Informes

Sí hay mermelada

Por: Cristian Rebosio 28.03.2025

La Municipalidad de Lima ha trato de mostrar que la actual gestión representará un cambio radical en el uso del presupuesto. Sin embargo, los gastos registrados en los últimos meses no reflejan el discurso que el alcalde suele dar en sus apariciones públicas.

“No pagaré mermelada”, señaló el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante un evento en el cual cuestionaba que los medios de comunicación no eran tan elogiosos con él como esperaba. Sin embargo, su actual gestión en la Municipalidad de Lima no parece ser precisamente un ejemplo de austeridad ni rigurosidad en los gastos.

Sudaca ha podido revisar algunos contratos que se han realizado durante los últimos años en los cuales se evidencian contratos muy elevados, una sospechosa elección de proveedores y hasta un largo contrato para darle seguimiento a las publicaciones que se hacen en los medios sobre la Municipalidad de Lima y otros distritos.

UN DEBUT ENVIDIABLE

Sudaca ha revisado los gastos que ha venido realizando la Municipalidad de Lima en los últimos años y se ha podido encontrar un caso por demás sorprendente, como parece ser la historia de Katherine Lucía León Huamán. Luego de iniciar sus estudios en 2014 en la Universidad Nacional Federico Villarreal, León Huamán se convirtió en licenciada en Ciencias Políticas en el año 2021.

Acorde a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el salario que reciben quienes han estudiado la carrera de Ciencias Políticas se encuentra entre S/ 1.540 y S/ 7.000. Pero, para León Huamán, el destino, o mejor dicho la Municipalidad de Lima, parece haberle preparado una grata sorpresa.

Pese a que estaba en sus primeros años como licenciada, su primer contrato con la Municipalidad de Lima le permitió embolsarse la generosa suma de dieciséis mil soles, una cifra que es mayor que el doble de lo que se estima que llegan a ganar sus colegas. Esta paga correspondería a la contratación de personal técnico en ciencias políticas.

Para el mes de mayo, la situación laboral de León Huamán parecía haber mejorado. En esta oportunidad, dos órdenes de servicio bajo el concepto de “servicio de asistencia técnica” le permitieron ganar, nuevamente, dieciseises mil soles en tan sólo un mes de trabajo en la municipalidad.

Este tipo de contratos continúan hasta el mes de diciembre del 2023 y, por ellos, Katherine León acumuló un total de cincuenta y seis mil soles que, si se le agrega lo recibido en mayo y marzo, alcanza un total de ochenta y ocho mil soles durante el primer año bajo la gestión de López Aliaga.

Es entonces cuando llega el 2024 y aparece una nueva orden de servicio a su nombre que no es por ocho mil ni dieciséis mil soles sino por veinticuatro mil soles. Durante este año se emitieron otras dos órdenes de servicio, una fue por veinticuatro mil soles y otra por dieciséis mil soles.

Para este 2025, Katherine León Huamán registra dos órdenes de servicio, correspondientes a los meses de enero y febrero, que suman un total de treinta y dos mil soles. Lo paradójico de este caso es que varias de estas órdenes de servicio son por un “servicio legal especializado de gestión y cumplimiento de convenios” y, precisamente, los convenios que involucran a la Municipalidad de Lima han sido el punto débil de la actual gestión.

ENFERMERA MILOFICIOS

En esta lista de contrataciones extrañas también sobresale el nombre Carmen Verónica Espejo Mere. Esta enfermera que tuvo una breve incursión en la política cuando postuló como accesitaria en las elecciones municipales y regionales del 2022 como parte del partido Avanza País. Sin embargo, para 2023, con la llegada de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, su situación cambió.

En el mes de mayo del 2023, Espejo Mere recibió su primera orden de servicio y no fue precisamente por un trabajo relacionado a la enfermería sino por un servicio de apoyo en gasfitería por el cual cobró casi dos mil soles. En los meses siguientes recibió siete órdenes de servicio más por el mismo trabajo y por el mismo monto.

Sin embargo, para 2024 su trabajo cambió y empezó a obtener órdenes de servicio por montos que fluctuaban entre dos mil y seis mil soles por un “servicio de apoyo operativo” y “servicio de ordenamiento de archivo”. Aunque el cambio más llamativo ocurre en diciembre del 2024, fecha en la cual Espejo incursiona en un nuevo rubro.

En el último mes del año pasado, Espejo Mere obtiene nuevas órdenes de servicio. Pero estas no tenían relación alguna con la enfermería ni el trabajo de gasfitería. En esta oportunidad, la Municipalidad de Lima la eligió para la conducción de eventos y por este servicio obtuvo un monto que superaba los cuarenta mil soles.

En los meses siguientes, Espejo Mere continuó obteniendo órdenes de servicio relacionadas a la producción de eventos por un total de veintiocho mil soles. Un dato no menos importante es que los únicos contratos que tiene registrados Carmen Espejo en el buscador de proveedores del Estado han sido con la Municipalidad de Lima.

SE DICE DE MI…

Desde su época como candidato a la alcaldía, Rafael López Aliaga ha tenido una postura de extrema confrontación con los medios de comunicación, o al menos con aquellos que tienen una postura crítica, y en más de una oportunidad ha tratado de mostrar que la prensa no tendrá un rol relevante en su paso por el sillón municipal.

Sin embargo, su gestión parece estar más que interesada en lo que dicen los medios. Al menos esto es lo que refleja uno de los nuevos e importantes gastos que la Municipalidad de Lima ha planeado para el 2025. El pasado mes de enero, Imedia Comunicaciones se adjudicó un “servicio de monitoreo de prensa, radioemisora, televisión y web”.

En los documentos de esta orden de servicio destaca que a esta empresa también se le pide realizar un seguimiento a las noticias de cinco distritos específicos, tres de los cuales (La Victoria, Miraflores y Barranco) cuentan con alcaldes que forman parte de Renovación Popular.

Este servicio ha sido contratado por el plazo de un año y, por lo tanto, la Municipalidad de Lima deberá desembolsar la suma de ciento ochenta mil soles a la empresa Imedia Comunicaciones.

Si bien la Municipalidad de Lima y el alcalde López Aliaga se han enfocado en señalar los malos manejos de los funcionarios que pasaron por el palacio municipal años anteriores, la gestión que hoy está en el poder no parece estar tomando el rol de la gran protectora del presupuesto de la ciudad que intentaban mostrar en campaña.

Tags:

Lopez Aliaga, Municipalidad de Lima, Renovación popular

Rolando Machado: “Esto es una gran corrupción más grande que Odebrecht”

Por: Benjamin Zevallos Jaramillo 23.03.2025

Pesquera Mar, al igual que varias empresas peruanas fueron expropiadas durante el gobierno de Velasco sin ningún tipo de compensación. “El Estado nunca pagó la compensación correspondiente. A finales de los años ochenta, Pesquera Mar solicitó el abandono y caducidad de la expropiación debido a la falta de pago”, comentó Machado mientras recuerda que para el 28 de septiembre de 1992, el Noveno Juzgado Civil de Lima falló a favor de la empresa, y esta decisión fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 20 de diciembre de 1993.

Nota de redacción: La Corte Suprema de la República declara infundada la queja interpuesta por el Procurador Público del Ministerio de Pesquería, el 24 de noviembre de 1994. Quedando expedito para que se le entreguen sus bienes y los derechos administrativos de una expropiación que nunca prosperó; pesquera Mar nunca fue expropiada.

“La primera sentencia ordenó que se devolvieran todos los derechos de Pesquera Mar incluyendo acciones y bienes, como se detalla en el expediente 390-99. Sin embargo, dicha Sentencia NUNCA fue cumplida por el Estado (PRODUCE)”, menciona Bulos. “Firmamos contratos con PESQUERA MAR S.A.C. para recibir honorarios profesionales a través de un acuerdo de cuota litis. Inicialmente, los contratos se establecieron con los señores Saavedra Montero por un 25% de las acciones y bienes de la empresa. Luego, se firmó un segundo contrato que les otorgaba el 50% de los bienes y derechos de la empresa”, añadió.

Mientras conversamos con Machado hizo hincapié al trabajo de su hermano Guillermo quien, en palabras de Rolando Machado, este vaivén de juicios y problemática de Pesquera Mar terminarían consumiéndolo y acabando con su vida.

“Ahora bien, durante el proceso culminado de expropiación que declaró EL ABANDONO Y CADUCIDAD DE LA EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA PESQUERA MAR S.A. que encuentra en Estado de Ejecución, conforme lo ha ordenado la Corte Suprema en el Exp: 1756-2010, se envió un memorando interno por parte del procurador Fernando Vidal Malca quien aceptó que la Ejecutoria Suprema en cuestión no se habría cumplido, sin embargo, a pesar de haberlo manifestado y reconocido dicho procurador persiste sin acatar la Ejecutoria Suprema”, mencionó Bulos.

La relación de la problemática con Oscar Peña

Oscar Peña Aparicio, más conocido como “el Rey de la Pesca Negra” y quien estuvo investigado por varios años y prófugo de la justicia, sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se anule la condena de cinco años que en primera instancia recibió por estar implicado en el caso Fundo Oquendo junto al expresidente regional del Callao, Félix Moreno.

Peña Aparicio, durante el gobierno de Alejandro Toledo, utilizó su empresa HOPE TRADING S.A.C. y creó la empresa: Pesquera Mar y Mundo Sac, empresas que conjuntamente con la empresa Tasa del grupo Brescia fueron denunciados penalmente y multados con 4 UIT. “Dichas empresas celebraron un contrato de asociación y participación para usufructuar los derechos pesqueros y la licencia de la planta de procesamiento de harina y aceite de pescado. Peña realizó prácticas ilegales, como la falsificación de firmas y documentos, para obtener resoluciones judiciales que le permitiera apropiarse de los derechos administrativos que son de propiedad de PESQUERA MAR S.A. y que aún no le han sido Restituidos”, mencionaron Machado y Bulos refiriendo a que esto representó un segundo atropello contra la empresa, ya que el primero había sido el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la queja del Procurador del ex Ministerio de Pesquería, debiendo haber entregado los bienes y parte de derechos a la empresa PESQUERA MAR S.A.C. como dice la sentencia.

“Hope Trading de Oscar Peña Aparicio, sin ser propietario de ningún bien ni derecho administrativo de Pesquera Mar S.A., se hace pasar como dueño de Pesquera Mar S.A.C. en complicidad con el Ministerio de la Producción utilizando la Empresa Pesquera Mar y Mundo y Pesquera Buena Vista (también de Peña) celebrando dos contratos a perpetuidad con la Empresa T.A.S.A. debidamente representados por MARIO BRESCIA MOREYRA y OTROS”, menciona Machado mientras recuerda que se firmó dos contratos, uno por las cuotas de pesca y otro por la licencia para fábrica de harina de pescado.

“Ahí no termina la cosa, Peña también se beneficia de los derechos de Pesquera Mar S.A.C., ya que con la R.D. N° 253-2003 – PRODUCE/DNEPP y la R.D. N° 150-2004 – PRODUCE/DNEPP, emitidas por Flor de María Alvarado Barriga, directora de Extracción de aquel entonces, se le entrega ilegalmente a la empresa Hope Trading y parte de los derechos de Pesquera Mar S.A.C. para constituir una embarcación nueva de 350 m3 de CBOD, llamada “Osquitar” (hoy PDA-03) con matrícula CO-21696-PM, ¿cómo le otorgan el derecho y la licencia pesquera si Oscar Peña si no es absolutamente dueño de nada ni compró nada de Pesquera Mar S.A.C.”, se pregunta indignado el investigador.

“Debemos señalar que en los contratos antes mencionados no se desligan, PEÑA y TASA son socios para siempre, hasta el día de hoy”, advierte el investigador mientras hace hincapié que estos contratos son NULOS y, por lo tanto, todo lo que pescan los Brescia con estos derechos es ilegal y también lo que procesa su planta de planta de harina y aceite de pescado en Malabrigo (Chicama), hasta el 5% que recibe Peña, según contrato.

El 15 de diciembre del 2004, el Ministerio de la producción SANCIONA y DENUNCIA PENALMENTE A PEÑA, a los BRESCIA y a sus empresas por falsificación de firmas y documentación fraguada al tratar de ingresar documentación para pescar ilegalmente, luego con el actuar de malos funcionarios y Javier Reátegui Roselló como Ministro de Producción quién también se benefició ilegalmente, apoderándose de 70 m3 de Capacidad de Bodega (CBOD) aumentando la capacidad de la bodega de la embarcación que administra. “Se verifica que continúan con sus fechorías, logrando ilegalmente apropiarse de los derechos de pesca y licencia para fábrica de harina , así como las cuotas de pesca de la Empresa Pesquera Mar S.A.C. la verdadera propietaria, comprobándose la falta de buena fe”, mencionan Machado y Bulos.

“Puedes pedirle su versión a TASA, pero no te van a dar nada por qué no tienen ningún fundamento, contrato o prueba legal que presentar. Los Brescia son socios de Oscar Peña Aparicio a perpetuidad en un contrato que es nulo”, sentencia Bulos recordando que la Ejecutoria Suprema 1756-2010 y la Sentencia del TC del 2019 no estarían siendo cumplidas por el Ministerio de la Producción.

“Esto no es entre dos personas particulares y dos empresas. Porque acá la responsabilidad la tiene el Estado. Aquí se cumplen delitos continuados y de organización criminal”, menciona Machado. “Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ejecutoria. Si hablamos de T.A.S.A, simplemente en el 2004 a la actualidad (21 años), tienen una deuda exorbitante por Lucro Cesante, tanto de la extracción de anchoveta como el procesamiento de harina y aceite de pescado por utilizar la licencia ilegalmente ; deuda con el Estado en materia administrativa por las multas establecidas tanto en el RISPAC como en el actual REFISAPA del Ministerio de la Producción, por pescar y elaborar harina sin contar con el derecho pesquero; y por último, los daños y perjuicios que ha originado esta empresa por 20 años, su deuda es mucho más de lo que vale la empresa, Tasa”, sentencia.

La participación de Exalmar:

Según menciona Machado, en el mes de julio del 2011, tiempo después que se emite la Ejecutoria Suprema 1956-2010, Víctor Matta Curotto conjuntamente con Martin Belaunde Lossio y Martin Kohatsu ofrecen comprar las cuotas de Pesquera Mar SAC, sin embargo, el origen del dinero que ofrecían no era legal.

“El Dr. Machado desestimó la venta a la empresa Exalmar sin embargo el abogado de Exalmar Martin Kohatsu celebró una compra ficticia, sin tracto sucesivo con firmas falsas y sin que el número de acciones cuadre debidamente. Así y todo presentaron dicho documento al Ministerio de la Producción haciéndose de las cuotas de Pesquera Mar creando una duplicidad de cuotas ya que los Brescia con su empresa Tasa también las venían utilizando sin ningún derecho”, menciona Machado. “Se desató una pugna en la que la SNP expulsa Exalmar de dicha sociedad por haberse atrevido a comprar las cuotas de Pesquera Mar defendiendo claramente la pesca ilegal de la sociedad Tasa Peña – los actos cometidos con la participación de Exalmar fueron investigados por el fiscal José Domingo Pérez quien sospechosamente dejo caducar el caso sin investigar a cabalidad”, añade Bulos.

“Cabe resaltar que Exalmar pagó cinco millones de dólares a través de una venta ficticia para obtener los derechos de Pesquera Mar. Al verse descubierto vende ilegalmente la empresa Pesquera Mar a su hijo Víctor Matta Dall’Orso a través de su empresa Cedes Management Corp offshore de Víctor Matta Dallorso, hijo de Víctor Matta Curotto propietario de pesquera EXALMAR por 750.000 dólares para que éste liquide la empresa y deshacerse del problema”, menciona Bulos.

“Cuando intentaron desaparecer la empresa Pesquera Mar, lo hicieron todo mal. Esta transferencia no tiene valor alguno. En el encabezado dice que el que hace el llamado de conocimiento es el anterior gerente (10 de agosto del 2012) cuando supuestamente renuncia éste el 06 agosto 2012. No podría intervenir en esa fecha y mayor razón si la transferencia a esa empresa no ha sido autorizada por el gerente”, añade Bulos.

Al cierre de esta nota, el abogado y el investigador de temas pesqueros sentencian que se ha extendido esta problemática por bastantes años. “Ellos (TASA, Oscar Peña Aparicio, y otras empresas pesqueras), que tienen los bienes y derechos de Pesquera Mar, no pueden probar que tienen contratos válidos con Pesquera Mar, esto es una gran corrupción, más grande que Odebrecht”, menciona Machado recordando que este caso ha durado más de lo debido y que se tiene que sanear lo antes posible. “Sigo siendo el acreedor, rescaté la empresa de la estatización de Velasco cumpliendo así con mis obligaciones mientras que los Brescia de tasa y su socio Oscar Peña siguen trabajando. He cumplido con mis obligaciones, mientras que ellos siguen trabajando con documentos nulos y sin efecto legal”, culmina.

Tags:

Cuellos Blancos, Erick Bulos, Oscar Peña, Pesquera Mar

Congresista Edwin Martínez presenta denuncia ante la JNJ por conflicto de intereses en Quinta Sala Suprema

Por: Unidad de Investigación 20.03.2025

Esperamos que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto y admita la denuncia.

Según la denuncia, “existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.

Al inicio de esta semana pusimos al descubierto una situación que podría comprometer la imparcialidad de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Habiamos difundido que la magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

Sudaca tomó conocimiento que el congresista Edwin Martínez tomó nota de muestra denuncia por el conflicto de interés de la magistrada Hilda Tovar de la Quinta Sala Suprema y presentó denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esperamos que la JNJ tome cartas en el asunto y admita la denuncia. Adjuntamos el cargo del expediente presentado.

Según el expediente presentado por el congresista Edwin Matínez ante la JNJ en que solicita se abra proceso disciplinario, se indica que la Jueza Suprema Provisional Hilda Martina Rosario Tovar Buendía habría incurrido en la falta tipificada como muy grave en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial en tanto ocultó que le era imputable la prohibición dispuesta en el numeral 11 del artículo 40 de la misma ley, que proscribe a los jueces de conocer casos cuando algún familiar suyo tiene interés o vinculación laboral con alguna de las partes del proceso.

En consecuencia, se solicitó se abra proceso disciplinario a la señora Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, Jueza Suprema Provisional de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte de Justicia de la República en atención a que habría incurrido en una falta disciplinaria en razón de las contravención de las disposiciones establecidas en la Ley 29277 (Ley de carrera judicial).

Según se menciona en los Fundamentos de Hecho que sustentan la denuncia, se indica que la magistrada provisional y el señor Javier Tovar comparten como padres a los señores Justo Tovar y Palmira Buendía, siendo evidente que son hermanos directos de padre y madre. Entonces, es claro que existe un estrecho vínculo entre ambos, que inevitablemente genera consecuencias en el ámbito laboral, tales como conflictos de interés, influencia, etc.

“Ahora bien, el señor Javier Vicente Tovar buen día, fue designado, a propuesta del propio Ministerio de Economía y Finanzas como su representante en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros SAC. (AMSAC) este nombramiento se consta en documento denominado acuerdo de directorio número 001 -2024 /011 FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2024. De igual manera, es pertinente resaltar que la empresa AMSAC, es una empresa integrante de la Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) que a su vez es una persona jurídica de derecho público adscrita al MEF” según el expediente de denuncia presentado.

Asimismo, en el expediente se indica que el 21 de noviembre de 2024, con posterioridad a la designación de su hermano como representante del MEF, la doctora Tovar Buendia asumió el cargo de Jueza Suprema Provisional en la Quinta Sala Suprema, Sala Suprema especializada en controversias de naturaleza tributaria, a pesar del claro conflicto de intereses que suponía que su hermano sea representante del MEF desde octubre de 2024.

“Por tanto, se tiene que la Magistrada Suprema Provisional ocultó dicha situación irregular pese a que ello suponía un impedimento para el ejercicio de su función en casos en los que el MEF era parte (como es el caso de naturaleza tributaria)” se indica en la denuncia.

Asimismo, se indica que para el caso presente, se puede apreciar en el portal web del Poder Judicial que un número sustancial de las controversias contencioso -administrativas de materia tributaria resueltas en vía de casación, ante la Quinta Sala Suprema son interpuestas por la SUNAT, que es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y finanzas en contra de diferentes personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (emprendedores).

“Así mismo, en los precitados procesos, el Tribunal Fiscal suele desempeñarse como parte procesal codemandada, siendo que esta entidad también se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto es así, que en todos los casos, quien ejerce la defensa del codemandado Tribunal Fiscal es el propio Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Insólito” se resalta en la denuncia.

Finalmente, se indica que “En síntesis existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.

Tags:

Junta Nacional de Justicia, Sudaca, Sudaka, Tovar

Ladridos de ayuda en Los Olivos

Por: Cristian Rebosio 19.03.2025

A lo largo de la historia, los perros han asumido roles que pueden ir mucho más allá del lugar de mascotas. Estos animales han participado en tareas muy complejas como la detección de drogas y explosivos e incluso se les ha visto ser protagonistas en el trabajo de rescate de sobrevivientes cuando ocurren desastres naturales.

A cambio de su trabajo, no se espera que reciban condecoraciones ni mucho menos aumentos salariales sino un trato humanitario mientras están en servicio y que se les garantice una adecuada calidad de vida cuando este termina. Sin embargo, lo que parece un pedido razonable a cambio de su labor, no siempre se cumple.

Sudaca ha podido seguir el caso de la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos que pone nuevamente en discusión el trato que se les da en nuestro país a aquellos animales que están al servicio de la población y que, lejos de recibir los cuidado que merecen, son expuestos a condiciones insalubres y un abandono que incluso llega a producirles la muerte.

INDIFERENCIA MUNICIPAL

“Hemos venido viendo a el trato que les da la municipalidad desde que comenzó la gestión en 2023”, comentó Nataly Moscoso Ponce, presidenta de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO), en declaraciones brindadas a Sudaca con respecto al preocupante presente de los perros que integran la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos y que colaboran con la seguridad del distrito.

Según lo relatado por Moscoso, desde que Luis Felipe Castillo Oliva llegó a la alcaldía de Los Olivos, los canes que están al cuidado de la municipalidad han presentado numerosos problemas que van desde la falta de vacunas y antiparasitarios hasta la ausencia de la atención veterinaria que pueden requerir.

Pero esta situación llegó a su punto más crítico durante los primeros días de este mes cuando Black, uno de los canes que integraban esta brigada, murió a los ocho años en una jaula como consecuencia del tumor que padeció en los últimos meses y el cual la Municipalidad de Los Olivos no atendió como correspondía.

Lo más indignante con respecto a la historia de Black es que, meses atrás, había sido operado por otro tumor y quienes se tuvieron que hacer cargo del costo de este procedimiento fueron algunos trabajadores y una veterinaria privada mientras que la gestión de Castillo Oliva permanecía indiferente ante este caso.

Sudaca pudo acceder a algunas de las conversaciones entre los trabajadores de la municipalidad y los integrantes de COPAO en los cuales exponen el desinterés por parte de los funcionarios de este distrito ante la situación que venía padeciendo este integrante de la brigada canina en sus últimos días.

Pero esta no fue la única advertencia sobre el estado de salud de Black y otros de los integrantes de la brigada canina. Las siguientes conclusiones pertenecen a un informe del 29 de agosto del 2024 preparado por el veterinario Wilder Aguado Huaylla en el cual se advertía que Black era uno de los candidato a baja de manera prioritaria y que, además, habían casos de desmayos.

Además, otro informe también emitido por el mismo veterinario en el mes de agosto detallaba que Black presentaba un lipoma, un tumor de crecimiento lento, y que por ello requería cirugía a la brevedad posible, la cual fue pagada por trabajadores y contó con la ayuda de una veterinaria ante la ausencia de interés por parte del municipio. Este informe también señalaba que Black, que en ese momento tenía siete años, tenía cojera producto a la displasia.

UNA HISTORIA QUE SE REPITE

Pero el triste fallecimiento de Black corre el riesgo de no ser la única baja en la brigada canina debido a la negligencia de los funcionarios de Los Olivos. En el siguiente chat, un trabajador de esta municipalidad cuya identidad se mantiene en reserva para evitar represalias cuenta que son varios los perros pertenecientes a esta brigada que no se encuentran en un estado de salud idóneo.

Sumado a los casos de displasia, la cual es una dolorosa enfermedad degenerativa que produce una malformación en la unión del fémur y la pelvis de los canes, la titular de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) explica que la Municipalidad de Los Olivos ignora sus pedidos para que estos animales sean dados en adopción y puedan recibir una mejor calidad de vida.

En el siguiente informe que data de junio del año pasado, el supervisor de la brigada canina había informado que cuatro de sus integrantes no se encontraban aptos para el servicio de patrullaje e incluso, tal como se aprecia en la siguiente imagen, se detallaba el caso de uno de los integrantes de esta brigada que había sido operado por un cáncer. No obstante, William Valladares Escobedo, gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, no le habría dado mayor importancia a esta situación.

“Solicitamos que les realicen exámenes y hasta el día de hoy no lo hacen”, relata Nataly Moscoso sobre el alarmante estado en que se encuentran estos animales y agrega que “las atenciones de ecografía, radiografía, exámenes bioquímicos y hemogramas determinan su salud y si están aptos para realizar esta labor”.

En el siguiente oficio enviado a Valladares Escobedo por parte de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) en el mes de enero se había exigido que la municipalidad entregue los informes sobre las evaluaciones médicas que se les debían realizar a los integrantes de la brigada canina. No obstante, estos nunca fueron entregados.

La historia de Black llegó a su final de una forma tan dolorosa como evitable y, si bien nada revertirá su triste desenlace, la difusión de su caso debería llevar a que las municipalidades y todas las instituciones con animales a su cargo entiendan la responsabilidad que deben asumir para que situaciones como las relatadas en este informe no se repitan. Mientras tanto, se siguen escuchando ladridos de ayuda en Los Olivos.

Posible conflicto de intereses en la Quinta Sala Suprema

Por: Unidad de Investigación 16.03.2025

Magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.
La Dra. Tovar Buendía asumió el cargo de jueza suprema provisional en la Quinta Sala Suprema que resuelve los casos de materia tributaria en vía de casación, en los cuales el MEF siempre mantiene un interés directo.
El conflicto de intereses radica en que, al tratarse de un cargo de confianza, el Sr. Tovar Buendía actúa como representante de un sector del Estado que, en numerosos procesos judiciales, busca maximizar la recaudación tributaria. La existencia de este vínculo familiar plantea legítimas dudas sobre la independencia de criterio que debe regir las decisiones de la magistrada en casos en los que el MEF es parte interesada.
Autoridades judiciales tienen la obligación de esclarecer por qué este evidente conflicto de intereses no fue detectado a tiempo.

Recientes revelaciones han puesto en evidencia una situación que podría comprometer la imparcialidad de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Se ha conocido que la magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

La designación del Sr. Tovar Buendía en dicho directorio fue dispuesta mediante Acuerdo de Directorio N.º 001-2024/011-FONAFE, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 26 de octubre de 2024. Por su parte, menos de un mes después, el 21 de noviembre de 2024, la Dra. Tovar Buendía asumió el cargo de jueza suprema provisional en la Quinta Sala Suprema que resuelve los casos de materia tributaria en vía de casación, en los cuales el MEF siempre mantiene un interés directo y la SUNAT que es entidad adscrita a dicha institución.

Conflicto de intereses

El conflicto de intereses radica en que, al tratarse de un cargo de confianza, el Sr. Tovar Buendía actúa como representante de un sector del Estado que, en numerosos procesos judiciales, busca maximizar la recaudación tributaria. La existencia de este vínculo familiar plantea legítimas dudas sobre la independencia de criterio que debe regir las decisiones de la magistrada en casos en los que el MEF es parte interesada.

Falta de transparencia en Quinta Sala Suprema

Como consecuencia, la falta de transparencia de la Quinta Sala Suprema resulta alarmante. ¿Cómo es posible que una magistrada con un vínculo tan evidente con el Ministerio de Economía y Finanzas esté resolviendo casos donde esta entidad tiene un interés directo? El silencio en torno a esta situación no solo es una afrenta a los principios de imparcialidad judicial, sino que pone en entredicho la credibilidad de la Quinta Sala Suprema. La justicia no puede permitirse la más mínima sospecha de favoritismo, y sin embargo, este escenario parece hecho a la medida para favorecer a una de las partes en litigio.

Si el Poder Judicial pretende mantener un mínimo de confianza ante la ciudadanía, es imperativo que se tomen medidas inmediatas. La magistrada debe rendir cuentas sobre su idoneidad para continuar en el cargo, y las autoridades judiciales tienen la obligación de esclarecer por qué este evidente conflicto de intereses no fue detectado a tiempo. Como bien expresó el filólogo José María Sbarbi: “La justicia no tiene parientes, toda es de hueso sólido, sin carne ni sangre”, puesto la justicia no puede ser un juego de influencias ni un feudo de intereses familiares, sino una garantía para toda la sociedad.

El Poder Judicial no puede ignorar la preocupación de una sociedad que exige respuestas y, sobre todo, garantías de que los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República no estén teñidos de favoritismos ni compromisos ocultos.

#Importante Juez supremo decano César San Martín Castro tomó juramento a la magistrada Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, como jueza suprema provisional de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/1HGonzWC74
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 21, 2024

https://supremafortuna.ojo-publico.com/juez/1136/

Odontólogos todoterreno

Por: Cristian Rebosio 13.03.2025

Una nueva ley aprobada por el Congreso amenaza con habilitar a los odontólogos a realizar una serie de procedimientos quirúrgicos que pondrían en riesgo a sus pacientes.

Si algo ha caracterizado al grupo de parlamentarios que actualmente ocupan los escaños del Congreso de la República es su predisposición para legislar, sin vergüenza alguna, en favor de intereses particulares y sin escuchar voces autorizadas. Pero esta forma de realizar la labor congresal trae consecuencias que termina padeciendo el peruano de a pie.

Esto es lo que ha ocurrido con la Ley N°32210, la cual nació de una propuesta legislativa que buscaba habilitar a los odontólogos para que realicen una serie de procedimientos que, hasta ahora, eran una exclusividad de cirujanos plásticos y profesionales de la salud dedicados a la dermatología.

LA LEY Y SU ORDEN

Pero este tipo de leyes no son una novedad. En el año 2019, el propio Colegio Odontológico del Perú le solicitó al entonces presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Segundo Tapia Bernal, que el proyecto de ley N° 2620/2017, el cual regulaba la comercialización, uso y aplicación de sustancias de relleno denominadas biopolímeros y afines en tratamientos corporales con fines estéticos y definía dichos procedimientos como acto médico, incluya a los a los cirujanos dentistas y les permita hacer uso de biopolímeros absorbibles inyectables.

Sin embargo, esta solicitud no prosperó y quienes integraban el parlamento por aquella época no respaldaron el pedido del Colegio Odontológico del Perú. No obstante, años después, han vuelto a hacerse presentes en el Legislativo con un proyecto de ley, todavía más ambicioso, que recibió la luz verde y que ha despertado preocupación entre profesionales de la salud por el contexto en que fue aprobado.

Fue durante los primero días de junio del año 2022 cuando ingresó un proyecto de ley que tenía como autor al congresista fujimorista César Revilla Villanueva y, tal como lo señala en su título, dicha iniciativa pretendía modificar una serie de artículos de la ley de trabajo del cirujano dentista.

Según lo propuesto en esta iniciativa legislativa, los odontólogos podrían estar habilitados para realizar procedimientos quirúrgicos que, hasta la fecha, sólo podían ser llevados a cabo por médicos cirujanos. Esta situación generó una contundente oposición por parte del Colegio Médico del Perú que justificó esta postura alegando que la formación de los odontólogos no abarcaba todos los aspectos que debían tenerse en cuenta para poder realizar correctamente un procedimiento quirúrgico lo que, en consecuencia, pondría en riesgo a los pacientes.

Cabe señalar que, tal como lo señala el propio proyecto de ley, no parte únicamente del interés del congresista de Fuerza Popular sino que este fue “socializado y consensuado con el Colegio de Odontólogos del Perú”.

La historia de esta ley dio un giro inesperado en diciembre del año pasado cuando, sin un amplio debate de por medio, pese a que el Ejecutivo la había observado e ignorando las advertencias del Colegio Médico del Perú, dicha ley fue aprobada por insistencia y publicada, sospechosamente, a pocos días de la navidad.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON ESTA LEY?

Esta insólita situación ha llevado a que se instale la pregunta sobre quién es el más interesado en que esta ley sea ratificada por el Congreso y las respuestas podrían estar en el propio Colegio Odontológico del Perú. Sudaca ha podido revisar el historial del decano de este colegio, el doctor Luis Ghezzi Hernández, quien en el pasado ha sido invitado especial de FACOP.

FACOP, Faculdade do Centro Oeste Paulista, es una institución con raíces en Brasil que se dedica a brindar cursos relacionados a la odontología y procedimientos estéticos y, casualmente, dos meses antes que esta ley sea publicada en El Peruano, FACOP anunció su llegada al Perú, lo que supondría un negocio más lucrativo si los odontólogos están habilitados para realizar ciertos procedimientos, tal como lo avalaría la Ley N° 32210.

Sudaca conversó con Luis Ghezzi, quien señaló que esta ley “favorece a la población” y respondió a los cuestionamientos alegando que se han dicho mentiras con respecto al impacto que podría tener esta ley. Además, agregó que “hay un interés económico a favor de algunas especialidades y algunos dirigentes del Colegio Médico del Perú para monopolizar la atención médica”.

En los últimos días, algunas fuentes también han señalado que existirían sospechosos depósitos bancarios entre una persona cercana a FACOP y el decano del Colegio Odontológico del Perú. Sin embargo, en conversación con Sudaca, Luis Ghezzi ha rechazado rotundamente estas versiones.

Esta semana el Congreso podría votar para derogar la polémica Ley N° 32210 y tendrá la oportunidad de enmendar uno de sus tantos errores que, en esta oportunidad, golpea directamente la salud de los peruanos que corren el riesgo de estar en manos de personas que no están capacitadas correctamente para los procedimientos que esta ley les permitiría llevar a cabo.

La costosa campaña de Acuña

Por: Cristian Rebosio 7.03.2025

En medio de las crisis que atraviesa La Libertad, César Acuña aprueba una costosa campaña de publicidad para su gobierno regional que planea destinar más de dos millones de soles para estas campañas.

Pese a las emergencias relacionadas con el incontrolable aumento de la criminalidad y las fuertes lluvias que azotan la región de La Libertad, el gobernador regional y líder del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, ha sorprendido al tomarse un nuevo periodo de vacaciones por nueve días.

Sin embargo, antes de abandonar sus funciones en medio del estado de emergencia y pese a que se esperaría que un gobernador tenga otras prioridades, Acuña Peralta ha firmado dos resoluciones que le permitirán al Gobierno Regional de La Libertad disponer de una cuantiosa cantidad de dinero que será utilizada para financiar la difusión de contenido publicitario.

Sudaca ha podido revisar los documentos que fueron firmados por el propio César Acuña durante la última semana y en los cuales se detallan estos insólitos gastos le costarán a La Libertad varios millones de soles y que, además, no es la primera vez que se están realizando bajo la gestión del político de APP.

PUBLICIDAD COMO CANCHA

La primera de estas dos resoluciones que fueron aprobadas por César Acuña fue firmada el lunes de la presente semana. En este documento se abordaba el plan de estrategia publicitario y plan del medios para el año 2025 que fue emitido por la Gerencia Regional de Imagen Institucional.

El plan de estrategia publicitaria elaborado por la Gerencia Regional de Imagen Institucional solicitaba que se destine dos millones de soles para el plan de estrategia publicitaria y explicaban que casi novecientos mil soles de ese monto serían destinados al plan de medios preparado para el año 2025.

Uno de los puntos que llama la atención en este documento es que la estrategia propuesta para el Gobierno Regional de La Libertad no se limita a tener un alcance regional sino que busca llegar a todo el país y comprende a los llamados medios tradicionales como a los no convencionales.

Sin embargo, tan sólo tres días después de aprobar este plan de estrategia publicitaria y medios, más precisamente el jueves 6 de marzo, César Acuña aprueba una nueva resolución gerencial regional con la cual se iba a modificar el plan anual de contrataciones dispuesto para el Gobierno Regional de La Libertad para el año 2025.

Esta modificación consistía en incluir siete procedimientos de selección al plan anual de contrataciones que había sido aprobado previamente. Apoyándose en una directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el cual se señala que “el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir y excluir contrataciones”, esta modificación fue avalada.

Pero estos siete procedimientos de selección incluidos tuvieron una única descripción. Bajo el procedimiento de contratación directa, se aprobaron siete servicios de difusión de contenido publicitario en radio y medios digitales para la Gerencia Regional de Imagen Institucional del Gobierno Regional de La Libertad que alcanzaban la cifra de S/ 542,737.60 en total.

Sudaca también pudo revisar el plan de medios que el Gobierno Regional de La Libertad armó para este año y se pretende utilizar más de cuatrocientos mil soles en siete campañas que se emitirían por dieciséis radios.

Por otro lado, en lo que respecta a medios digitales, la gestión que encabeza César Acuña ha estimado destinar S/ 477,580.00 en doce medios distintos. Estas campañas incluyen publicidad en las redes sociales de los medios así como en su sitio web y también un publirreportaje.

AUMENTOS GENEROSOS

El 2025 no es el primer año que el Gobierno Regional de La Libertad decide realizar un gasto de este calibre en una estrategia publicitaria. Sin embargo, lo que se puede observar es que el monto destinado para esta finalidad se ha incrementado de forma notoria. Por ejemplo, el plan de medios del año pasado no llegaba al millón de soles.

La estrategia publicitaria empleada para el año 2023 apenas superaba los quinientos mil soles, un monto muy inferior a los dos millones que se estarán destinando para el plan diseñado para el año actual.

Si bien es preciso señalar que los gastos en publicidad están regulados y no implica un delito por parte de quien los paga ni de los medios que son contratados, la situación que atraviesa La Libertad y que, aparentemente, el gobernador César Acuña no ha podido solucionar invitan a pensar que la inversión y las prioridades deberían enfocarse en otras áreas.

Tags:

app, César Acuña, La Libertad

¿Congresistas o pastores?

Por: Cristian Rebosio 5.03.2025

El nuevo proyecto de ley de Patricia Chirinos y Renovación Popular que pretende instalar a representantes de las iglesias cristianas en diversas instituciones del Estado.

Aunque el Perú está atravesando una grave crisis relacionada a la inseguridad que cada vez parece estar más lejos de ser controlada y los integrantes del gobierno de Dina Boluarte no pasan ni una semana sin involucrarse en hechos cuestionables, las prioridades en el Congreso parecen ir por otro rumbo.

Como se ha podido ver en más de una oportunidad, son varios los parlamentarios que se encuentran estrechamente vinculados con diversas iglesias con las cuales colaboran públicamente asistiendo a sus eventos e impulsando marchas contra las personas LGTBI o el enfoque de género. Este vínculo incluso ha llevado a que el Congreso condecore a quienes manejan estas iglesias.

Pero este apoyo ahora tiene la intención de ir mucho más lejos. En los últimos días, se ha podido conocer que la congresista Patricia Chirinos, quien ahora integra las filas de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que estaría buscando instalar a un representante de las iglesias cristianas en la instituciones y servicios del Estado.

EVANGELIZANDO AL ESTADO

Si bien se esperaría que las interminables crisis políticas y sociales que padecen los peruanos a diario mantengan a los parlamentarios enfocados en ofrecer soluciones al respecto, en el hemiciclo tendrían intereses personales que reciben mayor atención. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la congresista Chirinos que parece estar haciendo su mayor esfuerzo por encajar con los intereses religiosos de la bancada de Renovación Popular y se ha convertido en la autora de un inesperado proyecto de ley titulado “Ley de capellanía integral en las entidades y servicios del Estado”.

La propuesta de Chirinos, que se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso, dice tener como propósito regular la institución de la capellanía en el país estableciendo los requisitos para quienes desempeñen esta función y se ampara en la Ley de Libertad Religiosa.

Acorde al propio texto presentado por la integrante de Renovación Popular, el capellán deberá estar acreditado y capacitado por una asociación que esté registrada en el Registro de Entidades Religiosa (RER) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Inexplicablemente, la nacionalidad del capellán jugará un rol importante en su designación debido a que, según el proyecto de ley, la persona designada deber ser, preferentemente, de nacionalidad peruana.

Esta asistencia religiosa se tendría que brindar en diversos lugares, como los centros penitenciarios, hospitales, entidades deportivas y culturales e instituciones educativas en todos los niveles. Además, entre las actividades que podrían realizar se han incluido misas, funerales y hasta matrimonios.

Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención es que, a pesar que el proyecto de ley dice no favorecer a ninguna entidad religiosa o espiritual en particular, respetar la libertad religiosa y estar en contra de la discriminación religiosa, a la única religión que hace referencia este proyecto en más de uno de sus artículos es a la cristiana.

SEGUNDO ROUND

Pero esta no es la primera vez que el Congreso, y más precisamente Renovación Popular, intenta llevar la religión a las instituciones del Estado. En el año 2022, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley que con el cual pretendía las instituciones militares y policiales cuenten con un servicio de asistencia religiosa.

No obstante, en el proyecto de ley presentado por el congresista Muñante la tendencia a favorecer a un credo en particular era menos disimulada y señalaba directamente en el título que esta asistencia religiosa sería sólo para los cristianos evangélicos. Pero, además, pretendía que los ministerios de Defensa e Interior usen su presupuesto para implementar esta propuesta.

Acorde a lo que indica la propia página web del Congreso, este proyecto regresó a la Comisión de Constitución en octubre del 2023. Desde entonces no se tuvo más noticias al respecto hasta que la congresista Chirinos presentó esta nueva propuesta legislativa que parece ser muy similar y no sólo se limita a entidades militares y policiales sino que abarca muchas más instituciones además de habilitar que se lleven a cabo numerosas ceremonias y rituales.

Aunque la propia Constitución establece que el Perú es un Estado laico, este tipo de propuestas legislativas, como las presentadas por los congresistas Muñante y Chirinos, evidencian que en los poderes del Estado existe una clara intención por favorecer a determinadas doctrinas y que los parlamentarios están dispuestos a asumir un rol de pastores priorizando la difusión de sus dogmas.

Tags:

Congreso, Patricia Chirinos, Renovación popular

El candidato fiestero de Acuña llega al Minsa

Por: Cristian Rebosio 3.03.2025

El partido de César Acuña ha logrado instalar en el Ministerio de Salud a otro de allegados. En esta oportunidad, un excandidato a la alcaldía de Maynas y acusado de estas de fiesta en el peor momento de la pandemia se ha convertido en director ejecutivo con la venia del ministro César Vásquez.

Sin el respaldo de la mayoría de la población, graves errores que se siguen acumulando y deficientes resultados en el trabajo de los ministerios, el gobierno que encabeza Dina Boluarte ha encontrado en las agrupaciones políticas con representación en el Congreso su principal y única carta para sostenerse en el poder.

Sin embargo, en una política peruana ensombrecida por intereses subalternos y negociados bajo de la mesa, no hace falta ser demasiado suspicaz para notar que este respaldo del Legislativo a Boluarte y su gabinete no le está resultando nada barato a la mandataria y menos al Perú.

Durante los últimos meses, Sudaca ha expuesto una serie de designaciones hechas en diversos ministerios que no sólo carecen de una experiencia laboral que sustente estas contrataciones sino que se ha tratado de personajes, casualmente, vinculados con los partidos políticos cercanos al gobierno actual. Entre estos, uno de los que más destaca en la lista es Alianza Para el Progreso, el partido de César Acuña.

OTRO EX

Cuando César Henry Vásquez Sánchez, militante de Alianza Para el Progreso, fue designado por Dina Boluarte para tener a su cargo el Ministerio de Salud, las sospechas de un posible intercambio de favores entre la presidenta y César Acuña se encendieron. Lamentablemente para los intereses del Perú, diversos informes periodísticos expusieron que, tras la llegada de Vásquez al Minsa, tanto personas cercanas a Vásquez como a Acuña y su partido obtuvieron cargos y contratos con este ministerio.

Pese a que el escrutinio de los medios ha estado presente, el desinterés del ministro Vásquez pro realizar designaciones apropiadas se ha mantenido y hoy el Ministerio de Salud le sigue abriendo las puertas a personajes cercanos a su partido político. Sudaca ha encontrado un nuevo caso de un antiguo integrante de Alianza Para el Progreso que hoy consigue importantes designaciones en el ministerio que está bajo el mando de otro miembro de esta agrupación.

En esta oportunidad, el protagonista del nuevo anuncio del Ministerio de Salud es Yuri Alfonso Alegre Palomino, quien el pasado 20 de febrero fue nombrado como el nuevo director ejecutivo en la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del Ministerio de Salud.

Cabe señalar que, tres días antes, Alegre Palomino había renunciado a su cargo como director ejecutivo en la Dirección de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud

Ambiental e Inocuidad Alimentaria, puesto al que había accedido el 30 de octubre del año pasado.

Estas designaciones no parecían tener nada de sospechoso. Sin embargo, al revisar el historial de Yuri Alegre Palomino se puede encontrar que, pocos años atrás, fue candidato para la alcaldía provincial de Maynas, parte del departamento de Loreto, de la mano del partido político de César Acuña y del cual también es parte el titular del Ministerio de Salud.

ALEGRE PERO INOPORTUNO

Pero esto no es lo único que se conoce con respecto a Yuri Alegre. A inicios del año 2021, cuando el país todavía era cruelmente azotado por la pandemia del Covid-19, el nuevo director ejecutivo fue visto realizando una fiesta de cumpleaños con numerosos invitados y hasta banca de música pese a que, por esas fechas, todavía se le pedía a población mantener el distanciamiento social, se prohibían reuniones y se exigía el uso de mascarillas.

En este informe que fue publicado por el Diario Ahora también se cuestionaba la irresponsabilidad por parte de Alegre Palomino dado que en esa época atendía pacientes en el Centro de Salud de Morona Cocha así como en su consultorio personal y este tipo de reuniones habían ayudado a propagar con mayor velocidad los contagios.

Según la información de este medio, la fiesta tuvo lugar en los primero días del mes de abril del año 2021 y, para entender mejor el contexto y la gravedad de esa denuncia, se debe tener en cuenta que el mes de abril de ese año fue uno de los más trágicos para el país y que incluso se llegó a superar los cuatrocientos fallecidos en un día.

Durante los meses pasados, Sudaca ha publicado varios informes que exponen las numerosas deficiencias que está reportando en Ministerio de Salud en temas clave para el sector, como son los bajos números en vacunaciones, los errores en la compra de medicamentos y hasta la improvisación con las personas que reciben tratamiento para el VIH.

No obstante, el ministro Vásquez parece más enfocado en darle trabajo a personajes con pasado en el partido político en el cual él ha militado y, como el propio ministro lo ha señalado, incluso ya está pensando en su próxima aventura política como posible candidato al Congreso o en las elecciones regionales del 2026.

Tags:

César Acuña, cesar vasquez, Ministerio de Salud

Página 11 de 102 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 »