[INFORMES]“Estoy harta de que me digas él”. Hace unos días, la opinión pública estuvo en acuerdos y desacuerdos por lo acontecido en ATV con Etza Reátegui Wong, conocida como “Uchulu”, un personaje que nació en la televisión y que fue objeto de agresiones verbales por parte de dos personajes también conocidos: Carlos Cacho y Andrés Hurtado.
Si un DNI no identifica a una persona, es un documento que no sirve. Lamentablemente, vemos como los miembros de la comunidad LGBTQI+ vienen luchando por ser reconocidos, no solo por una sociedad que parece reacia en aceptar sus derechos, sino también, en que también forman parte de nuestra sociedad. Las redes sociales se han vuelto el principal foco para atacar a cada uno de sus miembros, que cabe resaltar, no es solamente a las personas cuya orientación es homosexual.
La transfobia son las acciones de prejuicio, discriminación, agresión y odio que se le puede tener a una persona transgenero. En el caso de Etza, hablamos de comentarios desatinados que se intentan justificar con la famosa frase: “Hay que darle al público lo que quiere ver”. Burlas. Agresiones. Son solo algunas acciones que se permiten en cadena nacional y este caso no fue la excepción.
Plantón en las afueras de ATV tras las agresiones contra Etza Reátegui
En el caso de Etza, exige en todo su derecho que fuera reconocida como “ella” por parte del conductor Andrés Hurtado; por otro lado, se vio intimidada por un estilista como Carlos Cacho quien exigió que mostrara su DNI para constatar que su nombre era femenino. Entonces, ¿Por qué mostrar un documento tan importante como el DNI por la televisión? ¿Por qué reclamar a una persona que no se considera hombre y quiere ser reconocido de otra manera?
“¡Su nombre es Etza, y se la respeta! Denunciamos los actos de transfobia que atentan contra su identidad. Reproducir el discurso revictimiza, no seamos parte del problema.”, sentencio la organización feminista Manuela Ramos. Y es que no es admisible que un canal de televisión transmita actos de discriminación y odio hacia una persona. Sobre todo, porque después de ello, el canal mostró a una Uchulu llorando por estas acciones. Lo más indignante es que a partir de ello intenten generar rating para que la teleaudiencia esté a la expectativa si es que el personaje se quedaría en el reality.
Mensaje público de la organización “Manuela Ramos”
Las redes sociales, un gran impulsor del odio a la comunidad LGBTQI+
Es cierto mencionar que muchas personas en un acto de cobardía y poca empatía se generan cuentas falsas en Twitter y empiezan a propagar frases lamentables contra la comunidad LGBTQI+. Desde algún caso de agresión contra ello, las marchas anuales que se convocan y casos como el de la Uchulu que no ha sido excepción para estos usuarios.
¿Quién es ese señor?, “ahora quieres ser mujer”, “uchulu es hombre”. Son solo algunos de los tweets que se evidenciaron ante las publicaciones de activistas que expresaron su malestar por este accionar del canal por transmitir estos hechos transfobicos.
No es el primer error de un canal de televisión
El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú emite un informe sobre este accionar. Y es que ATV no sería el único medio de comunicación que haya “metido la pata” con acciones tan lamentables. Hace poco, América Televisión haría una de las presentaciones más controversiales, indignantes y poco éticas al mostrar a niñas en ropa interior y poco después cancelaría el programa dominical.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú sancionó al canal con una multa de 20 UITs (s/. 99,000.00 nuevos soles) por este programa y su accionar.
Ahora bien, con respecto al caso de Etza, el CONCORTV se pronunció en un informe reflexivo sobre los casos de transfobia que había en el Perú. “El 67.7% de los programas transmitidos en televisión de señal abierta refuerzan o reflejan estereotipos raciales discriminatorios, es decir 2 de cada 3 difunden contenidos en forma de bromas, humillaciones y ofensas que refuerzan discursos de odio y afectan la dignidad de las personas”, menciona el informe.
Portada que utilizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para presentar la nota del caso de Etza
Es preocupante las cifras que nos mostraron, y es que solamente en Lima (32%) considera que se difunden contenidos discriminatorios en la televisión. No obstante, según el Consumo Televisivo y Radial del año 2022, la cual considera regiones, esta cifra se dispara: En Iquitos (45%), Puno (44%), Cusco (46%) y Arequipa (65%) consideran que se difunde contenido discriminatorio en televisión.
Ahora bien, con respecto al accionar de la producción, es lamentable ver como una situación se puede intentar justificar. Magaly Medina se había dado cuenta el error que se había cometido en su reality nocturno. A pesar que el gesto pueda sonar reconciliador, el abrazo que se dieron Magaly y la Uchulu fue criticada por las redes sociales como uno de los gestos más hipócritas que se han podido ver en televisión nacional, y es que si bien Etza pudo haber aceptado esas disculpas por parte de la producción, esto puede ser una acción que menosprecia la lucha de varios activistas que han exigido tanta vulneración a sus derechos.
Emisión del programa “Magaly TV, la firme” se ve a Magaly Medina abrazando a Etza Reátegui después del escandaloso accionar en su reality “La Casa de Magaly
Al cierre del informe, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú no se ha pronunciado meramente sobre la sanción que debería recibir ATV por haber permitido este accionar.
Uno de los aspectos de más ingrato recuerdo en la historia judicial reciente del país es el trato especial y la protección legal que la Junta Nacional de Justicia ha brindado en los últimos años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, algo que no tiene antecedentes en la historia judicial del país.
Hay hechos que considerados en conjunto y en contexto revisten gravedad y que no pueden ser pasados por alto.
En primer lugar, resalta el hecho de que en la entrevista del 3 de noviembre del 2022 para ser ratificada o no en el cargo de Fiscal Suprema los miembros de la Junta Nacional de Justicia no hicieron una sola pregunta a Zoraida Ávalos acerca de los certificados falsos que habría utilizado para acceder al cargo de Fiscal Suprema en el año 2013, pese a que ella tocó el tema. Ningún miembro de la JNJ siquiera se molestó en realizar una pregunta tangencial, de refilón o para salvar la vergüenza sobre un asunto tan delicado, serio y que revestía extrema gravedad a lo largo de los 65 minutos que duró la entrevista.
Para los miembros de la JNJ no había nada de interés público y de relevancia en el hecho de que se afirmara que una Fiscal de la Nación habría utilizado documentos falsos para participar y pasar con las justas el examen curricular cuando postuló al cargo de Fiscal Supremo y salió nombrada. El hecho es sumamente extraño y revelador debido a que diversos medios de comunicación se habían ocupado del tema con evidencias fílmicas contundentes acerca de la fábrica de documentos falsos a la que habría acudido Zoraida Ávalos y otros magistrados para tratar de mejorar su curriculum.
La total inercia, ni siquiera pasividad, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tratar el cuestionamiento más grave que tenía Zoraida Ávalos alrededor de los certificados falsos de LIBREJUR es verdaderamente aleccionador en lo jurídico y en lo ético tanto para todos los jueces y fiscales como para todos los estudiantes de derecho del Perú, pues nos enseña que se puede acusar a una persona de haber matado, robado o violado y se puede llegar a absolverla, frente a la gravedad de los cargos y el peso de la evidencia, sin preguntarle al sospechoso si efectivamente mató, robó o violó.
Incluso, un miembro de la JNJ, en el colmo de su simpatía y apoyo a Zoraida Ávalos en la entrevista le preguntó acerca de las “expectativas a futuro en lo personal e institucional” en el Ministerio Público, sellando por anticipado lo que se veía cantado: su segura ratificación por unanimidad. No se le preguntó sobre los hechos pasados extremadamente graves que se la atribuía, sino sobre su cómodo futuro en la Fiscalía que ya tenía asegurado con una pregunta de regalo. Otro miembro de la JNJ en la entrevista resaltó el “coraje” de Zoraida Ávalos, además, de enaltecer la figura personal de la entrevistada como si el acto de ratificación fuera una reunión de amigos o una charla de café.
Para los incrédulos acerca de la entrevista de Zoraida Ávalos por la Junta Nacional de Justicia se puede ver el enlace:
En segundo lugar, la JNJ, el 23 de mayo del 2023 emitió un comunicado público en la que mostraba su total respaldo a Zoraida Ávalos en el trámite de la acusación constitucional que se vería al día siguiente en el Congreso de la República. Tal fue el grado de apoyo de la JNJ que se permitió “invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.
La JNJ de la manera más descarada hizo suyo el principal argumento de defensa de Zoraida Ávalos y lo dejó en claro en su comunicado que no se puede pretender sancionar a un fiscal por “el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”. Se debe resaltar que la JNJ en ningún otro caso distinto al de Zoraida Ávalos emitió un comunicado o pronunciamiento a favor de la defensa de un magistrado (del Poder Judicial o del Ministerio Público) cuya independencia o autonomía se podía ver amenazada como puede ser, por ejemplo, el caso de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Vargas, que son objeto de campañas mediáticas de demolición.
La JNJ dejó sentado en su comunicado que lo importante para sus miembros no era tanto la preservación de la independencia de los jueces y fiscales, sino garantizar que Zoraida Ávalos no sea removida de su cargo como Fiscal Suprema titular por el Congreso de la República. ¿En los cuatro años que viene funcionando la JNJ el único caso en el que se amenazaba la independencia de un Fiscal era el de Zoraida Ávalos? Para la JNJ vivimos en un país de ensueños en cuanto al sistema de justicia, ya que en el único caso que se consideró que se amenazaba la independencia de un Fiscal era en la investigación que se seguía en el Congreso contra Zoraida Ávalos.
En tercer lugar, una de las muestras de mayor protección e incondicionalidad de la JNJ con Zoraida Ávalos es su absoluta indiferencia y total desconexión con la realidad respecto a los hechos relatados en las publicaciones de Sudaca que se han presentado contra Zoraida Ávalos y que han generado cero investigaciones de oficio por parte de la JNJ, pese a la gravedad de las publicaciones, lo que difiere de otros casos en los que por hechos menos graves se abrió investigación inmediatamente a jueces y fiscales supremos.
Una sanción con sabor a impunidad
Algunos defensores de Zoraida Ávalos advertirán que ella fue sancionada por la JNJ con un mes de suspensión del cargo por el indebido nombramiento como Fiscal Superior adjunta de la hija de su comadre María Zavala Valladares (Carla Estefanía Bourdieu Zavala), miembro de la JNJ, en el distrito Judicial de Piura y que, por tanto, no se puede hablar de que ella fue favorecida indebidamente o recibió un trato especial.
Sin embargo, basta revisar la resolución de la JNJ para advertir que se dio por probado “el vínculo de amistad y comadrazgo entre la investigada y la madre de Bourdieu Zavala” al considerar que “María Zavala Valladares y Zoraida Ávalos Rivera han coincidido en señalar que tienen una relación de amistad desde que estudiaron la carrera de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relación que se ha mantenido en el tiempo, incluso la investigada es madrina de la hija menor de aquella; así consta en la declaración testimonial de esta última obrante a fs. 1855, y en las declaraciones de Zoraida Ávalos Rivera de fs. 1003 y 1201”.
Zoraida Ávalos, inclusive, en sus descargos, lejos de reconocer su falta llegó a sostener que: “no existe ningún impedimento legal que configure tal relación de amistad para la aludida designación”, es decir, admitió expresamente que podía manejar al Ministerio Público como si fuera su empresa privada, o algo suyo, y que podía nombrar a los hijos de sus amigos, de sus compadres y comadres como fiscales sin ningún problema.
La gravedad del caso es que Zoraida Ávalos con su puño y letra llegó a firmar la resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2929-2019-MP-FN del 21 de octubre de 2019 en la que designaba como Fiscal adjunta superior de Piura a: Carla Estefanía Bourdieu Zavala, hija de su comadre y amiga íntima, miembro de la JNJ: María Zavala Valladares.
Se ha consultado a especialistas en temas penales y administrativos sobre el tema y formulan dos observaciones a la decisión de la JNJ de solo imponer la sanción de 30 días de suspensión en el ejercicio del cargo. Un primer cuestionamiento reside en la proporcionalidad de la sanción, ya que en un caso semejante de nombramiento de una juez supernumeraria de la Corte del Callao, la JNJ impuso la sanción de destitución al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, pese a que se acreditó que él solo recomendó a que se nombrara como juez a una persona que ya había ocupado cargos semejantes en la Corte de Justicia de Lima y tenía un mejor currículum que la hija de María Zavala; mientras que Zoraida Ávalos nombró directamente, sin rubor y abusando de su cargo, a la hija de su comadre. No es que Ávalos pidió que un tercero la nombrara en el cargo de Fiscal superior adjunta, sino que ella misma firmó la resolución.
Un segundo cuestionamiento, es que la JNJ no deriva ni remite copias al Congreso de la República o a la Fiscalía de la Nación para que se investigue penalmente a Zoraida Ávalos por la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo y por el delito de patrocinio ilegal, dado el manifiesto conflicto de intereses en los que había incurrido, lo que, según los entendidos, supone cometer el delito de omisión de deberes funcionales.
Resulta grave que la JNJ luego de dar por probada la relación de amistad íntima, de comadrazgo entre Zoraida Ávalos y María Zavala como el claro conflicto de intereses no haya derivado el caso a las autoridades competentes por la probable comisión de por los menos dos delitos.
La Junta Nacional de Justicia no cancela el título de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos
La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilita por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa del Congreso número 024-2022-2023-CR que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio del 2023 y en el que se ordena “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera”.
Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, pese a la decisión del poder Legislativo de ordenar la inhabilitación de Zoraida Ávalos por cinco años no ha cumplido, luego de más de 70 días, con cancelar el título profesional de Fiscal Suprema, tal como lo ordena el artículo 2 inciso h de la Ley N.º 30916 que regula la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
En la elaboración de esta nota se ha consultado a dos destacados constitucionalistas quienes al tiempo que pedían reserva de su nombre nos señalaban que la consecuencia inmediata de la inhabilitación efectuada por el Congreso de la República lleva consigo que cualquier funcionario público no solo no pueda seguir ejerciendo la función pública, sino que en el caso de funcionarios nombrados en la administración pública, especialmente, en el caso de fiscales y jueces, se les debe cancelar su título profesional.
Los especialistas consultados nos hicieron ver que el artículo 4 inciso 2 de la ley de la carrera fiscal establece como un requisito general para el ingreso y permanencia en el cargo de Fiscal de cualquier nivel el “Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles”, situación que se pierde de manera irremediable al ser alguien inhabilitado “para el ejercicio de la función pública”. La inhabilitación implica que a persona se le suspende el ejercicio de poder ingresar o permanecer en el ejercicio de cualquier actividad de la función pública, entre los que se cuenta el cargo de Fiscal Supremo.
Se nos hizo ver que el Tribunal Constitucional peruano tiene zanjada la cuestión en la sentencia del EXP. N° 3760-2004-AA/TC del 18 de febrero del 2005 que tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos. En dicha sentencia se señaló que del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° del Reglamento del Congreso se infiere que el Congreso de la República puede imponer, luego de realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas que pueden manifestarse de tres formas: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 3) la destitución del funcionario público. Y que la inhabilitación política es una sanción política discrecional y que es distinta a una inhabilitación administrativa y a la inhabilitación penal. Ella es una sanción política que impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea sancionado.
Por su parte, SERVIR (la Autoridad Nacional del Servicio Civil) en el Informe Técnico N° -2022-SERVIR-GPGSC ha señalado, sobre la inhabilitación política, que “tiene como efecto la restricción al derecho de acceso a los cargos públicos derivados de elección, acceso mediante concurso público o de designación; por lo que, el sujeto infractor queda inhabilitado para postular, concursar, ejercer y/o acceder a cualquier cargo o realizar función pública durante el período en que se encuentra vigente la mencionada inhabilitación”.
Los constitucionalistas consultados nos refieren que el funcionario público inhabilitado que no puede ejercer cargo público alguno, ya sea de elección popular o de otro orden, se distingue del caso en que el funcionario recibe una sanción política de suspensión en el ejercicio del cargo en la que luego de cumplida la sanción puede regresar sin problemas a ejercer su cargo anterior. El funcionario público inhabilitado políticamente debe salir, o ser retirado de la función pública, y puede postular a cualquier cargo de la función pública, luego de cumplido su tiempo de inhabilitación.
La Junta Nacional de Justicia parece haber entendido que Zoraida Ávalos ha sido suspendida (y no inhabilitada) en el ejercicio del cargo, ya que solo así se puede explicar su decisión de mantenerla en el Ministerio Público a cualquier costo cuando la decisión correcta es proceder a cancelar su título como Fiscal Suprema.
En relación a la inhabilitación impuesta por el Congreso en la historia política y judicial se tiene el caso de las ex congresistas Luz Salgado y Martha Chávez quienes recibieron una sanción política de inhabilitación de cinco años (tiempo semejante por la que se inhabilitó a la ex Fiscal de la Nación) y que generó que el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa Nº 051-2001-P/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2001, se declaró la vacancia del cargo de Congresistas de la República. Dicha inhabilitación se discutió en la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada en el EXP. N.° 3593-2006-AA/TC del 4 de diciembre del 2006.
En un blindaje reiterado y escandaloso con Zoraida Ávalos, la JNJ ha decidido hacerse de la vista gorda y mirar a otro lado para no remover y sacar del Ministerio Público a la exfiscal de la Nación. Según los especialistas consultados se ha incurrido en el delito de omisión de funciones.
[INFORMES] A fines de los años sesenta del increíble siglo veinte peruano, un general de ojos inyectados de odio y de voz aguardentosa decidió confiscar todas las tierras, todas las minas, todas las empresas de servicios y todo lo que tenía algún valor en el Perú de mis abuelos, creando un imperio de ineficiencia productiva y miles de puestos de trabajo que no servían para nada. Veinte años después, un joven muy alto y de rostro cargado de soberbia confiscó los ahorros en dólares, primero, y un año más tarde intentó apoderarse de toda la banca nacional y extranjera para ponerla en manos de sus seguidores, intentando crear una nueva clase dominante repleta de militantes de su partido. Así, a la mala, la generación de mis abuelos y la generación de mis padres aprendieron a detestar a la burocracia abusiva, repudiar sus actos y desconfiar de los políticos aventureros, ya sean estos velascos prepotentes o garcías iluminados. En respuesta a la mezcla de miedo, de aversión y de desconfianza por la burocracia, los peruanos volcaron durante varios años su confianza a la empresa privada: bastión de la defensa de los derechos de los ciudadanos contra el poder.
Años más tarde, unos hechos aislados comenzaron a resquebrajar el sólido apoyo de la gente a los empresarios privados, sobre todo cuando estos, abusando de posiciones dominantes que manejaba a su antojo el mercado, a pesar de las constantes campañas periodísticas contra ese oprobioso mercantilismo. Poco después, descubrimos que algunos ejecutivos encargados de dar soluciones de pago a los clientes con créditos hipotecarios comprometidos hacían uso y abuso de su posición para obligar a los clientes a vender sus activos a precios de incendio para permitir que sus parientes o sus amigos se adjudicaran los predios, permitiendo que ventanilleros o supervisores de medio pelo ‘adquirieran’ departamentos de lujo en San Isidro. Tal cual.
Y esa práctica se ha vuelto costumbre, como veremos a continuación:
“Tengo con el Banco de Crédito una deuda aproximada de 4 millones 700 mil soles, garantizada por dos propiedades que a precio de mercado están valorizadas en 8 millones de soles y mi tasa promedio es de 4.5 por ciento anual. Hace 45 días hablé con mi sectorista para que reprogramara esa deuda con un cronograma un poco más largo, basándome en un historial de más de 20 años de pago puntual de todas mis obligaciones, explicándole que los meses de julio, agosto y septiembre iban a ser muy complicados por una serie de motivos que expuse. Como al banco le pago alrededor de 120 mil soles mensuales, y no quería comprometer mi historial crediticio, le pedí a esa señorita que gestione la reprogramación de dichos pagos. Patricia me puso en una ‘mecedora’ por una semana, y luego de eso me contacto con su jefe Paul García, gerente de Soluciones de Pago, quien me escuchó, pero no dio ninguna respuesta a mi pedido después de 45 días aproximadamente, él junto al Comité de Riesgos, me han puesto en aprietos porque no dieron solución alguna a un tema que requiere menos de 15 días para arreglarlo. Como es lógico suponer, estoy atrasado en algunos de mis créditos y expuesto a que mi deuda en lugar de estar en proceso de reprogramación pase por propuesta del BCP a un proceso de refinanciación, con el consecuente aumento de la tasa de interés anual y reclasificación financiera. Estoy seguro que lo que quieren los Paul García del Banco de Crédito, el banco del Cuy Mágico, es que la deuda aumente. Entonces, yo pregunto: ¿cuánto ganan los Paul García del BCP, transformando una deuda manejable por el cliente en una inmanejable?, ¿a cuánto asciende el bono de éxito que los Paul García del BCP reciben por realizar esa maniobra a todas luces tramposa y mañosa?
Acá, solo cabe preguntar: ¿dónde está la regulación, dónde está la Superintendencia de Banca y Seguros, pero, sobre todo, dónde están los sistemas regulatorios del banco que no permiten detectar a los Paul García que deben abundar en la institución?”
Para que Paul García nos dé respuestas a esas y otras interrogantes, lo llamamos y le hicimos las preguntas pertinentes. García, quien debe alucinarse el hijo negado del dueño del banco me dijo: “Estoy ocupado y si quieres me llamas el lunes al final del día”.
Un malcriado de tomo y lomo, sin lugar a dudas.
Desde Sudaca seguiremos investigando más casos de abusos a los clientes a ver si es una política tramposa del banco.
Le llegada de Dina Boluarte al poder, pese a que no estuvo impulsada por ella sino por la actitud golpista de su predecesor Pedro Castillo, careció de popularidad desde el primer día en que se puso la banda presidencial. La falta de una rápida respuesta política a las manifestaciones que se realizaron en diciembre así como el respaldo de un Legislativo que ya en ese entonces contaba con el rechazo de un considerable sector de la población llevaron a que la primera mujer en asumir la presidencia del Perú cuente con una desaprobación casi inmediata.
Meses después, el blindaje a las fuerzas del orden que cometieron excesos en las marchas así como la elección de ministros que no ofrecían respuestas a los problemas que atravesaban sus respectivos sectores lograron que el descontento con Boluarte se mantenga. Sin embargo, la estrategia para intentar torcer la curva de desaprobación del Ejecutivo podría comprometer seriamente a TV Perú y Radio Nacional.
DECISIONES INEXPLICABLES
Este jueves, Crisólogo Cáceres, quien condujo durante doce años “La Voz del Consumidor”, anunció que su programa había llegado a su final. Esta decisión tomó por sorpresa a Cáceres, que no dudó en resaltar en su publicación en redes sociales que el programa contaba con “alta sintonía y participación”. Sudaca se comunicó con el ahora exconductor de Radio Nacional para conocer los pormenores de una decisión que, a primera impresión, parecía inesperada.
Hoy es un día muy triste para mí. Luego de más de doce años, conduje por última vez #LaVozDelConsumidor en @RadioNacionalFM, un programa único en el mundo y de alta sintonía y participación.
Espero que @IRTP_Oficial mantenga el tema en su parrilla con la independencia necesaria pic.twitter.com/BvF3V48yHE
“El sábado 26 de agosto me llamó la secretaria del señor Gilber Llapapasca Cunya, a quien a partir del 19 de agosto se le había encargado el puesto de gerente de Radio Nacional, para informarme que el programa “La voz del consumidor” que produje y conduje por 12 años, no iba más”, contó Cáceres a Sudaca y agregó que el actual gerente nunca se reunió con él para explicarle las razones detrás del final de su programa.
“Lo que quiero creer es que tanto la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) como la Ministra de Cultura, de quien depende dicha entidad, no estaban al tanto de los planes del señor Llapapasca y que, ahora que los conocen y están viendo el repudio que generan en la sociedad, tomarán las medidas correctivas necesarias. Recordemos que no sólo se canceló mi programa sino que, en simultáneo, se tomaron medidas similares contra otros de la mayor importancia. Una verdadera carnicería contra la programación”, señala Cáceres ante la ola de críticas que el IRTP está recibiendo a raíz de las cancelaciones de programas que incluso han llevado a que la congresista Susel Paredes le solicite a Leslie Urteaga, ministra de Cultura, que reconsidere la decisión del gerente de Radio Nacional.
Norma Yarrow, parlamentaria de Avanza País, también se ha pronunciado y, en el oficio dirigido a la ministra Urteaga, ha calificado como abuso de autoridad la decisión de Llapapasca Cunya y exhortó al IRTP no realizar acciones que puedan afectar los derechos laborales de los trabajadores.
“En los doce años que estuve en Radio Nacional, nunca se me dio una instrucción similar. Absolutamente todos presidentes de la república, ministros, presidentes del IRTP y gerentes de radio respetaron nuestra autonomía porque las críticas que hacíamos a las dependencias del Estado eran alturadas, documentadas y propositivas”, comentó Crisólogo Cáceres a Sudaca y lamentó que haya llegado a su final un programa que él describe como “sesenta minutos diarios para hablar exclusivamente de los problemas que agobian al consumidor. En el mundo entero no existe un espacio similar que haya durado tanto tiempo, que haya sido transmitido a diario en vivo y en directo y que haya contado con la participación activa del público oyente a través del teléfono y el WhatsApp”.
Pero el caso de Cáceres no es la única salida que se ha producido en las últimas semanas. El pasado viernes 25 de agosto, Cecilia Brozovich, quien conducía el programa “Nacional Play” en Radio Nacional, se enteró que no continuaría en dicho medio. “Mi productor me comentó que había tenido una reunión con Llapapasca. Me dijo que se habían reunido los productores y que entendía que luego se reunirían los conductores”, relata Brozovich a Sudaca.
Y hasta que sucedió!
De manera abrupta y a través de terceros me entero que apenas entró la nueva gerencia de @RadioNacionalFM rescindieron mi contrato permitiéndome trabajar solo hasta fin de mes
10 años en @tvperupe y 4años en Radio Nacional se fueron así nomás @IRTP_Oficial
Brozovich, quien también es cantautora, explica que nunca llegó a reunirse con el recientemente nombrado nuevo gerente de Radio Nacional y que, al igual que en el caso de Crisólogo Cáceres, tampoco le ofrecieron una explicación para que su programa sea dado de baja. “Mi programa reunía los diferentes temas de cantantes de todo el Perú. Era una plataforma donde presentábamos la música de géneros contemporáneos”, cuenta Cecilia sobre el programa que condujo.
“En la reunión de productores se hablaban de cambios. Ese mismo día en la noche le dicen a mi productor que me comunique que no iba más. Mi productor le dice a Llapapasca que él mismo me lo diga, pero le respondió que no es necesario”, expone Brozovich sobre los detalles de su salida de Radio Nacional.
Aunque su programa se enfocaba en la música, la exconductora cuenta que en sus redes no tenía inconvenientes en manifestar su sentir y cuenta a Sudaca que, con motivo de las pasadas Fiestas Patrias, expresó su desazón por injusticias que padecen algunos peruanos producto de la ambición de personas por las que señala no sentirse representada. Al respecto, Cecilia considera que “esto no le puede haber gustado a alguien” y agrega que “de manera interna se escuchaba que tengamos cuidado con lo que publicamos en redes”.
— Cecilia Brozovich (@CeciliaBrozovic) July 29, 2023
ANTECEDENTES QUE ALARMAN
Pero las salidas de los medios del Estado no empezaron estas últimas semanas. Tal como lo reportó detalladamente Sudaca en el informe DECISIONES CUESTIONADAS: IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE publicado en febrero de este año, el criterio para prescindir de trabajadores en medios como TV Perú parecía estar más ligado a qué tanto se alineaban con el discurso que favorecía al gobierno de Dina Boluarte. En aquella oportunidad, el periodista Carlos Cornejo fue retirado de su programa en la televisión estatal tras referirse a la muerte de Víctor Santisteban durante las manifestaciones contra el gobierno y cuestionar las acciones de la policía.
A ello se le suma que, meses atrás, también se produjo la salida de otros trabajadores, como fue el caso de la periodista Leah Sacín. En declaraciones a Sudaca, Sacín tampoco se realizó de forma clara y fue inesperada. “Siempre cuando hay cambios de gestión se piden reportes y nosotros teníamos un reporte muy bueno porque se había logrado mayor interacción. Nunca se nos dijo que no estaban conformes con el trabajo realizado”, contó Leah, quien se desempeñaba como productora general y, además, estaba a cargo del contenido que se subía a redes sociales.
El inicio de una nueva gestión suele estar acompañado por cambios. Sin embargo, lo que se ha visto en medios como Radio Nacional son una serie de cambios que no parecen tener sustento ni estar relacionados al desempeño de sus trabajadores y, por el contrario, cada vez despiertas más sospechas sobre las verdaderas motivaciones que pueden haber detrás y ponen en riesgo la credibilidad de medios que le pertenecen a todos los peruanos y no deberían responder a los intereses de un gobierno de turno.
Aunque el mundo del fútbol hoy parece un ambiente donde lo único que importa para lograr el éxito es quién maneja un mayor presupuesto y las cifras multimillonarias que manejan los gigantes de Europa y sus nuevos competidores de los países árabes contribuyen a ese pensamiento, todavía se mantienen vigentes ciertos factores que convierten al fútbol en ese deporte tan popular en el cual la mística de algunos equipos logra imponerse ante planteles imponentes.
Entre estos factores, muchos de los cuales se desarrollan fuera del terreno de juego, se encuentra la importancia de jugar en un estadio propio acompañados por un entorno que no sólo se limita a los hinchas que asisten sino que también incluyen al barrio o distrito en el que juegan y que, en varias oportunidades, se ha visto cómo el disputar un encuentro en lo que se puede considerar la casa de cada equipo representa un empuje especial para el equipo que es local y, de manera mucho más especial, cuando el equipo atraviesa un presente complicado.
RECUPERAR LA CASA
El 2023 es, sin lugar a dudas, uno de los años más complicados del histórico Sport Boys del Callao. Luego de un 2022 en que el cuadro chalaco había disputado la Copa Sudamericana, tras veintiún años sin participar en torneos internacionales, el elenco rosado no había jugado su primer partido de la temporada presente de la Liga 1 y ya se encontraba envuelto en un sinnúmero de problemas.
Apenas era diciembre y, mientras la mayoría de clubes de primera división se encontraban anunciando la llegada de nuevos jugadores y empezaban con los trabajos de pretemporada, los hinchas del equipo del Callao no sólo veían que los pocos refuerzos que habían conseguido pedían quedar en libertad tras la incertidumbre que atravesaba el club y hasta se encontraban en riesgo de quedarse sin director técnico sino que incluso estaba en duda si Sport Boys recibiría la licencia para poder participar de la primera división.
Sin embargo, La Misilera logró sortear el sinnúmero de dificultades y arrancó la temporada 2023 de la Liga 1. Aunque, como era de esperarse, el clima de incertidumbre les pasó factura y la falta de un plantel amplio fue notoria. Por ello el club del Callao no tardó en posicionarse entre los últimos lugares de la tabla y la posibilidad de descender era una amenaza que fecha tras fecha se agrandaba.
Ante un panorama tan complejo desde lo deportivo, para el histórico club chalaco era necesario contar con el apoyo de su público y convertir al Estadio Miguel Grau en su fortaleza ante una temporada que tenía tantos factores en contra. Sin embargo, en su hora más crítica, el Sport Boys se encontró impedido de refugiarse en su gente debido a las malas condiciones que se encontraba dicho recinto deportivo. “El campo quedó amarillo completamente y las tribunas con fierro oxidado y también los camerinos”, relata a Sudaca Christian Peña, quien está al frente del portal Hinchada Rosada y sigue el día a día del club del Callao.
Pero, ante la urgencia de encontrar una fortaleza para un club que había recibido tantos golpes al inicio de la temporada, la administración del Sport Boys optó por realizar la inversión que fuese necesaria para volver a disputar sus encuentros en el Callao. “El monto invertido fue de aproximadamente cien mil soles para tener el Miguel Grau como préstamo”, cuenta Peña y agrega que el Gobierno Regional del Callao no aportó para la remodelación del recinto deportivo.
“Las obras se remontan al mes de junio cuando hubo un acuerdo entre la administración pasada y el Gobierno Regional”, cuenta Peña a Sudaca y señala que con este acuerdo el club podría usar el estadio dos veces a la semana para entrenar y una vez para disputar los encuentros correspondientes a la Liga 1.
FUERA DE LUGAR
Sin embargo, semanas atrás, cuando la cancha había alcanzado su estado óptimo y todo parecía indicar que Sport Boys volvería a su casa, un anunció tomó por sorpresa tanto a hinchas como jugadores. El Gobierno Regional del Callao anunciaba la realización del Festival Internacional de Salsa que se desarrollaría en la cancha recién remodelada del Miguel Grau.
Como era de esperarse, este concierto convocó a un importante número de asistentes y la presencia de estos encima del césped del renovado Miguel Grau dejó graves consecuencias en el estado de un césped que tanto esfuerzo e inversión le había costado al club chalaco y que ahora, por disposición de un gobierno regional que no había colaborado en el trabajo de recuperación, volvía a dejar la cancha en un estado grave.
Así quedó el césped del estadio Miguel Grau post concierto Festival del Callao. Tanto trabajo que le costó a la administración de Sport Boys mejorar la cancha para que en unas horas se perjudique. pic.twitter.com/BIsh7X6Ngx
“Nos causó sorpresa que la cancha no haya sido cubierta con una geomembrana”, comenta preocupado Christian Peña con respecto a la falta de prevención por parte de los organizadores del concierto. Además, Peña agrega que, en la previa del evento, las autoridades alegaron que no se producirían daño a la cancha y “le indicaron al club es que no iba a haber ningún problema y que lo iban a pisar como si estuvieran jugando”.
Ver la cancha seriamente perjudicada tras el concierto no sólo despertó la indignación de los hinchas sino de los propios jugadores, como es el caso del futbolista Jesús Barco quien apuntó contra el gobernador regional Ciro Castillo y señaló “a ver si nos dejamos de payasadas, de intereses políticos, de usar la institución para llenarse los bolsillos o más gente en su campaña”. Además, el volante, al igual que el club, exigió que el Gobierno Regional del Callao se encargue de reparar el daño a una cancha que había sido entregada en buenas condiciones, un reclamo al que se sumaron las autoridades del club.
Este último domingo, Sport Boys logró un triunfo fundamental ante Deportivo Municipal y logró alejarse por tres puntos de la zona de descenso. Sin embargo, su próximo encuentro será ante Sporting Cristal, el líder del torneo clausura, un partido clave que debía disputarse en el Miguel Grau y que ahora está en manos del Gobierno Regional si este partido de suma importancia podrá jugarse en Callao.
“Han transcurrido más de 6 años de suscrita la adenda nº9 que amplía la vigencia del contrato de concesión, sin que la MML haya efectuado el nuevo proceso de adjudicación de la concesión al que se comprometió en la adenda y en el sustento de la misma”. La Contraloría ha mencionado, entonces, que no se condice con el principio de competencia y valor por dinero establecidos en el Decreto legislativo Nº 1362 y su reglamento. Para ellos, esta situación no ha permitido que se pueda asegurar una real eficiencia en los costos de provisión del servicio de limpieza.
“Se advierte que la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada de la MML está a cargo de llevar adelante los procesos de promoción privada”, mencionó el informe de la Contraloría con respecto a la adenda que actualmente lleva Innova Ambiental y que se ha vuelto uno de los hechos más cuestionables que ha arrastrado la Municipalidad de Lima durante los últimos años.
No ha sido la única observación realizada en un caso de Innova Ambiental. En el 2014, la Contraloría interpuso acciones legales contra el laudo arbitral del 23 de diciembre contra la involucración del pago de cerca de dos millones de soles del erario nacional por parte de EMMSA (Empresa Municipal de Mercados S.A. a favor de la empresa Innova Ambiental.
Empresa Municipal de Mercados S.A.
Ahora bien, con respecto al informe sobre la adenda de Innova, la entidad mencionó lo siguiente: “la Subgerencia de Asociaciones Pública Privadas y Obras por Impuestos (en adelante, Subgerencia APP y OXI), procedió a efectuar un Servicio de Control en la modalidad de Orientación de Oficio al Contrato de Concesión, a fin de identificar incumplimientos y/o deficiencias al referido Contrato”.
Esto último se realizó para identificar incumplimientos y/o deficiencias al referido contrato entre la MML e Innova Ambiental, de tal manera que las partes puedan mitigar o corregir los posibles impactos ambientales producidos por la operación del relleno sanitario (El Zapallal), en beneficio y salvaguarda de la salud de la población de la jurisdicción. Y es que este problema de la adenda no solo es un tema meramente económico y organizacional, sino también, porque su permanencia perjudica a los vecinos de Lomas de Carabayllo.
Además, algo que nos llamó la atención y que es clave para el proceso entre la adenda y la problemática de Innova Ambiental es lo que pudo deducir la APP y OXI:
“NO SE HA EVIDENCIADO ACCIONES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA MML VINCULADAS A LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER EL ÁREA DE LOS RELLENOS SANITARIOS “EL ZAPALLAL” Y “PORTILLO GRANDE” CERCADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN Y SUS BASES”
Justamente, los vecinos de Lomas de Carabayllo denunciaron ese abandono por parte de las autoridades, especialmente por el Gerente de Servicios a la Ciudad: Roberto Pérez Vélez. El funcionario se había comprometido a solucionar esta problemática desde el cierre del Relleno Sanitario “El Zapallal” hasta el cambio de zonificación; sin embargo, Innova ha venido apelando a diestra y siniestra de los vecinos y Pérez Vélez no ha podido realizar nada al respecto.
«Manifestación de los vecinos de Lomas de Carabayllo por el cierre del relleno sanitario»
Pero bien, regresando al informe de la Contraloría, esta es una situación que ha generado vulnerabilidad de las referidas áreas. Ello ha permitido la presencia de animales y depósitos de material peligroso para la salud del ciudadano y ajenos a la concesión, además, identifican que esto es altamente peligroso para el medio ambiente. Además, como mencionamos anteriormente, no se condice con el principio de competencia y valor por dinero establecidos en el Decreto legislativo Nº 1362 y su reglamento.
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS
Al cierre del informe de la Contraloría, mencionan que el nuevo proceso de adjudicación de la concesión al que se comprometió en la última Adenda no se ha realizado a pesar de haber transcurrido más de 6 años desde su suscripción. “El servicio de limpieza de Lima debe ser ejecutado mediante contratación directa, por lo que a su entender la GPIP ya no sería competente”, menciona el documento. Lo que más preocupa a la Contraloría es el silencio que hay por parte de la Municipalidad de Lima.
La adenda de Innova
Pero, ¿Qué pasa en el caso Innova para que la Contraloría actué en esta problemática? La concesión para el servicio de limpieza pública con la empresa Innova Ambiental, que debió concluir hace 6 años, sigue vigente debido a una adenda que en la práctica se convirtió en una prórroga indefinida. Firmada en enero de 2016, establece que Innova seguirá brindando el servicio hasta que se elija un nuevo concesionario, cosa que la Municipalidad no ha cumplido con hacer.
Entre los informes que publico Sudaca, se identificó que el ex alcalde Jorge Muñoz era uno de los responsable claves de que la empresa continúe hasta el día de hoy. Sin embargo, pareciera que estos intentos para culminar con la adenda tuvieron intentos fallidos.
En efecto, en diciembre de 2018, la MML presentó un documento que resolvía dar fin a la concesión. Era el último mes de la gestión de Luis Castañeda Lossio y, como uno de los últimos actos, el gerente municipal Jaime Villafuerte quería dar punto final a este contrato, que ya para entonces se había extendido más allá de lo razonable.
La adenda de 2016, que prolongaba la concesión de Innova Ambiental, mostraba dos fechas límites para que deje de brindar el servicio: que hayan pasado 120 días después de firmar la adenda o que empiece a operar la empresa que gane el nuevo concurso. Los 120 días ya habían pasado y, luego de que el Poder Judicial le diera la razón a la demanda de los trabajadores de limpieza, el segundo supuesto estaba muy alejado a la realidad.
Fragmento de la carta enviada a Innova Ambiental en 2018, donde se le comunica el fin del contrato.
El 9 de enero de 2019, poco más de una semana después de que la nueva gestión al mando de Jorge Muñoz ocupará el palacio municipal, la Gerencia de Promoción de Inversión Privada remitió una carta a la empresa. Este escrito “manifestó una postura distinta, reconociendo que el Contrato de Concesión, a la fecha, se encuentra vigente”, según afirmó Innova Ambiental en un arbitraje que llevó contra la MML entre 2018 y 2019.
Parte del laudo arbitral donde se menciona el cambio de decisión de la gestión de Muñoz
Para ese entonces, Sudaca accedió a la documentación oficial sobre el precio real que le pagan a Innova Ambiental por el servicio. Como se recuerda en la primera nota sacada sobre el tema, la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos estimaba que el monto excede los 300 soles por tonelada para el servicio de recojo y transporte de basura. Innova Ambiental, por su lado, sostenía que en verdad era la suma de S/221.09 incluyendo el IGV por tonelada.
Ahora bien, la misma Municipalidad de Lima le remitió al regidor Jorge Valdez la información exacta sobre dichos pagos, el cual consiste en 274.31 soles por tonelada (contando la recolección y transporte, así como la operación de planta de transferencia y relleno sanitario “El Zapallal”).
El detalle del monto pagado a Innova Ambiental por sus servicios, de enero a julio de 2022.
Entonces, Innova Ambiental recibió 481 millones de soles de la MML desde enero de 2016 hasta abril de 2022. Con un concurso suspendido por el Poder Judicial, el otro cancelado por una supuesta falta de recursos financieros de la comuna y ninguno nuevo a la vista, este monto seguirá aumentando.
[INFORMES] El pasado 20 de julio, Sudaca advirtió a las autoridades del Ministerio de Salud que el único hospital de emergencias con el que cuenta una ciudad de más de 10 millones de habitantes tenía dos de sus tres quirófanos inoperativos, sus emergencistas no contaban con vendas, esparadrapo, algodón y gasa para tapar las heridas de los pacientes y las ingenieras que tenían el control administrativo del Hospital Casimiro Ulloa desde el ingreso del último director a fines del año pasado habían decidido quitarles el lonche a los trabajadores del nosocomio miraflorino.
Esa situación de extrema gravedad había sido denunciada por el cuerpo médico del hospital a las autoridades del sector Salud, pero, como la mayoría de las denuncias que no tienen la suerte de ser recogidas por la gran prensa capitalina, no había sido atendida por los burócratas de la cartera que peor se maneja, como había sido evidenciada durante la crisis sanitaria derivada de la epidemia de la Covid en el bienio 2020-2021.
Como los pedidos de los médicos del hospital de emergencias eran desoídos hasta la publicación de nuestro informe en julio pasado, ellos aprovecharon la luz de esperanza abierta por nuestro informe para volver a reclamar. Este es el derrotero de la segunda queja, explicado por la doctora Jaddy Ladrón de Guevara, abogada de los médicos:
“La Asociación del Cuerpo Médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa presentó un memorial al ministro de Salud Carlos Vásquez, con copia a las distintas entidades del Gobierno, a efectos de que se evalúe y se pongan en conocimiento las distintas precariedades del hospital, como el tema de la infraestructura deteriorada, como el tema de la contratación del personal y las demás deficiencias anotadas en sus quejas anteriores. En respuesta a ese memorial, tanto la representante del sindicato de trabajadores del hospital como el representante del cuerpo médico han recibido sendas cartas notariales, conminándolos a no emitir ningún pronunciamiento a los medios de prensa e ‘invitándolos’ a retractarse de los comunicados emitidos. Adicionalmente a esto, los funcionarios ligados a la dirección del hospital han notificado a los trabajadores sobre la obligatoriedad de ‘proteger’ la información, con la finalidad de amedrentarlos e impedir las denuncias. El cuerpo médico ya ha comunicado esa situación al ministro de Trabajo Antonio Varela Bohórquez, pidiéndole que tome acciones conducentes a ponerle coto a esa campaña de amedrentamiento”.
En paralelo, se produjeron dos hechos: el hospital Casimiro Ulloa recibió una inspección ordenada por las autoridades de Salud y el propio Casimiro Ulloa emitió un documento, sosteniendo sin el menor rubor de las ingenieras al mando de la administración del hospital que el único nosocomio encargado de atender todas las emergencias médicas de la capital está en perfectas condiciones y plenamente abastecido.
Sin embargo, como todos los tripulantes no quieren sucumbir en el naufragio, la Contraloría interna ha evacuado un informe que concluye que existen problemas de desabastecimiento de medicinas y de materiales médicos esenciales. Para ilustrar esas deficiencias, tenemos una serie de fotografías que prueban fuera de toda duda que tanto la que tanto la primera como la segunda denuncia están sustentadas en hechos no solo en palabreras. Véanlas ustedes mismos.
Por su parte, la abogada penalista que defiende los intereses del cuerpo médico del Hospital Casimiro Ulloa, doctora Gabriela Navarro nos dice:
“La inacción del director de la institución, luego de haber sido informado de la situación en la que está ‘funcionando’ el hospital, ha hecho que el cuerpo médico nos haya solicitado denunciarlo penalmente por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El doctor Raúl Hinostroza Castillo, como director del hospital está rehusándose a dar solución a los problemas que están aquejando y que está en sus manos tomar las acciones correspondientes para darles solución, a pesar que en reiteradas oportunidades se le han puesto en su conocimiento los mismos, y que él, como médico, puede observar. Es más, el doctor Hinostroza tiene conocimiento pleno de la falta de medicamentos y de la situación calamitosa de los equipos usados para atender a los pacientes. En ese sentido, el otro delito grave en el que estaría incurriendo el doctor Raúl Hinostroza es la exposición de personas al peligro, justamente porque él tiene el dominio del hecho al conocer plenamente los peligros a la vida y a la salud de los pacientes.
Esperamos que el Ministerio Público haga una investigación diligente de todos estos hechos que están ocurriendo en este mismo momento en el hospital, que encuentre al o a los responsables y pida a una autoridad judicial que les aplique las sanciones correspondientes, pero, principalmente, que tome acciones para obligar a las autoridades hospitalarias a subsanar en el plazo más breve las carencias, las deficiencias y los severos deterioros de la infraestructura”.
Infraestructura deteriorada, camillas que se tienen que sostener con bancos para poder atender a los pacientes.
¿Por qué lo hacen?
Probablemente en ninguna capital del mundo civilizado haya un solo hospital de emergencias de las características del Casimiro Ulloa para atender a una población que se calcula en unos 10 millones de personas. Probablemente en ningún país del planeta que haya recibido cada año más y más divisas por la exportación sostenida y creciente de sus minerales, de sus productos agrícolas elaborados con el auxilio de la tecnología y de su harina y aceite de pescado de alta cotización en el mundo desarrollado, los presupuestos de salud y de educación se dediquen a la contratación de asesores, de consultores y de expositores de mil y un asuntos probablemente importantes, pero no esenciales ni vitales para las personas. Si además nos enteramos que el hospital Edgardo Rebagliati, el más grande y el mejor equipado de los hospitales de EsSalud (que tiene solamente un resonador magnético malogrado desde hace meses y que subcontrata las resonancias para los pacientes privilegiados para que se efectúen 6 y 9 meses después de ordenadas por sus médicos), fue construido por el gobierno del general Odría en los años cincuenta. Si además nos enteramos que los nombramientos de los directores de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud -entre ellos el Casimiro Ulloa- son hechos por las burocracias enquistadas por años en el sector y que los nombramientos o designaciones son hechas a dedo por cada nuevo director, dándose el caso que los altos funcionarios del Casimiro Ulloa son ingenieras. Si sumamos todas esas causas directas o indirectas de muertes tempranas, de largas agonías y de miles de horas de personas enfermas a la espera de un turno de atención, de un medicamento o de un diagnóstico largamente esperado, entenderemos porqué los últimos gobiernos han acabado como acabaron.
Desde que se anunció su llegada al cargo, en junio del 2021, la gestión de Jeri Ramón en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha estado plagada de cuestionamientos y polémicas. Sus ataques a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y la autonomía universitaria han llevado a que, en más de una oportunidad, Ramón Ruffner se vea enfrentada con los estudiantes de su propia universidad e incluso con los docentes sanmarquinos.
A más de dos años después del anuncio de su llegada al puesto de rectora, el clima de tensión está lejos de llegar a su final en la prestigiosa universidad pública. Entre estas últimas polémicas en que se ha encontrado involucrada Jeri Ramón se encuentra un cambio en los estatutos de la universidad que estaría perjudicando seriamente la llegada de docentes más actualizados y, por lo tanto, terminaría por perjudicar la calidad de la enseñanza. Sudaca ha podido revisar la grabación de esta cuestionada sesión de la Asamblea Universitaria en la que se discutió este controversial cambio que algunos creen tiene como finalidad sumarle aliados a la rectora.
SIN RENOVACIÓN
El pasado lunes 26 de junio, la Asamblea Universitaria de San Marcos llevó a cabo su sesión ordinaria programada a las diez de la mañana. La misma se venía realizando sin mayor problema hasta que se empezó a discutir el informe de la comisión encargada de modificar artículos del estatuto de la universidad.
Entre los puntos a tratar se encontraba el cambio del artículo 163 del estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el cual se establecía que sólo se podía ejercer la docencia hasta los setenta años y que, luego de pasar dicha edad, se podrían mantener como docentes bajo la condición de docentes extraordinarios.
Amparándose en el artículo 68 de la ley 30220 de la Ley Universitaria, el cual dispone que no hay edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, la comisión encargada se dispuso a realizar el cambio respectivo al estatuto de San Marcos. Sin embargo, la indiferencia de un considerable sector de los asistentes a la asamblea ante las propuestas que se pidieron tener en cuenta ha generado malestar en la comunidad universitaria.
Tras la exposición, en la que se mostró cómo quedaría el artículo 163 del estatuto, Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, mostró su preocupación ante el desinterés para que la plana docente pueda renovarse. “Quisiera que el artículo 163 tuviera un agregado que diga que la universidad promueve el ingreso de candidatos jóvenes. Porque, como una política adicional, la universidad es una institución que presta servicios. En administración de organizaciones se sabe que el mayor potencial y dinamismo que tienen está asociado con la edad de sus miembros”, señaló Hidalgo.
Otro docente cuestionó que no exista la posibilidad de cesar a los docentes y acotó “O sea que nos quedamos hasta salir con el terno de madera”. Ángel Bustamante, decano de la facultad de Ciencias Físicas, relató que universidades de otros países sudamericanos tienen docentes hasta los setenta años y calificó como aberrante el cambio que se pretendía aprobar.
Las polémicas con estos cambios también se observaron cuando se abordó el tema de los docentes extraordinarios. Estos debido a que quienes obtengan esta condición deberán pasar por la aprobación de una comisión especial. Sin embargo, cuando uno de los asistentes preguntó si la comisión podría ignorar el resultado de una evaluación física y psicológica para brindar de igual forma la condición de docente extraordinario no obtuvo respuesta del expositor dejando serias dudas sobre el proceso. Por otro lado, fuentes consultadas con Sudaca señalan que detrás de estas decisiones está la intención de la rectora de mantener en la universidad a docentes que están a favor de ella.
OTRO CAMBIO BAJO LA LUPA
Pero esta no es la primera vez que los estatutos de San Marcos están bajo la lupa desde la llegada de Jeri Ramón al cargo de rectora. El pasado mes de julio, Sudaca publicó el informe titulado UN PROBLEMA RUIDOSO PARA SAN MARCOS en el cual se relataban los inconvenientes que afrontaban estudiantes y docentes como consecuencia de los constantes conciertos que se realizan en el estadio sanmarquino.
En dicho informe periodístico, la comunidad universitaria cuestionaba el evidente interés por parte de las autoridades de San Marcos por realizar un elevado número de conciertos teniendo en cuenta que la universidad es pública, por lo que estos ingresos no son indispensables, la ausencia de cambios en la infraestructura que muestren el impacto positivo del dinero que deja el alquiler del recinto deportivo y que, además, se perjudicaba a los estudiantes deportistas que necesitaban hacer uso de estadio.
La respuesta a ese cuestionamiento también estaría en los cambios aprobado recientemente. Según se pudo conocer, entre estos cambios se dispuso que los ingresos provenientes del alquiler del estadio pasen a ser administrados por la rectoría y, según las fuentes consultadas por Sudaca, este cambio supondrá una mayor dificultad para la transparencia en el manejo de recursos.
Nadie podría negar que en San Marcos las cosas están cambiando, pero tampoco se puede negar que, con casos como los expuestos, estos cambios no parecen tener como prioridad al estudiante universitario ni a la calidad de la enseñanza y, además, la complicidad de la rectora Jeri Ramón también parece estar fuera de discusión.
[INFORMES] Con un promedio de 130 homicidios diarios, la delincuencia brasileña es una de las más feroces del planeta. Como la mayoría de esos crímenes merecen carcelería inmediata, aunque la enorme carga procesal impide que se dicten sentencias rápidas, los jueces libran tantas órdenes de prisión preventiva que las cárceles de las principales ciudades del país más extenso de Iberoamérica tienen los índices de saturación más grandes de todo el hemisferio occidental.
En esas cárceles repletas de prisioneros sin sentencias y, muchas veces, sin los elementos básicos para la supervivencia, los grandes capos de las mafias que gobiernan el sistema penitenciario brasileño desde el pobre nordeste hasta el riquísimo Estado de São Paulo reclutan a la fuerza a miles de individuos que mientras están dentro o cuando salen de prisión se convierten en soldados del Primer Comando de la Capital (PCC) o del Comando Vermelho, y a cambio de muy poco realizan las tareas de extorsión, robo, trata de personas, secuestros, asaltos y toda la variedad de delitos impresos en negro sobre blanco en el código penal.
Según los estudios realizados por las instituciones especializadas del país más industrializado y más desigual de América del Sur, el mayor porcentaje del millón de presos hacinados en las cárceles de ese país es un afro descendiente de alrededor de 24 años y que fue detenido por la policía en posesión de un poco de droga.
Los delincuentes más avezados, en cuyos expedientes hay por lo menos un cargo por homicidio, representan la ‘mano de obra’ de un negocio que ha ido creciendo e internacionalizándose: el tráfico de la cocaína procedente de los países de la costa occidental sudamericana, el de fentanilo de diversas fuentes, principalmente de la China, y el de la heroína, que muchas veces se canjea en los puertos de Europa Oriental por alijos de cocaína sudamericana.
En Ucayali se destruyen laboratorios, se hace erradicación constantemente, pero siguen en lo mismo.
Para controlar ese enorme negocio, los cabecillas de las mafias cariocas y paulistas emplean a centenares de soldados en las rutas de importación, en las de exportación, en las de venta al menudeo, en las ventas de grandes volúmenes y en las tareas de vigilancia, punición y traslado de dinero para llevarlo al necesario ‘blanqueo’.
Es decir, así como Lula y la alta burocracia de Petróleos del Brasil convirtieron a las empresas constructoras brasileñas en los buques insignia de la corrupción política, los magnates brasileños que operan tras los comandos carcelarios de Río de Janeiro y São Paulo, principalmente, están abocados a consolidar un imperialismo delincuencial brasileño, frente al cual el Tren de Aragua es un niño de pecho.
Preparémonos, pues, para ver cada vez más y más informes en televisión sobre este tema candente.
Para enterarnos de cuáles podrían ser las consecuencias de la implementación de la política expansionista de las mafias carcelarias brasileñas, le preguntamos al analista Pedro Yaranga qué está pasando con la delincuencia carcelaria nacional:
Todavía no hay en el país una política general de la lucha contra el narcotráfico; en ese tema, nosotros hemos tocado fondo por el crecimiento de la criminalidad organizada por las acciones o por las omisiones producidas por el gobierno de Pedro Castillo. Pero no solamente por ese gobierno estructurado desde sus inicios para delinquir en diferentes ámbitos, sino también por el actual gobierno, que ha hecho poco o nada por combatir a las bandas criminales. Aunque la Policía hace lo que puede a pesar de sus escasos recursos, de su notoria falta de personal y de sus continuos cambios en las jefaturas, la actividad criminal se ha masificado en todo el país, y, lo más preocupante, se ha visto fortalecida por el avance de las bandas de origen brasileño, porque las otras bandas extranjeras, incluida la organización venezolana autodenominada el Tren de Aragua, están más ligadas al cobro de cupos, a la trata de personas, a la extorsión y al control de la minería ilegal. Mucho, pero mucho, más peligrosas son las organizaciones delictivas brasileñas, sobre todo el gigantesco Primer Comando de la Capital (PCC), dueño del 80 por ciento de la importación, distribución y exportación de cocaína en el Brasil y el 90 por ciento en Paraguay. Con una modalidad estándar, que consiste básicamente en controlar los penales, captar a los criminales más ranqueados y luego hacerse fuertes en cada ciudad y cada país que figura en sus planes expansionistas, el PCC tiene en mente controlar, primero, al Perú, y, posteriormente, a Colombia y a Bolivia. Lo que más desean los verdaderos propietarios del PCC es tomar el control delictivo del Perú, por su posición estratégica en el subcontinente, por ser el segundo productor mundial de la cocaína y poseer un número enorme de yacimientos mineros formales, informales e ilegales. Paralelamente al PCC, en la región Ucayali ha comenzado a operar el Comando Vermelho, no con la ferocidad del PCC, pero sí con objetivos claros y tangibles, como trasegar la droga hacia el Brasil por la margen derecha del río Ucayali y por vías propias a través de la región Madre de Dios.
Según fuentes de inteligencia de las agencias antidrogas peruana y extranjeras, el PCC está asentado hace mucho tiempo en el llamado trapecio amazónico que lo conforman Colombia, el Perú y Brasil. Y, a decir de las mismas fuentes, si las mafias brasileñas controlan los trasiegos de droga a través de Madre de Dios y la selva de la región Puno, prácticamente están a punto de controlar el narcotráfico y el comercio ilegal del oro en la amplia frontera con la inestable Bolivia.
El estatuto del PCC tiene 18 artículos: los primeros dicen que sus miembros deben comprometerse “a luchar por la paz, justicia, libertad, igualdad y unidad” con la vista puesta “siempre en el crecimiento de la organización” y con respeto a “la ética del crimen”.
¿Qué medidas debería tomar el gobierno para detener el crecimiento de estas bandas?
Lo primero es hacer una evaluación real de la amenaza, porque incluso los jefes de las diversas direcciones de la Policía tenían serias dudas sobre su peligrosidad. Sin embargo, el enfrentamiento de los integrantes del Comando Vermelho con los policías de Ucayali ha hecho pensar a las autoridades policiales sobre la necesidad de fortalecer a los grupos especializados de nuestra Policía, dotándolos de mayor apoyo logístico, de mayor formación técnica y de emprender una estrategia conjunta con los grupos de élite de las Fuerzas Armadas.
Hay voces en distintos sectores del país que sugieren que se debería copiar el sistema anti delictivo puesto en funcionamiento por el presidente salvadoreño Bukele, ¿tienen razón esas personas?
Para comenzar, las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele son eminentemente políticas. Desde esa perspectiva, es necesario reconocer que en El Salvador se han hecho cosas importantes, pero que tienen ángulos negativos que son los que los opositores destacan, como el maltrato sistemático a los presos, las condiciones infrahumanas de su carcelería y la escasa comida que se les proporciona. A cambio de eso, Bukele ha fortalecido, consolidado y unificado internamente a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial del país más densamente poblado y más violento de Centroamérica. Esa es una diferencia notabilísima con el Perú, porque aquí la Policía captura a los delincuentes, pero los fiscales o los jueces los terminan excarcelando, sean estos criminales narcos, terroristas o delincuentes comunes. Esos favorecimientos deben ser cortados de raíz porque no solamente revelan negligencia o cobardía, sino que siembran dudas sobre la idoneidad de los magistrados involucrados en esas ‘liberaciones express’.
¿Desde cuándo operan las grandes mafias brasileñas en el Perú?
El Primer Comando de la Capital se desplaza a sus anchas por la triple frontera (entre Colombia, Brasil y el Perú) por lo menos desde el verano anterior a la llegada de la pandemia del coronavirus, desplazando por las buenas o por las malas a los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según informaciones de las policías de las naciones involucradas en el problema, el PCC y las FARC continúan en el amplísimo territorio amazónico, pero todavía sin registrar ningún enfrentamiento armado de gran magnitud.
¿Cuánto agravaría los problemas de inseguridad el crecimiento de esa amenaza extranjera?
No podría calcular cuánto, pero creo que significaría el nacimiento de un gigantesco derramamiento de sangre, porque debido al crecimiento de su ámbito de acción, tarde o temprano los destacamentos rurales de los comandos brasileños van a chocar inevitablemente.
Fuentes de la Policía Nacional dicen que comenzaron a detectar al CV en la zona desde 2015, pero en 2020 pudieron confirmar que la organización criminal se había establecido en la región.
Cuando el futuro nos alcance
Los políticos de mirada cortoplacista que nunca pensaron que las características únicas que tiene el Perú: un mar frío y rico en especies marinas, una costa desértica y a pocos kilómetros de una sierra con muchos pisos ecológicos y con unos subsuelos repletos de cobre, de oro, de plata y de decenas de otros minerales y una selva plagada de millones de árboles de maderas finísimas, iban a ser fuentes de múltiples despojos, ya sea por los buques factorías chinos que roban cientos de miles de toneladas de proteínas marinas, ya sea por los inversionistas que pagan a los taladores ilegales de maderas, a los explotadores de minas de oro en enormes extensiones de todo el país, jamás previeron que en el primer cuarto del siglo XXI íbamos a enfrentar todas las plagas a la vez… y sin una fuerza policial equipada para reprimir a todas al mismo tiempo.
Reunidas en un solo cuerpo en los años ochenta por un capricho de Alan García, nuestras fuerzas policiales perdieron en esa fusión a la guardia de fronteras, redujeron a una mínima expresión a las diversas policías de investigación y militarizaron sin ton ni son a la Guardia Civil. Años después, tras la caída del fujimorato los diversos gobiernos metieron sus manos inexpertas en más de una reorganización policial que no nos llevó a ningún puerto seguro; y, cuando en el Congreso se enseñorearon los peores cuadros de unos partidos formados únicamente para fines electorales, unos ‘legisladores’ le quitaron la función de investigación de los delitos a la Policía y se la dieron a la Fiscalía. Sumado todo esto al hecho universal pero con aderezo netamente peruano que los colectivos policiales, fiscales y judiciales se llenaron en las últimas décadas de gente de pobrísima educación básica y enormes vacíos en su formación moral. Es decir, una tormenta perfecta en momentos en que las grandes mafias brasileñas quieren manejar el narcotráfico, la exportación ilegal del oro y de las maderas finas, la trata de personas para fines de prostitución y las decenas de negocios colaterales a esos rubros.
¿Qué hacer?
En este momento, tres años antes de las siguientes elecciones generales, todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestro país deberíamos ponernos de acuerdo en la búsqueda de un núcleo duro de personas decentes que se junte para proponer un gran cambio sin ladrones, sin ignorantes ni vendedores de humo.
No es el primer error de un canal de televisión
Como era de esperarse, este concierto convocó a un importante número de asistentes y la presencia de estos encima del césped del renovado Miguel Grau dejó graves consecuencias en el estado de un césped que tanto esfuerzo e inversión le había costado al club chalaco y que ahora, por disposición de un gobierno regional que no había colaborado en el trabajo de recuperación, volvía a dejar la cancha en un estado grave.
Este último domingo, Sport Boys logró un triunfo fundamental ante Deportivo Municipal y logró alejarse por tres puntos de la zona de descenso. Sin embargo, su próximo encuentro será ante Sporting Cristal, el líder del torneo clausura, un partido clave que debía disputarse en el Miguel Grau y que ahora está en manos del Gobierno Regional si este partido de suma importancia podrá jugarse en Callao.
