“Lo que ha pasado debilita la confianza de la población en la vacunación. Esto no es un problema de seguridad de vacunas, sino en la decisión de cómo aplicar las dosis. Me preocupa que esto sea aprovechado por los antivacunas para irse en contra de la campaña de vacunación. La vacunación era una de las pocas islas de excelencias dentro del Minsa. Desde que entró Condori, ha venido cuesta abajo” opina al respecto Percy Mayta Tristán.
Pero eso no fue lo único que detectó la Contraloría. Como dijimos, el club aún tenía pendientes. Para el año en que acabó la concesión, el 2014, el Terrazas aún no había cumplido con entregar cuatro obras a las que se había comprometido en el contrato original y en la primera adenda: el remodelamiento del estacionamiento público frente a la playa Makaha, un centro de servicios comunitarios que incluya el tópico de primeros auxilios y el depósito de tablas de surf, una ciclovía en el malecón Cisneros, y un puente que conecte la playa y el mentado centro de servicios comunitarios.
Todas estas obras incumplidas se incluyeron como nuevas en la cuestionada Adenda N°2. Y aunque algunas se hicieron con posterioridad, no estuvieron exentas de observaciones por parte de la Contraloría. La comisión auditora, por ejemplo, realizó una visita a la ciclovía y verificó que presentaba fisuras y desniveles. Lo más grave es que fue la municipalidad la que se encargó de reparar esas deficiencias y no el club, según el informe de control de fines del 2018.
Por lo tanto, la Contraloría consideraba que la ampliación del contrato sólo era beneficiosa para los socios del club y venía “ocasionando una afectación a su finalidad pública”. El ejemplo más claro es el inexistente centro comunitario que el Terrazas se había comprometido a construir para uso de los bañistas.
En el contrato y en la Adenda N°1 se señaló que dicho centro debía construirse “al interior del terreno que la sede de la playa viene ocupando”. Pero la Adenda N°2 le permitía hacerlo fuera de este terreno. “Al acordar en la Adenda 2 que dicha obra se construya en la zona adyacente a la playa y no en el terreno concesionado significó en la práctica que el club tenga una extensión mayor del terreno concesionado”, se lee en el informe de Control que es la base de la investigación fiscal.
El club nunca pudo construir el centro comunitario, pues esto hubiese enfrentado las normas urbanísticas que rigen sobre la Costa Verde. Es algo que ambas partes no tomaron en cuenta (o no quisieron hacerlo). “Como se puede advertir, se acordó la construcción de obras sin antes considerar si técnica y legalmente estas eran posibles de ser ejecutadas”, concluyó la Contraloría.
Sudaca pidió una entrevista con el área legal del Terrazas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
La sede de la playa Makaha del club, favorecida por un empeñoso Jorge Muñoz.
El informe también es claro en advertir que no había justificación para ampliar la concesión por tantos años. “No existe ningún sustento técnico-legal que justifique el plazo de renovación de 25 años más y si este corresponde a la inversión que haría el club en contraprestación”. Y añadió algo peor: “Tampoco se incluyó ninguna cláusula que precise las garantías que debía dar el club a favor de la municipalidad en caso de incumplimiento”.
El órgano de control responsabilizó a Muñoz por dirigir los acuerdos que llevaron a favorecer al club Terrazas con la ampliación de la concesión. Por lo tanto, concluyó que este “incumplió sus atribuciones como alcalde establecidas en el Manual de Organización y Funciones”. Lo mismo les achacaron a siete regidores, entonces de Somos Perú, y al gerente de asesoría jurídica, Greem Leiva Abanto, quien tuvo la suerte de ser jalado por Muñoz para su gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Leiva fue, hasta el 2020, subgerente de fiscalización de la Empresa Municipal de Mercados S.A.
Pero el problema no es administrativo, sino penal. La fiscal Rosario Quico investiga de manera preliminar a los personajes mencionados en el informe de control. Lo hace por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. También está comprendido en la indagación el mencionado Eduardo Ángeles de Rivero (expresidente del club).
El despacho de Quico abrió la carpeta fiscal a inicios del 2020, pero la pandemia impidió el avance. Actualmente, explican fuentes con conocimiento del tema, a la fiscal sólo le falta culminar algunas diligencias para decidir si hace suya la denuncia de la Contraloría y arrancar así una segunda fase de investigación antes de acusar.
La mala gestión de Jorge Muñoz, además, ha llevado a la comuna miraflorina a enfrentar un arbitraje contra el club. “La gestión actual de Molina, para dejar sin efecto esta concesión de ampliación, ha entablado un proceso arbitral. Y eso está en trámite”, dice el procurador Hernández.
Sudaca se comunicó con el área de prensa y relaciones públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no aceptaron darnos una entrevista con el alcalde. Muñoz vuelve a hacer de la técnica del avestruz su política más efectiva.
El 2016, dos años después de la sospechosa Adenda N°2, Muñoz participaba de un evento junto a autoridades del club Terrazas.
El 6 de abril, el día más violento del paro en Ica, Halldor González envió allí a uno de los especialistas de la ODGS. “A nuestro colega Ronald de la Cruz lo mandaron a Ica en plena quema de peajes. El director lo llamó y, de manera insistente, le dijo que tenía que ir, que cómo era posible que él no estuviera allá. Él es integrante del equipo de prevención, y quien maneja esos temas son los colegas de proyecto especiales. No le correspondía ir, mucho menos solo”, cuenta uno de los especialistas de la oficina.
El problema es que a De la Cruz lo mandaron sin las mínimas condiciones de seguridad, pues ni siquiera le asignaron movilidades o algún tipo de protección en caso de que la situación empeorara. “Estuvo expuesto a cualquier acto de vandalismo, cualquier acto contra su integridad. Menos mal no le pasó nada”, sostiene una de sus compañeras.
Ese día, la cosa se puso tan fea que, incluso, un reportero de América TV fue agredido por los manifestantes. Tuvo que esconderse en un hotel junto a su camarógrafo porque la situación era muy riesgosa.
El 6 de abril las protestas en Ica se intensificaron. En ese contexto, Halldor mandó a uno de los especialistas de la Oficina sin ningún tipo de protección a la zona del conflicto.
Para evitar que lo agredieran −como ocurrió con los funcionarios de la PCM− De la Cruz tuvo que quitarse todos los distintivos del MTC. Recién pudo salir del lugar pasadas las 10 de la noche. Sudaca accedió a través de distintas fuentes al pantallazo de WhatsApp en el que De la Cruz le increpa a González: “Halldor, recién estoy saliendo de Barrio Chino [en Ica]. Quiero que sepas que he expuesto mi integridad física en un ambiente muy candente en esta ‘comisión’ que me ordenaste”. Consultado por este medio, De la Cruz respondió que no quería dar declaraciones.
MALTRATO
Pero el maltrato laboral no se limita a esos días de convulsión social. En la Oficina de Diálogo y Gestión Social el ambiente es cada vez más hostil con las funcionarias mujeres. “Hay un maltrato selectivo hacia el personal femenino”, asegura uno de los especialistas de esta oficina. Esta afirmación es corroborada por los distintos testimonios que ha recogido Sudaca.
Cintia Riega no fue la única que, sin previo aviso, se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Su colega Vanesa Santos Arias, coordinadora del área de Gestión de Diálogo de la ODGS, también corrió la misma suerte. Santos tampoco recibió explicaciones de por qué, luego de cuatro años en el MTC, el nuevo director decidía prescindir de sus servicios.
“El día de hoy [28 de febrero] he tomado conocimiento de que no me renovarán ninguna orden de servicio […] Solo compruebo que los malos tratos y llamadas de atención constantes por parte del director actual, el señor Halldor González Cedeño (y escribo bien su nombre porque que no quiero que una vez más ese sea un motivo de molestia de su parte), han sido dirigidas constantemente hacia mí, por mi condición de mujer, demostrando así su misoginia”, escribió Santos en un correo de despedida enviado a sus compañeros.
Y, como un augurio, agregó: “Que no les sorprenda que nuestros reemplazos sean hombres”. Precisamente, los nuevos coordinadores no solo son hombres, sino que además se les ha subido el sueldo. “A ellas, que tenían mucha experiencia en estos temas, les pagaban S/9.000. Ahora a sus reemplazos se les aumentó a S/10.000 mensuales sin que exista justificación y cuando supuestamente hay un problema de recorte de presupuesto en la oficina”, señala una de las especialistas consultadas. Sudaca corroboró el incremento de sueldo revisando las órdenes de servicio.
“Somos varias compañeras que manejamos temas distintos. Todas mujeres que estábamos empoderadas en ciertos aspectos porque teníamos la experiencia y los conocimientos. Era evidente que [González] sólo se metía con las mujeres. Al único coordinador hombre no lo cambió y tampoco se mete con él”, asegura otra fuente.
Una de las analistas que labora en la Oficina de Diálogo narra pasajes de hostigamiento que ha sufrido de parte del nuevo director. “Lo que él suele hacer es citarme en privado en su oficina para llamarme la atención de manera agresiva, levantándome la voz. Se cuidaba de no hacerlo en público. Me acusaba de querer hacerle firmar cosas para perjudicarlo”, señala. “Mi coordinador [su inmediato superior] sabía de esto y me decía que ya no hable con el director, porque se notaba que había una aversión contra mí”, agrega.
Una especialista más pasó por lo mismo. Cuando se lo hizo saber a González, este se mofó de la situación y le dijo “ahora ya no te puedo ni saludar porque no me vayas a decir misógino”. “Si me tratas mal y veo que solo es a mujeres, sí te voy a decir misógino, porque lo estás siendo, y me estás maltratando al acusarme de querer hacerte daño o grabarte sin tu consentimiento”, fue la respuesta que le dio ella. Y hay más testimonios.
Cansadas de los malos tratos de González, las afectadas decidieron no callar y solicitaron una reunión con el ministro Bustamante. Hasta el día de hoy, siguen sin atenderlas.
Cansadas de esta situación, un grupo decidió reunirse con el ahora titular del MTC, Nicolás Bustamante, para comunicarle lo que viene pasando. Sin embargo, la respuesta de la asesora del ministro fue, según cuenta una de ellas, reprocharlas por decirlo recién. De acuerdo a capturas de pantalla de los mensajes que Sudaca pudo revisar, la asesora Tania Poma ha ido dilatando la reunión desde el 17 de marzo. Hasta hoy, no han podido entrevistarse con el ministro. Las afectadas creen que lo están encubriendo.
Nos comunicamos con Halldor González, pero se excusó de responder nuestras preguntas porque, según él, estaba trabajando.
Aguilar dice que él no es el de la foto y presentó un peritaje, elaborado por el ingeniero de sistemas Rubén Busta Arroyo, para reforzar su afirmación. Este dice que no hay coincidencia en “nariz, labios y cejas” entre su cliente y la persona que aparece en la foto. Lo cierto es que la historia de la constitución de INIP es un autogol para el gobierno.
Ignorar la falta de credenciales para ejercer como secretario general es sólo una de las perlas de Paul Jaimes. Sudaca pudo conocer que –a pedido de este señor– la Oficina de Abastecimiento hizo gestiones para adquirir un sofa cama de la marca Said, el último 3 de marzo, en la tienda de tapicería y decoración MultiTop de La Victoria. El costo de este bien, según la web de la empresa, es de S/599.90. El mueble ya está en su despacho, de acuerdo a una foto que Sudaca obtuvo.
Esto sería algo anecdótico de no ser porque, según un funcionario del Midagri que pidió anonimato, para adquirir el sofá se habría echado mano de la caja chica de la cartera. Este fondo es exclusivo para “gastos menudos y urgentes que por su finalidad no puedan ser programados” para su adquisición. Esto incluye, por ejemplo, gastos por movilidad y la compra de bienes menudos, previa acreditación de que no hay stock de lo solicitado en el almacén del ministerio.
El sofá cama de la marca MultiTop en la oficina de Jaimes.
Jaimes admite que solicitó el sofá a la Oficina de Abastecimiento, pero señala que la compra fue “observada”. Dice que, finalmente, él mismo tuvo que hacer el gasto. “Yo tenía miedo de ponerme la tercera vacuna porque la segunda me chocó. Cuando me puse [la tercera dosis] al día siguiente estaba descompuesto, pero fui a trabajar. Le pedí el favor al jefe de abastecimiento que compre un pequeño sofá porque me maltrato el cuerpo firmando 18 horas. Después me entero de que es un sofá cama, pero si usted lo ve parece 100% recto. El pedido del jefe de Abastecimiento estaba observado, al final pagué con mi propio peculio” asegura. No da detalles sobre el uso de la caja chica.
Otra denuncia involucra al entorno de Jaimes. El pasado 19 de marzo, los señores Oswaldo Monteza Rodríguez, contratado como conductor desde febrero, y Gino Martínez Álvarez, quien trabaja como asistente del área de patrimonio desde el 9 de marzo, pidieron ingresar a la sede del Midagri de La Molina a las 2:35 de la madrugada. Señalaron que iban a recoger a Jaimes, quien debía salir del local unas horas después. Al recibir la negativa de los vigilantes, ambos personajes los amenazaron con llamar al secretario general para que los cambie de puesto, según reveló el programa ‘Al Estilo Juliana’.
Como parte de una comitiva del Midagri que viajó a Bolivia la semana pasada, Jaimes se reunió con la cabeza de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corp), empresa estatal petrolera del país vecino.
Sudaca pudo conocer que la Procuraduría Pública del Midagri tomó conocimiento de ambos hechos –la compra del sofá cama y el altercado de madrugada– y pidió información a la Dirección General del ministerio para evaluar la toma de acciones legales el pasado 1 de abril. Sin embargo, fueron impedidos de hacerlo por la Oficina de Abastecimiento. Según un informe interno del ministerio del 8 de abril, el director de esta oficina, Frank Puyen Guzmán, se negó a brindar información a la Procuraduría.La excusa fue que estarían usurpando funciones.
Para Puyen, autor del informe, la compra del sofá cama y el incidente con los locadores allegados a Jaimes no eran denuncias en las que resultaba agraviado directamente el Midagri. Dijo que, en todo caso, le correspondía a la OCI y no a la Procuraduría investigar los hechos.
Sudaca pidió los descargos respectivos al Ministerio de Agricultura, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Las sombras sobre Jaimes, sin embargo, dan para más. Según el portal El Foco, la hermana del secretario general lo denunció en una comisaría del Rímac por agresión física y verbal en la vía pública, en agosto del 2010. En respuesta a estas acusaciones Jaimes asegura que su hermana es “super amiga” y que no tiene ningún problema con ella.
El día en que entregó el cargo como coordinadora del programa, el 21 de marzo, Liliana La Rosa−que había asumido la jefatura el 18 de octubre de 2021− informó al entonces ministro Hernán Condori que ya se habían publicado convocatorias de licitaciones y expresiones de interés para ejecutar las responsabilidades del PCRIS.
Luis Hospinal Moori asumió ese mismo día. Hospinal es un médico cirujano titulado en 2010 en la Universidad Peruana de los Andes. El 13 de febrero de este año, llegó al Minsa designado por su amigo Condori, en su primera semana en la cartera, para ocupar un cargo de confianza: Director Ejecutivo II.
En ese cargo ya había tenido un accidentado episodio con La Rosa. Y es que, en su paso por el Minsa, el censurado Condori había mandado a Hospinal a hacer una inspección sin previo aviso a la sede del programa. “[El PCRIS] tiene 3 años de desarrollo, sin ningún resultado”, aseguró el exministro en un video del 7 de marzo.
Liliana La Rosa luego le enviaría una carta a Condori detallando el accionar de su funcionario de confianza durante la visita. Según indica el documento, Hospinal llegó a las instalaciones sin acreditación, se negó a conversar con La Rosa debido a “no ser de su interés y contar con poco tiempo para la recolección de información” y se retiró luego de instalar la laptop para que sus colegas se queden redactando el informe de la inspección.
En este documento, firmado por Hospinal, se afirmó que el PCRIS estaba gestionando consultorías de US$300.000 con el BID. Este dato, decía el documento, estaba basado en una supuesta información brindada por La Rosa. Pero ella lo desmintió en su carta enviada a Condori, junto con otras imprecisiones.
El conflicto, sin embargo, ha persistido hasta hoy. La semana pasada, luego de que La Rosa acusara a Hospital públicamente de estar paralizando el PCRIS, este le escribió por WhatsApp para “pedirle que mida sus palabras en redes sociales, no deseo tomar acciones legales contra usted”.
«El mensaje de WhatsApp que Hospinal le envió a La Rosa, ‘en forma respetuosa’, a partir de sus publicaciones en Twitter»
Sudaca pudo comuncarse con Hospinal para este informe. El funcionario reconoció la reunión en el patio y aseguró que fue para anunciar la resolución de algunos contratos. “Se había contratado personal para proyectos de inversión que no fueron aprobados. Considerando los 6 proyectos aprobados, muchos de los consultores no tienen productos para generar la finalidad pública”, agregó al respecto, pese a que los consultores afectados señalan que sus labores no dependen de la cantidad de proyectos en el PCRIS.
Hospinal también dijo desconocer sobre los retrasos en los pagos. Afirmó que la reasignación de computadoras se debió a que hay personas que no tienen una y que “sí cumplen con la finalidad pública”, a diferencia del equipo de comunicaciones.
Acerca del correo del BID y del Banco Mundial, respondió que ambas entidades están preocupadas porque no se ha avanzado en los últimos tres años y no por la paralización durante su gestión. Aunque eso no es realmente lo que se lee en el escrito.
“Los bancos han venido advirtiendo eso en diferentes momentos a los ministros de salud. Esto es un hito más. Están preocupados, al igual que nosotros. Estamos reorientando y reimpulsando el programa. En algo que ha estado parado por tres años, no pretendamos hacer obras públicas en tres semanas”, concluyó. Al funcionario no le entran balas.
Situaciones similares han reportado otros clientes. El último martes −por dar un ejemplo− un usuario en Twitter de nombre Mariano compartió un pantallazo de un pedido que hizo a través de su cuenta prime. El costo incluía S/1,12 por la tarifa de distancia, S/6,49 por el costo de envío y S/0,19 por concepto de “protección”. En total: S/7,80. Pero el aplicativo le estaba cobrando dos soles más.
Gustavo Rondón Ramírez, quien pagó la suscripción ‘prime plus’ hace un par de meses, también padeció el servicio. “Con mi novia no tenemos tiempo para cocinar por el trabajo y usamos Rappi para pedir almuerzo y otras comidas. Al usarlo tantas veces al mes, pensé en probar Rappi prime”, relata a Sudaca.
Seducido por el “ahorro” en los costos de entrega y la posibilidad de acceder al contenido de una plataforma de streaming, Rondón pagó sin mayor objeción los S/26,90 que costaba el plan más caro de Rappi. Hasta que un comentario de su novia sobre una denuncia en redes sociales lo llevó a dudar de los beneficios que supuestamente recibía.
“Hicimos la comparación entre su cuenta de Rappi, que no es prime, y la mía. Su cuenta le salía como S/30 menos pese a que pedimos lo mismo. Eran los mismos productos, a la misma dirección y casi a la misma hora”, comenta Rondón, todavía sorprendido, y nos muestra las capturas de pantalla de los pedidos. Eran productos totalmente idénticos de McDonalds, pero en su caso simplemente era más caro.
Luego de pagar S/77.43 desde su cuenta prime, Gustavo Rondón comprobó que el mismo pedido apenas costaba S/54.10 para el usuario regular.
Rondón reclamó y Rappi alegó que se trataba de un error del sistema. Tuvieron que devolverle el dinero con crédito. Pero casos similares siguen apareciendo en redes y lo llevan a desconfiar del servicio. «Cada vez que pido Rappi, comparo los precios con mi novia. Es incómodo, como consumidor, estar pendiente de que no te engañen», señala y no descarta dejar de usar la aplicación si sigue observando situaciones irregulares.
Martín Cuellar, abogado especialista en defensa del consumidor, dice a Sudaca que este caso podría catalogarse como publicidad engañosa y que Indecopi podría poner una sanción. «En el caso específico de la publicidad engañosa es cuando el beneficio que ofrece el proveedor no es el que realmente recibe el cliente. No se cumple en la práctica lo que se ofrece», explicó.
Además, Cuellar señala que Rappi no estaría libre de una sanción a pesar de que se trata de un app. La empresa funciona en nuestro país bajo la razón social de Rappi SAC. «Para el derecho basta que se identifique al producto, servicio y consumidor y ya estamos en territorio de Indecopi. La normativa está para interpretarla y aplicarla al caso concreto», comenta. El abogado asegura que el Indecopi puede iniciar una investigación de oficio o recoger las denuncias de los usuarios y se podría sancionar al responsable del aplicativo.
Susaca se comunicó con Rappi Perú para pedir explicaciones ante estos reclamos. Pero, luego de solicitar detalles sobre el informe que se estaba realizando, dejaron de responder los mensajes sin brindar descargos al respecto. Rappi es una de las aplicaciones de reparto más populares de Sudamérica y más de un restaurante ha prescindido de su propio servicio de delivery para trabajar sólo con ellos. Sin embargo, hoy queda claro que sus clientes VIP −al menos varios de ellos− han sido engañados.
Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.
La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.
En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.
En este contexto es que se produce el diálogo entre los fiscales Jesús Fernández Alarcón y Fany Quispe, registrado en registrado en un audio, entre los últimos días de enero y los primeros de febrero. Ambos no parecen estar interesados en investigar o indagar un poco más sobre Abudayeh. En una parte de la conversación, los fiscales hacen referencia a que Magaly Quiroz Caballero, otra fiscal que ve el caso Cuellos Blancos, ya investiga este asunto. Fany Quispe argumenta que – hasta ese momento – no existen indicios suficientes para que se “llegue” a Abudayeh. Aquí publicamos un extracto del diálogo:
Fany Quispe: De hecho que hay una relación con Ríos porque Ríos se reúne con él, con Sandro [Herrera].
Jesús Fernández Alarcón: Con Sandro.
Fany Quispe: En la Rosa Náutica, con Sandro se reúne.
Jesús Fernández Alarcón: Se reúnen Gianfranco, Ríos y Sandro.
Fany Quispe: El asunto es no confundir, ¿no? Si es que Samir Abudayeh tenía un proceso o un interés es por otro caso judicial. Pero no es el caso judicial de Sandro Herrera.
Jesús Fernández: Entiendo, entonces, que ese Sandro hizo sus negocios con Gianfranco.
Fany Quispe: Sí, claro. Con la venia de Ríos.
Jesús Fernández Alarcón: Ríos los junta para el almuerzo en la Rosa Náutica para que Gianfranco se encargue de arreglar todo.
Sudaca buscó a los fiscales del caso Cuellos Blancos, pero se excusaron de dar declaraciones. Sin embargo, una fuente de ese despacho dice que el fiscal Jesús Fernández Alarcón sigue una pista que conduce a Samir Abudayeh, sin formalizar investigación aún. Dice que Ríos declaró que el empresario organizó una reunión con magistrados para ser favorecido en un caso, pero que no puede dar más detalles.
Señala también que tiene un topo en su oficina que sabotea el trabajo del equipo. “Ya hemos denunciado que la mafia se está infiltrando. Es indignante que le dé un audio cortado”, asegura la fuente.
22 de febrero. Disposición de Magaly Quiroz Caballero, fiscal que investiga el caso Cuellos Blancos, en el que decide no abrir investigación ni citar como testigo a Samir Abudayeh por un supuesto soborno de un amigo del empresario petrolero a Walter Ríos.
Lo cierto es que a Abudayeh le sonrío la buena fortuna. El 22 de febrero la fiscal Magaly Quiroz −del mismo equipo integrado por Fernández y Quispe− decidió abrir investigación a Gianfranco Paredes y Sandro Herrera, pero no toca ni con el pétalo de una rosa al aficionado a los caballos. La trama corrupta de los Cuellos Blancos no tiene cuándo acabar.
Carta enviada por el fiscal Jesús Fernández Alarcón a Sudaca:
