[INFORMES] Años atrás, cuando los recién llegados a Lima pasaban inevitablemente por el centro de la ciudad capital, los avivados les “vendían” las bancas, el monumento y las plazas enteras a los pobres migrantes. De esa forma, los individuos que únicamente sabían usar sus habilidades verbales para abusar de sus compatriotas más vulnerables inauguraron un estilo de vida que fue evolucionando (¿o involucionando?) a una manera de vivir siempre al filo de la ley. Primero “vendían” todo lo que no se movía, luego estafaron con el “cambiazo” de moneda falsa por verdadera y con la venta a precio de incendio de los falsos números ganadores de las loterías de antaño, para finalmente incursionar en las estafas telefónicas, e inaugurar todos los tipos de fraude electrónico habidos y por haber.
Según las estadísticas policiales de diversos países del mundo, los fraudes electrónicos están largamente a la vanguardia de las estafas, sean estas a través del robo de tarjetas de crédito y de débito, del hackeo de cuentas de todo tipo y de las cada vez mayor número de cifras de sustituciones de identidad de los usuarios de todas y cada una de las formas de comprar, de alquilar o de consumir. Estamos ante el auge del robo de los componentes de la personalidad de los seres de este tiempo.
La nueva modalidad de extorsión comienza con una llamada telefónica desde un rincón de un centro penitenciario, en la cual alguien te dice: “Hola, te saluda el comisario Equis de la comisaría Hache porque tenemos una denuncia, según la cual un primo tuyo ha sido intervenido por (aquí viene el tipo de delito imaginado por los delincuentes), y para poder ayudarte a ti y a tu primo tienes que pagar una ayuda a unos agentes para que no lo detengan. Ante la desesperación de la persona que ha recibido la llamada, el supuesto comisario le dice que le va a pasar un número de cuenta bancaria para que deposite dos, tres o cinco mil soles según el tamaño del supuesto delito.
Así empiezan todas las llamadas que buscan extorsionarnos, entonces lo que debemos tener en cuenta es que ningún comisario ni ningún jefe de una unidad policial va a llamarnos para decirnos que tienen un expediente que nos vincula con un delito o que nos va a detener esa misma mañana.
Pese al Estado de Emergencia declarado en algunos distritos de la capital y en algunas ciudades del país, las extorsiones, amenazas y cobro de cupos continúan atemorizando a los empresarios y comerciantes. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los puntos desde donde se orquestan todos estos crímenes son los penales y cárceles del país.
“Luisa” como vamos a llamarla, es una víctima más y su caso se suma a la larga lista de afectados por extorsión vía telefónica que día a día van en aumentaron debido a inseguridad ciudadana que aqueja al país.
“Me llamó el mayor de la comisaría de Alfonso Ugarte, me saludó y dijo que había estado llamando a mi esposo, pero que él no contestaba, que quería ayudarlo. Entonces, le pregunté qué pasaba y me respondió que mi marido tenía una denuncia por tocamientos indebidos a una joven mujer. Le respondí que era imposible, que Luis era incapaz de hacer algo así. El supuesto comisario de inmediato me dio un número de expediente, conminándome a no dejar pasar más tiempo, porque ese expediente iba a pasar a la Fiscalía y tendría que venir a mi casa a detenerlo. Me asusté más y le dije qué podía hacer, en ese momento me dijo que me iba a dar un número de cuenta para que deposite 3,000 soles y así frenar la detención. Si no lo haces, la Fiscalía detendría inmediatamente a mi esposo; y me cortó la llamada. En ese momento, llamé a mi esposo y como este seguía sin contestarme, transferí el dinero a la cuenta y le envíe el voucher por whattsapp. A los pocos minutos, recibí una nueva llamada del supuesto comisario, quien me dijo que me había demorado mucho y que el expediente ya había pasado a la Fiscalía, y que ahora necesitaba más dinero para pagarle al fiscal y a su gente, por lo que tenía que depositar 5,000 soles más, y que no me demore porque no quería que mi hijo crezca con su papá en la cárcel. Cuando decidí depositar el dinero para evitar la catástrofe familiar, mi marido me llamó para decirme que se había dado cuenta de mis llamadas y por eso me llamaba recién. Cuando le dije por qué era la insistencia, me dijo que la comunicación del supuesto comisario era una estafa”.
Este caso es aún más asombroso, porque en el colmo de los colmos el delincuente le propuso a la víctima cambiar la denuncia a su favor. María, como la llamaremos por motivos de seguridad, nos cuenta que hace unas semanas recibió la llamada de un supuesto policía de la Comisaría de Cieneguilla, quien le dijo que había una denuncia contra su hermano porque le había pegado a otro chico en una fiesta.
“Me pareció raro, pero coincidía efectivamente con el hecho que mi hermano había estado el fin de semana anterior en un fundo de Cieneguilla en un matrimonio de unos amigos. El supuesto policía me dijo que nos quería ayudar para que el caso no pase a la Fiscalía porque el agraviado había recibido muchos golpes y estaba hospitalizado. Me aseguró que si el expediente policial número 3378-2024-2 pasaba a la Fiscalía, lo tenían que detener al instante o buscarlo en mi casa o en su trabajo. Con todos esos datos, no dudé que lo que el supuesto policía decía era verdadero; entonces, le pregunté dónde quedaba la comisaría para acercarme con mi abogado, y él me respondió que no era necesario que fuera a la comisaría, y que, más bien, deposité 4,000 soles para arreglar el tema de la denuncia y mi hermano no fuera detenido. Al acabar la llamada, hice el depósito solicitado; pero inmediatamente recibí una nueva llamada pidiéndome 5,000 soles más, que era lo que solicitaba el fiscal para desaparecer literalmente el expediente. Me dijo también que no me demorara porque sino tendría que poner en práctica el Plan B para voltear totalmente el expediente, convirtiendo al agresor en agredido y viceversa. Si me preguntan cómo pude pagar más de diez mil soles en una hora, tengo que decir que el supuesto policía sabía todo de mí y de mi hermano. Además, “como música de fondo”, había sonido de radios policiales, computadoras y bocinazos. Como para no dudar, por eso terminé pagando todo lo que me pidieron”.
El futuro de la criminalidad en el Perú
Consultamos al experto en seguridad integral y temas sobre narcotráfico, Pedro Yaranga sobre que, en las últimas semanas, el gobierno ha anunciado un supuesto Plan Boluarte contra el crimen organizado, ha propuesto la creación de una Policía de Orden y Seguridad y ha declarado el estado de emergencia en unos cuantos distritos donde no se ha visto ningún resultado alentador, y, finalmente, cediendo a la presión parlamentaria y periodística, ha aceptado la renuncia del ministro del Interior. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas estructurales de ese constructo de ‘buenas intenciones’?
En realidad, el tema de la seguridad es multidimensional; por lo tanto, el responsable de la seguridad no es solamente el titular del Ministerio del Interior. El ministro del sector es sólo el que maneja y monitorea los indicadores de la inseguridad, pero quien debe responder por la respuesta integral es el Presidente del Consejo de Ministros. Por eso, digo que quien está mal es el Premier, y, también, el Congreso de la República que no evalúa que la censura a un ministro que medianamente estaba en franca mejoría para poner a una persona que tiene menos experiencia que el ministro saliente nos puede pasar factura, y dudo que esa factura pueda pagarse en el camino. Entonces, pienso que el nuevo ministro debe rodearse de buenos asesores.
¿Es decir, el mandato de la señora Boluarte seguirá avanzando y la inseguridad seguirá como está o avanzando?
Creo que en el camino hacia ese 2026, la Policía va a solucionar todo o parte del problema, porque ella está bien organizada, pero con serios problemas de logística y de indefensión ante la actitud de los fiscales y de los jueces, quienes muchas veces acusan y juzgan a los policías que eliminan a los delincuentes en actos de servicio, castigándolos por cumplir su deber. Con bajos sueldos y escasos recursos para enfrentar las acusaciones, es muy difícil que los policías quieran involucrarse directamente porque saben lo que les espera. Sin decisión política no hay posibilidad alguna de enfrentar a las bandas organizadas, las cuales tienen abogados bien remunerados a su servicio. Esa es la forma de anular a la policía peruana, una de las mejores de toda América Latina.
Las bandas criminales brasileñas y el Tren de Aragua venezolano han ganado una gran presencia en los países de la costa occidental de América del Sur, ¿hacia dónde avanzan?
El Primer Comando de la Capital (brasileño) tiene en la mira a nuestro país, el Comando Vermelho (también brasileño) ya está operando en el Perú, está asentado en la triple frontera (la que separa al Perú de Colombia y del Brasil), en parte de Ucayali y de Madre de Dios. Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), las cárceles peruanas ya albergan a una cincuentena de presos del PCC y del CV, lo cual significa un problema explosivo para el país, pues la gran especialidad que tienen ambas organizaciones es crecer desde las cárceles -como la Hermandad Aria en las prisiones norteamericanas-, llegando a tener el 80 por ciento del control de las prisiones brasileñas y el 90 por ciento de las paraguayas. Tienen en la mira al Perú porque nuestro país se ha convertido en el segundo productor de cocaína en el mundo, uno de los primeros en explotación y exportación del oro de manera ilegal. Además, esos criminales internacionales manejan la trata de personas, convirtiendo esa práctica cobarde y abusiva en la segunda actividad en ganancias brutas en el año 2022.
Con respecto al Relleno Sanitario «El Zapallal»
En un llamado a la acción, la resolución exhorta a esta dirección a resolver los procedimientos administrativos de evaluación de residuos sólidos dentro de los plazos establecidos, enfatizando la importancia de evitar demoras.
No obstante, aunque fue aprobado en 2021, esta norma viendo siendo infringida desde hace un largo tiempo por los controladores de tránsito aéreo en varios aeropuertos del Perú poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que los visitan y también del personal de estos terminales aéreos.
El 12 de diciembre del 2022, Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, quien pertenecía a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respondió al pedido del gerente general de CORPAC señalando que se les concedía la exención solicitada por el periodo de un año que recién terminaría el próximo 5 de diciembre del presente año.
CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA 
La situación se torna aún más extraña al descubrirse que el abogado, cuyo nombre había sido ocultado, era el de Mauricio Palomino Vidal, quien casualmente era el único precandidato que se encontraba en competencia con Raphael Valencia por la candidatura del Partido Morado.
Esta situación despertó más dudas en Kevin Vásquez y su equipo de trabajo debido a que, tal como lo señala Vásquez en su solicitud de apelación, el acceso a este tipo de información está reservado de forma exclusiva a las partes involucradas y sus respectivos abogados. El entonces titular del Órgano Electoral Regional solicitó a la militante que presentó este caso que aporte más pruebas, así como el documento completo, pero esto no ocurrió.
Según el documento del propio Partido Morado, los comentarios en Facebook realizados por Vásquez Soto probarían que existía un vínculo entre ambos y que, por lo tanto, existía un conflicto de intereses que habría influenciado en la decisión que posteriormente se tomaría con respecto a la tacha contra Valencia.
En su defensa, Vásquez Soto señala que los cinco miembros del Órgano Electoral Regional estuvieron de acuerdo con declarar infundado el recurso de tacha, pero sólo él está siendo objeto de esta investigación. Además, en otro extraño giro que ha dado este caso, cuando los otros cuatro integrantes del Órgano Electoral Regional pidieron ser citados para aportar pruebas no fueron escuchados.
Si bien el caso mostraba situaciones por demás extrañas, la renuncia irrevocable de Lizzeti Samantha Cotrina Oquendo, quien fue miembro del Tribunal Regional de Ética y Disciplina de Lima Metropolitana, genera más suspicacias sobre el tratamiento que se le dio al caso de Kevin Vásquez. En la carta de renuncia, Cotrina Oquendo presenta argumentos muy graves como el uso ilegal de su firma en la investigación contra Vásquez así como las sanciones desproporcionadas.
Kevin, quien fue suspendido por 18 meses de su militancia, relata que la cercanía de Mauricio Palomino, el precandidato que se enfrentó a Raphael Valencia, con la cúpula que maneja el Partido Morado actualmente podría explicar la manera en que se desarrolló su caso. “Son personas que no deben continuar en el partido”, señala Vásquez sobre el presidente Luis Durán y quienes hoy están al mando del Partido Morado y agrega que “la cúpula actual liderada por el presidente Durán es ineficiente”.
Además, la periodista hace mención sobre la actitud de la abogada del canal quien en reiteradas ocasiones intentó ridiculizar y quitarle el derecho de increpar y exigir respuestas claras. “La abogada quiso jugar su papel como defensora de la presidenta, o de querer ridiculizarme. Porque le dijo, usted, presidenta, no está obligada a responder nada de lo que la conductora le pregunta”, menciona la periodista quien asegura que la abogada se volvió la defensora de la presidenta y no de los trabajadores.
Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la 
Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.
Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.
Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.
Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.
Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.
