de este grupo mediático no eran críticos con la gestión del partido nacionalista? Todo lo contrario: la pareja presidencial y este conglomerado de medios eran claros enemigos, tanto así que Nadine Heredia habría coaccionado a uno de sus corruptos accionistas para no dejarlo participar en una licitación, si no la ayudaba a detener los periodicazos del Decano.

Esa enemistad, en términos económicos, se reflejó al año siguiente, el 2012, cuando la publicidad estatal cayó casi a la mitad que el año anterior (S/12,9 millones), y con más fuerza desde el 2014. A partir de aquel año, la facturación al gobierno humalista fue decreciendo, a diferencia del resto de medios, que mantenían una sólida tendencia hacia arriba. Durante todo el gobierno humalista, el GEC recibió un total de S/84 millones. Aún así, en el 2016 el brazo editorial del grupo (contando a Amauta y los antiguos diarios de Epensa) cerró el año recibiendo robustos S/6,8 millones de dinero público.

La República, por su lado, facturó al gobierno central S/35 millones entre el 2005 y el 2020. Y aunque el dinero colocado por el Estado es mucho menor que el recibido por el GEC −en parte, por el alcance de los diarios de uno y otro−, durante el mandato de Humala la plata que recibió el grupo que dirige la familia Mohme por publicidad estatal tuvo un crecimiento sostenido y mucho mayor al de su competidor ideológico. Esta subida solo frenó en el 2016, año en el que el líder del partido nacionalista dejó la presidencia. La República, cuya línea política es históricamente de izquierdas, había apoyado decididamente la candidatura de Humala en el 2011, en contra de la de Keiko Fujimori, como resalta Cordero en su tesis.

grupo la republica

 

«Sí se observan criterios de discrecionalidad con algunos medios, como en el gobierno de Humala: bajarle un poco [de publicidad] a El Comercio, subirle un poco a La República. Pero tampoco es que eso comprometa una línea editorial previamente clara», dice el politólogo José Alejandro Godoy, asesor de la tesis de Cordero. “Algunos periodistas [de distintos grupos] en su momento sí pudieron dar asesorías o servicios al Estado. Muchos lo han hecho en época de desempleo, pero en otros casos sí se ha dado que han estado en los dos lados [periodismo y asesorías]”, agrega.

Mientras los Miró Quesada y los Mohme se llevaban la mayor parte de la torta, Willax irrumpía en el mercado bajo la razón social Agenciaperu Producciones. A pesar de que, efectivamente, ha recibido menos dinero que otros, para un canal que recién empezó a emitirse a finales de 2010 y que se transmite por señal abierta solo en Lima y por cable fuera de la capital, no le ha ido tan mal.

 

willax mermelada

 

Willax facturó un millón y medio de soles al Ejecutivo entre 2011 y 2020. En comparación con otro canal de cable de mayor trayectoria, como Canal N, que en ese mismo período cobró tres millones y medio de soles, lo percibido por el canal de ultraderecha no es poco dinero. “¡Cuánta mermelada entra por arriba y por abajo, para los costados de la prensa!”, exclamaba Phillip Butters, estrella del canal, en un reciente programa.

Los diarios Expreso y Extra, por su parte, han recibido durante los 15 años de análisis, S/6 millones. Las razones sociales con las que facturan son Sindesa y Editora Expreso Extra. La cifra parece menor, pero es alta si se considera que se ubicaron en el puesto 20 y 14 de lectoría en Lima Metropolitana en el 2016, según cifras de CPI. Curiosamente, en el 2017, durante el gobierno de Kuczynski, y a pesar de que estos diarios tenían una línea afín al fujimorismo, ambas empresas recibieron S/1,2 millones, el monto anual más alto que obtuvieron hasta ahora.

expreso extra mermelada

 

Una tendencia que se repite en todos los medios analizados es la estrepitosa caída del flujo de dinero estatal en el 2018. Y es que en ese año se aprobó la entonces famosa “Ley Mulder”, que prohibía al Estado adquirir espacios publicitarios en los medios de comunicación privados. Aunque después el Tribunal Constitucional declaró esta ley inconstitucional, la colocación de publicidad estatal en los medios analizados no retomó desde entonces su ritmo de crecimiento anterior. Las colocaciones del gobierno de Kuczynski y Vizcarra son menores que las del nacionalismo. En el 2017, el gasto total en avisaje del Ejecutivo fue de S/181 millones, lo que equivalió al 0,6% del presupuesto público de aquel año.

¿Se puede hablar, entonces, de ‘mermelada’? «Lo que se entiende por «mermelada» académicamente se llama «captura de los medios”. Consiste en que un medio recibe dinero a cambio de modificar los temas que normalmente cubriría», explica el periodista Jaime Cordero, autor de la tesis titulada “La gran concentración: El Poder Ejecutivo como anunciante en el Perú”.

Según Cordero, dicha captura de la prensa no se refleja en los números. «Eso es lo que concluyo [en mi investigación]. La información recolectada descarta la idea de que los medios están masivamente comprados», asegura.

El periodista explica que, pese a que hay cierto espacio para la discrecionalidad, no es que el Ejecutivo reparta el dinero a diestra y siniestra, sino que sigue un criterio claro: a los medios con mayor alcance se les da más plata. Esto, en parte, porque los funcionarios de los ministerios deben justificar técnicamente sus decisiones de inversión, y a veces recurren a agencias de medios para que definan la colocación. Por ello, aunque los Humala odiaban al GEC, les ponían dinero. «No le vas a dejar de dar al Grupo El Comercio porque es el que tiene más lectoría, ni a América TV, que es el canal más potente. Los medios más grandes son los que reciben la torta más grande», completa José Alejandro Godoy.

Otro factor es el verdadero porcentaje que representa la publicidad estatal en ingresos para las empresas de medios. Incluso cuando esta crecía en el gobierno de Humala, era cada vez menor en comparación a la privada, según las cifras de Cordero. «Con Alberto Fujimori, en un periodo de recesión, la publicidad estatal convirtió al Estado en el principal anunciante de los medios de comunicación. Eso ya no es así, en absoluto», sostiene Godoy. “[Ahora] los medios de comunicación en el Perú responden mucho más a sus propios condicionamientos ideológicos y empresariales/comerciales, antes que a la publicidad estatal, que representa -en medios grandes- entre 2% y 8% de sus ingresos. Prácticamente nada frente a lo que reciben del sector privado», agrega.

No obstante, Godoy explica por qué el concepto de “mermelada” sigue vigente y rondando la escena política peruana. Una de las razones, asegura, es que sí ha habido periodistas excesivamente condescendientes con políticos del Ejecutivo, como Vizcarra por ejemplo. “Hay algo de razón detrás, pero eso no se explica por la ‘mermelada’, sino por cuestiones ideológicas, simpatía o antipatía», concluye.

 

* Sudaca corroboró los datos de Cordero empleando los buscadores de proveedores del Estado, que solo llega hasta el 2018, y completó los dos últimos años (2019 y 2020), que no contempló la tesis, usando su misma metodología.

** En el recuento de la ‘mermelada’ se excluyó el dinero comprometido por organismos autónomos como la ONPE, un filtro importante que no se refleja en la mayoría de ‘memes’ y fake news sobre el tema que circulan en redes sociales. Estos organismos definen su propio presupuesto publicitario, por lo que no tiene sentido que sean considerados como una colocación política del gobierno de turno.

*** Jaime Cordero, el autor de la tesis, y Paolo Benza, uno de los periodistas que firma esta nota, han trabajado antes en el Grupo El Comercio.

 

La fotoportada y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla López.

Tags:

Grupo El Comercio, Mermelada, Ollanta Humala, Publicidad Estatal

Tensiones y un futuro incierto entre las izquierdas de Juntos por el Perú

Por: 7.04.2021

La llaman “afiliada de última hora”, la acusan de haber “copado las listas congresales” con sus amigos y dicen, además, que Nuevo Perú -el movimiento que la lideresa no ha podido inscribir hasta ahora- ha impuesto el plan de gobierno sin la aprobación del Comité Ejecutivo del partido que la aloja. En la recta final de la carrera electoral, una facción de Juntos por el Perú (JP) ha hecho públicos sus desencuentros con Verónika Mendoza y en un nuevo comunicado, que será publicado en las próximas horas, hacen oficial su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo.

Los calificativos provienen de antiguos militantes del Partido Humanista, la organización política que el año 2017 -y luego de haber entablado una alianza con Patria Roja, el Partido Comunista y el Movimiento por el Socialismo- cambió de nombre a Juntos por el Perú. Ese año, se había realizado un congreso entre estos movimientos donde se apostaba por “la unidad de las izquierdas”. Luego se sumaría el Nuevo Perú. Algunos militantes han empezado a romper con ese pacto.

El punto de quiebre fue el “alejamiento” del partido de Yehude Simon, uno de los fundadores del Partido Humanista el 2001. Simon fue relegado a fines de 2019 por las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht. Según Roberto Sánchez, presidente del partido, Simon está suspendido. “Yehude Simon solicitó la suspensión de sus derechos de militante y cargos porque eso correspondía. En nuestra acta fundacional dice que ninguno de nosotros debe estar en curso en un proceso de corrupción. Desde octubre de 2019, él no forma parte de ninguna decisión de JP hacia adelante”, explica Sánchez a Sudaca.

Según fuentes del partido que ahora se oponen a la candidatura de Verónika Mendoza, Sánchez tomó la posta de JP con la venia de Simon, pero luego le habría dado la espalda. Para estas mismas personas el actual presidente del partido viene midiendo sus decisiones para preservar el poder. “Sánchez no sabe cuál es realmente su poder y si las bases lo apoyarían. En Lima, él manda, pero tiene miedo de que vengan otros delegados y pierda el poder. Por ejemplo, en algún momento se quiso cambiar el logo de JP, pero Sánchez no quiso porque pensó que iba a ser problemático”, dice una fuente del partido.

Entrevistado para este informe, Leonel Falcón, secretario nacional de Relaciones Internacionales de JP, no tiene reparos en decir que Sánchez es una persona que “se alinea” con el poder del momento e, incluso, lo llama “traidor”. Sánchez replica y califica las palabras del dirigente como “lloriqueos de quienes han sido derrotados en las elecciones internas del partido de noviembre del año pasado, donde se presentaron las precandidaturas, y que apelan a ataques de carácter político, mas no se dedican a ganar con propuestas”.

Por su lado, desde su prisión domiciliaria, Simon ha mostrado un claro apoyo a la candidatura de otras fuerzas de la izquierda, como la que lidera Pedro Castillo con Perú Libre. “Simon dice que va a apoyar a Castillo, pero ya no está en JP. ¿Qué daño hacen? Son manotazos insignificantes respecto a lo que hacemos”, asegura Sánchez. Para el dirigente de JP, estos líos dentro del partido no son trascendentes y afirma que no se quebrará la unión entre ellos.

Según fuentes del partido que apoyan a Mendoza, los miembros ‘rebeldes’ son los que siguen simpatizando con Simon. Pero Falcón evita que se le ponga esa etiqueta. “Simon se ha equivocado 50 mil veces y yo se lo he dicho. No representamos a Simon, sino a las bases regionales a nivel nacional que no estamos de acuerdo en cómo se están llevando las cosas actualmente”, dice este dirigente.

El pasado 29 de marzo, Leonel Falcón y Rosario Peralta, secretaria nacional de Vocalía Orgánica, firmaron un primer comunicado público manifestando su oposición. En este se dice, por ejemplo, que el Comité Ejecutivo Nacional al que ambos pertenecen está en crisis y que ha habido renuncias de dirigentes. Todo eso ha conllevado a que no se reúnan desde el 20 de noviembre del año pasado. Por lo tanto, apuntan, ninguno de los lineamientos políticos establecidos por Mendoza y su equipo cuenta con su aprobación.

“Con relación a las declaraciones políticas-orgánicas y propuestas programáticas en su condición de candidata formulada por la Sra. Mendoza, son de su entera responsabilidad personal, no expresan nuestra propuesta programática fundacional (…) No refleja nuestros principios e ideario fundacional, respecto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia externa. Por oportunismo electorero, se ha negado nuestro humanismo sin fronteras y la solidaridad con los pueblos hermanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y por los que luchan por vida digna, justicia y democracia”, se lee en el escrito.

Falcón y Peralta también lanzan su artillería contra la figura de Verónika Mendoza y afirman que no tiene ningún cargo de responsabilidad política al interior de JP. De hecho, Mendoza se afilió al partido el 28 de setiembre del 2020, poco antes de iniciar la campaña. “Solo para ser candidata”, anotaron en el escrito.

Quienes defienden la candidatura de Mendoza afirman, sin embargo, que esta facción no representa una base importante al interior de la coalición. Algunos militantes ven este asunto como una pelea justamente dentro del grupo que proviene del Partido Humanista.

Falcón sostiene que él representa a las bases a través del comité regional de Ica, mientras que Rosario Peralta, por Cusco. “Somos los únicos representantes orgánicos de regiones”, asegura el dirigente. En las próximas horas, esta facción sacará un nuevo pronunciamiento donde, según Falcón, se adherirán más de 100 militantes, de los cuales el 90% provienen del Partido Humanista. En el escrito oficializarán su voto a favor del candidato Pedro Castillo.

Más allá de hasta dónde lleguen los escollos internos, lo que preocupa es la mirada a futuro. Algunas fuentes del partido afirman que están más unidos que nunca, pero no saben si eso continuará luego del 11 de abril. Hay un factor que será determinante para medir si la alianza tendrá la solidez de un acero templado o la de un papel mojado: la formación de Nuevo Perú como partido y, con ello, la búsqueda del financiamiento público en el futuro.

Nuevo Perú presentó el pasado 15 de enero la solicitud para ser inscritos como partido político. Los requisitos exigen tener al menos 66 comités en 20 regiones, así como cerca de 24 mil fichas de afiliación de militantes, a diferencia de la anterior normativa que exigía tener más de 700 mil firmas para la inscripción de un partido. A pesar de haberse bajado la valla, aún no han podido lograr su inscripción.

Según Ruth Luque, militante de Nuevo Perú y personera nacional de JP, presentaron casi 25 mil fichas y 66 comités en 22 regiones, pero por ahora andan subsanando observaciones. “No creo que este año se cuente con la resolución (de inscripción), porque se está dando el proceso de verificación y fiscalización, que no son inmediatos. Subsanar es algo normal porque así es este proceso”, cuenta.

Leonel Falcón está convencido de que el escenario más probable es que Nuevo Perú, cuando consiga su inscripción, busque hacer campaña por su lado para las elecciones regionales y municipales. Luque asegura que estos escenarios ya han sido contemplados, pero evita referirse más allá de un acuerdo. “Sería terrible que no se implemente la base programática. Por el momento no lo veo así (que JP se divida tras las elecciones). Más adelante podrían generarse algunas diferencias. Somos conscientes de lo que pasó con el Frente Amplio y, si se genera una tensión, espero que se dialogue y se pueda arreglar con consenso”, dice Luque. Se refiere a la división de la bancada del Frente Amplio en el Congreso electo el 2016, cuando, en menos de un año, los 20 congresistas que llegaron se dividieron en dos bloques con el alejamiento de la bancada, precisamente, de Nuevo Perú.

Actualmente, se han sumado a la coalición alrededor de 25 organizaciones políticas, principalmente movimientos regionales. La lógica dicta que es el peor momento para peleas. JP está cerca  de conseguir una representación congresal e incluso pelean por llegar a segunda vuelta. Según un reciente simulacro de votación con cédula de CPI, el partido obtendría 12 curules. Según el mismo estudio, Verónika Mendoza ocupa el cuarto lugar con 7.3% de votos, detrás de Yonhy Lescano (11.1%), Hernando De Soto (7.9%) y Keiko Fujimori (7.9%).

Tags:

Nuevo Perú, Partido Humalista, Verónika Mendoza, Yehude Simon

El litigante compulsivo

Por: 6.04.2021

Rafael López Aliaga parece haber convertido el litigio en una afición compulsiva. Desde el 2006, su nombre figura en 71 carpetas fiscales: 11 de ellas como demandado y todas las demás como el hombre que gatilla las acusaciones. Sus empresas son protagonistas de decenas de expedientes más. La aplastante maquinaria legal al servicio del hoy candidato no sólo lo ha sacado de apuros en más de una ocasión, sino que ha sometido a sus rivales, en una demostración de músculo legal, a largos y estresantes procesos judiciales.

María Escalante Aragón, por ejemplo, tuvo que enfrentarse por cuatro años al staff de abogados de PeruRail, la empresa ferroviaria cuyo directorio López Aliaga preside desde hace varios años. La razón: un delito que no cometió. “Nunca podré ser la persona próspera que era antes. Lo perdí todo gracias a la empresa PeruRail”, dice.

Escalante es gerente de la empresa Promoturs, que durante años vendió los tickets del tren que lleva turistas a Machu Picchu a cambio de una comisión. Todo se hacía a través de sistemas de cómputo. En el 2012, PeruRail la acusó de haber clonado tarjetas de crédito para vender los tickets y quedarse con un porcentaje de las ventas. Tuvo que enfrentar un largo proceso por hurto agravado.

“El 26 de enero del 2012, me encontraba en oficinas de PeruRail depositando dinero. Me llamó mi secretaria diciendo que había mucho policía, muchos periodistas en el local de Promoturs. Cuando llegué, los agentes sacaron todo. La fiscal me dijo que me estaban acusando de comprar boletos con tarjetas clonadas. Se llevaron los equipos de cómputo y los papeles”, cuenta Escalante.

Cuando el caso pasó de la policía de Cusco a la Dirincri de Lima, la acusación se desmoronó. Fue el 2014. “En las investigaciones se determinó que el 27 de enero aparecieron registros de boletos comprados con tarjetas clonadas. Eso fue un día después de la incautación cuando se supone que las computadoras estaban en manos de la policía de Cusco”, explica Escalante.

La mujer muestra a Sudaca la resolución de marzo del 2015 que finalmente archivó su caso. Pero no fue una verdadera victoria: en el curso del proceso perdió amigos y la confianza de otros empresarios. La veían, dice, como una estafadora. Parte del daño colateral fue terminar su matrimonio y abandonar los planes de estudios que tenía para sus tres hijos. Su negocio quebró.

El 2016, le escribió al ahora candidato López Aliaga por redes sociales. “Quería llegar a un acuerdo, porque aún estaba a tiempo de recuperar a mis clientes. Me habían dicho que era una persona muy noble, amable. Le escribí a su Facebook, pero me bloqueó”, se lamenta.

María Escalante empezó entonces un juicio de indemnización por daños y perjuicios que fue admitido en Cusco. Durante el proceso, PeruRail acreditó un robusto staff de 10 abogados, cuyos nombres quedaron registrados en una resolución judicial. María Escalante apenas podía costearse uno, y nunca llegó a confiar al 100% en quienes la asesoraron.

Hace dos años pasó por un peritaje psicológico ordenado por el juez, que determinó que estaba pasando por un cuadro de depresión. “Se encuentra en una situación de frustración puesto que también ha sido afectada a su familia, específicamente a su menor hijo, al cual le hicieron bullying porque le decían que su madre era una ladrona, así como a su esposo le condicionaron el contrato en la Universidad Andina (…) [Escalante] viene presentando un trastorno distímico”, se lee en el análisis de la perito psicológica Yulia Loaiza Manrique, el cual se menciona en una resolución del 2019.

Unos meses antes, en una resolución del 19 de junio, los peritos contables que solicitó el juzgado calcularon que le correspondería una indemnización de S/1.054.046. El brazo legal de la empresa, sin embargo, ha hecho que el proceso se alargue, según el abogado de Escalante.

“Estamos a la espera de que la jueza pueda emitir sentencia. Se ha demorado el proceso porque se han demorado en realizarse los peritajes y porque PeruRail ha tomado medidas dilatorias. Ha observado los peritajes psicológicos y contables. Desde que contestaron la demanda, presentaron varios abogados. Como si la empresa tuviera una política de intimidar a mi patrocinada”, dice el abogado Aarón Medina. Además de los abogados de la empresa, en este proceso PeruRail también recibió asesoría del prestigioso estudio Rodrigo, Elias y Medrano.

 

María Escalante Aragón
María Escalante Aragón: “Lo perdí todo gracias a la empresa Perú Rail”

Sindicato, no

Los líos judiciales de las empresas de López Aliaga se extienden a la cadena hotelera Belmond, donde es director desde 1999. Actualmente, y según información del Sindicato de Trabajadores del Hotel Monasterio del Cusco, al menos ocho exempleados buscan su reposición a través de juicios por despido arbitrario. Y hay contraofensiva: el sindicato mismo enfrenta un proceso que pretende disolverlo.

“El sindicato de trabajadores de Perú Belmond se crea el 2012, con un total de 60 personas. Lamentablemente empezó un proceso de amedrentamiento hacia los afiliados para que renuncien al sindicato y esto fue mermando la cantidad de asociados. Al no contar con el número mínimo, la empresa inició un proceso de disolución del sindicato. Pero en el tiempo que toma el trámite, logramos llegar a la cantidad necesaria de afiliados. A pesar de ello, el proceso judicial sigue hasta hoy”, explica a Sudaca Hernán Flores Siancas, secretario general del gremio.

Sus miembros tienen que arreglárselas para contratar un abogado que los defienda. Al otro lado del cuadrilátero, sin embargo, se sienta la crema y nata del litigio laboral cusqueño. “Los primeros años de negociación colectiva hablábamos solamente con el apoderado y el jefe de recursos humanos, pero hace algunos años contrataron a un bufete de abogados acá en Cusco: el estudio Salinas. Es, se podría decir, el estudio de abogados más caro de Cusco. Pagarle al estudio, pienso yo, es más caro que [pagar] los beneficios sindicales que conseguimos en las negociaciones colectivas”, apunta Flores, que nos atiende telefónicamente.

Rafael López Aliaga es un viejo conocido de los juzgados cusqueños. Su nombre figura en 17 carpetas fiscales, cuatro de ellas como imputado en casos de retención de remuneraciones, falso testimonio y corrupción de funcionarios. Todos estos casos, sin embargo, han sido archivados.

 

Arremetida sin sentido

A fines de febrero del 2017, cuando era columnista del diario Perú21, Luis Davelouis citó un extracto de una nota periodística publicada en ese mismo medio: “El buscapleitos de Castañeda”. La nota revelaba que Rafael López Aliaga había realizado 170 demandas ante la Fiscalía y el Poder Judicial. La autora colocó los descargos del ahora candidato de Renovación Popular. “Si usted publica algo de mí y de esas denuncias, yo la denuncio ante el Poder Judicial, al igual que ya tiene una denuncia por difamación su director”, consigna que le dijo.

Ese año, el director del periódico era Fritz Du Bois. “Yo me topé con el artículo, llamé a Fritz y le pregunté si podía usar esa cita. Me dijo que sí y que tenga cuidado con que [López Aliaga] me vaya a querellar como lo había querellado a él. Me lo dijo por teléfono”, recuerda Davelouis.

Su columna se tituló “Ley de medios y embudos” y contenía estas líneas: “Siendo director de este diario, Fritz Du Bois fue demandado por difamación por Rafael López Aliaga (sí, el «tío» de Butters que lamenta el recorte de la «libertad» de Phillip de insultar a quien le dé la gana). ¿Se imaginan que hubiesen botado a Fritz por la denuncia de alguien que utilizaba dicho mecanismo como amenaza?”.

López Aliaga entonces lo emplazó públicamente a rectificarse, negando que haya querellado al director del diario. Según dijo en su querella posterior, se le atribuía “ser una persona capaz de interponer una denuncia contra un periodista con la finalidad de amedrentarlo, lo que nunca ha realizado, y claramente perjudica su reputación”. Ello, incluso después de que el periodista se había rectificado.

“Finalmente me rectifiqué porque no encontré la demanda, pero igual me querelló. Era ridícula [la querella] porque yo no lo estaba difamando y ya me había rectificado. Si voy y le digo que es un ladrón y que me ha robado, entonces sí tengo que ir a demostrarlo. Pero estoy usando sus propias palabras”, dice el periodista. “A pesar de la exigencia de rectificación, el querellado no cumplió con hacerlo dentro del plazo establecido por la ley”, se justifica en la denuncia de López Aliaga.

El abogado de Davelouis, Julio Arbizu, recuerda que en todo el proceso tuvieron que enfrentar distintos asesores legales contratados por López Aliaga y que las notificaciones llegaban constantemente a su despacho. De acuerdo a Arbizu, los abogados de López Aliaga intentaron ingresar esa querella hasta en tres ocasiones, pero en todas fue rechazada. Arbizu pronto se dio cuenta de que estaban “ruleteando” la demanda. Es decir, intentando ingresarla de juzgado en juzgado hasta que alguien la admita. Eso terminó pasando hace un año.

El 18 de febrero del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Lima admitió a trámite la querella. “No es que tú te puedas defender solito, tienes que contratar abogados. Es una situación estresante e incómoda. Hasta tres veces [se rechazó la querella] y se fueron a la Corte Suprema y, por una razón absolutamente extraña, dicen que todo vuelva a foja cero. O sea, me puede volver a querellar y seguimos cuatro años más en esto”, se queja Davelouis.

 

Luis Davelouis
La columna de marzo del 2017 por la que Luis Davelouis fue querellado.

Competencia en el ferrocarril

Tampoco los empleados públicos se han librado de las arremetidas del candidato ultraconservador. A fines del 2009, López Aliaga denunció a una decena de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran por haber modificado normativa para abrir la competencia en el ferrocarril turístico a Machu Picchu, que hasta entonces PeruRail operaba en forma exclusiva. El caso fue archivado por la fiscalía.

«RLA es el tipo de persona que usa y abusa del sistema judicial para intimidar funcionarios y personas que se oponen a sus objetivos. Sin importar si sus objetivos son o no correctos. Alguien que asume el sistema legal como un arma de coacción, puede ser muy peligroso en una posición de poder político”, escribe a este medio una de las personas demandadas por López Aliaga en aquella ocasión, quien pidió mantener su identidad en reserva precisamente por temor a represalias legales.

 

Una junta y los Panamá Papers

En abril del 2011, Lorenzo Souza Debarbieri había sido absuelto de un proceso por difamación en su contra iniciado por su socio, Rafael López Aliaga. En paralelo, la conocida guerra entre ambos empresarios tenía un capítulo oculto: el hoy candidato presidencial fue acusado de tomar el control de una empresa hotelera de manera fraudulenta.

En el 2011, Souza le dijo a la fiscalía que López Aliaga y su socio Edward Yabar Gutiérrez, ambos accionistas de la empresa Perú Hotel Monasterio, habían celebrado una Junta de Accionistas ilegal en donde se nombraron nuevos representantes en el directorio y se reasignaron funciones.

López Aliaga tenía una medida cautelar que lo nombraba administrador judicial de varias empresas, incluida Perú Monasterio, desde el 15 de octubre del 2008. Pero Souza había conseguido que dicha medida caduque el 26 de agosto del 2011. Aun así, en setiembre de ese año, un mes después, López Aliaga celebró la junta de accionistas, de acuerdo la demanda.

Ante la fiscalía, el hoy candidato señaló que la resolución que declaró la caducidad de la medida no tenía “calidad de firme” al momento de celebrarse la junta. “La defensa de este procesado ha sido en todo momento demostrar que los hechos atribuidos a su persona, entre ellos la convocatoria y celebración de la junta, los realizó dentro de los alcances de las medidas cautelares que le favorecían”, se lee en un oficio fiscal a la que accedió Sudaca.

 

expediente falsedad
La denuncia por falsedad genérica realizada por Loreno Souza de Barbieri contra sus socios Rafael López Aliaga y Edward Yabar consignada en un oficio de la 5° Fiscalía Superior Penal de Lima.

 

Desde el 2016, los abogados de López Aliaga intentaron tirarse abajo el caso. Sobre el mismo hecho, se abrieron tres carpetas fiscales. En la fiscalía que llevó la investigación, sin embargo, explican que en dos de estas el Ministerio Público se allanó a la prescripción del caso. “No es que se le haya declarado inocente, es que los delitos prescribieron y la fiscalía se allanó a eso. Es lo que sucedió con Alan García, por ejemplo”, dice una fuente de la 19° Fiscalía Penal de Lima.

Quisimos hablar con el candidato de Renovación Popular sobre las frecuentes incursiones de sus abogados en distintos juzgados, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta de su equipo de prensa. Tampoco contestaron el teléfono que consigna el candidato en su sitio oficial de Facebook. Su staff legal debe estar ocupado en el proceso por lavado de activos que se le sigue al postulante por el caso Panamá Papers. La semana pasada pidieron una “audiencia de control de plazos”, argumentando que el tiempo establecido para las investigaciones preliminares ya concluyó. Aunque buscaban que el caso se archive bajo esos supuestos, el Poder Judicial rechazó su pedido. Es la tercera vez que piden lo mismo. Queda claro que chamba no les falta.

 

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Fecha de publicación: 6 de abril del 2021

Tags:

Panama papers, PeruRail, Poder Judicial, Rafael Lopez Aliaga, Renovación popular

Truco en la Caja Metropolitana: La sospechosa operación financiera diseñada por una empresa de López Aliaga

Por: 4.04.2021

Todo parecía ir bien al inicio. En 2006, la Caja Metropolitana de Lima lanzó al mercado un programa de créditos llamado Caja Gas, que ofrecía a los taxistas capitalinos la opción de convertir el sistema de sus autos de gasolina a gas natural vehicular (GNV). Con aires de celebración, la agencia Andina informó en julio del 2012 que se habían financiado 50 mil conversiones en los cinco años previos.

La Caja, sin embargo, acumuló pronto una cartera de créditos que sus clientes no pagaban a tiempo. La situación empeoró hasta el punto de que buena parte de la cartera quedó en “pérdida”, el peor de cinco niveles: con un atraso en el pago de los créditos por más de 120 días. Sin poder frenar la bola de nieve, surgió la necesidad de mejorar los estados financieros para no tener que admitir un naufragio ante la Superintendencia de Banca (SBS) y la opinión pública. Una necesidad que la Caja Metropolitana cubrió gracias al diseño de una operación financiera cuestionada y denunciada en su momento por la Oficina de Control Institucional (OCI) de la entidad.

Una de las empresas de Rafael López Aliaga figura entre los protagonistas de esta historia. Se trata de ACRES Titulizadora, una de las piedras angulares del grupo económico del candidato presidencial. En aquella época, los conflictos de interés y las contrataciones irregulares que ensombrecieron la operación se robaron el protagonismo en la cobertura del caso revelado por el programa Panorama. Hoy Sudaca coloca el foco en la responsabilidad de esa empresa, que fue la que diseñó la operación.

 

Pasando por caja

En junio de 2011 Acres Investments, el holding de negocios financieros de Rafael López Aliaga, agregó una empresa debajo de su paraguas: junto a su compañía ACRES Agente de Bolsa, creó ACRES Titulizadora. ¿Qué hace una titulizadora? Captar clientes que necesitan financiamiento, usualmente liquidez de dinero, y brindarles un mecanismo financiero para conseguirlo. Uno que no los obligue a ir a un banco a pedir un crédito.

Sunarp
Constitución de la titulizadora del grupo ACRES Investments. Fuente: SUNARP.

A fines de 2012, ACRES Sociedad Titulizadora no había concretado operación alguna para ningún cliente, se mantenía con cero kilómetros en el mercado. La millonaria operación con la Caja Metropolitana marcaría su punto de partida el 31 de diciembre. Uno, cuando menos, cuestionable.

Aquellos créditos que los taxistas no habían podido pagar constituían una cartera con la calificación de “pérdida”, según los criterios de la SBS. Esos créditos sumaban más de S/40 millones. El objetivo, por más extraño que parezca, era convertirlos en respaldo de un préstamo que alguien aceptase otorgar. La premisa era que en el futuro, los taxistas pagarían sus créditos y ese dinero, más intereses, iría a parar a manos del prestamista de acuerdo a un cronograma. A esta “técnica” se le conoce como “titulización”.

¿Cómo funciona? Imagina que deseas titulizar tu sueldo de S/1.000 de los próximos cinco meses. Un inversor o prestamista te da hoy S/4.500 a cambio. Esto porque has convertido en papeles o bonos el flujo futuro de tu sueldo de esos meses siguientes. Él ha adquirido esos bonos y será quien reciba los S/1.000 cada mes, obtendrá al final S/500 soles más de lo que te prestó, y esa será su ganancia. Como vemos, uno tituliza un flujo futuro de dinero que tiene un nivel de certeza de llegar. No uno con calificación de pérdida.

Pero, ¿qué confianza se puede depositar en una cartera nivel “pérdida”? ¿Qué posibilidades reales habría de que los taxistas pudieran cumplir ahora sí con sus cuotas impagas que se habían convertido en deuda impaga de S/ 40 millones? La sensatez dictaba que si el total de los créditos ascendía a esa cantidad, la Caja Metropolitana debía endeudarse por menos para poder devolver el préstamo.

Que alguien se atreviera a prestar los S/40 millones por una cartera de créditos en ese estado era algo fuera de toda lógica de mercado. “¿Quién acepta una transacción así, sabiendo que lo que voy a comprar es una cartera muerta?”, cuestiona el auditor especializado en riesgos Pedro Solís. “¿Quién te hace esa magia para vender una cartera muerta, que debería entrar a valor cero o depreciada, a S/40 millones?”, añade.

ACRES Titulizadora sabía que ningún inversionista aceptaría prestar los recursos con esas condiciones. Ante el riesgo de impago, colocó una primera garantía: “En caso la cobranza de la cartera no alcance para el pago completo de amortización e intereses, la Caja Metropolitana proveerá los recursos para el pago completo”. Y luego una última: a través de una fianza solidaria, la Municipalidad de Lima, única accionista de la Caja, se comprometía a asumir el deber del pago de la deuda. Con ello se logró la aprobación de la operación por parte de la SBS.

Al comprometer recursos públicos, más exactamente al municipio, se alcanzó un nivel de riesgo de impago (o desconfianza) casi nulo, como suele suceder cuando el Estado emite promesas de pago. Pero también se abría la posibilidad de perder recursos municipales o que la Caja tuviera que hacer malabares con sus débiles estados financieros.

¿Qué hizo la empresa de López Aliaga? Primero, eligió no ir al mercado de valores —donde las operaciones son públicas y cumplen exigencias de transparencia— a pedir prestado, sino buscar de manera privada a un inversionista o prestamista. La titulizadora se encargaría de generar un fideicomiso: una especie de caja de seguridad donde colocaría el respaldo del préstamo. En este caso, los S/40 millones con categoría de “pérdida” a partir de los cuales se emitirían las promesas de pago.

Finalmente, fue el banco estatal Cofide la entidad que compró la emisión de bonos completa, es decir, prestó los S/40 millones. La institución no quiso explicar a Sudacael porqué de esa decisión, pero es clara a la vista: lo que habría valido ante sus ojos fue el compromiso de la Caja y de la Municipalidad de Lima de inyectar recursos en último caso, que no debían estar destinados a asumir la deuda.

 

Contratación irregular

Por la estructuración de dicha operación y la colocación (venta) de los bonos, ACRES Titulizadora recibió un pago S/1.32 millones. Pero su elección no fue producto de un proceso competitivo real a ojos de la Contraloría General de la República. ¿Por qué?

 

Acres Investments
Fuente: Video institucional de Acres Investments.

El sonriente ejecutivo al lado derecho del hoy candidato presidencial nos da la respuesta. Se trata de Andrés Muñoz Ramírez, entonces presidente del directorio de Acres Sociedad Titulizadora. Por sus vínculos amicales, Muñoz fue elegido a dedo por José Miguel Castro como asesor externo para que, entre otros contratos, evalúe las carteras de crédito de la Caja Metropolitana e idee una salida para su situación financiera. Hoy Castro es investigado por haber recibido y distribuido presuntos sobornos de OAS y Odebrecht a políticos cercanos a la administración de Susana Villarán. Años atrás Muñoz Ramírez había sido jefe de José Miguel Castro en Interbank.

«La factura de dicha empresa [ACRES Sociedad Titulizadora] fue girada y recibida antes de la realización del estudio del mercado, antes de la evaluación de las propuestas y antes de la suscripción del contrato», declaró el entonces Contralor General de la República Fuad Khoury al presentar los hallazgos de su investigación sobre dicha titulización.

«La Caja Metropolitana evaluó y contrató irregularmente a la empresa ACRES Sociedad Titulizadora. El costo adicional pagado a ACRES por la Caja Metropolitana, al no elegir las propuestas más económicas, asciende a la suma de 416 mil soles», agregó.

“Claramente es una operación triangulada para beneficio propio y no para beneficio de la entidad pública (…). Es una operación fraudulenta y corrupta”, explica Pedro Solís, auditor especializado en riesgos.

 

Acres

Uno de los hallazgos de la Oficina de Control Intstitucional de la Caja Metropolitana presente en su Informe especial Nro. 01-2014-CMCPL/OCI.

 

“¿Qué hiciste en el fondo con la operación?”, cuestiona otro especialista financiero, y explica: “En lugar de decir: ‘Tengo un hueco de S/40 millones por malas deudas» y declararlo como pérdida hoy día, (…) lo que hice fue fraccionar [de acuerdo al cronograma de pago de los bonos], estirar una pérdida para no declararla de un solo golpe. (…) No es ilegal, pero es tramposo, engañoso”.

Finalmente, ¿cómo pagó la Caja Metropolitana su deuda? Cofide señaló a Sudaca que “dicha operación fue cancelada en su totalidad y según lo establecido en el respectivo cronograma, entre los años 2013 y 2016”. Aunque no quiso agregar mayores detalles, Acres Sociedad Titulizadora sí lo hizo. Precisó que solo el 40% del préstamo se pagó con los activos titulizados, es decir con la cartera nivel “pérdida”: menos de la mitad de lo esperable. El 60% restante no salió finalmente de la Municipalidad de Lima, pero sí de otros flujos o recursos de la Caja Metropolitana, cuya dueña es la municipalidad. Se confirmó, entonces, lo obvio: la cartera no valía los S/40 millones pagados por Cofide.

Con la operación todos salían ganando, menos la administración pública. Cofide no perdió. Al contrario, ganó más de S/8 millones en intereses, según el informe de la Oficina de Control Institucional de la Caja Metropolitana. ACRES Titulizadora generó su primera operación y ganó más de un millón de soles de comisión. Muñoz, entonces presidente del directorio de ACRES, ganó honorarios además como consultor financiero externo de la Caja Metropolitana.

Sudaca contactó al candidato López Aliaga, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta suya ni de su equipo de prensa.

 

*Fotocomposición de portada: Leyla López.

Fecha de publicación: 04/04/2021

Tags:

Acres Titulizadora, Elecciones 2021, Rafael Lopez Aliaga

¡Sigue en las mismas!: el N°1 de Acción Popular en la mira por mensajes que revelarían coacción a comedor popular

Por: 3.04.2021

“Señoras socias buenas noches se les comunica que el día de mañana martes 30 de marzo tenemos que asistir a una marcha programada por el Señor José Arriola (Gerente de todos los comedores de Ate) ya que desea que lo apoyemos en su candidatura al Congreso […] Es obligatorio [asistir] por orden de la promotora”, se lee en el mensaje enviado por la presidenta del comedor popular “Señor de Muruhuay”  de Ate a un grupo de WhatsApp. Lejos de ser una invitación cordial para apoyar al candidato, era una imposición. Sudaca comprobó la veracidad de estos mensajes.

“Apoyas a un corrupto”, le respondió entonces uno de los usuarios del comedor, quien participa del mismo grupo. Inmediatamente, la imposición previa se convirtió en amenaza: “La orden no viene de mí, viene del jefe del comedor si es que no asistimos perderemos nuestros alimentos”, escribió la presidenta del comedor.

Esta semana se difundieron por redes sociales nuevas conversaciones que revelarían que la cabeza de lista por Lima de Acción Popular, José Arriola, subgerente de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social de la Municipalidad de Ate, estaría condicionando el servicio a este comedor popular a cambio de apoyo a su candidatura. Es la segunda oportunidad en la que, en menos de un mes, Arriola está en el ojo de la tormenta por hechos similares, como reveló Sudaca hace unas semanas. Este medio publicó un informe que detalló cómo se prometían futuros contratos en la Municipalidad de Ate a cambio de ayuda para su campaña.

Como en aquella ocasión, la autora de este informe se comunicó al número utilizado por la remitente de los recientes mensajes de WhatsApp, para corroborar la veracidad de los mismos. Tras una negativa inicial, la señora admitió que sí había escrito los mensajes. Y, aunque aceptó ser la presidenta del comedor, se negó a revelar su nombre y apellido. “[Los mensajes] fueron malinterpretados y tergiversados por personas inescrupulosas que quieren tumbarse al candidato”, espetó.

Luego, lanzó una explicación inverosímil. Dijo que ella escribió esos mensajes para convocar a “una asamblea para el cambio de la junta directiva del comedor popular” y no para obligar a nadie a apoyar al candidato Arriola. “Cuando lo borré, ya era tarde porque mi asociado ya había tomado capturas de pantalla y las había enviado a un amigo que es detractor de Yonhy Lescano”, se excusó.

Comedor-Sr-de-Muruhuay-Arriola
Conversaciones difundidas del comedor Señor de Muruhuay

Sudaca fue hasta el lugar y conversó con los vecinos del AA.HH. Las Lomas del Golf que corroboraron que la persona que escribió los mensajes efectivamente es la presidenta de este comedor popular.  “Mi esposa ya desmintió, es totalmente falso y, más bien, por favor, les voy a pedir que no vengan a acosarla”, nos dijo enojado el esposo de la presidenta, no sin antes confirmar que ella sí escribió los mensajes. El hombre no quiso revelar el nombre de su pareja.

Una vecina del comedor popular, quien pidió reserva de su identidad, nos confirmó que estos mensajes sí fueron enviados al grupo y que no sería la primera vez que ocurre. “Anteriormente de la municipalidad nos han dicho que vayamos a las marchas. A veces mandan alimentos de más, un saco de arroz, por ir a apoyar a esas cosas”, contó.

Lorenza Quillama, fundadora del comedor “Señor de Muruhuay”, comenta que es común que a los socios del comedor popular se les pida ayudar con fines políticos. “[Ya no pertenezco al comedor, pero] puede que pase eso porque el señor Arriola se está lanzando al Congreso. Ese viejito es terrible, a él le gusta que estés ahí, sino no te da nada. ‘Te doy esto, pero tú haces esto’, ese es su lema”, cuenta Quillama.

Sudaca se volvió a comunicar con Arriola Tueros, quien, por supuesto, nos recuerda por el informe anterior. “Ustedes como prensa siempre creen lo que en la guerra sucia se escribe, porque así son ustedes pues, todo lo que ponen, ustedes creen”, dijo el candidato.

Aunque señala no conocer a ninguna de las personas involucradas en los mensajes, extrañamente Arriola ya tenía en su poder videos en donde aparece la presidenta del comedor junto a la supuesta persona que le dijo “corrupto” en el grupo de WhatsApp. Todo esto, apenas 24 horas después de que los chats se hicieran públicos. “Le pido en verdad que me disculpe señor José Arriola por haberlo llamado corrupto, yo en verdad no lo conozco y de nuevo desmiento todo lo que se ha dicho […] Eso fue algo interno entre ella [la presidenta] y yo”, se escucha decir al arrepentido vecino.

Lo extraño es que, como se puede leer en las conversaciones, quien habría enviado el mensaje tildándolo de “corrupto” sería una “vecina” y no un hombre.

 

Arriola insistió en la falsedad de los mensajes. “En 21 años de labor en programas sociales, nunca he sido denunciado por obligar a las madres a ir a una reunión proselitista bajo amenaza y posterior retención o no entrega de los productos alimenticios. La guerra sucia es feroz. Denuncia formal no va a haber, veré por ese mismo medio de las redes cómo rebatir, porque no cabe ningún tipo de descargo”, respondió a este informe.

José Arriola es uno de los candidatos que, según las encuestas, nos representará los próximos cinco años en el Parlamento. Hace unas semanas, Sudaca ya había accedido a unos audios de WhatsApp enviados por Elizabeth Pérez, dirigente de facto de Acción Popular en una base de Ate. La mujer ofrecía contratos en la municipalidad a cambio de apoyo en la campaña de Arriola.

“Yo siempre voy a mirar quién está al lado mío. Yo ya les conté lo que pasó con nuestra amiga Lidia, que todos se quejaron [y preguntaron:] ‘¿por qué la has puesto, Elizabeth?, 2.300 [haría referencia al sueldo]’. Porque era una persona leal, estuvo en las noches, en las mañanas”, se le oye decir. En esa ocasión, Pérez reconoció que esos audios eran de ella, pero acorralada por nuestras preguntas aseguró que solo se estaba jactando en una conversación de WhatsApp con sus amigas. Una respuesta similar a la que nos dieron por esta nueva denuncia.

El pasado 5 de marzo, además, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 determinó que José Arriola infringió las normas de neutralidad durante el periodo electoral por haber usado indebidamente “los recursos, bienes y programas sociales como comedores populares y de vaso de leche de la Municipalidad, para actividades políticas”. Ante la evidencia, el JEE solo ordenó al candidato abstenerse de seguir transgrediendo las normas de neutralidad. ¿Qué hará ahora el Jurado Nacional de Elecciones?

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Tags:

Acción Popular, José Arriola, Municipalidad de Ate

Ciro Gálvez, el candidato que pidió “matar” a sus rivales

Por: 2.04.2021

“Muchas gracias” o “se le acabó el tiempo”, fueron las únicas frases que le dedicaron los moderadores a Ciro Gálvez cuando terminaba cada una de sus intervenciones. Tampoco el traductor de lengua de señas supo cómo interpretar las palabras en quechua del candidato por el movimiento Renacimiento Unido Nacional (Runa). Gálvez fue ignorado porque, como gran parte de la población, sus interlocutores no conocían la lengua en la que hablaba. Pero el eterno candidato presidencial aprovechó eso y disparó verbalmente con plena libertad contra sus rivales.

En una entrevista realizada el pasado jueves, en el portal UCI Noticias, Gálvez intentó matizar sus palabras. “[No dije] nada malo. Son expresiones metafóricas que son abundantes en el idioma quechua. Hay muchos significados con la misma palabra, con la misma frase. El idioma quechua es bastante jocoso, irónico. Entonces, en momentos de euforia, efectivamente, salen; pero, con ese mensaje de idoneidad”, declaró. Ello es cierto.

Sin embargo, Gálvez –cuando menos– fue más agresivo de lo que intentó aparentar en aquella entrevista. “Nosotros somos buenos. A todos esos mentirosos y ladrones, los mataremos [en referencia, probablemente, a los otros candidatos, pues no menciona nombres]. Así será. Para que nuestras familias y nuestros hijos vivan bien”, dijo, de acuerdo a la traducción realizada por el diario El Comercio. “Sí, hermanos y hermanas. Paisanos, no, los ladrones no podrán con nosotros. A los mentirosos, con fuerza. Como la mano de un buen hombre, les haremos cualquier cosa a estos mentirosos”, fueron otros de sus latigazos verbales.

 

JNE

 

JNE 2
El candidato presidencial ha informado, en su hoja de vida remitida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que posee 12 propiedades: 10 inmuebles en Huancayo; uno en Huancavelica y un departamento en Miraflores (Lima). Todos esos bienes están valorizados, según su propia manifestación, en S/8’653,966.

Ciro Gálvez, quien vestía una camisa de color blanco y portaba un chicote que le colgaba sobre su hombro derecho –tal como lo llevan ciertas autoridades indígenas de las zonas rurales del país–, disminuyó la rudeza de sus palabras en su mensaje final. “No, no hay que avergonzarse de dónde somos y de la lengua que hablamos. Ahora llegaremos al poder. Hermanos y hermanas, hay que fortalecernos bien para que este 11 de abril [y marcar] por Runa. Para que empecemos un nuevo tiempo”, dijo.

Ciro Alfredo Gálvez Herrera nació el 16 de enero de 1949 en el distrito de Surcubamba, en la provincia de Tayacaja (Huancavelica). Se graduó de abogado, según su sitio web, a los 29 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, en la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) solo figura registrado su título de magíster en Antropología Jurídica que obtuvo en la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) el año 2015. Los títulos previos a esta fecha no necesariamente tienen que estar registrados en el buscador de la Sunedu.

El 5 de noviembre de 1976, a los 27 años de edad, se casó civilmente, en la municipalidad de La Victoria, con Angélica Delfina Rivas Carmona, de 20 años de edad. En ese tiempo, la mayoría de edad comenzaba a los 21 años, por eso en la partida de matrimonio ella figura como menor de edad. Después de 22 años de matrimonio, en 1998, la pareja decidió divorciarse. En el año 1985, funda la Notaría Gálvez, donde hasta ahora es propietario.

Gálvez es un viejo conocido en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es la tercera vez que postula a la presidencia. Ya lo hizo antes, sin éxito, en los años 2001 y 2006, por el partido Renacimiento Andino, hoy llamado Runa. En esa última aventura, consiguió el 0.18% de los votos.

 

Sobre «la muerte»

¿Qué piensa este redundante candidato presidencial que ganó la encuesta virtual de un medio en el tercer y último debate presidencial del JNE? Gálvez es autor de cuatro libros donde esboza sus ideas enraizadas en el Tahuantinsuyo. En su obra Predicciones del Renacimiento Andino (2003), por ejemplo, hace referencia, en varias oportunidades, a la muerte como un símbolo de castigo, incomprensión, lucha, tragedia o cambio. En la página 378, recuerda que en el ayllu, en la época incaica, el incesto y la infidelidad “era castigado” con esa pena máxima que le quitaba la vida al ser humano. La pena de muerte, de hecho, es una de sus propuestas bandera.

“Muerte a la corrupción y la delincuencia, con una nueva Constitución que defienda la persona humana y el respeto a la propiedad privada, pública y comunitaria”, se lee en la página 3 del plan de gobierno de Runa.  En la página 10 es más específico sobre cómo, en un probable gobierno suyo, se terminaría con la vida de los antisociales peligrosos: “Pena de muerte para los delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes; para ello es necesario un cambio de la Constitución”.

El candidato es un admirador de las luchas indígenas contemporáneas. En la página 104 de esa misma publicación resalta el levantamiento del año 1962 liderado por Hugo Blanco, con su lema “tierra o muerte”, quien estuvo en la cárcel acusado de asesinar a un policía. “Los campesinos colonos de las haciendas de los valles referidos fueron movilizados por sus respectivos sindicatos coordinados por Blanco, dirigente marxista de orientación trostkista que, desde el sindicato campesino de Chaupímayo, lanzó la consigna de «tierra o muerte», que se irradió rápidamente por los valles mencionados”, escribe Gálvez.

El candidato, exagricultor devenido en hombre de derecho, parece vivir sin sobresaltos. Más bien, uno diría que tiene una vida económicamente holgada. Gálvez declaró en su hoja de vida haber percibido ingresos –de cuarta y quinta categoría en la Sunat– por S/1.052.313 durante el 2019. También posee créditos financieros, según la central de riesgo de Infocorp, que superan la cifra del millón de soles. Es, según esta base de datos, un excelente pagador.

Según su hoja de vida, el candidato tiene 12 propiedades: 10 inmuebles en Huancayo, uno en Huancavelica y otro en Lima. Todos esos bienes están valorados, de acuerdo a su propia declaración, en S/8.653.966. El inmueble de mayor valor es un edificio ubicado en Huancayo, tazado en S/5 millones. Pero también registra una propiedad en pleno corazón Miraflores: un departamento valorizado en S/350 mil que adquirió el año 1998 y que está situado cerca al exclusivo malecón.

En el 2010, Gálvez fue gerente de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada de Picuto. La empresa tenía como domicilio fiscal un inmueble de Pachacámac, al sur de Lima, y fue dada de baja apenas un año después de su creación.

El año 2012, Gálvez fue nombrado presidente de la Asociación Cultural Renacimiento Unido Nacional (Runa), que lleva el nombre de su actual partido y cuyo símbolo es la imagen de una persona levantando el brazo derecho y una bandera peruana detrás de esta.

El debate no fue el primer registro que se tiene del candidato en el que apunta su artillería contra la clase política en su idioma materno. En el 2017 publicó el video musical titulado ‘¿Dónde estará la justicia?’ en el que critica, también en quechua, el trabajo del abogado, del congresista y del alcalde. Los subtítulos del video, en el que él mismo es el protagonista y, además, compuso la letra, traducen al castellano su contenido. “Señor congresista. Hombre de dos caras. Cuando eres candidato, eres tan buenito; pero mentiste a mi pueblo, porque nunca regresaste por nosotros…” dice una parte de la letra. No obstante, llama la atención que no critique la labor del Presidente.

A nueve días de las elecciones, Ciro Gálvez, autor de poemas como ‘Volveré’ o ‘Ciudad Vacía’, ha asegurado que será el outsider que pasará a la segunda vuelta pese a que aparece, en las encuestas, en el rubro de “otros”. Soñar no cuesta nada. Y aún si costara, el hombre parece tener el capital para pagarlo.

 

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Tags:

Ciro Gálvez, Elecciones 2021, JNE, Pena de muerte, Quechua

Otra perla de Acción Popular: Edwin Martínez Talavera, un peligro al volante

Por: 1.04.2021

“El hecho de que uno haya consumido dos vasos de whisky no es para que esté ebrio». Así justificó Edwin Talavera Martínez su detención cuando la prensa arequipeña le pidió explicaciones una semana después del escándalo. La noche del 8 de noviembre del 2017, cuando el entonces alcalde del distrito arequipeño Mariano Melgar salía de una reunión a bordo de su vehículo, fue detenido por dos efectivos policiales. El dosaje etílico que le hicieron arrojó 1.2 gramos de alcohol en su sangre, más del doble del máximo permitido por ley, que es de 0.5.

Según el parte policial de su detención, los suboficiales se percataron de “un vehículo cuyo chofer hacía uso del teléfono celular, encontrándose con lunas polarizadas y realizando maniobras temerarias”. Al momento de la intervención, continúa el parte, Martínez presentaba “visibles síntomas de ebriedad”. Esta fue la razón por la que los suboficiales le pidieron sus papeles. Martínez presentó todos los documentos de rigor, excepto el más importante de todos: su licencia de conducir. Así fue como la ex autoridad municipal terminó en la comisaría de Miraflores, distrito vecino al de Mariano Melgar.

24 horas después, sin embargo, el alcalde salió libre. Martínez había decidido acogerse a un acuerdo de terminación anticipada en el que aceptó los cargos por el delito de peligro común y fue sentenciado a cumplir normas de conducta y pagar una reparación civil de 700 soles. La sacó barata. O quizá no. El autor del fallo, el juez Gino Valdivia Sorrentino, actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 9 años por haber pedido una coima de S/. 3.000 a una persona acusada de parricidio en mayo del 2018.

El parte policial detalla el incidente que llevó a la comisaría al ex alcalde de Mariano Melgar.

No es lo único que llama la atención del accidente. El auto que conducía Martínez era propiedad de la empresa Distribuciones y Servicios San Gabriel, cuyo dueño es Juan Mendoza Sota, quien fue gerente municipal en la gestión previa a la de Martínez en Mariano Melgar. Mendoza tuvo que renunciar a su cargo luego de que la Contraloría lo encontrara responsable por aumentar de manera irregular las remuneraciones de funcionarios en el 2014.

Según reportes de la prensa local, Mendoza dijo no saber cómo llegó su vehículo a manos de Martínez. El ex gerente municipal explicó que le había prestado su carro a su hermano para su uso personal. Cuando este partió a Estados Unidos, apuntó el exfuncionario, no devolvió el vehículo. Desde entonces, el carro estuvo perdido hasta que apareció cuando detuvieron al candidato de Acción Popular. “No podía denunciar a mi hermano por el carro. Hubiera tenido problemas con su residencia en el extranjero”, manifestó Mendoza cuando le preguntaron porque no hizo ninguna denuncia por la pérdida del vehículo.

Pese a tener todos los ingredientes para una vacancia, el descontrolado Edwin Martínez salió airoso políticamente. Sin embargo, su historia de malas gestiones al volante no terminaría ahí. El récord del candidato por la región Arequipa incluye tres multas a su nombre. Todas graves. Una de ellas fue por no presentar su licencia el día de su intervención policial. Pero Martínez fue multado meses antes del incidente y después también.

En Islay, en las afueras de la ciudad de Arequipa, el exalcalde de Mariano Melgar fue multado por pasarse la luz roja de un semáforo. Esto ocurrió el 5 de enero del 2017. La otra infracción fue por estacionar su carro en una zona prohibida el 19 de enero del 2018, solo dos meses después de ser sentenciado por conducir en estado de ebriedad. Según la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Martínez tiene su licencia retenida desde el 30 de septiembre del 2019.

Estos episodios al volante no fueron los únicos que marcaron su gestión municipal. El candidato pasó de las pistas al ring de box. En el 2018, Martínez fue denunciado por Alejandro Núñez Carpio, regidor de Mariano Melgar, por tirarle un puñetazo al rostro luego de una sesión del concejo municipal. En esa sesión Núñez le reclamó al entonces alcalde la presencia de su pareja sentimental –una mujer que el regidor aseguraba no era la esposa de Martínez– en las actividades municipales, incluyendo las comisiones de trabajo.

En la denuncia policial, Núñez agrega que “anteriormente recibió amenazas de muerte” del hoy candidato al Congreso por Acción Popular. La gresca se produjo el 27 de abril, curiosamente el cumpleaños de Martínez. La denuncia de Núñez fue registrada a las 9:00 a.m. de ese día. La versión del candidato es diferente. Según él, fue Núñez quien empezó la pelea.

Parte del anecdotario de Martínez incluye encadenarse al Palacio de Gobierno el 5 de septiembre del 2018, cuando le quedaba poco tiempo para dejar la alcaldía de Mariano Melgar. Era, según él, como un acto simbólico para exigir presupuesto para su comuna municipal. La Consulta de Ejecución de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, revela que la gestión de Martínez solo invirtió el 38.6% del presupuesto del que disponía para el 2018. Así lo denunció el portal arequipeño El Búho por esos días.

Ni el incidente vehicular ni las peleas entre machos alfa frenaron su carrera política. De hecho, Martínez intentó postular a la alcaldía municipal provincial de Arequipa el 2019, pero fracasó en el intento. Ese mismo año, fue sentenciado por nombramiento ilegal del cargo. Ahora quiere su curul. Sudaca intentó contactarse con el candidato a través de su página oficial de Facebook para que pueda aclarar algunos puntos respecto a su carrera política. Sin embargo, al cierre de esta edición se limitó a dejarnos en visto. Quizá estaba manejando.

**Fotomontaje por Leyla López

Tags:

Acción Popular, Edwin Martínez Talavera

La educación al servicio de la política: los locales que López Aliaga utiliza para su campaña

Por: 30.03.2021

De centro educativo a local de campaña política de Renovación Popular. La antigua casona de dos pisos del jirón Costa Rica N°157, en Jesús María, se ha convertido, desde diciembre del año pasado, en el local partidario del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Antes de esa fecha, en ese inmueble funcionaba la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo, más conocida como CAME, que es parte de los negocios educativos “sin fines de lucro” de Rafael López Aliaga.

CAME es una de las instituciones educativas de la Promotora de Educación y Cultura (PRODEC), asociación presidida por el candidato celeste que también administra a los colegios Los Álamos y Montealto, y al nido Los Alamitos. Todos están vinculados al Opus Dei. Si bien en el transcurso de los años la escuela ha brindado cursos de posgrado universitario, específicamente de “formación integral de ejecutivos intermedios”, sus instalaciones también han sido frecuentemente utilizadas por los alumnos del colegio Los Álamos, ubicado a escasos metros del inmueble, para realizar actividades educativas.

El año 2018, por ejemplo, el auditorio de CAME fue uno de los escenarios donde los estudiantes del colegio Los Álamos compitieron con escolares de otros centros educativos en el conocido Torneo de Debate Interescolar “Exprésate”, según información que ha quedado registrada en Facebook. Hoy las cosas han cambiado en este inmueble de 526 metros cuadrados.

 

Lopez Aliaga
La casona donde queda el local de campaña de Renovación Popular es un lugar estratégico para López Aliaga. Está ubicado frente a la parte trasera del colegio Los Álamos y, además, está en la misma cuadra del nido Los Alamitos (Infografía: Leyla López).

 

El color gris de su fachada ha sido reemplazado por el celeste de Renovación Popular. El inmueble fue utilizado para la presentación de su plancha presidencial el pasado 22 de diciembre. En el balcón del segundo piso, López Aliaga dio a conocer a los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Neldy Mendoza y Jorge Montoya. El evento fue transmitido en vivo y en directo por varios medios de comunicación.

Prodec fue creada como una asociación sin fines de lucro, según su partida de Registros Públicos, el 6 de noviembre de 1990, con David Kuoman Saavedra como presidente. En estas elecciones, Kuoman postula al Congreso por Renovación Popular. Según información proporcionada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se trata de un millonario empresario dueño de 27 inmuebles que juntos suman más de S/300 millones.

En 1991, Prodec adquirió el inmueble de marras situado en Jesús María. Al año siguiente, la asociación educativa compró otra casona que está ubicada a menos de 100 metros, en el jirón Estados Unidos N° 721, N° 727 y N° 731. Desde esa fecha, allí funciona el colegio Los Álamos. Rafael López Aliaga pasó a ocupar el cargo de presidente de Prodec en 1994, el cual ocupa, según Registros Públicos y su propio testimonio, hasta la actualidad.

¿Qué dice la normativa electoral? El abogado José Manuel Villalobos, señala a Sudaca que, según el artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, las personas jurídicas con o sin fines de lucro “no pueden” realizar aportes de campaña o realizar donaciones de inmuebles a organizaciones políticas. Lo que sí podría ocurrir, explicó, es que haya un contrato privado de alquiler entre una asociación sin fines de lucro –en este caso, Prodec– y una organización política – es decir, Renovación Popular–. Según Villalobos, si existiera este contrato, tendría que haberlo comunicado a la ONPE en el primer informe del mes de marzo. En los reportes de la ONPE, sin embargo, no hay rastro de que esto haya sido así. El experto apunta que aún tendría tiempo de hacerlo en el segundo informe que se realiza a mitad de año. De lo contrario, puede ser sancionado

.

Asociación contra el Covid

Lo cierto es que el candidato presidencial ha utilizado su poderoso imperio educativo al servicio de su campaña. Frente al CAME, en el jirón Costa Rica N°160, por ejemplo, existe un predio que ha sido empleado para inscribir, en Registros Públicos, la asociación Ava Covid-Perú, una asociación sin fines de lucro dirigida por militantes de Renovación Popular y que tiene el objetivo, según ellos, de “asistir a las personas naturales y jurídicas, sin discriminación, que estén siendo o hayan sido afectadas por el Covid”.

 

Lopez Aliaga
Otro local que también es administrado por Prodec, en el que hasta hace dos años funcionó el Instituto Solidaridad (cuando el partido se llamaba Solidaridad Nacional), está ubicado en el jirón Costa Rica N°160 y ha sido usado para inscribir, en Registros Públicos, la asociación Ava Covid-Perú. Los postulantes al Congreso por Renovación Popular, los esposos Katty Cachay y Yorry Warthon, poseen los cargos de presidenta y vicepresidente. López Aliaga es vocal (Fotocomposición: Leyla López).

Sudaca no encontró que este inmueble esté a nombre de Prodec, pero la asociación sí se encarga del pago de los arbitrios y los impuestos prediales de dicho inmueble incluso hasta este año, según información de la Municipalidad de Jesús María. En los registros de gastos ante la ONPE, además, López Aliaga ha colocado esta dirección como un domicilio suyo de referencia. Hasta hace dos años, en ese local funcionaba el Instituto Solidaridad (cuando el partido se llamaba Solidaridad Nacional). Allí dictaban cursos de capacitación y gestión política. La casa ha sido derrumbada y las obras de construcción están paralizadas.

Según la partida de la organización inscrita en Registros Públicos, Ava Covid fue fundada el 17 de septiembre de 2020, en pleno ambiente preelectoral. La abogada Katty Cachay, candidata al Congreso por Renovación Popular, es presidenta de la asociación. Cachay se hizo conocida mediáticamente por haber defendido a la ‘exchica reality’ Macarena Vélez en un escándalo del mundo de la farándula.

Su esposo, Yorry Warthon (33), figura además como vicepresidente de Ava Covid. Al igual que Katty Cachay, estudió Derecho en la Universidad de Lima y postula al Parlamento con el mismo partido. Ambos personajes son muy cercanos a López Aliaga. Completan el directorio el tesorero de la asociación, Fernando Sandoval Ruiz, quien ha pertenecido a Solidaridad Nacional, y Diana Ángela Masamoto Rivas, quien es personera legal de Renovación Popular.

El año pasado, Prodec, que ahora utiliza sus propiedades al servicio de la campaña política de su presidente, recibió S/1.535.159 de préstamo garantizado de salvataje del programa Reactiva Perú. López Aliaga aseguró, en el programa Punto Final del pasado 21 de marzo, que recibió ese dinero del gobierno para pagar los sueldos de los profesores de sus colegios, pese a que había sido un duro crítico de dicha medida económica. “Para pagar a los profesores, una asociación civil sin fines de lucro, para no despedir a nadie, pido un Reactiva, pues”, justificó el candidato.

El empresario, que ha creado, desde el año 1989 hasta la fecha, 60 empresas y ocho asociaciones, dijo a la conductora Mónica Delta que, para postular a la Presidencia, había renunciado a todos los cargos de sus empresas, desde antes del inicio de la campaña, pero precisó que seguía vinculado “en una de ellas”. Según reportes de Reactiva Perú, nueve empresas de Rafael López Aliaga recibieron S/24 millones del programa Reactiva, entre ellas estaba Prodec.

 

Lopez Aliaga
Entre las ocho asociaciones que integra López Aliaga, la Asociación Peruana de Caballeros de Malta es una de ellas. Se trata de una organización religiosa en la que posee el cargo de consejero. El expremier del gobierno transitorio de Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz, también es parte de ella. (Foto: Diario Expreso ).

No es la primera vez que un político utiliza recursos o una propiedad educativa para operar toda su maquinaria política. El año 2015, el programa “Mira Quién Habla” descubrió que dos vehículos de la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, fueron usados para transportar personas a un mitin de dicho candidato presidencial. Reveló, además, que en la sede de Los Olivos, se colocaron gigantografías con el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso.

En ese mismo año, durante la campaña electoral, diversos medios informaron también que el entonces candidato presidencial del Apra, Alan García, usaba su oficina en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres (USMP), donde ocupaba el cargo de director, para realizar reuniones de los miembros de la Dirección Nacional de su partido.

Sudaca envió un cuestionario al candidato presidencial Rafael López Aliaga, sobre los hechos desarrollados en este artículo, pero no nos respondió.

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Imagen del local de campaña del partido Renovación Popular, ubicado en una casona del jirón Costa Rica N°157, que es de propiedad de Prodec. Hasta el año pasaso, allí funcionaba CAME. Se trata de un inmueble que era muy frecuentado por los alumnos del colegio Los Álamos. En ese local, se realizaban diversas actividades, como el conocido torneo de debates «Exprésate».

 

Fecha de publicación del artículo: 30/03/2021

Tags:

Minedu, Rafael Lopez Aliaga
Página 73 de 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
x