Tomando como fuente oficial al gerente general de CPI, podemos afirmar que la encuesta que difundió el candidato Arturo Cabanillas es falsa.
Fact-checking elaborado por Martín Peregrino para la alianza PerúCheck
**Fotoportada por Darlen Leonardo
El secretario de la Sala Mixta de Abancay, Ebert de la Vega Chirinos, también está en la mira del Ministerio Público. Este funcionario mantuvo decenas de comunicaciones con Jorge Chávez Sotelo en 2019. Los investigadores tienen información de que recibió dinero de los abogados a través de su colega Karin León, mencionada líneas arriba.
El trato era similar con Alan Velasquez Huillca, secretario del Juzgado Mixto Grau-Chuquibambilla, de Apurimac. Jorge Chávez lo tenía registrado como ‘Alan’ en su teléfono. Ambos sostuvieron conversaciones entre noviembre del 2018 y febrero del 2019. Según el documento judicial que ordena el allanamiento de su casa, en estos mensajes “se habla de temas referentes a transferencias de dinero que se realizan al secretario judicial a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación a su nombre”.
La información que maneja la fiscalía es que ese dinero fue entregado por Julio Paniura Moscoso, trabajador de Chávez, “en contraprestación a la agilización de la expedición de resoluciones judiciales favorables en los casos patrocinados por Chávez que se siguen contra Las Bambas”.
De hecho, el 20 de diciembre del 2018, Jorge Chávez exhortó a Velásquez a que haga lo posible para que se emita un fallo favorable a uno de sus patrocinados, nada menos que Javier Ochoa Núñez, actual presidente de la comunidad de Huancahuire. Le dice “que le iba a reconocer ese trabajo”. Según la fiscalía, ese mismo día se expidió la primera resolución del expediente 124-2018 que admitía la demanda.
Nos comunicamos al teléfono de Frank Chávez Sotelo, para buscar su versión de los hechos aquí narrados, pero al cierre de este informe no hubo respuesta. En los números de las empresas relacionadas a los hermanos nadie responde.
Precisamente, los investigadores también descubrieron que Javier Ochoa, el presidente de la comunidad de Huancahuire, le transfirió S/260,000 a Frank Chávez. Así se lee en la documentación judicial revisada por Sudaca. La hipótesis es que esa plata era el pago para los operadores de justicia. Su casa fue allanada esta semana.
Núñez sigue ocupando el cargo hasta hoy y ha sido protagonista de las últimas acciones de su comunidad contra la empresa. En mayo pasado, Ochoa demandó dejar sin efecto el estado de emergencia como condición para participar en la mesa de diálogo con representantes del Gobierno y de la minera.
La acusación fiscal en su contra agrava el conflicto entre las comunidades y la minera, y no permite ver con claridad las demandas justas de las comunidades. Los pobladores de Huancahuire vienen reclamando en estos momentos por la ampliación de las operaciones de Las Bambas. Denuncian que la empresa opera en el lugar inconsultamente y que contamina el medio ambiente. Sin embargo, desde el 2013, Huancahuire ha recibido más de S/170 millones justamente por la cesión de sus tierras. Intentamos comunicarnos con el dirigente y su abogado, pero no hubo respuesta. Esperemos que en esta nueva parte del conflicto asesores corruptos y dirigentes cómplices no se roben el protagonismo.
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A este estancamiento se le suma la reciente Ley 31254, que en julio de 2021 prohibió la tercerización en los servicios de limpieza pública, lo que obliga a los gobiernos locales a cambiar a la modalidad de contratación directa del personal. Por más que la ley daba un año para que las entidades se adecúen, la comuna de Lima ha cumplido el mandato a medias hasta el momento: en abril de este año, se aprobó el pase a planilla de la municipalidad solo de trabajadores de zonas específicas. El resto, según la gerencia de servicios a la ciudad, sigue en proceso de adecuación.
Innova Ambiental se ha mostrado disconforme con esta ley y ha insistido a la MML que se oponga mediante medidas como acciones de inconstitucionalidad. Ante la negativa de la entidad de optar por esa vía, ellos mismos presentaron un proceso de amparo en marzo pasado. Según la empresa, la ley no debería aplicarse en el caso de servicios de limpieza pública, por más que el Ministerio de Justicia manifestó lo contrario cuando la municipalidad le consultó.
Innova Ambiental no es una empresa desconocida en la capital. Cuando aún se llamaba Relima dicha empresa se vio involucrada en 2009 en el caso Comunicore, en el cual se pagó irregularmente y de forma poco transparente la deuda que la Municipalidad mantenía con ella. Esta deuda, precisamente, se generó durante la ejecución del servicio de limpieza y recojo de basura que hoy sigue en curso.
Relima también fue la empresa que brindó el servicio de limpieza pública en Miraflores entre 2008 y 2018, según se puede constatar en un acuerdo del Concejo de aquel último año. Durante gran parte de este tiempo (2011-2018), el distrito fue liderado por Jorge Muñoz, quien luego daría el salto al sillón municipal de Lima. Durante su interrumpido mandato en la ciudad, como se ha detallado en este reportaje, no logró concretar el fin de la concesión con esta misma empresa.
Sudaca buscó comunicarse con la Municipalidad de Lima para obtener sus descargos sobre esta concesión eterna, la extraña razón por la que cancelaron uno de los concursos públicos y el efecto que esto tiene en la ciudad. Sin embargo, al cierre de esta edición, no han respondido.
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Como ha contado La República, la reunión se produjo en un inmueble de Surquillo. “Quiero precisar que, como señalé antes, entendimos que nos íbamos a reunir con asesores del presidente de la República pero no conocía de qué personas se trataban. (…) En la reunión estaba el señor Alejandro Sánchez Sanchez, que nos dijo que las personas que lo acompañaban eran amigos y paisanos del presidente, que estaban en Lima para apoyarlo, dando a entender que eran conocedores del rubro de la construcción”, detalló el testigo.
Allí, esta persona pudo identificar no solo a José Nenil Medina, sino a Jackeline Castañeda del Castillo, jefa de presupuesto del ministerio de Vivienda; al ya mencionado Salatiel Marrufo y a Abel Cabrera Fernández, uno de los financistas de la campaña del presidente Castillo. Cabrera, además, ha sido identificado como el hombre que colocó a cargo de Vivienda a Geiner Alvarado. Así lo dijo el colaborador eficaz el 24 de julio pasado.
“De mucha confianza era el nexo con el Ministro de Vivienda junto con Abel Cabrera, quien fue la persona que recomendó a Geiner Alvarado como Ministro de Vivienda. Por eso ellos manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso”, señaló. Alvarado, entrevistado por la fiscalía el pasado 4 de agosto, admitió que Cabrera lo propuso para el cargo.
Todo este círculo de confianza del presidente habría concertado la repartija de obras. Con estos y otros elementos, el pasado 19 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder dispuso formalizar investigación preparatoria con la primera dama, Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David y los alcaldes de Anguía, Nenil Medina; Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui; y Chadín, César Cabrera. También se encuentran comprendidos los hermanos Hugo y Anggi Espino, quienes vienen colaborando con la justicia. En Palacio siguen jugando el papel de víctimas.
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Las demás oficinas de Omega Pro –si es que existen– se encuentran en Dubai, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Singapur. “Que estén en estos lugares debe ser una bandera roja, porque no tienen entes reguladores que aseguren que no sea una captación ilegal de dinero”, sostiene Enrique Castellanos.
Omega Pro no cuenta con RUC ni oficinas físicas en el Perú. Tampoco tiene un número telefónico o un buzón de correo para recibir reclamos. Mucho menos, un representante legal. “Es un esquema que no está inscrito en los Registros Públicos; es decir, no existe legalmente en el Perú, solo es una página web creada en el extranjero y no brinda la garantía de que alguien pueda invertir su dinero con toda seguridad”, argumenta Reátegui.
Esto lo saben los promotores, pero parece no importarles. “Esta es una información importante para que entiendas el negocio. Somos un banco digital, por eso no contamos con RUC, ni oficinas físicas ni estamos regulados por la SBS. Nuestro único regulador es la FCA (Financial Conduct Authority). Ellos son la máxima autoridad de instituciones financieras en el mundo y son los únicos que nos pueden supervisar. No somos una estafa”, dice uno de los voceros con los que esta reportera pudo conversar.
Pero esta no es más que otra de sus mentiras. Omega Pro tiene su propio banco, llamado OMP Money, en el Reino Unido. Supuestamente, se encuentra supervisado por la FCA, entidad reguladora de dicho país. Sin embargo, una búsqueda rápida deja en evidencia que, aunque sí estuvo inscrita por un tiempo, actualmente ya no es así. “Esta empresa ya no está registrada en la FCA como agente de dinero electrónico de una empresa regulada y ya no puede emitir dinero electrónico ni proporcionar servicios de pago”, se lee en la página web. No se detalla por qué se les quitó el registro.
De acuerdo a las cifras de Daniel Reátegui, en los últimos dos años la SBS ha recibido cerca de 50 denuncias y consultas sobre Omega Pro. “Algunos de los correos son de personas que dicen que no se les devolvió el dinero o que los condicionan con traer a más gente a este esquema informal para que puedan entregarles sus ganancias”, explica el coordinador de supervisión de actividades informales de la entidad financiera.
Sin embargo, todos los correos son anónimos. Esto dificulta que la SBS pueda tomar cartas en el asunto, pues no pueden formular denuncias ante el Ministerio Público si es que no tienen pruebas. “Muchas veces las personas que se ven engañadas por estos esquemas no denuncian porque tienen cierto pudor y vergüenza por haber caído. O porque guardan la esperanza de que en algún momento la empresa les devuelva el dinero. Pero si no nos ofrecen las pruebas necesarias (como contratos o vouchers que acrediten que depositaron dinero) no podemos hacer mucho”, se lamenta Daniel Reátegui.
Incluso, se puede generar el efecto contrario, porque si se denuncia sin los medios probatorios suficientes y la Fiscalía no admite la demanda, la empresa podría usarlo a su favor. «Podrían hasta usarlo y decir que es legal. Ese es lo que queremos evitar», asegura Reátegui. Por ello, enfatiza, es importante que aquellos que se vieron perjudicados por Omega Pro –u otros esquemas piramidales– se atrevan a denunciarlos.
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“Creemos que dichos funcionarios carecen de la catadura moral y la capacidad de seguir dirigiendo nuestra universidad (…). Dejamos constancia que, de no alcanzar justicia, la población de Jaén se reserva el derecho universal a la legítima protesta pacífica”, concluye el oficio mandado al Minedu y al Congreso, luego de mencionar los puntos explicados en este informe y otros más, como presuntas acciones represivas, malos tratos a los profesores y falta de transparencia sobre los recursos que recauda la universidad.
Otra queja que recogió Sudaca en sus entrevistas tiene que ver con que los integrantes de las comisiones organizadoras pueden venir de cualquier parte del país. “Como son de otros lugares, se regresan después de asumir sus funciones y nadie los juzga después”, considera Nicanor Alvarado, docente y exdefensor universitario en la UNJ.
Es el caso de los vicepresidentes de la comisión actual. El domicilio legal de Víctor Carril se encuentra en Ascope, La Libertad. Sin embargo, él ha forjado gran parte de su carrera en la Universidad Nacional de Tumbes, donde llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, según un documento de la institución del 2010. Incluso, el 2017 participó en la elaboración de un informe de impacto ambiental para un distrito de esa región.
Por su parte, Abner Barzola tiene domicilio legal en Tarapoto, San Martín. Barzola, graduado como ingeniero mecánico, se quedó en su región para ejercer como docente en la Universidad Nacional de San Martín desde 1984 hasta, al menos, 2016 (según su declaración en Concytec). Por lo demás, Barzola ha sido imputado en tres casos fiscales bajo los delitos de usurpación (destrucción o alteración de límites), usurpación de funciones y peculado. Dos de ellos se encuentran archivados y el otro –el de peculado– se encuentra en sobreseimiento. Todas estas investigaciones fueron seguidas por fiscalías de San Martín.
“Lo peor es que en Jaén sí hay docentes principales que tienen el perfil para integrar la comisión, docentes de algunas facultades de la Universidad de Cajamarca que tiene su filial en nuestra provincia”, añade Nicanor Alvarado.
Cabe resaltar que los problemas de las universidades con comisiones organizadoras no son exclusivos de la UNJ. Según Teodomiro Santos, de la Fendup, también se ha tomado conocimiento de denuncias similares en la Universidad Nacional de Quillabamba y en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. “Yo le pedí personalmente a Juan Malpartida ,director de la Digesu [Dirección General de Educación Superior Universitaria], que revise qué está pasando en estas universidades. Esas dos son las que están en problemas más graves. Ahí, por ejemplo, las autoridades han puesto a sus familiares a trabajar en la institución. Pero no hay respuesta: en el caso de una de estas universidades, el director de la Digesu le recomendó a los colegas que reclamaban que ‘volteen la página’ y ‘trabajen juntos’”, detalla Santos.
Intentamos comunicarnos con los vicepresidentes Carril y Barzola, para que puedan dar sus descargos sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de este reportaje no han respondido.
Nota de edición: Después de ser publicado este reportaje, el vicepresidente Abner Barzola respondió, adjuntando un documento enviado al Congreso, refutando al oficio donde se le acusa de irregularidades. En esta respuesta, Barzola asegura que en julio de este año se cerró la compra de 300 carpetas (lo cual es una cantidad baja respecto a la población estudiantil) y casi 300 cortinas (las cuales no se han podido ver instaladas en las fotos de esta semana a las que accedió Sudaca). Sobre la falta de agua, afirma que desde junio de este año se cerró el trato con el contratista y que, pese a que han atravesado algunas dificultades, a día de hoy la UNJ cuenta con servicio de agua permanente.
Adjuntamos el oficio enviado por el vicepresidente Barzola:
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Cuando Mariano González tomó las riendas del Ministerio del Interior, una de las primeras cosas que hizo fue llamar al coronel Colchado. Sabía que tenía que reorganizar la Digimin, plagada de sospechas por los nombramientos que allí hizo el gobierno de Pedro Castillo. Así que le propuso al oficial liderar la División de Búsqueda de este organismo. La resolución de su cambio se publicó el 12 de julio.
“Cuando llego al ministerio, una de las tareas que me planteé fue fortalecer el sistema de inteligencia y el principal componente es la Digimin. Como conozco el trabajo de Harvey Colchado, desde el primer momento pensé en él. Con él ahí, con Lozano (‘Bica’) en inteligencia de la Dirandro y con Moreno [se refiere al coronel Franco Moreno Panta] en la Diviac y reforzando la DIRIN, se permitía tener, digamos, un dream team de inteligencia”, cuenta González.
Días después del cambio, el equipo especial de fiscales liderado por Marita Barreto envió una lista al Mininter de los oficiales que requería para que la apoyen en sus pesquisas. Pidió que aquellos agentes sean encabezados por Colchado, a quien ya conocía de varios años atrás. La situación era agobiante al interior del Ministerio Público desde que iniciaron las investigaciones del entorno presidencial: nadie sabía en qué unidades policiales y en qué agentes confiar. Fuentesl que investigan a Pedro Castillo señalan que el coronel reclutó a varios de los agentes que fueron desterrados junto a él durante el gobierno morado.
Aunque algunos no olvidan sus rencillas, el regreso de Colchado ha generado reacciones insólitas. Cuando el ministerio del Interior amenazaba con petardear el equipo de policías, Alejandro Aguinaga, congresista naranja, dejó de lado los rencores de su partido. “Es una más de estas maniobras para evitar a la justicia, este encubrimiento que ya se ha tornado en la tónica de este gobierno», dijo a la prensa cuando el ministro del Interior expresó sus intenciones de cambiar a Colchado. Hoy los ataques llegan desde Palacio.
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De este modo, con el nuevo cómputo, efectuado luego de agregar al conteo aquellas mesas, los resultados variaron y Chávez se situó en la delantera con 5.589 votos frente a Del Águila, quien tenía 5.269. “[…] al restituirse la votación de las mesas anuladas por resoluciones que nunca fueron publicadas y por resoluciones publicadas en fecha posterior a la proclamación de resultados, se tiene que la Lista N°2, liderada por el candidato Julio Chávez Chiong, es la que obtiene la mayoría relativa más alta y, por consiguiente, es la ganadora de la elección interna”, se lee en la resolución emitida por el CNE el mes pasado.
Con la proclamación de los nuevos resultados, el personero del partido solicitó al ROP que se anule la inscripción de Edmundo Del Águila como secretario general y la lista que lo acompañaba. La respuesta de esta entidad fue aceptar el pedido, sacar de carrera al exdiputado y dejar el camino allanado para el alcalde de SMP.
Chávez ya juramentó como secretario nacional. En la ceremonia participaron los congresistas de la lampa, incluida la expresidenta del Congreso Maricarmen Alva. Su inscripción ante el ROP ya se encuentra en trámite. Pero hasta que no se formalice, nada está dicho. “La militancia del partido reconocerá al que aparezca inscrito en el Registro de Organizaciones Partidarias del JNE”, dice Mesías Guevara, presidente del partido. Jose Arriola, parlamentario de la bancada, afirma que por el momento él no reconoce a ninguno como secretario del partido.
Del Águila, como es de esperar, se ha mostrado en contra de lo sucedido en los últimos meses. Se autoproclama como el “secretario general auténtico” de Acción Popular y sostiene que esas decisiones que buscan desconocerlo son “ilegales”. “No es posible que el nuevo Comité Electoral anule mi elección porque la etapa electoral ya concluyó con mi proclamación […] El CNE nombró ganadores a los que quedaron segundos, restituyendo las mesas que se anularon para lograr ese cambio, pero yo soy el secretario general auténtico”, dijo.
Y agregó: “Es ilegal que el ROP haya aceptado el desistimiento de mi inscripción. Están en contra de nosotros, pero no quiero entrar en conflicto con ellos porque son los que tienen la sartén por el mango”. Todavía se sigue paseando por los medios de comunicación y declarando con ese cargo.
Por su parte, Chávez defiende a capa y espada su cargo: “El CNE que nos proclamó está inscrito y reconocido por el ROP, por lo tanto es la única autoridad del partido con legitimidad. Por ello se ha desistido de la inscripción de Edmundo Del Águila y su lista, y se ha remitido nuestra inscripción. Somos el único Comité Ejecutivo Nacional reconocido por la autoridad electoral del partido. Lo que hay ahora es una suerte de paralelismo y vamos a verlo en el tribunal disciplinario”.
Las riñas dentro del partido de la lampa, sin embargo, están lejos de terminarse. Y esto lo saben los militantes. Luego del anuncio de los nuevos resultados, un grupo de personas irrumpió durante la noche del 14 de junio, en el local partidario de AP. Tras una serie de acrobacias, uno de los hombres consiguió ingresar al lugar luego de trepar por el balcón. No hay certezas de quiénes los enviaron.
Lo que sí se sabe es que Edmundo Del Águila Morote presentó más impugnaciones ante el JNE para defender su cargo. “Presenté apelaciones respecto al plenario en el que se eligió a Ricardo Zuñe y a su inscripción como presidente del Comité Ejecutivo, así como a la resolución que aceptó mi exclusión […] No puedo compartir los argumentos, pero tengan la seguridad de que son lo suficientemente fuertes como para que nos den la razón”, comenta confiado.
Hace una semana, una nueva discordia se originó. Del Águila publicó un comunicado donde informaba de la expulsión del partido de los congresistas conocidos como “Los Niños”. Al pie del documento firmaba como secretario general de AP. Sin embargo, rápidamente la bancada de la lampa sacó otro comunicado donde lo desconocían: “[…] no posee el cargo de Secretario General Nacional de nuestro partido, ya que su inscripción ha sido desistida en el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que no cuenta con legalidad ni legitimidad”, se lee en el documento. “Además, el procedimiento correcto para expulsar a alguien del partido es a través del Tribunal de Disciplina. Un plenario no tiene tal facultad”, explica Ivette Mendoza, secretaria de juventudes de Lima Metropolitana.
El congresista Elvis Vergara presentó un recurso para iniciar un procedimiento disciplinario, por usurpación de funciones, contra el exdiputado al “autoproclamarse secretario general”. No es el único que habla de usurpación. “Nosotros hicimos un plenario y expulsamos a ‘Los Niños’. Todo lo contrario a este usurpador [refiriéndose a Chávez], que incluso lleva en su Comité Ejecutivo a dos de los congresistas señalados. O sea que ahora Los Niños pretenden tomar el partido”, criticó también Del Águila.
Esto último lo mencionó porque, cuando Chávez postuló a las internas del partido llevó consigo a Ilich López como secretario de gobiernos locales y regionales, y a Elvis Vergara en la vicesecretaría general de organización. El alcalde de SMP ha explicado que, mientras no se resuelvan sus situaciones, ninguno ocupará un puesto. “Ellos participaron en la lista conmigo, pero esta se armó antes de que se conozcan todas estas imputaciones. Ni bien se inició la inscripción de nuestro Comité Ejecutivo, ellos mismos solicitaron la licencia al cargo”, sostuvo.
Días después del comunicado de Del Águila, se llevó a cabo un plenario nacional del partido convocado por Julio Chávez, también en su calidad de secretario general. A dicha reunión asistieron los congresistas del partido, incluidos ‘Los Niños’, quienes dieron sus descargos frente a las acusaciones de pertenecer a una presunta organización criminal que operaba desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
En la reunión, el Comité de Disciplina del partido presentó un informe con sus descargos. En resumen, todos rechazaron escuetamente las imputaciones hechas por Karelim López y agregaron que se ponen a disposición de las investigaciones para esclarecer los hechos. También se acordó que debían pedir licencia partidaria mientras dure el proceso. No se descarta una posible expulsión del partido.
No es lo único que pasó en el plenario. Según recientes declaraciones del parlamentario Darwin Espinoza a la prensa, Maricarmen Alva amenazó a Los Niños y sus familias, e incluso llamó “indio de m…” a un congresista. Según Arriola, lo que la expresidenta del Congreso dijo en realidad fue “niño de m…” a Ilich López. Al margen de los matices, es otra evidencia del desmadre cotidiano en el partido de la lampa.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
