La primera gran marcha nacional fue el jueves 12. Manuel Merino tenía dos días en el cargo y no habían jurado aún sus ministros. La convocatoria principal fue en la Plaza San Martín, escenario de las grandes movilizaciones sociales del país. Aunque la marcha era pacífica, la policía arrojó bombas lacrimógenas como si fueran globos y disparó perdigones a la gente al estilo paintball. Y así lo hicieron también el sábado.
Pero no solo intentaron detener el paso de la gente con armas. También con infiltrados. Muchos ciudadanos advirtieron la presencia de miembros del Grupo Terna –especializado en tácticas de seguridad urbana– de la Policía Nacional del Perú (PNP), y lo denunciaron por redes sociales desde el inicio de la marcha. ¿Por qué un grupo especializado en combatir la ‘pequeña’ delincuencia acudiría a una protesta social pacífica? Fuentes cercanas a la Policía explicaron a Sudaca que esto no tiene sentido práctico ni se corresponde con las funciones para las que fue creado.
Para explicarlo es necesario retroceder algunos años. Los Terna pertenecen a la División de Operaciones Especiales, también conocida como Escuadrón Verde, creado en el 2003. Este sector forma parte de la Región Policial Lima, y se le conoce como la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana. Su objetivo es luchar contra bandas criminales urbanas, marcas y atracos al paso, entre otros delitos. En los operativos que realizan, varios de ellos van vestidos de civil, camuflados para intervenir los delitos en flagrancia. Otros monitorean la operación y acuden como refuerzos, pero ya con indumentaria policial, detallaron las fuentes policiales.
No fue sino hasta el 2014 que el Grupo Terna alcanzó visibilidad y apoyo político durante la gestión de Daniel Urresti en el Ministerio del Interior (Mininter). El actual congresista de Podemos Perú es el verdadero ‘papá’ de los Terna: fortaleció la división con más personal y capacitaciones. Durante su paso por el Mininter, proyectó llegar a los 10 mil efectivos. De hecho, una brigada de policías franceses especializados en criminalidad llegaron al Perú para dar cursos de observación, vigilancia y seguimiento, adiestramiento en uso de armas de fuego, intervención de inmuebles y reducción de intervenidos a mediados de su gestión, aseguró el Ministerio del Interior aquel año.
Según Urresti, los franceses felicitaron a la PNP por el nivel de los Terna. En 2014 el ex ministro precisó al extinto programa Sin Medias Tintas que los Terna están enfocados en reducir índices de delincuencia común, camuflándose como civiles. Sus intervenciones son en el momento del crimen. “Solo están dedicados a la lucha contra la microcomercialización, los carteristas, los arrebatadores, y para eso no se necesitan estudios superiores”, indicó.
Vale decir que el actual ministro del Interior, Gastón Ramírez, lideró la Región Policial Lima en el 2018, sector al que pertenecen los Terna. Quien mejor que él, entonces, para entender que, con esas credenciales tácticas del grupo, no tendría sentido que acudan a las marchas. Por sus tareas y formación, no son policías entrenados ni preparados para controlar multitudes. Aún así, ya se ha hecho costumbre en Perú que se infiltren en las manifestaciones, donde se les ha acusado de ‘sembrar’ pruebas y detener arbitrariamente a manifestantes pacíficos.
Denunciados en redes sociales
Sudaca pudo contabilizar más de 50 fotos y vídeos difundidos durante la marcha del jueves, donde los protestantes denunciaban la presencia de los Terna. Se pueden apreciar agentes de la policía vestidos de civiles, en una tarea de infiltración entre los grupos de manifestantes. Se les acusaba, además, de intervenir arbitrariamente a la gente y azuzar a los protestantes para realizar vandalismo.
Estos reportes llegaron hasta las redes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Jan Jarab, representante del organismo para la región, constató casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civiles sin identificarse como tales. También instó a las autoridades peruanas a “poner fin a este tipo de procedimientos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”.
Al día siguiente de la primera marcha nacional, la PNP se pronunció al respecto, embarrando su credibilidad aún más:
En el punto cinco del documento, niegan la presencia del Grupo Terna como parte de la estrategia policial en la marcha. Como se observa en el siguiente vídeo, un sujeto vestido con una polera negra, jeans oscuros y zapatillas blancas se aleja de unos manifestantes que le reclaman su presencia dentro del grupo. Al sentir la presión de la gente, el policía decide sacar su pistola y disparar al aire para atemorizarlos. Sin embargo, no lo consigue y junto a un compañero suyo aceleran el paso para huir por el Centro Cívico.
El fotoperiodista Diego Miranda capturó una imagen donde se puede reconocer –a la izquierda– a un personaje vestido de forma similar al del anterior video. Junto a otros cuatro ‘compañeros’ suyos, intervienen a un manifestante horas antes del momento del disparo al cielo en el que el Terna habría escapado de la multitud
Lo negaron
En una entrevista a Willax TV el viernes, el ministro Gastón Rodríguez, admitió que el individuo de las fotos era un policía. Pero de la Montada –a caballo– y en su día de franco (descanso). En un pronunciamiento fuera del Hospital Almenara, Jorge Lam, subcomandante general de la PNP, reconoció la presencia de los Terna en el primer día de manifestaciones –después de la vacancia de Vizcarra–, pero no el jueves en la movilización nacional.
Lam explicó que la presencia de los Terna tras la vacancia tuvo como objetivo intervenir a infiltrados violentos entre las protestas. Esto para frenar los daños a la propiedad y la agresión con diversos objetos a la policía. De hecho, Rodríguez reconoció a Lam como el responsable de desautorizar la presencia del Grupo Terna durante una reunión general de directivos de la PNP al inicio de la manifestación.
Según Lam, solo se infiltraron los Terna el lunes para proteger a la gente y a la policía contra ‘otros infiltrados’. Entonces, si la marcha del jueves estaba reuniendo a miles de personas más y tendría mayores posibilidades de sufrir por infiltración de personas violentas, ¿ya por qué se retiraría a los Terna?
“[La presencia de los Terna] son un montón de versiones para desprestigiar a la institución encargada de velar por el orden interno”, dijeron el titular del MININTER y el líder máximo de la PNP en el transcurso de la semana. Mientras tanto, una chica grabó y publicó el momento exacto en que cinco efectivos policiales le piden retirarse del lugar, por encontrarse en una “zona de conflicto”. El video fue publicado el día jueves a las 11:33 PM.
Durante varios segundos, se puede observar que tres de estas personas llevan gorras con la palabra “POLICÍA” y en la visera llevan la palabra “TERNA”. Además, algunos utilizan chalecos sobre ropa de civil con la frase “INTAO TERNA” a la altura del pecho. Incluso, una mujer lleva la gorra policial, pero todavía sigue vestida como civil, en una pésima estrategia de camuflaje entre los manifestantes. La chica intervenida le exige que se identifique, pero esta persona nunca lo hace.
La estrategia de camuflaje de los Terna ya casi no es invisible para la gente, pero lo sigue siendo para las autoridades del gobierno saliente. Los reportes en las redes sociales dan cuenta de su presencia en la primera marcha nacional, y serían Rodríguez y Lam los responsables principales de autorizar su participación en las manifestaciones pacíficas. La represión policial tuvo varias caras. ¿Volverá a infiltrarse la PNP con los Terna entre las protestas pacíficas?
Una de las consecuencias de las últimas movilizaciones ha sido el retorno del debate sobre una nueva Constitución, como parte de las reformas que el Perú necesita de cara al bicentenario de su independencia. Si se requiere una modificación total o parcial de la Carta Magna, las vías más idóneas para lograrlo y los puntos específicos que demandan un cambio urgente son hoy –con más fuerza que en los últimos veinte años– parte de la discusión pública.
Y no es coincidencia que esto haya crecido con el descontento de los jóvenes, reflejado luego en las protestas a nivel nacional. Una semana antes de que el Congreso decida vacar al expresidente Martín Vizcarra, una encuesta de Datum reveló que el 56% de los peruanos estaba a favor de tener una nueva Constitución. Otro 27% dijo estar en contra. Entre quienes apostaban por el cambio, el 31% respondió que la principal razón es incrementar los castigos a los corruptos y el 25% señaló que no podíamos continuar con la Constitución concebida luego del autogolpe de Alberto Fujimori. Un 20% consideró que se deberían incluir mayores sanciones para los delincuentes.
La opinión ciudadana –que el lector puede juzgar justa, acertada, errada o extraviada– está sobre la mesa. A la par, se ha creado una nueva bancada en el Congreso que tiene un nombre bastante explícito, Nueva Constitución, y que se suma a similares pedidos –por ejemplo– del Frente Amplio. Así, es oportuno evaluar lo más conveniente para el país. ¿Qué camino es el más viable para los cambios que la Constitución requiere? ¿Cuáles son esas reformas urgentes? ¿Es necesario el cambio total o una reforma parcial?
Las vías
El abogado constitucionalista Luciano López recuerda a Sudaca que existen dos caminos para las modificaciones a la Constitución. El primero es a través del Congreso de la República: el artículo 206 contempla la posibilidad de que se puedan hacer reformas parciales. “Pero no soy partidario, los congresos nos han demostrado que son de visiones cortoplacistas, que se llevan por intereses de coyuntura, no han sido capaces de llevar una reforma política,el próximo parlamento que venga va a ser tan igual que este o el disuelto”, opina.
El especialista precisa que el otro camino es el referéndum: una consulta promovida por la ciudadanía. “La única posibilidad de hacer una reforma total con la Constitución actual es llamando a un referéndum. O que la presión ciudadana desemboque en una herramienta legal como el referéndum. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a convocar a referéndum”, señala.
López plantea que en esa convocatoria se consulte a la población si quiere una Asamblea Constituyente o quiere a una comisión que se encargue solo de reformas parciales. Él es partidario de la creación de una convención nacional que vea cambios específicos. “Un órgano que se dedique solo y exclusivamente a ver las reformas, terminan su trabajo y se van, plantean reformas hacia el futuro. Un Congreso no te va a ver algo así, al menos ya nos lo han demostrado”, dijo.
Su propuesta tiene un elemento clave: que el proceso no quede atrapado en el sistema político y partidario que nos llevó a la crisis. O, en otras palabras, que no sean los mismos políticos que han generado el caos del último mes los que redacten las reformas. Buscar independientes para que hagan el trabajo es un método que también podría aplicarse en caso se optara por redactar toda una nueva Constitución.
“Propongo que la convención se forme por voto popular con listas independientes para participar. De esa manera no te pones en manos de los partidos. Es más o menos lo que se hace en Chile, las elecciones para elegir a los miembros de su Asamblea Constituyente se van a hacer el mismo día que las elecciones generales en Perú, y ellos han elegido una fórmula en la que van a participar miembros de los partidos y listas independientes.Creo que podríamos buscar gente que no le interese estar en partidos pero le interese participar en una reforma estructural”, explica.
El constitucionalista dice que “lo rescatable del último quinquenio es que nos ha demostrado que el sistema político tiene una serie de fallas, no tiene como desahogar, por ejemplo, las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Tenemos un sistema demasiado parlamentarizado”.
El economista y exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Juan José Marthans, por su parte, tampoco le cierra las puertas a un referéndum como primera vía para una nueva Constitución. “Primero hay que definir qué se necesita modificar de la Constitución y en el caso extremo ponerlos a consideración de un referéndum, para que se defina si hay cambios o no, en qué espacios, en qué temas, y sobre eso se trabajen a nivel del gobierno o de Asamblea Constituyente las reformas del caso”, añade.
“Hay que propiciar el cambio de la Constitución con ciertos lineamientos. La que tenemos ahora lamentablemente se ha dado al amparo de uno de los gobierno más corruptos en la historia del Perú, eso no es una buena distinción para un peruano que tenga un mínimo de vergüenza democrática en el país”, asegura. El centro del debate pasa, entonces, del cómo –mediante cambios puntuales o un nuevo texto– al qué.
Principales reformas
¿Qué es exactamente lo que se debe cambiar de la Constitución? López considera que lo más conveniente es un cambio parcial, donde el tema prioritario son los capítulos vinculados a la estructura del Estado. “Ahí está la gran reforma, ahí sí hay que cambiar todo, requiere una profunda reforma”, dice.
“Al capítulo económico no le haría mayor modificación. La experiencia nos ha demostrado que el gran problema que tiene el Perú es la informalidad, entonces una buena estrategia puede ser establecer cambios constitucionales pero para incentivar del Estado una serie de obligaciones destinadas a la formalización de la economía”, agrega. En el capítulo 2, relacionado a derechos sociales y políticos, podrían hacerse ajustes vinculados al derecho a la salud, la seguridad social y las pensiones.
Marthans considera que la prioridad entre las modificaciones que necesita la Carta Magna está en el terreno político, pero no niega la posibilidad de que se cambie el capítulo económico. “La Constitución ha sido sistemáticamente violentada en todos sus capítulos, incluyendo el económico”.
Marthans hace un llamado sensato a los empresarios: “oponerse a una reforma va a ser un gran problema, ello podría exacerbar los ánimos, hay que ser inteligente”. “Lo ideal –matiza– es que en este último ambiente [el económico] se genere una reforma sin mellar los pilares básicos y el alcance de la definición de subsidiaridad del Estado. Creo que es esencial que se mantengan esos pilares a efectos de evitar un retroceso”.
Como primer punto a modificar propone la necesidad de reforzar los mecanismos que permitan evitar “niveles de concentración extremos” en mercados. Para eso hay que darle un rango constitucional a Indecopi, el ente regulador encargado de velar por la libre competencia, agrega. También afinar medidas para que el capítulo económico sea respetado por todos los agentes económicos, así como remarcar que el Parlamento no tiene posibilidad de iniciativa de gasto.
“Si es que se evalúa la posibilidad de una nueva Constitución, tiene que hacerse con mucho cuidado porque si se abre la posibilidad del capítulo económico y se afecta negativamente el rol subsidiario del Estado y la autonomía de ciertas instituciones con carácter institucional, entonces vamos a dar un paso atrás inmenso”, insiste.
Tanto López como Marthans son partidarios, en primera instancia, de hacer reformas puntuales al texto constitucional. Pero ninguno de los dos se horroriza con la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna, incluso si esta decisión parte del voto popular. El debate, tanto en las calles como en la clase política, está abierto. Toca abordarlo y no huir de él.
M.C. llegó a Lima, desde Bogotá, el 11 de enero en la aerolínea Viva Air. Viajó con su novio y asegura que ninguno de los dos ha recibido llamadas de seguimiento del Ministerio de Salud (Minsa) para verificar que están cumpliendo con su cuarentena. Hoy miércoles es su noveno día de confinamiento. Le quedan, teóricamente, cinco más.
Con Y.D. tampoco se ha comunicado aún el personal del Minsa. Ella arribó a Lima un día antes que M.C. desde La Florida, un estado que reportó más de 30.000 infectados el segundo día del año, según informó el New York Times. La segunda ola en Estados Unidos es gigantesca: solo dos días antes de su viaje, se contabilizaron más de 300.000 nuevos contagiados en ese país.
En un intento por dimensionar cuánto puede afectar al Perú el aumento de casos en el extranjero, Sudaca pidió a la Superintendencia Nacional de Migraciones el número de pasajeros que ingresaron al país vía aérea en lo que va de enero, así como las ciudades de origen de sus vuelos. La información, sin embargo, fue negada por la oficina de prensa. ¿La excusa? Que los datos −que normalmente sí son proporcionados como información periodística− son considerados sensibles en el contexto de la pandemia.
Pero la data ya publicada es, de todos modos, reveladora: según una nota de prensa del Minsa, 121.455 viajeros arribaron al país entre el 5 de octubre −cuando se reabrieron las fronteras aéreas para vuelos comerciales− y el 9 de diciembre. En ese periodo estuvo vigente un protocolo sanitario que estipulaba que el Minsa debía monitorear la aparición de síntomas que pudieran indicar casos positivos.
De ese monitoreo, apenas tres casos de Covid-19 fueron identificados por el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), organismo del Minsa encargado de hacer el seguimiento a la cuarentena de los pasajeros internacionales. Tres entre más de 120.000 equivale a un insignificante 0.0024%.Ese resultado es engañoso.
Los números detrás de los números
Según el Minsa, de octubre a diciembre se realizaron 186.807 llamadas al grupo de 121.455 viajeros mencionado líneas arriba. Con una división simple, eso implicaría menos de dos llamadas por pasajero a lo largo de su cuarentena, cuando el monitoreo debería ser diario. Este medio solicitó una entrevista con un vocero del Minsa sobre el tema, pero tras varios intentos no obtuvo respuesta. También pidió en numerosas oportunidades una entrevista con el director del Centro de Epidemiología (CDC), sin éxito.
¿Qué tan eficiente fue el seguimiento para afirmar que la “Reanudación de vuelos internacionales no tuvo impacto en incremento de casos COVID-19 en el país”, como tituló el Minsa la nota de prensa donde publicaba estos números? De las mencionadas 186.807 llamadas realizadas por personal del CDC del Minsa, solo el 55.37% fueron efectivas (es decir, contestadas). Así, solo se logró establecer comunicación con el 63% de los pasajeros.
Con ese porcentaje de efectividad, se identificaron apenas 610 casos sospechosos. Sin embargo, solo al 22,39% −menos de un cuarto− de ellos se le tomó alguna prueba, ya sea la molecular o la de antígenos. Al 68.36% no se le tomó muestra por “diversos motivos”. El 8.85% de los casos sospechosos no respondió el teléfono tras varios intentos. Y no hubo mucho más que hacer con ellos.
Quizá lo más preocupante son las conclusiones erróneas −como la del titular de la nota de prensa del Minsa− a las que puede llevar una metodología mal diseñada, que no contempla una recopilación diaria de los síntomas. La médico epidemióloga de la Cayetano Heredia Larissa Otero afirma que solo luego de tener a los viajeros en constante vigilancia se podría concluir que no están siendo una fuente importante de transmisión, si es que muy pocos o ninguno desarrolló la Covid-19.
Diseño: Leyla López.
¿Sigue la coladera?
Desde el 4 de enero, el gobierno peruano exige una cuarentena obligatoria de 14 días para todos los viajeros que ingresen al país. ¿Cómo se le hace seguimiento? A través de escasas llamadas telefónicas con un bajo nivel de efectividad. Lo escaso e ineficiente de este proceso puede cotejarse con los testimonios de viajeros a los que ha entrevistado Sudaca, quienes arribaron pasada esa fecha. Algunos no han recibido ninguna llamada y, los que sí, aseguran que se trató de una o −en el mejor de los casos− dos.
“Eso es muy grave. Si efectivamente eso es real, es crítico, porque otra vez volvemos al tema de la responsabilidad individual”, opina Theresa Ochoa, médica infectóloga y profesora asociada de Epidemiología en la Universidad de Texas en Houston. “De nada nos sirven estas normas [cuarentena obligatoria para los viajeros] si el individuo no va a ser consciente de que sus acciones pueden tener una repercusión en general, para infectar a otras personas”, agrega.
“Creo que monitorizar los síntomas a diario es importantísimo”, dice Larissa Otero. También apunta que, por eficiencia de recursos, eso se podría hacer a través de una web o app a la que los viajeros estén obligados a reportar sus síntomas. Luego solo se llamaría a los que no cumplen con el monitoreo o que sí presentan algún síntoma y, como refuerzo, podría haber un contacto telefónico aleatorio con parte de los que cumplen con su reporte diario. “Esto debería usarse para viajeros y para contactos cercanos”, agrega. En el protocolo de octubre se estipulaba que los pasajeros deberían realizar un ‘autotriaje’ a través de un aplicativo del Minsa. Ninguno de los viajeros consultados por Sudaca fue informado de dicho aplicativo.
Este lunes, L.L. y su familia acabaron su confinamiento. Llegaron a Lima el mismo 4 de enero, cuando empezaba a regir la cuarentena obligatoria por dos semanas para los viajeros internacionales. Ella dice simplemente no entender cómo controlan la cuarentena, pues en su casa son tres los que viajaron y solo llamaron a su esposo y a su hijo en una oportunidad a cada uno. A ella, en ninguna.
Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso pueden ayudar. Al igual que Perú, Chile también ha normado que los viajeros que ingresen al país deben realizar una cuarentena obligatoria. La diferencia es que el seguimiento chileno sí es diario: según estipula la normativa local, los viajeros reciben cada día un correo con una encuesta sobre su estado de salud y su ubicación, a la par de tres recordatorios de que deben llenarla como parte de su declaración jurada. Sudaca pudo confirmar, de acuerdo a experiencias de viajeros chilenos, que dichos mensajes y recordatorios llegan diariamente.
Diseño: Leyla López.
Los aeropuertos, focos infecciosos
“Recuerdo el caso de dos chicas: se hicieron pruebas el viernes en Estados Unidos, con resultados negativos. Viajaron el sábado. El martes las dos tenían pruebas positivas. Se infectaron o en el aeropuerto en Estados Unidos o en el avión o al llegar, no se sabe, pero se infectaron”, apunta el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo. Aunque es algo que las aerolíneas preferirían no decir, el especialista considera que los aeropuertos sí son focos de contagio para personas que han dado negativo a las pruebas antes de tomar sus vuelos. Por norma, estas deben realizarse hasta 72 horas antes del viaje.
M.C. cuenta, por ejemplo, que cuando partió a Colombia, a fines del año pasado, no le exigieron usar protector facial. A los aeropuertos llegan personas que viajan a diferentes destinos, cada uno con sus propios protocolos. Antes de abordar, los viajeros deben compartir colas, procesos y salas de espera. Pero para M.C. los patios de comida son los lugares más riesgosos. Los viajeros se quitan la protección para comer, cerca de otros pasajeros. No escapa a este párrafo el Jorge Chávez.
Los pacientes demoran en promedio cinco días en manifestar sus síntomas, pero pueden contagiar a otros individuos desde antes, explica la infectóloga Theresa Ochoa. Un viajero podría creer, durante todo su trayecto, que no está infectado. Mientras en realidad está, además, contagiando a otros. Para saber si se estuvo o no frente a un viajero agente de contagio, la calidad del seguimiento de su cuarentena es clave. Es la única forma de conseguir un mapeo más acertado de los posibles infectados que llegan de otros países. Pero ya vimos que la calidad del seguimiento en el Perú no es muy útil.
Geolocalización: ¿real o no?
Al ingresar al país, M.C., Y.D. y L.L. llenaron y firmaron una Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización de su celular. La declaración y la autorización aparecen en la web de Migraciones en un solo formulario. ¿Se realiza o no esa geolocalización para controlar que los pasajeros recién llegados no estén violando su cuarentena?
Fuentes del Minsa dijeron a Sudaca que la geolocalización no se efectúa. Las personas positivas a Covid-19, hayan sido identificadas en el Jorge Chávez o luego, sí tendrían un seguimiento diario, aseguraron las mismas fuentes, que pidieron anonimato por no tratarse de voceros oficiales o autorizados. Recordemos, sin embargo, que de octubre a diciembre solo se identificaron tres positivos entre más de 120.000 viajeros.
“Ahora con los sistemas electrónicos no debería ser tan difícil [implementar una vía de seguimiento a los viajeros]. Uno lo registra con el código de pasaporte o DNI, sus datos deberían entrar a una base [de datos], se registra su celular, lo compruebas en ese momento, y registras otros celulares de back-up“, sostiene Larissa Otero.
Los viajeros entrevistados por Sudaca tampoco recuerdan que el personal sanitario que verificó su declaración jurada al ingresar al país haya comprobado su número de celular. En su cuenta de Twitter, la periodista Alejandra Cruz llamó la atención, además, sobre la obligatoriedad de proporcionar un teléfono fijo, cuando muchos ya no tienen uno. “Creo que coloqué el de mi abuela”, dijo Y.D, por ejemplo.
A la deriva
Sin una recopilación diaria y sistemática de los síntomas de los viajeros internacionales, se deja a la deriva su seguimiento epidemiológico. La necesidad del Minsa de cambiar de metodología, a una que sí sea eficiente, es clara. Pero también hay otra urgencia: “insistir en la educación sanitaria para que seamos conscientes de cómo debemos actuar”, opinó la infectóloga Theresa Ochoa. Ella lo plantea como prioridad frente a la opción de volver a cerrar fronteras, por ejemplo. “Cualquier medida es imperfecta si la gente no cumple bien”, reflexiona su colega Eduardo Gotuzzo.
“Tenemos que apelar a ese sentido de la responsabilidad, es un sentido moral. Uno no quiere contagiar a otras personas. La gente dice: no va a pasar nada, prefiero que ya me dé Covid. ¿Pero de dónde creen que se contagiaron los que han muerto?”, cuestiona Larissa Otero.
El último viernes 8 de enero la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó la primera detección de una persona portadora de la variante británica del virus. Una persona que reside en Perú. Lo más probable es que la variante haya entrado por el aeropuerto. Con un seguimiento epidemiológico más eficiente de los viajeros internacionales, un mejor rastreo de los contactos portadores de esa variante habría sido posible.
Con su startup ha creado una innovadora forma de vender pescados frescos vía online. Pero para lograrlo, ha tenido que vencer estereotipos y al machismo que asegura que las mujeres, no pueden pescar.
Pucusana es un nostálgico balneario ubicado a 58 kilómetros al sur de Lima. En esta añorada caleta y rodeada de lanchas que parecen reposar sobre un manto platinado se encuentra Karin Abensur, una pescadora artesanal de 37 años que, como hija del mar, pretende hacer una oceánica revolución: empoderar a la mujer, luchar contra el hambre y fomentar la pesca sostenible en el país con su emprendimiento, Karin Ecofish.
Karin Abensur Montes de Oca fue la primera pescadora artesanal de la playa Punta Hermosa. Su historia con el mar comenzó cuando tenía doce años y entró por primera vez al océano acompañada de una tabla de surf. Ahí, surcando las olas, cayéndose y levantándose, entabló amistad con los pescadores. Aprendió sobre sus faenas, sus anécdotas. La dura vida del mar que la cautivaron y la motivaron a estudiar ingeniería pesquera en la Universidad Agraria La Molina y, para que ahora creara Karin Ecofish, su negocio online de venta de pescado fresco fileteado, envasado al vacío y con reparto a domicilio.
“Cuando entré al mar de Pucusana lo hice con un pescador que era muy conocido aquí y se hizo mi pata. Como estaba a su lado, todo el mundo lo miraba. No era bien visto que las mujeres entren al mar, de madrugada y a pescar. Entonces él les respondía: “¿Qué les pasa? ¡Es mi hija!”. Y todos callaban”, cuenta Karin.
Pero un día el pescador se fue y ella se quedó sola. La gente le preguntaba por su supuesto padre y ella respondía: ‘Él me ha mandado sola porque ya aprendí. Si no hubiera sido por él, hubiera sido más complicado ingresar a este mundo”, recuerda.
A Karin le ha tocado imponerse en un mundo dominado por hombres y el machismo. Por eso se ha encargado de luchar contra los estereotipos, esa batalla silenciosa que aún nos queda por ganar.
“Todos los seres humanos merecemos respeto y eso quiero lograr con Karin Ecofish: la igualdad. No porque soy mujer tengo que aceptar que me falten el respeto. Yo me siento con las mismas capacidades que cualquier hombre de mar”, refuta, quien fue elegida Pescadora artesanal del año 2018 por el Ministerio de la Producción. ¿Los argumentos? impulsar la pesca sostenible. ¿Qué la enamoró del mar?, le preguntamos.
“Estar en contacto con la naturaleza es más placentero que escuchar los cláxones de la ciudad. Mi meta siempre ha sido dedicarme a la pesca”, dice.
La mujer y el mar
Karin trabaja de la mano con las fileteadoras de Pucusana. A través de su empresa social no solo se encarga de darles trabajo sino de empoderarlas, capacitarlas y darles empleo para que logren una independencia económica que les permita valerse por ellas mismas.
“¿Por qué todo es para el pescador? Todo es para el hombre pescador, cuando estas señoras están fileteando y con las manos mojadas desde las 2am”, reclama, en el puerto de Pucusana.
Para el 2021 Karin Ecofish tiene dos nuevos proyectos. El ingreso de nuevos e innovadores cortes de pescados como pejerrey y especies de estación, como el bonito y el perico. Además de hacer hamburguesas de lomo de bonito y cortes parrilleros.
Los nuevos productos a base de pejerrey serán posibles gracias a que en noviembre del 2020, Karin Ecofish fue beneficiada con los fondos del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.
Además, con su proyecto busca que el consumo del pescado se incremente. Para la FAO, el objetivo al 2025 es que el peruano consuma 27.6 kilos de pescados al año. Actualmente es de 17.4 kilos.
Pero para que Karin, sentada sobre su bote, pueda contar ahora su historia tuvo que pasar duras batallas. Sufrir derrotas, golpes de ola capaz de tumbar al nadador más cuajado.
No solo tuvo que vencer los prejuicios de que las mujeres no pueden ser pescadoras. También batalló contra las altas tasas de interés de los bancos que le impedían (o le dificultaban) acceder a préstamos para potenciar su negocio, además de luchar contra la informalidad de la pesca artesanal en el Perú.
Pero enfrentó esas batallas y su startup se ha convertido en una de las más innovadoras del país: ofrece ocho tipos de cortes de pescado listos para cocinar. Vienen congelados y sellados al vacío. Los cortes más solicitados son: Ceviche, Tiradito, Escabeche, Sudado, Jalea. La comercialización es vía web y los clientes pueden programar sus compras y a la vez saber el origen de los productos que están adquiriendo. Y de paso, conocer las historias de las personas que hicieron posible que aquellos productos estén en la mesa. La distribución de sus productos es directamente a la puerta de sus clientes.
Más de 1000 pescadoras
En el Perú existen más de 76 mil pescadores artesanales, según el Ministerio de la Producción. De ese total, unas 1300 son mujeres. Con un universo tan grande de pescadores, le preguntamos a Karin ¿Cómo logramos una pesca sostenible?
“Hay que fomentar la pesca responsable. Hay que ponerse la camiseta como pescador, como consumidor y también como vendedor y no fomentar el consumo del lenguado, de la chita y la corvina”, dice. Y agrega: “Son especies que viven 40 años, no los puedes matar al año porque estas colaborando a que desaparezcan”, señala.
No volver a ver una especie es cruel. Por eso Karin pretende formar la Asociación de Pescadores Responsables y que se sumen los pescadores de todo el litoral. La hora de la pesca sostenible, llegó.
Así es Karin Abensur Montes de Oca, una pescadora artesanal que lidera su propia revolución. Una mujer que rompe con los moldes, la hija del mar que desde su espacio ha sabido quebrar estereotipos, dar empleo y levantar la bandera de la sostenibilidad. Su voluntad, es tan grande como el mar.
Dato:
Los pedidos a Karin Ecofish se pueden hacer vía redes sociales. Facebook: @karinecofish1234. Instagram: karin_ecofish. Whatsapp 987104168.
Lucía Guevara tiene 43 años y ha sido trabajadora del hogar desde los nueve. Cuando comenzó la cuarentena no pudo salir de su lugar de trabajo durante dos meses. “Normalmente [antes de la pandemia] trabajaba doce horas diarias. En la cuarentena tuve que quedarme a cuidar a tres adultos mayores, los cuales tenían miedo de que los contagie. Tuve que hacer todo tipo de servicios y aumentaron las labores por el mismo sueldo. El estrés era demasiado. Prácticamente me quedé encerrada en el trabajo”, cuenta.
La casa en la que Lucía trabaja no está habilitada para alojar permanentemente a más personas. Ella tuvo que improvisar para poder dormir, bañarse, comer o contar con un poco de privacidad. “Lo básico que una trabajadora del hogar necesita es tener un baño propio. Una empleadora jamás permitiría compartir el mismo wáter con su trabajadora”, menciona Guevara. Además, se vio en la obligación de atender todo el día a sus jefes. Llegó, incluso, a no dormir.
Durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 el silencioso problema de las trabajadoras del hogar se ha agravado: despidos intempestivos, aumento de la carga laboral, reducción de sueldos, discriminación, retención en sus lugares de trabajo y falta de protocolos de seguridad. Esos son apenas algunos de los problemas a los que más de una se ha visto expuesta.
Carmen Almeida, dirigente del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima (Sinttrahol), asegura que los derechos de las trabajadoras se han visto gravemente vulnerados. “La situación para nosotras ha sido muy crítica. El 80% de nuestras compañeras fueron despedidas. Otras quedaron prácticamente secuestradas en sus propios trabajos y a muchas les han reducido los sueldos”.
Se trata de números preocupantes recopilados por más de un gremio. La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú (Fenttrahop) calculó en septiembre que 6 de cada 10 trabajadoras del hogar habían sido despedidas, según El Comercio. Sudaca ha recopilado algunas de las historias detrás.
Denuncias laborales en pandemia
Catalina Robles (es un seudónimo, a pedido suyo), de 46 años, es trabajadora del hogar desde que tiene memoria. Su último trabajo durante la pandemia fue en una casa en Ate, en septiembre, y duró solo 4 días. “Me dijeron que me encargaría de la limpieza, cocina y lavado de ropa para tres personas. Cuando llegué, me di con la sorpresa de que eran cinco. Yo estaba mal del brazo. Pese a ello, la señora me obligaba a lavar la ropa a mano. No aguanté más. En la agencia que me contrataron me dijeron que me pagarían S/1000, pero luego los empleadores me pagaron menos porque decían que tenían que evaluar primero mi trabajo. Tampoco me querían dar el contrato. Solo cuando lloré y supliqué, me mostraron una parte”, recuerda.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es el ente encargado de supervisar y fiscalizar que se cumplan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: condiciones de trabajo dignas, entrega de implementos de bioseguridad por parte de los empleadores, pago de horas extra por encima de las 48 semanales, gratificaciones, CTS. Todos estos derechos están recogidos en la nueva Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, publicada en octubre. Según la Sunafil, sin embargo, del 16 de marzo al 28 de septiembre recibieron apenas 36 denuncias de trabajadoras del hogar, de las cuales 18 se dieron en Lima Metropolitana. Lo cierto es que pocas llamadas a la central de denuncias terminan en un proceso de inspección.
Almeida, por ejemplo, reclama que en estos meses llamaron a la Sunafil para reportar 16 casos. No consiguieron que se abra un solo proceso de inspección. En el último mes también fueron ignoradas: enviaron seis denuncias mediante la plataforma virtual de la entidad, pero no obtuvieron respuesta. “Cuando llamaba, decían que en ese momento no tenían inspectores que pudieran salir a la calle, porque no tenían los equipos de protección personal. La Sunafil me decía que llamara a la Policía para que intervenga la casa en la que trabajaba la compañera y que pida que se la lleven”, afirma.
Esto lo confirma Lucía, quien intentó denunciar y no tuvo respuesta. “Cuando pasaron 60 días en los que estuve encerrada en la casa de mis empleadores, llegué a mi tope de estrés. Los señores salían a la calle todos los días y no se cuidaban. Yo vivía con miedo a que me pudieran infectar. Llamé a Sunafil, pero nadie contestó. Necesitaba que alguien tome mi llamada y pueda constatar que yo estaba ahí trabajando por si me contagiaba”, cuenta.
Denunciar ante la Policía o iniciar un proceso judicial puede llegar a ser imposible para una trabajadora del hogar. “Es muy difícil para ellas. Hay diversas trabas para constatar los hechos, en la medida en que no se puede entrar fácilmente en una casa o no existen las pruebas suficientes. En ocasiones, la trabajadora del hogar ni siquiera conoce el nombre completo de su empleador. Además, es un sector económico con remuneración básica, por lo que no se puede dar el lujo de costear un proceso judicial”, explica la abogada laboralista Andrea Chávez.
El riesgo de volver al trabajo
María Salazar tiene 45 años y trabaja desde que tenía ocho. El 12 de marzo sus empleadores la mandaron a su casa porque comenzó a tener síntomas de Covid-19. “Se enteraron que tenía la enfermedad y desde ahí no he vuelto a trabajar”, cuenta. ¿Se ha establecido algún mecanismo seguro para que las trabajadoras del hogar retomen sus labores?
Con los protocolos para la nueva normalidad y la reactivación económica, en junio el Ministerio de Salud (Minsa) promulgó dos resoluciones ministeriales: la RM N°377-2020, que obliga a cada empresa a elaborar, registrar y entregar a cada trabajador un protocolo de vigilancia, control y prevención contra el Covid-19; y la RM N°448-2020, que contiene los lineamientos de bioseguridad para la prevención del Covid-19 que deben seguir todos los empleadores y trabajadores. Ambas resoluciones incluyen los servicios de limpieza y asistencia en el hogar. Es decir, a las trabajadoras del hogar.
Cuatro meses después de que iniciara la reactivación de las actividades laborales, en octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar la propagación del Covid-19. Este documento no es un protocolo de bioseguridad, sino una guía básica de consulta para que los empleadores de las trabajadoras del hogar puedan elaborar uno propio.
Sin embargo, la demora del ministerio y la deficiente fiscalización de Sunafil puso en riesgo a las trabajadoras. El Sinttrahol tuvo que realizar un protocolo propio con recomendaciones básicas. “Los empleadores no han sido cuidadosos con la salud de las trabajadoras del hogar. Así como ellos, también tenemos familia y no queremos contagiar a nuestros hijos y padres. Realmente nos cuidamos como podemos. Nosotras mismas compramos todos los implementos de desinfección”, indica Almeida.
Sálvese quien pueda
A pesar de los esfuerzos, el constante contacto con las familias y personas a las que atienden expone a las trabajadoras a mayores riesgos que los de otros empleos. Los jefes no siempre respetan el distanciamiento social y tampoco quieren asumir los protocolos. “Fue un lío porque la señora dice que no está obligada a pagar una prueba Covid. Yo compro con mi propio dinero las mascarillas, porque ella no me ha dado nada, ni lo va a hacer. Dice que no le corresponde”, afirma Lucía.
Además, por la naturaleza de su labor, las trabajadoras no pueden estar todo el tiempo con la protección correspondiente. “Normalmente utilizamos la mascarilla [en el trayecto] de nuestro hogar al lugar de trabajo. Nos cambiamos los zapatos y la ropa al entrar a la casa de la empleadora. Muchas empleadoras nos obligan a permanecer con la mascarilla, pero si estás cocinando debes probar lo que haces. No vas a ir a la cocina con mascarilla, ¿no?”, comenta Almeida.
La necesidad de generar ingresos es lo que las lleva a someterse a este tipo de prácticas, que ponen en riesgo su vida y la de sus familias. “Les hablo a mis empleadores del protocolo de seguridad, pero a ellos no les importa. Al final les dije que cada uno se cuide como pueda. Si nos vamos a morir, lo haremos juntos, porque yo ya me cansé”, finaliza Lucía.
A pesar de los protocolos ministeriales y del esforzado trabajo de sus gremios, la realidad es cruda: al final, la mayoría de trabajadoras debe cuidarse sola. Durante estos meses, muchas de ellas han tenido que lidiar con sus empleadores como una carga –antes que una ayuda– para su seguridad sanitaria. Y lo han hecho sin el apoyo de la Sunafil ni la supervisión efectiva de sus derechos. Los riesgos de la pandemia seguirán en el Perú, por lo menos, durante varios meses. ¿Seguirá la silenciosa batalla de las trabajadoras del hogar por cuidarse en casas ajenas?
“Saldo insuficiente”, decía el aparato. Era su turno de pagar en la cola del supermercado y la cajera le dio la noticia. Mayra Moncada desbloqueó su celular, ingresó a su Banca Móvil y vio allí el registro de dos movimientos recientes que no recordaba. Eran dos transferencias de dinero por S/280, hechas desde Yape, la billetera móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP), que permite enviar dinero con solo saber el número telefónico del destinatario afiliado a la aplicación. Para salir del problema, aunque confundida, Mayra tuvo que pagar con su otra tarjeta.
“Saldo insuficiente”. Violeta Ordoñez, (usaremos un seudónimo a pedido de ella), recibió ese mismo mensaje en la ventanilla de una de las agencias del BCP. Le informaron que S/1.900 habían salido de su cuenta a través de quince ‘yapeos’. Su recelo frente a atajos digitales, hacía que retirar su dinero por ventanilla fuese su elección constante. “Yape”, “yapear”, “yapera” o “yapéame”, le resultaban palabras extrañas. Ni había descargado ni se había afiliado a la aplicación del BCP, lanzada al mercado en 2017 y promocionada este año pandémico como una vía ‘segura’ para evitar el contacto con el efectivo.
No lo sabían en su momento, pero ambas serían parte de las decenas de casos de ‘yapeos’ o transferencias fraudulentas que provocaron un comunicado público del banco el último 16 de diciembre. Para entonces, múltiples testimonios habían aparecido en Facebook e Instagram, y Twitter se había vuelto un hervidero de usuarios que denunciaban operaciones no reconocidas. Se trataba de transferencias que habían sido realizadas a través de Yape, no por los clientes, pero con cargo a sus cuentas bancarias en el BCP.
Sobre los comentarios circulados en los últimos días sobre el BCP y Yape, queremos comunicar lo siguiente: pic.twitter.com/brUCvkvqru
Han transcurrido diez días desde ese comunicado y el escándalo mediático se ha apagado lentamente. Sin embargo, los clientes que fueron afectados (y el público en general) aún no han sido informados en detalle sobre cuál fue el fallo en la seguridad de la aplicación y qué medidas se han tomado para revertir esa brecha. Lo único que pone el BCP en su comunicado es que ha “reforzado de manera inmediata” sus “protocolos de afiliación a Yape”. No detalla cómo, ni exactamente qué falló.
Sudaca solicitó entrevistas con representantes del BCP, Yape y la Superintendencia de Banca (SBS), pero ninguno de estos tres actores clave accedió a hablar. El BCP aceptó responder preguntas por escrito, pero luego de recibirlas dijo que por falta de tiempo no las contestaría. Yape señaló que el comunicado del miércoles 16 se mantenía como la única comunicación oficial que emitirían sobre el caso. Y la SBS únicamente precisó que estaba “viendo que se le devuelva el dinero a todos los afectados. No solo a los que denuncian, sino a todos”.
El último sábado, Violeta Ordoñez presentó su reclamo al BCP y continúa a la espera de una respuesta. A Mayra Moncada el BCP le depositó el dinero de los dos “yapeos” no reconocidos, pero con ello no le devolvió la confianza en la seguridad de sus productos. Retiró inmediatamente todo el saldo de su cuenta sueldo en el banco y continúa preguntándose cómo terceros tomaron el control de su dinero. “Debo agradecer que el banco respondió a mi reclamo, pero no me explicaron qué pasó”, precisó en uno de sus tuits al BCP.
Una vulnerabilidad con antecedentes
No es necesario ser titular de la línea del teléfono que se afilia a Yape: esa fue la primera vulnerabilidad advertida por los especialistas que ha consultado Sudaca. Y la primera puerta abierta para lo que el propio banco mencionó en su comunicado: “Algunos clientes del BCP que no estaban afiliados a Yape fueron afilados por delincuentes a este servicio en celulares de terceros, sin su consentimiento”.
Carlos Guerrero, abogado especialista en temas de ciberseguridad, identificó un patrón entre el caso de Yape y lo que ocurrió en mayo con el Bono Familiar Universal (BFU) que repartió el gobierno, cuando terceros cobraron bonos que no les correspondían. ¿Cómo? Luego de burlar el primer cerco de seguridad, al ingresar los datos requeridos del DNI, los delincuentes consignaban cualquier número de celular para recibir la clave que finalmente les permitía cobrar el dinero.
Para más detalles, en el artículo “Lo que nos enseña la suplantación y robo a los beneficiarios del Bono Familiar Universal“, Miguel Morachimo, máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford, detalla el paso a paso del delito. Tras una ola de reclamos, el Ministerio de Inclusión Social incorporó el requisito de que el beneficiario del bono debía consignar un número de celular del cual él fuese el titular o lo fuese un familiar.
“Si en el BCP hubieran tomado esa precaución, esta situación [las transferencias fraudulentas a través de Yape] no podría haber ocurrido. Es eso lo que habría hecho la diferencia, porque no habría sido posible que un tercero, aun con toda la información robada, pueda transferir dinero desde Yape”, dijo Carlos Guerrero.
Genghis Ríos, director de transformación digital del departamento de Ingeniería de la PUCP, sugirió una segunda opción para reducir la posibilidad de que delincuentes afilien y suplanten a clientes del banco: permitir que los usuarios solo puedan afiliarse a la billetera móvil con un número previamente registrado en el BCP. Esto serviría para aquellos casos de personas que, por la razón legal que fuere, utilizan un celular registrado a nombre de una empresa -en la que trabajan, por ejemplo- o de otra persona.
Surge la interrogante, entonces, sobre qué predominó al interior del banco al momento de desarrollar candados para su billetera móvil: si el objetivo de sumar más yaperos a los millones que ya tienen o el de brindar el más alto nivel de seguridad a sus clientes.
¿Y qué predomina ahora, que la aplicación ya fue vulnerada? Que el BCP y Yape coloquen alguna de las dos restricciones mencionadas (u otras de ese tipo) luego de lo sucedido en el caso del Bono Familiar Universal o, al menos, luego del perjuicio reciente a sus clientes sería lo esperable. Sin embargo, Sudaca pudo constatar que no lo han hecho. Este medio hizo seguimiento al caso de una clienta del BCP que se afilió a Yape esta semana desde la línea telefónica de un tercero, sin inconvenientes. La falta de precisión del banco en explicarle a sus clientes qué falló y exactamente cómo lo han solucionado, además de su negativa a dar una entrevista, abre la puerta a muchas preguntas y pocas certezas sobre la seguridad actual del aplicativo.
De acuerdo con la experiencia de la clienta mencionada, cuyo nombre permanecerá en reserva por temor a alguna represalia del banco, las únicas medidas de seguridad tomadas son permitirle ‘yapear’ al usuario recién después de 48 horas de su afiliación y enviarle paralelamente un mensaje de texto al titular de la tarjeta. El SMS le notifica que su plástico fue registrado en Yape y le sugiere bloquearlo de no reconocer dicha afiliación.
Mensajes recibidos por la usuaria que se afilió con una línea de la cual no es titular y que este medio monitoreó.
Ese, sin embargo, es un aviso que puede perderse si el titular de la tarjeta no visualiza el SMS, ya sea por distracción, porque tuvo apagado el celular o, incluso, porque le robaron el celular o dejó de utilizar el número al que el BCP le escribió.
La ausencia de dos niveles de seguridad
Ríos, del departamento de Ingeniería de la PUCP, analizó para Sudaca los Términos y Condiciones de Yape y evaluó cuán segura es su forma de solicitar al usuario que certifique fehacientemente, o autentique, su identidad al afiliarse al aplicativo. “En el contexto de la autenticación [digital] existen hasta tres métodos: “Lo que sé”, como una contraseña; “Lo que tengo”, como un token, por ejemplo; y finalmente “Lo que soy” que se refiere a la biometría, con el reconocimiento digital de alguna parte del cuerpo humano. Esos tres juntos representan un nivel bastante fuerte de autenticación del usuario”, explicó el ingeniero electrónico.
Para aquellos que se afilian a Yape con una tarjeta de débito o crédito del BCP, los datos solicitados son, además del número de DNI: 1) el número de dicho plástico, 2) su fecha de vencimiento y 3) la clave de cuatro dígitos del cajero. El usuario establece además una clave de seis dígitos que tendrá que ingresar para efectuar cada ‘yapeo’. “Todo esto se queda en el nivel de ‘lo que sé’”, precisa Ríos y agrega que para una entidad, en este caso el BCP, ese es el nivel más fácil de implementar de los tres.
“Señorita, no entiendo cómo han podido obtener esos datos. No lo entiendo. Si la tarjeta ha estado conmigo”, recuerda haberle dicho Mayra Moncada a la teleoperadora que le ayudó a bloquear su tarjeta luego del inconveniente en el supermercado. Esa pregunta abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo: que los delincuentes hayan obtenido ilícitamente bases de datos de los números de las tarjetas y los datos personales de sus titulares; que hayan conocido las claves secretas a través del envío de mensajes falsos (conocidos como pishing, vía correos electrónicos, o mishing, vía SMS), supuestamente del banco, que solicitan la actualización de la clave del cajero; o que hayan usado un algoritmo para probar distintas combinaciones hasta dar con el número correcto.
Sumar a una contraseña el uso de un token a través de un dispositivo externo brindado por el banco correspondería al segundo nivel. El reconocimiento de una huella digital mediante la tecnología biométrica ya disponible en muchos smartphones completaría el tercero, detalla Genghis Ríos. Y advierte que en los Términos y Condiciones del aplicativo solo figura la incorporación de la biometría digital como una posibilidad futura. “Al menos para los usuarios que sí tienen ese tipo de celular [de gama alta, que les permite el reconocimiento dactilar] sería ideal que se pueda activar esa opción”, opina.
Tan solo este año el uso de Yape ha crecido 700%, alcanzando más de 25 mil nuevos usuarios diarios, según declaró a finales de noviembre un vocero del banco a Andina. Solo ese mes se esperaba mover más de un billón de soles. Con esas dimensiones, mejorar la seguridad del aplicativo en distintos niveles debería pasar a ser una prioridad en su estrategia de desarrollo.
La YapeCard
En su comunicado anual a todos sus clientes, el gerente general del BCP, Gianfranco Ferrari, sostuvo que en el 2020 se enfocaron “en lanzar nuevas funcionalidades pensando en facilitarles la vida de manera segura, rápida y fácil”. Por eso, agregó: “Lanzamos YapeCard, para apoyar a las personas no bancarizadas e incluirlas financieramente por primera vez en sus vidas”. La tarjeta permitía abrir un Yape sin vincular la cuenta bancaria del cliente, lo que constituía una opción para aquellos que querían tomar una medida extra de precaución.
Sin embargo, ni eso fue suficiente garantía. Mayra Moncada cuenta que meses antes de sufrir los robos, se había afiliado a Yape con su DNI, y que realizaba las transferencias a través de la YapeCard. “Precisamente porque no quería tocar mi cuenta, yo solamente me registré con mi DNI y con la modalidad de la YapeCard, una tarjeta tipo prepago que debía ser recargada”.
¿Qué pasó? Para que los yapeos aparezcan en el registro de movimientos de su Banca Móvil BCP —es decir, sean cargados a su cuenta bancaria— los delincuentes habrían generado otra afiliación a Yape, solo que esta vez con los datos de su tarjeta, explican los expertos.
Muy posiblemente quienes fueron víctimas de estos robos vía Yape y tenían contratado el “Seguro de Protección de Tarjetas” pensaron que estaban cubiertos ante este tipo de eventos. Pero se dieron contra la pared.
Recién este año, en febrero, la aseguradora Pacífico, compañía vinculada a la misma familia que dirige el BCP y con la que trabaja el banco, lanzó al mercado el “Seguro de Protección de Tarjetas Plus” que sí ofrece la cobertura de este tipo de robos por un máximo de S/15 mil, precisó a Sudaca Carlos Acosta, abogado especializado en seguros y máster en economía y derecho de consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha.
La póliza del nuevo seguro consigna: “Transferencias de dinero no reconocidas por el asegurado realizadas a través de canales virtuales válidos y proporcionados a su favor por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ” a raíz de robo, hurto, pérdida o cambiazo de tarjetas, secuestro o fraude por internet.
“Eso es importante porque esta connotación es algo que no estaba presente en el anterior seguro. Es decir, estamos ante una cobertura distinta y nueva”, consideró Acosta, quien a su vez llamó la atención sobre que este nuevo seguro solo cubre un evento de este tipo al año.
“Parece chiste decir que ellos cuidan mejor tu dinero que el BCP pero relativamente es cierto”, escribió una usuaria de Twitter este miércoles, solo unos minutos después de la comunicación del gerente general del banco Gianfranco Ferrari con sus clientes. Jimena Rodríguez acompañaba sus 92 caracteres con la foto de estas alcancías.
Foto: Jimena Rodríguez
De acuerdo o no con Rodríguez, se trata de la sensación de desconfianza aún presente en redes sociales. En el mismo muro de Facebook donde Yape festejaba, el 11 de diciembre, haber llegado a los cinco millones de yaperos hoy abundan los comentarios solicitando con urgencia la desafiliación del aplicativo.
Al autor de esta nota siempre le ha parecido interesante el concepto ‘hogar’. Era mayo del 2019 y Renzo Ratto lo llevaba caminando por las instalaciones de Matute, tras una entrevista para una nota sobre asuntos administrativos. El levante de la misma ya estaba definido y se sostenía básicamente en cifras. No había muchas más vueltas que darle al tema.
Pero el entonces administrador temporal de Alianza Lima había insistido varias veces en mostrarle la nueva zona acondicionada para los jugadores de las menores. Para entonces, el autor de esta nota ya tenía un par de años de experiencia con gerentes entusiastas. En el periodismo económico, por alguna razón, los grandes empresarios creen que pueden inclinar el enfoque de un artículo paseando al reportero por las instalaciones de su fábrica. El autor de esta nota aceptó con su mejor cara de entusiasmo. Debía corresponder la amabilidad de haber concedido la entrevista.
El paseo fue, en su mayoría, absolutamente olvidable. Una cancha sintética es la misma donde sea que se encuentre, y el mediodía limeño estaba tan gris como de costumbre. No había una sola razón para agregar mayor detalle de ello a un artículo sobre finanzas deportivas. Cuando ya parecía hora de partir, sin embargo, tocó entrar a la residencia de menores. Es un pabellón blanquiazul en el lado norte del estadio. La gestión de Ratto terminó de renovarlo a inicios del 2019.
Los chicos que aparecieron en la escena son, en su mayoría, la principal esperanza de sus familias para salir adelante. Muchos vienen de provincia y apenas tienen parientes en Lima. La responsabilidad con la que cargan les pesa como un yunque. Llevarla lejos de casa solo lo hace todo más complicado. Con ellos, Ratto tenía un trato como de papá. Acababa de implementarles una sala de estudios, para que hagan las tareas después del fútbol.
El autor de esta nota tuvo, entonces, un enlace conceptual. Un ‘hogar’, aunque ajeno, se percibe. No tiene que ser de cuatro paredes. Puede ser la tribuna de un estadio, el bar de una esquina, la canchita donde uno conoció a su mejor amigo. Se trata de una sensación que permite distinguir pedazos de una memoria emocional compartida. El autor de esta nota entendió recién que eso –Matute, Alianza– también podía ser una casa. Que no era su casa, ni nunca sería, pero que era la de muchos otros. Una forma particular en la que millones de personas entienden el fútbol –con lo que ya bastaría–, pero a veces también la vida.
Por dios, la incompetencia
El artículo para el que declaró Ratto se publicó días después. El autor de esta nota le dio un enfoque optimista. Pero no exactamente por la labor del entonces administrador temporal. Había que reconocer, sí, su trabajo en ordenar las finanzas aliancistas, pero la verdadera oportunidad para salir de la crisis estaba recién por venir. El Fondo Blanquiazul, un grupo de hinchas millonarios de Alianza, estaba por comprar S/23,8 millones en acreencias tributarias para adquirir un porcentaje de control en el club. Era exactamente lo que este necesitaba.
La premisa era la siguiente: en el negocio del fútbol, como en cualquier otro, para obtener resultados se necesita inversión. Y la administración temporal de la Sunat estaba, como es esperable, más preocupada en cumplir con su cronograma de pago de la deuda concursal. Alianza ya no estaba perdiendo plata, pero venía de hacer un terrible papel (otro) en la Copa Libertadores. Había anotado apenas un punto y una diferencia de goles de -10.
El orden financiero de Ratto no alcanzaba para competir donde realmente hacía falta: a nivel internacional. Con la plata fresca que traería el Fondo, en cambio, se podría invertir en una plantilla más larga y sólida, y tentar quizás unos cuartos de final. “La compra es para inyectar recursos”, le aseguró al autor de esta nota una fuente del grupo de socios. “Hay un plan de inversión”.
Diversos especialistas en gestión deportiva respaldaron esa premisa. “Las administraciones temporales han estado más preocupadas por números y dinero [para pagar la deuda]. Pero si la inversión en la plantilla es débil, es como si te estuvieras comiendo los músculos cuando ya no tienes grasa”, dijo el profesor de Pacífico Business School, Gabriel Levrini. Aunque hay muchas excepciones –que embellecen al deporte–, la regla del fútbol suele ser que las plantillas más caras juegan mejor y las más baratas, peor. Un equipo sin inversión tiene muchas menos probabilidades de elevar su performance deportiva y mantenerla en el largo plazo.
¿Cómo llegamos, entonces, hasta aquí? ¿Qué pasó para que Alianza pase de ese horizonte alentador a irse a segunda? Antes de explicarlo es bueno hacer una pausa. El autor de esta nota sabe que corre el riesgo de que esta sea acusada de ‘renzorattista’, así que prefiere encarar la imputación de antemano ciñéndose a las cifras. Entre el 2016 y el cierre del 2019 –la gestión Ratto– los ingresos aumentaron 80%, a S/56,9 millones; el club volvió a tener utilidades, hasta las S/11,4 millones de 2019; se redujo el pasivo total en S/18 millones; y se pagaron 13 cuotas, más un prepago, de la deuda concursal.
El año financiero del Fondo Blanquiazul se resume en una pérdida proyectada de S/4,7 millones, una caída interanual de los ingresos de más de S/16 millones, las dos últimas cuotas del Plan de Reestructuración retrasadas, por lo menos dos años sin poder jugar la Libertadores y el riesgo de no tener ingresos por taquillas si la pandemia regresa en el 2021. Y lo deportivo no vale la pena estarlo restregando. ¿Cómo es posible tanta incompetencia? ¿Cómo se puede dilapidar un equipo de esa manera, en menos de dos años? ¿Cómo hombres supuestamente exitosos en los negocios llegan a ese extremo?
No es cuánto, sino de quién
El Fondo Blanquiazul compró en junio del 2019 gran parte de la deuda de Alianza con la Sunat. Con ello, debía hacerse del control total de la Junta de Acreedores. Sin embargo, la administración tributaria recordó un crédito contingente de S/7,7 millones que el Indecopi reconoció luego. Con ello, la participación del Fondo bajó de 50,6% a 47%. Por entonces, fuentes cercanas a la transacción contaron que la actitud de la Sunat en la negociación por la compra de la deuda fue muy extraña. Casi como si, en realidad, hubieran querido mantenerla.
El caso es que, con el asiento más gordo de la Junta, los nuevos ‘jeques’ de La Victoria empezaron a tomar decisiones. Calificarlas de ‘poco acertadas’ sería demasiado generoso. Los principales inversionistas eran Diego Gozales-Posada, presidente de Energigas, Fernando Farah, de la textilera Lancaster y el colegio Villa Per Se, y Salomón Lerner, ex primer ministro y financista esporádico. De pronto, el Fondo se convirtió en una escuela para hinchas con la billetera suficientemente gorda para jugar a ser directores técnicos.
En lugar de canalizar los recursos que estaban inyectando en traer jugadores bien evaluados, que valgan el precio –o algo que siquiera parecido– las cabezas del Fondo optaron por influenciar en decisiones deportivas inexplicables. Todo comenzó con la llegada del colombiano Víctor Hugo Marulanda, un exjugador del club (1997) con el que –en teoría– se iba a recuperar la quimba y la alegría aliancistas. Ese fue el primer choque con el todavía administrador Ratto. Fuentes cercanas a su gestión aseguran que él había decidido no traer a Marulanda antes por algo: había que cuidar el presupuesto y era muy caro.
Luego pagó el fútbol. El efectivo ‘ratoneo’ de Pablo Bengoechea, que ese año les conseguiría un segundo subcampeonato, se mostró incompatible con la promesa de retorno del fútbol vistoso. El uruguayo tuvo que renunciar en marzo del 2020 tras perder el clásico con la U. Pero quizás lo más inexplicable –esa es la palabra más acertada para describirlo– sea el armado previo de la plantilla. Según las fuentes consultadas por Sudaca, el Fondo tuvo influencia –entre otros– en la llegada de Jean Deza, Alexi Gómez y Carlos Ascues, conocidos por sus indisciplinas, y de dos jugadores de cristal: Alberto Rodríguez y el Beto Da Silva.
Jean Deza tuvo que ser despedido por indisciplina en junio y Alexi Gómez fue acusado dos veces por su expareja de agresión. Da Silva y Rodríguez presentaron sus esperadas lesiones. Alianza había armado una plantilla carísima cargada de jugadores cuestionados por problemas extradeportivos. Estos son apenas ejemplos de una serie de decisiones deportivas cuestionables que la prensa de ese rubro ya se ha encargado de reseñar. Durante la gestión de Ratto, no sólo se evaluaban las estadísticas deportivas de los nuevos jales, sino también su vida personal. “Que sea una buena persona, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano, un buen padre y también un buen jugador“, dijo el administrador hace un año.
El valor anual de la plantilla, declaró Gonzales Posada a Gestión, pasó a ser de US$12 millones de dólares. Con la salida de varios jugadores a lo largo del año y la suspensión perfecta de Ascues, uno de los más caros, el presupuesto del primer equipo igual ha terminado siendo 67% de los ingresos, frente a menos de 60% en el 2019. A finales de aquél año, Ratto había decidido irse. Quedó como administradora su exgerenta de Finanzas, Kattia Bohórquez.
Ratto se ha negado a hablar públicamente en contra del Fondo Blanquiazul, pero allegados a su gestión explican que decidió irse cuando se dio cuenta de la injerencia que este quería tener en las decisiones administrativas y deportivas del club. “Los motivos que me llevan a tomar esta decisión son personales”, excusó en su carta de renuncia, que presentó el 18 de diciembre. Grabó un video de agradecimiento. Los directivos querían que se quede. Con Bohórquez, las proyecciones de Ratto se cumplieron. La nueva premisa quedó totalmente demostrada: no importa cuánto dinero entre a un club, sino quiénes lo colocan y a quiénes le permiten administrarlo.
Nociones básicas sobre el negocio del fútbol
Vale la pena aquí hacer una última pausa para aclarar otra cosa. El autor de esta nota es hincha de la U. No es el que vaya junto al bombo en todos los partidos, pero como buen hincha de la U espera siempre que a Alianza le vaya mal. Si juega un partido de Libertadores, sonríe con los goles del rival extranjero. Si desciende, se alegra de lo mucho que va a poder molestar a sus amigos aliancistas. El autor de esta nota no entiende muy bien a las personas que viven el fútbol de otra manera.
Por eso no hace periodismo deportivo: le sería imposible separar el hinchaje de la profesión. Y por eso, también, ha decidido emplear la primera persona, no esconderla, y poner el disclaimer directamente en el titular. Cuando se trata de temas administrativos, sin embargo, es absolutamente posible hacer la mentada separación. Y la razón es clara: la U está al borde de la liquidación desde el 2016 también por decisiones administrativas y pugnas entre acreedores. En ese dolor, el de la desgracia financiera, somos hermanos.
Para terminar de entender la debacle de Alianza Lima es imprescindible irse ocho años para atrás. En el 2011, cuando el modelo de negocios del fútbol peruano colapsó, la U y Alianza debían S/105 millones y S/26 millones, respectivamente, solo a la Sunat. Al año siguiente, el Congreso les tiró un salvavidas. La ley tiene un nombre bastante largo, pero su esencia fue esta: evitar que se liquide a los clubes más importantes del país. En el Perú ningún Parlamento querría chantarse el monstruo de haber acabado con un siglo de historia futbolística.
¿Qué hacía la ley? Creaba un régimen concursal especial donde no había posibilidad de liquidación. La idea era que las administraciones temporales cubrieran el hueco de dinero, generaran utilidades y pagaran la deuda con ellas. Esto, por supuesto, no le ocurrió de forma sostenida a ninguno de los dos ‘compadres’. Hasta la gestión de Ratto, la deuda total de ambos clubes tuvo una sólida tendencia de crecimiento.
La diferencia entre Alianza y la U es que este último quedó atrapado entre las pugnas internas de sus dos principales acreedores, Gremco y la Sunat, ambos con suficiente cantidad de deuda como para querer tener la voz cantante en la Junta. Cada uno ha tenido periodos en los que ha podido designar a una administración temporal de acuerdo a sus intereses. Y ese tira que tira, con personajes nefastos de por medio, terminó por destruir cualquier plan para reestructurar en el club. Por eso, en 2016 pasó al régimen concursal ordinario, donde sí puede ser liquidado.
Alianza, además de una deuda menor, tuvo la suerte de tener que lidiar solo con la Sunat. Eso terminó dándole a Ratto la estabilidad administrativa para reconducir las finanzas y empezar a pagar la deuda, de S/47 millones el año pasado. Todo eso se ha acabado. Si el descenso de Alianza finalmente se confirma, la plata para pagar las acreencias va a tener que ingresar por fuente ajena a lo normal en el negocio deportivo. El Fondo Blanquiazul, el acreedor más grande del club, no tiene cómo justificarse.
El artículo 3.14 de la ley de rescate para el fútbol peruano dice claramente que “la Junta [de Acreedores] acordará el régimen de administración en el que no deberá participar el deudor, sus acreedores, u otra persona vinculada directa o indirectamente a ellos”. Y no hay mucho que interpretar ahí. La norma responde a que la caída en desgracia de los clubes se debió a los malos manejos de sus socios, en acuerdo con sus principales dirigentes. La utopía era que las administraciones temporales alcancen la profesionalización de la gestión deportiva.
El negocio del fútbol en el Perú, sin embargo, no es uno de corporaciones mega-multi-millonarias. El potencial de lo que el deporte mueve como sentimiento popular excede por mucho el volumen de sus ventas. El año pasado, en su pico de rendimiento, Alianza facturó solo S/59 millones. En el 2018, la U ingresó alrededor de S/42 millones. Eso es lo poco que cuesta mantener viva la pasión. Para comparar magnitudes, en el 2014 la Universidad César Vallejo –dueña de otro equipo de fútbol– registró ventas por S/532 millones. Solo sus utilidades fueron de S/142 millones. Otra universidad, la UPC, llegó en el 2018 a facturar más de S/1.000 millones.
El fútbol peruano, como en muchas otras partes del mundo, se sostiene principalmente en los ingresos por derechos de televisión. Significaron alrededor de 45% de los de la U y 36% de los de Alianza, respectivamente, en el 2018. La administración Ratto redujo el porcentaje y dejó de adelantar el cobro de las facturas, por el que debía soportar un castigo financiero importante. Luego están los sponsors, que representan –según eel éxito del equipo comercial– entre 2% y 20% de la facturación. La ‘tele’ y los auspicios, mal que bien, se pueden planificar por un año.
El resto de los ingresos, en cambio, está supeditado al azar deportivo. Las taquillas (alrededor del 20%) dependen de que el equipo juegue bien y la gente quiera ir a verlo. Los premios, que por clasificar a una fase de grupos de la Libertadores puede representar un quinto de los ingresos, dependen de que los jugadores los consigan. El merchandising no pasa del 2% de la facturación.
Ahí nace la inestabilidad del negocio futbolístico: casi la mitad de lo que genera no se puede prever. Pero también es esa la oportunidad de que se active un círculo virtuoso que hace lindo al deporte: cuando hay inversión inteligente, el equipo juega mejor, vende más entradas y consigue más premios. Entonces invierte más y da un salto hasta otro nivel de competencia. Mientras, empieza a pagar sus deudas. ¿Cómo lograrlo? Con eso termina este análisis.
El fútbol es una industria de grandes deudas. No hay que tenerles más miedo que a las administraciones dirigidas por personas sin criterio. Sobre todo –pero no exclusivamente– en América Latina, los equipos más importantes suelen tener acreencias elefantiásicas. El Flamengo de Brasil, por ejemplo, debía 750 millones de reales en el 2013. Al 2019, logró reducir la cifra a la mitad, apoyado en criterios básicos de gestión: un programa de incremento de socios y la venta de jugadores de su cantera. Ese año, campeonó la Libertadores. El 2020, sin embargo, su deuda ha vuelto a dispararse por el castigo del Covid-19: 703 millones de reales, según Globo Esporte.
Un cierre
Si el autor de esta nota se permite alegrarse por el descenso de Alianza es porque intuye que, más temprano que tarde, el compadre se ganará su regreso a primera en las canchas. Y entonces, este episodio quedará apenas como un estigma en la clásica rivalidad de las dos hinchadas. La lección de este desastre es, en realidad, administrativa: la gestión del club ha fracasado porque la han llevado personas ‘iluminadas’ solo por el tamaño de sus cuentas bancarias. Pero sin muchas luces arriba. A la hinchada le toca combatirlas y pelear por una gestión que pueda manejarse en base a evaluaciones sensatas y contrataciones inteligentes. Ya se probó que es posible.
Si Alianza logra convocar a 50.000 socios que paguen S/50 mensuales, podría eliminar su deuda concursal en dos años. Pero para eso se necesita gestión. Una mínimamente profesional. El 28 de noviembre, el día que se consumó la debacle aliancista, Renzo Ratto fue en su camioneta a dar vueltas por las afueras de Matute. Personal de portería del club acredita haberlo reconocido. No estuvo en la tribuna durante el partido. Vio descender al club del que asegura ser hincha en casa.
La memoria emocional de mucha gente, una forma particular de ver la vida, recuerdos compartidos de tribuna, oscureció aquél sábado. La casa de millones quedó en silencio. Para el próximo año, Bohórquez ya advirtió que habrá que ajustarse. Pero el círculo virtuoso de Alianza puede recomenzar por su hinchada, que es la que no ha perdido –ni perderá– la categoría. El primer paso es presionar para que se le pongan límites estrictos a la capacidad de decisión del Fondo Blanquiazul. El autor de esta nota espera el retorno del compadre porque, sin él, se le acaba una sana costumbre: ver a su equipo ganar en Matute.
Pero sobre todo, espera que acreedores incapaces para la gestión deportiva dejen de destruir la pasión de millones de personas. Tanto en la U como en Alianza. No hay más secreto que ese. ¿Tan difícil es administrar bien? ¿Tan difícil es mantener, al menos, a alguien que pueda hacerlo? No hay derecho a jugar con algo que, para muchos, es su única reminiscencia al concepto básico de ‘hogar’. Que condensa casi todas sus memorias felices. Que la historia los juzgue.
Hace dos décadas, las frutas y hortalizas de la costa peruana no viajaban en enormes barcos a todo el mundo como lo hacen ahora. De hecho, en 1998 la oferta exportable del negocio tenía un valor ocho veces menor en comparación al 2014. En algunos productos, incluso, no existía. Ica, por ejemplo, hacía honor a su calidad de desierto. No era en absoluto la industria boyante en la que se terminaría convirtiendo.
Pero el desierto hizo boom. Un tipo de explosión ya conocido en la historia del Perú: el guano de las islas, el caucho de las selvas o, más recientemente, la minería de las sierras. Cada uno de esos despertares productivos, con sus características y fracasos, cargó con notorias desigualdades bajo la promesa de convertirse en una industria. Hoy, en cambio, la agroexportación del Perú -principalmente costeña- es una realidad de más de S/25 mil millones anuales.
En los primeros quince años del boom, el crecimiento promedio anual de la industria de productos no tradicionales -la base de la agroexportación- fue de 22.5%. Se diversifica del mango y la cebolla, abriendo camino a la uva, la páprika, la alcachofa, el arándano y la palta, entre otros. Las no tradicionales pasaron a representar el 48% al 83% del total de envíos agrícolas al mundo en ese periodo inicial.
Cinco factores explican ese llamado ‘boom agroexportador’ de las últimas dos décadas. Apenas uno de ellos ha sido cuestionado recientemente. ¿Cuál es la historia completa de la agroexportación en el país? En resumen, es así: las decisiones políticas crearon una coyuntura propicia para garantizar los envíos al exterior. ¿De qué? De lo producido por la tierra con agua, certificado de calidad, y menos impuestos. ¿A dónde? A mercados nuevos, abiertos por tratados comerciales, y -finalmente- en uso de la mano de obra local. ¿Una maravilla, no? Revisemos.
Uno: Más tierras aptas
La primera maravilla del boom es la tierra. En Perú hay 84 de las 104 zonas de vida que existen en el mundo y 28 de los 32 tipos de clima. Entre el 60 y 70% de la diversidad biológica del planeta habita el país. Sin embargo, la industria agroexportadora se ha concentrado en una sola franja de ese suelo megadiverso. Pese a que la costa tiene el 23% de las tierras agrícolas, aporta el 60% del PBI agropecuario. Las exportaciones del sector, por si no quedó claro, se sustentan principalmente en tierras costeñas.
El investigador del Grade Ricardo Fort dice que las empresas agroexportadoras se beneficiaron de diversas decisiones normativas del gobierno. Para explicarlo es necesario retroceder algunos años. Tras la Reforma Agraria, muchas tierras de la costa no eran rentables. “El reto planteado en el gobierno de Fujimori fue poner en producción las que estaban adjuntas a los valles, con ambiciosos proyectos de irrigación”, señala.
A esas tierras en desuso por falta de irrigación se les dice “eriazas”. Fueron incluidas en el mapa agrario recién desde los noventa. Más de 30 modificaciones legislativas en veinte años (1990-2010) hicieron posible que fueran subastadas, vendidas, concesionadas o hasta alquiladas a privados. Entre esa normativa están la Constitución de 1993 y la Ley de Tierras. Así lo recopila la investigadora Zulema Burneo para la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.
Burneo sustenta un cambio trascendental para lograr el boom: el Estado dejó de ser el encargado de incrementar la cantidad de tierras para agricultura. En los noventa, en cambio, las obras de irrigación con las que se amplió la frontera agrícola se concibieron para la venta a grandes agentes privados que sí disponen de los recursos y el know-how de grandes volúmenes. La agroexportación, según la FAO, impulsó la ampliación de la superficie de producción agrícola de todo el país de 1,6 millones a 2,7 millones de hectáreas entre 1991 y 2002.
Un claro ejemplo de esta realidad es el proyecto de irrigación más grande de la costa norte: Chavimochic. De la venta de lotes agrícolas en la zona, entre 1994-2006 -después de las modificaciones legislativas que la fomentaban-, el 86% quedó en propiedad de once empresas agroindustriales. Solo Camposol adquirió en esos años más de 10 mil hectáreas (23%) del total de las tierras eriazas ganadas al desierto.
El cuarto y último Censo Nacional Agrario (Cenagro) ocurrió en el 2012. La realidad del sector era la siguiente: 80% de los productores agropecuarios poseían menos de 5 hectáreas y, entre todos, alcanzaban apenas el 6% de las tierras. Entre 1994 y el 2012, la cantidad de pequeños productores había crecido 45%, pero sólo incrementó en 9% su cantidad de suelo. ¿Qué significa? Un aumento en la concentración de suelo favorable a las grandes empresas exportadoras.
Desde el 2008, la adjudicación de tierras se da a través de subastas públicas. Ese año, los precios en la costa norte se elevaron -en promedio- 2,5 veces el precio base de la subasta. En las pujas suelen ganar las grandes empresas con mayor poder adquisitivo. Resulta irónica -pero muy gráfica- una anécdota parlamentaria: el congresista aprista Walter Cenzano presentó un proyecto de ley en el 2010 que establecía un tope de 40,000 hectáreas máximas por cada comprador para “evitar la concentración”. Sin embargo, Burneo señala que la hacienda más grande de la costa en la época de la Reforma Agraria apenas alcanzaba las 30,000 hectáreas. Es más, el total de los lotes de Chavimochic subastados entre 1996 y el 2006 es, precisamente, 43,870 hectáreas.
La decisión consciente del Estado de promover el gran agro la describió Alan García en su texto “El síndrome del perro del hortelano”, publicado en El Comercio en octubre del 2007.“Hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos”, aseguró. La administración de las tierras en su gobierno privilegió la distribución del terreno entre quienes puedan hacer mejor uso del mismo: las grandes agroexportadoras.
Dos: Agua garantizada
El acceso a la tierra no basta sin sistemas de irrigación. Más aún en la costa, donde la lluvia es escasa y los lotes de producción suelen estar lejos uno del otro. La mayor cantidad de proyectos privados asociados al riego se concibieron en la década de los noventa, detalla Ricardo Fort.
Según información del Minagri, hasta el 2000 el Estado había invertido US$3,400 millones en proyectos de riego. Hacia el 2012, doce años después, la inversión ejecutada se duplicó a US$6,716 millones. Los proyectos más importantes son Majes Siguas (Arequipa), Chavimochic (Trujillo), Chira-Piura, Olmos (Lambayeque) y Pasto Grande (Moquegua).
Entre el 2006 y 2010, durante el gobierno de García, se incrementó en 28% la asignación de recursos a proyectos de irrigación. Pero pese a la privatización, hasta el 2012 la mayor parte de los proyectos de riego fueron ‘subsidiados’ por el Estado. De la venta de nuevas tierras en subastas y servicios como agua y energía solo se pudo recaudar el 7% de la inversión ejecutada.
Además, Lorenzo Eguren publicó un estudio en el 2014 donde analiza el impacto de los subsidios del Estado en irrigación e impuestos. En el documento se compara el ingreso por impuestos agropecuarios con el gasto en obras de irrigación. Si se considera el periodo entre 1998 y el 2012, en quince años se habría recuperado solo la sexta parte del gasto invertido. Ojo: esta medición considera todo el sector agrario y no solo la gran agroexportación.
En el 2000 se promulgó la -hace poco derogada- Ley de Promoción Agraria. Entre otros beneficios, redujo el Impuesto a la Renta de las actividades de agroexportación a la mitad: 15% en lugar del 30% regular. Según el estudio de Eguren, si bien esta medida puede haber tenido un matiz de promoción a las inversiones privadas en el sector naciente, no hubiera tenido un impacto negativo en la actividad agrícola de haberse mantenido el impuesto regular.
Y vale la pena agregar un dato: según información tributaria recopilada por Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, en el 2019, el monto del Impuesto a la Renta pagado por el sector agropecuario no ha crecido en una década. En el 2019, se pagaron US$111.4 millones, mientras que en el 2011 la cifra había sido ligeramente superior: US$116.4 millones.
Volviendo a la irrigación: buena parte de la actividad agrícola de Ica para exportación se sirve del agua subterránea. Esta es de gran calidad y permite el riego por goteo, una práctica sofisticada que incrementa el valor de productos como el espárrago y la uva. Es posible extraerla a partir de pozos debido a la capa acuífera extensa debajo de la región.
Lo preocupante del asunto es que el marco normativo de las propiedad de las tierras ha permitido a las empresas propietarias un rol de decisión sobre la cantidad de pozos a perforar y el volumen del agua a extraer, según los requerimientos técnicos de sus cultivos. Así lo concluye el economista de la PUCP Ismael Muñoz en una investigación sobre la extracción de agua en Ica publicada el 2016. Muñoz explica cómo el Estado no ejerce un rol fiscalizador en esta actividad. Al 2014, el 77% de pozos operativos en la región no contaban con licencia para operar. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) reporta cifras similares al 2018.
Por si fuera poco, la ANA definió en el 2016 que la cantidad de agua subterránea explotable del acuífero de Ica es de 252 millones de metros cúbicos para que se recargue de forma natural en un año. Se ha estimado que la extracción asciende a 563 millones al año, ¡más del doble y una tasa de sobreexplotación del 123%!
Tres: Mercados abiertos
Una vez solucionada la capacidad para producir, mediante el acceso a tierras y agua, se necesitan mercados de compradores. La exitosa estrategia del Estado para ello fue la negociación de tratados de libre comercio (TLC) con beneficios arancelarios para la exportación de productos. Según Ricardo Fort, el rol de los TLC es fundamental para explicar el boom agroexportador. Es el segundo factor más importante en la decisión del Estado de promover este tipo de industria, asegura, después del acceso a las tierras.
En términos concretos, entre el 2009 y 2014, tras la firma del TLC con Estados Unidos, los envíos del sector agropecuario a ese país se duplicaron. Hacia China, en un periodo inicial de cuatro años, crecieron de 25,6 millones de dólares a 82,7. A la fecha, en un proceso que empezó en los primeros años del siglo XXI, Perú ya tiene 21 acuerdos comerciales firmados y algunos otros en proceso.
Además de la firma de los acuerdos, el Estado fortaleció el rol de la agencia de promoción comercial hacia el exterior, PromPerú. Había sido creada en los noventa como una mesa de articulación entre sectores industriales en los primeros pasos de la exportación. A partir del 2002, se adscribe al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), creado ese año. Ambas instituciones se especializan -hasta hoy- en promover los acuerdos comerciales y activar canales de comunicación para la apertura y mantenimiento de mercado.
Algunos hitos del Mincetur suponen la creación de la Marca Perú en el 2010 y la posterior marca sectorial Superfoods, que promueve productos del agro no tradicional. Con estos esfuerzos de publicidad y promoción se dio participación y visibilidad a la industria emergente en eventos y rondas de negocios locales e internacionales. Adicionalmente, desde el sector Comercio Exterior se han instalado en los últimos diez años hasta treinta Oficinas Comerciales del Perú en países del exterior.
Al inicio del boom, en 1992, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) había creado el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Tanto como el Mincetur, Senasa fue clave para abrir los mercados. Los investigadores agrarios Héctor Paredes y Ricardo Fort mencionan que todavía es un actor vital para darle a las agroexportadoras certificaciones sanitarias y fitosanitarias, con estándares internacionales, sin las cuales sería imposible que logren colocar sus envíos en los mercados más exigentes (los que más pagan).
Una tesis elaborada por la economista Maryuri Reyes, en la Universidad Nacional de Trujillo, explica también el rol crucial de Senasa en reducir plagas y otros problemas sanitarios en los cultivos industriales. De hecho, se le adjudica al servicio de sanidad una participación trascendental en la erradicación de la mosca de la fruta, un enemigo mundial para los cultivos no tradicionales. Implementó un programa de producción de más de 400 millones de moscas estériles cada semana -en sus mejores años- para repartir al agro costeño y revertir las plagas.
Cuatro: La otra agricultura disminuida
La ‘cuarta pata’ del agro es, en realidad, un factor negativo: se ha privilegiado a la costa en desmedro del resto del país, coinciden los analistas consultados para esta nota. La región natural tiene el 53% de la población y aporta el 76% al PBI del país. ¿En qué deriva ello? En que la sierra y la selva no han recibido el mismo impulso. Para el investigador Eduardo Zegarra, la conectividad -carreteras- y las características del terreno de ambas regiones serían las principales razones.
Una explicación adicional la brinda la FAO. Desde 1992, con la desactivación del Banco Agrario, el crédito agrícola ha quedado principalmente a cargo de los bancos comerciales y cajas rurales. Ellos trabajan, en su mayoría, con medianos y grandes productores, y no cubren los requerimientos de todo el sector agrícola. En la sierra, la propiedad del agro suele estar fragmentada en pequeños terrenos que no logran tener acceso pleno a crédito barato.
El PNUD reconoce en un informe del 2009 a un Estado peruano inclinado a invertir en la costa bajo la idea de la modernización. “El tratamiento privilegiado se expresa en que allí se concentran dos tercios de la inversión en riego”, señalan. Así, el 70% de la superficie destinada a la agroexportación se localiza en cuatro departamentos de la costa: Ica, La Libertad, Piura y Lima, según el cuarto Cenagro. El 98% del área costeña tiene acceso a irrigación y, en contraste a las otras regiones, un mayor número de grandes empresas la operan.
El Banco Mundial, en un recuento del boom agroexportador publicado en el 2017, dice que, entre el 2007 y 2015, la productividad al agrupar todos los factores involucrados en el proceso agrícola peruano creció a una tasa promedio del 2.1%. De ello, sin embargo, el desagregado es lo más importante: un 7% para la costa, 0.2% para la selva y -0.2% en la sierra.
Cinco: La mano de obra
Con los cuatro factores ya descritos, al boom agroexportador le faltaba la mano de obra. En el 2000 se estableció la llamada Ley de Promoción Agraria, que creó un régimen laboral especial para los trabajadores de empresas dedicadas a la agricultura industrial. Entre otros, se redujo el pago de EsSalud y se incluyó en el salario jornal las gratificaciones, vacaciones y compensaciones por tiempo de servicios. “Como si todos esos beneficios no tuvieran una razón de ser en el bienestar del trabajador”, indica Eduardo Zegarra.
Como resultado, tras veinte años de ejecución de la ley, las grandes empresas agroexportadoras tienen la mayor cantidad de empleos formales del sector (ver gráfico), según datos recopilados por el economista Hugo Ñopo. Esto ocurre porque pagan mejor y ofrecen mejores condiciones laborales que el resto. Incluso, según datos del Ministerio de Trabajo al 2017, si se compara empresas de agricultura, comercio y construcción de más de 500 trabajadores, el agro tiene el doble de formalidad laboral.
La cuestión, sin embargo, no es esa. Uno de los problemas graves, como afirma el economista Carlos Ganoza, es que las mismas cifras arrojan que los trabajadores de las grandes empresas sólo representan el 10% de la mano de obra empleada en la agricultura. Coinciden Zegarra, Fort y Ganoza en que la forma de revertir esta situación es focalizar la inversión y los beneficios tributarios al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, para hacerlas más competitivas.
Lo otro es bastante más sencillo. En las últimas semanas ha habido una ‘polémica estadística’ entre cifras presentadas por Hugo Ñopo y por el SAE de Apoyo sobre si los índices de crecimiento de las exportaciones agrícolas y de la masa salarial del sector formal se han acompañado en el tiempo. El primero dice que no y el segundo, que sí. Pero, nuevamente, el tema es mucho más sencillo: el salario de un obrero agrícola (y no la masa salarial del sector) sigue estando pegado al sueldo mínimo. En una industria que hizo ‘boom’ durante dos décadas, es natural que con ese nivel de sueldos ahora el estallido sea social.
Eso, en medio de la disparidad en la gestión de intereses que existe entre las empresas y los trabajadores. La industria no solo cuenta con gremios por producto (como el de los cítricos) y siete gremios representativos por industria que agrupan más de 200 empresas cada uno; sino que existen tres estructuras de mayor amplitud como la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Confiep. Los trabajadores no tienen sindicatos -debido a la temporalidad de las contrataciones- ni instituciones gremiales fuertes.
“Esto demuestra, además, una desconexión muy grande entre los propietarios de las empresas y los trabajadores del campo”, señala Fort. Y ese es el punto final de este análisis. La boyante agroindustria del país ha crecido sostenida en cuatro sólidas patas: la tierra, el agua, los mercados y el privilegio de estar en la costa. ¿Puede hoy prescindir de la quinta? El Estado y las grandes agroexportadoras detrás del boom tendrán que decidir si deben acercarse un poco más a las demandas de sus trabajadores y, tras haber generado dos décadas de beneficios a través de políticas públicas, apostar por pagos más altos y beneficios laborales excluidos del jornal. Como toda industria que crece en beneficio de la gente.
El zumbido no cesa sobre la mesa. Es el sonido de la insistencia. Un nuevo intento por ‘colocarle’ otra tarjeta de crédito del BBVA. Agotada, Jennifer Romero (25 años) cede y contesta la llamada. Del otro lado, una voz le indica que tiene aprobada una línea de crédito mayor a la que ya tenía con el banco. Se trata de la tarjeta VISA Bfree que, además, en su caso, no requerirá el pago anual de membresía. La joven ingeniera acepta. Son los primeros días de agosto.
Los bancos suelen tercerizar el servicio de telemarketing: la tarea de ofrecer sus productos financieros vía llamada telefónica. De hecho, entre los ‘contact centers’ –como se conoce a las empresas de este rubro–, los bancos están entre los clientes más codiciados, por el volumen de sus cuentas. Quien acaba de convencer a Jennifer Romero debe pertenecer a alguno de los‘contact centers’ contratados por el BBVA Perú (el nuevo nombre del antiguo BBVA Banco Continental, cuya propiedad comparten la familia Brescia Cafferata y el grupo español Bilbao Vizcaya Argentaria).
Luego de aceptar la tarjeta, Jennifer pide recogerla en la oficina del BBVA en Plaza Lima Sur, que le queda cerca de casa. La mujer al otro lado de la línea, sin embargo, le plantea la opción del envío por courier e insiste en ella. Según detalló el BBVA a Sudaca, la entrega de tarjetas de crédito en las oficinas del banco es excepcional. Se da a pedido del cliente, por ejemplo.
El courier es otro de los varios servicios que terceriza un banco. Junto con el telemarketing, son puntos claves en el proceso de venta de una tarjeta de crédito. También son posibles puntos críticos en un esquema de estafa que viene esparciéndose como mancha de aceite.
La tarjeta llegó a la casa de Jennifer el 8 de agosto por la tarde. El mensajero le entregó un sobre de plástico (tamaño similar al A4) con documentos, que el banco llama ‘bolsa de seguridad’. También otro sobre pequeño donde venía el plástico de la tarjeta. Le hizo firmar un cargo de recepción.
Horas después, una llamada le precisó que debía llamar a la central telefónica del banco para activar su nueva línea de crédito. ¿Era esa una llamada del banco? No hay certeza todavía. Pero sí la hay en el siguiente acto de la historia: los que van a ingresar a la escena son estafadores.
Devuelva la tarjeta
Jueves 13 de agosto. “Señorita, respecto de la tarjeta que le acaban de entregar, la Visa Bfree…”, recuerda haber escuchado Jennifer, luego de que la voz dijera que llamaba de parte del BBVA. Esa voz, esta vez masculina, le explicó que se había cometido un error al entregarle una tarjeta y que esta sí exigía el pago de una membresía (de S/180). Jennifer respondió que una de las razones por las que había aceptado el plástico era la ausencia de este cobro.
—En todo caso lo que puede hacer es devolverla a la oficina central.
—¿Pero tengo que ir hasta la sede central en San Isidro?
—Sí. O, en todo caso, mejor le enviamos un courier.
La ingeniera ambiental recrea el diálogo para Sudaca y agrega que, según le indicaron, después de entregar la tarjeta equivocada le llegaría la correcta.
Suena demasiado ingenuo que alguien acepte entregar su tarjeta a un tercero de esta manera. Sin embargo, algo hizo la diferencia en esta historia y en otras cinco, que este medio ha recopilado en detalle y que son casi un calco una de la otra: los datos que manejaba su interlocutor. Además del tipo de tarjeta entregada originalmente, conocía la fecha y la hora en que se la habían dado y, lo más importante, el monto de la línea de crédito. “‘Le ha llegado el sábado a tal hora’, me dijo. Sabía mi línea de crédito, sabía mi dirección, sabía mis datos, sabía que yo ya tenía otras cuentas con el mismo banco. Entonces, yo por eso confié”.
2 de diciembre de 2020. Platón organizado por usuarios del BBVA Perú afectados por estafas. Foto: Luisa García Tellez.
El BBVA es titular de más de 20 bases de datos, según el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia. Una se llama “Usuarios” y organiza, entre otros, los siguientes datos: los nombres y apellidos, el DNI, el RUC, el teléfono, el historial de créditos, las tarjetas de crédito, los bienes patrimoniales, las hipotecas, las deudas, los ingresos económicos y la huella digital de una persona. El banco comparte parte de estos datos con las empresas de telemarketing, y la normativa exige que lo haga previo conocimiento de sus clientes. Aunque Sudaca preguntó al BBVA concretamente qué datos, este no lo precisó.
El robo
Al día siguiente, el mismo interlocutor le avisó a Jennifer Romero que el courier estaba llegando y que debía entregar ambos sobres como los había recibido. Sostiene que no haber activado la tarjeta le daba también seguridad, por lo que efectuó la entrega.
Solo horas después, el BBVA le alertaría de que su cuenta estaba siendo vaciada. Aquí su recuento de ese momento:
Diez minutos antes de las 6 de la tarde, me llaman de nuevo, era un viernes.
—Señorita, qué tal, ¿cómo va usando la tarjeta que le acabamos de entregar?
—¿Es una broma? No entiendo.
Estaba sorprendida. No sabía quién me había estafado, si la señorita que me llamaba [ahora] o la persona que me había llamado antes.
—No entiendo, ¿cómo que cómo la voy usando?
—Sí, acá me figura que usted la está usando.
—Pero si ustedes me han llamado ayer diciendo que la tarjeta que me han entregado está mal y ha venido un courier a recoger la tarjeta. Sabían todos mis datos y yo pensé que era la misma persona.
—No, nosotros no hacemos eso, además acá me figura que usted está usando la tarjeta. Usted ha sido víctima de estafa, por favor llame y bloquee la tarjeta.
Mientras hablaba con ella, ya eran las seis de la tarde y el banco no laboraba, ni el call center (sic).
Hans Cerrón, padre de tres niñas, y Jenny Surichaqui, comerciante de aluminio, sufrieron la misma modalidad de estafa. Ambos se sumaron al plantón que un grupo de clientes organizó, el pasado miércoles 2 de diciembre, en la sede central del BBVA Perú en San Isidro. El tipo de fraude parece haberse vuelto sistemático con clientes de ese banco. Allí también estaba Mary Pareja, con una pancarta que decía: “El BBVA no cumple con la Ley 29733 de protección de datos personales”. Ella fue a protestar por la estafa que sufrió su madre, de 60 años.
Mary Pareja afuera de las oficinas del BBVA Perú. Foto: Luisa García Tellez
El plantón fue organizado desde las redes sociales. El epicentro: un grupo de Facebook llamado “Víctimas del BBVA”, creado el 20 de noviembre y que rápidamente ha llegado a los 464 miembros. El muro del grupo, originalmente público, fue sumando múltiples testimonios de ciudadanos que hacen hincapié en por qué creyeron que era, efectivamente, el banco el que les solicitaba devolver la tarjeta.
A Hans Cerrón le pidieron que retornara la suya a mediados de octubre. Fue luego de que le insistieran para que la activase. De su interlocutora recuerda haber escuchado su tipo de tarjeta, su línea de crédito y los beneficios de compras que tenía. Él se acercó a un cajero, cambió allí la clave provisional que había recibido y activó la tarjeta.
Hans recuerda que la misma voz que le insistió en la activación de la tarjeta le llamó al poco tiempo y le dijo que el cambio de la clave no había surtido efecto, porque habían detectado que su firma no coincidía con la del DNI. Él ya venía con la duda de no haber firmado exactamente igual que en su documento de identidad. Decidió entregarla. Le sustrajeron el mismo monto que a Jennifer Romero: tres mil soles vía cajero automático.
Hans Cerrón, estafado en octubre. Foto: Luisa García Tellez.
A la diseñadora gráfica Clara Pacheco, de 33 años, le robaron la misma suma, bajo la misma modalidad de estafa. A diferencia de Romero, ella no era clienta del banco hasta que aceptó la tarjeta VISA Bfree. Ahí empezó su desgracia. Quien la llamó le preguntó por qué no había activado la tarjeta todavía y le dijo, incluso, que si no lo hacía se iba a generar el cobro de la membresía.
“‘Pero si no está conforme, lo puede devolver o puede cambiarlo por la nueva, que está cobrando cero membresía’, me dijo. ‘Bueno, entonces en todo caso anúlelo’, le respondí”. Aceptó el recojo vía courier y entregó su dinero a los estafadores.
La vacíos del BBVA, que responde (pero no todo)
¿Cómo el nombre de la tarjeta contratada, la línea de crédito, y la fecha y hora de entrega del plástico llegan a las manos de los estafadores? ¿No se trata, acaso, de datos que solo pueden conocer, a parte del cliente, el banco y las terceras empresas contratadas para los servicios de telemarketing y courier? Sudaca solicitó una entrevista al BBVA para hablar de esta modalidad de estafa, cuya propagación ha adquirido mucha mayor visibilidad durante la pandemia. Sin embargo, el banco solo aceptó responder preguntas vía un cuestionario escrito.
“Debido a la situación de pandemia, los ejecutivos [de telemarketing] que trabajan desde su domicilio utilizan equipos protegidos por un software que impide la descarga de la información, así como el uso de redes, correos personales, entre otros”, aseguraron en una de sus respuestas.
Quizás el lector también se pregunte lo mismo que este medio: ¿cómo estar seguros de que en efecto utilizan el equipo con ese software? ¿Cuál es el nivel de seguridad de un equipo que puede ser manipulado por fuera (al que se le pueden tomar fotos, por ejemplo) sin que nadie se dé cuenta? O, acaso, al lector le aparezca esta misma duda: ¿se ha privilegiado el interés por vender tarjetas de crédito a costa de la seguridad de los clientes?
“Los bancos tienen la obligación de tutelar que las bases de datos de sus clientes, que son bases que tienen datos sensibles, cumplan estándares de seguridad nivel crítico. Tiene que ser muy estricto”, explicó a Sudaca Dilmar Villena, abogado especialista en protección de datos personales y coordinador legal de Hiperderecho.
Según la Directiva de Seguridad emitida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP), este nivel implica, por ejemplo, que los usuarios que acceden a las bases de datos tengan un “identificador único de acceso”, que utilicen contraseñas o autenticación vía token, y un registro de ingreso que guarde, entre otros, la fecha y hora de ingreso y el motivo de acceso.
El banco, sin embargo, no quiso explicar las medidas de seguridad que toma para los datos de sus clientes. Se limitó a decir que los contratos que suscribe con sus proveedores tienen cláusulas especiales “que establecen las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes”. Y que en casos de mucha sensibilidad de la información, se toman “medidas de seguridad específicas”. No dio mayores detalles sobre cuáles.
“La central del courier cuenta con la información de contacto del cliente; mientras que el motorizado solo cuenta con el nombre y dirección”, dijo el BBVA sobre los datos de los clientes que comparten con las empresas de mensajería. Negó que en los documentos trasladados hasta los clientes figuren el nombre del tipo de tarjeta de crédito que está por entregarse y/o la línea de crédito otorgada.
Sin embargo, uno de los componentes del contrato que debe contener el sobre tipo A4 que los courier entregan a los clientes es la Hoja Resumen Informativa (HRI). Ella contiene las condiciones particulares de la tarjeta contratada: el nombre del tipo de la tarjeta, la línea de crédito, el costo de la membresía, entre otros datos. La HRI es una fuente de información importante, que coincide con la que los estafadores mencionan a los clientes del BBVA cuando buscan que ‘devuelvan’ su tarjeta de crédito.
La insistencia de los estafadores en que todo el contenido del sobre de plástico o bolsa de seguridad debe ser devuelto para anular la tarjeta y poder enviar otra aparece consistentemente en los testimonios recogidos.
Ni Jennifer Romero ni Clara Pacheco habían activado sus tarjetas y aun así sufrieron robos. ¿Cómo lograron activar las tarjetas los estafadores? Una de las formas de activación es “por vía telefónica, previa verificación de la identidad del cliente a través de una serie de preguntas”, señaló el banco. No resulta difícil pensar que con el sobre en mano y los datos desde antes conocidos, tuvieron la información para lograrlo.
Sudaca preguntó concretamente por el protocolo de interacción entre el courier y el cliente; sin embargo, el BBVA obvió responder esa pregunta. Sí enfatizó los contratos que firman con sus proveedoras tiene cláusulas que les exigen “el cumplimiento del Código de Conducta del Grupo BBVA” a los proveedores” y “el respeto a la normativa legal”. También dijo que hay penalidades en caso el proveedor incumpla algún acuerdo.
Curiosamente, en otra de sus respuestas el banco subrayó que “este tipo de estafa no es nueva y la policía tiene conocimiento de este tipo de modalidad”. Si la modalidad es antigua, ¿por qué no ha hecho públicos los resultados de las investigaciones al respecto, sobre todo ahora que la cuarentena ha agudizado la aparición de casos?
Hace un par días el testimonio de Elissa de Amat se hizo viral en Instagram y dio una evidencia más de lo sistemático de este tipo de estafa. Era sobre su experiencia en 2019 como clienta del BBVA, y víctima del mismo fraude.
“En tanto las denuncias lleguen a la autoridad de datos personales, la empresa podría decir ‘yo, como entidad financiera, diligentemente he tomado las medidas para ver qué es lo que está pasando’. Si es que se están filtrando [los datos de sus clientes] o no. No existe una obligación legal de investigar, pero deberían hacerlo”, dice el especialista Dilmar Villena de Hiperderecho.
Consultado explícitamente sobre investigaciones al respecto, cuya publicación ayudaría a calmar algunas aguas, el BBVA se limitó a responder: “Todos los casos son revisados siempre de forma integral”. Luego recalcó que advierte a sus clientes que el banco no ofrece el servicio de devolución de tarjetas vía courier.
La estafa subsiste en el silencio
Desde la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia señalaron a Sudaca que no declararían sobre el caso BBVA por ahora porque podría tomarse como un adelanto de opinión. La Asociación de bancos del Perú (Asbanc), así como la Asociación Peruana de Experiencia al cliente, que agrupa a los contact center que operan en el país, también declinaron de responder preguntas.
La división de estafas de la Policía Nacional tampoco respondió cuántas denuncias por este tipo de estafas a clientes del BBVA tenía en sus registros. En agosto último, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizó la prepublicación del Reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. El primero de este tipo en el país que exigiría incluir los riesgos asociados a la entrega de bien o servicio provisto por terceros dentro de la gestión integral de riesgos de la empresa. Ojalá su implementación aporte a evitar posibles casos de filtración de datos personales y estafas a usuarios de servicios financieros en el país.
El 1 de diciembre, Jennifer Romero recibió once correos del banco solicitándole que cancele su deuda de S/3.000, más los intereses que crecen rápidamente. Hoy continúa recibiéndolos. Clara Pacheco, después de cuatro meses, solo ha vuelto a recibir una comunicación del BBVA en el que le indican que siguen evaluando su caso. Tras hacer pública su protesta en el plantón, Hans Cerrón y Jenny Surichaqui han firmado con el banco un acuerdo extrajudicial de términos confidenciales, por el cual sus deudas han sido anuladas. Eso sí, nada compensará el daño psicológico ni la preocupación causados por las llamadas continuas de cobranza que recibían o el peligro de ingresar a Infocorp. Hay múltiples afectados que todavía las reciben.
