[INFORMES] El 30 de mayo de 2025, el Ministerio de Cultura publicó la Resolución Ministerial N.º 000207-2025-MC, mediante la cual se modificaba el área de protección de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. La medida implicaba una reducción de más del 42 %: el área protegida pasaba de aproximadamente 5 600 km² a 3 200 km². Para muchos, esa cifra fue más que un dato técnico: se convirtió en un símbolo del retroceso en la política de protección del patrimonio cultural.
El titular de Cultura, Fabricio Valencia, defendió la decisión como una “adecuación necesaria” basada en más de dos décadas de estudios técnicos, topográficos y arqueológicos. Según el ministro, la resolución buscaba establecer “límites más precisos” y concentrar la protección en zonas efectivamente validadas como patrimonio. Sin embargo, las explicaciones del Ejecutivo no resistieron el escrutinio público.
Organizaciones como el Colegio de Arqueólogos del Perú, especialistas independientes y colectivos de defensa del patrimonio advirtieron que, lejos de ser una decisión técnica, la resolución respondía a intereses ajenos a la protección cultural. Varios medios de comunicación revelaron que las áreas excluidas coincidían con más de 300 concesiones mineras registradas, muchas de ellas ligadas a minería informal, justamente una de las principales amenazas en la zona.
La amenaza minera y la falta de consulta
La reducción del área protegida no solo implicaba una pérdida de cobertura legal: liberaba territorio aún no estudiado completamente y lo dejaba vulnerable al avance de actividades extractivas. La región de Nazca ha sido señalada durante años por la presencia de minería ilegal o informal, que opera sin supervisión ambiental ni respeto por el valor arqueológico del suelo.
Diversas investigaciones demostraron que dentro de las zonas retiradas de protección ya existían operaciones mineras, algunas activas, otras en proceso de formalización. La eliminación de su condición como zona intangible facilitaba que estas actividades se expandieran, sin necesidad de evaluaciones patrimoniales o ambientales adicionales.
El impacto no sería menor: los geoglifos de Nazca y Palpa, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994, no se limitan a las figuras más famosas —como el colibrí o el mono— visibles desde el aire. El desierto alberga cientos de trazos, líneas, caminos ceremoniales y vestigios aún por estudiar. Los arqueólogos advirtieron que dejar fuera de protección zonas no exploradas equivalía a condenarlas a desaparecer antes de siquiera ser comprendidas.
Además, el procedimiento con que se tomó la decisión levantó serias dudas. No se consultó a los actores locales, a las organizaciones técnicas, ni a la comunidad científica. La resolución fue emitida sin pasar por un debate amplio ni transparente. Según reportes de Perú21, desde las primeras semanas de su gestión el ministro Valencia ya venía coordinando internamente la reducción, incluso antes de revisar o culminar los estudios que alegaba como sustento.
La reacción nacional e internacional
La respuesta no se hizo esperar. Desde el Congreso, se presentó una moción de interpelación contra el ministro Valencia. Los legisladores acusaron al titular de Cultura de actuar con opacidad, de omitir a los sectores técnicos y de tomar una decisión que comprometía gravemente el legado histórico del país.
En paralelo, organismos internacionales como UNESCO expresaron su preocupación por la medida, y especialistas en patrimonio cultural y ambiental de diversas universidades peruanas se pronunciaron en contra. La indignación también se sintió en Nazca, donde colectivos ciudadanos y defensores del patrimonio salieron a protestar frente a la oficina del Ministerio.
El tema escaló a nivel mediático. El País, Infobae y The Guardian publicaron informes detallados sobre el caso, haciendo énfasis en cómo esta decisión ponía en riesgo no solo el patrimonio arqueológico, sino también la imagen internacional del Perú como custodio de una de las expresiones culturales más enigmáticas de la humanidad.
El retroceso del gobierno: anulación y promesas
Presionado desde múltiples frentes, el Ministerio de Cultura anunció el 8 de junio la anulación de la resolución. La medida, informada mediante un comunicado oficial, restituía los límites originales de 5 600 km² a la reserva arqueológica y reconocía la necesidad de una “gestión más consensuada y técnica” del patrimonio.
El ministro Valencia, aunque mantuvo sus argumentos técnicos, aceptó que la decisión fue precipitada y que no consideró el impacto político ni simbólico que implicaba reducir la protección del área. Como parte de la rectificación, el gobierno anunció tres medidas:
La conformación de una Unidad Ejecutora especializada, con sede en Ica, que se encargará de gestionar, vigilar y conservar la zona protegida.
La creación de un comité técnico asesor, integrado por representantes del Ministerio, arqueólogos, universidades, sociedad civil y observadores de UNESCO.
La promesa de revisar los estudios topográficos y patrimoniales bajo estándares internacionales y con participación de actores locales.
Aunque el retroceso fue bien recibido por parte de los especialistas, varios advirtieron que la anulación de la resolución no resuelve el problema de fondo: la falta de planificación, transparencia y voluntad política sostenida para proteger el patrimonio en contextos de presión extractiva.
Un conflicto que no termina: patrimonio vs. intereses extractivos
Lo ocurrido en Nazca es un síntoma de un problema estructural en la política patrimonial del Perú. La tensión entre conservación y explotación económica sigue latente en todo el país: desde Cusco y Kuelap hasta el mismo Valle del Colca. La minería, la agroindustria, las obras viales y la expansión urbana chocan constantemente con la existencia de sitios arqueológicos no inventariados, débiles institucionalmente y sin presupuesto suficiente.
En el caso de Nazca, la amenaza sigue presente. La minería informal continúa operando en zonas cercanas, muchas veces sin sanciones ni seguimiento. Las fiscalías especializadas en patrimonio no dan abasto, y los gobiernos locales carecen de recursos y personal técnico.
El mensaje que deja este episodio es claro: la protección del patrimonio no puede depender de decisiones aisladas ni de reacciones frente a la presión pública. Requiere una política cultural de Estado, sostenida, informada y participativa. Una política que entienda que cada línea en el desierto de Nazca es más que un trazo: es una herencia de miles de años que, una vez destruida, no podrá recuperarse.
