Desde que se anunció su llegada al cargo, en junio del 2021, la gestión de Jeri Ramón en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha estado plagada de cuestionamientos y polémicas. Sus ataques a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y la autonomía universitaria han llevado a que, en más de una oportunidad, Ramón Ruffner se vea enfrentada con los estudiantes de su propia universidad e incluso con los docentes sanmarquinos.
A más de dos años después del anuncio de su llegada al puesto de rectora, el clima de tensión está lejos de llegar a su final en la prestigiosa universidad pública. Entre estas últimas polémicas en que se ha encontrado involucrada Jeri Ramón se encuentra un cambio en los estatutos de la universidad que estaría perjudicando seriamente la llegada de docentes más actualizados y, por lo tanto, terminaría por perjudicar la calidad de la enseñanza. Sudaca ha podido revisar la grabación de esta cuestionada sesión de la Asamblea Universitaria en la que se discutió este controversial cambio que algunos creen tiene como finalidad sumarle aliados a la rectora.
SIN RENOVACIÓN
El pasado lunes 26 de junio, la Asamblea Universitaria de San Marcos llevó a cabo su sesión ordinaria programada a las diez de la mañana. La misma se venía realizando sin mayor problema hasta que se empezó a discutir el informe de la comisión encargada de modificar artículos del estatuto de la universidad.
Entre los puntos a tratar se encontraba el cambio del artículo 163 del estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el cual se establecía que sólo se podía ejercer la docencia hasta los setenta años y que, luego de pasar dicha edad, se podrían mantener como docentes bajo la condición de docentes extraordinarios.
Amparándose en el artículo 68 de la ley 30220 de la Ley Universitaria, el cual dispone que no hay edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, la comisión encargada se dispuso a realizar el cambio respectivo al estatuto de San Marcos. Sin embargo, la indiferencia de un considerable sector de los asistentes a la asamblea ante las propuestas que se pidieron tener en cuenta ha generado malestar en la comunidad universitaria.
Tras la exposición, en la que se mostró cómo quedaría el artículo 163 del estatuto, Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, mostró su preocupación ante el desinterés para que la plana docente pueda renovarse. “Quisiera que el artículo 163 tuviera un agregado que diga que la universidad promueve el ingreso de candidatos jóvenes. Porque, como una política adicional, la universidad es una institución que presta servicios. En administración de organizaciones se sabe que el mayor potencial y dinamismo que tienen está asociado con la edad de sus miembros”, señaló Hidalgo.
Otro docente cuestionó que no exista la posibilidad de cesar a los docentes y acotó “O sea que nos quedamos hasta salir con el terno de madera”. Ángel Bustamante, decano de la facultad de Ciencias Físicas, relató que universidades de otros países sudamericanos tienen docentes hasta los setenta años y calificó como aberrante el cambio que se pretendía aprobar.
Las polémicas con estos cambios también se observaron cuando se abordó el tema de los docentes extraordinarios. Estos debido a que quienes obtengan esta condición deberán pasar por la aprobación de una comisión especial. Sin embargo, cuando uno de los asistentes preguntó si la comisión podría ignorar el resultado de una evaluación física y psicológica para brindar de igual forma la condición de docente extraordinario no obtuvo respuesta del expositor dejando serias dudas sobre el proceso. Por otro lado, fuentes consultadas con Sudaca señalan que detrás de estas decisiones está la intención de la rectora de mantener en la universidad a docentes que están a favor de ella.
OTRO CAMBIO BAJO LA LUPA
Pero esta no es la primera vez que los estatutos de San Marcos están bajo la lupa desde la llegada de Jeri Ramón al cargo de rectora. El pasado mes de julio, Sudaca publicó el informe titulado UN PROBLEMA RUIDOSO PARA SAN MARCOS en el cual se relataban los inconvenientes que afrontaban estudiantes y docentes como consecuencia de los constantes conciertos que se realizan en el estadio sanmarquino.
En dicho informe periodístico, la comunidad universitaria cuestionaba el evidente interés por parte de las autoridades de San Marcos por realizar un elevado número de conciertos teniendo en cuenta que la universidad es pública, por lo que estos ingresos no son indispensables, la ausencia de cambios en la infraestructura que muestren el impacto positivo del dinero que deja el alquiler del recinto deportivo y que, además, se perjudicaba a los estudiantes deportistas que necesitaban hacer uso de estadio.
La respuesta a ese cuestionamiento también estaría en los cambios aprobado recientemente. Según se pudo conocer, entre estos cambios se dispuso que los ingresos provenientes del alquiler del estadio pasen a ser administrados por la rectoría y, según las fuentes consultadas por Sudaca, este cambio supondrá una mayor dificultad para la transparencia en el manejo de recursos.
Nadie podría negar que en San Marcos las cosas están cambiando, pero tampoco se puede negar que, con casos como los expuestos, estos cambios no parecen tener como prioridad al estudiante universitario ni a la calidad de la enseñanza y, además, la complicidad de la rectora Jeri Ramón también parece estar fuera de discusión.
[INFORMES] Con un promedio de 130 homicidios diarios, la delincuencia brasileña es una de las más feroces del planeta. Como la mayoría de esos crímenes merecen carcelería inmediata, aunque la enorme carga procesal impide que se dicten sentencias rápidas, los jueces libran tantas órdenes de prisión preventiva que las cárceles de las principales ciudades del país más extenso de Iberoamérica tienen los índices de saturación más grandes de todo el hemisferio occidental.
En esas cárceles repletas de prisioneros sin sentencias y, muchas veces, sin los elementos básicos para la supervivencia, los grandes capos de las mafias que gobiernan el sistema penitenciario brasileño desde el pobre nordeste hasta el riquísimo Estado de São Paulo reclutan a la fuerza a miles de individuos que mientras están dentro o cuando salen de prisión se convierten en soldados del Primer Comando de la Capital (PCC) o del Comando Vermelho, y a cambio de muy poco realizan las tareas de extorsión, robo, trata de personas, secuestros, asaltos y toda la variedad de delitos impresos en negro sobre blanco en el código penal.
Según los estudios realizados por las instituciones especializadas del país más industrializado y más desigual de América del Sur, el mayor porcentaje del millón de presos hacinados en las cárceles de ese país es un afro descendiente de alrededor de 24 años y que fue detenido por la policía en posesión de un poco de droga.
Los delincuentes más avezados, en cuyos expedientes hay por lo menos un cargo por homicidio, representan la ‘mano de obra’ de un negocio que ha ido creciendo e internacionalizándose: el tráfico de la cocaína procedente de los países de la costa occidental sudamericana, el de fentanilo de diversas fuentes, principalmente de la China, y el de la heroína, que muchas veces se canjea en los puertos de Europa Oriental por alijos de cocaína sudamericana.
En Ucayali se destruyen laboratorios, se hace erradicación constantemente, pero siguen en lo mismo.
Para controlar ese enorme negocio, los cabecillas de las mafias cariocas y paulistas emplean a centenares de soldados en las rutas de importación, en las de exportación, en las de venta al menudeo, en las ventas de grandes volúmenes y en las tareas de vigilancia, punición y traslado de dinero para llevarlo al necesario ‘blanqueo’.
Es decir, así como Lula y la alta burocracia de Petróleos del Brasil convirtieron a las empresas constructoras brasileñas en los buques insignia de la corrupción política, los magnates brasileños que operan tras los comandos carcelarios de Río de Janeiro y São Paulo, principalmente, están abocados a consolidar un imperialismo delincuencial brasileño, frente al cual el Tren de Aragua es un niño de pecho.
Preparémonos, pues, para ver cada vez más y más informes en televisión sobre este tema candente.
Para enterarnos de cuáles podrían ser las consecuencias de la implementación de la política expansionista de las mafias carcelarias brasileñas, le preguntamos al analista Pedro Yaranga qué está pasando con la delincuencia carcelaria nacional:
Todavía no hay en el país una política general de la lucha contra el narcotráfico; en ese tema, nosotros hemos tocado fondo por el crecimiento de la criminalidad organizada por las acciones o por las omisiones producidas por el gobierno de Pedro Castillo. Pero no solamente por ese gobierno estructurado desde sus inicios para delinquir en diferentes ámbitos, sino también por el actual gobierno, que ha hecho poco o nada por combatir a las bandas criminales. Aunque la Policía hace lo que puede a pesar de sus escasos recursos, de su notoria falta de personal y de sus continuos cambios en las jefaturas, la actividad criminal se ha masificado en todo el país, y, lo más preocupante, se ha visto fortalecida por el avance de las bandas de origen brasileño, porque las otras bandas extranjeras, incluida la organización venezolana autodenominada el Tren de Aragua, están más ligadas al cobro de cupos, a la trata de personas, a la extorsión y al control de la minería ilegal. Mucho, pero mucho, más peligrosas son las organizaciones delictivas brasileñas, sobre todo el gigantesco Primer Comando de la Capital (PCC), dueño del 80 por ciento de la importación, distribución y exportación de cocaína en el Brasil y el 90 por ciento en Paraguay. Con una modalidad estándar, que consiste básicamente en controlar los penales, captar a los criminales más ranqueados y luego hacerse fuertes en cada ciudad y cada país que figura en sus planes expansionistas, el PCC tiene en mente controlar, primero, al Perú, y, posteriormente, a Colombia y a Bolivia. Lo que más desean los verdaderos propietarios del PCC es tomar el control delictivo del Perú, por su posición estratégica en el subcontinente, por ser el segundo productor mundial de la cocaína y poseer un número enorme de yacimientos mineros formales, informales e ilegales. Paralelamente al PCC, en la región Ucayali ha comenzado a operar el Comando Vermelho, no con la ferocidad del PCC, pero sí con objetivos claros y tangibles, como trasegar la droga hacia el Brasil por la margen derecha del río Ucayali y por vías propias a través de la región Madre de Dios.
Según fuentes de inteligencia de las agencias antidrogas peruana y extranjeras, el PCC está asentado hace mucho tiempo en el llamado trapecio amazónico que lo conforman Colombia, el Perú y Brasil. Y, a decir de las mismas fuentes, si las mafias brasileñas controlan los trasiegos de droga a través de Madre de Dios y la selva de la región Puno, prácticamente están a punto de controlar el narcotráfico y el comercio ilegal del oro en la amplia frontera con la inestable Bolivia.
El estatuto del PCC tiene 18 artículos: los primeros dicen que sus miembros deben comprometerse “a luchar por la paz, justicia, libertad, igualdad y unidad” con la vista puesta “siempre en el crecimiento de la organización” y con respeto a “la ética del crimen”.
¿Qué medidas debería tomar el gobierno para detener el crecimiento de estas bandas?
Lo primero es hacer una evaluación real de la amenaza, porque incluso los jefes de las diversas direcciones de la Policía tenían serias dudas sobre su peligrosidad. Sin embargo, el enfrentamiento de los integrantes del Comando Vermelho con los policías de Ucayali ha hecho pensar a las autoridades policiales sobre la necesidad de fortalecer a los grupos especializados de nuestra Policía, dotándolos de mayor apoyo logístico, de mayor formación técnica y de emprender una estrategia conjunta con los grupos de élite de las Fuerzas Armadas.
Hay voces en distintos sectores del país que sugieren que se debería copiar el sistema anti delictivo puesto en funcionamiento por el presidente salvadoreño Bukele, ¿tienen razón esas personas?
Para comenzar, las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele son eminentemente políticas. Desde esa perspectiva, es necesario reconocer que en El Salvador se han hecho cosas importantes, pero que tienen ángulos negativos que son los que los opositores destacan, como el maltrato sistemático a los presos, las condiciones infrahumanas de su carcelería y la escasa comida que se les proporciona. A cambio de eso, Bukele ha fortalecido, consolidado y unificado internamente a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial del país más densamente poblado y más violento de Centroamérica. Esa es una diferencia notabilísima con el Perú, porque aquí la Policía captura a los delincuentes, pero los fiscales o los jueces los terminan excarcelando, sean estos criminales narcos, terroristas o delincuentes comunes. Esos favorecimientos deben ser cortados de raíz porque no solamente revelan negligencia o cobardía, sino que siembran dudas sobre la idoneidad de los magistrados involucrados en esas ‘liberaciones express’.
¿Desde cuándo operan las grandes mafias brasileñas en el Perú?
El Primer Comando de la Capital se desplaza a sus anchas por la triple frontera (entre Colombia, Brasil y el Perú) por lo menos desde el verano anterior a la llegada de la pandemia del coronavirus, desplazando por las buenas o por las malas a los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según informaciones de las policías de las naciones involucradas en el problema, el PCC y las FARC continúan en el amplísimo territorio amazónico, pero todavía sin registrar ningún enfrentamiento armado de gran magnitud.
¿Cuánto agravaría los problemas de inseguridad el crecimiento de esa amenaza extranjera?
No podría calcular cuánto, pero creo que significaría el nacimiento de un gigantesco derramamiento de sangre, porque debido al crecimiento de su ámbito de acción, tarde o temprano los destacamentos rurales de los comandos brasileños van a chocar inevitablemente.
Fuentes de la Policía Nacional dicen que comenzaron a detectar al CV en la zona desde 2015, pero en 2020 pudieron confirmar que la organización criminal se había establecido en la región.
Cuando el futuro nos alcance
Los políticos de mirada cortoplacista que nunca pensaron que las características únicas que tiene el Perú: un mar frío y rico en especies marinas, una costa desértica y a pocos kilómetros de una sierra con muchos pisos ecológicos y con unos subsuelos repletos de cobre, de oro, de plata y de decenas de otros minerales y una selva plagada de millones de árboles de maderas finísimas, iban a ser fuentes de múltiples despojos, ya sea por los buques factorías chinos que roban cientos de miles de toneladas de proteínas marinas, ya sea por los inversionistas que pagan a los taladores ilegales de maderas, a los explotadores de minas de oro en enormes extensiones de todo el país, jamás previeron que en el primer cuarto del siglo XXI íbamos a enfrentar todas las plagas a la vez… y sin una fuerza policial equipada para reprimir a todas al mismo tiempo.
Reunidas en un solo cuerpo en los años ochenta por un capricho de Alan García, nuestras fuerzas policiales perdieron en esa fusión a la guardia de fronteras, redujeron a una mínima expresión a las diversas policías de investigación y militarizaron sin ton ni son a la Guardia Civil. Años después, tras la caída del fujimorato los diversos gobiernos metieron sus manos inexpertas en más de una reorganización policial que no nos llevó a ningún puerto seguro; y, cuando en el Congreso se enseñorearon los peores cuadros de unos partidos formados únicamente para fines electorales, unos ‘legisladores’ le quitaron la función de investigación de los delitos a la Policía y se la dieron a la Fiscalía. Sumado todo esto al hecho universal pero con aderezo netamente peruano que los colectivos policiales, fiscales y judiciales se llenaron en las últimas décadas de gente de pobrísima educación básica y enormes vacíos en su formación moral. Es decir, una tormenta perfecta en momentos en que las grandes mafias brasileñas quieren manejar el narcotráfico, la exportación ilegal del oro y de las maderas finas, la trata de personas para fines de prostitución y las decenas de negocios colaterales a esos rubros.
¿Qué hacer?
En este momento, tres años antes de las siguientes elecciones generales, todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestro país deberíamos ponernos de acuerdo en la búsqueda de un núcleo duro de personas decentes que se junte para proponer un gran cambio sin ladrones, sin ignorantes ni vendedores de humo.
¿Qué ha pasado con la atención de la Contraloría? Sudaca ha presentado documentación importante sobre la problemática entre la adenda que tiene Innova Ambiental con la Municipalidad de Lima. Varias han sido las instancias que han estudiado y analizado este tema para darle fin a una adenda que tiene varios años afectando la integridad de los vecinos de Lomas de Carabayllo. Ellos y nosotros como medio de comunicación intentamos comunicarnos con la Contraloría, pero la triste realidad es una ausencia que se traduce en reuniones fallidas y un silencio que permite la permanencia de Innova Ambiental.
Esta insistencia por parte de los vecinos se da en medio del habeas corpus que ha iniciado la concesionaria por el cierre del Relleno Sanitario “El Zapallal”, pero específicamente por el retiro de los bloqueos al acceso de estas instalaciones, para ello han recurrido al Juzgado de Carabayllo para probar suerte y que se diluya las resoluciones de la MML, así como también de la lucha de los dirigentes vecinales.
Los vecinos comentaron que a falta de atención tuvieron que dirigirse con el procurador regional para intentar buscar una solución y evitar que el proceso siga adelante.
“Ellos (el procurador) se comprometieron a realizar un documento para nosotros participar como terceros en un proceso entre la MML e Innova Ambiental (como los afectados). Sin embargo, se comprometieron a mandarnos ese documento en el mes de junio por parte del procurador que estaba a cargo”, mencionó uno de los dirigentes señalando que ese documento no llegó y tuvieron que mandar una solicitud para volverse a reunir con la autoridad con quien ya se habían dado cita en el mes de junio.
La procuraduría regional envió una copia para que los vecinos de Lomas de Carabayllo puedan presentarlo ante el Juzgado de Carabayllo, pero este documento llegó el 11 de julio. “La juez ya tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando con Innova, entonces me pregunto, ¿Porque la Municipalidad no tomó acciones contra ello? Esta demora ha permitido que el juzgado ordene el levantamiento de los muros de contención que bloqueaban el acceso al relleno sanitario”, mencionan.
Acceso del Relleno Sanitario “El Zapallal” bloqueado tras la decisión de la Municipalidad de Lima
Otro ausente: La Procuraduría
Ahora bien, los vecinos también señalan que la Procuraduría, después de la reunión que sostuvieron con ellos, tuvo que acelerar los procesos para que puedan presentar la documentación necesaria al Juzgado y esta instancia los llame en calidad de testigos para dar su pronunciamiento. Mencionan que este proceso se dio en el caso de los chatarreros, mas no en ellos.
Causa aún mucho más malestar la falta de compromiso del Gerente de Servicios a la Ciudad cuya postura se ha vuelto cada vez más inestable. “La Procuraduría nos dice que tienen conocimiento del proceso y que se debería de actuar de la mejor manera, sin embargo, por parte de Pérez nos dice que están perdidos, entonces, parece que hay una mentira que cae fácilmente y que sale a la luz sin dar mucho trabajo” indicaron.
Por otro lado, los vecinos se encuentran indignados, ya que esta falta de atención ha ocasionado que se den resoluciones o fallos injustificables en contra de la lucha que han venido liderando. “La fiscalía ambiental ha declarado que archiva la denuncia por contaminación ambiental contra Innova Ambiental, fue una denuncia que interpuso la ex congresista Karina Beteta en el 2020 que se acoplo junto a nuestras denuncias”, comentaron los vecinos sobre los últimos movimientos del caso entre Innova Ambiental y el relleno sanitario.
Reunión de Roberto Pérez con los dirigentes de Lomas de Carabayllo
Un extenso camino para los dirigentes. Por un lado, buscaban apoyo por parte del Ministerio de Ambiente (MINAM) para suspender las apelaciones contra la negación de acreditación del PAMA. Después intentaron buscar respuestas de un Gerente de Servicios a la Ciudad que se encuentra camuflado entre excusas e historias sin sentido.
Al cierre de este informe se sabe que los dirigentes siguen buscando respuestas de las principales entidades que han guardado silencio a lo largo de este proceso: La Contraloría y la Procuraduría. El silencio de ellos produce una larga odisea que perjudica a los vecinos de Lomas de Carabayllo y que no nos permite a nosotros dar por finalizado la lucha de los vecinos contra Innova Ambiental
Desde que los humanos tenemos memoria, cada segundo, cada minuto, cada día, cada vez que una mujer sale sola a la calle, siempre hay un miserable que nos lanza una mirada asquerosa, una palabra que no pronunciaría en la oreja de su madre o se nos acerca para sobarnos, para tocarnos, para olernos como si fuéramos su bocado favorito; en fin, para realizar el ritual milenario de intentar tomarnos, de poseernos como si nosotras no tuviéramos albedrío, voluntad, gusto.
Estudiado fundamentalmente por hombres, el acoso sexual a las mujeres indefensas no es más que la parte más oprobiosa de la capacidad ilimitada que tienen los que ostentan el poder para hacer los que les dé la gana sobre las que no tenemos ningún poder. Y en términos prácticos es el origen del maltrato de los hombres abusivos sobre las mujeres y los niños que dependen de él. Es pura cobardía, porque un hombre sólo ejerce ese abuso cuando sabe que el abusado no puede defenderse de él.
Y no nos equivoquemos por los matices que parecen diferenciar al niño que golpea con un calcetín relleno de talco seco o piedrecillas a la empleada del hogar, al animal que coge un palo o un fierro y golpea hasta cansarse a su mujer. Ambos son unos abusadores, y sobre el niño que golpea con el ‘matacholas’ a su niñera se construye inevitablemente un salvaje que desfogará en el futuro todos sus complejos sobre la hembra sometida.
Pero el tema no es solamente una historia que tenemos que repasar cada vez que hay uno de esos homicidios que ahora se denominan feminicidios, pero que son nada más que unos homicidios cometidos con más alevosía y con más ventaja que los que comete un hombre contra otro hombre.
Enterémonos qué pasó el viernes último en un supermercado de Surco:
La señora Andrea Chamorro Ríos, de 36 años de edad, denunció en la comisaría de Sagitario, Surco, al suboficial superior en situación de retiro de la Policía Nacional Juan Martínez Farfán, de 60 años, por haberle realizado tocamientos indebidos dentro del supermercado Plaza Vea de La Bolichera, Surco. Según relató Andrea Chamorro a Sudaca, el acosador se le acercó y le tocó los glúteos cuando ella se encontraba en la sección de venta de zapatillas del centro comercial.
“El viernes por la tarde, yo estaba haciendo mis compras en la sección de damas de la venta de zapatillas de Plaza Vea y una señora de mediana edad se encontraba delante mío. En ese momento, la hija de la señora le dice: ‘mamita, ponte detrás de la señorita para que hagan sus compras’; yo seguí viendo las zapatillas e intuí que madre e hija estaban detrás, cuando, de pronto, siento que alguien se abalanza sobre mi costado izquierdo, pone su cara delante de la mía y pega su pecho al mío, buscando tener un contacto estrecho conmigo. Entonces, la señora que estaba a mi lado me pregunta si ese hombre era un familiar o un conocido porque se había acercado tanto a mi. Negar eso con firmeza y voltear a increpar al acosador fue simultáneo, por lo que la respuesta del agresor, quien dijo que estaba ‘ciego’ porque lo acababan de operar de la vista, nos sorprendió a ambas, las cuales nos dimos cuenta que era una excusa falsa para esconder su conducta impropia. Inmediatamente, la señora le dice que cómo puede estar de compras si está ‘ciego’, y él respondió que tenía que hacer sus compras porque era un hombre solo. Más tarde, ante las autoridades que lo interrogaron, el suboficial retirado Juan Martínez dijo tener retinopatía diabética”.
La agraviada preciso que el hecho ocurrió en el Plaza Vea La Bolichera en el distrito de Surco, el día viernes 11 de agosto.
En la denuncia policial, Andrea Chamorro precisó que la señora que le advirtió el acercamiento y el tocamiento indebido dijo al trabajador del supermercado que las imágenes de la agresión tenían que haber sido registradas por la cámara que se encontraba exactamente sobre sus cabezas.
“Afortunadamente, la señora estuvo detrás mío y observó cómo el tipo se me acercó y con toda la intención se me fue encima y tocó ambos glúteos. Para cuando salimos de la tienda el hombre se me acerco a pedirme mis datos personales porque me iba a poner una denuncia, él me amenazo que iba a llamar a su abogado. Cuando le hago el reclamo grabando con mi celular a Martínez Farfán, él se quita los lentes y nunca más se los volvió a poner alegando que no veía bien y luego cuando tuvo que dar su testimonio al agente policial no les dijo que estaba recién operado porque seguramente no tenía como demostrarlo”, puntualizó Chamorro.
“Lo que más me indigna es que yo he presentado la denuncia por tocamientos indebidos no por agresión y en la comisaría me dicen que el resultado del médico legista dio negativo, obviamente pues, si el tipo no me ha pegado, pero ellos querían ver si tenía moretones, yo me pregunto es normal que un cualquiera venga a tocarme. Para colmo a Farfán no le han hecho examen toxicológico, cuando el fiscal llegó les preguntó a los policías si ya habían realizado el examen toxicológico y le respondieron que no porque no hay patrullas para llevarlo a realizar el procedimiento, ayer sábado recién se lo han hecho por eso el fiscal les dijo se supone que cuando pasan más horas es peor porque ya no queda pruebas si tenía algo o no en la sangre”, manifiesta la agraviada.
Asimismo, la mujer comentó que en Plaza Vea le dijeron que no querían que haga escándalos, que vaya y ponga la denuncia porque el Gerente del supermercado había visto el video junto a un brigadista y lamentablemente la intención es clara en el video.
“Yo no dejaba que el hombre salga de la tienda y mientras seguridad pedía apoyo de la Policía el Gerente estuvo viendo el video de las cámaras de seguridad con el brigadista que me llama y me dice que la intención es clara y que no me lo podían mostrar por un tema de protocolo. Ya han solicitado las imágenes, pero está a la espera de un documento que tiene que emitir el gerente de la tienda. Es indignante que no se apuren con esto, no imaginan el asco que llegué a sentir que ese hombre me toque. Ahora me dice el suboficial Castro, que el abogado de Juan Manuel Martinez Farfán ha solicitado que hagan una ampliación de mi declaración porque según él hay una contradicción en mi declaración”.
No es el primero ni parece que será el último
Años atrás, no muchos, pero separados de esta realidad por una pandemia demoledora y dos o tres cambios presidenciales abruptos, hubo un congresista fujimorista que tocó todo lo que no se debe tocar del cuerpo de una aeromoza en un vuelo que debería haber partido de Juliaca a Lima con él a bordo. El parlamentario Moisés Mamani Choquehuanca, quien murió durante la pandemia sin haber aceptado nunca su culpa, dijo al ser desembarcado del avión por su conducta aparentemente delictiva, que debido a su diabetes sufrió un desvanecimiento cuando pasaba a su lado la hostess brasileña, y tuvo que cogerla por la cintura para evitar caerse. Evidentemente, esa disculpa fue tan falsa como la del mañoso suboficial de Policía en situación de retiro, Juan Martínez Farfán, y tan falsa como las de todos los Mamani de este mundo tan machista en el que nos ha tocado vivir.
Ser víctima de abuso sexual a manos de un familiar es, sin lugar a dudas, una experiencia traumática. Sin embargo, el caso de Mila, una niña de once años, demuestra que la indiferencia de las autoridades puede lograr que el padecimiento de estas víctimas sea todavía mayor. Sudaca ha conversado con la representante de la menor y su familia para conocer el presente de este impactante caso.
Meses atrás, como parte de la campaña ‘Quitémonos la venda’, Unicef reportó cifras aterradoras con respecto a los abusos sexuales a menores en Perú. Acorde a estos datos, en Perú se han reportado más de cincuenta y cuatro mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre 2017 y 2021. Para 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron números que, lejos de mostrar una reducción de casos, se mantienen en aumento y, tal como se puede comprobar casi a diario en los noticieros, el 2023 no invita a creer que estos abusos estén cesando.
Sin embargo, casi tan trágico y alarmante como los abusos reportados es el tratamiento que reciben estas víctimas, menores de edad, por parte de las autoridades que, en la teoría, deberían centrar sus esfuerzos en protegerlos y que, por el contrario, han terminado por representar una traba para que los afectados encuentren justicia y contención. En este grupo de víctimas se encuentra Mila, una niña que a sus cortos once años ha vivido una traumática experiencia de abuso a manos de su padrastro y que, además, hoy padece la indiferencia de las autoridades.
UN ABUSO TRAS OTRO
Si bien el caso Mila ha tomado mayor notoriedad en las últimas semanas, su historia se remonta al año 2021. Fue en ese año cuando un familiar de la menor denunció que su padrastro le había realizado tocamientos indebidos. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta inmediata, teniendo en cuenta la edad de la víctima, lo único que recibieron fue indiferencia.
Lo que las autoridades, aquellos que debían proteger a Mila, no lograron advertir y frenar debido a su falta de interés, fueron los abusos que se venían cometiendo al interior de esa familia y que no sólo exponían a Mila. Fue por ello que, recientemente, Mila, en compañía de un familiar, volvió a denunciar la violencia sexual de la que era víctima.
En esta oportunidad, las autoridades sí tomaron un papel más activo, sin embargo, las decisiones que tomaron terminaron por perjudicar todavía más la dolorosa vida de la niña. Así lo ha relatado Isbelia Ruíz, abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, en declaraciones a Sudaca.
Ruíz, quien se encuentra en Iquitos dándole soporte legal a Mila y su familia, señala que, tras la nueva denuncia, el padrastro fue detenido el 3 de julio, pero fue liberado cuatro días después debido a que el juez a cargo consideró que no había pruebas suficientes para ordenar una prisión preventiva. “La responsabilidad de que esta persona esté libre es del Poder Judicial”, agregó la letrada.
📢 PRONUNCIAMIENTO | Asumimos la defensa legal de Mila, niña de 11 años que enfrenta un embarazo por violación de su padrastro. Ante el riesgo que representa para su vida y su salud, exigimos el acceso al aborto terapéutico, protección y acceso a la justicia. ⚖️ #NiñasNoMadres 💚 pic.twitter.com/QKuxZzPO40
— Promsex – El aborto es un derecho humano 💚 (@promsex) August 8, 2023
“La madre ha puesto una denuncia por violencia física, psicológica y sexual (contra el padrastro de Mila)”, contó Isbelia Ruíz. Teniendo en cuenta ello no era muy difícil imaginar lo que ocurriría después: El padrastro de Mila no tardó en amedrentar a la madre de la niña. Sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, Lucas Pezo Amaringo pudo amenazarlos sin mayor problema. “La familia de Mila está expuesta. Este señor ha amenazado de muerte a su madre”, relató Ruíz y contó que “mandó a sus hermanas a buscar a la señora pidiendo que retire la denuncia y el señor estuvo rondando por la zona donde ella vive”.
Sin embargo, esta historia de terror para Mila no terminó ahí. La reacción de las autoridades tras la segunda denuncia, en la que se mencionaba una violación y la menor se encontraba con dieciocho semanas de gestación, fue separar a Mila y sus hermanos de su madre. “Las autoridades lo que hicieron fue separar a la familia de manera violenta. Lo que hizo la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue decir que los niños no estaban seguros con la madre”, indicó la abogada de Promsex y agregó que los hermanos de Mila fueron a diferentes albergues incluyendo a su hermana menor de cuatro meses.
“La madre no ha visto a su hija desde el 3 de julio”, denuncia la representante legal de Mila y agrega que recién este último lunes se le permitió a la madre reencontrarse con sus otros hijos. “Han sido revictimizantes contra Mila, su mamá y sus hermanos. No los han visto como un grupo que es víctima”, cuestiona Ruíz.
Pero el dramático capítulo en la vida de Mila todavía no termina de escribirse. Esto debido a que el abuso que sufrió la dejó embarazada y, pese a que la ley contempla que se puede aplicar el aborto terapéutico, este le ha sido negado. “Dijeron que, a nivel de salud mental, la niña estaba bien y no tenía un estrés postraumático grave y, a nivel de salud física, el medico dijo que la niña de once años es perfecta para que pueda continuar con el embarazo y que no hay ningún riesgo”, comentó Ruíz a Sudaca.
ANTECEDENTES DE TERROR
Lamentablemente, el caso de Mila no es la primera vez que una niña víctima de abuso sexual ve cómo sus derechos no son respetados. En 2017, Camila, una niña de trece años, descubrió con horror que se encontraba embarazada y el responsable era su padre, quien abusaba de ella desde que tenía nueve años. Esta traumática experiencia había afectado fuertemente a la menor y, ante este panorama, ella y su madre solicitaron que se aplique la interrupción del embarazo. Pero nunca obtuvieron respuesta por parte de las autoridades competentes y, tras intensos dolores abdominales, sufrió un aborto espontáneo.
Ante la indolencia por parte de las autoridades responsables, la ONU se pronunció en junio de este año y fue categórica al señalar que Perú había violado los derechos a la salud de Camila al ignorar su deseo de la interrupción de un embarazo que estaba afectando seriamente su salud mental y física.
“La justicia tarda, pero llega” es una frase muy popular en la que muchos encuentran consuelo ante las injusticias con las que tienen que lidiar. Sin embargo, el caso de Mila, como lo fue en el caso de Camila, no hay tiempo que perder y si la justicia y sus derechos les son negados e ignorados ponen en grave riesgo su salud que no solamente se vio golpeada por el abuso de un familiar sino también por la manera en que las autoridades que debían protegerla terminan siendo los autores de nuevos abusos contra estas menores.
Apenas ha pasado un año y medio de la recordada catástrofe ambiental que contaminó varias decenas de playas con petróleo y la historia parece repetirse. Durante los primeros días de agosto, vecinos y pescadores de Ventanilla han vuelto a encontrar petróleo en la playa y el temor crece ante la ausencia de un responsable de esta nueva amenaza al mar peruano.
En enero del 2022, la noticia sobre el derrame de petróleo en el mar peruano causó una inconmensurable indignación entre los peruanos. En aquella oportunidad, lo que fue catalogado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima llegó a afectar a 46 playas debido a que el petróleo derramado se extendía por más de siete millones de metros cuadrados de mar.
Este desastre ecológico que se produjo cuando un buque descargaba el crudo a la refinería La Pampilla dejó un sinnúmero de afectados. Por un lado se encontraban los animales que, en gran número, murieron a causa de la contaminación que dejaron los más de once mil barriles de petróleo vertidos en las costas peruanas, pero el daño incluso llegó a afectar a quienes se encontraban en tierra, como es el caso de los vecinos de Ventanilla que padecieron durante semanas de mareos y dolor de cabeza que eran ocasionados por la exposición a hidrocarburos.
Pero en este grupo de afectados tuvieron un papel protagónico los pescadores. Además de ver cómo su fuente de ingresos se veía afectada sin una fecha clara para el regreso a la normalidad, estos pescadores artesanales terminaron siendo usados para una precaria estrategia de limpieza del mar que ponía en grave riesgo su salud.
En esa oportunidad, gran parte de la indignación fue dirigida contra Repsol, la empresa encargada de la refinería, pero los reflectores de la ira colectiva también apuntaron al gobierno y las autoridades que, con sus acciones, demostraban no tener un plan de contingencia ni consideración por los afectados. Sin embargo, a más de un año y medio de dicha catástrofe ambiental, la historia se ha vuelto a repetir.
ALERTA EN EL MAR
En los últimos días, las escenas de enero del año pasado se volvieron a vivir en Ventanilla. Los vecinos de la zona y los pescadores nuevamente advirtieron la presencia de una considerable cantidad de petróleo en el mar que ya empezó a cobrar la vida de animales y, al igual que en 2022, la respuesta de las autoridades ha sido casi nula. Para conocer más detalles de este preocupante presente, Sudaca conversó con Alejandro Bravo, quien es pescador y también se ha desempeñado como secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú.
“No es nada del otro mundo que nuestras autoridades no reaccionen a este tipo de contaminación”, comenta Bravo sobre la ausencia de un plan de contención para este tipo de emergencias y agrega que “esto nos ha traído como preocupación latente que a las autoridades poco o nada les interesa”.
El experimentado pescador también manifiesta su preocupación por los ingresos de sus colegas que cree se verán perjudicados, entre otras razones, por la desconfianza de la población a comprar pescado en esa zona debido a la contaminación producto del petróleo derramado. “Se ha malogrado la imagen del pescador. El que quiera comer un ceviche lo primero que va a pensar es en la contaminación del mar”, señaló.
Para Bravo, las lecciones del pasado no han sido aprendidas y teme que la salud de sus colegas de pesca vuelva a verse afectada. “Cuando ocurrió el derrame anterior dieron una mascarilla de cincuenta céntimos, una indumentaria que poco o nada protegía y las manos desnudas para recoger el petróleo derramado. Sabiendo que es altamente contaminante”, cuenta a Sudaca y, con respecto a las marchas convocadas por el sector pesquero, añade que “si el pescador realiza su marcha es porque no lo escuchan”.
SE BUSCA RESPONSABLE
Hasta la fecha, no se ha logrado identificar al responsable de esta nueva crisis ambiental y, al respecto, Johnny Marchán, presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró que “es muy difícil que este hallazgo sea un rezago del derrame de 2022” tal como lo desmintió la empresa Repsol en un comunicado emitido el 1 de agosto.
Por ello, Marchán señaló que recién en diez días se podrían conocer más detalles de la investigación que lleva a cabo OEFA con la intención de conocer más detalles sobre esta sorpresiva presencia de petróleo en la costa peruana. “Hemos monitoreado una extensión de cuatro kilómetros de playa y tomado muestras de agua y arena en tres playas (Azul, Cavero y Delfines)”, explicó sobre las acciones tomadas hasta el momento.
Marchán también comentó que también se hará una supervisión a la refinería de la zona así como sobrevuelo en helicóptero para monitorear y, entre las posibles teorías para explicar este nuevo derrame de petróleo considera que “podría haber sido de una embarcación que ha pasado por ahí y ha generado el derrame”.
Aunque muchas de estas acciones siguen pareciendo poco bajo la mirada de los pescadores que por ahora ven seriamente perjudicada su principal actividad y aumenta su decepción ante autoridades a las que consideran indiferentes a sus preocupaciones y hasta los han llegado a ver como aliados de quienes les causan problemas.
[INFORMES] Según dicen los historiadores, la noción de policía es antigua, aunque la palabra no la es. Y, aunque no sepamos los detalles concretos de cómo y cuándo nació la primera función policiaca, es lógico suponer que apenas los hombres descubrieron la manera de cultivar la tierra para obtener sus frutos, y, paralelamente, domesticar a los cuadrúpedos que compartían con ellos el territorio ubicado en el Mediterráneo oriental hace más de diez mil años, buscaron la forma de cuidarlos y evitar que los extranjeros se los robaran. Y así, crearon un cuerpo policial que protegiera sus fronteras y mantuviera el orden interno en sus tierras.
Como no existen testimonios de los pormenores de esa primera gran transformación de la humanidad, que consistió básicamente en dejar atrás el nomadismo y pasar al sedentarismo existente hasta nuestros días, varios escritores imaginaron ese enorme arco histórico de varios centenares de años, entre ellos el finlandés Mika Waltari en Sinuhé, el egipcio, el norteamericano Norman Mailer en Noches de la antigüedad y el israelí Yuval Noah Harari en Sapiens. Todos ellos coinciden en que el concepto de propiedad individual reemplazó poco a poco al de propiedad tribal, obligando a los más fuertes y a los más listos a crear fórmulas destinadas a imprimir en los súbditos las ideas de jerarquía, de territorialidad, de encargo divino y de obediencia a todos los anteriores.
Siglos después, como es lógico suponer, el concepto fue buscando la forma de transformarse en la palabra policía. Entre uno y otro fueron creándose cuerpos de seguridad en diferentes lugares de Europa, como la Santa Hermandad española de 1476, el Lieutenant Générál francés de 1667 y los alguaciles ingleses en la misma época. Pero el dato más cierto del ‘matrimonio’ entre el concepto y la palabra se dio en el siglo XVII francés, cuando París era la ciudad más grande y más peligrosa de Europa, momento en el cual las autoridades políticas deciden unificar todos los cuerpos de seguridad en uno solo y lo llaman Police. A partir de la Police francesa nacen la Police anglosajona, la Polizia italiana, la Polizei alemana y todas las demás policías europeas, que en escritura latina o cirílica son muy similares, reconociéndose rápidamente que la palabra fue posterior al concepto.
La propuesta de una policía rápida vista por el ex ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes:
“Yo no creo que la creación de ese cuerpo policial mellaría el profesionalismo de la Policía; primero, porque el proyecto de ley tiene el mensaje subyacente de que nuestra Policía Nacional ha sido superada por el problema de la inseguridad: tenemos un desborde de la criminalidad organizada y de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista, enfrentando, a la vez, una situación en la que la Policía sufre un grave déficit de personal no sólo por el aumento de la criminalidad, sino porque -según información oficial documentada- anualmente pasan al retiro a su solicitud entre cuatro y cinco mil agentes policiales, es decir, en diez años han dejado la fuerza policial más de cincuenta mil agentes, generando un serio problema para atender el creciente avance de la criminalidad en sus diferentes versiones. Entonces, yo creo que debemos de evaluar medidas urgentes que permitan revertir dos cosas fundamentales: el serio problema de inseguridad pública en el que 90 por ciento de los peruanos coincidimos y, también, el tema de la victimización. Ahora bien, en el tema específico de esta propuesta, yo parto señalando que no es Made in Perú, pues en condiciones similares también se está trabajando una propuesta similar en Colombia. La Policía Nacional de Colombia tiene dentro de su estructura a un policía con un perfil muy parecido al que acá estamos empezando a discutir; lo mismo pasa en Chile, en Francia y en otros países, es decir, no estamos ante una figura nueva, sino que estamos ante un fenómeno mundial en el cual cada país involucrado está tomando decisiones parecidas en contextos similares al peruano, especialmente en Lima, una ciudad del tamaño y con la población de un país chico. Las experiencias internacionales nos dicen que la medida ha sido positiva, la participación de una Policía de las características planteadas por las autoridades nacionales ha sido positiva en los países citados y ha ayudado a revertir la percepción de inseguridad, sobre todo porque ese trabajo se ha concentrado en el trabajo conjunto con las municipalidades y en el trabajo preventivo; entonces, creo que debemos darle la bienvenida a la discusión de un tema tan importante y no rechazar pero se a esa posibilidad.
Uno de los problemas que podría poner en riesgo el proyecto de la Policía Comunitaria es lo siguiente: si no se tienen los adecuados filtros y las evaluaciones de integridad no son suficientes en el proceso de reclutamiento, podríamos -más bien- estar incubando un serio problema; si no se tiene el cuidado de invertir en los centros de formación de los suboficiales, entonces también podríamos tener serios problemas de formación, como hemos observado en el pasado. Esos son, qué duda cabe, dos problemas centrales.
Esta nueva Policía está destinada básicamente a trabajar en aspectos preventivos, en aspectos comunitarios, es decir, en las comisarías y en los municipios, no en la persecución de los crímenes eventuales o contra la criminalidad organizada. Estamos hablando de un cuerpo de prevención del delito, no de una policía especializada en perseguirlo y combatirlo”.
Así las cosas, veamos cuáles son los pro y cuáles los contra de la cien veces mencionada ‘policía rápida para combatir los delitos menores en el Perú del 2023’. Leamos:
El pasado viernes 28 de julio, durante la lectura de su extenso mensaje al Congreso, la presidenta Dina Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional, denominada tentativamente Policía de Orden y de Seguridad.
Como todos sabemos, para que ese proyecto se transforme en ley debe transitar el camino que realizan las normas vigentes, es decir, debe ingresar a la Comisión de Orden Interno, recibir la opinión de la Comisión de Constitución y, posteriormente, con el visto bueno de Orden Interno, llegar al pleno, donde se debatirá y se pondrá a votación. En síntesis, contando con el apoyo político de la mayoría de los congresistas, en el mejor de los casos, tomará como mínimo más de dos meses para su eventual aprobación y, de darse esta, se necesitará un tiempo igual o mayor para su reglamentación. Sólo así, la Policía Nacional podría comenzar a reclutar a las mujeres y a los hombres que integrarían la primera promoción de ese cuerpo de seguridad. Vale decir que, a toda máquina, los primeros graduados saldrían a las calles entre mediados de 2024 y comienzos de 2025.
Como quiera que nuestro país está sufriendo de un altísimo nivel de inseguridad y que la fuerza policial tiene un déficit de alrededor de 50 mil efectivos, es indispensable que las autoridades solucionen en el menor tiempo posible la carencia de efectivos policiales y la falta de armamento, de movilidad y de avituallamiento de los cuerpos policiales existentes, además de encontrar la forma más rápida de conseguir que se cree y reglamente esa nueva policía que esté más cerca al ciudadano para protegerlo ”de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista”, según palabras del ex ministro Rubén Vargas Cespedes.
Revisando las opiniones de los expertos en seguridad ciudadana consultados acerca de la viabilidad de la propuesta presidencial, hay un consenso que esa nueva categoría policial permitiría incorporar a 6 mil nuevos efectivos debidamente capacitados y equipados cada año, los cuales trabajarían bajo la supervisión de policías experimentados y al lado de los miembros de los serenazgos distritales respectivos.
El proyecto presentado por la máxima autoridad del Ejecutivo ante el Congreso prevé que la formación de los policías de Orden y de Seguridad tendrá una instrucción de dos semestres en los cuales se les entrenará en defensa personal y manejo de armas de fuego, y se les capacitará en materia legal, todo ello de acuerdo a los manuales y a los protocolos vigentes. Para intentar que las nuevas incorporaciones no sean solamente los reemplazos apurados de los policías experimentados que piden su baja anualmente, ya que 6 mil ingresos contra 5 mil egresos al año ayudan poco o nada, el proyecto ha previsto que los reclutas que hayan tenido instrucción previa de dos años en las Fuerzas Armadas podrán convalidar cursos relacionados con destrezas y habilidades propias de un oficio con un gran componente físico en tan solo un semestre académico. Estos últimos tendrán la opción de postular posteriormente a las escuelas de oficiales y suboficiales para lograr eventuales ascensos. Y como sus funciones según las normas legales están en el ámbito de la protección ciudadana, podrán portar armas de fuego y detener a los delincuentes en flagrancia, mas no podrán realizar funciones de investigación ni de trabajo administrativo.
Características de los contratos de los nuevos policías.
Los integrantes de la Policía de Orden y Seguridad podrán acceder a un contrato inicial de tres años, con la opción de extenderlo por otros tres años adicionales. Con una remuneración mensual equivalente a S/ 2,153.84 soles esto incluye EsSalud, además recibirá S/ 300.00 soles en el mes de diciembre y S/ 300.00 soles por escolaridad.
Tentativamente se puede albergar a los aspirantes a la Policía de orden y Seguridad en las 10 escuelas de Suboficiales que ascendería a un costo por implementación de infraestructura de S/ 13´512,853.00 soles. Se debe tener en cuenta que para el 2025 el número de escuelas van a reducirse, esta medida forma parte del proceso de reorganización de las escuelas de educación superior técnico profesional de la PNP, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 018-2019-IN. Y que también prohíbe la creación de nuevas Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial.
Datos:
El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que entre octubre y noviembre de este año se hará el cambio de mil patrulleros para Lima, también se estarían sumando 2000 motos que serán entregadas por un convenio con la Municipalidad de Lima.
El titular del Interior ha pedido plazo de 1 año para ver resultados. Pero la mayoría de ex ministros del Interior coinciden que se debe recuperar la institucionalidad porque la Policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, se debe priorizar el presupuesto en temas de logística, de infraestructura y de tecnología ya que es un punto clave para la lucha contra el crimen organizado
Existen iniciativas similares que han dado resultados positivos en otros países, esto no significa que en el Perú tengan los mismos efectos, teniendo en cuenta las graves falencias que aquejan a la Policía desde hace varias décadas.
Ajustes necesarios en materia policial y penal
Hace poco más de 100 años, el gobierno del presidente Augusto B. Leguía creó la Brigada de Investigación y Vigilancia que tenía como funciones la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. El cuerpo policial encargado de investigar y perseguir el delito perdió su independencia administrativa cuando el gobierno de Alan García decidió fusionarlo en 1988 con la Guardia Civil y la Guardia Republicana. En lugar de mejorar sus funciones, la nueva institución llamada Policía Nacional del Perú ingresó en un proceso de descomposición con muchas fricciones internas, debido a que los guardias civiles y los investigadores tenían funciones distintas y poco compatibles, y los guardias republicanos vieron limitadas sus funciones desde el comienzo de la fusión.
De otro lado, dada la estructuración de la sociedad peruana hasta la llegada del gobierno militar de 1968, la criminalidad rural estaba circunscrita al abigeato y la urbana a los esporádicos asaltos a los bancos y a los homicidios de alto perfil en las clases sociales más favorecidas. Por esas razones, ni la Policía estaba preparada para combatir el terrorismo que nació al acabarse el gobierno militar ni a perseguir los delitos derivados del crecimiento desmesurado de la población capitalina por la gigantesca migración interna. Paralelamente, los abogados que ejercían el derecho penal se vieron desbordados por la proliferación de los delitos de cuello y corbata. Con la misma lógica existente en todos los procesos comparativos entre la función privada y la pública, los abogados de diferente formación se reciclaron y los más listos entre ellos se volvieron penalistas, enriqueciéndose rápidamente, mientras los policías de investigaciones tuvieron que graduarse sobre la marcha cuando persiguieron y capturaron a los cabecillas de las dos organizaciones terroristas -Sendero Luminoso y el MRTA- más sanguinarias de América del Sur. Como ‘premio’ a semejante esfuerzo, los legisladores le quitaron a la Policía la función de investigar los delitos y se la dieron al Ministerio Público, generando muchos de los problemas que hoy lamentamos.
Recapitulando, la solución a los problemas de la criminalidad creciente tiene que ver no sólo con la escasez de policías, sino con la falta de legisladores inteligentes, con la carencia de fiscales y de jueces bien preparados y con la súper abundancia de abogados penalistas mal preparados y de malos periodistas al servicio de fiscales ansiosos de popularidad a cambio de falsas primicias.
La Tercera Toma de Lima. El último 19 de julio se convocó a la ciudadanía para protestar en contra de Dina Boluarte y parece que su respuesta es controlar la situación con la represión como una de sus herramientas de confianza. En estas detenciones, uno de los perjudicados fue Oscar Bellido, estudiante de la PUCP, que el sábado 22 de julio fue detenido en la carceleta de la División de Asuntos Sociales por presuntamente hacer pintas en las instalaciones del Palacio de Justicia.
Esta historia de las manifestaciones en la capital no tiene cuándo acabar y parece que es una historia que dividirá a la ciudadanía hasta los futuros escenarios: la incierta salida de la mandataria o la finalización de su mandato.
Sudaca pudo acceder al expediente del estudiante y la Sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima abrió una investigación contra el estudiante por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios) en agravio del Estado Peruano. En dicho documento se precisa la solicitud de prisión preventiva contra el joven que va a la carrera de Publicidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Días duros en detención
Se sabe que durante los días que estuvo detenido, Bellido tuvo diferentes complicaciones en su salud. Desde convulsiones hasta descompensaciones fueron parte de la odisea que vivió el estudiante universitario en la carceleta. La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó una inmediata atención médica. Bellido es llevado al Hospital Arzobispo Loayza.
Plantón a las afueras de la carceleta donde se encontraba Oscar Bellido
“Fue trasladado al Hospital Loayza a las 19:26 de emergencia. El médico a cargo indicó que necesitaba 3 nebulizaciones en un lapso de 1:30 horas cada nebulización”, mencionó el documento con la actualización del estado de salud de Oscar Bellido. “El compañero estuvo custodiado de dos policías en todo momento (…) uno de los policías se acercó al médico y habló con él, estando en calidad de custodia. Tenemos la certeza que el policía influenció al médico para cambiar la receta”, añade el comunicado.
Comunicado de la familia de Oscar Bellido:
Diferentes colectivos y organizaciones sin fines de lucro mostraron su rechazo por la detención del joven universitario quien ejercía su labor de brigadista en media de esta problemática social. Una de estas agrupaciones fue la Federación de Estudiantes de la PUCP que mostro su inmediato interés y atención en el caso. Se pudo evidenciar que diferentes estudiantes con y sin relación a estas agrupaciones también propagaron la noticia de la detención por sus redes sociales convocando a la casa de estudios para que se pueda hacer cargo del estudiante universitario.
La fiscal Roció Castañeda había solicitado 9 meses de prisión preventiva por las presuntas pintas que el universitario “supuestamente” había realizado. Su abogado mencionó que la detención presentaba irregularidades y que no se habían considerado los videos que se había presentado en su defensa. Sin embargo, la misma Fiscalía también presentó un video grabado por un teniente de la PNP quien también mencionó que se había realizado un operativo a la persona que realizó las pintas.
Expediente tras la detención de Oscar Bellido
Acciones realizadas
Diferentes organizaciones se movilizaron desde la detención de Oscar Bellido, pero esto no pasó solo con el estudiante de la PUCP. En el panorama de las manifestaciones también fueron detenidos Raúl Tinco y Kenty Aguirre. Este último es un documentalista y fotógrafo que se encontraba cubriendo las manifestaciones que se dieron en las afueras del Poder Legislativo mientras la presidenta Dina Boluarte se encontraba brindando el tradicional Mensaje a la Nación por 28 de julio.
El comunicador se encontraba, al igual que Bellido, en la División de Asuntos Sociales de la PNP retenido. Quien asume su defensa es la Dra. Janet Marín quien mencionó que también se habían cometido irregularidades contra la detención de Aguirre, ya que se encontraba entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, cuando uno de los agentes policiales ordenó en gritos la detención de Aguirre.
Sudaca pudo acceder a las actas de detención que se dieron en medio de la detención de Kenty Aguirre. En ella, la mencionada acta refiere que la detención de Aguirre se da por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios). Sin embargo, como veremos en los presentes documentos, el comunicador decidió no firmar los documentos que se les fueron presentados (acta de detención y acta de lectura de derechos).
Acta de detención contra Kenty Aguirre:
Acta de lectura de derechos a Kenty Aguirre:
Al cierre de este informe se sabe que el comunicador fue liberado. El fiscal provincial Gilbert Montenegro dispuso su liberación a las 05:00 am, por lo que se tiene entendido que Aguirre pasó más tiempo de lo dispuesto por la Fiscalía. A pesar de esta noticia alentadora, Juan José Quispe denunció que se estaba intentando dar una venganza fiscal. «Habiéndose ARCHIVADO la investigación contra SHANIN KENTY AGUIRRE FIGUEROA, inauditamente, para que le devuelvan todos sus implementos personales incautados, la Fiscalía nos pide que acreditemos la «propiedad» de los bienes«, comento.
Tres meses atrás, cuando concluíamos la crónica del apogeo y de la caída del estafador más grande del siglo XXI peruano, decíamos sin intentar emular a las pitonisas de la antigüedad clásica: “piensen en eso cuando aparezca el sucesor de Juan Carlos Reynoso”, refiriéndonos al timador peruano detenido en la capital de México. ¿Y qué queríamos que piensen nuestros lectores? Pues que la mejor forma de ponerle fin a una estafa piramidal era preguntándonos qué pasaría si cada uno de los treinta y tres millones de peruanos le diéramos un sol a un peruano en particular, este se convertiría en multimillonario al toque; pero este ejercicio no podría hacerse treinta y tres millones de veces, porque nadie dispone de treinta y tres millones de soles para enriquecer a igual número de compatriotas. Esa es la imposibilidad lógica para que todos los ‘afiliados’ a una pirámide puedan mejorar su situación patrimonial: no hay suficientes personas dispuestas a invertir sus ahorros en una posibilidad tan remota, toda vez que en todas esas ‘empresas’ se les pide a los inversionistas que traigan a otros inversionistas para así lograr mejores beneficios en los menores tiempos posibles. Por esa razón, creemos desde que comenzamos a investigar este tipo de estafas que las personas que llegan en primer lugar a una pirámide en particular son tan culpables como los Reynoso que las organizan, porque ellos saben que si no traen a más y más incautos no habrá dinero para que se les paguen los altísimos intereses prometidos. Reynoso, sus predecesores y sus sucesores son culpables de estafa, pero también lo fueron, lo son y lo serán los codiciosos que ‘jalan’ a las pirámides a sus parientes y amigos. Es decir, las pirámides sólo funcionan cuando los primeros ‘inversionistas’ meten a sus parientes y amigos más cercanos a esa maquinaria mafiosa, y estos, intuyendo que es imposible que la cúspide de la pirámide se sostenga si no se amplía la base, incorporan a más personas a la estafa. Sin embargo, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, siempre habrá pirámides e inversionistas estafados. Y, lo que es más increíble, siempre encontraremos a personas que han caído más de una vez en una estafa piramidal.
En las oficinas de Kronos se logró detener a Alonso Montes de Oca Lamas (30 años), Franco Vecco Scavino (50 años), entre otros.
El pasado lunes 17 de julio, la fiscal Nelly Millones, titular de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, consiguió que un juez autorizara la detención de Alonso Montes de Oca y de Franco Vecco Scavino, los propietarios de una empresa que prometía ganancias de 30 por ciento anual a los depósitos de unos ‘inversionistas’ que sabían tanto de finanzas como algunos congresistas en ejercicio del concepto de decencia.
La historia completa de este nuevo intento por copiar el sistema piramidal perfeccionado en los años noventa por Clae, se inicia cuando Montes de Oca y Vecco Scavino inscriben en los Registros Públicos a la empresa Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión con un capital inicial de 1,000 soles. Apenas inscribieron a Kronos, los socios montaron una oficina en la mejor zona comercial de Chacarilla del Estanque y, sacándoles lustre a unos apellidos que combinaban tradición y emprendedurismo venido del extranjero, comenzaron a recibir a personas que depositaban su dinero a cambio de intereses de 2.5 por ciento mensual y un bono de éxito a cada inversionista que trajera a más personas: a más personas, más grande el bono.
En noviembre de 2022, fue constituida Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., con un capital inicial de 1,000 soles.
Cuando el ‘negocio’ había incorporado a decenas de inversionistas y tenía que pagar los intereses y los bonos prometidos, algo comenzó a ir mal porque era imposible cumplir con las obligaciones contraídas y pagarles alrededor de 100 mil dólares mensuales a Montes de Oca y Vecco, un trabajador de la empresa que ya había excedido todos los límites impuestos por la Superintendencia del Mercado de Valores y por la Superintendencia de Banca y Seguros incluso para las empresas formales, acudió a una fiscalía con su computadora portátil donde tenía información sobre los movimientos de Kronos y se convirtió en colaborador eficaz y delato a Montes de Oca y Vecco Scavino.
La complicidad de los ‘inversionistas’
Según informaciones familiares, a comienzos de los años ochenta, cuando la economía nacional sufría una de sus crisis periódicas, coincidentemente en los años terminados en 9, se crearon en las zonas más pudientes de la capital unas reuniones más o menos formales donde las personas tomaban números ubicados en forma de pirámide en una de las paredes de la sala, pagando una cifra predeterminada y consiguiendo con ese pago una fecha para obtener la devolución de su dinero más un adicional. Ese ‘pandero’ de clases medias era una copia deformada -por la entrega de intereses difíciles de pagar -de los tradicionales panderos de barrio y de oficinas que existían en nuestro país desde épocas indeterminadas, y que, a su vez, eran imitaciones de los tanomoshi (ayuda mutua), que fue la fórmula tradicional japonesa peruanizada por los inmigrantes de esa etnia y sus descendientes para crear las peluquerías y pulperías que fueron los primeros trabajos independientes emprendidos por los miembros de una colonia que llegaron al Perú con lo puesto y se transformaron en una comunidad reputada y en constante ascenso social.
A diferencia de la gesta de los nipones y del ahorro compartido y repartido vía pandero (o ‘junta’ como se conocía en sus inicios) de los pobladores de recursos limitados, la ‘inversión’ en ese mercado de capitales falso de Montes de Oca y de Vecco Scavino proyectaba una enorme sombra de complicidad entre esos sujetos y los primeros dizque inversionistas en Kronos y sus empresas de fachada. En esas empresas, como es evidente para cualquiera que se detenga a pensar que es imposible hacerse rico en un dos por tres, existía un espíritu de estafa rondando por todo el edificio de Chacarilla donde los amigos de los dueños firmaban los contratos y al cual llevaban a los incautos que eran los estafados potenciales, quienes estaban comprometidos a llevar a su vez a incautos de reemplazo para salvarse de la estafa inminente. Es decir, para poder cobrar los intereses prometidos, los estafados potenciales tenían que contribuir con su ‘cuota de sangre’ para salvar su inversión: así, por cierto, hasta que no había más estafables por llevar al edificio de Chacarilla.
En las oficinas de Kronos se logró detener a 6 personas: Alonso Montes de Oca Lamas (Lima, 30 años), gerente financiero; Franco Vecco Scavino (Santiago de Surco, 50 años), gerente de Contabilidad; José Otárola Luna (Lima, 59 años), gerente de Desarrollo de Negocios; Sergio Noceda Ochoa, analista comercial (Santiago de Surco, 29 años); Paul Garbin Passano (San Borja, 28 años), analista de contabilidad; Amelis Núñez Janto (Chilca, Huancayo, 27 años), asistente.
La fiscalía sostiene que obtuvo la información de una fuente quien les dijo que dos personas de nacionalidad peruana y extranjera integraban una organización criminal que operaban bajo la modalidad de estafa dedicada al intercambio de divisas en el extranjero, a nivel nacional los investigados Alonso Montes de Oca Lamas y Franco Vecco Scavino son dueños de las empresas Kronos Group que fue constituida en septiembre de 2020, Kronos Invesment Group fue constituida en mayo de 2022 y en noviembre de 2022, fue constituida Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., que movilizaban millones de dólares; y a través de las cuales se encargaban de captar dinero ofreciendo pagos mensuales por trabajar con el capital aportado de los clientes a través de brokers regularizados en el Reino Unido.
Montes de Oca era el encargado de operar el capital en los mercados reales, mientras Vecco Scavino ayudaba a enviar los dineros a los supuestos brokers de Reino Unido; Joaquín Talavera Campos es la imagen de Kronos Invesment Sociedad Gestora de Fondos de inversión a nivel nacional y en México se cuenta que la empresa TWT Advisors cuyo dueño es Teófilo Zúñiga Arredondo quien se encargaba de conectar a los inversionistas de Kronos con el bróker internacional FX Winning de Chipre, un país reconocido como paraíso fiscal.
De acuerdo con las confesiones de un colaborador eficaz que laboraba en Kronos Group, desde aproximadamente junio de este año, algunos clientes comenzaron a reclamar la devolución total de sus aportes debido a la quiebra y fuga de los dueños de FX Winning, una plataforma de inversiones en el mercado de divisas (Forex), ubicada en Chipre, con la que trabajaban Vecco y Montes de Oca. Lo que motivó a los responsables de Kronos a comenzar a destruir información con el propósito de luego desaparecer del país.
Según la investigación, los procesados hacían firmar contrato a los clientes para que estos tengan el 100 por ciento de riesgo ante cualquier coyuntura que pueda pasar. Un tipo de documento planeado para que los clientes perdieron si llegara a pasar algo y nunca denunciaran.
“El proceso de ingreso de un cliente generalmente se debe a través de un cliente activo que refería a uno potencial. Todos los meses se referían entre 10 y 12 clientes. Estos nuevos clientes ingresaban a la compañía cuando se adjuntaban los vouchers de depósito en las cuentas de los fondos en el BBVA o el Banco de Crédito del Perú, con una copia del DNI por ambos lados y un formulario de Google donde se completaba toda la información básica. (…) En un plazo de 72 horas, el cliente recibía en su bandeja de entrada del correo su contrato de suscripción de cuotas, un reglamento para su firma y la creación de su cuenta en la aplicación Kronos Capital. Ahí se visualizaba el capital invertido, la utilidad que recibiría a fin de mes, los rendimientos bursátiles diarios y podían solicitar algún retiro o dejarnos algún comentario en relación con el servicio… Franco Vecco y Alonso Montes de Oca tienen en su posesión en billeteras digitales o USB un poco más de un millón de dólares en USDT (dólares digitales). Ellos sabían perfectamente desde un inicio que el bróker FXWinning es un estafador por ser regulado y tiene sendas denuncias por demandas piramidales y esquemas Ponzi (de estafa) en diversos países de América Latina y Europa… En efecto, el pasado 12 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de España, alertó sobre las actividades de FXWinning, porque no se encuentra registrada y se han recibido las advertencias internacionales correspondientes», señala el colaborador eficaz.
Alonso Montes de Oca y Franco Vecco Scavino habrían adquirido bienes inmuebles a nombre de terceras personas ya en una de las conversaciones del mes de julio del año en curso se hace referencia que tendrían que vender sus terrenos para afrontar el presente proceso, además se ha llegado a incautar vehículos de alta gama en posesión de los investigados. Por otro lado, también se ha obtenido de las conversaciones vía WhatsApp de Montes de Oca con Joaquín Talavera el 22 de junio de 2023, tratan de la posibilidad de generar otro negocio con fondos regulados utilizando como garantía los terrenos del conocido como “Chovi” que incluso se señala lo siguiente: – Vuelve a Miami hermano, cerremos Kronos de una vez y viajemos a México, para comenzar todo este nuevo capítulo.
Luego de saber que era imposible devolver el dinero a las víctimas comenzaron a hacer coordinaciones para repartirse el dinero que tenía en su poder en billeteras digitales de un monto de un millón doscientos mil dólares, para el pago de sus abogados, tener un capital e incluso crear una nueva empresa y devolver el dinero a algunos familiares como es el caso de la señora Marina que sería la novia del señor Joaquín Talavera. Montes de Oca y Vecco son los únicos que tienen las claves y los tokens de las cuentas bancarias y de las billeteras digitales donde se ha depositado los dineros captados por los investigados.
De momento se estima que el monto de la estafa alcanzaría los US$10 millones, pero según las fuentes, la cifra podría dispararse conforme se identifique a la totalidad de los inversionistas y de los implicados. El equipo especial de la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD) logró encontrar una primera relación de casi 300 clientes exclusivos que había invertido su dinero
Estos serían algunos de los nombres de los posibles afectados.
Castigo para un crimen: sentencia que devuelve la fe en la justicia
En la mañana del pasado sábado 29 de julio, doce días después de la detención de Alonso Montes de Oca y de Franco Vecco Scavino, el magistrado Ubaldo Callo Deza, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, inició la lectura de la sentencia contra los inculpados de la estafa de Kronos contra miles de pretendidos inversionistas. En la audiencia virtual vimos con sorpresa que el abogado defensor de Alonso Montes de Oca era nada menos que el ex procurador, expresidente de varias oenegés de importancia nacional y abogado de fuste José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. Este, vestido con una camiseta playera y pantalones cortos que combinaban con ella, parecía distendido y con evidente seguridad de que su argumentación libraría de la cárcel a Montes de Oca. Conforme pasaban los minutos y el alegato del juez aceptaba casi todos los elementos de convicción aportados por la fiscal Nelly Millones, titular de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, el rostro del abogado Ugaz fue cambiado poco a poco de expresión hasta transformarse en una máscara inescrutable. Más aún, en un momento que pasará a la historia del anecdotario procesal, el abogado Ugaz apagó su monitor y sólo lo encendió cuando se había puesto un saco veraniego, atusado sus cabellos. Por eso, cuando el juez Callo Deza mandó a Alonso Montes de Oca a pasar 18 meses en prisión provisional, fue el primero en apelar. Desde ese momento una pregunta nos da vueltas por la cabeza: ¿a quiénes habrán afectado patrimonialmente Montes de Oca y Vecco Scavino para que José Carlos Ugaz no haya podido hacer su magia?
Por ello, Marchán señaló que recién en diez días se podrían conocer más detalles de la investigación que lleva a cabo OEFA con la intención de conocer más detalles sobre esta sorpresiva presencia de petróleo en la costa peruana. “Hemos monitoreado una extensión de cuatro kilómetros de playa y tomado muestras de agua y arena en tres playas (Azul, Cavero y Delfines)”, explicó sobre las acciones tomadas hasta el momento.
Características de los contratos de los nuevos policías.
Datos:
Diferentes colectivos y organizaciones sin fines de lucro mostraron su rechazo por la detención del joven universitario quien ejercía su labor de brigadista en media de esta problemática social. Una de estas agrupaciones fue la Federación de Estudiantes de la PUCP que mostro su inmediato interés y atención en el caso. Se pudo evidenciar que diferentes estudiantes con y sin relación a estas agrupaciones también propagaron la noticia de la detención por sus redes sociales convocando a la casa de estudios para que se pueda hacer cargo del estudiante universitario.
