[INFORMES] Eran aproximadamente las cinco de la tarde del último domingo cuando el árbitro Daniel Ureta hizo sonar su silbato en el estadio Carlos Vidaurre de la ciudad de Tarapoto. La victoria, junto con los tres puntos, habían quedado en manos de Deportivo Garcilaso, pero pocos podrían dudar que quienes celebraron con más euforia dicho resultado no fueron los jugadores del equipo cuzqueño sino los miles de chalacos que vieron un final feliz para lo que había sido un año tortuoso.
La Misilera, el club que en la década del cincuenta supo consagrarse como el primer campeón de la era profesional del fútbol peruano, afrontó un 2023 con problemas que empezaron desde la pretemporada, cuando los problemas económicos les impidieron reforzarse, y se extendió a otras dificultades, como el tener que disputar sus encuentros en condición de local lejos de su público en el Callao. Por ello, la derrota de Unión Comercio les permitía asegurarse, al menos, un año más en primera división. Sin embargo, apenas un día después, una noticia golpearía la tranquilidad que se respiraba en el Callao y ha despertado suspicacias.
¿SANCIÓN FUERA DE LUGAR?
Mientras en el primer puerto empezaban la semana con la alegría de haber logrado sortear con éxito una temporada de pesadilla para el Sport Boys, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol cocinaba una inesperada sanción para los rosados. En horas de la tarde, dicha comisión dio a conocer que al equipo chalaco sería sancionado con diez UIT y, el castigo más temido, la reducción de cuatro puntos que dejan a Sport Boys apenas un punto por encima del último equipo que desciende y con sólo una fecha más por disputarse.
Esta resolución se ampara en dos artículos del Reglamento de Licencias. Uno de ellos es el artículo 76.1 que hace referencia a que Sport Boys debía sustentar el pago oportuno de las remuneraciones durante la primera quincena de cada mes y los tributos correspondientes.

Mientras que el artículo 73.2 especifica el plazo que tienen los clubes para realizar el pago de cuotas en los casos de deudas refinanciadas.

Sin embargo, lo que parecía ser una sanción bien sustentada, en realidad podría esconder contradicciones con artículos del propio Reglamento de Licencias. Al respecto, el abogado Cristian Vargas Ramos conversó con Sudaca y explicó algunos de estos puntos que expondrían el error por parte de la comisión que decidió sancionar al equipo rosado.
“El 20 de octubre del 2022, a Sport Boys le dan la inscripción al régimen excepcional y ese mismo día comienzan una investigación la cuál debió quedar suspendida por los artículos 91.3”, explica Vargas. Según lo señalado por dicho artículo del Reglamento de Licencias, se suspende cualquier tipo de sanción, amonestación, multa u otros cuando el club entra al régimen excepcional y la razón por la que el club fue sancionado data de antes de la inscripción del club a este régimen.

“Una vez que el club entra al plan de recuperación se tienen que suspender todas las sanciones porque la finalidad del régimen es ayudar a los clubes para que exista un saneamiento financiero”, explica el abogado Vargas y agrega que esta resolución es “poco objetiva y se está basando en interpretaciones sesgadas”.
Además, Vargas considera que esta resolución puede sentar un mal precedente que abriría la posibilidad a que se en los próximos torneos se apliquen sanciones por apelaciones de años anteriores. “Mañana o más tarde puede venir alguien a apelar una resolución de hace tres o cuatro años e incluso podría inferir en el campeonato”, explicó a Sudaca.
MÁS DUDAS QUE CERTEZAS
Por otro lado, Christian Peña ,periodista del portal informativo Hinchada Rosada, relata que en Sport Boys no contemplaban que se aplique una sanción de este tipo. “No había un escenario posible que los hiciera estar pensando en una defensa para esto”, cuenta Peña y agrega que “esta resta de puntos no debería haber ocurrido porque pasaron trece meses en los que a Sport Boys no le indicaron que podía haber una sanción”.
“Hay clubes a los que han denunciado que no pagan hace tres meses, como ADT que está peleando por entrar a la Sudamericana o Binacional, y no les restan puntos. Hay clubes que no han sido programados, como Municipal, y no les restan puntos”, comenta Peña y explica los hinchas del Boys encuentran sospechoso el accionar de la Federación Peruana de Fútbol presidida por el cuestionado Agustín Lozano y se han empezado a exponer casos similares con finales distintos.
En resolución del 9 de octubre, Deportivo Municipal cumplió su séptima infracción por refinanciamientos y solo le aplicaron multa. A Sport Boys, por lo mismo, le han puesto dos puntos y además la multa. Evidentemente hay una decisión llamativa y aparentemente desigual de la… pic.twitter.com/EUQEYvk9tX
— Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 24, 2023
Peña cuenta que, el próximo lunes, las autoridades del club chalaco, que ya anunciaron que se presentó una apelación, se reunirán con el comité de licencias y que también se está evaluando la posibilidad de llevar este caso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ante lo que consideran una injusticia dado que el equipo cumplió con todos los requerimientos que se les pide en el plan de recuperación a los clubes que son incluidos en el régimen excepcional.
En la tarde del sábado en un estadio Miguel Graú probablemente repleto, Sport Boys disputará la última fecha del torneo clausura ante Cienciano sin saber si existe algún resultado que les asegure la permanencia en primera división y con la desconfianza que parecen haberse ganado a pulso las principales autoridades del fútbol peruano.

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Es en ese momento cuando el nombre de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde toma una importancia indiscutible. Acorde a la declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019 que data del año 2019, José Miguel Castro Gutiérrez, quien fue nombrado por Villarán para ocupar el cargo de gerente municipal, se encargó de anunciarle a los enviados de Brasil que el dinero ilícito para la campaña que impediría la revocatoria se entregarían a Gómez Cornejo Rotalde, al que se referían como “lucho”.
A ello se le suma un acta fiscal que data de mayo del 2019 en la que se muestra un cruce de llamadas entre un número correspondiente a la Constructora OAS y Gómez Cornejo. Cabe señalar en este punto que la empresa OAS tenía gran interés en asegurar la continuidad del millonario proyecto Línea Amarilla.
Sobre Luis Gómez Cornejo pesan una serie de imputaciones por lavado de activos relacionados con el caso detallado previamente con la empresa OAS y también con Odebrecht para la campaña contra la revocatoria y las elecciones municipales de 2014. Esto podría llevar a que quien en algún momento fue asesor de Javier Villa Stein, cuando era presidente del Poder Judicial, y coordinador del gabinete de asesores de Duberli Rodríguez deba cumplir una pena de quince años en prisión.