El alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, ha mostrado interes en fomentar el uso de las nuevas tecnologías y en la convocatoria para el tratamiento de los residuos sólidos.
Al cierre de este informe, el alcalde de Lima se encuentra afrontando escándalos en sus primeras semanas de gestión. López Aliaga ha cambiado su postura a varias propuestas, como es el caso de los peajes. Antes mencionaba que era necesario desaparecerlos, sin embargo, ha mencionado que convocará una sesión del Consejo Metropolitano para recuperarlos. Entonces, con respecto al caso de las propuestas ambientales, ¿cambiará la postura de López Aliaga sobre la permanencia de Innova Ambiental? Se espera que honre sus compromisos.
Y ya que hablamos de la Constitución hablemos del llamado capítulo económico, y ya que hablamos del capítulo económico hablemos de los contratos que impiden los abusos del poder político. Hablemos, entonces, del artículo 62 en el capítulo económico, el de los contratos. En realidad es un capítulo que muy pocos países del mundo tienen, y por eso algunos dicen por qué lo tenemos, y yo digo más bien porque no lo tienen los otros países. Este capítulo nos dice que si soy propietario de un edificio lo alquilo, me pongo de acuerdo con mi inquilino por un monto, y ni el Congreso mediante una ley puede cambiar ese contrato. A un nivel mayor, una empresa hace una autopista y en su contrato se establece que el municipio le paga mediante peajes durante un número acordado de años, nadie puede alterar ese contrato. Esos artículos impulsaron el crecimiento del Perú. Los deberes y derechos de los funcionarios del Banco Central establecidos por la Constitución impiden que estos presten dinero al fisco bajo pena de cárcel, de ahí la estabilidad de nuestra moneda por tres décadas.
Finalmente, en relación al gabinete ministerial de la señora Dina Boluarte, el doctor Mendoza le dice a sus entrevistadores: “yo creo que hemos vuelto a la normalidad, tenemos ministros normales que saben expresarse, ministros con trayectoria. Hemos despertado de una pesadilla a la realidad”.
Juntos Por el Perú recibirá S/ 687 321.48 para el primer semestre del 2023.
EL DIVORCIO DE LA IZQUIERDA
El inicio del fin de esta coalición política empezó en julio del 2021, según detallaron a Sudaca fuentes que han preferido mantenerse en reserva. Por aquella época, con Pedro Castillo como presidente electo y con Juntos Por el Perú presente con una bancada en el Congreso, el diálogo entre las agrupaciones de Verónika Mendoza y Roberto Sánchez Palomino se quebró y los intentos por mantener vigente el acuerdo firmado en septiembre del 2020 eran ignorados.
En septiembre del 2021, un año después que Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza firmaran el acuerdo político, Nuevo Perú le mandaba una carta a la agrupación política del entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, esta nueva invitación para retomar el trabajo conjunto no fue escuchado por Juntos Por el Perú.
Nuevo Perú intentó en repetidas oportunidades continuar con el acuerdo político.
Por el contrario, en la interna de Juntos Por el Perú el clima parecía de máxima hostilidad con quienes pocos meses atrás habían sido sus aliados en su intento de llegar a la presidencia del Perú. Ni la bancada que compartían en el hemiciclo y fue producto del trabajo de ambas agrupaciones pudo unirlos para desarrollar una agenda conjunta.
Sudaca accedió a la conversación de un grupo de Whatsapp en el que participa Raúl Del Castillo, quien era el encargado designado por el partido de Sánchez Palomino para implementar el acuerdo firmado en 2020, y en el que se leen frases como “Los de NP (Nuevo Perú) deben morder el polvo de la derrota” y se califica a los integrantes de Nuevo Perú como soberbios.
Desde Juntos Por el Perú no sólo los ignoraban sino que se los empezaron a ver como enemigos.
Fuentes que dialogaron con Sudaca señalaron que una de las razones por las que el partido de Sánchez Palomino habría marcado distancia de Nuevo Perú sería debido a que el exministro de Comercio Exterior y Turismo no se sintió respaldado por la agrupación de Verónika Mendoza cuando, tras la primera vuelta, se encontraba luchando por asegurar un lugar en el Congreso.
No obstante, fuentes confiables señalan que Nuevo Perú, quienes se convirtieron en un aliado importante para la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, incluso respaldaron a Sánchez Palomino para que pueda ser parte del gabinete pese a que Roger Najar, uno de los hombres de confianza de Castillo Terrones, prefería no tenerlo cerca al gobierno que por ese entonces estaba por iniciar funciones. Sudaca intentó comunicarse con Roberto Sánchez Palomino. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el exministro no respondió la invitación para brindar su descargo.
Hoy el adelanto de elecciones parece inevitable. Pero también parece un hecho que, si hay una candidatura de izquierda, difícilmente será con una candidatura que vuelva a unir a las agrupaciones de Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza, quienes hasta la fecha no han retomado el diálogo para continuar con los acuerdos que firmaron en 2020.
La última elección. Pedro Castillo se encontraba en los últimos meses de su gestión y la crisis política se agravaba más. Además, el Congreso ya había presentado una moción de vacancia presidencial en su contra. Betssy Chávez se convirtió en la última jefa del Gabinete Ministerial de la era Castillo. Al igual que sus antecesores, la abogada se encontraba en investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias cuando ejerció como ministra de Cultura.
Los ministros
Los jefes del Gabinete Ministerial han sido cuestionados a lo largo del presente informe, la culminación de sus gestiones se dio por investigaciones personales, pero también se dieron por problemas de otros miembros del gabinete.
Un total de 78 ministros y 5 ex premieres han pasado por la presidencia de Pedro Castillo. Los jefes del Gabinete Ministerial fracasaron en un intento de defender su credibilidad a pesar que las investigaciones ponían en tela de juicio la transparencia de su gestión. Sin embargo, este fracaso no se debe meramente a cuestiones personales, también obligaron a cesar sus funciones por investigaciones de su misma plancha ministerial
El expresidente Castillo fue integrado en una investigación por pertenecer a una organización criminal. Lo mismo pasó con el ex titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino. El Ministerio Público señaló que había cometido el delito de obstrucción a la justicia.
Jorge López Alvarado, exministro de Salud, fue removido de su cargo tras relacionarlo con sospechosas operaciones financieras de empleados que sirvieron en la compra de un departamento de estreno en Jesús María a favor de su expareja y madre de sus hijos. En el marco de una “transparencia” el mandatario, con el retiro de López, demostraba su desligamiento con este esquema de enriquecimiento ilícito.
Investigaciones especiales. El gobierno de Castillo estuvo ligado a presuntos actos de corrupción que ocasionaron operativos en las oficinas del mismo despacho presidencial. Sin embargo, también se ha implicado en estos temas al prófugo ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; entre otros (Geiner Alvarado López, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Walter Ayala, Defensa). De este último, Sudaca ha presentado un informe detallado de las investigaciones que afronta el exministro y que involucro al secretario presidencial Bruno Pacheco.
Por último, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero junto al ex premier Aníbal Torres afrontan una denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los dos son cuestionados por pertenecer a una organización criminal y por ser obstruccionistas a la justicia. Son señalados por ser miembros del “brazo obstruccionista” que tendría la red criminal que encabeza el exjefe de Estado.
Durante los últimos días de 2004, hace exactamente dieciocho años, el mayor del Ejército en situación de retiro Antauro Humala Tasso y 160 reservistas de la misma institución se desplazaron hacia Andahuaylas, Apurímac para en la última noche del año tomar la comisaría de la ciudad, rendir a los diez custodios que se hallaban en ella y, tras apoderarse de un centenar de ametralladoras, pistolas y escopetas, exigir la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. Tres días más tarde, luego de asesinar a varios policías y a pesar de contar con el apoyo de la población, Humala y sus seguidores se rindieron ante el general PNP Félix Murazzo y el general de División José Williams, actual presidente del Congreso de la República y número uno en la línea de sucesión gubernamental.
Una vez rendidos, Humala y los reservistas que lo habían acompañado en su aventura insurreccional fueron embarcados a Lima y trasladados a un penal de máxima seguridad. Tras el juicio, varios reservistas fueron exonerados de penas, algunos condenados a prisión y Antauro Humala inició una larga batalla judicial contra el sistema, intentando salir lo más pronto posible de la cárcel para intentar conseguir el viejo sueño familiar: ser Presidente de la República. Representado por diversos abogados, todos ellos capitaneados por Isaac Humala, padre del insurrecto, Antauro Humala tuvo que conformarse con ser hermano del hombre que asumió la primera magistratura en julio de 2011, Ollanta Humala.
Protagonista de múltiples incidentes durante su carcelería y, sobre todo, en las muchas audiencias judiciales televisadas o no, Isaac Humala apuntó su estrategia a conseguir dos cosas, primero, conseguir que el mayor Humala, cada vez más intolerante, estuviera siempre en el candelero, y, segundo, que mediante los reglamentos de redención de pena por trabajo saliera más temprano que tarde de prisión.
No todo ha sido favorable para Ayala. El 25 de octubre del presente año, el Poder Judicial rechazó su pedido para anular la decisión de la Fiscalía de la Nación que había ampliado la investigación en su contra por el presunto delito de organización debido a presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, en el año 2021.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” un recurso de tutela de derechos presentado por el mismo. Mencionó que no había motivaciones para que el fiscal disponga su inclusión en la presunta red criminal en el gobierno de Pedro Castillo, por ello, el delito imputado en su contra “no calzaba” en su caso.
En el proceso de esta investigación, el último lunes, el Ministerio Público informó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro de Defensa y de un grupo de generales de la Policía Nacional que son investigados por los presuntos ascensos irregulares en las FF.AA. El operativo se dio en horas de la madrugada y dándose la detención de tres oficiales generales de la policía y otras personas. Resultado de esto también se allanaron 27 inmuebles en distintos puntos del país.
La Inspectoría General de la Policía Nacional también remarcó su competencia funcional para la determinación de responsabilidades administrativas disciplinarias. Por su parte, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un operativo contra los generales investigados por la entrega de dinero para ascender de rango en el 2021, en la investigación se detalla que fue con autorización del expresidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público detalló a la opinión pública: “El Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021”, manifestó a través de Twitter.
Pese a que, hasta la fecha, los congresistas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Renovación Popular insisten en la necesidad de remover del cargo a las autoridades de ONPE y JNE, el Congreso no encontraría un camino sencillo para lograrlo.
Sudaca dialogó con Javier Albán, abogado especialista en temas electorales, para conocer la viabilidad de esta propuesta que vienen impulsando algunos congresistas. “Una de las garantías del sistema electoral es que está separado del poder político. No hay cómo desde el Congreso puedan sancionar al JNE. No puedes hacerle una acusación constitucional”, señala el abogado.
Según comenta el especialista, tanto la ONPE como el JNE se pueden respaldar en el artículo 99 de la Constitución en el cual se establece quiénes pueden ser acusados por el Congreso y en esta lista no figuran los responsables de los órganos electorales.
«Tendrían que hacer una reforma constitucional que los incluya», explica Albán sobre el único camino que tendría el Legislativo para poder sacar del cargo a los titulares de ONPE y JNE. Sin embargo, resalta que, incluso si lo intentan, el Tribunal Constitucional podría intervenir y esta medida quedaría sin efecto.
“Cualquier persona que tuviese la intención de torcer el proceso electoral no podría porque el poder está dividido”, señala Albán y agrega que el pleno del JNE, conformado por cinco integrantes, es designado por el Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.
Sobre la situación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el abogado explica lo siguiente: “En la ONPE es distinto porque es un organismo más técnico que no necesita la labor de jueces que analicen derecho. Está compuesto por gente con conocimientos técnicos y son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público”.
Sin embargo, no siempre se conformó de esta manera y hubo un tiempo en que podría haber despertado sospechas con verdadero sustento. Javier Albán relata que, hacia finales del siglo XIX, existía la Junta Nacional Electoral y en esa época sí incluía representantes del Ejecutivo y Legislativo. “Imagínate las dudas que habría si tuviera representantes del poder político como el Congreso”, agrega.
El Jurado Nacional de Elecciones no ha tardado en expresarse ante las declaraciones y exigencias realizadas por algunos parlamentarios durante los últimos días y ha señalado como inconstitucional la posibilidad de una ley que les permita intervenir en el sistema electoral tal como pretenden plantear desde el Congreso.
Los caminos del Congreso para ejecutar lo que parece ser una venganza sin sustento parecen totalmente bloqueados y la insistencia en estas propuestas y relatos de fraude terminan siendo más un estímulo para la convulsión social que una chance del Legislativo para recuperar credibilidad en la población.
Pero, además de Jorge Chávez, hay otro ministro cuyas capacidades al frente de su sector son puestas en duda. Se trata de Oscar Becerra, el nuevo ministro de Educación. Becerra Tresierra, quien fue director de Tecnología Educativa del Minedu en el pasado, se muestra en redes sociales como un férreo opositor al enfoque de género y tiene expresiones agresivas contra la comunidad LGTBI. A ello se le suma que Becerra acusa a ONPE de “poner” a Pedro Castillo como presidente.
Sin embargo, hay más razones para tomar con preocupación su llegada al Minedu. Según un informe periodístico realizado por el periodista Marco Sifuentes en 2012, Becerra estuvo involucrado en una cuestionada compra de laptops durante el gobierno de Alan García que le costaron al país un aproximado de 150 millones de dólares. Una compra que, como señala el informe, se habría realizado sin el proceso de licitación correspondiente y terminó con un incendio en los almacenes del Minedu que destruyó cuarenta mil de estos dispositivos.
Con estas nuevas designaciones, por más que sean aceptadas y hasta defendidas por un sector del Congreso y las conocidas cuentas troll en redes sociales, ponen al gobierno de Dina Boluarte ante un panorama complejo en el que un discurso más cercano al del repudiado Congreso la podría distanciar todavía más de una población que parece implacable en su lucha contra el Ejecutivo.
