Y así llegamos al famoso 4 de noviembre del 2021. En la mañana de aquel día, Silva asistió al Congreso, junto con los otros integrantes del gabinete. A eso de las dos de la tarde fue a la sede del Ministerio de Transportes para reunirse por media hora con el chotano Carlos Cabrera Sánchez, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de acuerdo al registro de visitas del propio MTC.
Luego volvió al Congreso para estar presente en la votación que le dio la confianza al Consejo de Ministros, liderado por Mirtha Vásquez. Luego de salir airoso en el Parlamento, Silva se dirigió a su casa. Hasta allí llegó Zamir Villaverde para conversar con “Juancito” o “don Juan”, según la transcripción del archivo mp4, decodificado como “JS–4 de noviembre 2021”.
“Cuando usted quiera carros, me avisa”, le dice a Silva el hombre que prestó autos a los sobrinos del presidente.
De la conversación, se desprende que Villaverde tiene acceso a documentos de Silva y que manipulaba su celular. La transcripción contiene un pasaje en el que interviene la hija de Silva para pedir una contraseña de iCloud, un servicio de almacenamiento de datos en la nube, que al parece Villaverde instaló en el teléfono del por entonces ministro.
El exprotegido de Castillo fue parco en sus respuestas, pero le dio un consejo a su interlocutor: “Ten cuidado. Así no voy a ver tu nombre por todas partes”. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, Villaverde hizo caso omiso a la recomendación.
El abogado del extitular del MTC, Alfredo Yalán, niega que su patrocinado se haya reunido con Villaverde. “Él [Silva] me dice que quiere una pericia fonética para aclararle al país que esas cosas son infundadas”, dice Yalán. Y agrega: “quieren hacer un golpe de Estado disfrazado de legalidad”.
El caso del puente Tarata arrincona cada vez más a Silva. El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida para él ante un pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
“Amigos hay muchos, pero amigos verdaderos muy pocos”, escribió Silva en su cuenta de Facebook hace cinco años. Hoy, acorralado por las investigaciones y sin nadie que lo defienda, la frase debe estar resonando en su cabeza, por lo premonitoria.
La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ha revisado los documentos presentados por Cibernos Consulting S.A. Ella indica que la vigencia de poder presentada no subsana la ausencia de poderes del representante, precisamente por no contar con la aprobación del gerente general. “A la fecha de presentación de propuestas, la inscripción de esa escritura pública no estaba”, señala.
En registros públicos, el otorgamiento de poderes a favor de Canseco fue emitido recién el 1 de marzo del 2022, según la documentación revisada por Sudaca. La fecha para la que tendría que haber estado disponible, como ya dijimos, era el 24 de febrero del 2022.
Carlos Peña, presidente del comité de selección, niega haber actuado de manera irregular. “La resolución del Tribunal dice que la empresa pudo haber presentado, como parte de su oferta, el certificado de vigencia de poder que fue entregado para la licitación pública declarada desierta. La misma resolución establece la forma de subsanación que el comité ha cumplido”, indica el funcionario de la municipalidad de Miraflores. Y luego arremete contra el consorcio perdedor: “Entendemos que alguien [se refiere al Consorcio NEC] que ha perdido una licitación tan importante como esta pueda no estar de acuerdo con lo que establece el tribunal. Pero lo que hay que cumplir es la institucionalidad”.
A pesar de todos los cuestionamientos, el 22 de abril, el comité de selección le volvió a otorgar la buena pro al Consorcio CKCity, alegando que este ya había cumplido con la entrega del certificado de vigencia de poder. El consorcio perdedor no apeló de nuevo, pero eso, a juicio de Mónica Yaya, no exime de responsabilidades –incluso penales– a los funcionarios y a la empresa.
Para el abogado Castillo Luna, estamos ante un caso de perjuicio al Estado porque se estaría “valorando inadecuadamente la propuesta de un postor, que estaría inhabilitado por falta de documentos”.
La firma de contrato, finalmente, se llevó a cabo el 17 de mayo. El evento fue promocionado en las redes sociales de la municipalidad, con Luis Molina como protagonista principal, ya embarcado en su campaña para ser el próximo alcalde de Lima.
El sindicato también puso en tela de juicio la idoneidad de los recomendados de Darwin Espinoza. Por ejemplo, apuntó a las designaciones de los chimbotanos Gilmer Ávila y Carlos Yactayo, identificados como cercanos al congresista. Ávila entró en diciembre como jefe de Abastecimiento, con una investigación abierta por agredir a una mujer, de acuerdo a un reporte del Ministerio Público.
Yactayo, por su parte, llegó en enero como jefe de Administración y Finanzas. El sindicato lo acusa de mentir en su hoja de vida al consignar estudios en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Trujillo. En la denuncia se adjunta una respuesta de esta casa de estudios, de enero pasado, que señala que no hay registro del paso de Yactayo por aquella facultad.
La red del congresista Espinoza en Sencico habría sido desbaratada con la denuncia del sindicato del 23 de febrero enviada a Aníbal Torres. Y es que un día después de eso, el 24 de febrero, Juan Bustamante Encinas, presidente ejecutivo y allegado al parlamentario, renunció al cargo. Con él, se fueron los chimbotanos Ángel Quezada, Carlos Yactayo y Gilmer Ávila.
“Yo no designo personal. El trato con el señor congresista se da en temas netamente del sector. Como sabrás, él es presidente de la comisión de Vivienda”, dice a Sudaca Geiner Alvarado, ministro de Vivienda, poniendo el parche sobre estos nombramientos.
Geiner Alvarado López, ministro de Vivienda, en presunto intercambio de favores con el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza. Fuente: Andina.
Darwin Espinoza pertenece a la facción que está en contra de la vacancia de Pedro Castillo en la bancada de Acción Popular. El otro bloque, liderado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, está a favor de la destitución del mandatario. El legislador ancashino es considerado allegado al gobierno, con influencia no sólo en la cartera de Vivienda. Sus tentáculos se extendieron hasta el Ministerio de la Producción.
Produce es dirigida por Jorge Prado Palomino, quien trabajó con el parlamentario en Almacenera del Perú, del poderoso grupo Romero, entre el 2012 y el 2014.
La buena química entre ambos se hizo notar. En mayo, el programa ‘Cuarto Poder’ reveló unos chats entre el ministro Prado y su entonces secretario general, Manuel Vásquez. En el diálogo, del 5 de enero de este año, el titular de Produce comentó que Darwin Espinoza recomendó funcionarios en el sector y hasta envió currículos.
Por coincidencia de la vida, en esos tiempos, fue nombrado director general de Pesca de esa cartera Javier Pérez Reyes, hermano de Yuri Pérez, asesor de Espinoza en el Parlamento.
Los tentáculos de Espinoza también llegaron a Vivienda, especialmente a Sencico, como señala la denuncia que aquí reseñamos. Se trata de un evidente intercambio de favores entre un gobierno arrinconado por la oposición y un congresista aliado del Ejecutivo.
Espinoza, sin embargo, dice que las denuncias en su contra tienen un trasfondo político. “Me golpean todas las semanas para que diga que voy a votar por la vacancia”, dice el integrante de ‘Los Niños’. Las investigaciones recién empiezan. Están en pañales.
Alva anda en una guerra interna con algunos correligionarios de la bancada de Acción Popular (AP), especialmente con los seis congresistas llamados ‘Los Niños’, en el ojo de la tormenta al ser señalados por la lobista Karelim López de beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Alva cuenta con el apoyo de los legisladores Wilson Soto, Luis Aragón y Karol Paredes en la pugna interna por el poder en AP.
EL FACTOR CERRÓN
Perú Libre, con sus 21 votos actualmente, podría dirimir en la elección. El partido del lápiz tiene una pésima relación con las otras bancadas de izquierda. Las diferencias se acentuaron al votar por la censura de la ministra de Trabajo y congresista de Perú Democrático, Betssy Chávez. “Somos enemigos de los cerronistas”, dice el legislador de Perú Democrático y exAcción Popular, Carlos Zeballos.
Betssy Chávez Chino, congresista de la bancada de Perú Democrático. Fue censurada como ministra de Trabajo gracias a los votos de Perú Libre. Fuente: Ministerio de Trabajo.
Los cerronistas consideran que el mayor adversario político son los caviares, por lo que no han tenido problemas en votar igual que los fujimoristas en discusiones claves, como la elección de candidatos del Tribunal Constitucional.
La inquina de Perú Libre contra otras bancadas de izquierda quedó en evidencia el pasado 26 de mayo. Ese día el presidente Pedro Castillo convocó a Cerrón a Palacio para pedirle que la bancada del lápiz no apoyase la censura de Betssy Chávez como ministra de Trabajo, dice una fuente perulibrista.
Cerrón informó que la decisión de bajarle el dedo a Chávez fue tomada con antelación por la bancada y que no podía hacer nada. La conversación ocurrió horas antes de que el Congreso votase por la censura de Chávez.
Castillo, según la fuente, le pidió también apoyo a Cerrón para que no prospere la denuncia de traición a la patria en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo tiene dieciséis integrantes, de los cuales cinco son de Perú Libre.
Cerrón se sintió traicionado por Castillo por no informarle del cambio de ministro en la cartera de Energía y Minas, dominada por Perú Libre tras un acuerdo con el jefe de Estado . En ese contexto consumó su venganza contra Betssy Chávez, una enemiga declarada. Con la elección de la nueva Mesa Directiva a la vuelta de la esquina, ya nadie sabe para quién trabaja.
Al margen de las opiniones técnicas, sin embargo, hay un asunto que no podemos perder de vista y sobre el que la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, pide la intervención del Congreso y la Contraloría. “El Congreso debería fiscalizar cómo se dio la negociación [entre el MTC y LAP]. La Contraloría también, porque nadie sabe cómo se dieron esos acuerdos”, apunta.
Caballero cuenta, por ejemplo, que, mientras estuvo en el cargo de viceministra, recibió una serie de llamadas que ella interpreta como presiones. «Me llamaban desde LAP, los del MEF, me llamaban de Cancillería… Había mucha presión porque era obvio que LAP se había paseado con todos ellos y había tenido exposiciones, etc. Ellos intentaban vender esa propuesta de LAP», dice. Y luego añade:“Ni mi despacho ni la DGAC nos dejamos llevar por esas voces interesadas. Antes bien, optamos por la calma y ponderación técnica que nos ayude a defender al Estado peruano y a sus ciudadanos y usuarios de nuestro primer terminal aéreo”.
En LAP reconocen que tomaron contacto con varios funcionarios, pero niegan alguna intención oscura. “Lo hemos hecho así con todas las contrapartes para comunicar bien de qué se trata la propuesta”, dice Rocío Espinoza.
Como fuese, luego de conocer el acta de acuerdos entre LAP y el MTC de fines de abril, diversos gremios aeroportuarios expresaron su desacuerdo en un comunicado. Reclamaban que no se haya tomado en cuenta los informes técnicos donde la DGAC señalaba que el concesionario no pudo demostrar que su propuesta de dos terminales fuera beneficiosa y que no se haya respetado lo que establecía el contrato de concesión.
La expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, sostiene que lo mínimo que debió ocurrir es que “LAP sustente técnicamente que su propuesta no va a tener un impacto negativo para los usuarios, pero no existe ese sustento”.
El proceso de negociación -el ya mencionado Trato Directo entre la empresa y el Estado- fue largo. Lo que inicialmente debía durar 45 días, se extendió por varios meses. Estas conversaciones se llevaron a cabo con mucha reserva y, según los gremios aeroportuarios, no se les permitió dar su opinión, por lo que solicitaron que se transparenten los acuerdos.
Lo que más llamó la atención fue la exclusión de la DGAC, órgano que no aprobó los cambios propuestos por LAP, del proceso. Inicialmente, el 16 de diciembre, convocaron a esta dirección para participar de las negociaciones. Un par de meses después, en febrero de 2022, intentaron remover al director de este organismo de manera irregular. Esto originó la renuncia de la entonces viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, quien en una carta denunció “copamiento laboral” en el sector y hasta la tildó de “agencia de empleos”.
Al final no pudieron sacar al jefe de la DGAC porque su cargo duraba cuatro años y sólo podía culminar si es que renunciaba, era vacado (en caso de muerte o incapacidad legal) o una resolución suprema debidamente motivada.
Pero dos semanas después, el 7 de marzo, a la DGAC le llegó un memorando donde sus pares de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) -la misma que los había invitado a las negociaciones en diciembre- les comunicaba que, sólo de ser necesario, requerirían su participación. Esto no ocurrió.
¿Qué pasó entre diciembre, que se invitó a las negociaciones a la DGAC, y marzo, en que se la excluyó? Todo apunta a la aparición de un abogado en escena, emisario de las más altas esferas del MTC, según nuestras fuentes: Álex Starost Gutierrez.
Álex Starost, hoy abogado del exministro Juan Silva, fue encomendado por el mismo Silva para asesorar en el Trato Directo. Bajo su asesoramiento, la DGAC -organismo técnico que se oponía a la propuesta de LAP- fue excluida del proceso.
En enero de este año, Juan Silva contrató a Starost como asesor en el MTC. “Ni bien entra al ministerio, una de las misiones que le dio Juan Silva, así lo dijo textualmente en reuniones, era apoyar en el Trato Directo con LAP”, dice Fabiola Caballero. “En alguna de las reuniones, entró el señor Starost diciendo que él venía por encargo de la alta dirección. Cuando él aparece, la DGAC deja de ser convocada”, dice un funcionario que nos pide la reserva de su identidad.
Starost no era alguien desconocido para el gobierno de Pedro Castillo. A inicios de diciembre del año pasado, antes de que arranquen estas negociaciones con LAP, visitó seis veces Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. En dos de esas reuniones estuvo presente el entonces titular del MTC, Juan Silva, de acuerdo al registro de visitas del Estado. Según el mismo Starost, esas reuniones fueron a solicitud del propio Castillo para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción. Además, en varias apariciones públicas ha defendido a capa y espada al presidente de la República.
Ya fuera del ministerio, su última aparición pública fue hace unos días, como abogado del cuestionable Juan Silva, quien este miércoles se presentó ante la comisión de fiscalización del Congreso. A Silva se le investiga por integrar una presunta organización criminal que repartía obras del MTC.
Starost dice que su único “aporte” fue asesorar a las dos direcciones del MTC que integraban el equipo negociador. “Dentro del ministerio había una discusión de quién era el competente, en nombre del Estado, para el tratamiento directo con LAP. En ese momento la DGAC reconoció que era la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) la que debía pronunciarse. Que lo haya hecho bien o mal, ese es otro tema. Pero ese ha sido mi aporte, porque tengo que proteger la legalidad del proceso”, señala.
La norma, en efecto, establece que la DGPPT es la responsable de conducir las negociaciones. Pero eso no excluye que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda participar del proceso. Por eso, invitarla y luego retirarla del mismo fue algo que llamó mucho la atención. “Sacaron a un importante negociador como lo era la DGAC […] Me llamó mucho la atención esta salida abrupta porque se supone que el Estado se debe a los usuarios y la calidad no debemos negociarla. La posición de este organismo era clara: no aprobaba la modificación propuesta por LAP. Eran una piedra en el zapato y se deshicieron de ellos”, sostiene Fabiola Caballero. En el Jorge Chávez, la polémica sigue alzando vuelo.
Nota del editor (14/06/2022): Luego de la publicación de este reportaje, LAP se comunicó con SUDACA para precisar lo siguiente: «En LAP en ningún momento hemos solicitado que la DGAC no participe de las reuniones con el MTC, es más, estuvieron presentes en 10 de las 14 reuniones y son ellos quienes deben pronunciarse sobre el Expediente de Diseño Conceptual entregado por LAP el viernes 27 de mayo. OSITRAN, por su parte, ha participado a solicitud de la DGAC como intérprete del Contrato de Concesión y ha definido que no hay ningún punto en él a interpretar. Deslindamos cualquier relación previa de la empresa con el señor Alex Starost, quien participó de algunas reuniones por parte del MTC y no tiene ni ha tenido ninguna relación con LAP. La empresa ha cumplido y sigue cumpliendo con todos los términos del Contrato de Concesión y con todas las normas de la ética y legalidad peruanas en beneficio de todos los peruanos».
Al respecto, creemos necesario señalar que en ninguna parte del reportaje se afirma (o siquiera se sugiere) que fue LAP la que se opuso a la presencia de la DGAC. Tampoco se señala que dicha empresa tenga o haya tenido vínculos con el abogado Alex Starost. Por el contrario, se consigna la versión del mismo señor Starost, quien afirma que participó en las reuniones como representante del MTC.
El boicot y la estrategia para bloquear el nombramiento de la Fiscal Benavides se prueba con la entrega a varios periodistas y medios de comunicación de un audio que tuvo la Juez Superior de la Corte del Callao, Ruth Benavides Vargas, hermana de la candidata a Fiscal Suprema, con el inefable ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, el año 2018 en el que hablan de temas administrativos de la Corte Chalaca. Pese a la irrelevancia de la comunicación, la idea es relacionar a una hermana de una postulante a Fiscal Supremo, con el juez más corrupto de la historia del país, para comprometerla y señalarla como posible “hermanita”.
Al audio del año 2018, se agrega la circulación de un dossier de la juez superior Enma Benavides Vargas, hermana también de la candidata a Fiscal Supremo Patricia Benavides, quien se encuentra procesada por el delito de corrupción de funcionarios al haber supuestamente pedido dinero, mediante algunos malos abogados, a algunos internos procesados por narcotráfico del penal Piedras Gordas. Dicha investigación fue iniciada por los Fiscales Supremos –personas de absoluta confianza de Zoraida Ávalos– Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán, quienes tienen, además, en su poder la copia espejo de todos los audios de la vergüenza. Se quiere presentar, de modo gráfico, que Patricia Benavides forma parte de un clan judicial que se encuentra vinculado a casos de corrupción lo que invalidaría su nombramiento como Fiscal Supremo, situación absolutamente ilegal, por decir lo menos, debido a que la responsabilidad jurídica es siempre personal y no se trasmite por lazos sanguíneos o por vínculos familiares.
En el Ministerio Público, según la consulta a algunos fiscales, hay dos explicaciones claras sobre el tema que al final no se oponen entre sí, sino que se complementan.
La primera: tanto el caso del Fiscal Pablo Sánchez y de Patricia Benavides debe verse como un cuidadoso y preparado complot y ataque de algunos fiscales anticorrupción y algunos fiscales del caso Cuellos Blancos que para entrar a tallar tanto en la elección de los nuevos fiscales supremos y luego en la elección del nuevo Fiscal de la Nación enfilan sus baterías contra sus propios colegas que no son de su simpatía ni de su grupo de poder. Para ello no les importa utilizar información reservada (los audios) ni tampoco tienen el más mínimo empacho para gatillar las propias investigaciones y hacer un ajuste de cuentas, pretendiendo dirigir el destino de la institución a la que pertenecen y a la que tratan como si fuera su chacra y una marioneta a la que mueven a voluntad con tal de lograr sus objetivos.
La segunda: desde el Poder Ejecutivo, a través de operadores jurídicos y personas del propio Ministerio Público, se busca influir de manera directa en la elección de los nuevos Fiscales Supremos en la Junta Nacional de Justicia y, con ello, en la elección del nuevo Fiscal de la Nación debido a que por acciones de inteligencia se ha tomado conocimiento de que el actual Fiscal de la Nación ha decidido, hacer más de 20 días, abrir investigación preliminar al Presidente Pedro Castillo Terrones, decisión que pondría al borde del abismo al gobierno y el destino del Presidente de la República estaría cantado, de tal manera que es mejor negociar con una vieja conocida del gobierno: Zoraida Ávalos que ofrecería mayores garantías que siquiera intentar un acercamiento con los Fiscales Supremos que pueden poner en jaque al gobierno y afectar a los intereses que se mueven a su alrededor, en especial, en el rubro petrolero.
La llegada de esta planta de oxígeno en abril de 2021 coincidió con el pico más alto de la segunda ola en Tumbes. Según los datos abiertos del Minsa, la región tuvo 214 muertes por COVID-19 ese mes, una cifra que sólo había sido superada en junio de 2020. Si bien en los meses siguientes la tendencia iría bajando, la situación seguía siendo crítica.
“Yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Y por ese entonces, la gente nos llamaba por necesidad de oxígeno”, recuerda el consejero Espinoza. “Cuando íbamos al hospital, nos decían “Consejero, consejero, no hay oxígeno”, agrega.
Bienvenido Ramirez, excongresista fujimorista y médico en el Hospital Regional, también relata una situación similar. “En la primera y segunda ola nos faltó el oxígeno. Mucha gente se moría por eso. Cuando le decíamos que no teníamos oxígeno a los familiares, salían corriendo a otras regiones o hasta a Ecuador, y traían los balones, con riesgo”, asegura Ramírez. Toda la tragedia se centraba en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, donde se encontraba la planta de oxígeno inoperativa.
Este caso y el detalle de la responsabilidad del actual ministro Barranzuela se encuentran en el informe final de una comisión investigadora. Esta se encargó de indagar el mal manejo de la pandemia en Ucayali, Tumbes y Apurímac durante junio de 2021. El 9 de julio, enviaron el documento con sus hallazgos y recomendaciones a la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez.
Sudaca se contactó con el excongresista Walter Rivera, quien presidió esta comisión investigadora. Rivera confirmó que el informe final había sido entregado de manera oportuna, pero que continúa como “reservado” porque no se pudo agendar para exponerlo en el hemiciclo. Fuentes del Congreso sostienen que el caso se encuentra en la caja fuerte de la Oficialía Mayor.
En este nuevo periodo parlamentario, Kira Alcarraz es la que preside la comisión que investiga el manejo del COVID-19 en todas las regiones. Ella tiene la posibilidad de solicitar el informe. Este jueves, un trabajador de su despacho confirmó que ya lo había hecho. Según la congresista, estas semanas la comisión ha estado siguiendo un caso de Arequipa y recién en junio tocará Tumbes y Ucayali. Por el momento, la investigación hecha hace un año sigue estancada y con los detalles en reserva.
Nos comunicamos con el ministro Barranzuela a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no respondió.
Tanto Boluarte como Castillo no las tienen todas consigo. La Contraloría puso la cabeza de la abogada en una bandeja y pidió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, evaluar si la titular del Midis cometió una infracción constitucional. Ello, por haber actuado, en paralelo, como presidenta del consejo directivo del club departamental Apurímac y ministra de Estado. Boluarte argumenta que pidió licencia en el club el 29 de julio del 2021, pero el ente de control halló que firmó 13 documentos después de esa fecha, en calidad de titular de la asociación privada.
La denuncia de la Contraloría puede allanar el camino para sacarla del juego, destituirla del cargo de ministra e inhabilitarla de la función pública. Esto último equivaldría a sacarla de la vicepresidencia, según el constitucionalista Natale Amprimo.
La acusación que se prepara contra Boluarte llega en un momento de división en el oficialismo. Los representantes de Perú Libre están con la sangre en el ojo porque el presidente Castillo no respetó el acuerdo para que el cerronismo maneje los ministerios de Salud y Energía y Minas.
Castillo sacó -sin consultar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón- al ministro de Energía, Carlos Palacios. Y lo reemplazó por la abogada Alessandra Herrera, a quien en el partido del lápiz identifican como alguien cercana a las grandes empresas.
En la agrupación liderada por Cerrón, que tiene hoy 22 parlamentarios tras sucesivas escisiones, hablan de ajustar cuentas. Un primer zarpazo se lo darían a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, enemiga de Cerrón. Los congresistas de este bloque apoyarían la censura en su contra, dice una fuente del lápiz.
Boluarte, una adversaria declarada del cerronismo y exmilitante de Perú Libre, sería la siguiente en caso prospera la denuncia constitucional en el Parlamento. “La política es ondulante. Cambia según la coyuntura”, declaró Cerrón a Canal N, en abril pasado.
Boluarte está actualmente en la ciudad de Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Hoy participó en un panel que abordó el tema de la polarización e incertidumbre política en América Latina. “La derecha en el país, si es que así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo en las elecciones segunda vuelta del 6 de junio. Y desde el primer instante en que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano no nos han dejado gobernar en paz”, dijo Boluarte en un evento del foro.
Actualmente, cuando uno entra al Facebook de Luxury Capital, la empresa asegura que sólo brinda información financiera. “¡NO ACEPTAMOS CAPITAL DE NINGÚN TIPO!”, resalta enfáticamente su descripción. La última fecha que aceptaron dinero del público fue el 28 de diciembre de 2021. Sudaca tuvo acceso a siete contratos firmados esa misma fecha, en los cuales la inversión total suma casi US$62,000. Pocos días después, la empresa empezaría a dar los primeros signos de alarma.
Una publicación del viernes pasado de Luxury. Irónicamente, ahora se dedican a dar consejos financieros.
Aquel diciembre, por ejemplo, ya habían surgido problemas con los acuerdos entre la empresa y los aportantes. «En mi contrato, había cosas incongruentes: decía mi nombre, pero aparecía otro porcentaje diferente al pactado. Decía que había contratado el plan de seis meses cuando yo había elegido el de un año. Les hice saber eso, pero no me respondieron”, recuerda Antonio Gallegos, que invirtió US$3,500 y asegura no haber recibido nada.
El 4 de enero de 2022, la empresa avisó en el chat de WhatsApp de sus usuarios que no estaban aceptando más inversiones porque “todo el personal está con la tarea de los nuevos contratos”. Y el 7 de enero, lanzaron una justificación para el retraso de los pagos y cambiaron de discurso: anunciaron que, debido a una supuesta fiscalización por parte de la Sunat que los obligaba a regularizar documentos, no iban a poder retirar el dinero del broker que usaban. Se referían, con esto último, a la intermediaria que operaba en el mercado financiero internacional, la que ponía afuera las inversiones de los afectados.
El escepticismo ya se notaba en algunos inversores, que sospechaban que las excusas eran falsas. Otros pedían paciencia, ya que la empresa había dado una fecha para el pago pendiente: el 28 de enero. Cuando llegó ese día, sin embargo, no pagaron.
Algunos de los afectados ya habían creado un grupo de WhatsApp paralelo donde coordinaban qué acciones tomar ante la demora. En el grupo oficial, mientras tanto, Carlos Dávalos, el gerente general, afirmaba que el dinero aún no llegaba a la cuenta empresarial.
El gerente de Luxury adjuntó tres videos cortos filmados por él mismo en un banco. En la imágenes, se le oye preguntarle a una trabajadora de la entidad financiera por qué no llegan las transacciones a la cuenta de su empresa. En ningún momento se muestra que le den alguna respuesta a su consulta.
En ese mismo chat, Dávalos prometió crear una nueva cuenta bancaria para solucionar el problema, aseguró que la empresa no iba a desaparecer y que iba a haber más comunicación que nunca. Pero esto último no se cumplió. Los usuarios empezaron a reclamar por el grupo de WhatsApp que Luxury no respondía las llamadas ni los mensajes.
Al día siguiente, el 29 de enero, el número de atención al cliente de Luxury mandó otro mensaje al grupo de WhatsApp, donde amenazaba con una contrademanda a quienes quieran denunciar a la empresa penalmente, una idea que ya había sido sugerida por un usuario semanas antes. “Así mismo, desde este momento, cualquier comentario fuera de lugar por este grupo será reportado y se procederá a eliminar del grupo”, asegura el mensaje.
La semana siguiente, en medio de reclamos cada vez más intensos, Luxury afirmó que la devolución del dinero empezaría el 7 de mayo y que penalizarán a “las personas que hayan venido compartiendo comentarios o adjetivos mal intencionados”. También anunciaron que ya habían creado la nueva cuenta bancaria y adjuntó una grabación para mostrarles las primeras operaciones que estaban haciendo: la mayoría eran transacciones de montos pequeños que no pasaban los US$100 ni se acercaban a la suma depositada por los inversores.
“Este es un proceso que llevará [el] tiempo indicado [hasta el 7 de mayo], por lo que les pido me dejen hacer lo que mejor hago”, agregó el gerente en su mensaje.
En marzo no hubo mayores noticias de los pagos y, para fines de abril, Dávalos señaló en el chat de los inversores que la devolución ya no se iba a dar en la fecha acordada. Dijo que había abierto un nuevo servicio para que puedan invertir con “100% control de su dinero”. Se trataba de un intento de enmienda insólito, considerando todos los pedidos de devolución o de, al menos, hacer un Zoom informativo durante el 2022.
Ese día, Dávalos también restringió la opción de que los demás puedan mandar mensajes en el grupo de WhatsApp. “Este grupo va a pasar a ser un grupo simplemente informativo, sólo se va a envíar las últimas actualizaciones del servicio para evitar distracciones con comentarios malintencionados”, sentenció a modo de posdata.
El mensaje del 27 de abril de Dávalos. Ese día, restringió a los inversores de mandar mensajes.
Hasta el día de hoy, los inversores no han recibido las devoluciones de lo que invirtieron, pese a que muchos de ellos ya mandaron su resolución de contrato a Luxury. Carlos Dávalos se animó finalmente a hacer un Zoom el 12 de mayo. Pero lo que dijo en la reunión dejó mucho que desear.
“Estuve en el Zoom hasta media hora antes de que terminara. Básicamente, Dávalos explicó que todo el dinero se perdió porque el petróleo está de bajada. Nos hizo ver las transacciones que había hecho con cantidades menores el 22 de marzo. Le pedíamos que nos deje ver las de los meses anteriores, pero no lo hizo. También nos desactivó el audio”, recuerda Alan Sedano, uno de los inversores que estuvo en esa reunión. Como dato adicional, Alan comenta que para poder invertir US$3,250 en Luxury, se hizo de un préstamo.
Sudaca se comunicó con Carlos Dávalos, quien sólo atinó a comentar por un mensaje: “Todo respecto a ese tema lo compartí con los inversionistas mediante un Zoom. Ahora nos encontramos mediante un sistema de devolución que también vengo compartiéndolo mediante el mismo grupo”.
