Agresividad y amenazas. Defensores de las Lomas de Amancaes se han visto intimidados por personas que han intentado persuadir y paralizar su labor comunitaria que intenta prevalecer la existencia del ecosistema frágil. Y es que varios de ellos han denunciado no solamente estas amenazas, sino también, han mostrado su disgusto, ya que las autoridades municipales no se han pronunciado y han dejado a su suerte a cada uno de los defensores de Lomas de Amancaes.
El área de conflicto se encuentra entre los distritos de Independencia, Rímac y San Juan de Lurigancho y es parte de las lomas declaradas por la Resolución Ministerial 404-2013-MINAGRI como ecosistema frágil. Lamentablemente, hoy por hoy, las resoluciones y demandas por defender este ecosistema han sido en vano, y es que desde la Municipalidad de Lima y Rímac han publicado diferentes resoluciones en contra del principal problema en el sector: la invasión y tráfico de terrenos.
Por temor a represalias, los demandantes han preferido mantenerse en el anonimato. Sin embargo, nos facilitaron los documentos que han mandado a las autoridades de ese entonces por el otorgamiento de constancias de posesión en la zona intangible “Lomas de Amancaes” y solicitando el desalojo de invasores en la zona y la delimitación catastral urgente.
“Este ecosistema es único y nuestro distrito tiene el privilegio de contar con esta maravilla natural que deslumbra en invierno y ha sido reconocido así desde el gobierno nacional en sus diferentes instancias”, manifestaron los denunciantes en una carta abierta al alcalde de ese entonces del Rímac, Enrique Peramas. Muchos de ellos pronunciaron que la Ordenanza N° 331-MDR declara como Zonas No Habitables a las partes altas de los cerros del distrito.
Por su parte, la Ordenanza N° 297-MDR explica que, para iniciar el procedimiento de otorgamiento de constancias de posesión, las áreas deben «no encontrarse en Áreas Naturales y Zonas protegidas, según legislación de la materia» y «no encontrarse en Zonas de Riesgo determinando por el INDECI. Sin embargo, las zonas en conflicto se encuentran en todos los sectores de la Loma de Amancaes.
Respuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre la invasión en Lomas de Amancaes
“Sr. Alcalde, le pedimos que, siendo la autoridad principal del distrito, atienda esta grave situación, deteniendo el otorgamiento de constancias de posesión para las zonas altas de todos los sectores en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús y Horacio Zevallos”, fue uno de los pedidos de los denunciantes.
El tráfico de tierras que se permite en las Lomas de Amancaes va en contra de la conservación y la integridad que las autoridades de la MUNILIMA y del Rímac se han comprometido a respetar. Y es que, esta permisibilidad destruye los biohuertos, la tala indiscriminada de árboles de Tara, muerte de los animales cuyo hábitat natural son las hectáreas naturales de las Lomas. Entonces, este sector sufre un impacto ambiental significativo que no solamente perjudica la naturaleza de la capital, sino también, golpea duramente la salud de los invasores, y es que hablamos de zonas altas cuyas temperaturas son excesivamente bajas.
Carta de los denunciantes al entonces alcalde del Rímac, Enrique Peramas
Esta problemática ha desbordado a tal punto que los defensores del ecosistema frágil han indicado que han sido amenazados por diferentes miembros del grupo de traficantes de terrenos. “El solicitante manifiesta que el motivo de las amenazas de muerte y agresiones verbales es por parte de las personas que quieren invadir los terrenos de las Lomas de Amancaes, área protegida por el Estado Peruano», manifiesta la resolución subprefectural que también indica que la persona demandante ha estado recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento.
Finalmente, el Subprefecto del Rímac dio por estimada la solicitud del demandante ante estos accionares. Sin embargo, este grupo de defensores del ecosistema frágil siguen buscando justicia con respecto a la integridad de las Lomas de Amancaes, ya que por intereses institucionales se ha procedido a formalizar las diferentes zonas que fueron invadidas y que pertenecen al ecosistema frágil. La Municipalidad del Rímac establece a partir de la Ordenanza Municipal 515-2017-Municipalidad Distrital del Rímac-MDR, emitida el 29 de septiembre del 2017, que se redimensione progresivamente el plan de zonificación municipal.
Al cierre de este informe, las invasiones en el Rímac siguen desenfrenadas. Los denunciantes siguen indignados, ya que no se sienten escuchados y esta problemática sigue adelante. Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) emitió una resolución suspendiendo las medidas tomadas en los decretos 000079-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE y 000088-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE que excluye a las lomas costeras de Carabayllo, Villa María del Triunfo y Amancaes, esto en vista de la actualización de la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, y es que el Decreto Supremo N° 011-2019-MINAM establece el ACR Sistemas de Lomas de Lima y el reconocimiento de los derechos preexistentes para actividades de minería y ocupación humana.
Esto confiere que la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles debe ser conformada por áreas integradas que estén conformadas por biodiversidad (especies amenazadas y provisión de servicios eco sistémicos). Por tal motivo, para los defensores del ecosistema frágil esta lucha sigue adelante y esperan más respuestas por parte de las autoridades y las instituciones competentes.
[LA TANA ZURDA]Lo que ha escandalizado a muchos peruanos es que los precios de esas «experiencias» culinarias, que incluyen platos e ingredientes de muchas regiones ecológicas del territorio peruano son exorbitantes. Hay «experiencias» de catorce regiones naturales que llegan a los 1250 soles por persona (la friolera de unos 315 euros o 344 dólares gringos, nada menos). Y eso sin contar los tragos, que fácil llegan a unos 250 dólares extra por persona si se trata de degustar bebidas finas que van bien con los exquisitos y exclusivos platillos que ofrecen los afamados chefs. O sea que para comer y chupar bien en ese sitio hay que desembolsar unos 600 dólares por cabeza.
Aparte de Central, en la lista de los cincuenta mejores restaurantes también entraron Kjolle (de la asimismo consagrada chef Pía León), Maido (de Mitsuharu Tsumura) y Mayta (de Jaime Pesaque). Sobre estos últimos no se ha hecho tanta bulla, o al menos no tanta como el linchamiento mediático (sobre todo a nivel de redes sociales) que se le ha propinado a Central.
Voy a continuar aclarando una cosa: si yo tuviera 600 dólares para una comida, los gastaría preparando una deliciosa carapulcra en casa (me sale muy bien) y armando un fiestón con mis familiares y amigos.
Pero lo de Central es otra cosa. Es para gente que suele buscar sabores exóticos y vivir una «experiencia» cultural lejos de sus países y su aburrida vida cotidiana. En el mundo neoliberal en que vivimos, es obvio que va a haber ricos que pueden darse esos gustos y un 99% de pobres y clasemedieros que no podrán hacerlo. Patalear por esa realidad y rasgarse las vestiduras por la famosa «brecha socio-económica» (ya resulta una perogrullada mencionarla en esos términos setenteros) no cambia absolutamente nada y solo muestra la chatura intelectual de los detractores.
El Perú sigue siendo, quizá más que nunca, un país clasista, racista y de obvias discriminaciones étnicas y lingüísticas. La desnutrición infantil y el dengue andan por las nubes. Para colmo, estamos gobernados por una cuestionable horda congresal que solo acentúa la depredación de nuestro medio ambiente y mantiene la profunda desigualdad dentro de la población.
Que dos chefs como Virgilio Martínez y Pía León hayan desarrollado un producto que hace más complejo el impulso culinario peruano de los años 90 con Gastón Acurio a la cabeza no debería escandalizar a nadie. Son las reglas del capitalismo. Algunos tomarán su reconocimiento internacional como un triunfo de la identidad nacional peruana y se enorgullecerán por ello. Otros rajarán por los precios y la refinada huachafería de algunas de las descripciones de los platillos.
Pero pocos se preguntan si dentro de esos jugosos negocios se cumplen las reglas laborales mínimas, si los cocineros y «mozos» (y mozas) ganan según el prestigio del local y, sobre todo, si los ingredientes (plantas y animales) usados para los raros y exquisitos platos de Central no estarán más bien desapareciendo del horizonte por el calentamiento global, la contaminación medioambiental, la explotación de nuestro campesinado que se ve obligado a migrar y la consiguiente pérdida de saberes milenarios sobre nuestra increíble diversidad biológica.
Hechas estas aclaraciones, insisto en que no gastaría 600 dólares en ir a Central. Pero tampoco pongo el grito en el cielo porque dos chefs hacen su trabajo de manera original, se forran de plata en el camino y, de paso, contribuyen al turismo culinario.
Ya basta de ese socialismo barranquino que se queda en la grasosa salchipapa y el cebichito de tollo y no logra ver más allá de sus tupidas narices (o su insulso paladar). Dejen trabajar a la gente, hagan activismo real por el cambio y a ver si se les ocurre algún plato original la próxima vez que se enfrenten a la sartén.
Durante años, las personas informadas, y mucho más las poco ilustradas, han sostenido que la tendencia de los adolescentes a no escuchar los consejos de los padres sobre los cuidados que deben tener cuando se alejan de la cápsula de seguridad que constituye el hogar familiar, es un hábito de naturaleza casi genética, tan viejo como el tiempo.
Sin embargo, en “El parricidio: del pasado al presente de un delito”, el historiador Manuel Torres Aguilar señala que hasta bien entrada la era cristiana el padre de familia tenía un poder inmenso en el seno familiar, llegando incluso a poder disponer indistintamente de la libertad y de la vida de los hijos. Por lo tanto, la creciente rebeldía de los pre adolescentes y de los adolescentes contra las órdenes y los consejos de los padres es de naturaleza reciente, vale decir, de la era industrial.
Si a esa rebeldía incontrolable le sumamos las características accesorias de la modernidad, como los tatuajes que cada vez ganan más área epidémica, los piercings tanto o más escandalosos que los peinados y la ropa varías tallas más grandes que los cuerpos que cubren, nos encontramos ante jóvenes que nos quieren decir: ‘no soy como tú, papá, habla con mi mano!
En ese mundo casi paralelo al que habitamos los que no solo proporcionamos los alimentos, las viviendas y los abrigos de nuestros hijos, sino también el dinero para asegurar sus vidas hasta que se independicen, es imprescindible saber qué los lleva a introducirse en la clandestinidad de la noche y exponerse al peligro, y, a veces, a la muerte.
Hace unos días Vanessa Gutiérrez denunció a través de sus redes sociales que su hijo de 18 años y sus amigos fueron golpeados por un grupo de chicos luego de salir de una ‘fiesta QR’ en el distrito limeño de La Molina.
El sábado mi hijo de 18 salió a una fiesta en La Molina c/sus amigos, a la 1.30am salieron para tomar un taxi y un grupo de malditos los atacaron cobardemente.¡No había ni un serenazgo! Fiestas clandestinas donde entran menores de edad y nadie hace nada @PoliciaPeru@MuniLaMolinapic.twitter.com/MEU7U8NIv9
“A la 1:20 de la mañana, mi hijo y sus amigos se retiraron de la fiesta. Caminaron para tomar el taxi y llegan al grifo Repsol en la avenida La Molina. Ahí un grupo de seis hombres les comienzan a pegar de la nada, mi hijo ha terminado inconsciente por lo menos cinco minutos”, refirió. Y remarcó: “Y al otro muchacho, el amigo, que es menor de edad, le han roto el tabique”.
Eli Castelo, padre de Franco, el joven atacado a la salida de la fiesta QR precisó que no han tenido contacto con los organizadores de la fiesta, y que supieron que uno de ellos había comunicado que no tenía responsabilidad en la golpiza dada a Franco y a su amigo “porque ese hecho ocurrió fuera de la casa donde se realizó la fiesta”. Además, indicó que su hijo se está recuperando, que le hicieron sacar unas placas radiográficas y, felizmente, no tenía fracturas en ningún hueso.
“Yo no sé quiénes serán los familiares de los agresores, si serán violentos o no serán violentos, si tienen antecedentes policiales o no, lo que sí sé es que las cosas van a seguir su curso legal; nosotros estamos lejos de pedirles que se nos acerquen y, también, lejos de pedirle a la gente que ha venido apoyando a mi hijo que tome alguna represalia contra los agresores.
Lo que han hecho los agresores es realizar una acción violenta por el simple hecho de realizarla; es un acto gratuito, es decir un beneficio sin contraprestación. Obviamente los agresores son unos individuos acostumbrados a realizar esos actos delictivos, porque sabemos de un chico de otro grupo al que le rompieron la cabeza con una botella por puro gusto, o como decía uno de mis abuelos: ‘de puro mal natural’”.
¿Sabían ustedes que su hijo iba a asistir a esa fiesta QR?
“No, para nada. Nosotros le habíamos dado permiso para que salga, pero no sabíamos que en las redes sociales circulaba una ‘invitación’ a una fiesta a la que iban a acudir chicos y chicas de todos lados. Como Franco acaba de cumplir 18 años en mayo, esta era su primera fiesta.
Cuando me preguntaron si Franco había tomado, yo les dije que él no era de tomar alcohol y menos de estar borracho. Yo no sé si los otros chicos del incidente estaban drogados, pero si nos han dicho que estaban borrachos.
Yo me enteré que mi hijo había sido agredido en las inmediaciones de una fiesta QR y me pregunté qué hacía ahí Franco. Comprenderás el sacudón emocional que se produce cuando recibes una noticia como esa, y el alivio que tienes cuando te enteras que esa agresión no ha sido gravísima. Pero también debes comprender que inmediatamente de saber que no hay daños físicos que lamentar, haces un inventario de las afectaciones psicológicas derivadas de la agresión gratuita de unos antisociales a un joven sin envidias ni vicios ni complejos. Mi esposa y yo sabemos que nosotros y Franco superaremos esos momentos amargos, pero yo me pregunto por qué hay gente que sale a pegarle a otra, por qué se drogan con el pretexto de que deben estar más seguros o algo por el estilo en una fiesta repleta de personas desconocidas. Me pregunto si así han sido criados por sus padres o en algún momento de sus jóvenes vidas han tomado un camino equivocado. Me pregunto si a algún padre le gusta ver a sus hijos en actitudes tan reprobables. Finalmente, luego de responderme esas y otras preguntas, concluyo en que esos padres viven en medio de una vergüenza son igual”.
Para el Psicólogo clínico y psicoterapeuta Manuel Saravia, el consumo de alcohol agregado a otras sustancias pone en peligro a los jóvenes que asisten a estas fiestas, y recomendó a los padres de familia saber a qué lugares acuden sus hijos y si estos cuentan con medidas de seguridad.
“Ante la ausencia de las autoridades competentes, uno de los mayores riesgos de estas fiestas clandestinas es el consumo exagerado de alcohol y el uso de varias sustancias ilegales, el cual pone en serio peligro a los jóvenes que asisten de manera inocente a estos eventos masivos.
Como un efecto directo de la era pandémica, durante la cual mayoritariamente vivimos largos meses en aislamiento y en soledad, muchas personas han incorporado dos respuestas psicopatológicas preocupantes, a saber, la ansiedad y la depresión. Como consecuencia directa de la presencia de estos síntomas, los niños y los adolescentes se muestran más agresivos y tienen mucha dificultad para controlar esos impulsos. En el caso de los adolescentes -una suerte de adultos menores-, la baja tolerancia a la frustración y el poco control de los impulsos agresivos sumados al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas podrían incrementar el número de esas escenas lamentables de violencia, donde los jóvenes no miden las consecuencias de sus actos, en los cuales las lesiones físicas representan el colofón de esos dramas cuando terminan en tragedias. Tragedias que, muchas veces, terminan enlutando a los hogares de los jóvenes agredidos.
Lo primero que yo recomendaría a los padres es que se aseguren que sus hijos estén acudiendo a lugares que cuenten con las medidas básicas de seguridad, no a fiestas clandestinas. Es decir, hay que evitar que nuestros hijos persigan ese gusto perverso por la clandestinidad, que los organizadores venden -mediante estrategias de marketing- como un tema de exclusividad, de una experiencia que vale la pena vivir, cuando, en realidad, lo que están haciendo es exponiendo a los jóvenes a riesgos innecesarios, a esos cócteles letales de sexo desenfrenado, de drogas y de alcohol.
Generalmente, el adolescente se siente atraído por lo diferente, en su búsqueda incesante por la reafirmación de su propia identidad, pero, lamentablemente, en esas circunstancias lo clandestino lejos de ser atractivo es altamente peligroso, poniendo en riesgo la vida, el cuerpo y la salud, como vemos en el hecho ultra conocido de los jóvenes golpeados de manera brutal en las inmediaciones de la fiesta QR de La Molina.
Cuando notamos que nuestro hijo tiene dificultades para controlar sus impulsos, y no podemos hacer nada por reducir estos actos de violencia de manera verbal ni física, tenemos que optar por estrategias psicológicas o psiquiátricas, mediante el uso de medicamentos para frenar esos impulsos agresivos; pero, por supuesto, en algunos casos hay que tener un control estricto sobre las bebidas alcohólicas, y, en esa línea, tienen que trabajar los padres de familia para poder detener a las personas violentas para que no se conviertan en peligros potenciales”.
Clausura y multa del local
La municipalidad de La Molina clausuró la casa donde se realizó la fiesta en la calle Punta Arenas 247. Asimismo, impuso una multa «bastante fuerte” por concepto de la “realización actividades que afectan la tranquilidad de los vecinos del lugar”.
El alcalde de La Molina, Diego Uceda se pronunció sobre lo ocurrido en la fiesta QR; «Lo que vamos a hacer nosotros como estrategia es infiltrarnos a partir de la fecha en estas fiestas para poder informar. Es la única manera, ya que a última hora informan de las fiestas».
Luego trascendió que la fiesta fue organizada por la organizadora de eventos ‘Raia’, que promociona a través de Instagram a ‘Soirees’, una fiesta donde prometen hacerlos disfrutar de la mejor experiencia, lo que no dicen es cómo, ya que al no existir ningún tipo de control, estas fiestas a cambio de unos momentos de placer te pueden arrebatar la vida. Y no solamente por las peleas que se desencadenan afuera, sino por el consumo desmedido de alcohol -en la llamada barra libre- y el consumo de sustancias prohibidas.
Años atrás, cuando estaba terminando mis estudios, un profesor nos pidió que escucháramos unos programas radiales de entrevistas. En uno de ellos, el recordado Saravá nos reveló la existencia de las fiestas de presentación en sociedad de las hijas de los socios del Club Nacional, de sus acompañantes elegidos por los padres de las chicas y de los resentidos que no lograban una invitación a esas fiestas. Con evidente desprecio por un individuo en particular, el más grande divulgador de la música tropical en el país nos contó que ese resentido le puso un cartucho de dinamita al tablero eléctrico del club, ocasionando un apagón, una estampida de jóvenes y, posteriormente, una pelea donde el dinamitero -quien llegó a ser presidente del Congreso y primer ministro del régimen de Toledo- llevó la peor parte. Al día siguiente del programa, el profesor nos preguntó cuáles fueron nuestras impresiones sobre este, y, acto seguido, nos relató las peleas en los años sesenta en las inmediaciones de la Alameda Pardo en Miraflores entre los llamados ‘gato pardos’ y distintas bandas de pleitistas venidos de Surquillo, de Barranco y de barrios todavía más lejanos. Cuando nos preguntábamos adónde quería llegar el profesor, este nos habló de las peleas a palazos y pedradas entre los alumnos del Colegio Guadalupe y sus vecinos del Mariano Melgar durante los años ochenta, y de otros alumnos de colegios nacionales situados al borde del zanjón. En fin, lo que quería probar era que hay edades en las cuales la violencia toma el control en los grupos de varones repletos de testosteronas. Es inevitable nos dijo, más por la existencia de abundante casuística que por un análisis psicosocial o antropológico del asunto tan bien descrito.
Por esa razón, estoy convencida que siempre habrá agresores y agredidos. Y, también, que siempre los agresores serán quienes estén peor equipados mental y moralmente para ponerle frenos a tan aberrantes impulsos.
El día de ayer, lunes 19 de junio, Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación, decidió responder en su twitter personal el artículo que publicamos en Sudaca el día domingo 18 de junio titulado “Zoraida Ávalos y el lobby congresal para que no la inhabiliten en su cargo”.
Se debe reconocer que el hilo de twitter es una respuesta frontal, directa, sin medias tintas y que cuestiona el artículo que publicamos. No sostiene que se trata de afirmaciones falsas o tergiversadas. En realidad, lo que hace la exfiscal de la Nación es tratar de explicar y contextualizar el artículo de Sudaca. Sin embargo, el contenido de sus twitters ha generado una profunda sorpresa que la hemos compartido con algunos hombres de derecho (jueces de la Corte Suprema, fiscales, abogados reconocidos) y todos sin excepción nos han mostrado su molestia e indignación por lo que allí se indica. Una de las personas consultadas nos señaló que posiblemente la cuenta de twitter sea falsa, lo que nos llevó primero a determinar si la cuenta era auténtica. Luego de las indagaciones correspondientes pudimos verificar que efectivamente se trata de la cuenta personal de Zoraida Ávalos no solo porque aparecen fotos suyas y los datos personales, sino porque publica con frecuencia en su twitter información confidencial de la Fiscalía de la Nación que solo ella puede manejar como, por ejemplo, la referencia al contenido de la denuncia constitucional que presentó el 2020 contra el flamante Ministro de Salud César Vásquez Sánchez, quien, según Zoraida Ávalos, “había pedido favorecer a un empresario de Chota, para que le dieran un par de obras a cambio de que los ayude en su campaña al Congreso”. A ello se suma la afirmación recurrente del twitter de hace menos de 15 horas de: “Como he mencionado antes, el sector del Congreso que pretende destituirme y copar el sistema de justicia es el mismo que desestima denuncias constitucionales contra excongresistas. ¿Quién los sanciona? (FIN/)”.
Más allá de la actitud desafiante y confrontacional que tiene la exfiscal de la Nación contra el Congreso de la República, o una parte importante de él, a quien acusa, sin paños fríos, de “desestimar denuncias constitucionales contra excongresistas”, las respuestas que ha brindado a través de su twitter, respondiendo la última publicación de Sudaca sobre ella, conduce a realizar algunas observaciones.
En primer lugar, Zoraida Ávalos ha confesado abiertamente y sin tapujos al país que está realizando lobbies en el Congreso de la República y con congresistas para tratar de impedir la inhabilitación que se discutirá mañana 21 de junio. Ello fluye de la afirmación colgada en su twitter personal el día de ayer, y que no ha desaparecido hasta ahora: “Segunda aclaración. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda?”.
Si la ex Fiscal de la Nación reconoce abiertamente de que “hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación” está admitiendo con total desparpajo que dichas personas son distintas a su abogado defensor que está apersonado en el Congreso de la República (el constitucionalista: Francisco Eguiguren Praeli) e, incluso, a ella misma; lo que supone literalmente el confesar que está haciendo lobby, el litigio de pasadizos y el tarjetazo a nivel de la administración pública y, en su caso, en el Congreso de la República. Nos preguntamos: ¿Puede una Fiscal Suprema en ejercicio, y que recientemente ha sido ratificada por la Junta Nacional de Justicia, aceptar que viene cometiendo una conducta ilegal o, por lo menos éticamente reprochable, de buscar a terceras personas para que hagan lobby a su favor en una institución pública (“explicar a los congresistas mi verdad”)? ¿Cuándo usted era Fiscal de la Nación y ahora Fiscal Suprema titular en ejercicio permitía o permite que terceros hablen en algunos casos que les interesa y expliquen una “supuesta verdad”?; ¿puede un fiscal o juez buscar a terceros (no abogados o abogados no apersonados) para que intercedan en un proceso disciplinario o un proceso penal que se les sigue en su contra? ¿Sabe de esta conducta su abogado defensor o se mantiene al margen?
Lo que ha publicado Zoraida Ávalos ayer en su cuenta de twitter hace sonrojar a cualquier ciudadano, a los abogados y exige un necesario pronunciamiento de los Colegios de Abogados a nivel nacional, ya que con el ejemplo de la exfiscal de la Nación se puede buscar a terceros y a cualquier hijo de vecino para que expliquen “su verdad” en cualquier dependencia de la administración pública; al margen de los procedimientos legales, de las normas jurídicas establecidas y de la representación de un abogado defensor.
Se debe destacar que en un arranque de honestidad Zoraida Ávalos reconoce que “hay personas ayudándome”. En Sudaca nos quedamos cortos. Solo habíamos identificado a una persona: a Malena Chacón Arenas. ¿Quiénes son las demás personas que la ayudan? ¿Trabajan en el congreso o en algún sector de la administración pública peruana? ¿Qué clase de lobby hacen: político, legal o de otro orden?
En segundo lugar, la exfiscal de la Nación al responder el reportaje de Sudaca en relación a los correos que ha enviado a todos los congresistas señala que “Las direcciones de los correos son de acceso público: están en la misma página web del Congreso para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comunicarse directamente. Enviar los alegatos de mi abogado es solo una forma de ejercer mi derecho a la defensa”. Ello supone la implementación de una reforma legal de facto en todas las instituciones públicas, entre las que se incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Congreso de la República, ya que con lo que acaba de hacer Zoraida Ávalos no es necesario mantener más una mesa de partes (física o virtual), porque el ciudadano, litigante o abogado, puede directamente presentar escritos, alegatos o documentos dirigiéndose al correo (personal o institucional) del fiscal, juez o congresista.
Nos preguntamos: ¿a Zoraida Ávalos le parece normal o correcto que los escritos de un caso (judicial o fiscal) se presenten directamente al juez o al fiscal y no ingresen a la Mesa de partes de la institución pública? ¿Cuando era Fiscal de la Nación cuántas veces los escritos de los abogados se dirigían a su correo personal o institucional; y no a la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación? ¿Usted dio alguna directiva al respecto? ¿Ahora, en el cargo de Fiscal Suprema, los escritos del despacho que maneja también se pueden presentar de manera directa a su correo personal o institucional?
Pese a no ser abogados, no nos imaginamos que a algún abogado en el Perú se le ocurra enviar escritos, documentos o alegatos de un caso al correo (personal o institucional) de los jueces César San Martín Castro; Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga o de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde o Juan Carlos Villena Campana.
En el artículo que publicamos nunca discutimos cómo y de qué manera Zoraida Ávalos accedió a los correos de los congresistas; en realidad, lo que analizamos es si una alta funcionaria pública, una exfiscal de la Nación puede acudir directamente al correo (privado o institucional) de los congresistas para presentar los alegatos de defensa que como ella misma admite ya los había presentado formalmente a “la Presidencia del Congreso a través de la Mesa de Partes Virtual”. La respuesta que brindamos fue negativa: toda comunicación o escrito que se presenta en un determinado procedimiento que se sigue en una institución pública (v. gr. Congreso, Ministerio Público o Poder Judicial) debe seguir su trámite regular y debe ingresar a la Mesa de partes (física o virtual). No se debe remitir algún escrito directamente al juez, al fiscal o al congresista, ya que se salta la formalidad y la legalidad del ingreso de la información que se pone en conocimiento del funcionario. Zoraida Ávalos podía, incluso, solicitar a la Presidencia del Congreso que remita en el día y bajo responsabilidad sus escritos a cada uno de los congresistas. Lo que no podía ni debía es presentarlos ella directamente.
En tercer lugar, el ofrecimiento de favores que se hace a su nombre para que no se la inhabilite del cargo es algo que le consta a los congresistas de la República, a algunos asesores y, sobre todo, según lo que se nos indica, hay un audio que se encuentra en manos del Ministerio Público.
En cuarto lugar, la ex Fiscal de la Nación señala que debería preguntarme: “quién sí está en capacidad de ofrecer favores. ¿Lo hará?”; en una franca y abierta referencia a la actual Fiscal de la Nación: Patricia Benavides. Si ello es así y le consta a Zoraida Ávalos, como miembro del Ministerio Público, debería inmediatamente presentar una denuncia penal, debido a que ofrecer favores a cambio de obtener una decisión de un funcionario público es delito aquí en el Perú como en cualquier país civilizado del mundo.
Por último, debemos enfatizar que es mentira que Sudaca o el autor de la nota “se haya sumado a la campaña de mentiras para buscar mi destitución” junto a otros medios de comunicación, ya que, por el contrario, en Sudaca somos consecuentes con la línea periodística que hemos venido manteniendo hace más de dos años al publicar artículos críticos contra la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo que hacemos ahora es simplemente ser coherentes y mantener una línea de independencia, difundiendo información de interés público que puede ser incómoda a personas y funcionarios que gozan de un enorme poder.
Creadas desde comienzos del siglo pasado y a mediados del mismo, la radioterapia y la quimioterapia son dos tratamientos usados por los médicos especializados en combatir las neoplasias o tumoraciones anormales que se conocen desde los inicios de los tiempos como cánceres. La resonancia magnética es el método diagnóstico más usado en el mundo moderno desde 1990 para saber cuán avanzado está un cáncer, cuánto se ha reducido con los tratamientos y hasta cuándo tendrán que prolongarse los mismos. En el mundo infantil peruano, los bebés y los niños afectados por la enfermedad que toma a un miembro de la familia y deshace al resto de esta, los medios para combatirla y el mejor método diagnóstico son pocos, son escasos o son inexistentes. En el reino infantil peruano, presidentes tan bestiales como Pedro Castillo, ministros tan venales como el que no permitía que se reparen los resonadores magnéticos de los hospitales para beneficiar al dueño de una cadena de empresas que tienen más resonadores en Lima que en el más grande hospital de los Estados Unidos, o payasos tan farsescos como “Chibolín”, quien organizó un espectáculo macabro en Palacio de Gobierno para engañar a los padres de los niños enfermos de cáncer, son los que usan a estos como medios propagandísticos. Son seres sin compasión por el prójimo, carroñeros como los gallinazos y las hienas.
Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo y ‘Chibolín’, armaron un gran show con fines publicitarios.
La representante del Colectivo Ley Cáncer Infantil Perú, Karina Pujay, sabe en carne propia lo que es convivir con el cáncer, por ello nos cuenta los padecimientos que tiene que pasar cada padre de familia para poder luchar contra la enfermedad en nuestro país.
“La situación actual de los pacientes oncológicos infantiles de nuestro país es que muchos de ellos se están muriendo o no están recibiendo una atención adecuada por la falta de medicamentos y esto hace que nos encontremos en una situación de niños con recaídas, con metástasis, por no haber recibido el tratamiento oportuno y adecuado. Tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como en los de EsSalud faltan camas y medicamentos que puedan salvar las vidas de los niños, nosotros estamos con medicamentos que ya no se utilizan: eso es lo que nos están brindando; por ello se le ha pedido a la Digemid que pueda aprobar los nuevos fármacos, y no tenemos respuestas todavía.
Entonces, fuimos a tocarles las puertas a los congresistas y a la ministra de Salud -Rosa Gutierrez- para que se interese en el tema. Sin embargo, ella -quien al cierre de este informe dimitió para no ser censurada en el Congreso- no hizo absolutamente nada. No puede ser posible que hace dos años se haya reglamentado una ley para la detección oportuna y la atención integral del cáncer del niño y el adolescente, y no se ejecute. Igualmente, la ley habla de un subsidio y una licencia con goce de haber para los padres de los menores afectados por la enfermedad y el Ministerio de Trabajo, del cual depende EsSalud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía no se pongan de acuerdo para hacer efectivo dicho reglamento. Solo saben tirarse la pelota, nada más. Mientras tanto, muchos niños han fallecido en ese periodo”.
“Nosotros no deberíamos estar esperando la voluntad política porque existe una ley que los obliga”, indica la señora Pujay, sin embargo, hay muchos padres que no pueden afrontar la enfermedad de sus niños por falta de recursos económicos “muchos niños mueren y nosotros no podemos vivir con esa angustia de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el dinero para los tratamientos adecuados”, es por eso que están reclamando el subsidio oncológico que indica la Ley 31041, enfatizó.
Los niños son el futuro del país y vamos a seguir en pie de lucha hasta que los funcionarios tengan esa humanidad.
“Nuestros plantones, nuestras marchas y nuestras vigilias son para dar a conocer qué es lo que está pasando con los niños con cáncer, porque no se les da la importancia debida. Si nadie hace nada, los niños se mueren; sabiendo, según las estadísticas de todo el mundo, que un tratamiento oportuno vence al cáncer en 8 de cada 10 pacientes.
Es más, les hemos hecho saber a los funcionarios encargados de los programas de salud infantil que un tratamiento de manera continua es más barato que uno con interrupciones, porque en ese segundo caso cada vez que el tratamiento se reinicia es como comenzar de cero. Además de continuo, el tratamiento debe ser reforzado con drogas más modernas, como la L-Asparagasina Erwinia que si no se aplica a niños con leucemia, estos mueren.
El viernes pasado hemos tenido una reunión con la Gerencia Central, en la cual hemos solicitado que los plazos de atención, de provisión de nuevas drogas y de implementación de nuevas camas y nuevos médicos se acorten. En el Hospital Rebagliati hay cinco oncólogos pediatras y en el Hospital Almenara solo hay dos oncólogos pediatras para todos los niños que requieren atención, y en ambos solamente hay 10 camas para niños hematológicos y 10 para niños oncológicos.
Los pacientes con cáncer tienen que esperar seis meses para poder hacerse una resonancia que podría salvarle la vida.
Por el lado de las pruebas para ver los avances -o los retrocesos- de las enfermedades oncológicas la cosa es peor, peor que peor; en el Hospital Almenara no hay resonador magnético disponible, las pruebas se tercerizan en el Centro de Diagnóstico por Imágenes (Cerema), la Clínica Ricardo Palma y alguna que otra vinculada a los funcionarios de los hospitales. Pero eso no es todo, cuando les exigimos a las clínicas que cumplan con los cronogramas establecidos en los hospitales, los encargados de las clínicas nos dicen que los hospitales no les pagan. El Rebagliati tiene un resonador que se malogra cada cierto tiempo y demora más de seis meses en ser reparado. Lo mismo pasa en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el cual una auditoría médica ha evaluado y contemplado que se necesitan 5 resonadores para atender a toda la población afectada de Lima, y solo hay uno: tan viejo que más de uno asegura que pertenece a la primera generación de resonadores, es decir, de los años noventa.
Por todo eso, le reclamamos al gerente central de EsSalud y este nos ha asegurado que está proyectada la construcción de una torre oncopediátrica en el Rebagliati y otra en el Almenara. Según sus propias palabras, para la primera torre solo falta un expediente técnico y la búsqueda de un concesionario para la construcción. Ojalá sea verdad tanta belleza”.
Cuidados inexistentes
“Los cuidados paliativos no existen en EsSalud, no hay un área de cuidados paliativos para niños, solo les dan tramadol y listo y eso no debe ser así, las mamás que sus niños pasan a cuidados paliativos tienen que ir al Hospital del Niño porque ahí sí encuentran un médico tratante donde le dicen como llevar el tratamiento como terapía de ozono o terapía para el dolor.
Los niños son el futuro del país y vamos a seguir en pie de lucha hasta que los funcionarios tengan esa humanidad, hay muchos niños que se curan y hoy en día son profesionales, no hay que dejar morir a los niños, el sistema de salud debe ser modernizado, cómo es posible que solamente se haga radioterapia en el hospital Rebagliati para todos los pacientes que son atendidos en la Red EsSalud y la referencia se demora muchos meses eso es inaudito en esa demora existe crecimiento de tumores existe metástasis existe recaídas existe amputaciones y existe la muerte”.
Hace setenta y dos años, el General Manuel A. Odría colocó la primera piedra del Hospital Rebagliati, que unos años más tarde se convirtió en el mejor hospital público de América Latina.
Un llamado a las autoridades
Karina Pujay, representante del colectivo dice que la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Salud deben de velar por la salud de todos los pacientes, asimismo, afirmó que no perciben que el dinero que destinó el Gobierno al Ministerio de Salud para la atención de los pacientes oncológicos esté siendo empleado adecuadamente.
«La ministra (Rosa Gutiérrez) indicó que se está transfiriendo S/ 515 millones, pero nosotros no lo vemos, queremos que nos den una rendición de cuentas. Qué está pasando con todo el presupuesto por el que luchamos para que este año no nos falte y nos falta», expresó.
«Sobre los medicamentos, Cenares no tendría que estar desabastecido y lo está. Defensoría del Pueblo, ¿qué hace? No está fiscalizando. Susalud, también, ¿cuál es el trabajo que está realizando? ¿Cuál es la sanción que reciben estas entidades que deberían brindarnos tratamientos? ¿Qué está haciendo la Contraloría? No hay ningún funcionario sancionado ni a INEN ni a EsSalud», añadió.
“La ley 31336 ayuda a salvar la vida de las personas con cáncer, sin embargo, no se ejecuta ninguna ley y eso es porque la ministra no está trabajando y los funcionarios son indolentes, la ministra y su comitiva sólo nos dicen que todo está controlado, pero es mentira, ante la escasez de fármacos para esta enfermedad “nosotros los padres estamos realizando actividades para comprar las medicinas, estamos recibiendo donaciones de organizaciones que ayudan a los pacientes, las mismas mamás piden ayuda por las redes sociales y realizan rifas, polladas y de alguna forma vemos la manera de poder ayudar para que esos niños no pierdan el tratamiento, porque con la salud no se juega con la salud no sé experimenta.
Nos hemos reunido con el Gerente General de Operaciones de EsSalud Luis Hurtado, y nos ha indicado que de forma inmediata se habilitaran consultorios médicos de oncopediatría, se va a ampliar el horario para la donación de plaquetas, la espera de resultado de sangre para los pacientes ingresados por emergencias será de menos de una hora y los resultados de los hospitalizados se darán el mismo día, también nos han indicado que las referencias se darán de manera inmediata”, finalizó.
Parece que cuando de festejos se trata Essalud no escatima en gastos porque hace unos días realizó una gran fiesta por el Día del Padre pese a que muchos niños mueren esperando fármacos adecuados para sus tratamientos, una cita o una resonancia.
Durante milenios, incluso cuando nuestros antepasados aprendieron a cultivar las plantas y a domar a las aves y a los cuadrúpedos, los cuales incrementaron notablemente la dieta de los humanos, los seres prehistóricos sacrificaban a los individuos más vulnerables en beneficio de los físicamente más fuertes. Los seres sacrificables fueron, sobre todo, los ancianos y los niños. Siglos más tarde, cuando el humanismo se extendió por el occidente cristiano, muchas comunidades comenzaron a dedicar tiempo y recursos a los cuidados de los enfermos, entre ellos a los que sufrían males desconocidos o, mejor dicho, poco conocidos, como los cánceres. Con el correr de los años y con el descubrimiento de las terapias para reducir el tamaño de las lesiones cancerosas, los grupos de ayuda a los familiares pobres de los niños con problemas oncológicos crecieron y más niños tuvieron vida de mejor calidad. Sin embargo, en nuestro país, donde los ‘malos’ tienen controlados todos los resortes del estado desde muchos años atrás, los niños con neoplasias malignas están condenados a morir muy rápido y en las peores condiciones posibles: no hay suficientes camas para hospitalizarlos, no hay medicinas para atacar sus lesiones y reducir sus dolores, y, peor que peor, los hospitales dependientes del Ministerio de Salud y de EsSalud tienen los tomógrafos y los resonadores malogrados. Es más, aprovechándose de esa situación, los directivos de esas instituciones dilapidan los fondos públicos en compras superfluas y festejos prescindibles antes que en las compras de los insumos y los equipos indispensables para combatir el cáncer infantil. ¿Habrá algún peruano bien nacido que esté dispuesto a convocar a los mejores hombres de este tiempo para postular a la Presidencia, ganarla y dedicarse desde el primer día a desinfectar el aparato público? Ojalá.
En Sudaca somos respetuosos del derecho de defensa y de la libertad de expresión, y vemos con agrado que la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos salga en diversos medios de comunicación escritos y televisivos a dar entrevistas; sin embargo, lo que no ha salido hasta ahora a la luz pública es el despliegue de influencias y de manejos oscuros que realiza para “convencer” a que los congresistas voten en contra de su inhabilitación como fiscal por cinco años y que la alejaría para siempre del poder que maneja en el sistema de justicia.
El lobby de Zoraida Ávalos en el congreso de la República
La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera viene realizando desde varios meses atrás una intensa actividad de influencias y lobby parlamentario con el fin de evitar que el Congreso de la República la inhabilite en el ejercicio del cargo de Fiscal Supremo. La conducta que realiza Zoraida Ávalos es la misma por la que abrió en su época de mandamás del Ministerio Público varias investigaciones penales por la comisión del delito de tráfico de influencias a diversos altos funcionarios.
Zoraida Ávalos trata de mover los hilos del poder en el Congreso de la República a través de diversas personas, entre las que se cuenta su ex asesora de confianza, que trabajó en la Fiscalía de la Nación: Malena Chacón Arenas, quien fue nombrada en dicho cargo el 19 de marzo del 2019 hasta el 3 de julio del 2023, es decir, laboró en la gestión de Ávalos Rivera los tres años que estuvo en el cargo como Fiscal de la Nación, desempeñándose como coordinadora parlamentaria del Ministerio Público. Malena Chacón viene sosteniendo diversas reuniones con congresistas y sus asesores a quienes trata de convencer de que voten en contra de la inhabilitación de Zoraida Ávalos o que simplemente voten en blanco con el único propósito de que no se alcance el número legal de votos requeridos para inhabilitarla. Chacón Arenas trabajó antes como secretaria general de la Municipalidad del Santa en la gestión de Victoria Espinoza García, quien fue condenada por el delito de colusión ilegal a cuatro años de pena privativa de libertad por el caso denominado “semáforos inteligentes”.
Malena Chacón Arenas (DNI N° 32964940) en el mes de abril del 2023 visitó tres veces el Congreso de la República: el 13 de abril, el 25 de abril y el 27 de abril. Todas las visitas fueron autorizadas por la congresista por Huánuco de Perú Libre, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, quien pertenece a la Bancada del Bloque Magisterial. La visita de Chacón Arenas a una congresista del partido del expresidente Pedro Castillo confirmaría la estrecha vinculación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos con el gobierno del defenestrado expresidente.
En el mes de mayo del 2023 Malena Chacón Arenas registra seis visitas, los días 3 de mayo (visita a la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla), 5, 15, 17 y 19 de mayo (visita a Javier Angeles Illmann: Director General Parlamentario,) y 22 de mayo (visita a la congresista María Acuña Peralta).
En las diversas visitas al Congreso de la República Chacón Arenas mantenía reuniones con diversos congresistas de las bancadas de izquierda, de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y otras tiendas políticas a fin de convencer a los congresistas de que voten por el rechazo por el pedido de inhabilitación de Zoraida Ávalos, ofreciéndoles que si Zoraida regresaba a la Fiscalía de la Nación iba a archivar cualquier investigación en su contra, dedicándose, además, a despotricar de la actual gestión de la Fiscalía de la Nación, señalando que la Junta Nacional de Justicia la va a suspender del cargo y la va a destituir. La prueba reina de las gestiones y el lobby ilegal que hacía Malena Chacón Arenas a favor de Zoraida Ávalos se encuentra en un audio que grabó un Congresista de la República y que obra, según nuestras fuentes, en poder del Ministerio Público quien viene adelantando una investigación reservada al respecto.
Es muy grave que una exfiscal de la Nación utilice a sus antiguos asesores de confianza, quienes fueron contratados y pagados por más de tres años por el Ministerio Público, para hacer tráfico de influencias y para ofrecer una serie de beneficios y prebendas legales a los congresistas a cambio de votos en contra de la vacancia.
Zoraida Ávalos, como Fiscal Suprema en ejercicio, debe dar ejemplo de conducta ética y demostrar que para defenderse no es necesario acudir a acciones vedadas por la ley y menos utilizar a antiguas asesores de confianza para buscar acercamientos a congresistas para lograr que voten a su favor.
Los mails secretos de Zoraida Ávalos a los congresistas (jueces del congreso) que decidirán si la inhabilitan constitucionalmente
Zoraida Ávalos el 23 de mayo del 2023 envío desde su mail personal (zoraidaavalosrivera@gmail.com) al correo privado de casi todos los congresistas una copia de su escrito de defensa elaborado por el abogado Francisco Eguiguren Praeli, lo que supone realizar un manifiesto acto ilícito e indebido ya que a ningún litigante o abogado en el Perú se le permite que pueda enviar al correo privado de un juez o fiscal en el que se lleva un caso de su interés el escrito de alegatos de defensa o el informe elaborado por su abogado defensor. A ninguna persona investigada en el Perú se le autoriza enviar vía mail un escrito de defensa al correo personal de un funcionario público que conoce un caso. Cualquier litigante sabe que lo correcto es presentar el escrito que le interesa en la mesa de partes de una institución pública o enviar el documento al correo institucional de la mesa de partes, por ejemplo, de una fiscalía, de un juzgado o de cualquier dependencia pública.
Zoraida Ávalos puede defenderse en el pleno del Congreso o pedir una entrevista formal a cualquier congresista de la República, pero lo que no puede hacer es enviar mails a los correos privados de los congresistas que en este momento están actuando como sus jueces del Parlamento en el pedido de inhabilitación que se verá el 21 de junio en el pleno del Congreso de la República.
A ningún ciudadano se le concede en el Perú el poder mantener una relación directa y personal, a través del correo electrónico, con algún funcionario (juez, fiscal congresista, etc.) que forma parte de un órgano colegiado que decide un caso de su interés. Todo abogado sabe que no es lícito ni correcto que los escritos de su defensa los pueda remitir al correo privado de un juez o fiscal o cualquier otro funcionario público, ya que está generando una relación extraprocesal prohibida por la ley.
Consultado el caso de Ávalos Rivera con algunos fiscales, se nos ha indicado que la exfiscal de la Nación habría cometido una infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal que sanciona, incluso, con destitución a quien “abusa de la condición de fiscal para obtener un trato favorable o injustificado” (artículo 46.15). Se nos dice que Zoraida Ávalos solo por el hecho de ser todavía fiscal suprema se siente capaz de hacer algo que a ningún abogado se le ocurriría cometer: enviar los alegatos de su defensa al correo personal de los congresistas que dentro de poco deberán decidir si la denuncian constitucionalmente e inhabilitan para el ejercicio del cargo público.
Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.
Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.
DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL
En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.
Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.
Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.
Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.
Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.
Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.
Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.
No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.
EL FINANCISTA DE KEIKO
“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.
Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.
Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.
El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.
Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.
El trágico panorama que dejó el paso de la pandemia originada por el Covid-19 destacó, entre muchas otras lecciones, la importancia de un proceso de vacunación eficiente y la necesidad de anticiparse a aquellos factores que amenazan la salud de la población. Sin embargo, no siempre las autoridades valoran las experiencias que dejaron estos episodios y subestiman o actúan con pasividad ante signos de alerta.
Esta situación es la que estaría ocurriendo en el Ministerio de Salud con respecto a las decisiones que se han tomado para afrontar la influenza, una problemática que, si bien no es desconocida, no se estaría combatiendo con las mejores armas disponibles. Esto se debería a que el sector encabezado por la ministra Rosa Gutiérrez Palomino únicamente planea usar las vacunas trivalentes en lugar de las tetravalentes.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Si bien se viene hablando de las campañas de vacunación contra la influenza desde hace un tiempo razonable, la diferencia entre la vacuna trivalente y la tetravalente radica en un punto clave. Aunque ambas están enfocadas en la influenza, la segunda sí incluye la protección ante el linaje tipo B Yamagata. Este punto ha captado la atención de los especialistas debido a que su circulación ha incrementado considerablemente al punto de triplicarse entre 2014 y 2020.
Teniendo en cuenta estos factores, la Organización Mundial de la Salud ha optado por incluir la vacuna tetravalente entre las recomendaciones para afrontar la temporada gripal durante 2023 y, de la misma manera, numerosos países, como Uruguay, Paraguay, Costa Rica y otros más, se encuentran aplicándola para la población que pertenece al grupo de riesgo.
En el caso peruano, no sólo no se utiliza la vacuna tetravalente sino que la cobertura de vacunación de los últimos años ha mostrado cifras alarmantes en la población de sesenta años a más, quienes son de los grupos más vulnerables a la influenza. Mientras que, en 2020, la cobertura de vacunación sólo llegó al 69%, este número cayó al 30% un año después.
No obstante, el sector privado sí cuenta con la posibilidad de aplicar esta vacuna tetravalente que, tal como señala la evidencia, podría evitar un riesgo considerable para la población. Aunque, como se evidenció durante la pandemia, el porcentaje de la población que depende de la salud pública es mayor y, por lo tanto, que sea este sector el que mire con indiferencia este panorama ha encendido las alarmas.
UN PEDIDO A LA MINISTRA
Ante el riesgo latente de afrontar una nueva emergencia sanitaria, que indudablemente sería grave al ocurrir en un contexto en que las autoridades no logran elaborar una estrategia eficiente contra el dengue, las organizaciones civiles han alzado su voz. Este es el caso de Voces Ciudadanas, quienes han enviado una carta a la titular del sector solicitando el uso de esta vacuna que ofrece mayor protección.
En la carta firmada por María del Pilar Collantes Torres, presidenta de esta iniciativa regional, se advierte sobre la importancia de realizar un cambio en el enfoque que actualmente tiene el Ministerio de Salud. Además, se resalta que se ha experimentado un incremento mundial de casos de influenza tipo B y se señala que, a raíz de esta circulación, aparecerán nuevas cepas en los próximos doce a catorce meses.
Sin embargo, aunque la Norma Técnica de Inmunizaciones que fue publicada en el año 2022 permitiría la adquisición de las vacunas tetravalentes, el Ministerio de Salud ha intentado justificar su negativa a adquirir dichas vacunas alegando que “en el último año y medio año y medio no había circulación del linaje Yamagata a nivel mundial” pese a que los expertos advierten que se ha producido un silencio inmunológico producto de los años de pandemia y se ha advertido que el rol preventivo de la vacuna debe ser valorado y que por esa razón es que los países que venían aplicando la vacuna tetravalente no han dejado de usarla.
A estas opiniones se sumaron las conclusiones que dejó el Simposio Internacional sobre Influenza realizado en el mes de mayo por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este evento que incluyó a especialistas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y expertos peruanos en inmunizaciones se advirtió que emplear sólo la vacuna trivalente deja en riesgo de desarrollar una enfermedad severa e incluso la muerte a mayores de 65 años, personas con obesidad, con enfermedades oncológicas y hasta a niños menores de cinco años.
El desconcierto experimentado durante los años más crueles de la pandemia y la situación que actualmente padece el país a causa del dengue han expuesto la precariedad del sistema de salud y un nuevo descuido ante la influenza podría llevar a un nuevo colapso que dejaría un número de víctimas que con una apropiada campaña de vacunación se podría evitar.
La policía le ha recomendado a Martín a no seguir pagando porque esto se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar, sin embargo, el dueño del restaurante nos cuenta que tiene miedo que un día lleguen a su local lastimen a sus clientes o a sus colaboradores o lo terminen asesinando es por ello que ha tomado la decisión de cerrar su negocio e irse para poder reencontrarse con sus niñas y su esposa y así empezar una nueva vida lejos de la extorsión y de la inseguridad que se vive en el Perú.
“He tenido que cambiar fechas de pago a mis trabajadores porque los delincuentes también están al tanto de los días que hago los pagos, pero esta será la última vez que lo haga, en una semana cerrare mi negocio por el que tanto luché. No puedo seguir exponiendo a mi familia, no puedo soportar más, yo estoy casi seguro de que la Policía no podrá hacer nada, ella en ningún momento ha garantizado ni mi seguridad ni la los míos”.
El emprendedor detalla que los delincuentes lo tienen mapeado, saben su rutina, si se comunica con la Policía o con su familia.
Los extorsionadores no discriminan si eres un empresario o un dueño de una pequeña bodega, el fin es obtener el dinero a como dé lugar para mantener el estilo de vida que es una de sus características, así como la ferocidad con la que matan, es violencia que lleva a que la mayoría de las víctimas terminen pagando el dinero que piden estos sicarios
En los últimos años el tren de Aragua se ha expandido por Colombia, Chile, Ecuador y Perú donde está en una constante disputa por el poder de la criminalidad, nada los parece frenar, en la actualidad esta organización extranjera es considerada una de las más poderosas y la que opera la mayor cantidad de negocios ilícitos.
Analistas en los temas de seguridad desde hace muchos años y ministros del Interior en los regímenes de Alejandro Toledo y Francisco Sagasti, el sociólogo Fernando Rospigliosi y el abogado Rubén Vargas Céspedes coinciden en que la permisividad del gobierno de Castillo con la delincuencia nacional y extranjera han hecho crecer un problema que tiene varias aristas. La primera es la flexibilidad adoptada por las autoridades migratorias a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los extranjeros indocumentados que han ingresado por miles al país en los últimos años. La segunda es que entre la gigantesca masa de inmigrantes venezolanos y colombianos han entrado al Perú lo peor de lo peor de las estructuras sociales de ambos países: extorsionadores y sicarios de Colombia y proxenetas, asaltantes que disparan a matar a sus víctimas y rateros de todo tipo de Venezuela. “Es como si fueran dos selecciones nacionales de los basureros sociales de ambos países”, nos dijo un colega con muchos años más que nosotros en el oficio.
El ex ministro del Interior Rubén Vargas nos explica ¿Qué diferencia a un delincuente migrante, sea colombiano o venezolano, del delincuente peruano, por qué esos antisociales extranjeros matan con tanta ferocidad?
La delincuencia es igualmente corrosiva, genera daños absolutamente críticos en nuestro bienestar, en nuestra integridad personal, en nuestras vidas, en nuestro patrimonio. La delincuencia en realidad no tiene nacionalidad no tiene bandera, ahora a partir de esa premisa lo que sí sin duda hay, es diferencias en la forma como operan los delincuentes extranjeros de los locales y tiene que ver esa forma diferente de actuar principalmente en las disputas territoriales en las disputas de poder que se están observando en las distintas partes precisamente tratando de imponerse uno sobre otro y en esa disputa el delincuente extranjero sin duda que tiene una especie de escuela del delito en el que se observa que recurre a la extrema violencia con absoluta facilidad con absoluta frialdad, el delincuente extranjero estamos viendo que esta asesinando por un celular por una cartera, mata para ver si sus víctimas tienen unas monedas en el bolsillo, eso es un forma de ferocidad, ese hecho de asesinar a mansalva con ferocidad ese tipo de delito patrimonial en realidad en el fondo subyace un mensaje en esta disputa que se está produciendo con el delincuente nacional y esa disputa tiene que ver por territorios por preminencia tiene que ver con una de circunstancias propias de la ley del hampa. La incidencia delictiva y los delitos violentos en países como Venezuela y Colombia tiene muchísimo antecedente mucho más compleja que la de Perú, en realidad el Perú aun cuando la percepción de inseguridad siempre ha sido alta, pero el Perú es visto por los delincuentes extranjeros casi como una tierra virgen del delito acá no conocíamos por ejemplo los delitos gota a gota, las extorsiones en la forma como se está desarrollando ahora, en cambio en Colombia el gota a gota tiene una larguísima historia, en Perú no conocíamos por ejemplo los temas vinculados al manejo territorial de las calles, de las avenidas de las grandes ciudades pero en Venezuela sí, entonces digamos que se está trasladando al Perú patrones de países donde la violencia tiene una larga historia.
¿Cuáles son los factores que han permitido que ese fenómeno delictivo importado crezca como la espuma en diversas regiones del país?
Básicamente tiene que ver con la responsabilidad política y la responsabilidad operativa, la responsabilidad política del gobierno que en su momento abandonó las ciudades recordemos que en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo la Policía fue convertida en un brazo operativo de una organización criminal, los comandantes generales de la Policía estaban al servicio de una organización criminal estaban al mando de un sujeto conocido como “El Español”, entonces obviamente que en esas circunstancias en ese contexto no había forma de enfrentar a la criminalidad organizada eso ayudo muchísimo a que crezca el crimen organizado.
¿Cuáles son las acciones que deberían tomar las autoridades nacionales para mitigar la gigantesca inseguridad que se vive en el país?
Se necesita recuperar la institucionalidad de la Policía, los temas de corrupción siguen bastante grandes al interior de la Policía, necesitamos que el Gobierno tenga estrategias claras contra el crimen organizado y en la prevención del delito, necesitamos que el gobierno se comprometa priorizando presupuestos para fortalecer la logística policial especialmente en la tecnología de las unidades especializadas de la Policía contra el crimen organizado, es muy importante en la lucha contra el crimen organizado fortalecer la inteligencia electrónica.
Según distintas fuentes, los venezolanos vinculados a la organización llamada el Tren de Aragua han empezado a controlar todas las modalidades delictivas en el país, ¿cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de PPK hasta hoy de ese crecimiento exponencial?
Yo no diría que los gobiernos que usted menciona tengan una responsabilidad especifica, obviamente que se abrieron las puertas a la migración venezolana de manera demasiado lasta especialmente cuando se producían situaciones humanitarias en Venezuela, seguramente que eso se pudo haber hecho de una mejora manera sin ninguna duda, pero la delincuencia venezolana empieza a ingresar después de la segunda oleada migratoria en donde básicamente las fronteras se abrieron, en todo caso lo que necesitamos es recuperarnos de esa situación en la que nos dejó Pedro Castillo.
El también ex ministro del Interior y analista político, Fernando Rospigliosi nos indica que los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia efectivamente son mucho más violentos y que la exportación de los mismos ha disminuido la tasa de violencia en el país llanero.
“Una de las características de los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia es que son mucho más violentos que los peruanos si uno revisa por ejemplo la tasa de homicidios de Venezuela en los últimos años es notorio que hace 5 – 6 años Venezuela tenía una de la tasa de homicidios más altas del mundo 80 por cien mil habitantes y en los últimos 5 años eso ha bajado a la mitad 40 por cien mil habitantes el año 2022 eso es altísimo todavía, pero es una muestra de cómo los delincuentes venezolanos son muy violentos y como al exportar a tantos delincuentes violentos ha disminuido la tasa de homicidios en Venezuela y naturalmente eso tiene un efecto a los países donde van estos delincuentes venezolanos entre ellos el Perú igual o algo similar ocurre con los colombianos que también tienen una tasa de homicidio muy alta y son muy violentos entonces eso ha creado una de las características que tenemos ahora que la delincuencia no solamente ha aumentado el número de robos sino que la violencia es mucho más brutal que antes”.
Para Fernando Rospigliosi es necesario que se actúe con firmeza y energía y también es importante implementar los elementos necesarios para que la Policía Nacional del Perú pueda erradicar la delincuencia en nuestro país.
“Hay que dotar a la Policía de los elementos indispensables para luchar contra la delincuencia. La policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, porque no haya habido dinero sino porque se ha malgastado o se ha robado el dinero y la Policía no tiene buenas comunicaciones, no tiene patrulleros. Y se requiere hacer algunas modificaciones como, por ejemplo, devolver la investigación preliminar a la Policía es decir el atestado policial que antes lo hacía la Policía ahora eso ha pasado a manos de la Fiscalía, los fiscales no saben investigar y muchas veces los delincuentes salen libres por eso, entonces hay un conjunto de cosas básicas que son conocidas que hay que hacerlo pero que nadie se atreve a tomar la decisión de hacerlas”.
Sin embargo, nos indica que los gobiernos de PPK hasta hoy “son los responsables de que los delitos hayan crecido con esa rapidez y con esa violencia, es responsabilidad de los sucesivos gobiernos en este caso esta banda que se denomina el tren de Aragua por ejemplo está controlando delitos de extorsión, secuestros, trata de personas y son muy violentos, han exportado toda su tecnología delictiva”.
Hasta bien entrado el siglo pasado, Venezuela era un país donde había muy pocos inmigrantes, pero cuando las industrias derivadas del auge del petróleo requirieron de trabajadores experimentados comenzaron a llegar muchísimos europeos, convirtiendo al país más al norte de Sudamérica en la sede de la segunda colonia española más grande del subcontinente, en la tercera colonia italiana más importante de estas tierras después de la Argentina y la de Brasil, y en la segunda colonia portuguesa más grande del mundo después del Brasil. Ese país de inmigrantes se convirtió en una nación de emigrantes en menos de medio siglo, exportando comerciantes riquísimos, profesionales de altísima calificación, hombres y mujeres con muchas ganas de sacar a sus familias de la precariedad del momento actual y miles de los delincuentes de la peor especie, a tal punto que en la última década el índice de criminalidad venezolano ha bajado de uno de los primeros lugares en el mundo al penúltimo lugar en América del Sur después de Brasil.
A menos que alguien demuestre lo contrario, ese es el único logro del llamado socialismo del siglo XXI.