Alertó que, de enero a agosto del presente año, EsSalud detectó 1566 casos nuevos de cáncer de mama a nivel nacional, lo que representa un incremento de 10%, respecto a lo registrado en el mismo período del 2021 (1412 casos).
“EsSalud continúa reforzando las acciones de prevención contra el cáncer. El día de hoy, en una labor conjunta con la Municipalidad de Chorrillos, hemos llegado hasta la playa Agua Dulce, para brindar atención médica y también intensificar el control preventivo.Con un diagnóstico a tiempo y atención oportuna, se puede combatir el cáncer”, enfatizó.
Por su parte, Rosy Mulánovich, saludó la iniciativa de EsSalud de promover campañas preventivas e hizo un llamado a todas las mujeres a tomar conciencia del cáncer de mama y realizarse los controles periódicos como el autoexamen, ecografías y mamografías a fin de prevenir y/o detectar a tiempo la enfermedad.
“A mi me diagnosticaron cáncer de mama hace más de 20 años y logré vencerlo, gracias al autoexamen inicial y también al diagnóstico y tratamiento oportunos. Por eso, es importante que las mujeres se hagan los chequeos preventivos”, aconsejó.
Otras atenciones
Durante la jornada de salud, se realizaron ecografías y despistajes de cáncer de mama, así como consejería preventiva de cáncer de cuello uterino y vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) a niñas de 9 a 13 años.
También se brindó atención en medicina general, dermatología, psicología, nutrición y otras especialidades a la población asegurada y no asegurada de diversos distritos de Lima.
El grupo archivó la propuesta por mayoría al considerar “innecesaria” su aprobación. “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales”, sostuvo Bustamante en aquella ocasión, según una nota de prensa del Legislativo.
Las polémicas
Cierto o no lo dicho por Bustamante, es indudable que Escazú genera opiniones divididas. El tratado tiene 26 artículos, pero la discusión gira en torno, sobre todo, a dos de ellos: los referidos a participación ciudadana y derechos de los defensores ambientales.
El tratado plantea en su artículo 7 que cada Estado firmante “garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades”. No precisa la exclusión de algún tipo de actividad económica o zona del territorio nacional de sus alcances.
Más adelante, en su artículo 9, Escazú exhorta a los países comprometidos a tomar “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir”. Lo anterior incluye atentados contra su vida, opinión, reunión y más.
Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, los postulados de Escazú son positivos, pero no hacen falta. “Es un tratado de buena intención, pero no es imprescindible, ni necesaria su ratificación, porque Perú ya cuenta con un marco legal para tutelar y proteger los mismos derechos [que defiende el tratado regional]”, considera el ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso.
Rospigliosi se refiere a fuentes del derecho nacional como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia ambiental o la existencia de un ente rector como el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). “Su ratificación por el contrario, generaría una sobreregulación y superposición de normas que generarían desconfianza en la inversión y desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente”, agrega el letrado.
En nuestro país, además, existe un vasto trasfondo legal que se relaciona a los puntos de Escazú. Por mencionar algunas tenemos la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, la Ley General del Ambiente, que crea el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA); y contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La lista de los países que firmaron y ratificaron Escazú. El último lunes se sumó Colombia. Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la misma línea que Rospigliosi opina ÁngelDelgado, también abogado constitucionalista. “En el Perú hay normas que regulan el derecho de petición y mecanismos judiciales como el habeas data para obtener información, pero para hacerlo hay que tener legitimidad y proporcionalidad porque hay información de carácter privado que no se puede difundir así no más”, sostiene.
Bajo la mirada de Delgado, ratificar Escazú también es un riesgo de que se desnaturalicen otras normativas. “El mecanismo perverso de este tipo de tratados es que extienden derechos como una liga. Los pueblos indígenas tienen derecho a consulta por la relación ancestral con sus territorios, pero eso no puede generalizarse a cualquier grupo de vecinos que viva en Asia y no quiera un proyecto determinado”, afirma el abogado.
Contrario a sus colegas, Dania Coz, abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no ve con malos ojos las exigencias de Escazú. “No lo veo como un problema. Es un tema básico de transparencia permitir la fiscalización ciudadana. Nosotros hemos dado poder a nuestras autoridades para que gobiernen, pero se nos olvida que no nos hacen un favor, lo hacen por delegación. Lo que busca [el tratado] es garantizar espacios”, asegura.
Para Coz, que nuestra legislación vigente ya contemplealgunas exigencias de Escazú tampoco es un problema, sino una oportunidad de mejora. “Es parte del principio del derecho internacional pacta sunt servanda. Firmar un tratado es indiferente ante tus propias obligaciones, defender a los representantes ambientales igual se debe cumplir, pero si tú adoptas más herramientas para que ese derecho se ejerza es porque precisamente tienes esa buena voluntad de garantizarlo”, considera Coz que también es jefa de la división de Derecho Constitucional del Estudio Iriarte & Asociados.
Aunque también hay opiniones contrarias en ese punto. “Dirán que lo abunda, no daña, pero no es verdad. El Perú tiene una democracia representativa. Participamos a través de nuestras autoridades. Tenemos tribunales, a los congresistas e instituciones como la Defensoría del Pueblo [para tutelar los derechos que toca Escazú]”, manifiesta Ángel Delgado, abogado constitucionalista.
El acuerdo internacional no solo genera diversas corrientes de opinión entre constitucionalistas. En zonas de nuestra Amazonía, como Loreto, también se pueden encontrar posturas opuestas. Como prueba, un botón.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) busca la ratificación de Escazú al menos desde el 2020. En agosto de ese año, Orpio lanzó un comunicado exigiendo que el Congreso emita un dictamen favorable sobre el tratado.
“Orpio se pronuncia para exigir que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, como reconocimiento a la defensa y protección del medio ambiente que por décadas venimos desarrollando como pueblos indígenas, y que cientos de hermanos y hermanas desarrollan a nivel nacional, incluso entregando su vida. Labor que, actualmente, no cuenta con mecanismos de protección de parte del Estado para su implementación”, señala el documento de la organización que agrupa a 26 federaciones indígenas de Loreto.
Pero también hay grupos que se oponen. Está, por ejemplo, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL), antes conocida como el colectivo “No A Escazú». La razón, aseguran sus voceros, es por la posibilidad de que se frustren iniciativas necesarias para la región amazónica.
“Escazú puede tener una buena intención, pero en realidad hay un trasfondo de organizaciones internacionales para tomar control de nuestra Amazonía y que los defensores ambientales tengan derechos superiores. Nos oponemos porque el desarrollo de Loreto ha sido postergado bastantes años precisamente por la intervención de los ambientalistas”, dice Christian Pinasco, presidente de la CDL.
Según Pinasco, la lista de proyectos paralizados por intervención de organizaciones ambientalistas es larga. “El último gran proyecto frustrado es la carretera Iquitos-Saramiza [que conecta con la Costa Norte]. Ha sido denunciada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, que se encuentran en el Marañón. Dicen que no se puede pasar por sus territorios porque son una nación independiente a la nuestra y que, si algún profesional quiere pasar, ellos no garantizan su vida”, afirma la cabeza de la organización loretana.
Si Escazú es el camino para mejorar las cifras de la Defensoría y la ejecución de proyectos ambientales es la interrogante. Seguir su aplicación regional puede ser la clave para obtener una respuesta.
El tratado ya está vigente desde el 22 de abril del año pasado luego de alcanzar 11 ratificaciones, el mínimo necesario, gracias a la adhesión mexicana. El más reciente es Colombia, que aprobó su ratificación el último lunes. Perú no se les sumará por ahora. Al menos hasta nuevo aviso.
La tesis que maneja la Fiscalía indica que estas adjudicaciones serían el resultado de los acuerdos entre Pedro Castillo y los congresistas mencionados. Se apoya, además, en que ´Los Niños´ se abstuvieron en votaciones referidas a cuestión de confianza, censura de ministros e vacancia presidencial. El allanamiento de esta mañana y el posible levantamiento del secreto de comunicaciones podría terminar de esclarecer el detrás de escena del vínculo entre el presidente Castillo y estos congresistas.
El Movimiento Regional Agua de Huancavelica es el más antiguo de los tres que han sido protagonistas en este proceso electoral. Su fundación data de 2015 y, al igual que en los casos de Ancash y Ayacucho, tuvo a su fundador como el candidato a gobernador regional. Samuel Morán Cárdenas de 68 años, a quien sus seguidores se refieren como “padre Samuel” por su paso como docente en una institución educativa religiosa, obtuvo 87,704 votos según el conteo de ONPE, pero no le alcanzaron para superar a su rival del Movimiento Regional Ayni.
La agrupación política de Morán Cárdenas, que se define como independiente, regional y “sin ideologías políticas de codicia y maldad” y también prioriza en su ideario el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, ha tenido a dos candidatos ganadores en las municipalidades provinciales de Angaraes y Catrovirreyna. Pero, además, han sumado veinticuatro alcaldías distritales en Huancavelica.
No obstante, el proceso electoral no estuvo libre de problemas para el padre Samuel. En agosto, el Jurado Electoral Especial de Huancavelica lo excluyó en primera instancia por no haber declarado empresas que tenía a su nombre. “El padre Samuel no tenía la obligación de hacer declaración de estas empresas en su hoja de vida, a razón que desde el 2014, 2016 y 2018, respectivamente había hecho venta de estas acciones”, señaló su abogada Magaly Contreras en declaraciones recogidas por Diario Correo. El candidato de la gota apeló y, finalmente, fue devuelto a la contienda.
Samuel Morán Cárdenas obtuvo el 44.696% en las elecciones del domingo 2 de octubre. Imagen: Diario Correo
Fuerzas políticas jóvenes en años de existencia aunque no necesariamente con candidatos y que encaran las elecciones dándole un lugar importante en sus discursos al cuidado ambiental lejos del debate dicotómico derecha versus izquierda que sí predomina en la capital. Así se podría definir a estos candidatos de la gota de agua que han rebalsado las ánforas de tres regiones del Perú convirtiéndose en una de las alternativas políticas más ganadoras que dejaron las elecciones de este año. A partir del 2023 se verá si sus representantes en más de cien distritos, trece alcaldes provinciales y un gobernador regional logran consolidar el nombre de sus partidos o si, como tantas veces ha ocurrido en la política nacional, son un fenómeno momentáneo.
Lo más llamativo, sin embargo, ha sido la manera en cómo Pacific Latam afirma que ha realizado la labor, la cual se dio “a través de la colocación de 10 notas de prensa de corte utilitario en el 2021 con temas relacionados a la importancia de las operaciones de un relleno sanitario a la comunidad y medio ambiente, logrando 35 publicaciones en medios Tier 1 como El Comercio, Perú 21, El Popular, Correo, Latina.pe, ATV.pe, Trome, Karibeña, Exitosa, Ojo”.
En este documento también especifican que hubo una campaña de medios “a causa del pedido de cierre de los rellenos sanitarios por parte de asociaciones privadas”. Esta consistía en generar entrevistas en medios grandes y en una intervención del Oefa y la Municipalidad de Lima, a través de notas informativas.
Pese a que los problemas con el servicio de limpieza pública de Innova Ambiental ya llevan arrastrándose varios años, no han sido tan difundidos por la prensa. Este reporte de Pacific Latam puede acercarnos a saber por qué.
CitizenGo también tiene rostros visibles en Perú. Por la mañana, ‘La Encerrona’ dio a conocer que sus representantes en nuestro país son Carlos Polo Samaniego y Alejandro Bermúdez, director de ACI Prensa, una agencia de noticias ultraconservadora. Ambos forman parte del directorio mundial de este colectivo.
Ignacio Arsuaga posa junto a un autobús de Hazte Oír, su organización asociada a CitizenGO, con un mensaje contra la comunidad trans.
Las redes sociales de Vox dan cuenta de fotos que prueban una estrecha relación entre ambos personajes. Una de ellas, por ejemplo, los captó en la calle de Génova en el 2014. Otra prueba del vínculo es que, como parte de sus actividades, Hazte Oír premió a Abascal por su labor como presidente de Defensa de la Nación Española (Denaes), una fundación que impulsa el nacionalismo español, en el 2012. En ese momento, Abascal era militante del Partido Popular. Un año más tarde, fundaría Vox.
Este año, la relación entre Hazte Oír y Vox terminó en discrepancias públicas. Todo indica, sin embargo, que han seguido sus caminos para expandir sus posturas antiderechos por Latinoamérica.
Cabe recordar que una comitiva de Vox se reunió con las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular en septiembre del año pasado. El objetivo era que los parlamentarios firmen la Carta de Madrid. Este documento nació en la Fundación Disenso, de la que Santiago Abascal, líder de Vox, es “patrono”, según su misma web. Los firmantes del manifiesto -como los congresistas Muñante y Williams- se comprometen a evitar que dichas iniciativas se consoliden en sus países.
Ese es el trasfondo que esconde la aparición del camión publicitario, un episodio más de la relación entre un sector del Congreso y la derecha más conservadora de España. Esta vez se aliaron contra una asamblea de la OEA que tiene como lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.
A pesar de que su candidatura y la de toda su lista fue declarada improcedente horas antes de los comicios, Joaquín Ramírez lidera los resultados electorales.
“Lo que debería ocurrir es que el JNE emita un pronunciamiento para aclarar estos casos”, comenta Heber Campos, abogado especialista en temas electorales. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el Jurado Nacional de Elecciones no respondió nuestras interrogantes.
¿QUÉ PASA CON ‘LOS TACHADOS’?
Diferente es la situación de los candidatos tachados, algunos de ellos, incluso, anunciados como ganadores en el primer flash electoral (a la espera de lo que diga la ONPE), como Luis Mendieta (San Juan de Miraflores) y José Luis Huamaní (Surquillo). Otros, como Augusto Miyashiro en Chorrillos, se quedaron a nada de conseguirlo.
Para saber qué pasará en aquellos distritos es importante recordar que, en estas elecciones, “nosotros no votamos por candidatos individuales, sino por listas”, como explica José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral. “La foto de los candidatos no sale en la cédula, sino el símbolo del partido. Por lo tanto, votas por la lista del partido”, apunta.
Esto significa que quien tomará las riendas de los distritos son los tenientes alcaldes o regidores de la organización política que obtuvo el primer lugar. Así, por ejemplo, si en San Juan de Miraflores, el ganador fuera el apepista Luis Mendieta, quien asumiría no sería el segundo en las preferencias. En este caso, será la enfermera Delia Castro Pichihua, candidata a teniente alcaldesa de Alianza Para el Progreso, la que ocuparía el sillón municipal.
Y en el caso de Surquillo, donde tanto el alcalde y el teniente alcalde de APP tienen la condición de tachados, la nueva autoridad edil sería la maestra Engracia Retamozo.
En enero de 2014, la empresa -en ese entonces llamada Relima- le envió un oficio a la comuna limeña luego de que esta le solicitara información sobre algunos de sus servicios. Allí, Relima dio cuenta de la situación de dos vertederos con los que contaba, uno de ellos ubicado en El Zapallal. Sobre este, la concesionaria señaló: “la vida útil del relleno sanitario alcanzaría como máximo hasta finales del 2015”.
Sin embargo, esta situación cambió repentinamente. De acuerdo a un comunicado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) de enero de 2021, la vida útil del relleno sanitario se había ampliado “cuatro años y cinco meses”. Esto como resultado de una resolución directoral y un informe de la Dirección General de Salud Ambiental del 2016.
Estas modificaciones se hicieron luego de que se actualizara el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental del relleno sanitario, presentado por la empresa y monitoreado por la Digesa. Con esto, se amplió la capacidad de su infraestructura. Con este cambio, el plazo para que los vertederos pudieran funcionar se extendió hasta marzo de 2021, pero incluso aquella nueva fecha de caducidad tampoco se cumplió.
La última prórroga fue planteada por Innova Ambiental en mayo de 2021. En esta, haciendo un cálculo con el volumen neto utilizado en el relleno sanitario y el que quedaba disponible, la empresa estimaba que la vida útil restante era de seis meses más.
En junio de aquel 2021, un informe del Oefa le daba la razón a esta extensión, afirmando que “aún no culmina la vida útil de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos” y que las prórrogas se basan “en un estimado teórico”. Pese a que la fecha propuesta por Innova Ambiental también ya ha pasado, los rellenos sanitarios siguen operando.
A mediados de agosto, la vicepresidenta del Congreso pechó al Oefa por su actuación en toda esta trama. “Oefa menciona que advirtieron de las situaciones anómalas, pero ¿hicieron algo al respecto?, ¿fiscalizaron el trabajo de esta empresa que incumplía algunas cláusulas del contrato que se había hecho en beneficio de la población? No, no lo hicieron. Hoy los vecinos de Lomas de Carabayllo necesitan una reubicación inmediata del botadero de basura, no buscan un nuevo concesionario”, apuntó.
Entre enero y marzo de 2020, una asociación de abogados organizó dos charlas dirigidas al personal de dicho organismo ambiental. Una de las ponentes invitadas fue la abogada Cecilia Madrid, la cual pertenece al estudio de abogados Oré Guardia. No solo Innova Ambiental es cliente de este estudio, como se señala en la web del mismo, sino que Madrid fue una de las representantes de la empresa en cuestión cuando la municipalidad de Carabayllo fue a hacer la inspección al relleno sanitario. Es decir, los fiscalizadores capacitados por la fiscalizada.
Para demostrar legalmente que se trata de la misma obra, un perito debe analizar ambas creaciones y llegar a una conclusión. Y aunque el BCRP hace hincapié en que su obra es original por los nuevos elementos añadidos, Jorge Córdova sostiene que para determinar la originalidad de una obra, lo que se analiza son las semejanzas, no las diferencias. Por su parte, el abogado Alaín C. Delion dice estar seguro “en un 98% de que los resultados arrojarán que es la misma foto”.
Pero el Banco Central de Reserva tiene otro argumento para respaldar su accionar. Según su explicación, hay una excepción en el Código Civil que establece que, para la utilización de la imagen de una persona con notoriedad pública, no es necesario contar con su permiso. Sin embargo, esto se sale del ámbito de los derechos de autor y entra al terreno del uso de imagen y voz de las personas. “Esto se refiere a que no es necesario pedirle permiso a la familia de Arguedas para poner su imagen en el billete. Pero eso no excluye el hecho de que se debió pedir permiso a la familia del fotógrafo para usar su creación”, aclara Córdova, quien se desempeñó como ejecutivo de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.
SIEMPRE LO MISMO
Esta no es la primera vez que se toma una fotografía de Pestana y se usa sin su consentimiento. Durante el primer gobierno de Alan García, el BCRP usó un retrato que el artista tomó a Haya de la Torre para usarlo en el billete de 50 mil intis.Tampoco pidieron permiso. “En ese entonces ‘Baldo’ todavía estaba vivo y se indignó. No pudimos hacer nada porque nos enteramos muy tarde, después de varios años. Pero esta vez sí estamos a tiempo”, dice Carmen Rico.
“Es muy común que no se respeten nuestros derechos de autor. Esto es solo una muestra. Las fotos no cayeron de los árboles, tienen un dueño, pero muchas veces se pasa por alto”, dice Herman Schwarz. Y agrega resignado: “¿Cuántas veces no he paseado por Chorrillos y me he sorprendido al ver mis fotos sin créditos y sin que me hayan pedido permiso para usarlas?”.
Esta es una sensación compartida. Raúl García, de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, explica que ahora con internet es más fácil que otros tomen su trabajo. “Tenemos muy poco control sobre nuestro propio trabajo”, lamenta. Y es que, como las personas ven las imágenes en la red, piensan que pueden usarlas libremente.
“Pero no es así. Si la imagen está en Internet se tiene que averiguar de quién es. Seguramente los del BCRP, como vieron la fotografía de mi tío en alta definición, la tomaron y pensaron que podían usarla como quisieran. Pero el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Además, ¿cómo una entidad del Estado con un departamento legal no va a conocer sus propias leyes?”, cuestiona la sobrina de Pestana.
Durante el primer gobierno de García, también se usó una fotografía de Pestana en el billete de 50 mil intis. Nunca le dieron los créditos. Composición: Facebook Herman Schwarz.
Nos contactamos con el área de prensa del Indecopi, organismo estatal encargado de proteger los derechos de autor, para solicitar una opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Mientras tanto, el rostro de Arguedas, que Pestana inmortalizó hace más de 50 años, sigue circulando de mano en mano sin que se le dé reconocimiento al fotógrafo.
