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A manera de historia

Durante los últimos días de 2004, hace exactamente dieciocho años, el mayor del Ejército en situación de retiro Antauro Humala Tasso y 160 reservistas de la misma institución se desplazaron hacia Andahuaylas, Apurímac para en la última noche del año tomar la comisaría de la ciudad, rendir a los diez custodios que se hallaban en ella y, tras apoderarse de un centenar de ametralladoras, pistolas y escopetas, exigir la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. Tres días más tarde, luego de asesinar a varios policías y a pesar de contar con el apoyo de la población, Humala y sus seguidores se rindieron ante el general PNP Félix Murazzo y el general de División José Williams, actual presidente del Congreso de la República y número uno en la línea de sucesión gubernamental.

Una vez rendidos, Humala y los reservistas que lo habían acompañado en su aventura insurreccional fueron embarcados a Lima y trasladados a un penal de máxima seguridad. Tras el juicio, varios reservistas fueron exonerados de penas, algunos condenados a prisión y Antauro Humala inició una larga batalla judicial contra el sistema, intentando salir lo más pronto posible de la cárcel para intentar conseguir el viejo sueño familiar: ser Presidente de la República. Representado por diversos abogados, todos ellos capitaneados por Isaac Humala, padre del insurrecto, Antauro Humala tuvo que conformarse con ser hermano del hombre que asumió la primera magistratura en julio de 2011, Ollanta Humala.

Protagonista de múltiples incidentes durante su carcelería y, sobre todo, en las muchas audiencias judiciales televisadas o no, Isaac Humala apuntó su estrategia a conseguir dos cosas, primero, conseguir que el mayor Humala, cada vez más intolerante, estuviera siempre en el candelero, y, segundo, que mediante los reglamentos de redención de pena por trabajo saliera más temprano que tarde de prisión.

No todo ha sido favorable para Ayala. El 25 de octubre del presente año, el Poder Judicial rechazó su pedido para anular la decisión de la Fiscalía de la Nación que había ampliado la investigación en su contra por el presunto delito de organización debido a presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, en el año 2021.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” un recurso de tutela de derechos presentado por el mismo. Mencionó que no había motivaciones para que el fiscal disponga su inclusión en la presunta red criminal en el gobierno de Pedro Castillo, por ello, el delito imputado en su contra “no calzaba” en su caso.

En el proceso de esta investigación, el último lunes, el Ministerio Público informó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro de Defensa y de un grupo de generales de la Policía Nacional que son investigados por los presuntos ascensos irregulares en las FF.AA. El operativo se dio en horas de la madrugada y dándose la detención de tres oficiales generales de la policía y otras personas. Resultado de esto también se allanaron 27 inmuebles en distintos puntos del país.

La Inspectoría General de la Policía Nacional también remarcó su competencia funcional para la determinación de responsabilidades administrativas disciplinarias. Por su parte, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un operativo contra los generales investigados por la entrega de dinero para ascender de rango en el 2021, en la investigación se detalla que fue con autorización del expresidente Pedro Castillo.

El Ministerio Público detalló a la opinión pública: “El Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021”, manifestó a través de Twitter.

Un pedido sin sustento

Pese a que, hasta la fecha, los congresistas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Renovación Popular insisten en la necesidad de remover del cargo a las autoridades de ONPE y JNE, el Congreso no encontraría un camino sencillo para lograrlo.

Sudaca dialogó con Javier Albán, abogado especialista en temas electorales, para conocer la viabilidad de esta propuesta que vienen impulsando algunos congresistas. “Una de las garantías del sistema electoral es que está separado del poder político. No hay cómo desde el Congreso puedan sancionar al JNE. No puedes hacerle una acusación constitucional”, señala el abogado.

Según comenta el especialista, tanto la ONPE como el JNE se pueden respaldar en el artículo 99 de la Constitución en el cual se establece quiénes pueden ser acusados por el Congreso y en esta lista no figuran los responsables de los órganos electorales.

«Tendrían que hacer una reforma constitucional que los incluya», explica Albán sobre el único camino que tendría el Legislativo para poder sacar del cargo a los titulares de ONPE y JNE. Sin embargo, resalta que, incluso si lo intentan, el Tribunal Constitucional podría intervenir y esta medida quedaría sin efecto.

“Cualquier persona que tuviese la intención de torcer el proceso electoral no podría porque el poder está dividido”, señala Albán y agrega que el pleno del JNE, conformado por cinco integrantes, es designado por el Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.

Sobre la situación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el abogado explica lo siguiente: “En la ONPE es distinto porque es un organismo más técnico que no necesita la labor de jueces que analicen derecho. Está compuesto por gente con conocimientos técnicos y son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público”.

Sin embargo, no siempre se conformó de esta manera y hubo un tiempo en que podría haber despertado sospechas con verdadero sustento. Javier Albán relata que, hacia finales del siglo XIX, existía la Junta Nacional Electoral y en esa época sí incluía representantes del Ejecutivo y Legislativo. “Imagínate las dudas que habría si tuviera representantes del poder político como el Congreso”, agrega.

El Jurado Nacional de Elecciones no ha tardado en expresarse ante las declaraciones y exigencias realizadas por algunos parlamentarios durante los últimos días y ha señalado como inconstitucional la posibilidad de una ley que les permita intervenir en el sistema electoral tal como pretenden plantear desde el Congreso.

Los caminos del Congreso para ejecutar lo que parece ser una venganza sin sustento parecen totalmente bloqueados y la insistencia en estas propuestas y relatos de fraude terminan siendo más un estímulo para la convulsión social que una chance del Legislativo para recuperar credibilidad en la población.

La cuota ultraconservadora

Pero, además de Jorge Chávez, hay otro ministro cuyas capacidades al frente de su sector son puestas en duda. Se trata de Oscar Becerra, el nuevo ministro de Educación. Becerra Tresierra, quien fue director de Tecnología Educativa del Minedu en el pasado, se muestra en redes sociales como un férreo opositor al enfoque de género y tiene expresiones agresivas contra la comunidad LGTBI. A ello se le suma que Becerra acusa a ONPE de “poner” a Pedro Castillo como presidente.

Sin embargo, hay más razones para tomar con preocupación su llegada al Minedu. Según un informe periodístico realizado por el periodista Marco Sifuentes en 2012, Becerra estuvo involucrado en una cuestionada compra de laptops durante el gobierno de Alan García que le costaron al país un aproximado de 150 millones de dólares. Una compra que, como señala el informe, se habría realizado sin el proceso de licitación correspondiente y terminó con un incendio en los almacenes del Minedu que destruyó cuarenta mil de estos dispositivos.

Con estas nuevas designaciones, por más que sean aceptadas y hasta defendidas por un sector del Congreso y las conocidas cuentas troll en redes sociales, ponen al gobierno de Dina Boluarte ante un panorama complejo en el que un discurso más cercano al del repudiado Congreso la podría distanciar todavía más de una población que parece implacable en su lucha contra el Ejecutivo.

La síntesis de la historia es simple: Walter Ríos le dice a la justicia que alguien cometió un crimen, luego aparece el autor del crimen quien confiesa ser autor del delito y da detalles al respecto, refutando lo que Ríos ha señalado; sin embargo, a Walter Ríos le conceden beneficios y se los niegan a quien confiesa y dice la verdad. ¿Por qué el expresidente de la Corte del Callao no le contó a la Fiscalía que quién le entregó el examen escrito para jueces supremos fue el empresario Óscar Peña Aparicio y que efectivamente recibió ayuda en dicho examen del operador fujimontesinista José Luis Cavassa Roncalla? ¿Por qué calló algo tan importante y/o por qué los fiscales de ese tiempo callaron lo que efectivamente dijo? ¿A quién Ríos quiso ayudar o a quién quiso perjudicar?

La venganza de Walter Ríos 

Una de las cosas que caracteriza a Walter Ríos Montalvo en su proceso de colaboración eficaz y en las diversas declaraciones que brinda es que cada vez que los medios de comunicación publican alguna noticia en su contra o mencionan que alguien lo desmiente sale lanza en ristre a declarar en las investigaciones abiertas y como toro bravío embiste a todo aquel que se le cruza en su camino y osa enfrentarlo. La verdad le es incómoda si es que no se ajusta a sus intereses. Sus declaraciones son auténticos ajustes de cuentas.

Un ejemplo de ello pasó con sus abogados defensores Juan Miguel Servigón Nakano y Alex Ganoza Céspedes quienes luego de concurrir a declarar como testigos en diversos despachos fiscales entre marzo y octubre del 2019 son sindicados de manera temeraria por su antiguo cliente de haber intentado forzar sus declaraciones para supuestamente favorecer al abogado José Luis Castillo Alva. Esta declaración de Walter Ríos se produjo el 22 de noviembre del 2019 y aparece en escena luego que el semanario Hildebrandt en sus trece publicara el 15 de noviembre del 2019 un artículo titulado “Ríos de lodo” en donde se da cuenta a la opinión pública del Informe de Incidencia N° 1 del 20 de septiembre del 2019 que elevó la Dra. Rocío Sánchez Saavedra a la Fiscalía de la Nación en el que relataba el cambio de versión de Walter Ríos en contra del abogado Castillo Alva y como sustento de dicho informe se anexó vídeos del área de prevención del Penal Piedras Gordas donde se observa a Ríos recibir la visita clandestina (no declarada) del abogado de José Luis Cavasa Roncalla, el libro de cuaderno de visitas y las declaraciones de los abogados Juan Miguel Servigón Nakano y Alex Ganoza Céspedes.

Walter Ríos, pese a que el 22 de noviembre del 2019 fue citado a declarar por otros hechos, enfiló sus baterías de la manera más grosera y descarada en contra de sus ex abogados que lo habían desmentido en relación a algunas declaraciones que venía realizando y todo ello ocurrió una semana después de que un medio de comunicación publicara una información debidamente documentada que señalaba el cambio en sus declaraciones. Ríos no perdona que alguien lo desmienta o llegue siquiera a objetar alguno de sus dichos. Para ello utilizaba su colaboración eficaz y la impunidad de sus declaraciones que le proporcionaba la Fiscal Fanny Quispe. Podía hablar y disparar a su antojo, sin el temor a que algo le pueda pasar.

Según fuentes, los abogados Juan Miguel Servigón Nakano y Alex Ganoza Céspedes habrían manifestado, sobre las afirmaciones vertidas por su ex patrocinado, su absoluta disconformidad señalando que es absolutamente falso lo indicado por Ríos, que la Fiscalía nunca les notificó algo y que una vez que fueron advertidos informalmente de lo que comentaba se entrevistaron con los fiscales Fernández Alarcón y Quispe Farfán quienes lamentaron las palabras de Walter Ríos y, por el contrario, reconocieron sus aportes a la investigación, ya que fueron ellos los que convencieron a su antiguo cliente de acogerse al beneficio de la confesión sincera y la colaboración eficaz. También habrían señalado que guardan en su poder las diversas conversaciones que tuvieron por whatsapp con los familiares del encarcelado expresidente de la Corte de Justicia del Callao y que hablan de la integridad y la transparencia de su actuación profesional.

Como se observa Walter Ríos es un huracán que no quiere dejar algo en pie a su paso. No solo traicionó a su país, a su familia, a la justicia peruana que lo cobijó como juez, sino a cuanta persona se le acerca.   Es grave que Ríos haya cometido delitos cuando era Presidente de la Corte de Justicia del Callao, pero es más grave que luego que fue detenido y se acogió a beneficios para reducir su pena siga delinquiendo y sorprenda a las instituciones del sistema de justicia.

“Los machetes tenían el sello de donde los habían comprado. Es difícil que un campesino venga con machetes nuevos. Es completamente inaudito pensar eso”, comenta Wilder Sánchez sobre las imágenes mostradas por la policía. Mientras, para el abogado Mayta Frisancho, esto sería un intento de mostrarlos como terroristas pese a que “se ha hecho un registro personal a cada campesino y no han encontrado nada”.

“Los campesinos hemos sufrido mucho. Hemos tenido líderes que han sido asesinados por los dos bandos, tanto por los alzados en armas como por las Fuerzas Armadas”, cuenta el presidente de la Confederación Campesina y agrega que, si bien los campesinos tuvieron simpatía por Pedro Castillo durante la época de campaña, ellos no respaldan sus acciones. “Estamos dispuesto a trabajar con cualquier gobierno y eso no quiere decir que uno sea portátil de un gobierno”, expresó.

Cerca de la medianoche del sábado, los campesinos intervenidos fueron liberados más de doce horas después del ingreso de la policía al local de la Confederación Campesina del Perú. “El daño está consumado, ya se les ha agraviado. Se han difundido imágenes y nombres. Los hicieron ver como terroristas”, comenta el abogado Mayta Frisancho y reclama el accionar de las autoridades. “El mismo premier había dicho que el derecho a la reunión no sería suspendido. No hubo un mandato judicial de allanamiento”, comentó a Sudaca.

UN ANTECEDENTE ALARMANTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) realiza una intervención que genera sospechas. En sus antecedentes cuentan con el tristemente célebre Operativo Olimpo. Ese megaoperativo policial fue presentado ante los medios como la captura de 77 personas que supuestamente tenían conexión con Sendero Luminoso y, luego de haberlos tenido encarcelados por un año y medio, debieron ser liberados por falta de pruebas.

El vandalismo en las recientes manifestaciones contra el gobierno es innegable. En el informe publicado por Sudaca titulado “La lógica detrás de las protestas sociales”, los propios dirigentes de los movimientos reconocían que había infiltrados y que ellos mismos estaban realizando los esfuerzos necesarios para ahuyentarlos. Sin embargo, el intento de vincular las manifestaciones con grupos terroristas, el popular “terruqueo”, hoy sólo podría generar más desconfianza hacia las autoridades si no está correctamente sustentado y si los procedimientos se ven ensombrecidos.