[INFORME] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) volvió a quedar expuesta en un terreno que le resulta cada vez más incómodo: el ambiental. La Resolución Directoral N° 00010-2025-DSIS, emitida el 17 de abril de este año, determinó que la comuna capitalina incurrió en incumplimientos vinculados a la supervisión ambiental en proyectos de infraestructura y servicios. El fallo no solo estableció responsabilidades claras, sino que también abrió un nuevo capítulo en la relación de la MML con los estándares que debería cumplir en la gestión de una ciudad que produce miles de toneladas de residuos al día y que sufre, de manera crónica, por la falta de planificación ambiental.
El peso de la resolución
Según el documento oficial, la Municipalidad no cumplió con varias obligaciones que le correspondían en el marco de la normativa vigente. El detalle es contundente: se evidenciaron omisiones en la implementación de medidas correctivas, deficiencias en la supervisión de obras y servicios, y una ausencia de planes efectivos para mitigar impactos ambientales. La consecuencia inmediata fue la sanción administrativa, que la comuna decidió apelar, llevando el caso a una audiencia pública realizada el pasado 16 de junio.
Lejos de ser un trámite más, la resolución puso en blanco y negro algo que muchos especialistas han venido señalando: el municipio limeño ha normalizado una cultura de la evasión, respondiendo tarde y mal a los requerimientos ambientales, cuando no directamente desoyéndolos.
La defensa de la Municipalidad
Durante la audiencia, los representantes de la MML intentaron explicar que algunas de las observaciones respondían a limitaciones presupuestales y a retrasos generados por trámites burocráticos. Argumentaron que la Municipalidad estaba en proceso de implementar mejoras y que varias medidas correctivas ya se encontraban en marcha. Sin embargo, el tono defensivo y las respuestas poco sustantivas generaron más dudas que certezas.
Los asistentes —conectados a la sesión virtual— pudieron constatar la brecha entre lo que el municipio dice y lo que efectivamente hace. En más de un pasaje, la exposición pareció un listado de excusas más que un plan real de solución.
La contradicción permanente
El caso revela una paradoja que acompaña a la MML desde hace varios años. Mientras sus campañas de comunicación insisten en mostrar una ciudad moderna y sostenible, los expedientes administrativos revelan falencias básicas en la gestión ambiental. La resolución N° 00010-2025-DSIS es, en ese sentido, un espejo incómodo: evidencia que la institucionalidad municipal no está a la altura de las exigencias de una capital que concentra a casi un tercio de la población del país.
En lugar de asumir el fallo como una oportunidad de enmienda, la comuna optó por apelar. El mensaje es claro: la estrategia prioriza el desgaste legal antes que la corrección técnica.
Lo que significa para la ciudad
El impacto de este tipo de procesos no se limita a lo administrativo. Cada incumplimiento, cada omisión y cada apelación retrasan soluciones urgentes para problemas que ya afectan la calidad de vida de millones de limeños: basura acumulada, obras mal supervisadas, contaminación en ríos y quebradas, espacios públicos deteriorados. La sanción contra la MML es un recordatorio de que la crisis ambiental limeña no solo es resultado de la presión urbana, sino también de la inacción de sus autoridades.
Una cultura de evasión
Lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS y la posterior audiencia de junio deja una lección: la Municipalidad Metropolitana de Lima sigue atrapada en una lógica de responder para salir del paso, no para transformar. En el terreno ambiental, esa actitud no solo genera sanciones, sino también costos invisibles que se traducen en contaminación, enfermedades y pérdida de espacios habitables.
La audiencia concluyó sin que la comuna lograra convencer ni a los magistrados ni a la opinión pública. Una vez más, Lima asistió a un espectáculo repetido: su principal autoridad local atrapada en el laberinto de la burocracia y la autodefensa, incapaz de reconocer que los problemas ambientales no se resuelven con apelaciones, sino con gestión efectiva.
Además, la apelación de la MML dejó ver un rasgo recurrente en la política limeña: la preferencia por la defensa legal antes que por la gestión de soluciones. En lugar de priorizar inversiones en monitoreo ambiental, mantenimiento de infraestructura o gestión de residuos, los recursos y el tiempo se destinan a prolongar procesos administrativos. Esa dinámica, lejos de resolver los problemas, los agrava, porque cada demora prolonga la exposición de la ciudad a riesgos sanitarios y ambientales.
La resolución sancionadora también generó preguntas sobre la capacidad de fiscalización interna dentro de la Municipalidad. ¿Quién supervisa realmente a las áreas encargadas de cumplir con las medidas ambientales? ¿Existe algún mecanismo efectivo de rendición de cuentas al interior de la institución? Lo que quedó en evidencia en este proceso es que, más allá de los discursos, la estructura municipal carece de controles internos sólidos para garantizar que las decisiones no se queden en el papel.
La resolución también puso sobre la mesa un aspecto que suele invisibilizarse: la falta de articulación entre la Municipalidad y sus organismos internos encargados de velar por el cumplimiento ambiental. Distintas gerencias trabajan de manera aislada, duplicando funciones o, peor aún, omitiendo responsabilidades. Ese desorden administrativo no solo alimenta el caos en la gestión, sino que termina traduciéndose en sanciones y observaciones que golpean la credibilidad del municipio.
Otro elemento clave del caso fue el registro documental que sustentó la sanción. Los informes técnicos señalaban incumplimientos concretos, desde la ausencia de monitoreos adecuados en zonas críticas hasta la carencia de planes de mitigación en obras en curso. No se trataba, entonces, de interpretaciones subjetivas, sino de evidencias recopiladas en campo que daban forma a un expediente sólido. La respuesta de la Municipalidad, en contraste, se limitó a justificar con retrasos administrativos y falta de presupuesto, argumentos que difícilmente borran la responsabilidad.
La audiencia pública también reveló el costo político de estos procesos. Mientras los magistrados evaluaban la apelación, en los barrios de Lima persistían problemas visibles: botaderos informales, ríos contaminados y obras inconclusas. La desconexión entre el debate administrativo y la vida diaria de los vecinos fue palpable. Para la ciudadanía, la discusión no es si el municipio apeló o no, sino por qué los problemas siguen acumulándose sin soluciones de fondo.
Finalmente, lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS se suma a una cadena de antecedentes que muestran a la Municipalidad Metropolitana más preocupada en litigar que en gestionar. En vez de usar las observaciones como oportunidades para corregir, la estrategia institucional parece estar orientada a ganar tiempo. Ese patrón, repetido una y otra vez, termina consolidando una peligrosa cultura de impunidad ambiental en la capital.
[INFORME] El Instituto Nacional de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud, estaría atravesando uno de sus episodios más críticos. Documentos de la Contraloría, a los cuales Sudaca tuvo acceso, reportaron una serie de deficiencias que no sólo ponen en riesgo a los insumos médicos sino al personal que trabaja en este local.
Mientras la política peruana vive horas convulsionadas y de permanente desconcierto, diversos sectores empiezan a padecer la ausencia de un plan a seguir y el descuido por parte de autoridades que parecen centrar sus esfuerzos en blindar al Ejecutivo ante cada una de las crisis en las que vive inmerso.
En esta oportunidad, uno de los sectores afectados es el que tiene a su cargo la salud. Pese a la relevancia que tiene en la sociedad, se vienen evidenciando alarmantes descuidos que exponen un nivel de precariedad que parece empeorar con el tiempo y ponen en riesgo la salud de los peruanos.
Sudaca pudo acceder a un informe de la Contraloría en el cual se detallan graves descuidos en el Instituto Nacional de Salud. Desde cámaras de refrigeración hasta extintores muestran un preocupante descuido por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Salud que tiene bajo su responsabilidad un papel clave en la salud pública.
DESCUIDOS PELIGROSOS
Durante las últimas semanas del pasado mes de agosto, la Contraloría General de la República visitó las instalaciones de un almacén a cargo del Instituto Nacional de Salud y encontró diversas situaciones irregulares. Sudaca pudo acceder a este reporte elaborado por la Contraloría y conoció en detalle el alarmante panorama que se encontró en este almacén ubicado en el distrito de Chorrillos.
Una de las situaciones más graves que se exponen en este documento es el estado de las cámaras de refrigeración. Estos equipos de suma importancia para preservar insumos médicos en condiciones adecuadas no cuentan con una calibración vigente. Por ello, según lo que se indica en el propio informe de la Contraloría, se está “poniendo en riesgo la conservación de los bienes almacenados y el uso seguro de los mismos”.
La excusa para esta situación sería todavía peor. El coordinador administrativo de este almacén señaló que esta irregularidad se debería a falta de recursos. “No se dispone de presupuesto asignado para llevar a cabo la ejecución del servicio de calibración”, le indicó este funcionario a la Contraloría.
En esta visita también se encontraron otras situaciones que pueden parecen menores pero exponen un estado que no se podría calificar como óptimo para un almacén que alberga implementos del sector salud. Entre estos aspectos que se detallan en el informe también se encuentran los problemas de iluminación. “Existen artefactos de iluminación que no están operativos”, se puede leer en el documento.
EXPUESTOS A UNA TRAGEDIA
En los últimos años, las noticias sobre incendios en almacenes han acaparado las noticias en más de una oportunidad. Sin embargo, pese a esos antecedentes, este almacén del Instituto Nacional de Salud ubicado en Chorrillos no parece estar haciendo ningún tipo de esfuerzo para prevenir un desenlace similar.
Los documentos revisados por Sudaca revelan que tampoco hay un cuidado correcto de los implementos para afrontar un posible incendio. Pese a que en este local se guarda una gran cantidad de material inflamable, “no hay registro alguno en tarjetas de inspección de extintores” y la manguera del gabinete contraincendios, que se puede observar en la siguiente imagen, fue encontrada en un estado de deterioro.
Los ingredientes para un desenlace trágico en caso de incendio se siguieron acumulando. En este local también se encontró que los pasillos se encontraban ocupados con numerosas cajas que obstaculizaban el paso y podrían contribuir a que no sólo el fuego se propague con más rapidez sino que también representaría una dificultad mayor para la evacuación.
La Contraloría también detectó que algunas de estas cajas que ocupan los pasillos son de productos que se encuentran vencidos y, además, estos pasadizos también son bloqueados por equipos y mobiliario fuera de uso. La explicación que brindó el coordinador de dicho local fue todavía más grave y dejó en evidencia el nulo interés por parte del sector salud por supervisar que en INS funcione eficientemente. “No cuentan con espacios disponibles dentro del almacén para su reubicación debido a que se encuentra en su capacidad máxima”, fue la respuesta del coordinador durante la visita de la Contraloría.
Paredes agrietadas, tomacorrientes en evidente estado de deterioro y hasta la presencia de personal sin el uniforme adecuado fueron otros de los impactantes descubrimientos hechos durante esta visita al local del Instituto Nacional de Salud entre los meses de agosto y septiembre del presente año.
Mientras el ministro de Salud, César Vásquez, se da el lujo de dedicarle tiempo a los escándalos que involucran a su colega Santiváñez y hasta lo califica como perseguido político, el sector salud continúa atravesando un momento crítico que se refleja en la situación actual de este local del Instituto Nacional de Salud.
[INFORME] Pese a que su fundador fue sentenciado por corrupción, Industrias Argüelles encontró una estrategia para colarse en procesos de selección que involucran millonarios contratos con el sector público.
Luego de ver a su fundador involucrado en un escandaloso caso de corrupción, el panorama para Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. y sus esperanzas de lograr contratos con el Estado parecía desesperanzador. Sin embargo, la empresa de Aniceto Argüelles buscó en una serie de maniobras burdas la estrategia para que este cuestionable pasado no sea un impedimento para sus futuros contratos.
Sudaca pudo acceder a documentos reveladores que exponen esta serie de cambios en la estructura de la compañía con los cuales se pretende despistar a sus posibles contratantes, ocultar los antecedentes más sombríos y abrir las puertas para firmar contratos millonarios que serán pagados con dineros de los peruanos.
EL EXPEDIENTE ARGÜELLES
En junio de este año llegó a los medios de comunicación la noticia sobre un empresario que había admitido que intentó sobornar a una jueza. El nombre de este personaje era Aniceto Elvis Argüelles Loayza y su situación judicial se había tornado tan complicada que una de las mejores alternativas que quedaban para este empresario era reconocer que intentó sobornar a una magistrada.
La estrategia elegida por Argüelles Loayza podía parecer extrema debido a la gravedad del delito que reconocía, pero el caso era tan grave que incluso se estaba barajando la posibilidad de un paso por prisión. Tras recibir este beneficio penitenciario, Aniceto Argüelles fue sentenciado a cuatro años y dos meses de pena privativa de la libertad suspendida con una serie de normas de conducta que incluían el pago de una reparación civil.
Tras esta condena y teniendo en cuenta lo señalado en diversos incisos del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podría haber afirmado con toda seguridad que para Aniceto Argüelles sería impensable esperar que él o su empresa pueda participar de algún proceso de selección sin que su sentencia por corrupción se convierta en un impedimento.
EL PLAN DE JUEGO
Sin embargo, y contra todo pronóstico, Industrias Argüelles S.A.C. podría volver a participar en procesos de selección y firmar contratos millonarios con el sector público. Para ello, la empresa de Aniceto Argüelles ha elaborado un plan que incluye numerosos cambios en los papeles de la compañía que intentar parecer drásticos pero no serían más que una pantalla.
La estrategia para que la sentencia a Argüelles no quede expuesta se habría empezado a gestar un año atrás. Según documentos a los cuales Sudaca pudo acceder, Aniceto Argüelles intentó mostrar un alejamiento del poder de su empresa. Tal como se puede observar en el siguiente documento del mes de abril del 2024, el empresario abandonaba el poder que ostentaba hasta esa fecha.
Pero, casualmente, la persona que quedaría en la presidencia del directorio sería alguien de su entera confianza. En el siguiente documento del mes de agosto del 2024 se puede leer que la persona que se posicionó en la cabeza del directorio de Industrias Argüelles S.A.C. fue Elsa María Milla Ortiz, quien es la esposa de Aniceto Argüelles.
En lo que también sería parte de esta estrategia de mostrar distancia con su empresa, y alegando motivos de salud, Argüelles Loayza también transfirió la totalidad de sus acciones, las cuales se encontraban valorizadas en más de veinte millones de soles, a su esposa Elsa María Milla Ortíz.
En el mes de julio del presente año se produce un nuevo y sospechoso movimiento en Industrias Argüelles. Esta vez se suma a la historia un nuevo protagonista llamado Elvis Alexander Argüelles Milla. Este nuevo personaje, quien resulta ser el hijo de Aniceto Argüelles y Elsa Milla, recibió a modo de donación las acciones que le pertenecían a su madre.
Pero estos cambios en el directorio y donaciones de acciones quedarían más expuestos como una pantalla tras conocerse el siguiente documento. Este otorgamiento de poderes, que data del año 2020 y sigue vigente, le permitía a Aniceto Argüelles Loayza tener el mismo poder que un gerente general sin que los cambios hechos en el directorio o los cambios en las acciones lo afecten.
Como si esto fuese poco, Industrias Argüelles también ha visto a su gerente general ser sentenciada. En noviembre del año pasado, Karen Marianella Pasco Flores fue condenada a cuatro años de pena privativa de libertad luego de comprobarse que, haciendo uso de documentos falsos, había transferido diez mil hectáreas de terrenos comunales en favor de la empresa de Argüelles Loayza.
Sin embargo, este cuestionable historial que arrastra Industrias Argüelles podría terminar siendo escondido bajo la alfombra y volverían a estar disponibles para firmar contratos con ministerios, municipalidades o cualquier institución del sector público que no se percate de estas maniobras de distracción.
[INFORME] Mientras las calles limeñas se tiñen de sangre por la incontrolable ola delincuencial, en la Municipalidad de Lima han gastado más de cien mil soles en un exgerente de seguridad ciudadana que en 2023 fue señalado por la Contraloría por no cumplir con los requisitos para ocupar este puesto.
Tras la llegada de Rafael López Aliaga al sillón municipal en enero del 2023, la Municipalidad de Lima ha visto desfilar por sus oficinas a un sinnúmero de personajes muy cercanos al burgomaestre. Desde militantes famosos hasta antiguos integrantes de Solidaridad Nacional se ha visto beneficiados con generosos sueldos con la llegada al despacho municipal del líder de Renovación Popular.
Aunque el alcalde de Lima se ha valido de numerosos ataques a los periodistas y medios de comunicación para minimizar la gravedad de este tipo de contrataciones que diversos informes periodísticos exponían, incluso en sus últimos meses en el cargo antes de abandonarlo para enfocarse en su campaña presidencial esta situación continúa ocurriendo.
Sudaca ha podido encontrar el caso de un funcionario, a cargo una tarea de suma importancia por la crítica coyuntura que atraviesa el país, que llegó a ocupar este puesto pese a que su contratación no cumplía con los requisitos básicos y que, tras ser descubierto, terminó siendo recompensado con un contrato con la Municipalidad de Lima y un generoso salario.
LO QUE OCULTA EL SHOW
El paso de Rafael López Aliaga por la alcaldía ha estado marcado desde su inicio por una innegable estrategia comunicacional que apuntaba a conquistar las redes sociales. Con iniciativas como convertir en “alcalde por un día” a algún streamer famoso o usando audios virales de Tiktok para burlarse de sus críticos, el líder de Renovación Popular intentó aumentar su popularidad.
En el distrito de Comas, el alcalde Ulises Villegas, quien recientemente se ha visto involucrado en un escándalo por obligar a trabajadoras de su municipalidad a vestirse de porristas, no se quiso queda atrás y también optó por un plan orientado a conquistas las redes sociales con diversos videos acompañados de una narrativa grandilocuente.
Pero detrás de este show elegido por ambos burgomaestres para acaparar las plataformas digitales e intentar conquistar al público juvenil han ocurrido graves cuestionamientos a sus respectivas gestiones e incluso existe un caso más que polémico que une a ambos funcionarios.
En enero del año 2023, cuando los alcaldes que había salido victoriosos en la contienda electoral del año pasado empezaban a instalarse en sus nuevas oficinas, en la Municipalidad Distrital de Comas se llevaban a cabo las primeras designaciones. Una de ellas ocurrió el 1 de febrero del 2023 y tuvo como protagonista a César Albergo Jordán Brignole, quien recibió el cargo de confianza de gerente de seguridad ciudadana de dicho distrito.
Pero, meses después, una visita de control por parte de la Contraloría advertiría una serie de designaciones irregulares por parte de la Municipalidad de Comas en las que estaba incluido el gerente de seguridad ciudadana. Tal como se señala en el documento al que tuvo acceso Sudaca, estos funcionarios “incumplen con los requisitos mínimos establecidos”.
En el caso de Jordán Brignole, el informe de la Contraloría señala que no cumplió con acreditar la experiencia específica en temas relacionados con la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal. Sin embargo, la nueva gestión a cargo de la Municipalidad de Comas no tuvo inconvenientes en designarlo en ese cargo de confianza.
Además, la Contraloría también detectó que en el caso de César Alberto Jordán Brignole no se había realizado la correspondiente verificación para saber si el gerente de seguridad ciudadana se encontraba en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, Registro de deudores de reparaciones civiles, y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Para el segundo semestre del 2023, la ola de inseguridad continuaba creciendo y el distrito de Comas no estuvo al margen. Por ello, tras conocerse la irregularidad detectada por la Contraloría, varios vecinos del distrito no tardaron en hacer sentir su descontento con la gestión de Villegas por haber designado para una gerencia clave en este contexto crítico a una persona que no cumplía con el perfil requerido.
CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA DE ABRE UNA ASESORÍA
César Alberto Jordán Brignole no llegó a cumplir ni un año en el puesto de gerente de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Comas y terminó renunciando. Sin embargo, pese a lo detectado por la contraloría, las oportunidades laborales no tardaron en aparecer e incluso con un salario mucho más interesante.
En febrero del 2024, la Municipalidad de Lima se convirtió en el nuevo hogar del cuestionado exfuncionario de la Municipalidad de Comas. En esta oportunidad, la gestión del alcalde López Aliaga le abrió las puertas con un servicio de coordinación y soporte técnico en seguridad ciudadana por el cual se pagó más de quince mil soles.
Pese a los cuestionamientos señalados por la Contraloría con respecto a la idoneidad de Jordán Brignole para encargarse de la seguridad de un distrito, la Municipalidad de Lima le encargó la implementación de planes de seguridad y vigilancia de toda la ciudad de Lima y, para ello, le pagó treinta y seis mil soles sólo en el mes de mayo del año pasado.
Si bien la seguridad en la ciudad no ha experimentado una mejora y los asesinatos por extorsiones continúan siendo parte de las noticias diarias, lo que sí ha mejorado considerablemente es la economía de César Jordán Brignole. Acorde a la información del portal Transparencia Económica, sólo en los meses transcurridos del presente año ha recibido más de ochenta mil soles por parte de la Municipalidad de Lima.
César Brignole, quien se presenta como asesor del alcalde López Aliaga, también se ha convertido en un fiel defensor del líder de Renovación Popular. En redes sociales no duda en defender al burgomaestre de cualquier cuestionamiento a su trabajo, celebrar hasta sus decisiones más populistas y atacar a quienes su jefe percibe como enemigos.
Pese a su experiencia en la Policía Nacional del Perú y los procedimientos que conoce sobre estos casos, Jordán Brignole no tuvo reparos en adelantarse a las investigaciones y se sumó a las teorías conspirativas que el alcalde López Aliaga trataba de difundir sobre la muerte de José Miguel Castro.
Aunque los más fieles seguidores del alcalde de Lima intentan blindarse ante las críticas recordando los errores de sus predecesores, los más de dos años y medio de gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima han estado plagados de numerosos casos de contratos cuestionados y, en la práctica, no parece estar marcando una diferencia positiva con el manejo de la municipalidad que tuvieron otros alcaldes.
[INFORME] Luego de recibir más de treinta mil soles mediante el financiamiento público a los partidos políticos, el abogado de Vladimir Cerrón ha vuelto a acceder al dinero de los peruanos. En esta oportunidad, es el Congreso quien aprobó un pago por casi quince mil soles el pasado mes de agosto.
“Nunca digas de esta agua no beberé”, fueron las palabras con las que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, le recriminó por estos días a la expremier Betssy Chávez por haber votado en contra de la renovación del Tribunal Constitucional que esta semana fue el encargado de devolverle su libertad.
Tiempo atrás, este tipo de posturas por parte del fundador del partido del lápiz podrían haber resultado difíciles de imaginar por mostrar una inesperada coincidencia con aquellos sectores de la política peruana, y especialmente del Congreso, con los que parecía tener diferencias irreconciliables.
Pero el paso de los meses y años desde aquella elección presidencial del 2021 parece haber desaparecido aquellas discrepancias y ha hermanado a quienes alguna vez supieron estar en polos opuestos. Sin embargo, el detrás de escena de esta unión no sería la búsqueda del entendimiento por el bien del país sino el aprovechamiento de los recursos disponibles.
EL ABOGADO FAVORITO DEL LÁPIZ
Hasta antes del año 2021, el nombre de José Enrique Llumpo Agapito estaba lejos del foco de la atención de la coyuntura política del Perú. Sin embargo, el destino de este abogado cambiaría radicalmente cuando se acercó a Vladimir Cerrón Rojas y la agrupación política Perú Libre.
Para el 2023, el abogado José Llumpo se convirtió en noticia en octubre de dicho año por su llamativa estrategia de interponer dos demandas de habeas corpus, en Lima y Huancayo, con el propósito de anular la sentencia de más de tres años de prisión que el prófugo líder del partido de lápiz se negaba a cumplir. Llumpo Agapito sostenía que había ocurrido una “vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales”.
Aunque este intento no dio resultado, esta no sería la última vez que el nombre de este abogado tendría notoriedad en los medios. Durante el año pasado, un informe periodístico del portal Epicentro alertó que en la rendición de cuentas de Perú Libre a la ONPE por el uso del financiamiento público a los partidos políticos se encontraron graves irregularidades que constituirían el mal uso de este dinero.
Entre la información que brindaba la propia ONPE sobre el detalle del uso del dinero público figuraba José Enrique Llumpo Agapito. Casulamente, el mismo que presentó el habeas corpus en favor del líder de este partido recibió diversos pagos que acumularon un total de treinta y tres mil soles por lo que fue explicado como un “servicio de asesoría legal”.
Tras el rebote mediático que tuvo esta información, el abogado de Vladimir Cerrón despareció de la escena pública. Pero esto cambiaría durante el pasado mes de agosto cuando Sudaca pudo encontrar que el nombre del letrado volvió a aparecer en una lista de órdenes de servicio que se paga con fondos del erario público.
En esta oportunidad fue el Congreso quien aprobó un importante pago a nombre de José Enrique Llumpo Agapito por lo que fue descrito como una asesoría y/o defensa legal. En esta oportunidad, el monto que recibió este abogado cercano a Perú Libre fue de casi quince mil soles.
Cabe señalar que este tipo de servicios, aunque son propuestos por el servidor público que solicita la asesoría o defensa legal, tiene que contar con la aprobación de la Mesa Directiva del Congreso, la cual está integrada por segundo periodo consecutivo por alguien que no sólo es un miembro de Perú Libre sino que es el propio hermano de Vladimir Cerrón.
ES UNA COSTUMBRE
Lo que ha ocurrido con este abogado cercano a Perú Libre no es una situación sin precedentes en el actual periodo parlamentario. En lo que parece ser una costumbre entre los actuales padres de la patria, otra agrupación política ha aprovechado la oportunidad para usar el dinero de los peruanos para contratar un servicio legal brindado por una persona a fin a su partido.
En abril del año pasado, el medio Infobae expuso que el congresista César Revilla Villanueva pidió que el Legislativo le otorgue más de cuarenta mil soles que terminarían siendo pagados al estudio Loza Avalos Abogados, el cual tiene a Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, como socia y gerente general.
Aunque en el Congreso coexisten agrupaciones políticas que dicen defender ideales políticos radicalmente opuestos, casos como el del abogado de Vladimir Cerrón exponen que en el Legislativo no existen diferencias cuando se trata de dar la aprobación para que se utilice dinero del sector público.
[INFORME] Le designación del nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional estaría destapando el caso de una familia muy cercana a Dina y Nicanor Boluarte que viene recibiendo buenos puestos laborales en más de un ministerio.
Los recientes cambios en el gabinete de Eduardo Arana han dejado algunos puestos disponibles en instituciones muy importantes para el país. Sin embargo, como parece ser una costumbre no negociable en el gobierno actual, la repartición de estos puestos no se realiza tomando en cuenta la idoneidad de los elegidos para los cargos que tendrán bajo su responsabilidad.
Ni la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) con sus más de doscientos años de historia se habría salvado de este alarmante presente. Tras la salida de Ana Peña Cardoza, quien acaba de dejar su lugar como jefa institucional para ocupar el puesto de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la BNP podría afrontar un futuro complicado.
Sudaca pudo conocer diversas situaciones que hoy ponen bajo la lupa a Juan Yangali Quintanilla, el nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional que ha sido el elegido para este cargo pero lleva un largo tiempo en la lista de favoritos de más de un ministerio e incluso su familia se ha visto beneficiada.
UN MINISTERIO FAMILIAR
Para el año 2019, las puertas de la Municipalidad de Pueblo Libre se abrían para Juan Yangali Quintanilla. En aquella época, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú se desempeñaba como gerente de cultura, turismo y educación y fue en esta municipalidad, en la cual trabajó hasta finales del año 2022, donde posteriormente coincidiría con el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, cuando este se convirtió en asesor del alcalde.
Tan sólo meses después, Yangali tuvo su primer gran acercamiento a un ministerio del gobierno de Boluarte cuando se convirtió en asesor del gabinete del Ministerio de Cultura mientras este se encontraba bajo la gestión de la ministra Leslie Urteaga y, un año más tarde, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional sería el elegido por el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, para estar al frente de la Casa de la Literatura.
Este paso por la Casa de la Literatura estuvo de lejos de ser el trabajo soñado para Yangali debido a los serios cuestionamientos que recibió. Sin lugar a dudas, el momento más álgido de su gestión fue cuando Yangali Quintanilla terminó siendo señalado como el responsable de censurar al historietista Juan Acevedo impidiendo que se le otorgue un premio en un episodio que fue interpretado como una venganza por parte del gobierno debido a la postura crítica de Acevedo con respecto a su accionar durante las protestas.
Según declaraciones del propio Acevedo al portal Infobae, Yangali “parecía sufrir” por tener que censurar al historietista, pero “quería seguir siendo personal de confianza”. No obstante, ese mismo mes de octubre, Yangali Quintanilla terminaría por presentar su renuncia al cargo de director de la Casa de la Literatura.
Pero, como ha ocurrido tantas veces en el gobierno de Dina Boluarte, sus aliados más cercanos no suelen pasar mucho tiempo sin trabajo y Yangali Quintanilla no fue la excepción. Por ello, tan sólo días después de renunciar, y pese a que esta renuncia estuvo manchada por una seria acusación, Juan Yangali fue contratado nuevamente por el Ministerio de Educación para brindar el servicio de asesorías y consultorías al despacho del ministro Morgan Quero.
No obstante, la gestión en el Minedu a cargo del ministro Morgan Quero, quien coincidentemente es uno de los integrantes del gabinete más cercanos a Dina Boluarte, también tomo en cuenta a otro integrante de la familia Yangali. En la siguiente imagen se puede apreciar que junto a Juan Yangali aparece una mujer y su nombre es Johana Verónica Coronado Yabar.
Coronado Yabar es abogada de profesión, pero también es la esposa de Juan Yangali Quintanilla. Sudaca ha podido acceder a numerosos documentos del Ministerio de Educación en los cuales Johana Coronado figura como una personal con un rol clave en las nuevos procesos de contrataciones.
Con ello se puede evidenciar que, durante el actual administración de Morgan Quero, el matrimonio Yangali Coronado ha podido lograr buenos puestos de trabajo en el Ministerio de Educación. Mientras Yangali Quintanilla figuraba como consultor del despacho ministerial, su esposa incluso ha llegado a ser parte de la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.
EL ANTECEDENTE
Sin embargo, esta no es la primera vez que el apellido Yangali se ve estrechamente relacionado con cargos importantes. En el año 2023, cuando Dina Boluarte apenas llevaba pocos meses en la presidencial, el nombre del hermano de Juan Yangali Quintanilla saltó a la fama en las más altas esferas políticas.
Un informe periodístico de Perú21 expuso que, por aquel entonces, Rivin Yangali Quintanilla venía trabajando en la Presidencia del Consejo de Ministros. Según la información que se dio a conocer en 2023, Rivin, al igual que su hermano Juan, había trabajado en la Municipalidad de Pueblo Libre y fue ahí donde coincidió con Nicanor Boluarte.
Posteriormente, Dina Boluarte lo tuvo trabajando para ella cuando estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero con el tiempo iría tomando un papel más protagónico al punto que, tal como lo relata el informe de Perú21, Rivin llegó a tener un rol fundamental en las conversaciones con las bancadas del Congreso en diciembre del 2022 para garantizarle a Dina Boluarte que podría sostenerse en la presidencia.
En las últimas horas, la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) ha emitido un duro pronunciamiento en contra de la llegada de Juan Yangali Quintanilla a la Biblioteca Nacional, calificaron este nombramiento como un “experimento político” y cuestionaron que el nuevo jefe institucional “no es bibliotecólogo, no tiene formación en ciencias de la información”.
Sin embargo, la manera en que se han manejado las críticas y hasta acusaciones a los funcionarios más cercanos a los Boluarte invita a creer que desde el Ejecutivo no habrá mayor interés por atender estos reclamos y que estos puestos, como el de jefe institucional de la Biblioteca Nacional con sus más de doscientos años de historia, hoy sólo importan como premios para los más leales al gobierno.
[INFORME] El 25 de marzo de 2025, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) inició un Procedimiento Administrativo Sancionador contra Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP), por múltiples infracciones relacionadas con el acceso al servicio de transporte de gas natural ocurridas en el 2023; a través del Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 22-2025-OS-DSGN.
Según el informe de OSINERGMIN al que tuvo acceso SUDACA, a la empresa se le acusa de no permitir el acceso abierto al gas natural y de no brindar un trato equitativo a la empresa COSAC. Asimismo, se le atribuye no haber respondido de manera fundamentada por su negativa a contratar con esta empresa.
Las empresas que brindan servicios públicos tienen ciertas obligaciones para con los usuarios o clientes, como dar un servicio ininterrumpido, dar acceso universal al servicio y no discriminar entre distintos agentes en el mercado para no ponerlos en situación que genere un efecto exclusorio de cara a la libre competencia en los mercados donde operan.
El caso trata justamente de hechos en donde TGP se negó injustificadamente a contratar con una empresa, alegando que una empresa vinculada mantenía una deuda con TGP, algo que -según OSINERGMIN- no la autorizaría a no dar acceso a un recurso esencial para la operación, más aún cuando a COSAC no se le requirió una fianza para garantizar el pago del servicio a contratar, sino una fianza por la deuda de una empresa vinculada.
Vale aclarar que la deuda aludida por TGP, fue materia de un laudo arbitral que le dio la razón a TGP, pero que luego fue declarado nulo por el Poder Judicial al no haber considerado que las obligaciones de pago solo rigen hasta la fecha de la resolución del contrato (y no posteriormente como pretendía TGP). Actualmente, este caso se encuentra en casación.
El procedimiento iniciado por OSINERGMIN se basa en los hallazgos del Informe de Fiscalización N° 285-2024-OS-DSGN, que concluyó que TGP -en su condición de monopolista titular de un servicio público- incumplió con tres obligaciones clave del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (Decreto Supremo 081-2007-EM):
“Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos [Incumplimiento del acceso abierto], aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, en concordancia con el numeral 4.2.7 de la del Rubro 4 de la Tipificación y Escala de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 388 2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 267-2012-OS/CD, toda vez que la restricción de acceso al Servicio de Transporte de Gas Natural impuesta a la empresa Cogeneración Oquendo S.A.C., no se encuentra sustentada en la falta de viabilidad técnica de lo solicitado”.
“Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo dispuesto en el numeral b) del artículo 73 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos [Trato no equitativo], aprobado por Decreto Supremo N° 081- 2007-EM, en concordancia con el numeral 4.2.7 de la del Rubro 4 de la Tipificación y Escala de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 388-2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 267-2012 OS/CD, toda vez que el requisito solicitado a la empresa Cogeneración Oquendo S.A.C. para la suscripción del Contrato de Servicio Interrumpible de Transporte de Gas Natural, no se encuentra sustentado en el marco normativo que regula las actividades de transporte de gas natural y tampoco fue exigido a los otros (4) Solicitantes del período 2023”.
“Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos [Falta de fundamentación en solicitud del servicio], aprobado por Decreto Supremo N° 081- 2007-EM, en concordancia con el numeral 4.2.1 de la del Rubro 4 de la Tipificación y Escala de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 388 2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 267-2012-OS/CD, toda vez que la respuesta de Transportadora de Gas del Perú S.A., respecto a la solicitud de acceso al Servicio de Transporte de Gas Natural presentada por la empresa Cogeneración Oquendo S.A.C., no se fundamenta en razones técnicas o económicas.”
Asimismo, según pudo conocer SUDACA, OSINERGMIN ya emitió el Informe Final de Instrucción N° 2476-2025-OS-DSGN emitido el 3 de julio de 2025. Este informe recomienda la aplicación de las siguientes multas:
Por los incumplimientos de los artículos 72 y 73, relacionados con el acceso abierto y el trato no equitativo, la multa propuesta sería de más de 10 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).
Por la falta de una respuesta debidamente fundamentada en razones técnicas y económicas (artículo 75), la multa propuesta sería de más de 30 UIT.
El proceso continuará su curso, y se espera que la Gerencia de Supervisión de Gas Natural, que actúa como autoridad sancionadora, emita una decisión final durante el próximo mes.
[INFORME] Pese a las alarmas de endeudamiento, la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha firmado contratos con dos reconocidas voleibolistas por más de doscientos mil soles. Además, la Municipalidad de Lima ha emitido órdenes de servicio con un manager de artistas que supera los cien mil soles.
“Cuando entramos el primero de enero del año pasado no había plata, había un hueco”. Con esas palabras, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, describía el año pasado la situación económica de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, un año después, el uso del presupuesto por parte de la actual gestión invita a creer que el panorama que encontrará el próximo burgomaestre podría ser todavía peor.
Aunque diversas voces vienen advirtiendo sobre el alarmante endeudamiento de la Municipalidad de Lima y, acorde a lo señalado por el Instituto Punto Fiscal, el saldo de deuda actual supera los S/ 3,360 millones, el actual inquilino del Palacio Municipal parece determinado a ignorar esos comentarios y manejar el dinero de Lima de forma descontrolada.
Sudaca pudo revisar algunos de los contratos que la gestión del líder de Renovación Popular ha aprobado por montos millonarios y que están destinados a actividades ajenas a las urgencias que actualmente afronta la capital peruana. Desde exdeportistas famosas hasta artistas musicales y un manager integran esta sorprendente y costosa lista.
MATCH POINT AL PRESUPUESTO
Aunque uno de los principales recursos de Rafael López Aliaga para atacar a sus adversarios políticos es acusarlos de darle un mal uso al erario público, su gestión parece no estar tomando un camino muy distinto. Sudaca ha encontrado contratos muy elevados que no parecen ir acorde con el panorama desolador que el líder de Renovación Popular describió cuando llegó al cargo.
Pero estos onerosos contratos vienen, además, acompañados de nombres de personajes muy famosos como es el caso de Cecilia Tait Villacorta. La medallista olímpica registró, en el mes de junio de este año, una orden de servicio por treinta y nueve mil soles con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La recordada “Zurda de Oro” ha trabajado para la Municipalidad de Lima desde el año 2023, cuando la gestión de López Aliaga asumió funciones. Sin embargo, durante ese primer año, el sueldo de la exintegrante de la selección peruana por el servicio de enseñanza de vóley apenas alcanzaba los trece mil soles.
Esta situación cambió radicalmente para este año 2025. Según la información disponible en el portal Transparencia Económica, Tait Villacorta ha recibido un total de S/. 111,800.00 hasta la fecha. Este considerable desembolso económico por parte de la Municipalidad de Lima es señalado en los portales oficiales como el pago por un “Servicio De Organización, Gestión Y Dirección Técnica De Deportes”.
Un dato a tener en cuenta es que esta tarea que el alcalde López Aliaga le ha encargado se superpone con los deberes que viene realizando Tait Villacorta como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), cargo para el cual fue designada en 2023 y la compromete por cuatro años. A ello se le suman sus obligaciones como parte del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.
Sin embargo, estos cien mil soles parecen ser insuficientes para las pretensiones de la Municipalidad de Lima. Por ello, el alcalde López Aliaga recurrió a una segunda figura del vóley peruano y, al igual que en el caso de Cecilia Tait, no dudó en ofrecerle un salario que resalta en la lista de órdenes de servicio pagadas por la municipalidad.
En esta oportunidad, el nombre que figura en el contrato por S/. 39,000.00 es el de Rosa Gisella García Rivas. La destaca deportista peruana viene trabajando para la municipalidad a cargo de Renovación Popular desde el año pasado y registra un 2025 muy próspero en lo económico.
Aparentemente, en la Municipalidad de Lima no era suficiente contar con los servicios de una sola personalidad destacada del deporte y apostó por Rosa García con una inversión que, tal como ocurre con Cecilia Tait, supera los cien mil soles sólo tomando en cuenta los meses transcurridos del presente año.
En simultáneo, Rosa García ha trabajado en la Municipalidad Distrital de La Victoria y la Municipalidad Provincial del Callao. Sin embargo, los contratos firmados con dichos distritos suman menos de veinte mil soles en lo que va del año 2025, una cifra muy lejana de los más de cien mil que está pagando la Municipalidad de Lima.
EL PLAN PAN Y CIRCO
Además de contratar personalidades famosas del deporte peruano, la gestión de Rafael López Aliaga también ha mostrado un especial interés en los eventos musicales. Durante el presente año, la Municipalidad de Lima ha emitido diversas órdenes de servicio a nombre de Piero Riccio Peirano, quien en sus redes se presenta como un cantante e imitador.
El show musical de Riccio Peirano le ha costado a la Municipalidad Metropolitana de Lima un total de S/. 63,176.00 y, entre estas órdenes de servicio, destaca su presencia para el cuestionado espectáculo montado el pasado mes de julio en el Parque de la Muralla que tenía como finalidad presumir la llegada de los trenes norteamericanos.
Pero, una vez más, esto no habría sido suficiente para una municipalidad que intenta brindar tanto show como sea posible en lo que, casualmente, es el año previo a las elecciones presidenciales en las que el actual alcalde intenta ser protagonista. Por ello, para este 2025, también recurrieron a los servicios de un conocido manager de artistas llamado Christian Alfredo Robles Ríos.
Sólo durante el presente año, Robles Ríos ha sumado un total de S/. 132,936.00 en órdenes de servicio con la Municipalidad Metropolitana de Lima por los conceptos de “organización y conducción de espectáculos”, “producción musical” y “servicio artístico cultural”.
Cabe señalar que esta no es la primera vez que el nombre de este manager se ve involucrado con la política. En el año 2022, Robles Ríos se vio involucrado en la organización de la costosa fiesta de la hija de Bruno Pacheco, el exsecretario del todavía presidente Pedro Castillo, que costó más de cien mil soles y contó con la presencia del Grupo 5.
En aquella oportunidad, tanto el manager como el coordinador de la reconocida orquesta de cumbia señalaron que Christian Robles fue en encargado de contratarlos y, según señalaron al programa “Cuarto Poder”, era él quien coordinaba con “una misteriosa mujer”. El dominical de América Televisión también mostró que esta persona involucrada en la organización de la ostentosa fiesta sería Karelim López, una empresaria investigada por licitaciones irregulares durante el mandato de Castillo Terrones.
Mientras el alcalde López Aliaga intenta instalar en la opinión pública que los expedientes técnicos para las obras son un gasto innecesario y acusa a quienes los piden de ser “terrucos”, la municipalidad que está a su cargo demuestra que el presupuesto es ilimitado cuando se trata de rodearse de personajes famosos y organizar eventos musicales.
[INFORME] A puertas cerradas y con la complicidad del silencio institucional, la Policía Nacional del Perú (PNP) avanza un proceso de contratación que, lejos de garantizar transparencia y eficiencia, pondría en evidencia uno de los casos más graves de direccionamiento técnico y simulación de competencia en el sistema de compras públicas durante este gobierno.
El Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, convocado para contratar un servicio estratégico (la red privada de datos, seguridad gestionada y acceso a internet de toda la infraestructura policial a nivel nacional) estaría siendo direccionado para que vuelva a ganar un postor que no garantiza la ciberseguridad del sistema, poniendo en riesgo todos los datos de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025. Se trata de un servicio que, por su naturaleza crítica, debería estar blindado de cualquier sombra de irregularidad. Pero los hechos demuestran todo lo contrario.
SUDACA tuvo acceso a documentación interna —que incluye cartas a Contraloría, pronunciamientos legales, informes técnicos y publicaciones de prensa especializada— que revelarían una serie de prácticas que configuran una arquitectura de contratación dirigida, construida para beneficiar a determinados actores y excluir al resto. (toda la documentación va al final de este reportaje).
La contratación directa del 2024
Nuestras fuentes relatan que, en 2023, la Policía Nacional del Perú comenzó a preparar el reemplazo de su servicio de telecomunicaciones, sabiendo que el contrato vigente con Telefónica del Perú (TDP) vencía en noviembre de 2024. El escenario ya estaba condicionado: TDP se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado, lo que eliminaba cualquier posibilidad de prórroga o contratación adicional con ellos.
La lógica indicaba que un nuevo proceso debía iniciarse con la debida anticipación para evitar riesgos de desabastecimiento. Los actos preparatorios, sin embargo, se desplegaron de forma llamativamente lenta. El estudio de mercado, clave para definir el valor referencial y la viabilidad del concurso se prolongó casi seis meses, un plazo atípico para este tipo de contrataciones.
Durante este tiempo, la operadora Claro (uno de los pocos proveedores con capacidad de red para atender a la PNP a nivel nacional) envió múltiples consultas y observaciones técnicas. Muchas de ellas no fueron atendidas o recibieron respuestas parciales que no resolvían las inquietudes de fondo.
El retraso no era inocuo. Cada mes que pasaba reducía la ventana de tiempo para convocar el proceso. Un concurso abierto en abril o mayo de 2024 habría enfrentado tiempos ajustados para la recepción de ofertas, absolución de consultas, elevaciones de observaciones e incluso eventuales apelaciones. Esto habría puesto a la PNP en riesgo de quedar sin servicio contratado al vencimiento del contrato de TDP en noviembre.
En este mercado específico, solo tres operadores tenían la capacidad real para brindar el servicio a la PNP: TDP (inhabilitado), Claro (con capacidad, pero marginado por la no atención de sus consultas) y Bitel (Viettel Perú). Al dejar las consultas de Claro sin respuesta efectiva, el proceso quedó, de facto, con Bitel como único jugador viable.
La combinación de un estudio de mercado prolongado y la inminencia del vencimiento del contrato con TDP creó el escenario perfecto para declarar la urgencia y justificar una contratación directa. Con TDP fuera de carrera y Claro reducido a un rol testimonial, la PNP tenía frente a sí un único proveedor en condiciones de recibir el contrato: Bitel.
Con TDP fuera y Claro bloqueada en la práctica, Bitel quedó como único proveedor viable. El resultado: una contratación directa que instaló un modelo técnico cerrado, con marcas predefinidas y sin competencia real. Este sería el molde que, un año después, se replicaría casi intacto y sería replicado en el nuevo proceso CP-SM-2-2025.
Sobrecosto a la vista
En 2020, la PNP adjudicó a Telefónica del Perú (TDP) un contrato para la provisión de servicios de telecomunicaciones por un monto inicial de S/.182´060,887.84[1]. Posteriormente, este monto fue reducido en un 3.94%, lo que dejó el costo total en aproximadamente S/.174´892,156.84[2] por 36 meses de servicio[3].
Al ser consultados nuestros expertos en contratación pública[4], indicaron que, si distribuimos ese monto a lo largo de todo el periodo, el costo mensual efectivo con TDP fue de S/.4´858,115.47 por mes (S/.174´892,156.84 en 36 meses).
En 2024, mediante contratación directa, la PNP adjudicó a Bitel (Viettel Perú) un contrato por S/.202´168,668.88[5], pero solo por 19 meses de servicio[6]. Esto arroja un costo mensual efectivo con Bitel de S/.10´640,456.26 por mes (S/.202´168,668.88 en 19 meses).
Las matemáticas no cierran. Una simple comparación de costos mensuales salta a la vista con un sobrecosto de 119% que beneficiaría a Bitel.
TDP (2020 – 2023) → S/.4.86 millones/mes
Bitel (2024 – 2026) → S/.10.64 millones/mes
¿Cuál sería el sustento de este incremento? El servicio con Bitel cuesta más del doble por mes que el contrato previo con TDP, pese a que el alcance técnico no se amplió de manera proporcional y sin evidencia de mejoras sustanciales que justifiquen este salto.
Esta diferencia no es un simple ajuste inflacionario, ni una mejora tecnológica extraordinaria: es un sobreprecio mensual evidente que se disparó precisamente en el marco de un proceso sin competencia real, donde Bitel quedó como único proveedor viable tras la exclusión práctica de Claro y la inhabilitación de TDP.
En términos anuales, si ambos contratos se compararan a igual número de meses (19), la diferencia anualizada del gasto acumulada superaría los S/ 109.8 millones, un margen que en contratación pública suele encender todas las alarmas de sobrevaloración y direccionamiento, pero sorprendentemente se mantuvo en silencio pese a la opinión de OSCE[7] y algunas notas[8] que denunciaron el hecho en prensa especializada[9].
Bitel, el gran beneficiado
El 15 de abril, la PNP convocó el nuevo proceso de contratación apenas seis días antes de la entrada en vigor de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento actualizado (21 de abril).
La fecha no fue casual. Con el nuevo marco legal, las entidades estarían obligadas a sostener reuniones formales y documentadas con todos los posibles proveedores durante la etapa de estudio de mercado, así como atender y responder sus consultas. En este caso, esa obligación habría significado reunirse con Claro, el único competidor real de Bitel tras la inhabilitación de TDP, y responder a las observaciones técnicas y comerciales que la operadora había presentado. Al mantener el proceso bajo la Ley antigua, se evitó esa interacción obligatoria y se preservó el esquema de mínima competencia que caracterizó la contratación directa previa.
Desde el inicio, las bases técnicas del concurso encendieron alertas entre expertos[10] en contratación pública y ciberseguridad. Los Términos de Referencia no solo definían funciones y características. Delimitaban prácticamente el catálogo de los fabricantes que podían cumplirlas.
Los expertos consultados[11] por SUDACA indican que “el patrón es claro. En lugar de abrir la competencia, las especificaciones consolidan un cerco tecnológico que favorece a quienes ya controlan la infraestructura, contraviniendo el principio de libre concurrencia previsto en la Ley de Contrataciones del Estado”.
El estudio de mercado cerró entonces con apenas dos cotizaciones[12]: Una de Bitel, actual proveedor, y otra empresa llamada GLOBAL FIBER. Esta última fue incluida a pesar de que no cuenta con la red nacional de fibra óptica que exigen las bases, y cuya presencia se limita a Lima, Iquitos y Huancayo[13]. Esta última fue aceptada como “postor válido” a pesar de que no posee infraestructura estratégica crítica para el servicio, como lo exigen las bases. Según su propia web, su oferta está enfocada a servicios residenciales y pymes. No a soluciones críticas de alcance nacional. Global Fiber declaró falsamente cumplir con los requisitos habilitantes, presentando información inexacta que indujo a error a la administración. Esto permitió “fabricar” un segundo postor y simular competencia, cuando en la práctica solo quedaba en carrera el proveedor actual.
La inclusión de Global Fiber, pese a su evidente incumplimiento de requisitos, resultó clave para cerrar el estudio de mercado y cumplir formalmente con la “pluralidad” exigida por Ley. Su participación habría servido únicamente para simular una pluralidad de postores, cuando en la práctica no tenía capacidad técnica ni operativa. Esto no solo resultaría irregular. Se trataría de un fraude en contratación pública, según el artículo 397-A del Código Penal, señalan los expertos consultados.
Lo más grave es que los Términos de Referencia fueron redactados con especificaciones que calzan exclusivamente con marcas como F5, Arbor e Imperva, en un acto tan burdo de direccionamiento que, hasta el OSCE[14] –en su pronunciamiento de 2024– cuestionó la legalidad del contrato anterior con Bitel, por ser adjudicado sin sustento técnico ni económico, y habría reutilizado incluso equipos que ni siquiera eran propiedad del nuevo proveedor. El mismo modelo de direccionamiento anterior estaría replicándose en el proceso en marcha, con el único objetivo de adjudicarlo nuevamente a este postor.
Al igual que en el caso de la Directa en 2024 (como un copia y pega), la DIRTIC y la PNP nunca respondieron las consultas de Claro para que esta pueda cotizar. ¿Qué raro no? Las áreas responsables (Logística, Administración y Tecnología de la PNP) convalidaron la admisión de un postor que no cumplía requisitos básicos y no observaron el direccionamiento técnico en las bases.
Fuentes internas de la PNP señalaron a SUDACA que no habría dudas respecto a que este proceso está viciado. Indicaron que basta con observar el tratamiento que los encargados de logística y administración de la entidad contratante estarían dando al proceso de absolución de consultas, las cuales fueron reprogramadas hasta en 23 ocasiones, dando una señal inequívoca de improvisación, presiones internas o la simple incapacidad de justificar legal y técnicamente lo indefendible.
Juristas consultados por SUDACA[15] revelaron que los delitos presuntamente cometidos aquí no son menores: colusión agravada por omisión funcional, falsedad documental, negociación incompatible y dirección ilícita del procedimiento, al favorecer indirectamente a un proveedor o fabricante mediante la inacción. ¿Dónde están los controles internos? ¿Por qué la Oficina de Control Institucional y la Dirección de Tecnología guardan silencio tras meses de advertencias? ¿Por qué la Contraloría aún no actúa con firmeza?
Luego de revisar toda la documentación a la que tuvo acceso SUDACA, estos mismos expertos en contrataciones públicas opinaron que éstas no pueden seguir siendo botines ni escenarios de favoritismo técnico disfrazado. “La PNP debería rendir cuentas. Este proceso debe detenerse y los responsables (funcionarios, técnicos y postores) deben responder ante la justicia y ante el país. Si la conectividad nacional de nuestra Policía se construye sobre la base del engaño, el sobrecosto y la exclusión, no hablamos solo de corrupción: hablamos de una traición a la seguridad del Estado”, concluyeron.
Sospechosas coincidencias
Desde febrero del 2025 ingresó a trabajar a Bitel, Miguel Eduardo Vasquez Neira, para liderar el área de contrataciones con el Estado, un personaje controversial[16]. Este personaje es quien se encuentra a cargo de atender directamente el servicio PNP. Su ingreso coincide con la deficiente solución que hoy tiene contratada con Bitel, como parte de la Contratación Directa – Contrato Nº 025-2024-DIRECFIN-PNP, contratación que tiene un 245% de sobrevaloración con respecto al anterior proveedor. Hoy, ese deficiente diseño y direccionamiento con determinadas marcas se viene repitiendo en el CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1.
El CP-SM-2-2025 no es una licitación nueva, sino la reedición —casi calco— de una estrategia que el 2024 ya había asegurado un contrato millonario sin competencia efectiva. La diferencia es que ahora la PNP enfrenta el antecedente reciente de un ciberataque masivo que puso en jaque la integridad de sus sistemas.
Gatito FBI NZ
En agosto de 2025, un incidente puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura montada bajo el contrato de 2024. Un hacker que se identificó como “Gatito FBI NZ” vulneró el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), extrayendo y publicando 88 gigabytes de información interna, incluyendo datos sensibles de ciudadanos y policías. Los datos, ahora disponibles en foros clandestinos, se ofrecen por sumas que alcanzan los 1,500 dólares. Esto puso en riesgo la información de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025, revelando nombres, direcciones y teléfonos de los denunciantes y los oficiales a cargo de las investigaciones en todo el Perú.
Lo más preocupante no es solo el robo de datos, sino la forma en que ocurrió. El atacante utilizó credenciales válidas y los sistemas de monitoreo y bloqueo no detectaron la intrusión. No se generaron alertas tempranas ni se activaron protocolos automáticos de respuesta. Esta falla estructural, ligada a la arquitectura y proveedores definidos en 2024, y cuyo contratista es Bitel, no motivó cambios en el diseño del CP-SM-2-2025. Las mismas marcas, configuraciones y proveedores siguieron en carrera.
Ciberseguridad PNP en alto riesgo
Lo cierto es que el próximo gran contrato tecnológico de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través del Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, nació con la promesa de modernizar la red privada policial, blindar sus sistemas contra ciberataques y garantizar un acceso seguro a internet para todas sus unidades a nivel nacional.
Los documentos internos a los que SUDACA tuvo acceso y según expertos consultados al respecto[17] (cartas remitidas a las más altas autoridades de la PNP y denuncias formales ante la Contraloría General de la República) cuentan otra historia: la de un proceso con claros indicios de direccionamiento hacia marcas específicas, participación de postores sin capacidad técnica, un estudio de mercado simulado y la repetición de un diseño técnico inseguro que demostró su alta vulnerabilidad en el hackeo masivo más grave en la historia reciente de la institución.
La misma fórmula se repite en ambos casos de contratación: controlar el mercado, acortar los plazos, excluir competidores y blindar a un solo proveedor. Y en ambos casos, el costo lo pagará no solo el erario, sino la seguridad de todos los peruanos.
Ricardo Elías concluye en que “es fundamental investigar quiénes se encuentran detrás de las filtraciones de información confidencial, puesto que la Policía Nacional tiene la obligación de garantizar su resguardo y preservar la confianza ciudadana en las instituciones. En tal sentido, resulta indispensable determinar si algún funcionario pudiera estar implicado en dichas conductas e, incluso, integrar la organización criminal responsable. De lo contrario, se configura un grave escenario de vulnerabilidad en el que cualquier ciudadano que presente una denuncia se expone a que sus datos sean indebidamente difundidos, convirtiendo las brechas de seguridad en una práctica cotidiana que daña el sistema de justicia y la protección de derechos fundamentales”.
[1]Contrato N° 41-2020-DIRECFIN-PNP. Concurso Público N° 001-2020-DIRECFIN PNP “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL”[2] Resolución Jefatural N° 11-2021-DIRADM [3] CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN [4] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [5] Contrato N° 025-2024-DIRECFIN-PNP. CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01-2024-DIRECFIN-PNP, “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL” [6]CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Inicio del Servicio. [7] DICTAMEN CD N° 508-2024/DGR-SIRE [8] https://panamericana.pe/locales/430501-servicios-conectividad-pnp-peligro-millonario-contrato-presentaria-irregularidades [9] https://www.americasistemas.com.pe/millonario-negociado-en-la-pnp/ [10] https://www.americasistemas.com.pe/adjudicacion-dirigida-en-la-pnp/ [11] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [12]Oficio N° 655-2025-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPABA-SAP [13] https://globalfiber.com.pe/ [14]Dictamen CD No 508-2024/DGR-SIRE [15] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [16] https://peru21.pe/politica/dictan-18-meses-de-prision-preventiva-contra-director-de-la-aviacion-policial-coronavirus-en-peru-noticia/ [17] Ricardo Elías Puelles. https://eliaspuelles.com/
