Aumentar el presupuesto en educación y salud es una de las prioridades del plan de emergencia para los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo, en caso sea electo presidente. El documento de 17 páginas, publicado ayer por Perú Libre en sus redes sociales, traza el camino para lograrlo: la «nacionalización de nuestras riquezas»; la creación de impuestos a las sobreganancias; y, por último, la reforma de la administración tributaria.
Este último punto no es más que la “reestructuración” de la Sunat. Entre sus objetivos está empezar a cobrar millonarias deudas tributarias que grandes empresas aún mantienen en litigio. Sudaca ha podido acceder a un informe preliminar del equipo económico de Perú Libre, cuyo coordinador es el excongresista e ingeniero economista Juan Pari Choquecota, en el que explican cómo y por qué -según el equipo del lápiz- es necesario hacer cambios en la administración tributaria.
“Actualmente, mientras los pequeños empresarios son coaccionados por la Sunat por unos pocos soles [que adeudan], los grandes deben miles de millones y nadie les cobra”, dice el documento. El texto, al que llamaremos “Plan Pari”, no precisa el número ni el monto de dinero específico de la deuda que tienen las grandes empresas con el Estado.
El informe preliminar del equipo económico de Juan Pari presenta el porqué se debe reestructurar la Sunat y da las justificaciones para crear nuevos impuestos a la riqueza.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), de septiembre de 2020, impidió que S/9.256 millones en deudas tributarias impugnadas por 158 grandes empresas del país prescriban. Entre las que se habrían visto beneficiadas estaban, por ejemplo, Buenaventura, Antapaccay, Telefónica, Latam Airlines, Supermercados Peruanos, Unacem, Odebrecht, Southern o Interbank.
Muchas de estas deudas tributarias, sin embargo, aún no son cobradas. Ello puntualmente no se debe a la inacción de la Sunat -que peleó en el TC para que no prescriban-, sino a que siguen en litigio tras no haber prescrito. Las grandes empresas juran que los montos no son correctos y tienen capacidad financiera para apelarlos hasta las últimas instancias legales.
Pero desde Perú Libre echar mano de ese dinero parece ser crucial. Según el documento del equipo económico, han detectado que algunas empresas deudoras “reciben una devolución equivalente al 10% de sus ingresos”. Se refieren a la devolución fiscal que hace la propia Sunat, de la cual el sector minero ha sido el más favorecido en los últimos años. «Esto es inaceptable», concluyen.
Cabe precisar, no obstante, que la devolución del IGV a las exportaciones (como son los minerales) es estándar global. Ello, bajo la lógica de que «los impuestos no se exportan», lo que haría menos competitivos a nuestros productos.
La SUNAT será reestructurada, para cobrar a los grandes deudores. Hoy lamentablemente hay una SUNAT que castiga a los pequeños empresarios, los persigue y hasta los asfixia, no educa solo castiga y los grandes deben miles de millones y nadie les cobra
Este es el tuit del coordinador del equipo económico de Perú Libre, Juan Pari, en el que confirma el presente informe.
Nuevos impuestos a los más ricos
El análisis que hace el informe de Perú Libre es que “este gobierno [el de Francisco Sagasti] reconoce que la presión tributaria peruana (16.9% para el 2019) está por debajo de los estándares de América Latina (23.2%) y de la OCDE (34.3%). Se recauda aquí menos que el promedio de América Latina”.
El diagnóstico apunta su artillería contra los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas a quienes tilda de defender “los intereses de los más ricos”. Según el documento, en el informe de proyección económica llamado Marco Macroeconómico Multianual (2021-2024) elaborado por el MEF “no hay ningún cambio y ningún tributo aplicable a los estratos de mayores ingresos del país”.
De acuerdo al partido del lápiz, esta realidad desnivela la cancha entre los grandes y pequeños empresarios y contribuyentes. “Los funcionarios del MEF, en vez de hacer lo posible para que cada uno pague en función a la riqueza, proponen aumentar los impuestos municipales y los dirigidos a profesionales y pequeños empresarios formales”. Esta situación, añade el documento, “promueve la informalidad, la elusión y la evasión [de impuestos]”.
Otro análisis que brindan los técnicos de Perú Libre es que las grandes empresas cada vez pagan menos impuestos: “La recaudación tributaria por el Impuesto a la Renta es cada vez menor en el tiempo (…) Y en el 2020, con pandemia, mucho menos”, remarca el documento. Por lo tanto, añaden, “los trabajadores tienden a contribuir más a la recaudación tributaria. ¿Es eso equitativo?”, se preguntan en el partido del lápiz. La recaudación por Impuesto a la Renta suele ir de la mano con el crecimiento (o ralentización) de la economía.
El “informe Pari” le desinfla la llanta al sector minero y dice que es un mito que la minería sea el que aporta la mayor carga tributaria en el país. “Los resultados de la recaudación tributaria por actividad económica muestran que no es la minería la que aporta más. Son los impuestos recaudados a los servicios, a la industria no primaria y al comercio los que aportan en su conjunto el 81% frente al aporte del 7% de la minería en el año 2020”, dice el informe que muestra cifras de la Sunat.
“Los registros de la Sunat muestran que las empresas nacionales y los trabajadores que no gozan de ningún convenio de estabilidad tributaria son los que contribuyen más. Los pequeños empresarios, transportistas, comerciantes y trabajadores son además sujetos a sanciones de diverso tipo y cobranzas coactivas”, concluye.
El informe, en esa línea, propone “la eliminación de las devoluciones a sectores económicos que no generan industria ni tecnología” y la “transformación” de la estructura tributaria “hacia otra que enfatice los impuestos directos (Renta), bajo el principio de equidad y justicia fiscal”.
Aunque no entra en detalles, también promete eliminar todos los “trucos” contables y de gestión en las empresas para evadir impuestos, que hacen que se pague poco o nada en tributos por parte de las empresas y propone la “elevación” del impuesto selectivo al consumo (ISC) a actividades como casinos y similares.
En el debate de los equipos técnicos del próximo domingo 23 de este mes, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que participará Juan Pari, se conocerán más detalles de este plan programático.
Poco tiempo después del lanzamiento de ‘Aprendo en Casa’, a fines de marzo, varios de sus trabajadores han sido separados del programa ancla del Ministerio de Educación (Minedu). Y no solo eso: al menos cuatro de las seis fuentes consultadas para este informe reclaman que aún no se les paga por sus servicios pese a que se han presentado informes de sus trabajos que incluyen jornadas de más de 12 horas diarias.
Las personas que hablaron con Sudaca−que han pedido su anonimato para este reportaje, dado que ya fueron víctima de represalias− aseguran que la decisión de los ceses vino después de dos situaciones: la primera, una carta enviada a la alta plana del ministerio y que fue firmada por los “supervisores de comunicación” del programa. En esta, manifestaban una serie de situaciones adversas que perjudicaba el desarrollo de su trabajo.
“Nos avisaron que no nos van a contratar más por la nota que sacaron ustedes. Hemos quedado en nada y tengo compañeros bastante desolados porque estamos en una coyuntura bien complicada [de pandemia]», cuenta a este medio una extrabajadora recientemente cesada a la que, en el colmo de la desfachatez, se le pidió recomendaciones para ver quién sería su reemplazo.
Carta premonitoria
El pasado 20 de marzo, los supervisores de comunicación del Minedu−hasta entonces intermediarios entre el equipo pedagógico del ministerio y la productora contratada para la realización de los programas−, enviaron una carta a Nora Delgado, directora general de Educación Básica Regular; María Luisa Chávez, directora de Educación Primaria; y Maribel Aguilar, directora de Educación Secundaria.
En la misiva −la cual revisó Sudaca− los firmantes se quejan de la falta de lineamientos claros para la redacción de los guiones y una burocracia desmedida en la revisión del material que terminaba retrasándolos. “En el caso de secundaria […] el equipo pedagógico ha hecho pedidos y observaciones sobre la presentación de algunos insumos que luego, en las reuniones de esta semana, han venido contrariando a esas observaciones iniciales que se recibieron”, se lee en el oficio.
Los supervisores indican, además, las faltas a los cronogramas establecidos para aprobar los guiones y se quejan de las contradicciones en las directivas, de la excesiva cantidad y duración de reuniones, y de la ausencia de claridad en los roles de trabajo. No solo eso. También dejan constancia de que se les está haciendo trabajar hasta 14 horas diarias.
“Hace un mes venimos trabajando 14 horas al día, en promedio a más, muchos sin tomarnos descansos ni para almorzar (almorzamos trabajando) y trabajando los fines de semana. El trato inicial con cada uno de los firmantes incluyó la propuesta de que este puesto no nos demandaría trabajar durante los fines de semana (que se presentó como mejora al año pasado)”, se lee en el documento.
Los trabajadores del Minedu terminan recomendado que se tome como experiencia lo hecho el año anterior, pero ninguno de sus reclamos fue tomado en cuenta. A algunos se les empezó a excluir de algunos correos y reuniones, según denuncian varios colaboradores y excolaboradores del Minedu. “Cortaron la comunicación con el equipo de comunicaciones”, cuenta un actual trabajador del Minedu. Valga la redundancia.
En paralelo −pocos días antes y también después de la carta interna presentada por los trabajadores− se hicieron públicos dos informes de Sudaca que dejaron al descubierto el caos y la improvisación con la que se estaba trabajando. Ambos factores habrían desencadenado la ira de las cabezas del Minedu, tras lo que se decidió no renovar el contrato de varias personas a fines de marzo.
Otra de las consecuencias fue que, en la práctica, según las fuentes, la responsabilidad de coordinar el trabajo pasó del equipo de “supervisores de comunicación” a la empresa productora elegida para la realización de los programas: Marketing Táctico.
Calidad cuestionada
Todos los entrevistados coinciden en que el material que se está emitiendo no alcanza los estándares de calidad esperados, al punto de que ‘TV Perú’ lo transmite con un anuncio donde se señala que el canal no se responsabiliza por los contenidos. “Desde el viceministerio de Gestión Pedagógica, dirigido por Killa Miranda, surgieron órdenes directas para abaratar los costos de producción, simplificando los contenidos”, cuenta un actual trabajador del Minedu.
“Vi un par de episodios y me dio pena. Están super mal hechos. Querían hacer un programa de Netflix sin ser conscientes de los recursos y la realidad. A eso se suma una productora improvisada”, revela una fuente que fue separada de la producción.
Un exmiembro que se retiró por voluntad propia del equipo de editores detalla que la realización partió mal desde un inicio porque se usó el mismo número de profesionales del año pasado, en el que solo trabajaron contenidos de secundaria. La diferencia es que este año se ha contemplado primaria, secundaria y otras áreas. Más chamba con la misma cantidad de gente.
La misma fuente confiesa que, al tener poco personal y estando tan cerca de la emisión, entregó el contenido a TV Perú siendo consciente que “era cualquier cosa”. “La producción estaba muy desorganizada y había solo una persona que veía todas las observaciones de todos los grados, lo cual es imposible. Era inviable, íbamos a patinar. Luego me retiré porque profesionalmente no era atractivo”, agrega.
“Nos duele profundamente ver cómo nos piden que saquemos programas sin coherencia entre ellos. El desorden y la improvisación son el pan de cada día de esos programas”, cuenta un miembro del equipo de postproducción.
De acuerdo a un informe interno de mediados de abril, al que también pudo acceder Sudaca, trabajadores ya han advertido la falta de coherencia en algunos episodios y han sugerido mejoras en los programas. Un ejemplo es la representación de una niña con vestimenta típica de la calurosa selva peruana, pero que vive en la fría sierra de Junín.
Sudaca se puso en contacto con Guido Vaccaro, gerente general de Marketing Táctico, pero se excusó de responder hasta el cierre de esta nota. La responsabilidad principal, sin embargo, recae en un nombre: Killa Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica.
Cuando este reportero la contactó, la funcionaria sólo atinó a decir que el canal para solicitar sus descargos es el de área de prensa del Minedu. “Me parecen tan raras sus preguntas”, le escribió al autor de este informe. Desde el despacho de prensa se limitaron a responder sobre los ceses: “Los contratos se acaban, eso sucede en el ámbito laboral”. Parece que en el Minedu no aprenden.
“Si votas en blanco, votas en rojo” es una de las frases que ha circulado por Facebook apoyando la candidatura de Keiko Fujimori. Al menos 27 anuncios similares fueron pagados por la agencia de publicidad Algoritmo, de acuerdo a la biblioteca de anuncios de Facebook. Esta misma empresa ha sido seleccionada por la ONPE como parte del plan de medios de la franja electoral, un mecanismo a través del cual los partidos políticos compran espacios publicitarios con fondos públicos.
Son tres las empresas postoras que ofrecen espacio en redes sociales: Radio Onda Sideral, Ozono Networks y Algoritmo. Perú Libre, quizá sin saber de los anuncios naranjas de la empresa, eligió solo a esta última. El monto: S/60 mil que le da la ONPE.
Fuerza Popular, por su lado, ha apostado por no tener presencia en redes sociales con dinero del Estado. No tiene porqué. El fujimorismo ya tiene aliados en ese espacio, la mayoría ‘anónimos’, que han impulsado las iniciativas “Por mi familia” y “Unidos por un Perú mejor”.
Uno de los financistas de la campaña “Por mi familia” es justamente Algoritmo, una empresa fundada en 2013 cuya razón social es Go Digital Perú S.A.C. La página, creada el 29 de abril pasado, promueve el voto a favor de Fujimori, a quien califican como el “mal menor”. En unos videos publicados el 10 y 11 de mayo, se puede ver a la bailarina Vania Masías asegurando que no es “pro Keiko” y que, aunque le va a costar, va a marcar la K “por mi familia, porque no quiero que pasen por lo que ya pasamos”.
En otro de los videos pagados por Go Digital y difundidos el pasado 7 de mayo, aparecen figuras conocidas como Inés Melchor y Renzo Reggiardo hablando sobre no perder lo que ya ganaron, en alusión al comunismo, y “no votar con odio, sino por el Perú”.
No todos los videos publicados asociados a esta campaña fueron pagados por Algoritmo. Según el medio Ojo Público, la semana pasada Facebook eliminó tres anuncios virales en contra de Pedro Castillo −publicados en la página “Por mi familia”− porque no identificaron al financista detrás de la propaganda política.
Como explica Facebook en su biblioteca de anuncios, estas publicaciones pagadas se pusieron en circulación “sin un descargo de responsabilidad”, es decir, no se advirtió quién las había financiado. Una vez publicadas, se determinó que cada una de ellas “era un anuncio sobre temas sociales, elecciones o política, y que requerían la etiqueta [de propaganda política], así que lo quitamos”.
Los videos que no se eliminaron fueron los de Algoritmo, precisamente porque en ese caso sí se identificó que esta empresa fue la que pagó la pauta publicitaria a favor de Keiko Fujimori.
¿Confidencialidad?
Consultados por el financiamiento de los anuncios pro fujimoristas, Algoritmo respondió que ellos solo son “una agencia de compra de medios digitales”, que sirven como intermediarios y que la campaña “Por mi familia” no fue financiada por ellos, sino por un cliente, “el cual debemos mantener en confidencialidad por nuestras políticas internas”.
Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, explica que las empresas están prohibidas de hacer aportes a las campañas electorales. Ante el argumento de que esta publicidad fue financiada por un tercero, Lanegra agrega que sería importante que la ONPE intervenga para conocer quién financió estos anuncios, tal como sucedió con el caso de los carteles de “No al comunismo”, por un tema de transparencia.
Hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta de parte de la agencia de publicidad Algoritmo a la pregunta explícita de quién es el cliente que habría financiado los videos.
Aunque la ONPE es responsable de asegurar la neutralidad y transparencia en el proceso electoral, Benito Portocarrero, jefe de prensa del organismo estatal, nos respondió que “no habría ningún impedimento legal” para financiar particularmente la campaña publicitaria de un candidato y, al mismo tiempo, ser el encargado por la ONPE de la campaña del competidor.
Quienes pensaban que el nuevo plan de gobierno de Perú Libre iba a “moderarse” en sus propuestas podrían estar equivocados. En Perú Libre dicen que respetarán el programa primigenio presentado al JNE, es decir, el elaborado por Vladimir Cerrón que ha puesto los pelos de punta a sus críticos. ¿Cuáles son esas propuestas que no han sido removidas y por las que Castillo ni Cerrón han dado su brazo a torcer?
Una nueva Constitución, el aumento del presupuesto al 10 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para salud y educación, la renegociación de contratos de empresas estratégicas y la nacionalización de los hidrocarburos -siguiendo el ejemplo boliviano- son solo algunas de estas ideas que siguen firmes en la agenda programática. El secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, cuenta a Sudaca algunos entretelones en la elaboración de este nuevo texto que lleva el título ‘Plan del Bicentenario, Perú Libre de Corrupción’ y se reafirma en su doctrina «marxista, leninista y mariateguista».
El nuevo plan de gobierno está aún en proceso. Lo que se presentará hoy a las 2:00 de la tarde, en La Victoria, será un plan de trabajo para los 100 primeros días.
-¿Cómo se conformó el equipo técnico que ha elaborado el ‘Plan del Bicentenario, Perú Libre de Corrupción’?
El equipo técnico, tal como ha salido en el comunicado que fue publicado ayer [jueves 13 de mayo], está a cargo del compañero Roger Nájar Kokalla. Sobre él, en este caso, se está trabajando y articulando el plan de gobierno, que solamente va a fortalecer al programa primigenio que nosotros tenemos [se refiere al “Ideario y Programa” de Perú Libre, creado por Vladimir Cerrón]. Se está puliendo y creo que en breve se va a dar a conocer [hoy sábado será su presentación].
-Lo que quiere decir usted es que el “Ideario y Programa” que presentaron como plan de gobierno al JNE antes de los comicios de abril, creado por Vladimir Cerrón, es el punto de partida de este nuevo plan de gobierno.
Claro. El programa del partido, el ideario, es fundamental. No podemos ceder ni traicionar, en este caso, al pueblo peruano.
-¿Desde cuándo se ha comenzado a trabajar este nuevo plan de gobierno?
El ideario lo hemos venido trabajando hace varios años [se refiere al documento elaborado por Cerrón]. Pero, para esta segunda vuelta, solamente se va a fortalecer. Nuestras banderas siguen primigenias: el cambio de Constitución mediante una Asamblea Constituyente y el presupuesto del 10% a los sectores de educación y salud. Entendemos que, en la actualidad, la educación y la salud son un caos. Son un caos porque está plasmado en la propia Constitución Política que es de carácter individualista, mercantilista y privatista, que para nada promueve la solidaridad. Por eso nosotros estamos convocando al pueblo peruano para que sea quien determine si vamos o no a una Asamblea Constituyente.
-¿Se podría decir que este nuevo plan se empezó a trabajar antes de la reunión con Juntos Por el Perú?
Claro, después de la segunda vuelta empezamos a trabajarlo. Antes, incluso, de la reunión con Juntos Por el Perú [del pasado 29 de abril]. Tenemos el concepto claro y eso está en el ideario: tenemos que ir al rescate del Estado, que en la realidad ha sido minimizado. Es imperceptible. Tenemos un Estado moribundo, que está siendo avasallado por la dictadura del mercado. Pese a ello, nosotros queremos rescatar ese Estado, verlo fuerte, volverlo interventor, para que regule también los precios, y eso es lo que tiene que hacerse: un Estado fuerte. Queremos afinar [el ideario]. Si bien es cierto, ningún plan ni programa es perfecto, para esta segunda vuelta estamos fortaleciendo este programa.
-¿Cuál ha sido el aporte de Juntos Por el Perú en este plan?
Bueno, como nosotros también nos hemos reunido, han dado su granito de arena, tal como lo han hecho otros intelectuales, técnicos y políticos. Todos aportan. Acá, no hay un tema de que deben tener un mayor o menor protagonismo.
La mañana de ayer viernes el excongresista y presidente de la comisión Lava Jato, Juan Pari, se reunió en una casa de Breña con el candidato presidencial Pedro Castillo. Pari será el coordinador del plan económico y estará presente en el debate de técnicos.
-En resumen, entonces, Vladimir Cerrón ha tenido conocimiento de todo lo que está coordinando Roger Nájar y el profesor Pedro Castillo en el nuevo plan de gobierno.
Por su puesto, hay un trabajo que se viene articulando, que se viene haciendo. Pero, como te digo, una cosa es la línea política ideológica que está ligada al programa de gobierno, que es fundamental para desmontar y sepultar el neoliberalismo: el fracaso neoliberal en estos 30 años.
-Se podría decir que el ideario y programa de Perú Libre se ha mejorado a través de este nuevo plan de gobierno y, al final, ¿tendrá el visto bueno de Vladimir Cerrón?
El visto bueno de nuestro candidato presidencial y el visto bueno, también, del partido. Acá no hay que confundir el rol de nuestro candidato presidencial, que es el vocero, como se ha manifestado; pero también hay un partido. La derecha es experta en capturar a los candidatos presidenciales en el gobierno. No ganan las elecciones, pero sí se encargan mañosamente en capturar a quien ha ganado las elecciones.
-Se refiere a ponerle los técnicos.
Claro, por eso te decía. Acá hay una unidad entre el partido y el magisterio. Que pueda haber fricciones, riñas y pugnas, eso es natural. Pero que, en este caso, ponemos paños fríos y estamos también viajando a las regiones para conversar tanto con el partido como con el magisterio. Vamos a acabar con esa tradición que tiene la derecha de que todo candidato de izquierda, que entra con un discurso y banderas de cambio y transformación, termine abrazado o entregado a la derecha y traicionando al pueblo peruano.
-¿Se refiere a lo que pasó con el expresidente Ollanta Humala?
No solamente con Ollanta Humala sino con Alejandro Toledo. También con el propio aprismo..
-¿Lo que quiere decir es que Pedro Castillo no va a firmar ninguna hoja de ruta como lo hizo Humala?
Ollanta Humala llega al gobierno con un partido y gobierna sin él. ¿Quiénes le ponen los ministros y los técnicos? La derecha y la Confiep. Y de la gran transformación, pasó a la hoja de ruta; y de la hoja de ruta, pasó a la traición del pueblo. Y Ollanta Humala, en la actualidad, es un cadáver político, se ha sepultado de por vida. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que pase con nuestro candidato presidencial Pedro Castillo. Tiene el discurso, tiene las banderas bien claras y para eso necesita fundamentalmente al partido. Y nosotros necesitamos también a nuestro candidato presidencial. Magisterio y partido, partido y magisterio. Nos mantenemos firmes. Fortalecer este plan, y de llegar al gobierno, aplicar nuestro programa. Y, lo fundamental, desmontar y sepultar el neoliberalismo en nuestro país e ir hacia otro modelo…
Por la mañana, en radio Exitosa, Pedro Castillo señaló que el exfiscal Avelino Guillén y el excongresista Hernando Cevallos serán los coordinadores del equipo técnico en las áreas de Justicia y Salud.
-¿A qué modelo económico se refiere?
Como lo hemos planteado nosotros: primero [vamos a] ir a la Asamblea Constituyente, para aplicar una economía popular con mercado. Allí, tenemos varios referentes, como Bolivia. Y también el ejemplo que ha tenido Ecuador. Los gobiernos de [Evo] Morales y [Rafael] Correa son nuestra inspiración, son el ejemplo que estamos tomando para tener un Estado regulador del mercado. El Estado tiene que regular el mercado, si no imagínate. ¿Cómo las farmacias y las clínicas han hecho su negocio?, ¿cómo han hecho su agosto en base a la muerte [en esta época de pandemia]?.
-¿La relación entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo está intacta?, ¿no se ha quebrado como informan algunos medios?
La relación entre nuestro secretario general y Pedro Castillo va muy bien. La relación entre nuestro partido y el magisterio va muy bien. Algunas situaciones que se puedan dar son naturales. En este caso, en el ámbito político, hemos trajinado muchos años y vamos a cabalgar esas contradicciones, más que superarlas. Las contradicciones no se superan, las contradicciones se cabalgan. Como partido, vamos a refundar la República.
-Ustedes señalan que van a nacionalizar y no a estatizar las empresas estratégicas tal como ocurrió en Bolivia; es decir, renegociar los contratos de las empresas estratégicas para obtener el control mayoritario del accionariado de estas. ¿Qué empresas van a renegociar contratos?
En nuestro país no hay hospitales ni colegios. Las carreteras están concesionadas y no solamente vamos a nacionalizar nuestros recursos estratégicos sino también vamos a recuperar nuestras 228 empresas que el fujimorismo confiscó y expropió al pueblo peruano.
-Permítame insistir, ¿cuáles son esas empresas con las que se van a renegociar los contratos?
Solgas, Puerto de Matarani, Shougang (Hierro Perú), Enafer (Empresa Nacional de Ferrocarriles), los aeropuertos y las carreteras. Tenemos que tener una aerolínea bandera…
-¿También se renegociará con Telefónica [fue vendida en la década de los 90]?
Por supuesto, vamos a recuperar el sector de telecomunicaciones. Ese cuento de que todo lo que el Estado administra es fracaso y corrupción, eso es un discurso derechoso, carachoso y neoliberal. Un discurso de aquellos que tienen los pantalones abajo ante el gran capital transnacional.
Arturo Cárdenas es el secretario nacional de organización de Perú Libre y es muy cercano a Vladimir Cerrón.
¿También se van a renegociar los contratos con las empresas de luz y agua?
Luz y agua, que están monopolizados. Los monopolios también están en los medios de comunicación, en el agua, el cemento y el oxígeno.
-¿En el nuevo plan va a seguir el punto que señala, en su “Ideario y Programa” inicial, que Perú Libre es un partido de izquierda socialista, que abraza la teoría marxista?
Esa es nuestra identidad. Nosotros no renegamos de nuestra identidad ni esencia. Acción Popular habla del Perú como doctrina y ¿cuál es su doctrina?, ¿acaso no es de derecha liberal? Nosotros también abrazamos una doctrina, una doctrina filosófica, marxista, leninista y mariateguista; insultada, difamada y calumniada precisamente por la derecha en estos 200 años. Nuestra esencia e identidad no la vamos a cambiar.
Recientemente los dueños del Grupo El Comercio decidieron, por mayoría, renovar la dirección periodística de su brazo televisivo en busca de una cobertura más dura contra Pedro Castillo.El ala de la familia Miró Quesada que tomó esta decisión tiene entre sus principales temores un cambio radical en el modelo de libre mercado. Un modelo que redujo en 38,5 puntos porcentuales la incidencia de pobreza del país en los 16 últimos años.
Sin embargo, el negocio de impresiones del grupo El Comercio −que en el 2019 facturó S/73,8 millones− no tiene un historial de cumplimiento de las reglas que deberían regir en un mercado que, por libre y competitivo, sirve al ciudadano.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) acaba de sancionar, el pasado 5 de mayo y en primera instancia, a la Empresa Editora El Comercio y a su subordinada Amauta Impresiones Comerciales. La infracción: coordinar y pactar ilegalmente con sus principales competidores y así repartirse las licitaciones de textos escolares lanzadas por el Ministerio de Educación. Las otras tres integrantes del cartel fueron Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics.
La figura es semejante al reparto de licitaciones que efectuaron las compañías del Club de la Construcción, entre las que está Graña y Montero.
Esta ilícita repartija ocurrió entre el 2009 y el 2016, durante gestiones ministeriales apristas y nacionalistas (desde la de José Antonio Chang hasta la de Jaime Saavedra). Nadie la tuvo en el radar hasta que El Comercio mismo decidió acogerse a la delación y pidió clemencia al Indecopi. Hoy, el conglomerado periodístico esgrime una defensa reputacional que busca capitalizar aquella veloz movida. Pero las razones que da son −cuando menos− cuestionables.
Manos invisibles
Aunque todavía queda un camino de apelación administrativa, las pruebas están al canto. A la resolución de la CLC le precede una gruesa recopilación de archivos, correos, cruces con documentos públicos y, especialmente, el testimonio de personas que aceptan lo que hicieron. Sudaca revisó el documento, difícilmente reversible en sus conclusiones esenciales en el tribunal de segunda instancia.
El Comercio, Metrocolor, Navarrete y la estadounidense Quad Graphics eran cuatro de las cinco principales empresas de un mercado en el que no todos tienen la capacidad operativa para atender contratos gordos rápidamente. Aunque la industria peruana de la impresión recibe la mayoría de sus ingresos del sector privado, la tajada del negocio que representa el sector público no es nada despreciable.
Según la investigación del Indecopi, las ventas al Estado de los miembros del cartel representaron, según cada empresa, entre el 14% y el 43% de sus ingresos totales en el período en que se coludieron. El Minedu y sus unidades ejecutoras licitaron en esos años más de S/850 millones en impresión de materiales. Más de 6 millones de alumnos acuden a la escuela pública en el Perú.
Si no es solo retórica, el modelo que defienden los dueños del grupo El Comercio presupone esta hipótesis: la libre competencia es buena porque obliga a bajar los precios, lo que se traduce en productos más baratos para el ciudadano y hace que las empresas busquen ser más eficientes para mantenerse en el mercado. Así, cuando un grupo de empresas compite por ganar una licitación pública, el monto que pagará el Estado tendría que tirar hacia abajo jalado por una mano invisible.
El problema ocurre cuando no hay verdadera competencia. Entonces el Estado desembolsa más dinero del que debería, de nuestros impuestos, mientras un grupo de empresas renuncia al esfuerzo de mantenerse a flote por sus méritos comerciales. La CLC calcula que el “beneficio extraordinario” que el cartel de las imprentas le quiso sacar al Estado −es decir, lo que esperaban ganar como miembros del pacto− suma más de S/55 millones. Solo en el caso de El Comercio, la cifra es de S/12,3 millones. El incentivo para operar ilícitamente no fue pequeño.
El beneficio extraordinario que la CLC calcula que los miembros del cartel de las imprentas apostaron ganar durante toda su operación. Gráfico: Leyla López.
Indiscutible cartel
Hasta enero del 2014, El Comercio ofrecía sus servicios de impresión directamente, a través de su Gerencia Comercial de Impresiones. En febrero de ese año, dicha unidad fue absorbida junto a un bloque patrimonial por Amauta, pero esta nueva razón social quedó bajo el control de la misma oficina del grupo que controlaba a su predecesora: la Gerencia de Servicios Empresariales. Por encima de esta, solo está la gerencia general. Para el Indecopi, “Amauta y El Comercio son consideradas como un solo agente económico” respecto a la conducta ilícita sancionada.
El negocio de impresión de los Miró Quesada no tiene nada que ver con el despacho de sus periódicos, sino con venderle a clientes −públicos y privados− desde libros hasta fascículos publicitarios. Y los directivos del grupo tuvieron durante muchos años a un hombre fuerte encargado de eso: Renzo Mariátegui Bosse.
Mariátegui Bosse fue gerente de Servicios Empresariales de El Comercio (o tuvo un cargo equivalente) durante todo el periodo en el que esta empresa se repartió las licitaciones del Minedu. Nieto de José Carlos Mariátegui, Renzo heredó de su familia la inclinación por el negocio de imprimir masivamente. En los años 20, su tío abuelo Julio César fundó junto al abuelo José Carlos la imprenta y editorial Minerva. Allí se editaron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y una revista con un nombre recurrente: Amauta.
Renzo Mariátegui también es hermano del periodista Aldo Mariátegui, quien por lo demás no tiene otra vinculación con este caso.
Renzo Mariátegui Bosse, ex hombre fuerte del negocio de imprentas de El Comercio. Foto: Facebook.
La investigación del Indecopi está plagada de evidencia contra la que no hay mucho que refutar. Aquí dos ejemplos. “Renzo me acaban de llamar y quieren ir por inicial […] Hace 1 hora me dijo que sí y ahora dicen que no y que van por inicial y nos dejan Mat[emáticas] y Leng[uaje]”, le comunica a Mariátegui uno de sus entonces subordinados, Javier Wong, en febrero del 2010. Este correo se refiere a desavenencias momentáneas con Quad Graphics en la repartija de una licitación.
Otro ejemplo. “Llama por favor a Perico [ejecutivo de Quad Graphics] y dile que no fue lo acordado conmigo!!!”, se queja Mariátegui en un correo de octubre del 2009 con otro subordinado. Su molestia responde a que la empresa estadounidense parecía incumplir un trato que él consideraba ya cerrado.
Y sus subordinados también coordinaban sus propias fechorías entre ellos. “Hablé con Carlos [Ramos, de Metrocolor] va a suyo y al mío con 2175000 para pasar piola […] todos no tenemos idea de q hará Navarrete no contesta a nadie”, le advierte Brigitte Portocarrero a Guillermo Stanbury en diciembre del 2013. Ella era ejecutiva de ventas de El Comercio y él, gerente comercial de impresiones. En el organigrama, ambos están por debajo de Mariátegui.
Todos los correos recopilados por el Indecopi fueron cruzados con las actas de los procesos de selección y las declaraciones de los involucrados. Las pruebas resultan irrefutables. En su declaración ante la Secretaría Técnica de la CLC, el 24 de junio del 2019, Mariátegui reconoció haber sido partícipe de la colusión. Otros exfuncionarios de El Comercio hicieron lo mismo.
¿Cómo operó el cartel? Dividiéndose la adjudicación de ‘ítems’ −los libros de Matemática o de Lenguaje, por ejemplo− en base a dos patrones. El primero, el de “autoeliminación”: cuando las empresas a las que no les tocaba ganar presentaban propuestas no competitivas para quedar fuera. El segundo, el de “equivalencia”: implicaba que los montos repartidos debían ser equitativos entre las partes.
Todo era coordinado mediante reuniones de los altos ejecutivos de las firmas en hoteles como El Golf los Incas y El Polo, o en restaurantes como el Café Arango.
Según la resolución de la CLC, el cartel de las imprentas intentó adjudicarse la licitación de 87 ‘ítems’, con éxito en 63. Todo esto como parte de 20 proceso de licitación del Minedu y uno del INEI. Además de las cuatro empresas y Renzo Mariátegui, la Comisión ha sancionado a otros siete directivos de aquellas: Guillermo Stanbury, Javier Wong, Brigitte Portocarrero, Pedro Isasi, Emilio Presentación, Carlos Ramos y Juan José Monteverde.
Las multas para las compañías calculadas en primera instancia superan los S/46 millones (10.460 UIT). Solo la de Amauta-El Comercio −la más alta luego de un ajuste por ingresos− fue estimada en más de S/20,5 millones.
Tras los últimos años de operación del cartel de las imprentas, la facturación de Amauta al Estado cayó. Sin embargo, se recuperó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Gráfico: Leyla López.
Si delaté, ¿soy inocente?
Pese a haber cometido sistemáticamente la infracción por la que ha sido sancionado, el Grupo El Comercio no tendrá que pagar la multa que se le ha impuesto. La razón: es el delator del grupo. En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), El Comercio hizo público que era parte de un proceso sancionador por las prácticas anticompetitivas del cartel de las imprentas.
En esa comunicación −cuyo correlato fue publicado en su web de noticias− El Comercio resalta que fue gracias a su delación que se pudo develar el esquema del que era parte. En comunicación con Sudaca, el actual gerente general del grupo, Mariano Nejamkis, alega algo similar. “Desde entonces hemos colaborado de manera proactiva con la autoridad. Además, ambas empresas [incluye a Amauta] reforzaron su ambiente de control y el programa de compliance”, agrega. Y no se olvida de dejar claro su “compromiso con el mercado”.
Efectivamente, la investigación del Indecopi contra el cartel de las imprentas no se habría iniciado sin la alerta lanzada por El Comercio. La versión oficial del grupo es que, en setiembre del 2017, detectaron que sus directivos y empleados del negocio de impresiones podían estar incurriendo en una práctica anticompetitiva. Luego iniciaron una “pericia forense que confirmó” la infracción, por lo que fueron a denunciarla ante el Indecopi.
Renzo Mariátegui dejó la Gerencia de Servicios Empresariales en octubre del 2017.
Dos especialistas en derecho de la competencia que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias mediáticas aseguraron que la versión de El Comercio no es del todo verosímil por varias razones. La primera es que muy difícilmente los altos mandos de una empresa no están enterados, durante tanto tiempo, de la estrategia comercial de una de sus unidades.
Además de gerente de línea en el grupo y hombre de confianza para el negocio de impresión, Mariátegui ha sido director de varias empresas de los Miró Quesada relacionadas al rubro. En un reporte a la SMV del 2014, por ejemplo, aparece como miembro de los directorios de Dataimágenes S.A.C. y Zetta Comunicadores del Perú S.A.C.
“En cuanto al segundo factor, vinculado con responsabilidad dentro de la empresa, el señor Renzo Mariátegui señaló que él ocupó un cargo de gerente de segunda línea y que solo cumplía órdenes. […] Durante todo este periodo, la Gerencia de Servicios Empresariales, en la que el señor Renzo Mariátegui se desempeñó, dependió de la Gerencia General de El Comercio”, asegura el punto 415 de la resolución de Indecopi.
César Pardo Figueroa fue el gerente general de El Comercio por largos 20 años, entre diciembre de 1996 y febrero del 2017, lo que incluye a todo el periodo de colusión. Su figura dentro del grupo −como uno de los primeros gerentes que no pertenecía a la familia− tuvo un peso gravitante.
“La presencia de Pardo Figueroa ha sido clave para las acciones emprendidas por el grupo El Comercio en las últimas dos décadas. Fue el periodo en el que el conglomerado mediático creció más −tanto en nuevos negocios como en lo que se refiere a sus ganancias”, escribió hace cuatro años en su blog José Alejandro Godoy, autor de “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”.
“En rojo para Pardo Figueroa se encuentra el apoyo que dio, junto a algunos accionistas y algunos periodistas de El Comercio, a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011”, agrega Godoy, quien ha descrito al exhombre fuerte del grupo como una “bisagra” y con un rol activo en esa campaña.
Pardo Figueroa no es nombrado en el proceso por las licitaciones con el Minedu, pero sí en la sanción espejo que la CLC emitió en el contra El Comercio-Amauta −entre otros− por haber hecho algo parecido con sus clientes privados. La comisión concluyó en el 2020 que la empresa participó también de una repartija de clientes del mercado privado junto a Quad Graphics, y señala a Pardo Figueroa como uno de los responsables.
En noviembre del 2011, por ejemplo, este le envió un correo a Mariátegui consultándole si unos clientes ya estaban ‘separados’. “Favor ver si tienes algún conflicto con estos clientes”, le preguntó. A lo que Renzo respondió: “César, solo tendríamos conflicto con 4 clientes: Maestro, Metro, Boticas Arcángel y Supermercados Peruanos. Con el resto no habría problema”. Indecopi cotejó que esas cuatro empresas fueron atendidas exclusivamente por Quad Graphics.
El propio Pardo Figueroa, hombre fuerte de todo el grupo, aceptó su participación en la repartija de empresas privadas. La CLC asegura que, aún si no hubiera tenido participación activa en la infracción, la conocía y “no ejecutó ninguna acción para detenerla”. Mariátegui alegó que Pardo Figueroa “era el que delineaba la política de acuerdos [colusorios]”.
Sudaca buscó los descargos de Renzo Mariátegui por distintos canales, incluidas sus redes sociales, sin éxito.
Clemencia y desfachatez
La figura de la ‘clemencia’ en los procesos administrativos ante Indecopi es similar a la de la ‘colaboración eficaz’ en el fuero penal. Es decir, la de un infractor que acepta su culpa y delata a sus cómplices para ganarse un beneficio: una pena menos grave. Es a lo que ha apelado El Comercio en este caso. Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad ni del golpe reputacional.
Según una fuente consultada por Sudaca, la naturaleza misma de los programas de clemencia implica que su existencia impulse a alguno de los cómplices de un cartel a acusar al resto por miedo a ser traicionados primero. No solo por otra de las compañías concertadas, sino por funcionarios de su propia organización. Por ejemplo: un gerente que, ante el fastidio de ser removido de la compañía o al estar peleado con esta, pueda dar la voz de alerta.
La multa que fue calculada para Amauta-El Comercio por repartirse clientes privados fue de más de S/61 millones. Y aunque tampoco tenía que pagarla completa, porque ese proceso también se abrió a partir de sus delaciones, el conglomerado periodístico la apeló, sin éxito en segunda instancia. Fuentes expertas explican que esto se debería a que ese monto podría servir como base para que las empresas afectadas reclamen una indemnización fuera de la vía administrativa. Reducirlo es clave si no se quiere asumir ninguna responsabilidad
“Ambas empresas [Amauta y El Comercio] asumirán las consecuencias que correspondan”, asegura Nejamkis a Sudaca. Sin embargo, dado que el Minedu también podría buscar una reparación, queda por ver si no apelarán la resolución del cartel de las imprentas, versión sector público.
O si, en cambio, el grupo que ha decidido defender el modelo de libre mercado para afuera, pero que no lo pudo respetar hacia adentro, apelará con algún argumento similar al que esgrimió en primera instancia: que el monto de su multa −de la que igual estaba exonerado− debía ser menor porque parte de los beneficios ilícitos habían sido destinados a pagar el IGV y el Impuesto a la Renta. Habrase visto tamaña conchudez.
*El autor de esta nota fue reportero de Política del diario El Comercio hasta hace 11 meses.
“Palabra de maestro”, es el eslogan de campaña que emplea el profesor Pedro Castillo cada vez que lanza una promesa. No fue necesario echar mano de esta frase el pasado sábado 8 de mayo, durante la firma de un acuerdo de nueve puntos entre el candidato de Perú Libre y la dirigencia de las bases regionales de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación–Fenate Perú, uno de los gremios surgidos de la huelga nacional que dirigió Castillo el 2017. Sus colegas sienten que pueden confiar en él.
«Nosotros, desde la base de la región metropolitana [de Lima], cuando muchos no apostaban por el compañero Pedro, hemos hecho la campaña, hemos hecho todo lo que se ha podido para estar contigo en la segunda vuelta (…) Se siguen sumando los maestros y los recibimos con los brazos abiertos porque el objetivo es llegar a la Presidencia de la República», dijo, por ejemplo,Daniel Cerrón, secretario de la base regional de Lima, cuando tomó la palabra en dicho cónclave magisterial.
El secretario general de la Fenate-Perú, Moisés Chipana, quien dirigió el evento donde se firmó el acuerdo, asegura a Sudaca que los ocho puntos del compromiso son los siguientes: dotación de laptops e internet gratuito; vacunación de maestros y estudiantes; una nueva Constitución; cambio hacia una malla curricular orientado a una educación científica, nacional y democrática (con un “enfoque integral”); nombramiento de los maestros contratados (pasarlos a planilla); incremento del presupuesto del sector educación a 10% del PBI; incremento de las remuneraciones a 1 UIT (S/4.400); reposición de docentes y directores despedidos y el pago de la deuda social (por concepto de preparación de clases).
En el cónclave realizado en el local de la Fenate, en el Cercado de Lima, también estuvo el virtual congresista electo por Perú Libre, el profesor Edgar Tello Montes. Tello traduce algunos de esos compromisos y asegura que el principal cambio en el Currículo Nacional de Educación será priorizar un “enfoque integral” en vez del “enfoque de género”, que es parte del modelo actual.
“La Fenate-Perú plantea un enfoque no solo basado en una problemática del sexo [en referencia al enfoque de género], sino de una problemática integral, donde se prepare a los estudiantes para la universidad y para la vida. Pensando en ello, la comisión que se determine tendrá que evaluar los aspectos pensando en el bienestar de los estudiantes. No solo pensando en un enfoque específico, sino que el estudiante sea una persona crítica y tenga capacidad para que llegue a la universidad”, comenta Tello.
Para el exsecretario regional del magisterio de Lima, la diferencia entre ambos enfoques es que el propuesto por ellos le permitirá al alumno tener un “pensamiento más amplio». Dice que el camino para lograrlo será contar con la participación de los padres de familia, profesores, especialistas y profesionales que puedan contribuir a adecuar la currícula a la necesidad de cada lugar. “Loreto no es igual a Lima”, pone como ejemplo.
El pasado sábado 8, en el local de la Fenate Perú, el profesor Pedro Castillo firmó el acuerdo con los profesores del sindicato magisterial. Al costado derecho del candidato presidencial aparecen el profesor Edgar Tello (virtual congresista) y el profesor Moisés Chipana, secretario general de la Fenate Perú (tomado del Facebook del sindicato magisterial).
Al ser consultado si los profesores estarán preparados para enfrentar las críticas de las organizaciones que defienden el enfoque de género, Tello Montes asegura que buscarán que lo que prevalezca sean “los intereses de los estudiantes”.
La abierta discrepancia con la actual malla curricular hizo sugerir al periodista Ricardo Uceda que la frustrada invitación que hizo Pedro Castillo a la exministra Flor Pablo -defensora de la actual currícula- para sumarse a su equipo “resintió a los profesores de Perú Libre”.
Tello Montes responde que ese tema no se conversó durante el encuentro y señala que la convocatoria está abierta a todos los profesionales. El secretario de organización nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, tiene otra opinión y descarta cualquier acercamiento con la exministra o con el Partido Morado por ser, a su criterio, “muy tibio”.
El acuerdo firmado entre el Fenate Perú y el candidato Pedro Castillo se firmó el pasado sábado 8 de este este mes.
Nuevo ministro será un maestro
Si bien en el acuerdo no se especifica que, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, el nuevo ministro de Educación sea un maestro, Tello nos recuerda que se trata de un compromiso que “el compañero Pedro” ha venido anunciando públicamente en sus presentaciones. Adelantó que, “en su momento”, los maestros enviarán una terna de candidatos para que esta sea tomada en cuenta en caso llegue a Palacio de Gobierno.
Existen 14 profesores que, según los resultados de la ONPE, son virtuales congresistas por Perú Libre. Este grupo de docentes, que estuvo en la huelga nacional del 2017 junto al profesor Pedro Castillo, fue invitado por el partido a participar en las recientes elecciones.
Según Edgar Tello, los 14 responderán a los voceros del partido que serán elegidos en una próxima reunión de los 37 virtuales congresistas. Al ser consultado si ante futuras discrepancias internas, los maestros podrían conformar una bancada aparte, Tello responde: “Hasta el momento son subjetividades. Primero, vamos a asumir las funciones. Luego, veremos las coordinaciones a nivel de bancada”.
Al cierre de esta edición las bases de la Fenate llevaban a cabo una marcha en conmemoración a los 18 años de la huelga nacional que consiguió, el 12 de mayo de 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el aumento del 50% del sueldo de los maestros. La invitación también ha sido cursada a Pedro Castillo.
En la movilización, los profesores darán a conocer su pliego de reclamos -entre ellos, que se haya dado inicio al año escolar sin haber vacunado a estudiantes y maestros- y su respaldo a la candidatura de Pedro Castillo. El secretario general de la Fenate Perú, Moisés Chipana, señala que las movilizaciones se realizarán en todas las capitales de los 24 departamentos del país.
(*) Fotocomposición: Leyla López
La imagen central de la presente fotocomposición es una fotografía de la firma del acuerdo entre la Fenate Perú y el profesor Pedro Castillo, hecho ocurrido el pasado sábado 8 de mayo. Ha sido tomada de la página de Facebook del referido sindicato magisterial.
Óscar Zea Choquechambi es una incógnita en la debutante bancada de Perú Libre, el partido que lo llevó a conseguir una curul para los próximos cinco años. A pesar de haber hecho campaña en Puno con los colores del lápiz, no está inscrito en este partido, sino en otro. A inicios de diciembre pasado se afilió a Renacimiento Unido Nacional (RUNA), el movimiento que lidera el excandidato Ciro Gálvez.
Zea es un profesor y empresario de 47 años y, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), es representante de Juliaca en el Comité Político de Puno del partido de Gálvez. ¿Cómo es que terminó candidateando por Perú Libre? Según la misma base de datos, al haberse afiliado después del 30 de septiembre de 2020, esto no producía “efectos respecto del Padrón de Afiliados remitido al RENIEC con vistas a las Elecciones Generales 2021”. Así, se filtró un hombre de RUNA a la bancada de Vladimir Cerrón.
Los congresistas electos Óscar Zea y Victor Cutipa militan, según el ROP, en RUNA y un movimiento regional, respectivamente.
Óscar Zea tiene experiencia postulando y ganando elecciones. En el 2006 fue elegido regidor provincial de Huancané por la organización política Moral y Desarrollo. Cuatro años antes había intentado ser alcalde distrital de Taraco con el Movimiento Independiente Alternativa Andina. En esta última ocasión, sin embargo, la suerte le fue esquiva.
No es la única sorpresa que hallamos en el ROP. Según esta información, seis días después de inscribirse en Perú Libre, el profesor y abogado Flavio Cruz Mamani registra haberse intentado afiliar al partido de César Acuña, Alianza para el Progreso. No pudo hacerlo porque no cumplía con un requisito, digamos, obvio: no pertenecer a otra agrupación política.
¿Adónde apuntan las lealtades de ambos congresistas electos? Nos comunicamos con el área de prensa del partido, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Jales de última hora
Sudaca también encontró que 14 de los 37 virtuales congresistas se afiliaron a Perú Libre en setiembre pasado, el último mes que tuvieron como plazo para presentar sus candidaturas. De hecho, el propio Pedro Castillo se unió al partido el 30 de ese mes.
Siguiendo los pasos del ‘profesor Castillo’, Edgar Tello Montes, virtual congresista por Lima y hombre de confianza del candidato presidencial, se inscribió ese mismo día. Conocido por participar en la huelga magisterial del 2017 junto a Castillo, Tello Montes fue vinculado al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, en un informe presentado por el entonces ministro del Interior Carlos Basombrío.
Cuando lo llamamos, Tello se mostró hostil y amenazó con cortar la llamada en varias oportunidades. Consultado, por ejemplo, sobre la omnipresencia de Vladimir Cerrón en Perú Libre, Tello se limitó a contestar: “quien postula a la presidencia y quien va a gobernar es el señor Pedro Castillo”.
Hamlet Echevarría Rodríguez, Luis Kamiche Morante y José Balcazar Zelada también se afiliaron a Perú Libre el 30 de septiembre. Ninguno cuenta con experiencia en política y esta es su primera vez postulando al Congreso.
Otro grupo de candidatos se inscribió en el partido del lápiz el 22 de ese mismo mes. Uno de ellos es Segundo Toribio Montalvo Cubas, quien en dos oportunidades intentó ser alcalde provincial de Utcubamba, en Amazonas, sin éxito. Aunque no tiene experiencia en cargos públicos, sí tiene un antecedente por el delito de “ejercicio arbitrario del derecho por propia mano” y una sentencia por violencia familiar, según su hoja de vida presentada al JNE.
Los 14 congresistas electos que se inscribieron en el último mes de plazo a Perú Libre.
También es nueva en política la odontóloga Silvana Robles Arauco, que se inscribió al partido del lápiz ese mismo 22 de septiembre. En febrero de este año, el director general de la Dirección Regional de Salud de Junín, Danny Quispe, reveló que Robles habría sido inoculada con la vacuna de Sinopharm a pesar de encontrarse con licencia médica por la campaña. Robles se defendió diciendo que su licencia se haría efectiva a partir del 11 de marzo, por lo que se habría encontrado trabajando cuando recibió las dosis.
Castillistas y cerronistas
Entre los electos parlamentarios, hay 13 que no están afiliados a Perú Libre ni a algún otro partido. El profesor Germán Tacuri Valdivia, congresista por Ayacucho, es uno de ellos. Como su compañero de bancada Tello Montes, Tacuri también aparece en el informe de Basombrío por sus presuntos vínculos con Movadef. En otro informe de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre el mismo tema, publicado por El Comercio, se menciona a la profesora de Educación Física Elizabeth Medina Hermosilla, congresista electa de Huánuco, que tampoco tiene filiación a algún partido.
Todo indica que estos tres personajes, como parte del movimiento magisterial, son mucho más cercanos a Castillo que al fundador del partido, Vladmir Cerrón. Como ellos, la profesora de primaria Katy Ugarte Mamani tampoco presenta militancia en Perú Libre.
Frente al grupo mayoritario de nuevos rostros, sin embargo, en la bancada se encuentran ocho congresistas que tienen un año o más de militancia en PL y que incluso han postulado a algún cargo cuando la agrupación aún se llamaba Perú Libertario. Se trata de Bernardo Quito Sarmiento, Alex Flores Ramírez, Guido Bellido Ugarte, Abel Reyes Cam, Waldemar Cerrón Rojas, Janet Rivas Chacara y Jorge Coayla Juárez.
Con mayor tiempo como militantes, estos congresistas representan un ala más próxima a Vladimir Cerrón y tendrán la misión de dirigir a la mayoría de su bancada bajo los parámetros de su ideólogo.
Las cuotas de Toledo y Humala
Las canteras del humalismo y del toledismo también han servido para engrosar las filas de Perú Libre. Al igual que Pedro Castillo –que formó parte de Perú Posible entre los años 2005 y 2017–, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza y Pasión Dávila Atanacio también militaron en el partido que llevó a Alejandro Toledo a Palacio de Gobierno.
Quiroz, cajamarquino y profesor como Castillo, coincidió en el partido de la chacana con el ahora candidato presidencial. Ambos formaron parte del Comité Departamental que tenía Perú Posible en Cajamarca. El nuevo congresista también estuvo en el Congreso Nacional Ordinario durante toda su estancia en las filas toledistas: desde el 2004 hasta el 2017, fecha en la que perdieron su inscripción.
Todo indica que Quiroz es un hombre más cercano a Pedro Castillo que a Vladimir Cerrón. De hecho, fue uno de los principales dirigentes de la huelga magisterial que lideró el hoy candidato a la presidencia el 2017. En agosto de ese año, cuando congresistas de Fuerza Popular invitaron a un grupo de los huelguistas al Congreso, el ahora parlamentario electo acompañó a Castillo a la cita.
Otro de los tres congresistas electos que formaron parte del movimiento político de Toledo es el también profesor Pasión Dávila Atanacio. A diferencia de Quiroz, que no postuló a ningún cargo público con el partido de Toledo, Dávila lo intentó dos veces. La primera fue el 2002, cuando intentó ser elegido alcalde provincial de Pasco. En 2010, como parte de la Alianza Perú Posible –una coalición entre los partidos de Toledo y Acuña– se lanzó como consejero regional de la misma región. En ambas oportunidades fracasó.
Los 13 congresistas de la nueva bancada de Perú Libre que no militan en el partido.
La cuota humalista dentro de la bancada la conforman cuatro parlamentarios electos. Se trata de María Agüero Gutiérrez, Elías Varas Meléndez, Jorge Marticorena Mendoza y Lucinda Vásquez Vela.
Agüero es la de mayor experiencia. La congresista electa por Arequipa militó en el Partido Nacionalista entre el 2010 y el 2015, año en el que renunció. Paralelamente a su militancia, había postulado el 2014 a regidora provincial con el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, pero no tuvo éxito.
Ya fuera de las filas nacionalistas, el 2016 trató de alcanzar una curul con el Frente Amplio, y dos años después, el 2018, fue la candidata del partido Arequipa Mía a la alcaldía provincial de esa región. No fue electa en ningún caso. Hasta que en las elecciones del pasado 11 de abril por fin se le hizo.
El odontólogo Jorge Marticorena Mendoza, congresista electo de Ica, también formó parte del Partido Nacionalista entre el 2014 y el 2018. Si bien no ha postulado a algún cargo previamente, sí registra una sentencia por obligaciones alimentarias. Desde el 2019 Marticorena debe destinar 20% de sus ingresos a sus hijos, según resolvió el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica.
“Nosotros estamos trabajando directamente con el maestro Pedro Castillo Terrones y nuestro trabajo en Huánuco no ha sido por el partido. Ha sido fruto de los maestros, de la coordinadora nacional, señor Bermejo, para su conocimiento”, le reclamó Edith Ramírez, a quien varios medios presentaron como coordinadora del movimiento magisterial de Perú Libre en esa región.
Consultado por el incidente en Huánuco, el virtual congresista José Balcázar señaló a Sudaca que le parece una situación lamentable. “No conozco ese caso concreto más allá de la noticia que me da. Espero se solucione. No debe haber intromisión entre los candidatos por cada región (…) Hay que llamarle la atención al señor Bermejo para que evite entrometerse en la jurisdicción donde otros congresistas han sido electos”, apuntó.
Bermejo no es nuevo en la política nacional. En el 2002 postuló con el APRA para ser regidor distrital de Ate, pero fracasó en el intento. A pesar de ser uno de los rostros más visibles de PL, el electo congresista -que tiene un juicio pendiente por presunta filiación a Sendero Luminoso- es otro que no presenta militancia en la agrupación del lápiz.
Perú Libre será la primera mayoría en el próximo Congreso y tendrá como aliados en temas claves a los cuatro parlamentarios electos de Juntos por el Perú. Habrá que ver si logra la mentada unidad de las izquierdas o empiezan a surgir diferencias que le den un giro de tuerca al juego de poder congresal.
Adrián Cavero se vacunó en una farmacia, dentro de un hospital, en el estado de Virginia. Apenas le hicieron algunas preguntas previas sobre síntomas y alergias. “Fue tranquilo y sin mucho trámite. Me pidieron mi pasaporte, llené mis datos y ya. Es súper libre, aunque en la segunda dosis me dolió el brazo, tuve una leve fiebre y estuve cansado durante todo el día. No me preguntaron si era extranjero”, cuenta.
Para Cavero, que tiene una visa de turista, no fue difícil tomar la decisión de irse a Estados Unidos para vacunarse. Tiene principios de obesidad e indicios de diabetes. En su horizonte, incluso, ronda la idea de quedarse por allá. “Fue una decisión muy personal al ver que el ritmo de vacunación es muy lento en el país. Tengo familiares en Estados Unidos y me dijeron que era más fácil. No la pensé”, cuenta a Sudaca.
No le falta razón. Hasta inicios de mayo, en Perú se ha vacunado a menos del 4% de la población. El promedio en el mundo es de poco más de 8%, según información de Our World in Data. Recientemente el presidente Francisco Sagasti anunció que, con la adquisición de 12 millones de vacunas del laboratorio Pfizer, se tendrá al menos 60 millones de dosis aseguradas para antes de fin de año. Sin embargo, hay peruanos que no están dispuestos a esperar y jugarse las chances de caer enfermos antes de que les toque.
Hasta la primera semana de este mes, más del 45% de estadounidenses (alrededor de 150 millones) ya había tenido al menos una inyección de la vacuna, principalmente de las que implican una sola dosis. Tal es el ritmo de aplicación que el promedio en el país norteamericano ha alcanzado más de 2 millones de inyecciones al día.
En Perú el ritmo de la vacunación se ha acelerado ligeramente en la última semana, pero llegando a aplicar solo hasta 40.000 dosis por día en los 617 puntos de vacunación distribuidos a nivel nacional. Con estas cifras, no es extraño pensar que la manera más eficaz para sobrevivir sea tomar un vuelo, si se cuenta con visa, a uno de los países que ha acaparado la mayor cantidad de vacunas en el mundo, según denunció la ONU en febrero pasado.
De acuerdo a Migraciones, el ritmo de viajes hacia Estados Unidos se ha acelerado vertiginosamente en los últimos meses. En febrero se trasladaron 8.199 personas; en marzo, 17.108; y en abril, 40.871. Solo en los primeros cinco días de mayo, 5.736 peruanos enrumbaron a dicho país.
Incluso los influencers han explicado sus recorridos. A inicios de este mes, las videoblogueras ‘Misias pero viajeras’ publicaron un video en el que narran su camino de tres horas desde Miami hasta Texas, uno de los primeros estados en flexibilizar sus condiciones de vacunación y donde cualquier persona mayor a 16 años tiene permitido el acceso al antídoto.
Un comunicado de la embajada estadounidense en Perú del 25 de marzo despejó cualquier duda respecto a la legalidad de la vacunación a los turistas. “Los visitantes pueden visitar los EE.UU. con una visa B-1/B-2 por una variedad de motivos, que incluyen los tratamientos médicos. La elegibilidad para recibir una vacuna permanece bajo la autoridad de los servicios de salud de cada estado”, se lee en la publicación.
Varios estados se han sumado a la apertura. Es el caso de Nueva York, cuya ciudad indicó -el pasado 6 de mayo, a través de sus redes sociales- que se administrarán las vacunas de Johnson & Johnson en sitios icónicos a lo largo de la ciudad para vacunar a turistas y que estos se aseguren de tener un «souvenir incorporado para llevar a sus casas con ellos».
En este estado vive el peruano Álvaro Ledgard, estudiante de postgrado en la Universidad de Columbia de 31 años, quien recibió una dosis de Pfizer mucho antes de que se oficializara la noticia, en el mes de abril. Lo que más le sorprendió del proceso no fue que no le hayan preguntado si era extranjero, sino la eficiencia de la organización. “Yo estoy legal por los estudios y tuve que buscar mi zip code (código postal) para sacar cita, aunque estaba saturado varios días cuando lo hice. La organización fue llevada por militares, lo más increíble que he visto en mi vida. Desde que entré hasta que salí habrán pasado 20 minutos y eso que era una cola de 4.000 personas”, recuerda.
En Florida, por ejemplo, las exigencias se reducen a documentos de residencia y pago de servicios. Pedro -el nombre ficticio que le pondremos a este peruano de 75 años- cuenta que viajó a este estado con su esposa tras conocer que no había mayores restricciones. Tuvo que entregar una cuenta corriente estadounidense y un contrato de alquiler, así como recibos de luz o agua de la residencia donde se estaba quedando.
“Sé de muchos acá que sin traer información se han vacunado, porque hay muchos sitios y en todas las farmacias vacunan. Incluso, si uno va por la tarde, usan las Pfizer porque si no las tienen que botar. Es el caso de Walmart donde, cuando uno va, llaman a la gente a vacunarse”, narra.
Diariamente se pierde una gran cantidad de vacunas. La agencia de protección de salud estadounidense ‘Centros para el Control y Prevención de Enfermedades’ (CDC por sus siglas en inglés) registró más de 182.000 dosis desechadas (casi 60% eran Pfizer) a fines de marzo, tres meses después que dicho país empezara a vacunar de forma masiva. De estas, la cadena farmacéutica CVS fue responsable de casi la mitad y, la cadena Walgreens, del 21%, sumando ambas más de 128.000 dosis.
Aunque sigue siendo un porcentaje nimio, según un informe de la Universidad de Duke, Estados Unidos podría tener un exceso de 300 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para fines de julio. Muchas podrían utilizarse para extranjeros y turistas antes de que acaben en el tacho de basura.
La agenda para cambiar la Constitución de 1993 está en marcha. Las conversaciones entre representantes de la alianza de izquierdas Juntos Por el Perú (JP) y Perú Libre comenzaron pocos días después de las elecciones del pasado 11 de abril. El acuerdo entre ambos partidos políticos se ha terminado de afinar en las últimas horas y ha sido plasmado en un documento que será firmado hoy por Pedro Castillo y Verónika Mendoza a las 3:00 de la tarde en el club Apurímac, en Jesús María. Lograr que salga humo blanco no ha sido tarea fácil.
Una facción rebelde de Juntos por el Perú, que rechazaba la candidatura de Mendoza, venía apoyando a Castillo desde la primera vuelta. A partir del 11 de abril, cuando la lideresa quedó sin chances de disputar la presidencia, otras agrupaciones que forman parte de la coalición de JP, como Patria Roja, se fueron decantando por el profesor en comunicados independientes.
A partir de entonces empezaron las negociaciones oficiales. Los llamados a sentarse frente a frente para llegar a este acuerdo -al que se han referido como “declaración conjunta sobre puntos comunes”- fueron Roberto Sánchez, presidente de Juntos Por el Perú, y Arturo Cárdenas, secretario de organización nacional de Perú Libre y militante cercano a Vladimir Cerrón. Ambos ya se conocían desde el 2019, fecha en que se frustró la alianza entre JP y el partido del lápiz, entre otras cosas, por la condena de corrupción contra Cerrón.
Cárdenas tuvo que trasladarse desde Huancayo –ciudad donde reside– a Lima en varias oportunidades para entablar la negociación en la que participaron otros representantes de ambos partidos, entre ellos algunos miembros de Nuevo Perú, el movimiento fundado por Verónika Mendoza que es parte de JP. La primera reunión fue en un chifa de la avenida Salaverry, en Jesús María. Después, se realizaron sesiones virtuales a través de la plataforma de video ‘Google Meet’.
La reunión que se hizo pública fue la del pasado 29 de abril, donde estuvieron presentes el ya mencionado Sánchez y cuatro miembros de su acuerdo político. La comitiva de Perú libre estuvo encabezada por Vladimir Cerrón y otros tres dirigentes del lápiz, entre ellos Arturo Cárdenas, quien asegura que el profesor Pedro Castillo conocía de esa reunión y que quienes participaron fueron seleccionados con conocimiento de él y de Cerrón, por supuesto.
En este cónclave se selló el acuerdo. Se realizó el pasado 29 de abril en el local del partido del símbolo del lápiz, en Breña. Participaron en representación de Perú Libre: Vladimir Cerrón (principal negociador y hasta antes de las elecciones crítico de Verónika Mendoza), Roger Najar, Braulio Grajeda y Arturo Cárdenas; por Juntos por el Perú: Roberto Sánchez y Arturo Ayala; y por el Nuevo Perú: Álvaro Campana, Eduardo Cáceres, Anahí Durand y Ruth Luque (*).
El apoyo no se hizo oficial hasta el pasado domingo 2 de mayo, cuando Juntos Por el Perú hizo público un pronunciamiento en su cuenta de Facebook titulado “Por un Gobierno de Cambio Democrático, Constituyente y de Bienestar Social”. Allí, se exhorta al profesor Pedro Castillo a “considerar” los siguientes cinco temas: asegurar la vacunación nacional, reactivar la economía con más inversión, convocar a un referéndum nacional para una nueva Constitución, respaldar la lucha frontal contra la corrupción y fortalecer órganos como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
Entrevistado por Sudaca, Arturo Cárdenas asegura, sin embargo, que las conversaciones entre ambos partidos se enfocaron en tres temas principales: resolver el problema de las vacunas y la salud, la reactivación económica (entre las que se tocaron puntos como la renegociación de los contratos con empresas de sectores estratégicos y la nacionalización de los hidrocarburos) y el camino para lograr la nueva Carta Magna.
El pasado 2 de mayo, Juntos Por el Perú sacó este comunicado de apoyo al profesor Pedro Castillo en el que adelanta algunos puntos del acuerdo que será presentado hoy. Llama la atención que no prioriza la igualdad de género.
Sobre este último tema, Vladimir Cerrón había barajado varias posibilidades. El pasado domingo, por ejemplo, Cerrón señaló en una entrevista en el canal Best Cable de Huancayo que un primer camino para conseguir el objetivo sería la presentación de un proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso para que este apruebe la convocatoria a un referéndum en el que la población decida si quiere o no una nueva Constitución.
El suspendido gobernador regional de Junín explicó que, en caso el Parlamento lo rechace -sobre todo porque Perú Libre no conseguiría el respaldo de 87 votos, para una reforma constitucional, por no tener mayoría congresal-, no dudará en recurrir a la cuestión de confianza. Recordó que si esta prerrogativa presidencial es rechazada dos veces -según la actual Constitución- se podría recurrir a la disolución del Congreso.
Un segundo escenario –señaló Cerrón en esa entrevista– contemplaría la compra de un kit electoral para la recolección del 10% de firmas del actual padrón electoral, lo que equivale a 2,4 millones de firmas, el número que exige el artículo 38 de la ley de los derechos de control y participación ciudadanos. Al conseguirlas, estas son presentadas al Jurado Nacional de Elecciones para que convoque a dicho referéndum.
Según Arturo Cárdenas, de Perú Libre, ese segundo camino es el que se priorizaría para lograr una nueva Constitución y será parte del acuerdo que se presentará hoy a la prensa. De hecho, desde un comienzo de las negociaciones entre ambos partidos, esa ha sido la opción de mayor consenso entre ambos. Así lo confirmó a Sudaca la virtual congresista electa de Cusco por Juntos Por el Perú y militante de Nuevo Perú, Ruth Luque.
Cárdenas señala que ni bien Pedro Castillo sea elegido Presidente activarán las 25 bases regionales que posee Perú Libre en todo el país y entre “dos y tres meses conseguiremos más de dos millones de firmas”. Este argumento, al parecer, ha convencido a los mendocistas.
El constitucionalista Luciano López señala a Sudaca que “sí es constitucional” la vía del referéndum, tal como lo plantea Perú Libre y como lo prevé la ley de los derechos de control y participación ciudadanos. Explica que el JNE sería la entidad encargada de convocar al referéndum sin que sea necesario contar con la aprobación del Ejecutivo ni del Congreso.
López apunta que sería muy importante revisar el texto normativo que presentará Perú Libre en el momento de la recolección de firmas para saber si propone o no que la Asamblea Constituyente -que llevará adelante la elaboración de la nueva Constitución- contempla el cierre del Congreso. Señala que allí debería centrarse el debate, puesto que no sería necesario cerrar el Parlamento si es que se sigue el modelo de Chile, donde las dos instituciones pueden caminar en paralelo.
El secretario de organización nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, inició el diálogo entre su partido y Juntos Por el Perú tras reunirse con Roberto Sánchez. Después, siguieron más encuentros hasta que finalmente se consiguió el acuerdo entre JP y PL.
Según Cárdenas, en los temas de nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de los contratos con empresas estratégicas -como lotes petroleros, licitaciones mineras y empresas de telecomunicaciones-, tomarán el ejemplo del modelo boliviano y pedirán el apoyo de sus técnicos. La estrecha relación entre operadores de Evo Morales y Pedro Castillo fue revelada en un reciente informe de Sudaca.
Las fuentes apuntan a que Juntos por el Perú tuvo que dejar de lado su prioritaria agenda por los derechos de las minorías, entre ellos el matrimonio igualitario, para sentarse a conversar. Al ser consultado sobre si estos temas estuvieron en la agenda, Arturo Cárdenas evitó responder y dijo: “Mañana [hoy] se firma el acuerdo. Eso lo vamos a conocer el día de mañana [hoy]. Primero hay que resolver el problema de la salud y de las vacunas, paralelamente a ello el tema económico”.
