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Nueva crisis en el Ministerio de la Producción. En los últimos meses se ha producido la llegada de funcionarios con un historial que despierta dudas sobre los criterios empleados en el proceso de selección.

El Ministerio de la Producción sería la nueva víctima del gobierno de Dina Boluarte y sus deficientes criterios para designar funcionarios. Bajo la gestión del ministro Sergio González Guerrero, el sector a su cargo le abrió las puertas a más de un personaje que no cuenta con el mejor historial.

Sudaca pudo revisar las designaciones realizadas en el ministerio y se encontraron nombramientos que llaman la atención. Desde un exgerente  municipal cuestionado por su deficiente trabajo hasta un antiguo integrante del despacho presidencial de Dina Boluarte han obtenido puestos importantes en un hecho que, una vez más, genera desconfianza hacia un gobierno que no parece tener interés en rodearse de los funcionarios más capacitados.

¿PREMIO A LA INEFICIENCIA?

El viernes 27 de diciembre del año pasado, mientras la mayoría de peruanos se distraía disfrutando las fiestas de fin de año, el Ministerio de la Producción emitió la resolución ministerial n° 000503. Con este documento daban a conocer que, desde el 2 de enero del presente año, el cargo de asesor de la secretaría general del Ministerio de la Producción sería el señor Luis Alberto Andrade Olazo.

Cristian Rebosio

En su trayectoria laboral, Andrade Olazo contaba con un paso por la Municipalidad Provincial San Román, en donde se había desempeñado en el cargo de gerente municipal desde julio del 2023 hasta agosto del 2024. No obstante, su paso por esta municipalidad no habría estado plagado de elogios ni buenos recuerdos.

Cristian Rebosio

Sudaca pudo conocer la información, o más precisamente cuestionamientos, que presentaron medios regionales durante el paso de Luis Alberto Andrade Olazo por la gerencia municipal de San Román. La principal crítica con respecto el trabajo del recientemente designado asesor del Ministerio de la Producción  se centra en el mal uso del presupuesto que tenía disponible.

Para enero del año pasado, cuando Andrade Olazo llevaba varios meses en la gerencia municipal, la ejecución presupuestal en San Román apenas alcanzaba el 50.8% y, acorde a lo informado por el portal El Objetivo, el municipio había quedado en los últimos lugares en lo que respecta a ejecución del presupuesto disponible en comparación de las trece provincias de la región.

Estos resultados mediocres llevaron a que se ponga mayor atención en el trabajo de Andrade Olazo y su idoneidad para el puesto que ostentaba. Entre estas críticas se señalaba que el gerente municipal desconocía los problemas de la zona debido a que era un funcionario que había sido traído desde Cusco. “El alcalde trajo a gerentes de otros lugares que no conocen la realidad de la provincia”, fue una de las críticas de Orlando Fernández, expresidente de la Central de Barrios de la ciudad de Juliaca, al gerente municipal en declaraciones que brindó a Pachamama Radio.

Pero, además, este descontento incrementó cuando se conoció el cuantioso salario que recibía Andrade Olazo y que superaba los diecinueve mil soles mensuales y que, para cuando se produjeron las críticas, ya había acumulado un total de S/ 115,872.00. Claro que esto no impidió que sea premiado con un cargo en el Ministerio de la Producción.

LA CUOTA BOLUARTE

Tal como lo ha puesto en evidencia Sudaca y diversos medios de comunicación, el gobierno de Dina Boluarte se ha caracterizado por entregar ministerios y otros cargos importantes a personajes ligados a diversas agrupaciones políticas que, casualmente, tienen una importante presencia en el Congreso y son el soporte para que la presidenta pueda continuar en el poder.

Sin embargo, no sólo estos movimientos políticos y sus allegados han sido los beneficiados por lo que parece ser una política de gobierno. Sudaca ha encontrado que uno de los extrabajadores del despacho presidencial logró un puesto en el Ministerio de la Producción luego de aprobar una cuantiosa cantidad para la defensa de Dina Boluarte.

Esta persona es Rafael Enrique Velásquez Soriano, quien tuvo la oportunidad de desempeñarse en el cargo de director general de administración del despacho presidencial entre enero del 2023 y agosto del 2024.

Cristian Rebosio

En abril del año pasado, Velásquez Soriano avaló la contratación de un abogado defensor para Dina Boluarte por la cifra de 180 mil soles. El letrado iba a tener como responsabilidad la representación de la presidenta en las investigaciones con respecto a su participación en las protestas que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y enero del 2023 en las que varios peruanos perdieron la vida producto de la represión.

Sorprendentemente, pese a que el último día de funciones de Rafael Velásquez Soriano en el despacho presidencial era el 4 de agosto del 2024, tal como pueden observar en la imagen anterior, para el 2 de agosto ya estaba firmada la resolución ministerial que lo designaba como secretario general en el Ministerio de la Producción.

Cristian Rebosio

 

¿FUNCIONARIOS TODO TERRENO?

Pero el Ministerio de la Producción también parece abrirle la puerta  a aquellos funcionarios que provienen de puestos que tienen poco o nada que ver con las nuevas funciones que se les encargará. Este sería el caso de Haydeé Victoria Rosas Chávez, quien en el mes de julio llegó a este ministerio para ser la nueva directora general de la dirección general de políticas y análisis regulatorio en pesca y acuicultura.

Cristian Rebosio

Lo extraño con respecto a esta designación es la procedencia de Rosas Chávez es que, hasta unos meses antes de llegar al Ministerio de la Producción, su trabajo no tenía mayor relación con la pesca y la acuicultura. Entre 2023 y 2024, Haydee Rosas Chávez estuvo trabajando en el Ministerio de Cultura durante la gestión de la cuestionada ministra Leslie Urteaga.

Cristian Rebosio

Durante su paso por el Ministerio de Cultura, Haydee Rosas ocupó el cargo de viceministra de patrimonio cultural e industrias culturales así como el de viceministra de interculturalidad. Su salida de este ministerio se produjo en junio, un mes antes de su llegada al Ministerio de la Producción.

Este paso por el Ministerio de Cultura no estuvo libre de críticas. En su momento, el Colegio de Arqueólogos exigió la renuncia de Rosas debido a una modificación en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación que permitiría alterar bienes culturales y para lo cual el ministerio en cuestión no solicitó la opinión de especialistas para conocer el impacto que tendrá el cambio que se pretendía realizar.

Cristian Rebosio

En las últimas semanas del pasado mes de enero, el Ministerio de la Producción fue noticia debido a que se conocieron pruebas sobre las influencias del congresista Darwin Espinoza en este ministerio y el presunto cobro de sobornos. Sin embargo, como se ha podido ver en las pruebas presentadas en este informe, el Ministerio de la Producción parece ser otro ministerio a la deriva desde mucho antes.

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Dina Boluarte, Ministerio de la Producción

El Ministerio de Cultura se posiciona del lado de los sectores conservadores en el caso “María Maricón” con insólitos argumentos y enciende las alarmas por la conexión de este caso con el Lugar de la Memoria.

Semanas atrás, “María Maricón” se convirtió en una de las obras más famosas del país sin siquiera haberse estrenado. Pero no fue por la expectativa generada por la historia que se iba a contar ni por los actores involucrados en el proyecto. La razón de su repentina fama se debió al insólito y contundente pedido por parte de los sectores más conservadores del Perú para que esta representación no vea la luz del escenario.

Alegando que el afiche promocional de la obra era denigrante para la Iglesia católica, los creyentes más radicales se movilizaron para impedir que la obra no sea parte del Festival Saliendo de la Caja. Este reclamo incluso contó con el respaldo de políticos estrechamente vinculados a los sectores más conservadores, como el alcalde Rafael López Aliaga y varios integrantes del parlamento.

Cristian Rebosio

Pese a que Gabriel Cárdenas, director de la obra, intentó explicar que la obra no pretendía burlarse de la religión sino contar su experiencia como persona homosexual viviendo en un entorno creyente, las presiones de esta alianza religiosa – política llegaron a las oficinas del Ministerio de Cultura.

Finalmente, este último domingo, el Ministerio de Cultura ha emitido una resolución en la cual se aborda la situación de la obra “María Maricón” y se brindan argumentos que han llamado la atención. Sudaca pudo revisar este documento que, además, tiene como protagonista a un personaje que también ha sido parte de otro episodio controvertido en el sector cultura.

¿CULTURA O CENSURA?

Amparándose en el Informe N° 000028-2025-DGIA-VMPCIC/MC del propio Ministerio de Cultura, esta resolución ministerial publicada el último domingo tomó una decisión con respecto a la calificación de “espectáculo público cultural no deportivo” que la obra había recibido sin mayor inconveniente a finales de diciembre del año pasado.

Para sorpresa de quienes habían seguido el caso, el Ministerio de Cultura terminó por alinearse con los reclamos de los sectores conservadores y tomó la decisión de retirarle a la obra “María Maricón” la clasificación de  “espectáculo público cultural no deportivo” validando argumentos que, además, podrían sentar un peligroso precedente.

Cristian Rebosio

En el documento que consta de trece páginas y Sudaca pudo revisar, el propio Ministerio de Cultura sorprende al detallar que una de los puntos más importantes en el informe que terminó por impulsarlos a tomar esta decisión fue la presencia de la palabra “maricón” en el título de la obra.

Cristian Rebosio 

Otro de los aspectos a destacar en esta resolución ministerial es que el contenido de la representación teatral fue informado en el momento que se presentó la información necesaria para la calificación de la obra como espectáculo público cultural. No obstante, la resolución no sólo no hacen un análisis profundo de este contenido ni expone la ofensa que supondría a la religión católica sino que, tal como se puede leer en el último párrafo de la siguiente imagen, se siguen enfocando en el uso de la palabra “maricón”.

Cristian Rebosio 

No conforme con ello, el Ministerio de Cultura también ha recurrido a otras razones insólitas y de cuestionable interpretación, como el acusar a la obra en cuestión de ser una representación teatral que va en contra el derecho a la libertad religiosa amparado por la Constitución.

Cristian Rebosio

En esta resolución también se pueden encontrar algunas contradicciones en las que cae el propio Ministerio de Cultura en un aparente intento de restarse responsabilidad. Por ejemplo, señalan que la PUCP omitió detalles relevantes y trascendentes sobre la obra y eso permitió que obtengan la calificación de espectáculo público cultura. Sin embargo, el principal argumento que da el ministerio para retirar dicha calificación no explica el problema con el contenido artístico sino que se enfoca en la presencia de la palabra “maricón”, la cual está en el título de la obra y, por lo tanto, era un detalle del cual tenían conocimiento desde que se presentaron los documentos el año pasado y nunca fue ocultado al ministerio.

Cristian Rebosio

¿ES SÓLO EL INICIO?

Resulta importante señalar que la polémica decisión sobre la calificación de la obra recibió el aval de Jamer Nelson Chávez Anticona, quien desde octubre del año pasado ocupa el cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y podría marcar una alarmante tendencia en el sector.

Cristian Rebosio

Como se recuerda, en los primeros días del 2025 se conoció, sorpresivamente, que Manuel Burga había dejado de ser director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) en lo que fue una decisión muy celebrada por sectores radicales que se oponían a que en este lugar se cuente una parte de la historia que no era favorable a sus intereses políticos y hasta se atribuían la salida de Burga.

Cristian Rebosio

Con la salida de este director, el elegido para ocupar su lugar en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) fue Jamer Nelson Chávez Anticona, justamente quien acaba de ceder ante las presiones de los sectores más conservadores y homofóbicos de la sociedad limeña en lo que podría ser un anticipo de lo que ocurrirá en el Lugar de la Memoria ante presiones similares por parte de estos grupos.

Cristian Rebosio 

La pobre argumentación en cual se amparó el Ministerio de Cultura en el caso “María Maricón” ha demostrado que, actualmente, parece existir una orden política de no ser incómodos a estos sectores conservadores y la participación de Chávez Anticona en esta historia invita a creer que el Lugar de la Memoria no está a salvo de vivir una situación similar. 

Desde conocidos de César Acuña y acusados de contratar a las amigas de su esposa hasta amigos de Nicanor Boluarte. Los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación obtendrían las peores notas por su historial y, sin embargo, fueron designados sin mayor inconveniente con la anuencia del ministro Morgan Quero.

Para cualquier gobierno que no puede alcanzar los dos dígitos de porcentaje de aprobación en las encuestas resultaría muy complicado sostenerse al mando de un país y más si se tiene en cuenta que las grandes falencias de dicho gobierno no se relacionan con ideologías políticas sino que fallan en aspectos que impactan en la mayoría de ciudadanos, como es el caso de la inseguridad.

Sin embargo, para suerte de Dina Boluarte, el Ejecutivo ha encontrado en el Congreso, quienes tienen las facultades para ponerle fin a su mandado, un grupo de bancadas que representan a partidos políticos dispuestos a escuchar qué tiene la presidenta para ofrecerles a cambio de garantizar la continuidad del gobierno sin importar sus deficientes resultados en diversos sectores.

Como se lo han expuesto Sudaca y otros medios de comunicación, además de no interferir con los proyectos de ley que impulsa el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte también ha utilizado a los ministerios como el botín a repartir y, en esta oportunidad, Sudaca ha podido encontrar los puestos de este ministerio que han quedado en manos de personajes vinculados a las agrupaciones políticas que tienen peso en el parlamento y hasta aprovechó para que entre algún conocido de su hermano.

PASADO PISADO

Fue hace poco menos de un año cuando el programa “Contracorriente” reveló que un grupo de personajes amigos de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habían conseguido buenos puestos de trabajo para el Estado. Entre este selecto grupo de privilegiados, el informe del dominical incluyó a Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, quien por aquella época ocupaba el cargo de director de la DRELM (Dirección Regional de Educación Metropolitana de Lima).

Aproximadamente diez meses después de la emisión de dicho informe, el nombre Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez vuelve a sonar en un puesto de trabajo dejando en el olvido la polémica en la que estuvo involucrado y pretendiendo que nunca ocurrió. En una resolución ministerial del Minedu que data del pasado 10 de enero, Quintanilla Gutiérrez fue anunciado como el nuevo director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

En otra de las designaciones realizadas en los primeros días de este nuevo año figura el nombre de Carlos Christian Acuña Flores, quien desde el primer día de enero pasó a ocupar el cargo de asesor en el despacho viceministerial de gestión pedagógica. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre suena en la sede del Ministerio de Educación.

En marzo del 2023, el diario Perú21 había incluido a Acuña Flores en una lista de funcionarios con pasado como extrabajadores y militantes del partido de César Acuña que habían ingresado a trabajar en el Mineducuando el cargo de ministro todavía le pertenecía a Oscar Becerra.

Según la información que dio a conocer el medio escrito, Christian Acuña, que por aquel entonces era director de Innovación Tecnológica en Educación, venía de realizar consultorías para una de las universidades que integra el consorcio del cual es dueño el líder de Alianza para el Progreso.

Pero este no es el único vínculo entre el Ministerio de Educación y César Acuña. A finales del año pasado, más precisamente el 18 de diciembre, la Universidad César Vallejo firmó un convenio con el Ministerio de Educación que, acorde al documento revisado por Sudaca, tendrá una duración de cuatro años.

Cabe señalar que esta casa de estudios estuvo en el centro de los cuestionamientos recientemente cuando la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía utilizó las instalaciones del IRTP para grabar un spot en el cual se promocionaba a la universidad del gobernador de La Libertad.

Pero en el Ministerio de Educación no sólo hay lugar para los contactos de Nicanor Boluarte y personas vinculadas con César Acuña. En el mes de septiembre, una resolución anunció que Oscar Fausto Fernández Cáceres sería el nuevo director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular.

Este nuevo director tampoco es ajeno a la escena política. En el año 2022, Fernández Cáceres postuló y obtuvo el cargo de regidor para el distrito de La Molina luego de acompañar la candidatura del actual alcalde Diego Uceda y Renovación Popular.

Anteriormente, Óscar Fernández Cáceres fue presidente del Instituto Peruano del Deporte y, aunque esta experiencia laboral podría considerarse valiosa, su gestión estuvo marcada por un informe del programa “Punto Final” emitido en 2019 y en el cual se relataba que el actual funcionario del Minedu contrató a amigas de su esposa para que trabajen en su despacho y reciban salarios de cinco mil y siete mil soles.

Fernández justificó estas contrataciones y, casualmente,renunció a su cargo poco tiempo después. “Eran de confianza mía. Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de mi confianza. Son conocidas nuestras, de mi esposa y mías”, declaró al programa dominical de Latina.

La presidenta Dina Boluarte no habría querido quedar fuera de este festín de designaciones sin filtros en el Ministerio de Educación y en el cargo de jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales se ha colocado a Roxana Magly Mayorga García, quien en 2023 fue incluida por la Contraloría en una lista de personas que el despacho presidencial estaba contratando con serias irregularidades de por medio.

“Es necesario que mínimamente se establezcan lineamientos, se redacte una premisa que nos remita a la norma, o se establezcan procedimientos para hacer factible su ejecución a fin de salvaguardar los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades”, se puede leer en el documento que Infobae difundió en noviembre del 2023, aunque nueve meses después Mayorga García llegaría sin mayor problema al Minedu.

¿QUÉ HACE EL MINISTRO?

Ante esta situación que atraviesa el Ministerio de Educación, resulta lógico cuestionar cuál es el rol del titular del sector, Morgan Quero Gauime, en lo que parece ser una invasión de personajes cuestionables en puestos clave del Minedu. Sin embargo, sus apariciones más resaltantes en los medios, como en la oportunidad que dijo “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, invitan a creer que su única misión no es velar por la educación de los peruanos sino intentar defender a Dina Boluarte.

A ello se le suma una nueva polémica debido a que en las últimas horas se han difundido videos en los cuales se ve al ministro Morgan Quero presente en la celebración de cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, quien fue denunciado por abusar sexualmente de su hija y dejarla embarazada.

 

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Acuña, Boluarte, Minedu

Los resultados de las necropsias a la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, y el taxista que conducía el vehículo atacado abren la puerta a nuevas hipótesis sobre el verdadero objetivo del ataque.

A pocos días de cumplirse un mes de su fallecimiento, el caso de Andrea Vidal Gómez todavía siguen dando que hablar. El prematuro final de su vida con apenas veintisiete años y su reciente paso por la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento  en donde trabajó bajo las órdenes del implicado en una presunta red de prostitución en el Congreso, Jorge Torres Saravia, llevó a que se sospeche que su muerte fue un intento de evitar que exponga lo que estaba ocurriendo en el Legislativo.

Sin embargo, con el pasar de los días, empiezan a darse a conocer los primeros resultados sobre estos trágicos asesinatos que la noche del 10 de diciembre acabaron con la vida de dos personas en el distrito de La Victoria. Sudaca ha podido revisar los primeros informes de necropsia que revelan datos que podrían darle un giro inesperado a este caso.

LOS RESULTADOS

El lunes 9 de diciembre, Andrea Vidal Gómez recibió numerosos disparos en la cabeza, espalda y brazo mientras se trasladaba en un taxi que había pedido por un aplicativo y circulaba por el distrito de La Victoria. Tras este lamentable suceso, la joven quedó en estado crítico y falleció una semana después. En el siguiente informe pericial, se han podido conocer más detalles de lo ocurrido aquel día en la intercepción de las avenidas San Eugenio con Santa Catalina.

Cristian Rebosio 

El informe pericial de necropsia médico legal, realizado tras su deceso días después de los disparos recibidos en La Victoria, se detalla que, tras el ataque al vehículo en el cual se encontraba, Vidal Gómez sufrió varias heridas en la cabeza así como en el tórax y una de sus extremidades inferiores. 

Cristian Rebosio 

En el diagnóstico de muerte que firmaron los médicos legistas encargados de la necropsia al cuerpo de la extrabajadora del Congreso se puede leer que encontraron “orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y extremidades inferiores. Además, se señala que la causa del deceso fue la herida en la cabeza que produjo daño en el tejido cerebral.

Cristian Rebosio

Por otro lado, en el caso de José Daniel Vargas Briceño, la necropsia del ciudadano venezolano que conducía el taxi presenta un considerable número de heridas. Más precisamente, en este informe se detallan dieciséis heridas producto de los disparos que recibió y la mayoría de estas se encontraron en la cabeza y el tórax.

Cristian Rebosio

En el diagnóstico de muerte de Vargas Briceño, quien falleció el mismo 9 de diciembre, se explica que una hemorragia subaracnoidea (sangrado entre las capas que cubren el cerebro) así como los impactos de bala recibidos en el tórax y abdomen fueron las razones por las cuales perdió la vida.

Cristian Rebosio

EL OBJETIVO

Estos resultados han llevado a que se plantee la pregunta sobre quién era el objetivo de este ataque. Según la información que se ha podido conocer, el mayor número de disparos se concentró en el lugar que se ubicaba José Daniel Vargas Briceño, quien aquel día conducía el taxi, y se ha empezado a considerar que el objetivo principal sería él y no Andrea Vidal.

Cristian Rebosio

Sudaca conversó con Andy Felix Cabrera, director del Centro de Investigación Forense – CIFEC, sobre los detalles de este ataque que acabó con la vida de dos personas y abrió la puerta a diversas especulaciones. “El pasajero pudo haber sido un daño colateral. Los sicarios están con el nerviosismo encima y lo que hacen es cometer su objetivo y los daños colaterales pagan este tipo de situaciones”, señala con respecto a la posibilidad que la muerte de Andrea Vidal no haya sido el objetivo de los asesinos.

El director de CIFEC también considera que se debe tener en cuenta que el número de disparos realizados puede ser un mensaje. “No descartemos la posibilidad que, en una vía tan transitada, este sea un mensaje  para este tipo de delincuencia que se encarga de este tipo de cobros y demostrar de lo que son capaces”, agregó.

No obstante, resalta que se debe esperar a las investigaciones porque los dos fallecidos presentan heridas en la cabeza. “No podríamos tener una certeza sobre cuál de los dos sería el objetivo principal. Porque de acuerdo ambos presentan heridas en la zona craneana y esto reviste para el ámbito forense un enseñamiento”, explicó Andy Felix  a Sudaca.

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Andrea Vidal, Congreso, Jorge Torres

Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

Cristian Rebosio

Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

Cristian Rebosio

Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

Cristian Rebosio

Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

Cristian Rebosio

En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

Cristian Rebosio 

CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

Cristian Rebosio

En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

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Acción Popular, Avanza Pais, Congreso

El exministro de Defensa del gobierno de Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta, a pesar de contar con una orden de impedimento de acercamiento emitida por su expareja, Tamara Gutiérrez, ingresó este viernes por la tarde a la vivienda que compartían y, un grupo de ‘matones’, violentó a Gutiérrez hasta sacarla del domicilio.

Entre patadas, puñetes y jalones de cabello. Fueron solo algunas de las agresiones que recibió Gutierrez antes de ser sacada de su domicilio mientras Chavez Cresta se encontraba detrás de este grupo. 

Gutierrez seguía residiendo en el domicilio que compartió con el exministro a la espera de una resolución favorable con respecto a la vivienda

“La policía estuvo presente y no hizo nada”, fueron las palabras de Gutiérrez, quien conversó con nosotros minutos después de ser agredida. La expareja de Chavez Cresta se encontraba en la calle con un tono lloroso y asustada después de haber sido golpeada en diferentes partes del cuerpo. Alegaba que hasta habían matado a las mascotas que tiene en su vivienda, ya que al cierre de este informe todavía no tenía acceso al domicilio. 

Tamara Gutiérrez grabó minutos después a las agresoras quienes entraron con Chávez Cresta a su domicilio

Chavez Cresta y Gutierrez compartieron una relación de varios años hasta que el exministro de Dina Boluarte abandonó el domicilio que compartían en abril del año pasado. “Compartimos vivienda hasta el mes de abril del 2024 que el señor abandonó el hogar después de propinarme una golpiza”, menciona Gutierrez.

No serían las primeras agresiones:

Gutiérrez denuncia que personas inescrupulosas se han estado acercando a su vivienda días antes del desalojo y alega que fueron mandados por el hermano del exministro, Mario Chavez Cresta. En el video que nos hicieron llegar, se visualiza a una persona ajena a la denunciante cerca al domicilio que compartían Chavez Cresta y Gutierrez en Chorrillos.

Gutiérrez graba a quien presuntamente estuvo merodeando su vivienda días antes del desalojo

Además, ha recibido amenazas desde su celular por números desconocidos. Todo esto ocurre días antes del desalojo. 

Benjamín Zevallos 

Mensaje recibido desde su celular a inicios de año

“El señor Chávez Cresta se niega a firmar el documento y tomar conocimiento de las medidas”, menciona Gutierrez mientras recuerda la denuncia que realizó contra el exministro por violencia.

Benjamín Zevallos

Orden de medidas de protección a favor de Tamara Gutierrez

Nos comunicamos con  el Ministerio de la Mujer, pero lamentablemente no tuvimos respuesta alguna o una solución certera para este tipo de casos. Al cierre de este informe, Tamara Gutierrez sigue fuera del inmueble y con el temor de que su vida se vea afectada o expuesta a personas inescrupulosas. Nos menciona que ha vuelto a ser agredida por estos matones mientras se conduce a la comisaría más cercana del distrito de Chorrillos.

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Jorge Chávez, Mario Chavez, Tamara Gutierrez

El proceso disciplinario a Jorge Torres Saravia sufrió un insólito revés por responsabilidad de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Sudaca ha revisado su historial y encontró más de una irregularidad en sus antecedentes laborales.

El escándalo por la presunta red de prostitución instalada en el Congreso continúa dando que hablar y no precisamente porque los responsables de esta nueva y grave mancha en la historia del parlamento estén por quedar expuestos y recibir las sanciones que ameritan tras la difusión de un caso que incluso ha trascendido fronteras.

Este jueves se ha conocido que Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado, estaría siendo blindado en el informe de la comisión del Congreso encargada del caso por razones que han dejado a más de uno sorprendido e invitan a que aumente la desconfianza con respecto a lo que ocurre detrás de los muros de la sede del Legislativo. 

Según publicó el medio La República, el proceso disciplinario a Torres Saravia no podría continuar debido a que  «carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas» y, además, “no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio». 

Cristian Rebosio 

Estos argumentos que se detallaron en el informe final de la comisión tendrían como responsable a un nombre en particular: Haidy Janette Figueroa Valdez, quien es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Acorde a lo señalado por una de las integrantes de la comisión, el área que encabeza Figueroa Valdez debía brindar la información necesaria. Sin embargo, lo único que aportaron fue el informe periodístico del programa de Beto Ortiz.

Sudaca ha revisado el historial de Haidy Janette Figueroa Valdez y ha encontrado que no es la primera vez que la responsable del área de Recursos Humanos del Congreso comete errores y, además,  tampoco es la primera vez que su puesto está bajo la lupa.

LA HISTORIA NO AYUDA

El escándalo que involucra al Congreso no es el primero que llevó a que el trabajo de Haidy Janette Figueroa Valdez sea cuestionado. En 2021, un proceso disciplinario que la encontró como protagonista y también ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos derivó en una sanción.

Por aquella época, más precisamente en el mes de marzo, Figueroa Valdez se encontraba a cargo de la subgerencia de recursos humanos en el Gobierno Regional de La Libertad y la gerencia de administración había resuelto iniciar un proceso administrativo disciplinario contra la actual jefa del departamento de Recursos Humanos del Congreso.

Alegando que se habrían registrado irregularidades en un procedimiento de selección de licitación pública por la “Contratación de suministro de bienes adquisición de bolsa de alimentos para servidores del Decreto Legislativo 276”, la gerencia mencionada señalaba a Figueroa Valdez como la presunta responsable.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, un detalle a tener en cuenta era que Haidy Janette Figueroa Valdez estaba ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos, el cual se considera como el órgano sancionador, por lo que correspondía que comunique que debía abstenerse y que se encargue a la gerencia general u otro la responsabilidad de atender el proceso administrativo disciplinario.

Cristian Rebosio

Pese a que Figueroa contaba con dos días hábiles para comunicar la causal de abstención, la subgerente de recursos humanos recién lo hizo casi cuatro meses después de haber recibido el informe de este caso. Esto no es un dato menor debido a que esta demora llevó a que transcurra más de un año de la apertura del proceso administrativo disciplinario y, por lo tanto, procedió su prescripción.

Cristian Rebosio 

La ex subgerente de recursos humanos minimizó los hechos alegando que se declararía “no ha lugar” el pedido de sanción. No obstante, en la resolución revisada por Sudaca se señala que esa decisión le correspondía al órgano sancionador, algo que no ocurrió debido a que Figueroa no procedió de la manera que correspondía pese a que, por el cargo que ocupaba, debía saber cuáles eran los paseos a seguir.

Cristian Rebosio 

OTRA MANCHA EN EL HISTORIAL

El historial de Haidy Janette Figueroa Valdez también cuenta con un grave cuestionamiento que data del año 2015. En una publicación del diario Correo se informa sobre el impactante descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según informó el medio, la Contraloría detectó por lo menos noventa funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos para calificar como aptos para desempeñarse en los cargos que por esa época ostentaban tanto en el gobierno regional como en la municipalidad.

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En esta extensa lista de funcionarios figuraba el nombre de Haidy Janette Figueroa Valdez y se explicaba que, por aquel entonces, no contaba con el título necesario para ocupar el cargo de subgerente de recursos humanos. Acorde a lo que la propia Figueroa Valdez expone en su hoja de vida, en 2015 sólo era licenciada en psicología y recién para el año 2023 obtuvo diplomados en Administración de Recursos Humanos y Administración y Gestión Pública.

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Pero hubo otro dato en aquella noticia que llama la atención teniendo en cuenta los recientes sucesos. Quien se desempeñaba como gobernador de La Libertad, y por lo tanto como superior de Haidy Figueroa, cuando encontraron que ella y los otros funcionarios ocupaban puestos sin cumplir con las exigencias correspondientes, era Manuel Llempén Coronel, un político que integraba las filas de Alianza para el Progreso. 

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Cabe señalar que tanto Haidy Janette Figueroa Valdez como Jorge Torres Saravia tienen vínculos estrechos con esta agrupación política. Mientras que Figueroa Valdez ha sido tesorera del partido político de César Acuña, Torres Saravia fue asesor de un congresista de APP y, anteriormente, ocupó una jefatura en el Gobierno Regional de La Libertad cuando estaba bajo la administración de Alianza para el Progreso. 

Estos antecedentes y vínculos políticos hoy llevan a que exista una sospecha más que válida con respecto a si detrás del proceder de la jefa del Departamento de Recursos Humanos existe algo más que una obstrucción involuntaria al proceso disciplinario contra Torres Saravia que, por ahora, ha sido blindado.

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Este caso se extiende a la alcaldía de Santa Anita, después de un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece, que sigue siendo un escenario de tensión y violencia, donde amenazas y asesinatos parecen estar vinculados al negocio de la recolección de basura. Un año y medio después del asesinato del teniente alcalde John Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Ruth Cuno Chura, la actual teniente alcaldesa, quien podría asumir el cargo si se concreta la vacancia del alcalde Olimpio Alegría.

Cuno fue víctima de una amenaza verbal mientras regresaba a casa. Un desconocido le gritó desde un vehículo, advirtiéndole que cesara con sus acciones relacionadas con la vacancia del alcalde. La regidora, quien no denunció la amenaza, pensó que el incidente no tendría mayores repercusiones. Sin embargo, seis días después, la situación empeoró.

A la medianoche, un grupo de personas prendió fuego en la puerta de su casa, dejando un sobre con tres balas y una nota que le advertía: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John». Cuno, visiblemente afectada, explicó que el móvil de las amenazas está relacionado con el proceso de vacancia que enfrenta el alcalde, quien es señalado por presuntas irregularidades en su gestión, especialmente por la contratación de su exasesor de campaña en el municipio.

A pesar de no saber quién está detrás de estas amenazas, Cuno está convencida de que todo está vinculado a la disputa por el negocio de la recolección de residuos en el distrito. En la investigación sobre el asesinato de Valverde, que aún no ha logrado esclarecerse, se apunta a la existencia de una mafia relacionada con este negocio, que opera en varios distritos de Lima.

La empresa encargada de la recolección de basura en Santa Anita, Industrias Argüelles, de quien hemos hablado en diferentes informes de Sudaca, ha sido señalada como un punto clave en este entramado de intereses. El contrato de la empresa vence este año, y los regidores de la municipalidad, entre ellos Cuno, habían solicitado su rescisión. Sin embargo, el alcalde se negó a revisar estos contratos, lo que generó fricciones con su propio concejo municipal.

Vecinos de Santa Anita, que pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, sostienen que las amenazas contra Cuno están vinculadas a la negativa de la gestión municipal a ceder a los intereses de las mafias que controlan el negocio de la basura.

El caso se complica aún más con las denuncias de corrupción dentro del concejo. Limber Bustamante, impulsor del proceso de vacancia contra el alcalde, reveló que recibió amenazas directas de parte de un desconocido que le advirtió sobre las consecuencias de continuar con la solicitud. En respuesta, el alcalde defiende su gestión, argumentando que no cometió ninguna irregularidad al contratar a su exasesor.

En el contexto de Santa Anita, la violencia no es un hecho aislado. En abril del año pasado, el líder de la banda «Los Gallegos de Santa» fue detenido por su vinculación con el sicariato y el tráfico de terrenos, además de extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas. La regidora Jacqueline Beatriz Barzola, también involucrada en el caso, está actualmente detenida por presuntos vínculos con esta banda.

Ruth Cuno, por su parte, insiste en que su lucha no es contra el alcalde, sino por hacer cumplir la ley, a pesar de las amenazas constantes. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», concluye la regidora, quien continúa desempeñando su labor en medio de un clima de violencia y corrupción que sacude la alcaldía de Santa Anita.

Santiago Guardamino, un defensor de los derechos territoriales en la comunidad de Quipán, fue asesinado el 20 de marzo de 2024, justo horas antes de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Su trabajo se centraba en denunciar irregularidades relacionadas con la empresa Industrias Argüelles, que está implicada en la apropiación fraudulenta de 10,000 hectáreas de tierras comunales. Este acto delictivo habría involucrado falsificación de documentos y sobornos a funcionarios públicos.

Guardamino había recibido amenazas en varias ocasiones, especialmente por su activismo en contra de la empresa, que se sospecha opera en complicidad con altos funcionarios. Su asesinato, considerado premeditado, ha dejado a su familia —una viuda y dos hijos— en busca de justicia, mientras las investigaciones continúan.

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, ha iniciado una investigación preliminar sobre presuntos delitos relacionados con el manejo de residuos sólidos en el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la comunidad campesina de Quispán, e involucra a varios funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima).

Los funcionarios, incluidos Nancy Chauca y Elizabeth Ochoa, son acusados de actuar en contubernio para desviar el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se alega que el Gobierno Regional de Lima emitió una resolución administrativa sin la debida competencia, afectando la correcta tramitación del EIA.

La Fiscalía ha comenzado a recolectar pruebas y documentos, y se investiga la posible comisión de delitos por incumplimiento de normativas ambientales y el otorgamiento ilegal de derechos, que podrían acarrear sanciones penales para los involucrados. Este caso resalta la necesidad de transparencia y legalidad en la gestión ambiental y la importancia de proteger el medio ambiente en el desarrollo sostenible del país.

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Fue uno de los gerentes señalados por ocasionarle al distrito de Carabayllo un perjuicio económico cercano a los trescientos mil soles y ahora la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima lo ha colocado en una gerencia que manejará directamente el presupuesto en una decisión que invita a preguntarse si en las gestiones relacionadas a la Municipalidad de Lima existe descuido o indiferencia ante estos antecedentes.

Con la llegada del 2025 también está empezando el tercer año de gestión del alcalde Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante este periodo, el líder de Renovación Popular, que llegó al sillón municipal prometiendo que convertiría a la capital en potencia mundial, ha acumulado una serie de cuestionamientos por diversos temas, como promesas incumplidas, polémicas condecoraciones a aliados políticos y, como parece ser una costumbre en la política peruana, la falta de criterio al momento de designar funcionarios.

Es sobre este último punto cuestionado que Sudaca ha encontrado un caso que, nuevamente, pone al descubierto los errores por parte de la actual gestión de la Municipalidad de Lima y sus entidades adscritas. En esta oportunidad, un recientemente nombrado gerente en una de estas empresas que son propiedad de la municipalidad habría tenido un escandaloso antecedente que generó un perjuicio económico por cerca de trescientos mil soles para un distrito en el cual trabajó.

ESCÁNDALO EN CARABAYLLO

A finales del año 2020, el despacho de la alcaldía del distrito de Carabayllo recibe un oficio emitido por el Órgano de Control Institucional en el cual se remitió un informe correspondiente a una auditoría sobre el pago de bonificaciones por escolaridad a los trabajadores de dicha municipalidad y que comprendía el periodo de mayo del 2017 a enero del 2020.

Según el informe emitido como resultado de la auditoría realizada, la conclusión indicó que, bajo el concepto de bonificación por escolaridad, se habían otorgado “importes superiores a los establecidos anualmente en las leyes de presupuesto” y que esta situación se había repetido durante los años 2018, 2019 y 2020.

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Como resultado de esta irregularidad que se repitió por varios años, el perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad Distrital de Carabayllo habría alcanzado una cifra cercana a los trescientos mil soles y, para que se concrete esta escandalosa situación, habrían estado involucrados numerosos gerentes y subgerentes que ocuparon estos cargos durante los años mencionados anteriormente.

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Ante estos hechos, la Municipalidad de Carabayllo debió iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a aquellas personas que habían pasado por las gerencias de Administración y Finanzas así como de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional a lo largo de esos años.

Cristian RebosioEn esta larga lista de involucrados figura el nombre de Herber Luis Minaya Rondán, quien desde el 1 de enero del 2019 fue designado en el cargo de confianza de gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de Carabayllo hasta que concluyó sus funciones en abril de ese mismo año.

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En el documento revisado por Sudaca se puede observar que el informe de auditoría consideraba responsable a Minaya Rondán, como gerente de Administración y Finanzas, por haber “dado trámite” a numerosos informes en los cuales se hacían mención a estas cuantiosas cifras que terminaron generando un considerable perjuicio al distrito.

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Como resultado, Herber Luis Minaya Rondán fue señalado como presunto responsable de haber vulnerado artículos de la Ley de Presupuesto del  Sector Público, un artículo de la Ley del Servicio Civil y el decreto supremo referido a las disposiciones para la bonificación por escolaridad. También se explica que Minaya habría incumplido con las funciones específicas del cargo que ostentaba.

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Por lo explicado, la falta de Herber Minaya Rondán fue catalogada como “falta grave” y podía ser suspendido sin goce de remuneraciones hasta por un año. Sin embargo, cabe señalar que esta resolución de gerencia municipal se dio a conocer en diciembre del 2021, cuando habían pasado más de dos años de la salida de Minaya Rondán del cargo de gerente de Administración y Finanzas.

El tiempo transcurrido también terminó por beneficiar a otros de los implicados que vieron cómo se declaraba de oficio la prescripción de la falta administrativa que generó el cuantioso perjuicio a la municipalidad debido a que habían pasado varios años del momento en el cual se produjeron los hechos cuestionados.

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LA NUEVA OPORTUNIDAD

No obstante, lo ocurrido durante el paso de Herber Luis Minaya Rondán por la Municipalidad de Carabayllo parece no haber sido un obstáculo para que vuelva a ocupar una importante gerencia y esta vez en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), la cual se encarga de administrar el patrimonio inmobiliario municipal y también tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos para el centro histórico de la capital.

Minaya Rondán pasó a ocupar, desde octubre del año pasado, el puesto de gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima en lo que será una nueva oportunidad laboral en la que volverá a tener en sus manos el manejo del presupuesto, un encargo que en Carabayllo no dejó los mejores recuerdos.

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Pero esto no sería un caso aislado. Anteriormente, Sudaca ha informado sobre las cuestionables designaciones realizadas por quienes actualmente manejan la Municipalidad de Lima que no ha tenido reparos en colocar en puestos importantes a excolaboradores del actual alcalde y hasta ha contratado a personas acusadas de mentir en certificados de trabajo.

Por el pensamiento político que predomina en las filas de Renovación Popular resultaba previsible imaginar que la gestión de Rafael López Aliaga sería inflexible en su intención de erradicar cualquier vestigio de progresismo en el gobierno municipal. Sin embargo, parecen no ser igual de implacables al momento de evitar el ingreso de funcionarios con un pasado cuestionado.

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