Según CPI, en el primer lugar se ubica el candidato Juan Carlos Zurek, de Avanza País (20,5%). Luego se encuentran Esteban Uceda, de Renovación Popular (14%); Luis Carlos Iberico, de Alianza para el Progreso (8,7%); Julio Martínez, de Podemos Perú (6,3%); etcétera.
En ambos casos, la estadística reportada no coincide con las cifras que presentó la encuesta falsa de Datum.
Conclusión
La publicación que atribuye a Datum dos supuestos simulacros de votación para los distritos de Cieneguilla y La Molina es falsa. Datum Internacional desmintió haber realizado tales encuestas electorales. Además, las cifras del posteo falso no coinciden con los estudios de opinión publicados por encuestadoras registradas para esos dos distritos limeños.
En 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación contra Castillo Venegas, luego de que se difundieran grabaciones de 2015 en donde él estaba involucrado y que configuraban un presunto delito. Por entonces Castillo era Decano de la mencionada facultad y miembro de una comisión para un concurso público de contratación de docentes. En la conversación grabada –por un profesor de la facultad–, Castillo Venegas hablaba de un manejo político de este concurso.
Castillo: De cuatro vacantes, que César me pida una, bueno, sí es factible darle. Pero, de una, que me pida una, ni fregando [risas]. Eso es imposible, eso no lo vamos a practicar ni fregando, si sabe que es la perpetuidad del grupo, aquí interno ¿cierto?, ese es el tema. Por eso, mira tú, dile a Armando, todo mi cariño para él, pero que se está analizando, tanto las fortalezas como las debilidades. Eso le tienes que decir hermano, lo mismo que yo le he dicho. Yo precisamente estoy esperando reunirme con Alberto Chumacero, para ver, y también políticamente…
Profesor: ¿Él también conforma la comisión?
Castillo: Si es su departamento, pues.
Castillo: Para ver, políticamente compadre, tomar una decisión hermano y por ahí transitar, definitivamente esos tres profesores van a ser nombrados, sí o sí, pero para ver quién va primero, tenemos que esperar, ese es el tema.
Cuando le consultamos sobre este tema, el abogado respondió que el caso fiscal ya se había archivado, que en varios campos de la vida –incluyendo los concursos públicos– se “hace política” y que quería “escoger a los mejores”. “No nos rasguemos las vestiduras con un simple decano, con la elección de un profesor”, agregó.
Pero ahí no acaban las controversias de Castillo Venegas. Como asesor legal de la universidad, ha defendido la prolongación del mandato del rector Santos Montaño, pese a que la Sunedu ha reportado indicios de fraude en su elección, lo que debería derivar en una convocatoria a nuevas elecciones. El argumento de Castillo en este caso ya es conocido: la “autonomía universitaria”.
Mientras fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Castillo también fue investigado por la Contraloría debido a un presunto mal manejo de la caja chica para adquirir servicios de impresión, librerías y candados, durante su gestión y la de su sucesor. Según el informe de la Contraloría, los propietarios y encargados de los negocios en cuestión mostraron una boleta de venta distinta a la que declaraba la universidad. Esto la llevó a concluir que las boletas “fueron emitidas por operaciones no reales y/o inexistentes” y que se trataría de “comprobantes de pago presuntamente falsos, cuyo monto asciende a S/ 2,410.00”.
Castillo Venegas se defiende de este caso basándose en la falta de acciones posteriores por parte de la entidad supervisora: “la Contraloría se quedó satisfecha porque no planteó ninguna denuncia ni investigación fiscal. Hay cuestiones más importantes que encargarse de las boletas que estaban cuestionadas, por un importe de 150 soles. Además, la que realiza el importe es una secretaria”, sostuvo.
El abogado y profesor que ha sido elegido por los rebeldes rectores también mantiene tres deudas coactivas de la SUNAT, que suman casi 40 mil soles. “En el Perú, todos tenemos alguna deuda pendiente. Yo reconozco mi deuda y en su momento se va a pagar”, respondió al respecto, pese a que dos de estas deudas son de 2014 y 2015. “Eso está en la esfera de lo personal, amigo: si pago o si no pago. No debería ser cuestionado por eso”, agregó.
Las deudas que acumula Castillo Venegas en la SUNAT
Dentro de los cargos que ha ostentado Castillo Venegas se encuentran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Decanato en el Colegio de Abogados de Piura y la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. También dirige ‘Castillo Venegas abogados consultores’, que brinda asesorías en entidades como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, Indecopi, entre otros.
Ahora, en sus palabras, va a estar en un “apéndice del Ministerio de Educación”, donde Castillo Venegas asegura que mantendrá su independencia respecto a los rectores que lo eligieron. Para él, la Sunedu ha funcionado, pero debe mejorar con estos polémicos cambios propuestos por el congresista Esdras Medina. Por el momento, se encuentra esperanzado por la apelación que el Congreso presentó contra la decisión de declarar fundada la demanda de amparo.
“Yo creo que el superior de jerarquía, que es la Sala Superior Constitucional, va a resolver. Toca esperar nomás”, afirma. Cuando le preguntamos si no consideraba prudente, entonces, esperar a la decisión en segunda instancia para aceptar el cargo en la Sunedu, dio una peculiar respuesta: “Lo prudente es otra cosa, nosotros nos manejamos por el tema de legalidad”.
Esto también podría ser lícito si se hubieran seguido los procedimientos establecidos. Pero no ha sido el caso. Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es el Consejo Directivo el encargado de proponer la escala remunerativa. En este caso, la gerencia general ha tomado la decisión de aprobar estos cambios por su cuenta sin la aprobación del Consejo Directivo.
Según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobar los aumentos no era una competencia del gerente general.
SIGUE EL HOSTIGAMIENTO
Pero los problemas en Cenfotur no se limitan a este irregular aumento de sueldo. El caso de la jefa de encargada de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, Tania Zurita Sánchez, a quien se le abrió un proceso disciplinario por no someterse a las presiones de Víctor Sotelo y compañía para hacer un uso injustificado del presupuesto y contratar más personal, ha continuado pese al cambio de la directora nacional.
Pese a los pedidos para que se revisen las irregularidades del caso, como la denuncia penal que existe por parte de Tania Zurita contra el gerente general Neri Manrique León, quien ha sido el encargado de firmar la sanción, el proceso disciplinario ha concluido con una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por un año para Zurita Sánchez y una injustificada mancha en su expediente. Su supuesta ‘falta administrativa’ fue haber exigido que los procedimientos en Cenfotur para aumentar el presupuesto y realizar nuevas contrataciones se realicen de acuerdo con las normas establecidas y con el sustento correspondiente.
Aunque se denunciaron las irregularidades en el proceso disciplinario, la jefa de encargada de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, Tania Zurita Sánchez, fue suspendida por un año sin goce de remuneraciones.
Todo parece indicar que el cambio en la dirección de Cenfotur simplemente ha sido un cambio de nombres. El accionar puertas adentro sigue el mismo preocupante rumbo que se había tomado meses atrás, cuando Víctor Sotelo llegó al cargo. Sudaca intentó comunicarse con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para obtener su versión sobre este caso, pero no respondieron nuestras preguntas hasta el cierre de este informe.
Como fuese, la prohibición dentro del GORE Junín –entidad responsable de la construcción del Puente Cantuta– existe. Y el informe de control señala otra situación que se agrega a los problemas derivados de esta contratación: lo normal es que el supervisor (Ana Ríos y Serconsult) haga consultas al proyectista sobre cualquier aspecto de la obra. Y en ese caso, quien debería absolver estas consultas sería la misma Ana Ríos, en su calidad ya no de supervisora, sino de jefa del estudio del expediente técnico. Es decir, en palabras de la CGR, “siendo juez y parte del citado procedimiento”.
Consultamos con la aludida si es que tenía conocimiento de dicha directiva, a lo que respondió que no, y “que las leyes estaban por encima de las directivas internas”. Explicó también que “es un absurdo que a la vez voy a ser jefe de estudio y supervisor” porque su trabajo como jefa de estudio terminó en el 2020, cuando entregó el expediente técnico. Aseguró, además, que ya interpuso una demanda por abuso de autoridad contra el equipo que elaboró el informe de la Contraloría.
La entidad no considera a Ríos responsable por los hechos presuntamente irregulares, pero sí a Luis Oré porque él, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprobó el expediente elaborado por la ingeniera. Por lo tanto, sabía quién era ella y que se encontraba impedida de contratar para la supervisión de la obra. Consultado por la Contraloría, el ahora exfuncionario alegó que recién tomaba conocimiento de que Ana Ríos Padilla formaba parte del staff contratado por Sima Perú para la elaboración de la reformulación del expediente técnico.
También reconoció que, efectivamente, “el consorcio estaba impedido de ejecutar la supervisión de la citada obra, y que pese a que la citada ingeniera conocía de tal impedimento, decidió transgredir el principio de presunción de veracidad al presentar documentación falsa o inexacta en el proceso de contratación”. Sin embargo, en comunicación con Sudaca, Ruiz Oré se contradijo y sostuvo que el órgano de control ha interpretado las normas de forma incorrecta.
Los otros responsables penales son los funcionarios del GORE Junín Carlos Pérez y Luis Hinostroza. Nos comunicamos con ambos por medio de Facebook y Linkedin –pues sus números telefónicos se encuentran fuera de servicio–, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Es posible que pronto tengan que hacerlo, pero ante un fiscal anticorrupción.
Según una nota de Epicentro de inicios de año, en la lista de Gallardo figuraba Mejía, a quien quería asignar a la Dirección contra la Corrupción o a la Dirección de Lavado de Activos. Nada menos. Con la salida de Gallardo, aquellos cambios no se dieron. Mejía pasó a la Dirección de Medio Ambiente y luego a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hoy, sin embargo, es inspector general y número 3 de la PNP.
Mejía –ha recordado el periodista Daniel Yovera– fungió de “sheriff” del cuestionado exrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervanes Liñán. Según el informe periodístico, Mejía realizaba acciones de supervisión, vigilancia y control a los alumnos de la universidad, desde su cargo de jefe de Seguridad y Protección Interna.
Pedro Castillo ha realizado los cambios más peligrosos en la institución, no solo por el elenco, sino por la oportunidad: en medio de las acusaciones por corrupción contra el mandatario, lo que temen los oficiales es que se copen las plazas con el objetivo de controlar la institución al antojo del jefe de Estado y su camarilla.
Varios oficiales entrevistados para este informe coinciden en señalar que los siguientes objetivos, además de Colchado, serán el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote, y el coronel Franco Moreno. “Alfaro tiene la personalidad para oponerse, pero ahí se van a producir las fricciones. Sabemos que van a hacer todo lo posible para sacarlo”, dice un alto mando de la Policía. “Los que están atrás de la cadena de mando son los que están empujando para promover todos estos cambios”, asegura a Sudaca otro oficial.
Coronel Franco Moreno, General Óscar Arriola y coronel Harvey Colchado. Peligran sus cargos.
Hay quienes advierten otras influencias. La de Guillermo Bermejo, por ejemplo. No solo por aquella reunión en el despacho de Barranzuela donde su abogado coincidió con Vicente Álvarez, en octubre del año pasado. Bermejo se reunió con el presidente Pedro Castillo también el 26 de agosto, un día antes de los últimos cambios en el alto mando. La cita se dio entre las 4:50 pm y las 7:18 pm.
El último martes, en RPP, el periodista Omar Mariluz señaló que fue Bermejo quien sugirió no solo cambiar al alto mando policial, sino al ministro Willy Huerta porque “no se estaba protegiendo a la familia del presidente”. En comunicación con Sudaca, el congresista de la bancada Perú Democrático negó esta versión. Descartó, en cambio, que en la reunión con el jefe de Estado se haya hablado de cambios en la PNP y aseguró que no tiene idea de qué temas se trataron en la reunión de octubre entre su entonces abogado, el entonces ministro Barranzuela y el general Vicente Álvarez. De momento, y a la espera de que se desarrollen los acontecimientos, el ambiente dentro de la Policía Nacional está marcado por la incertidumbre y la sospecha.
Hay una contradicción más en esta historia, y tiene que ver con el destino de los antiguos vehículos, los 18 que fueron adquiridos en 2005 cuando se renovó el contrato. “Actualmente estos vehículos están a disposición de la MML en el predio donde se ubica la planta de transferencia ‘Huayna Capac’”, señala Innova Ambiental en la respuesta que dio por escrito.
Sin embargo, esto no concuerda con la versión de la MML, la cual dice que estos “aún no pasan a la comuna limeña debido a que dicho contrato de concesión aún no finaliza”.
En lo que sí coinciden ambas partes es en que decidieron dar respuestas puntuales por escrito y no accedieron a brindar una entrevista para brindar más detalles. En el caso de la comuna de Lima, arguyeron que es porque no tienen un vocero para explicar la totalidad del tema. Innova Ambiental optó, más bien, por no responder el correo donde se solicitaba hablar con algún miembro de la empresa.
Intentamos establecer contacto con el medio aludido, sin embargo, no se concretó ninguna comunicación. Desde el movimiento regional, dijeron a PerúCheck que desconocen el origen de la imagen, y sostuvieron que se trataría de una estrategia para desprestigiar al candidato a la alcaldía de Huancavelica, Toribio Castro.
Conclusión
PerúCheck afirma que es falso que Lionel Messi haya posado con una camiseta del Movimiento Regional Ayni de Huancavelica en apoyo a un candidato.
El 6 de junio del 2022 el INPE emitió otra resolución directoral sobre el reo Humala. Esta vez, se quedaba en la cárcel nuevamente por una cuestión numérica. Sumada su reclusión efectiva más su pena redimida llegaba a los 18 años, 10 meses y 18 días. Por lo tanto, no pudo ser liberado.
Finalmente, el 8 de julio, Humala lo volvió a intentar y esta vez sí se salió con la suya. “Ya era una situación que el transcurrir del tiempo haría que se llegara a ese objetivo. Es decir, a que se le contabilice su carcelería efectiva más su reducción efectiva. Es por eso que, en la siguiente resolución directoral del 17 de agosto del 2022, el establecimiento penitenciario de Ancón II le otorga la libertad”, manifestó Omar Méndez ante la Comisión de Justicia del Congreso.
Esas fueron algunas de las arduas tareas que permitieron a Humala Tasso salir libre el último 20 de agosto. Un camino con paradas culinarias, épocas festivas y dibujos animados japoneses. El tiempo dirá a qué se dedicará Antauro ahora que ya está en libertad, y si esas “capacidades logradas” le sirvieron para algo.
El ONP es un Activo Crítico Nacional (ACN) y la legislación provee de medidas para su intangibilidad y la continuidad de sus operaciones, pero esto no ha ocurrido a pesar de las importantes pérdidas económicas que genera su paralización y el grave daño ambiental que genera un derrame de petróleo. Es indispensable que el gobierno aplique esta regulación, garantice la integridad y seguridad del ONP, identifique y denuncie a los responsables de estos delitos ambientales y contra la propiedad pública, para que respondan ante la justicia, porque el respeto a la ley y a la autoridad debe ser exigible a todos los peruanos por igual, señala la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Actualmente, la operación del ONP está en números rojos y eso también lo sienten las empresas privadas que trabajan con Petroperú. Es el caso de Perenco, que opera el lote 67 y aún no puede llevar a Puerto Bayóvar el petróleo su producción del 2021. La empresa estima las pérdidas por esto en unos US$40 millones.
En una situación parecida se encuentra Petrotal, que opera el lote 95. Esta compañía firmó contrato con Petroperú en 2019 y desde entonces ha pasado 420 días sin poder transportar su crudo, principalmente por la conflictividad social. Esa pausa, afirma la empresa, representa pérdidas de 220 millones de dólares.
Actualmente Petrotal saca su petróleo por vía fluvial, lo que encarece su costo respecto a la opción de usar el ONP. “Si la vía es fluvial, no llega a la Refinería Talara. El costo se incrementa para varios. El Perú consume 250 mil barriles por día y hoy produce 40 mil. Ese déficit ahorca la economía nacional. Sin el oleoducto no hay salida sencilla”, asegura Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas.
El recorrido del Oleoducto Nor Peruano incluye las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.
Para reaccionar, Aurelio Ochoa, cree que el gobierno debe recordar que la situación del ONP repercute afuera. “Disuade a los inversionistas extranjeros que ven que su petróleo no puede ser evacuado de ser encontrado. ¿Cómo me aventuro a invertir en la Amazonía peruana así? Es un punto de reflexión para que las autoridades analicen y tomen decisiones”, asegura el expresidente de Perupetro.
En tanto siguen las labores para restablecer la operatividad del ONP, Petroperú realiza constantemente trabajos de mantenimiento en sus tres tramos, así como la inspección interna con raspatubos. Asimismo, la empresa asegura que viene trabajando en la implementación de un patrullaje aéreo con naves no tripuladas, con el fin de salvaguardar su integridad a lo largo de su recorrido por cinco regiones del país.
Esta es la actualidad del ONP. Una estructura crucial para el desarrollo nacional que ya transportó 970 miles de millones de barriles a lo largo de sus décadas de historia, y actualmente no transporta ni uno. En tiempos como estos, en los que el precio del petróleo está otra vez por las nubes, y en los que se vuelve a hablar de soberanía energética, de reducir la dependencia de recursos importados y de darle a Petroperú un papel más protagónico en el mercado de hidrocarburos, llama poderosamente la atención que el Ejecutivo se haga de la vista gorda.
