Entre noviembre y febrero, la Presidencia del Consejo de Ministros ha aprobado cuatro contratos por un monto que supera los cuarenta mil soles para la defensa legal del congresista Guido Bellido. Además, estos contratos incluyen a un excompañero de universidad de quien fue el primer ministro de Pedro Castillo.
Con la desaprobación del gobierno de Dina Boluarte cada vez más cerca de los cien puntos en las encuestas, los congresistas se preparan para marcar distancia con el Ejecutivo y con ello aferrarse a la esperanza de poder postular en las próximas elecciones o, por lo menos, mantenerse vigentes en la política peruana.
Sin embargo, pese a estos intentos de mostrarse en entrevistas o en sus redes sociales con una postura crítica contra el gobierno actual, labor parlamentaria de varios congresistas no parece alinearse con estos discursos y su cercanía con el Ejecutivo en momentos claves sigue estando vigente a lo que se suma que no dudan en aprovechar todos los beneficios disponibles.
Este parece ser el caso del congresista Guido Bellido. El expremier pasó de ser uno de los hombres de confianza del expresidente Pedro Castillo a tener una postura innegablemente indulgente con el gobierno de Dina Boluarte y, en simultáneo, recibir durante varios meses varios miles de soles para su defensa legal mediante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
EL OPOSITOR DEFENDIDO
Guido Bellido no pierde oportunidad en cuanta entrevista participa para cuestionar al gobierno de Dina Boluarte e incluso se ha sumado a una bancada, como la de Podemos, que en el último tiempo intenta busca cortar todo tipo de vínculo con el Ejecutivo. Sin embargo, cuando llegan las votaciones determinantes, como la censura del exministro Juan José Santivañez, el exintegrante de Perú Libre no tuvo mejor opción que ausentarse.
Sudaca ha revisado los documentos de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado una serie de pagos que se han realizado en favor de la defensa del actual parlamentario por diversos casos que lo comprometen y que hoy tienen al Ejecutivo, que el propio Bellido cuestiona, asumiendo estos gastos.
El primer caso que se encontró se remonta al mes de octubre del año pasado cuando el congresista Guido Bellido envía una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando que se le otorgue el beneficio de recibir defensa y asesoría legal por hechos que ocurrieron durante su paso por la PCM en el año 2021.
Este pedido se debía a que Bellido Ugarte había sido notificado que se realizarían diligencias en su contra luego de verse involucrado en un caso de delito contra la administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal durante los meses en los cuales se desempeñó como primer ministro al inicio del gobierno de Pedro Castillo.
El 17 de octubre del 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros le dio luz verde a este pedido. Sin embargo, unos meses después la historia se repetiría. El 17 de diciembre, el congresista Bellido vuelve a enviar una carta a la PCM en la que una vez más solicita el beneficio de defensa y asesoría legal.
En esta oportunidad, Bellido justificó este pedido alegando que se había admitido a trámite una denuncia constitucional presentada en su contra. Al expremier se le acusaba de destinar una cifra de aproximadamente S/5.800 millones a diversas entidades como gobiernos regionales y alcaldías para fines populistas y el 26 de diciembre la PCM aprobó dicho pedido.
Como estas solicitudes fueron aprobadas, entre los meses noviembre y febrero la Presidencia del Consejo de Ministros emitió varios contratos por el servicio de defensa y asesoría legal. Los cuatro contratos bajo este concepto, hasta la fecha, alcanzaron la suma de S/ 46,800.
EL ELEGIDO
No obstante, pese a que Bellido Ugarte se encuentra en Lima, el exprimer ministro ha decidido que quienes se encargarán de defenderlo serán sus coterráneos. En los contratos con la PCM, el nombre que figura es el de la Corporación Jurídica Bernales, la cual cuenta con domicilio en la ciudad de Cusco.
Al revisar la información sobre la Corporación Jurídica Bernales no sólo se pudo conocer que se ubica en Cusco sino que tiene como gerente, socio y representante al abogado Edison Bernales Baca, un personaje que está recibiendo los pagos de la PCM y que cuenta con un par de aspectos en común con Bellido que van más allá del origen cusqueño.
Según la información que pudo obtener Sudaca, Bernales Baca y Bellido Ugarte comparten la misma casa de estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Pero, además, ambos coincidieron en esta universidad durante su época de estudiantes. Mientras que Bernales cursó la carrera de derecho entre 2012 y 2017, Bellido terminaba la carrera de ingeniería electrónica en 2015.
Con el gobierno cada vez más desprestigiado, el distanciamiento aparece como la estrategia de supervivencia más inteligente y razonable para los congresistas. Sin embargo, casos como el de Guido Bellido demuestran que muchos de estos posicionamientos críticos son tan sólo una pantalla y que realmente están interesados en seguir gozando de todos los beneficios que les puede brindar el Ejecutivo al que dicen repudiar.
La sentencia absolutoria que fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo en agosto del año pasado ha sido confirmada por Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
El empresario Edwin Oviedo ha sido declarado inocente en dos instancias por los cargos de homicidios de Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte que involucraban al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y a otros procesados. Durante esta audiencia, la Fiscalía no presentó ningún material que demuestre la culpabilidad de Oviedo Picchotito y los otros involucrados. Inicialmente, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo había emitido la sentencia absolutoria el día 22 de agosto del año pasado.
La investigación y acusación de este caso, llevados a cabo por el exfiscal Juan Carrasco Millones, fue seriamente cuestionada por el juzgado que tuvo el juicio a su cargo y por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que ha confirmado la sentencia absolutoria.
“La Sala de Apelaciones ratificó que la Fiscalía no aportó pruebas de corroboración de los testimonios de colaboradores eficaces con los que se “armó” este caso; conclusión importante si se consideran a las denuncias públicas que se hizo sobre “fabricación” de colaboradores eficaces por el ex Fiscal Juan Manuel Carrasco Millones”, comentó César Nakasaki, abogado de Oviedo, con respecto a esta sentencia.
“Con la sentencia absolutoria del Juzgado Colegiado y su confirmación por la Sala de Apelaciones, luego de muchos años de batalla legal el Poder Judicial, confirmó la inocencia que defendió el empresario Edwin Oviedo Picchotito desde el inicio de la injusta persecución penal que sufrió”, señaló el letrado sobre la conclusión de este caso y agregó que “se generó una arbitraria prisión preventiva de más de quinientos días en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo en el distrito de Picsi y una persecución penal de diez años”.
Pese a los deficientes resultados del gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros ha destinado varios cientos de miles de soles para sus fotografías, videos y redes sociales. Sudaca accedió a los gastos de la PCM de los últimos meses que evidencian gastos desmedidos en esta área.
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, aquel recordado 7 de diciembre del 2022, la aprobación nacional se convirtió en una colina imposible de escalar. La falta de convicción para pedir el adelanto de elecciones, una postura sumisa ante el Congreso y esa tendencia a llenar ministerios con personajes de dudosa capacidad que agravaron los problemas del país llevaron a que para la mayoría de peruanos sea imposible sentirse representado, o por lo menos escuchado, por el Ejecutivo.
Esta situación, pese a su gravedad, nunca llevó a que el gobierno ponga en duda su propia continuidad. Por el contrario, como se ha podido ver en los últimos días con la cuestionada franja informativa que el Ejecutivo pretende imponer para presumir sus logros, el objetivo parece ser agotar todos los recursos para lavarle su imagen.
Pero, por supuesto, esta búsqueda de fabricarle al gobierno una imagen que refleje eficiencia cuando la realidad luce radicalmente opuesta no es gratis. Sudaca ha podido revisar las contrataciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado elevados gastos en áreas que, lejos de buscar eficiencia en el Ejecutivo, parecen querer satisfacer la vanidad del gobierno.
LOS GASTOS DE LA PCM
Durante las últimas semanas y meses, la vanidad de la presidenta Boluarte se ha convertido en un tema de interés nacional debido a las mentiras que existieron detrás de un procedimiento estético al que se sometió. Sin embargo, este interés por realizarse arreglos que mejoren su imagen no es exclusivo de la mandataria.
Con Gustavo Adrianzén Olaya como primer ministro, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha realizado pagos muy elevados por órdenes de servicio relacionadas con las fotografías que se toman en las actividades públicas. Pero, además, la PCM también ha hecho un importante desembolso para que a estas imágenes les mejoren las imperfecciones y mejoren la iluminación.
Un ejemplo de este tipo de gastos es la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de abril del año pasado cuando, bajo la gestión de Gustavo Adrianzén, la Presidencia del Consejo de Ministros utilizó nueve mil soles del presupuesto disponible para pagar el servicio de retoque de imágenes fotográficas.
Aunque la aprobación del gobierno no sufrió ninguna mejora y los problemas de los distintos ministerios se continuaron agravando, la prioridad en la PCM parecía radicar en salir bien en las fotos. En agosto del 2024, la cifra a pagar por fotografías en eventos en los cuales el Ejecutivo pretendía reflejar una imagen de eficiencia muy distinta a la realidad alcanzó los veintisiete mil soles.
Si se calcula el total desde el día que Dina Boluarte se puso la banda presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros, con Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén al mando, ha desembolsado un total de 228 mil soles en fotografías y la edición de estas entre enero del 2023 y enero de este año.
Esta inversión en fotografías se vuelve más impactante cuando se contrasta con el gasto que se realizaba anteriormente. Durante el gobierno de Pedro Castillo, las órdenes de servicio por fotografías de los eventos de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus conferencias de prensa apenas alcanzaban los 114 mil soles, una cifra que es la mitad de lo que han pagado hasta la fecha con el aval del expremier Otárola y Gustavo Adrianzén, quien actualmente se encuentra al frente de la PCM.
GESTIÓN DEFICIENTE, PRODUCCIÓN ENVIDIABLE
Pero este no ha sido el único gasto que la Presidencia del Consejo de Ministros autorizó para presumir el trabajo que realizan. Pese a que los resultados del gobierno actual han sido, indiscutiblemente, deficientes, la producción detrás de sus eventos ha contado con un presupuesto envidiable.
Sudaca ha encontrado que, durante los últimos dos años, la PCM ha pagado 208 mil soles para que sus eventos y conferencias de prensa no sólo cuenten con fotografías sino con los respectivos videos.
¿GABINETE INFLUENCER?
Además, el Ejecutivo no ha querido quedarse relegado en lo que respecta a presencia en las redes sociales y, mucho menos, desaprovechar esa tribuna para instalar la imagen de gobierno competente, aunque eso represente un costo sorpresivamente alto. En la siguiente imagen podemos observar una orden de servicio, que corresponde al mes de enero de este año, con la cual han pagado treinta mil soles por un servicio especializado en comunicación y redes sociales para la Presidencia del Consejo de Ministros.
Los pagos por este servicio especializado en redes sociales empezaron en el año 2023, al poco tiempo de la toma de mando de Dina Boluarte. Desde esa fecha hasta la actualidad, se ha invertido en dicho servicio una suma total de S/. 243,335. Aunque este no ha sido el único gasto en redes sociales.
No conforme con destinar una suma considerable para redes, entre los meses de noviembre del 2024 y febrero del presente año, la PCM ha utilizado 32 mil soles en un servicio de medición y análisis de las publicaciones que se realizan en las redes sociales.
LAS COSTUMBRES DE SIEMPRE
Sin duda, una de las características del gobierno de Dina Boluarte ha sido el vincularse con funcionarios con antecedes cuestionables y en la Presidencia del Consejo de Ministros esa costumbre se estaría manteniendo. A esta larga lista de gastos en redes, fotografías y filmaciones se le ha sumado el contrato de un excamarógrafo de TV Perú involucrado en una situación muy extraña.
Sudaca pudo acceder a una resolución del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que data del año 2017 y en la cual se detalla un polémico hecho que involucra a uno de los actuales trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros. La persona en cuestión es Manuel Kanilín Quintasi Laura.
En el año 2016, Quintasi Laura trabajaba para TV Perú como camarógrafo. Pero en noviembre de ese mismo año, un mes antes del final de su contrato, fue acusado de sustraer una tarjeta de memoria propiedad del IRTP de uno de los módulos de recepción de video ubicado en el área de gerencia de prensa, situación que habría sido comprobada por las cámaras de seguridad.
Sin embargo, Quintasi Laura no estuvo dispuesto a devolver dicha herramienta de trabajo cuando se le solicitó. Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, el entonces camarógrafo de TV Perú se negó y fue debido a la insistencia que devolvió la tarjeta de memoria.
Pero eso no ha sido impedimento para que obtenga buenos contratos con la Presidencia del Consejo de Ministros y, desde el 2023 hasta la fecha, Quintasi ha logrado acumular un total de 208 mil soles por su servicio de cobertura y edición del material audiovisual de los eventos que realiza la PCM.
La adecuada difusión de las actividades del gobierno puede ser fundamental para que la población esté al tanto del cumplimiento de los compromisos asumidos. Pero, cuando el Ejecutivo no sólo incumple sino que pretende distorsionar la realidad, gastar más de setecientos mil soles en rubros como fotografías y redes sociales sólo parece ser otra ofensa a una ciudadanía cada vez más enemistada con sus gobernantes.
La situación que se busca corregir es grave y concreta. Durante los años mencionados, miles de empresas peruanas —de todos los sectores, pero especialmente en turismo, hotelería, comercio, manufactura y servicios— registraron importantes pérdidas debido a la pandemia del COVID-19, las restricciones sanitarias y la recesión global. A esto se suman factores internos como la criminalidad, la inestabilidad política y los conflictos sociales.
Estos impactos no se disolvieron con el fin del estado de emergencia: muchas de esas empresas aún arrastran deudas, sufren baja liquidez y ven afectada su rentabilidad real. Es importante tomar en cuenta que los efectos de la pandemia aun no se han superado completamente y la recuperación requiere de más tiempo.
Edmundo Lizarzaburu, profesor de administración y finanzas de la Universidad ESAN, advierte sobre los riesgos de no aprobar el Proyecto de Ley N°9433. Señala que muchas empresas podrían cerrar o trasladarse a la informalidad, lo que afectaría negativamente el empleo y la economía.
Aclara que no se trata de condonar impuestos, sino de facilitar una recuperación financiera que fortalezca la sostenibilidad tributaria a largo plazo. En términos de crecimiento económico, advierte que sin la extensión de los plazos el PBI podría estancarse en 3.3%, mientras que con el apoyo adecuado podría alcanzar entre 4% y 5%. Además, de no aprobarse el proyecto, muchas empresas podrían recurrir a fuentes de financiamiento informal y riesgosas, como el crédito ‘gota a gota’, lo cual tendría consecuencias sociales y económicas negativas.
Según estimaciones del sector privado, más de 600 mil empresas arrastran perdidas desde el inicio de la pandemia. Estas empresas podrían verse directamente afectadas —en su mayoría pequeñas y medianas— y están en riesgo de tributar sobre una renta ficticia, es decir, sobre ingresos netos que en realidad no existen, lo que podría llevarlas a la quiebra o a una paralización definitiva de actividades. No se trata solo de una medida técnica, sino de una acción de justicia tributaria y de preservación del aparato productivo nacional. Juan Carlos Tafur, menciona que las mipymes representan el 99.5% de las empresas formales del país. De no aprobarse la Ley, el futuro de más de 300 mil empresas formales que registraron pérdidas entre 2020 y 2022 estarían en alto riesgo de quiebra.
Para Jimmy Romero, politólogo y agroexportador, el número mencionado de empresas aún arrastran perdidas y están en peligro de desaparecer. También agrega que “no es un simple tema de recaudación, es la supervivencia del sector (agroexportador) que más empleos formales genera en el país.”
Leydy Hernández, auditora financiera y socia gerente de Alto Asesores SAC, mencionó que “un millón de empleos está en juego. Cada empresa que cierra no es solo un número más en las estadísticas: es una familia que deja de percibir ingresos.”.También indica que esta ley no es un favor. Es una decisión estratégica para proteger la columna vertebral económica del país. “Si las empresas sobreviven, tributarán; si quiebran, no habrá impuestos, ni empleo, ni inversión que sostener”, puntualiza.
CONTRADICCIÓN EN EL MEF
A pesar de la urgencia del tema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una opinión desfavorable al proyecto. En el Informe N°0038-2025-EF/61.01, el MEF argumenta que extender el plazo de arrastre vulneraría el principio de no retroactividad de las normas tributarias y tendría un impacto fiscal negativo, estimado en más de S/.5,000 millones. Sin embargo, esta cifra no ha sido sustentada técnicamente y omite un punto central: esas pérdidas aún no han sido compensadas, por tanto, la norma no actúa sobre hechos consumados, sino sobre una situación jurídica en curso.
Lo más preocupante es que la postura del MEF contradice los compromisos asumidos por el propio ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. En diversas intervenciones públicas, el ministro ha manifestado que el gobierno prioriza la promoción de las inversiones, la reactivación de las empresas y el fortalecimiento del empleo formal. Sin embargo, bloquear una norma que da un respiro tributario legítimo a las empresas más golpeadas por la crisis va en sentido contrario a esas promesas. El especialista Lizarzaburu explica que no se puede hablar de incentivar la inversión mientras se mantiene a las empresas atrapadas en un sistema que no reconoce el contexto extraordinario de los últimos años.
Además, muchas de estas pequeñas y medianas empresas enfrentan un nuevo factor de riesgo: la inseguridad. En los últimos meses, se ha reportado un aumento significativo de extorsiones, robos y amenazas contra empresarios, especialmente en regiones como La Libertad, Piura, Lima y el Callao. A la asfixia tributaria se le suma ahora el crimen organizado, poniendo en riesgo la continuidad de negocios que generan empleo, tributos y desarrollo local.
El proyecto de ley es una necesidad
Los argumentos a favor de la ley son múltiples y sólidos. En primer lugar, Leydi Hernández asegura que el derecho al arrastre de pérdidas no es un “beneficio” o “trato preferencial”, sino un mecanismo legítimo para garantizar que el impuesto a la renta se calcule sobre la ganancia real y no sobre una base ficticia. Este principio, conocido como el de renta neta o capacidad contributiva, está reconocido en la Constitución y en la legislación tributaria nacional.
En segundo lugar, el sistema tributario ya contempla dos mecanismos para el arrastre de pérdidas: el sistema A, que permite arrastrar por cuatro años (cinco para el 2020), y el sistema B, que permite compensar sin límite de tiempo, pero solo hasta el 50% de la renta neta. El economista Lizarzaburu añade que la mayoría de las empresas optó por el sistema A, muchas veces por desconocimiento, por falta de asesoría o simplemente por necesidad.
La propuesta legislativa no cambia esa elección, sino que busca extender el plazo hasta el año 2032, tal como se hizo parcialmente mediante el Decreto Legislativo N°1481 para el ejercicio 2020. La diferencia es que ahora también se incluirían las pérdidas de 2021 y 2022.
En tercer lugar, otros países de la región ya han adoptado medidas similares. En Bolivia se amplió el plazo de arrastre de pérdidas a cinco años; en Ecuador, hasta diez años para el sector turismo. Jimmy Romero destacó que el Perú no puede quedar rezagado si quiere competir por inversiones y fortalecer su tejido empresarial. El costo de no actuar ahora será mucho mayor: pérdida de empresas, aumento del desempleo, caída en la recaudación futura y mayor informalidad.
En cuarto lugar, si bien el MEF señala que las ventas se han recuperado, esto no implica que las empresas hayan recuperado su rentabilidad o solvencia. La especialista Hernández recalca que aumentar ventas no significa tener utilidades. Muchas siguen operando al límite, con márgenes bajos o negativos, y enfrentan altos niveles de endeudamiento acumulado.
Finalmente, según Lizarzaburu, esta medida no representa un gasto fiscal inmediato ni permanente. Al contrario, es una forma de asegurar mayor recaudación en el mediano y largo plazo, al darle a las empresas espacio para recuperarse, estabilizarse y generar utilidades reales sobre las que puedan tributar.
A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía no ha tomado acciones concretas para esclarecer las amenazas contra Ruth Cuno ni el asesinato de John Valverde. Este vacío institucional deja en evidencia la ineficacia del sistema judicial para responder a la creciente violencia política y la infiltración de organizaciones criminales en la gestión municipal.
Un elemento clave en este entramado es la empresa Industrias Argüelles, encargada del servicio de recolección de residuos en Santa Anita. Su contrato vence este año y varios regidores, incluida Cuno, han solicitado su rescisión debido a presuntas irregularidades. No obstante, el alcalde Olimpio Alegría se ha negado a revisar dichos contratos, lo que ha generado una fuerte fractura dentro del concejo municipal.
Asimismo, Limber Bustamante, impulsor de la vacancia de Alegría, ha denunciado amenazas similares, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de coerción sistemática contra quienes intentan alterar el status quo en la municipalidad. En este contexto, el alcalde ha defendido su gestión, argumentando que no existe ilegalidad en la contratación de su exasesor de campaña dentro de la administración pública.
Este caso se inscribe en un escenario de creciente tensión dentro de la alcaldía de Santa Anita, donde las amenazas y atentados parecen estar directamente ligados a los intereses que giran en torno a la gestión de residuos sólidos. A un año y medio del asesinato de Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Cuno, quien asumiría el cargo si se concreta la vacancia de Alegría.
El hostigamiento en su contra se intensificó en las últimas semanas. Primero, un desconocido le advirtió desde un vehículo que detuviera sus acciones en favor de la vacancia. Luego, seis días después, en la medianoche, sujetos no identificados prendieron fuego en la puerta de su vivienda y dejaron un sobre con tres balas, acompañado de un mensaje amenazante: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John».
Cuno sostiene que las amenazas están directamente vinculadas a la disputa por el control del servicio de recolección de basura en el distrito. En paralelo, la investigación sobre el asesinato de Valverde sigue sin avances significativos, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de una red mafiosa con conexiones en múltiples distritos de Lima.
Un patrón de violencia e impunidad
El caso de Santa Anita no es un hecho aislado. La violencia vinculada al control de recursos municipales y ambientales se replica en otras jurisdicciones. Un ejemplo es el asesinato de Santiago Guardamino, defensor de derechos territoriales en la comunidad de Quipán, quien fue ultimado horas antes de testificar ante el Ministerio Público. Guardamino denunciaba la apropiación ilegal de tierras comunales por parte de Industrias Argüelles, a través de la falsificación de documentos y el soborno a funcionarios públicos.
Aunque el Ministerio Público inició una investigación preliminar sobre presuntos delitos ambientales y corrupción en el manejo de residuos sólidos, las acciones tomadas hasta el momento no han dado resultados tangibles. La impunidad con la que operan estas redes refleja un problema estructural dentro del sistema judicial y la falta de voluntad política para erradicar la corrupción en el manejo de los servicios públicos.
Mientras tanto, Ruth Cuno continúa con su labor, a pesar del riesgo que implica desafiar intereses enquistados en la gestión municipal. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias, porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», sentencia.
El caso de Santa Anita ilustra con crudeza cómo el negocio de la basura en Lima no solo es una fuente de corrupción, sino también de violencia y muerte. Sin una respuesta efectiva de las autoridades, la impunidad seguirá siendo el mayor aliado de estas mafias.
La Municipalidad de Lima ha trato de mostrar que la actual gestión representará un cambio radical en el uso del presupuesto. Sin embargo, los gastos registrados en los últimos meses no reflejan el discurso que el alcalde suele dar en sus apariciones públicas.
“No pagaré mermelada”, señaló el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante un evento en el cual cuestionaba que los medios de comunicación no eran tan elogiosos con él como esperaba. Sin embargo, su actual gestión en la Municipalidad de Lima no parece ser precisamente un ejemplo de austeridad ni rigurosidad en los gastos.
Sudaca ha podido revisar algunos contratos que se han realizado durante los últimos años en los cuales se evidencian contratos muy elevados, una sospechosa elección de proveedores y hasta un largo contrato para darle seguimiento a las publicaciones que se hacen en los medios sobre la Municipalidad de Lima y otros distritos.
UN DEBUT ENVIDIABLE
Sudaca ha revisado los gastos que ha venido realizando la Municipalidad de Lima en los últimos años y se ha podido encontrar un caso por demás sorprendente, como parece ser la historia de Katherine Lucía León Huamán. Luego de iniciar sus estudios en 2014 en la Universidad Nacional Federico Villarreal, León Huamán se convirtió en licenciada en Ciencias Políticas en el año 2021.
Acorde a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el salario que reciben quienes han estudiado la carrera de Ciencias Políticas se encuentra entre S/ 1.540y S/ 7.000. Pero, para León Huamán, el destino, o mejor dicho la Municipalidad de Lima, parece haberle preparado una grata sorpresa.
Pese a que estaba en sus primeros años como licenciada, su primer contrato con la Municipalidad de Lima le permitió embolsarse la generosa suma de dieciséis mil soles, una cifra que es mayor que el doble de lo que se estima que llegan a ganar sus colegas. Esta paga correspondería a la contratación de personal técnico en ciencias políticas.
Para el mes de mayo, la situación laboral de León Huamán parecía haber mejorado. En esta oportunidad, dos órdenes de servicio bajo el concepto de “servicio de asistencia técnica” le permitieron ganar, nuevamente, dieciseises mil soles en tan sólo un mes de trabajo en la municipalidad.
Este tipo de contratos continúan hasta el mes de diciembre del 2023 y, por ellos, Katherine León acumuló un total de cincuenta y seis mil soles que, si se le agrega lo recibido en mayo y marzo, alcanza un total de ochenta y ocho mil soles durante el primer año bajo la gestión de López Aliaga.
Es entonces cuando llega el 2024 y aparece una nueva orden de servicio a su nombre que no es por ocho mil ni dieciséis mil soles sino por veinticuatro mil soles. Durante este año se emitieron otras dos órdenes de servicio, una fue por veinticuatro mil soles y otra por dieciséis mil soles.
Para este 2025, Katherine León Huamán registra dos órdenes de servicio, correspondientes a los meses de enero y febrero, que suman un total de treinta y dos mil soles. Lo paradójico de este caso es que varias de estas órdenes de servicio son por un “servicio legal especializado de gestión y cumplimiento de convenios” y, precisamente, los convenios que involucran a la Municipalidad de Lima han sido el punto débil de la actual gestión.
ENFERMERA MILOFICIOS
En esta lista de contrataciones extrañas también sobresale el nombre Carmen Verónica Espejo Mere. Esta enfermera que tuvo una breve incursión en la política cuando postuló como accesitaria en las elecciones municipales y regionales del 2022 como parte del partido Avanza País. Sin embargo, para 2023, con la llegada de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, su situación cambió.
En el mes de mayo del 2023, Espejo Mere recibió su primera orden de servicio y no fue precisamente por un trabajo relacionado a la enfermería sino por un servicio de apoyo en gasfitería por el cual cobró casi dos mil soles. En los meses siguientes recibió siete órdenes de servicio más por el mismo trabajo y por el mismo monto.
Sin embargo, para 2024 su trabajo cambió y empezó a obtener órdenes de servicio por montos que fluctuaban entre dos mil y seis mil soles por un “servicio de apoyo operativo” y “servicio de ordenamiento de archivo”. Aunque el cambio más llamativo ocurre en diciembre del 2024, fecha en la cual Espejo incursiona en un nuevo rubro.
En el último mes del año pasado, Espejo Mere obtiene nuevas órdenes de servicio. Pero estas no tenían relación alguna con la enfermería ni el trabajo de gasfitería. En esta oportunidad, la Municipalidad de Lima la eligió para la conducción de eventos y por este servicio obtuvo un monto que superaba los cuarenta mil soles.
En los meses siguientes, Espejo Mere continuó obteniendo órdenes de servicio relacionadas a la producción de eventos por un total de veintiocho mil soles. Un dato no menos importante es que los únicos contratos que tiene registrados Carmen Espejo en el buscador de proveedores del Estado han sido con la Municipalidad de Lima.
SE DICE DE MI…
Desde su época como candidato a la alcaldía, Rafael López Aliaga ha tenido una postura de extrema confrontación con los medios de comunicación, o al menos con aquellos que tienen una postura crítica, y en más de una oportunidad ha tratado de mostrar que la prensa no tendrá un rol relevante en su paso por el sillón municipal.
Sin embargo, su gestión parece estar más que interesada en lo que dicen los medios. Al menos esto es lo que refleja uno de los nuevos e importantes gastos que la Municipalidad de Lima ha planeado para el 2025. El pasado mes de enero, Imedia Comunicaciones se adjudicó un “servicio de monitoreo de prensa, radioemisora, televisión y web”.
En los documentos de esta orden de servicio destaca que a esta empresa también se le pide realizar un seguimiento a las noticias de cinco distritos específicos, tres de los cuales (La Victoria, Miraflores y Barranco) cuentan con alcaldes que forman parte de Renovación Popular.
Este servicio ha sido contratado por el plazo de un año y, por lo tanto, la Municipalidad de Lima deberá desembolsar la suma de ciento ochenta mil soles a la empresa Imedia Comunicaciones.
Si bien la Municipalidad de Lima y el alcalde López Aliaga se han enfocado en señalar los malos manejos de los funcionarios que pasaron por el palacio municipal años anteriores, la gestión que hoy está en el poder no parece estar tomando el rol de la gran protectora del presupuesto de la ciudad que intentaban mostrar en campaña.
Pesquera Mar, al igual que varias empresas peruanas fueron expropiadas durante el gobierno de Velasco sin ningún tipo de compensación. “El Estado nunca pagó la compensación correspondiente. A finales de los años ochenta, Pesquera Mar solicitó el abandono y caducidad de la expropiación debido a la falta de pago”, comentó Machado mientras recuerda que para el 28 de septiembre de 1992, el Noveno Juzgado Civil de Lima falló a favor de la empresa, y esta decisión fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 20 de diciembre de 1993.
Nota de redacción: La Corte Suprema de la República declara infundada la queja interpuesta por el Procurador Público del Ministerio de Pesquería, el 24 de noviembre de 1994. Quedando expedito para que se le entreguen sus bienes y los derechos administrativos de una expropiación que nunca prosperó; pesquera Mar nunca fue expropiada.
“La primera sentencia ordenó que se devolvieran todos los derechos de Pesquera Mar incluyendo acciones y bienes, como se detalla en el expediente 390-99. Sin embargo, dicha Sentencia NUNCA fue cumplida por el Estado (PRODUCE)”, menciona Bulos. “Firmamos contratos con PESQUERA MAR S.A.C. para recibir honorarios profesionales a través de un acuerdo de cuota litis. Inicialmente, los contratos se establecieron con los señores Saavedra Montero por un 25% de las acciones y bienes de la empresa. Luego, se firmó un segundo contrato que les otorgaba el 50% de los bienes y derechos de la empresa”, añadió.
Mientras conversamos con Machado hizo hincapié al trabajo de su hermano Guillermo quien, en palabras de Rolando Machado, este vaivén de juicios y problemática de Pesquera Mar terminarían consumiéndolo y acabando con su vida.
“Ahora bien, durante el proceso culminado de expropiación que declaró EL ABANDONO Y CADUCIDAD DE LA EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA PESQUERA MAR S.A. que encuentra en Estado de Ejecución, conforme lo ha ordenado la Corte Suprema en el Exp: 1756-2010, se envió un memorando interno por parte del procurador Fernando Vidal Malca quien aceptó que la Ejecutoria Suprema en cuestión no se habría cumplido, sin embargo, a pesar de haberlo manifestado y reconocido dicho procurador persiste sin acatar la Ejecutoria Suprema”, mencionó Bulos.
La relación de la problemática con Oscar Peña
Oscar Peña Aparicio, más conocido como “el Rey de la Pesca Negra” y quien estuvo investigado por varios años y prófugo de la justicia, sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se anule la condena de cinco años que en primera instancia recibió por estar implicado en el caso Fundo Oquendo junto al expresidente regional del Callao, Félix Moreno.
Peña Aparicio, durante el gobierno de Alejandro Toledo, utilizó su empresa HOPE TRADING S.A.C. y creó la empresa: Pesquera Mar y Mundo Sac, empresas que conjuntamente con la empresa Tasa del grupo Brescia fueron denunciados penalmente y multados con 4 UIT. “Dichas empresas celebraron un contrato de asociación y participación para usufructuar los derechos pesqueros y la licencia de la planta de procesamiento de harina y aceite de pescado.Peña realizó prácticas ilegales, como la falsificación de firmas y documentos, para obtener resoluciones judiciales que le permitiera apropiarse de los derechos administrativos que son de propiedad de PESQUERA MAR S.A. y que aún no le han sido Restituidos”, mencionaron Machado y Bulos refiriendo a que esto representó un segundo atropello contra la empresa, ya que el primero había sido el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la queja del Procurador del ex Ministerio de Pesquería, debiendo haber entregado los bienes y parte de derechos a la empresa PESQUERA MAR S.A.C. como dice la sentencia.
“Hope Trading de Oscar Peña Aparicio, sin ser propietario de ningún bien ni derecho administrativo de Pesquera Mar S.A., se hace pasar como dueño de Pesquera Mar S.A.C. en complicidad con el Ministerio de la Producción utilizando la Empresa Pesquera Mar y Mundo y Pesquera Buena Vista (también de Peña) celebrando dos contratos a perpetuidad con la Empresa T.A.S.A. debidamente representados por MARIO BRESCIA MOREYRA y OTROS”, menciona Machado mientras recuerda que se firmó dos contratos, uno por las cuotas de pesca y otro por la licencia para fábrica de harina de pescado.
“Ahí no termina la cosa, Peña también se beneficia de los derechos de Pesquera Mar S.A.C., ya que con la R.D. N° 253-2003 – PRODUCE/DNEPP y la R.D. N° 150-2004 – PRODUCE/DNEPP, emitidas por Flor de María Alvarado Barriga, directora de Extracción de aquel entonces, se le entrega ilegalmente a la empresa Hope Trading y parte de los derechos de Pesquera Mar S.A.C. para constituir una embarcación nueva de 350 m3 de CBOD, llamada “Osquitar” (hoy PDA-03) con matrícula CO-21696-PM, ¿cómo le otorgan el derecho y la licencia pesquera si Oscar Peña si no es absolutamente dueño de nada ni compró nada de Pesquera Mar S.A.C.”, se pregunta indignado el investigador.
“Debemos señalar que en los contratos antes mencionados no se desligan, PEÑA y TASA son socios para siempre, hasta el día de hoy”, advierte el investigador mientras hace hincapié que estos contratos son NULOS y, por lo tanto, todo lo que pescan los Brescia con estos derechos es ilegal y también lo que procesa su planta de planta de harina y aceite de pescado en Malabrigo (Chicama), hasta el 5% que recibe Peña, según contrato.
El 15 de diciembre del 2004, el Ministerio de la producción SANCIONA y DENUNCIA PENALMENTE A PEÑA, a los BRESCIA y a sus empresas por falsificación de firmas y documentación fraguada al tratar de ingresar documentación para pescar ilegalmente, luego con el actuar de malos funcionarios y Javier Reátegui Roselló como Ministro de Producción quién también se benefició ilegalmente, apoderándose de 70 m3 de Capacidad de Bodega (CBOD) aumentando la capacidad de la bodega de la embarcación que administra. “Se verifica que continúan con sus fechorías, logrando ilegalmente apropiarse de los derechos de pesca y licencia para fábrica de harina , así como las cuotas de pesca de la Empresa Pesquera Mar S.A.C. la verdadera propietaria, comprobándose la falta de buena fe”, mencionan Machado y Bulos.
“Puedes pedirle su versión a TASA, pero no te van a dar nada por qué no tienen ningún fundamento, contrato o prueba legal que presentar. Los Brescia son socios de Oscar Peña Aparicio a perpetuidad en un contrato que es nulo”, sentencia Bulos recordando que la Ejecutoria Suprema 1756-2010 y la Sentencia del TC del 2019 no estarían siendo cumplidas por el Ministerio de la Producción.
“Esto no es entre dos personas particulares y dos empresas. Porque acá la responsabilidad la tiene el Estado. Aquí se cumplen delitos continuados y de organización criminal”, menciona Machado. “Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ejecutoria. Si hablamos de T.A.S.A, simplemente en el 2004 a la actualidad (21 años), tienen una deuda exorbitante por Lucro Cesante, tanto de la extracción de anchoveta como el procesamiento de harina y aceite de pescado por utilizar la licencia ilegalmente ; deuda con el Estado en materia administrativa por las multas establecidas tanto en el RISPAC como en el actual REFISAPA del Ministerio de la Producción, por pescar y elaborar harina sin contar con el derecho pesquero; y por último, los daños y perjuicios que ha originado esta empresa por 20 años, su deuda es mucho más de lo que vale la empresa, Tasa”, sentencia.
La participación de Exalmar:
Según menciona Machado, en el mes de julio del 2011, tiempo después que se emite la Ejecutoria Suprema 1956-2010, Víctor Matta Curotto conjuntamente con Martin Belaunde Lossio y Martin Kohatsu ofrecen comprar las cuotas de Pesquera Mar SAC, sin embargo, el origen del dinero que ofrecían no era legal.
“El Dr. Machado desestimó la venta a la empresa Exalmar sin embargo el abogado de Exalmar Martin Kohatsu celebró una compra ficticia, sin tracto sucesivo con firmas falsas y sin que el número de acciones cuadre debidamente. Así y todo presentaron dicho documento al Ministerio de la Producción haciéndose de las cuotas de Pesquera Mar creando una duplicidad de cuotas ya que los Brescia con su empresa Tasa también las venían utilizando sin ningún derecho”, menciona Machado. “Se desató una pugna en la que la SNP expulsa Exalmar de dicha sociedad por haberse atrevido a comprar las cuotas de Pesquera Mar defendiendo claramente la pesca ilegal de la sociedad Tasa Peña – los actos cometidos con la participación de Exalmar fueron investigados por el fiscal José Domingo Pérez quien sospechosamente dejo caducar el caso sin investigar a cabalidad”, añade Bulos.
“Cabe resaltar que Exalmar pagó cinco millones de dólares a través de una venta ficticia para obtener los derechos de Pesquera Mar. Al verse descubierto vende ilegalmente la empresa Pesquera Mar a su hijo Víctor Matta Dall’Orso a través de su empresa Cedes Management Corp offshore de Víctor Matta Dallorso, hijo de Víctor Matta Curotto propietario de pesquera EXALMAR por 750.000 dólares para que éste liquide la empresa y deshacerse del problema”, menciona Bulos.
“Cuando intentaron desaparecer la empresa Pesquera Mar, lo hicieron todo mal. Esta transferencia no tiene valor alguno. En el encabezado dice que el que hace el llamado de conocimiento es el anterior gerente (10 de agosto del 2012) cuando supuestamente renuncia éste el 06 agosto 2012. No podría intervenir en esa fecha y mayor razón si la transferencia a esa empresa no ha sido autorizada por el gerente”, añade Bulos.
Al cierre de esta nota, el abogado y el investigador de temas pesqueros sentencian que se ha extendido esta problemática por bastantes años. “Ellos (TASA, Oscar Peña Aparicio, y otras empresas pesqueras), que tienen los bienes y derechos de Pesquera Mar, no pueden probar que tienen contratos válidos con Pesquera Mar, esto es una gran corrupción, más grande que Odebrecht”, menciona Machado recordando que este caso ha durado más de lo debido y que se tiene que sanear lo antes posible. “Sigo siendo el acreedor, rescaté la empresa de la estatización de Velasco cumpliendo así con mis obligaciones mientras que los Brescia de tasa y su socio Oscar Peña siguen trabajando. He cumplido con mis obligaciones, mientras que ellos siguen trabajando con documentos nulos y sin efecto legal”, culmina.
Esperamos que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto y admita la denuncia.
Según la denuncia, “existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.
Al inicio de esta semana pusimos al descubierto una situación que podría comprometer la imparcialidad de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Habiamos difundido que la magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.
Sudaca tomó conocimiento que el congresista Edwin Martínez tomó nota de muestra denuncia por el conflicto de interés de la magistrada Hilda Tovar de la Quinta Sala Suprema y presentó denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esperamos que la JNJ tome cartas en el asunto y admita la denuncia. Adjuntamos el cargo del expediente presentado.
Según el expediente presentado por el congresista Edwin Matínez ante la JNJ en que solicita se abra proceso disciplinario, se indica que la Jueza Suprema Provisional Hilda Martina Rosario Tovar Buendía habría incurrido en la falta tipificada como muy grave en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial en tanto ocultó que le era imputable la prohibición dispuesta en el numeral 11 del artículo 40 de la misma ley, que proscribe a los jueces de conocer casos cuando algún familiar suyo tiene interés o vinculación laboral con alguna de las partes del proceso.
En consecuencia, se solicitó se abra proceso disciplinario a la señora Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, Jueza Suprema Provisional de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte de Justicia de la República en atención a que habría incurrido en una falta disciplinaria en razón de las contravención de las disposiciones establecidas en la Ley 29277 (Ley de carrera judicial).
Según se menciona en los Fundamentos de Hecho que sustentan la denuncia, se indica que la magistrada provisional y el señor Javier Tovar comparten como padres a los señores Justo Tovar y Palmira Buendía, siendo evidente que son hermanos directos de padre y madre. Entonces, es claro que existe un estrecho vínculo entre ambos, que inevitablemente genera consecuencias en el ámbito laboral, tales como conflictos de interés, influencia, etc.
“Ahora bien, el señor Javier Vicente Tovar buen día, fue designado, a propuesta del propio Ministerio de Economía y Finanzas como su representante en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros SAC. (AMSAC) este nombramiento se consta en documento denominado acuerdo de directorio número001 -2024 /011 FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2024. De igual manera,es pertinente resaltar que la empresa AMSAC, es una empresa integrante de la Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) que a su vez es una persona jurídica de derecho público adscrita al MEF” según el expediente de denuncia presentado.
Asimismo, en el expediente se indica que el 21 de noviembre de 2024, con posterioridad a la designación de su hermano como representante del MEF, la doctora Tovar Buendia asumió el cargo de Jueza Suprema Provisional en la Quinta Sala Suprema, Sala Suprema especializada en controversias de naturaleza tributaria, a pesar del claro conflicto de intereses que suponía que su hermano sea representante del MEF desde octubre de 2024.
“Por tanto, se tiene que la Magistrada Suprema Provisional ocultó dicha situación irregular pese a que ello suponía un impedimento para el ejercicio de su función en casos en los que el MEF era parte (como es el caso de naturaleza tributaria)” se indica en la denuncia.
Asimismo, se indica que para el caso presente, se puede apreciar en el portal web del Poder Judicial que un número sustancial de las controversias contencioso -administrativas de materia tributaria resueltas en vía de casación, ante la Quinta Sala Suprema son interpuestas por la SUNAT, que es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y finanzas en contra de diferentes personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (emprendedores).
“Así mismo, en los precitados procesos, el Tribunal Fiscal suele desempeñarse como parte procesal codemandada, siendo que esta entidad también se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto es así, que en todos los casos, quien ejerce la defensa del codemandado Tribunal Fiscal es el propio Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Insólito” se resalta en la denuncia.
Finalmente, se indica que “En síntesis existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.
A lo largo de la historia, los perros han asumido roles que pueden ir mucho más allá del lugar de mascotas. Estos animales han participado en tareas muy complejas como la detección de drogas y explosivos e incluso se les ha visto ser protagonistas en el trabajo de rescate de sobrevivientes cuando ocurren desastres naturales.
A cambio de su trabajo, no se espera que reciban condecoraciones ni mucho menos aumentos salariales sino un trato humanitario mientras están en servicio y que se les garantice una adecuada calidad de vida cuando este termina. Sin embargo, lo que parece un pedido razonable a cambio de su labor, no siempre se cumple.
Sudaca ha podido seguir el caso de la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos que pone nuevamente en discusión el trato que se les da en nuestro país a aquellos animales que están al servicio de la población y que, lejos de recibir los cuidado que merecen, son expuestos a condiciones insalubres y un abandono que incluso llega a producirles la muerte.
INDIFERENCIA MUNICIPAL
“Hemos venido viendo a el trato que les da la municipalidad desde que comenzó la gestión en 2023”, comentó Nataly Moscoso Ponce, presidenta de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO), en declaraciones brindadas a Sudaca con respecto al preocupante presente de los perros que integran la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos y que colaboran con la seguridad del distrito.
Según lo relatado por Moscoso, desde que Luis Felipe Castillo Oliva llegó a la alcaldía de Los Olivos, los canes que están al cuidado de la municipalidad han presentado numerosos problemas que van desde la falta de vacunas y antiparasitarios hasta la ausencia de la atención veterinaria que pueden requerir.
Pero esta situación llegó a su punto más crítico durante los primeros días de este mes cuando Black, uno de los canes que integraban esta brigada, murió a los ocho años en una jaula como consecuencia del tumor que padeció en los últimos meses y el cual la Municipalidad de Los Olivos no atendió como correspondía.
Lo más indignante con respecto a la historia de Black es que, meses atrás, había sido operado por otro tumor y quienes se tuvieron que hacer cargo del costo de este procedimiento fueron algunos trabajadores y una veterinaria privada mientras que la gestión de Castillo Oliva permanecía indiferente ante este caso.
Sudaca pudo acceder a algunas de las conversaciones entre los trabajadores de la municipalidad y los integrantes de COPAO en los cuales exponen el desinterés por parte de los funcionarios de este distrito ante la situación que venía padeciendo este integrante de la brigada canina en sus últimos días.
Pero esta no fue la única advertencia sobre el estado de salud de Black y otros de los integrantes de la brigada canina. Las siguientes conclusiones pertenecen a un informe del 29 de agosto del 2024 preparado por el veterinario Wilder Aguado Huaylla en el cual se advertía que Black era uno de los candidato a baja de manera prioritaria y que, además, habían casos de desmayos.
Además, otro informe también emitido por el mismo veterinario en el mes de agosto detallaba que Black presentaba un lipoma, un tumor de crecimiento lento, y que por ello requería cirugía a la brevedad posible, la cual fue pagada por trabajadores y contó con la ayuda de una veterinaria ante la ausencia de interés por parte del municipio. Este informe también señalaba que Black, que en ese momento tenía siete años, tenía cojera producto a la displasia.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
Pero el triste fallecimiento de Black corre el riesgo de no ser la única baja en la brigada canina debido a la negligencia de los funcionarios de Los Olivos. En el siguiente chat, un trabajador de esta municipalidad cuya identidad se mantiene en reserva para evitar represalias cuenta que son varios los perros pertenecientes a esta brigada que no se encuentran en un estado de salud idóneo.
Sumado a los casos de displasia, la cual es una dolorosa enfermedad degenerativa que produce una malformación en la unión del fémur y la pelvis de los canes, la titular de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) explica que la Municipalidad de Los Olivos ignora sus pedidos para que estos animales sean dados en adopción y puedan recibir una mejor calidad de vida.
En el siguiente informe que data de junio del año pasado, el supervisor de la brigada canina había informado que cuatro de sus integrantes no se encontraban aptos para el servicio de patrullaje e incluso, tal como se aprecia en la siguiente imagen, se detallaba el caso de uno de los integrantes de esta brigada que había sido operado por un cáncer. No obstante, William Valladares Escobedo, gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, no le habría dado mayor importancia a esta situación.
“Solicitamos que les realicen exámenes y hasta el día de hoy no lo hacen”, relata Nataly Moscoso sobre el alarmante estado en que se encuentran estos animales y agrega que “las atenciones de ecografía, radiografía, exámenes bioquímicos y hemogramas determinan su salud y si están aptos para realizar esta labor”.
En el siguiente oficio enviado a Valladares Escobedo por parte de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) en el mes de enero se había exigido que la municipalidad entregue los informes sobre las evaluaciones médicas que se les debían realizar a los integrantes de la brigada canina. No obstante, estos nunca fueron entregados.
La historia de Black llegó a su final de una forma tan dolorosa como evitable y, si bien nada revertirá su triste desenlace, la difusión de su caso debería llevar a que las municipalidades y todas las instituciones con animales a su cargo entiendan la responsabilidad que deben asumir para que situaciones como las relatadas en este informe no se repitan. Mientras tanto, se siguen escuchando ladridos de ayuda en Los Olivos.
