Las diferentes cartas notariales han sido remitidas a la presidenta Boluarte y al premier Otárola, pero con el pasar exacto de un mes no se ha tenido respuesta. Los dirigentes de Parlamento 10 han indicado que el retraso de parte del MINAM se ha evidenciado desde las citaciones que han solicitado al despacho de la cartera. Además, Sudaca tuvo acceso a un informe elaborado por Miriam Sunilda Vera Mejía, especialista en Gestión de Residuos Sólidos, que fue remitido a la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones con el fin de evaluar la reconsideración del PAMA emitido por Innova Ambiental.
El documento menciona que se debe aprobar la solicitud de Evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), a su vez, menciona que el titular (Innova Ambiental) está obligado a cumplir con los compromisos asumidos en los planes y programas establecidos en un plazo máximo de 1 año con el fin de mitigar el impacto ambiental que se ha generado. Sin embargo, este informe que fue entregado al MINAM, al día de hoy no se ha tomado en cuenta o priorizado una resolución que disuelva esta problemática.
Conclusiones del Informe que solicita aprobar la solicitud de evaluación del PAMA de Innova Ambiental
Los vecinos de Lomas de Carabayllo exigen que se pueda escuchar su voz a partir de la denuncia que hacen de culminar esta problemática ambiental que ha perjudicado la salud de todos los vecinos aledaños al relleno sanitario. La respuesta del alcalde de Lima no se ha hecho respetar a partir de esta vulneración a la clausura del local. El MINAM ha mostrado más allá de una respuesta, su ineficiencia y ánimos de seguir dando acceso a que Innova siga ejerciendo funciones en este lugar ¿Cuánto más debemos esperar para que Innova Ambiental finalmente sea excluido de la Municipalidad de Lima?
Desechos que se encuentran en el Relleno Sanitario “El Zapallal”. Foto: Roberto Ángeles.
Según información publicada por la Defensoría del Pueblo, el 5.1% de mujeres trans cuentan con educación secundaria completa y el 62.2% se dedica al trabajo sexual ante la falta de oportunidades laborales en otros rubros. Aunque el dato más alarmante es que el 95.8% de mujeres trans manifiesten haber sido víctimas de violencia.
Para Janett Cuyutupa, especialista de Promsex – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el rechazo de las familias es un factor importante para entender el preocupante número de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. «Cuando se hacen visibles las botan de sus casas y no tienen oportunidades. Muchas veces se dedican a la prostitución. Si han salido de sus casas expulsadas, no tienen los recursos económicos ni oportunidades», explica.
Además, Cuyutupa agrega que el abandono por parte de las familias, la incursión en el mundo del trabajo sexual y las dificultades para continuar estudiando convierte a las mujeres trans en un grupo vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pueden ser mortales. «Muchas veces están expuestas a ETS y muchas veces no están informadas al respecto por lo que pueden morir», señala.
La especialista considera que un primer paso para ayudar a la comunidad trans sería una ley de identidad de género que les permita tener un DNI que las represente. «Para ellas es una humillación cuando las llaman por el nombre con el que no tienen ninguna relación», comenta Janett y agrega que esta iniciativa se podría complementar con la implementación del cupo laboral trans.
Entre el odio y la exclusión, el presente de las personas trans en el Perú es indudablemente crítico e historias como las de Ruby Ferrer parecen estar condenadas a repetirse de forma interminable si no se pone atención a los reclamos de peruanos y peruanas que, a diferencia de lo que alegan los grupos ultraconservadores, no buscan privilegios sino la posibilidad de vivir con una dignidad que hasta ahora se les ha negado.
En conclusión, lo afirmado por Evo Morales es refutado por la Constitución y las leyes peruanas que establecen, sin lugar a duda, que los recursos naturales del Perú pertenecen a la Nación.
En conclusión, las leyes peruanas protegen y regulan la explotación sostenible de los recursos naturales del país, lo que genera beneficios económicos a través de la modalidad de regalías y canon. La inversión en recursos naturales también contribuye a la generación de empleo y actividad comercial en las zonas de influencia de los recursos.
Los ruegos de la doctora Shady para preservar el patrimonio arqueológico más antiguo del hemisferio sur logran convencer a las máximas instancias del Ministerio del Interior, las cuales autorizan a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para que le asignen una casa pequeña ubicada en Las Lomas de La Molina. Según la doctora Shady, los responsables del sector le dijeron: “aquí está este local, ocúpelo; no se preocupe por los reclamos de terceros, esos van a demorar un largo tiempo”. Recién en 2018, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) nos informa que iba a subastar el local. En ese momento, me dije que había que buscar una salida porque una vez rematado habría que desalojar. Pero antes, como Pronabi pertenecía al Ministerio de Justicia, fui a hablar con el titular del sector, Vicente Zeballos y él me dijo que seguramente Pronabi necesitaba vender para agenciarse de fondos, pero que no me preocupe porque no nos iban ‘a lanzar’ de la noche a la mañana; con tranquilidad vamos a ver internamente esto. Y así pasaron la pandemia del coronavirus y más de tres años y medio de silencio administrativo, hasta que, en octubre de 2022, nos volvieron a pedir el local. En ese mismo momento, fui a buscar a la ministra de Cultura de entonces para pedirle un espacio en el edificio del ministerio. La ministra llamó a su abogado y también al procurador, quien me dijo que no nos preocupáramos porque en 2021 había salido un decreto supremo que decía que si una entidad del Estado tenía un bien inmueble en posesión no podía ser desalojada y que se lo harían llegar al Pronabi antes que el inmueble sea subastado y porque además tenemos en esa casa 15 años.
Entonces, a pedido de las partes, tuvimos una reunión con Pronabi, con la ministra de Cultura y con funcionarios de Justicia; en la reunión no le hicieron caso al decreto supremo, y, más bien, nos dijeron que Pronabi había subastado la casa de Las Lomas el 19 de diciembre de 2022. El nuevo ministro de Justicia me dijo que reconocía el trabajo de los profesionales de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) y que iba a hacer lo posible para darnos una solución satisfactoria, lo mismo dijo el alcalde de La Molina, quien ofreció donar un terreno, pero no la construcción. A todos los funcionarios de los diferentes niveles y sectores les hemos dicho que en el pequeño local de Las Lomas de La Molina, está perfectamente acondicionado para guardar las reliquias, también tenemos laboratorio y archivo con cientos de piezas y documentos que les dan validez. Es mi orgullo y debería ser el orgullo del Perú”.
Oficina de la Zona Arqueológica Caral, ubicada en Las Lomas de La Molina, inmueble que fue subastado por Pronabi a finales del año pasado.
La compra, la venta y el probable alquiler
Roger Hugo Gerónimo Miranda es un peruano como muchos, pero un afortunado como pocos que se hizo acreedor junto a su esposa Rosario Zegarra Rodríguez de la casa de Las Lomas de la Molina por el monto de ochocientos noventa y dos mil novecientos ochenta soles. El funcionario de Aduanas durante largos años, con ese sueldo pequeño y nunca indexado pudo darse maña para comprar y vender casas y camiones, ilusiones propias y ajenas.
Lo llamamos y nos contestó:
“Yo he comprado (la casa de Las Lomas de La Molina) de manera legal, los funcionarios de Pronabi hicieron una convocatoria en la cual yo participé y ahora ellos (los de Caral) tienen que retirarse. No la estoy ofreciendo en alquiler, pero el Ministerio de Cultura es el que me pide que se la alquile. Le he respondido ‘que puede ser’ y hemos negociado durante una semana. Quiero decirle que lo que he hecho es totalmente legal, ella (la doctora Shady) es la que está actuando de manera ilegal, porque se ha debido retirar de la casa y no le ha dado la gana de retirarse. Ellos (los arqueólogos de Caral) simplemente tienen que irse, no tienen nada que los ampare, porque yo no estoy dispuesto a aceptar la nulidad de la compra-venta. Yo he comprado la casa porque me interesa. Ahora bien, si quieren comprármela estoy dispuesto a vendérsela, pero no al precio de la adquisición, sino al precio de mercado”.
Al terminar la conversación, Roger Hugo Gerónimo Miranda nos dijo: “las sospechas sobre el origen del dinero (ochocientos mil soles, según los informantes) pueden darse, pero yo tengo más de treinta años trabajando en Sunat. Es imposible que no pueda demostrar de dónde sale ese dinero”, nos dice el afortunado funcionario.
Y finaliza con un contundente: “una donación (de la casa) es imposible”.
Roger Hugo Gerónimo Miranda, funcionario de Sunat y ganador de la subasta que lo convirtió en dueño de la propiedad que ocupa la Zona Arqueológica de Caral.
Recapitulemos lo conocido hasta ahora en este “cultoricidio”; tenemos, primero, a una burocracia insensible en la Universidad de San Marcos donde la doctora Shady, sus arqueólogos y sus asistentes estuvieron amontonados hasta el descubrimiento de Caral en 1997. Cuando en 2002, la Universidad de San Marcos obliga a la arqueóloga y a su gente a dejar el campus, la doctora Shady averigua que ese acto indigno fue debido a que el monto asignado a Caral estaba dentro del presupuesto de la universidad, por lo que el rector Manuel Burga sabía que si terminaba el vínculo laboral, él podría disponer de ese dinero para otros fines. Tenemos, después a empleados públicos de rango medio y alto en el Instituto Nacional de Cultura, en los ministerios de Cultura (fundado en 2010), del Interior (“dueño” transitorio de los bienes embargados a los narcotraficantes) y de Justicia, donde el procurador Erick Samuel Villaverde Sotelo, le dijo a la descubridora del asentamiento humano más antiguo del continente: “yo a usted no la conozco, no sé lo que es Caral”, en la última reunión que tuvieron las partes después que Villaverde Sotelo denunciara a Ruth Shady por el delito de peculado doloso en contra del Estado por el hecho de ocupar una casa cedida por el Ministerio del Interior.
El procurador público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió denunciar a Ruth Shady por los presuntos delitos de peculado doloso en agravio del Estado.
Villaverde Sotelo, quien el año pasado no sabía quién era Ruth Shady ni qué era Caral es un abogado graduado en la Universidad San Martín y doctorado en Ciencias Penales en la misma universidad. Nosotros ya lo conocemos, señor.
Para entender cómo se pueden cometer tantos vejámenes contra una científica de figuración mundial sin que ninguna autoridad haga nada, le pedimos una entrevista al ingeniero Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República.
Ingeniero, todos sabemos las comisiones ordinarias del Congreso tienen como misión fiscalizar a cada uno de los sectores gubernamentales, por eso su comisión tendría que saber qué pasa en el ámbito cultural del Estado, y, por consiguiente, ¿qué hará el Poder Legislativo para amparar no solo a la doctora Shady, sino a Caral?
HA: Nuestra comisión solicitó el 5 de enero que Pronabi nos haga llegar información sobre el tema, porque no entendíamos cómo una entidad del Estado pudiera estar enfrentada a otra entidad, el Estado contra el Estado, donde Pronabi prioriza su interés económico y no los grandes intereses culturales de la Nación. Más aún, al margen de lo que diga el procurador del Ministerio de Justicia, todos debemos saber que hay un Decreto Supremo, el 001-2021 de esa institución, que dice claramente que los inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia de la norma podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades que los ocupan durante un plazo no menor de diez años continuos.
Es más, creo que algo raro está pasando, algo está descomponiéndose, algo huele muy mal. Voy a interesarme a fondo, no solo por Caral y la doctora, sino por todo el patrimonio histórico de nuestro país.
Para finalizar, el Ministerio de Cultura ha accedido a otorgarles un espacio en el segundo piso del edificio ministerial en San Borja, pero la mudanza tomará de dos a tres meses porque se necesita acondicionar el local y que las piezas arqueológicas sean trasladadas de manera especial por sus características.
Sobre el futuro de la demanda del procurador a la científica, pues esta sigue su curso con una primera citación para el 3 de marzo, esperamos que el titular de Justicia, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y el tino les ganen la mano a los inciviles.
Pero, además de las cuestionadas designaciones, también se registran problemas con respecto a la relación entre el ministro Óscar Becerra y los trabajadores del Minedu. Un clima interno muy tenso que se viene registrando desde hace varias semanas debido a los numerosos pronunciamientos del titular del sector educación en los que cuestiona a los trabajadores del Ministerio de Educación contratados bajo la modalidad CAS y señala que son más de ocho mil trabajadores CAS.
Sudaca pudo conversar con fuentes que están dentro del Ministerio de Educación y señalan que el número de trabajadores que actualmente cuentan con contrato CAS es muy inferior al número que el ministro Becerra señala en las entrevistas que ha brindado a la prensa. Además, su gestión ha empezado a ser comparada con la de Rosendo Serna, quien ocupó la cartera de educación durante el gobierno de Pedro Castillo, debido a que él también había adoptado una política de amedrentamiento a los trabajadores del Minedu y era cuestionado por las designaciones que se realizaron durante su paso por dicho ministerio.
La llegada de Óscar Becerra había despertado cierta desconfianza por su pasado vinculado al gobierno aprista y, con las decisiones y acciones adoptadas durante el breve tiempo que lleva en el cargo, pareciera confirmar que su gestión al frente del Ministerio de Educación no era la solución que el sector necesitaba sino la continuidad de una conducción deficiente en uno de los ministerios más golpeados en los últimos meses.
De regreso al Perú, Guzmán viajó a Arequipa donde se dedicó a buscar jóvenes de mentalidad febril y ambición sin límites para incorporarlos a su proyecto de captura del poder. Augusta, ya convertida en la camarada Norah, viajó a la sierra norte y recorrió Cajamarca de cabo a rabo, seduciendo a decenas de jóvenes de ambos sexos, prometiéndoles un lugar importante en el Nuevo Estado. Según fuentes que prefieren el anonimato, en Chota conoció a Antonio Díaz Martínez, un ingeniero y antropólogo que quedó prendado de ella, convirtiéndose en un seguidor incondicional de su visión militarista de la toma del poder. La misma fuente asegura que Norah-Augusta jamás se convenció de la fidelidad de Díaz Martínez, a quien espió hasta sus últimos días. “Es chotano”, les decía a sus seguidores cuando le preguntaban por qué no confiaba en un cuadro que se arrastraba a sus pies.
De regreso a Huamanga, Norah estuvo siempre en primera fila para luchar contra el velasquismo y su política universitaria; nunca cedió un milímetro ante la tropa enviada por el gobierno militar para sofocar las algaradas de los universitarios rebeldes, llegando al extremo de asaltar la morgue ayacuchana y sustraer los cadáveres de los estudiantes caídos y velarlos con toda la fanfarria del extremismo comunista.
Convertida en la más importante líder del marxismo-leninismo ayacuchano, sobre todo después de la muerte en combate de Edith Lagos, quien fue una estudiante de Derecho que formó parte de Sendero Luminoso desde los inicios de la organización terrorista, Norah opacó a todos los cuadros senderistas de ambos sexos, tanto en los ámbitos políticos e ideológicos, como en los militares y administrativos, por eso su muerte y su entierro clandestino en 1988 siguen siendo parte de los libros negro y blanco de la organización maoísta desde esa ya lejana fecha.
Paralelamente a la vida efervescente y explosiva de la ayacuchana Norah, en el entorno de Abimael Guzmán había aparecido la iqueña Elena Iparraguirre, camarada Mirian, quien era tan brutal como Norah, pero mantenía un lugar un paso atrás de Guzmán. Por eso, cuando Guzmán y la cúpula terrorista enterraron a Norah en una tumba sin nombre y Miriam ocupó su lugar como segunda al mando en la organización criminal más cruenta del hemisferio occidental -que estaba a punto de cometer el tercer genocidio del siglo XX-, todos dentro y fuera de Sendero la señalan como eminencia gris de la desaparición de Norah a la camarada Miriam.
Desde mediados de los años ochenta, cuando Norah ordena los asesinatos selectivos de los marinos de alto rango y de los dirigentes belaundistas hasta 1985 y los del Partido Aprista hasta finales de la década, las encargadas de asegurar la muerte de los objetivos era una mujer, generalmente ayacuchana de nacimiento o hija de migrantes de ese departamento andino. Pegar el tiro de gracia en el cráneo de la víctima, un acto de evidentísima cobardía, era la obsesión de las mujeres entrenadas por Norah y sus lugartenientes, muchas de las cuales incrementaron las listas de desaparecidos tras la muerte por causas no divulgadas de Augusta-Norah La Torre.
Luego de sobrevolar el pasado criminal de las mujeres que convirtieron sus envidias y sus frustraciones en el leitmotiv de sus vidas, llegamos a la última generación de senderistas activas, entre las cuales destaca nítidamente Estefany Alanya Chumbes, conocida en la Dircote como camarada Yazmín, mando militar del Comité Regional Ayacucho. Su labor en el trabajo cerrado estuvo orientada en los sindicatos entre los años 2015 y 2017, desarrollando acciones de agitación y propaganda (agipro, según los manuales de todas las policías del continente) en organizaciones de trabajadores independientes, padres de familia y estudiantes secundarios, de academias preuniversitarias y de institutos de educación superior. El hecho de permanecer durante mucho tiempo en esos frentes, demuestra no solo su capacidad organizativa, sino su dedicación casi exclusiva y a tiempo completo a esas tareas, advirtiendo a la Policía de que Yazmín recibe apoyo económico de su organización.
Su fidelidad absoluta a la causa terrorista y su fanatismo sin fisuras cobran mayor relevancia cuando la susodicha es filmada y fotografiada portando una banderola de tela azul con la inscripción: “No a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán Reinoso”, la cual deja solo dos explicaciones, una, que Yazmín creyera que el asesino serial había sido asesinado, y, dos, que tratara de convencer a personas más limitadas que ella de tal mentira.
Elena Iparraguirre (reo en cárcel), es quien emite la directivas nacionales y regionales, que camarada Cusi y camarada Yazmín han venido ejecutando.
Frustraciones que han conducido a la cárcel nuevamente a la llamada camarada Cusi, quien al caer en manos de la Policía Nacional en 1989 les dijo a sus compañeras de prisión que más temprano que tarde sería puesta en libertad y automáticamente ascendería a miembro suplente del Comité Central y poco tiempo después al exclusivo Buró Político del Comité Central, algo como el Colegio Cardenalicio para los jerarcas católicos, es decir, a solo un paso a esa suerte de Olimpo senderista donde había estado la camarada Norah y luego la camarada Miriam.
Envidias que habían llevado a todas las senderistas a matar de frente o por la espalda y de seducir a los odiados policías y militares con tal de conseguir información relevante para la organización, con tal de convertirse en protagonista de una primera plana periodística como las que lograron Norah, Miriam, Edith, Yovanka Pardavé, camarada Sara, y la camarada Clara, quien le voló la cabeza al dirigente aprista César López Silva con un revólver calibre 45.
Trascender aunque sea chapoteando en el lodo, esa era la consigna de las mujeres asesinas. Tal cual.
Sada Goray, en diciembre de 2022 brindó una entrevista a canal N1 en la que señaló que el monto total de las entregas de dinero fue de 4 millones de soles más 20 mil dólares y que además tenía pruebas, las que fueron entregadas a la Fiscalía. La inversión, a modo de coima, que aportó al gobierno de Pedro Castillo fue a cambio del apoyo de los trámites administrativos del Fondo Mi Vivienda con la finalidad de que se emitan resoluciones que le sean favorables, mientras que la entrega de los 20 mil dólares fue para comprar un carro a uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo.
El Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción que investiga a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otros, ha emitido la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023, en la que aceptan en su totalidad la versión de la empresaria en la que subrayan que la suma de dinero entregada por Sada Goray a Salatiel Marrufo fue de 4 millones de soles, obviando por completo la declaración de éste último brindada a dicha Fiscalía en la que confiesa haber recibido una suma de dinero muchísimo mayor.
Se está ante un caso absolutamente inédito e inverosímil, dado que la justicia da por cierta la declaración de una persona que dice haber entregado cuatro millones de soles cuando el receptor del dinero confiesa haber recibido más del doble del dinero (nueve millones de soles). Lo peor de todo es que la declaración de Salatiel Marrufo no solo abunda en detalles, sino que se encuentra corroborada con hechos que Sada Goray ha ocultado dolosamente a la Fiscalía.
Increíblemente Sada Goray no ha sido imputada por organización criminal
Para cualquier ciudadano de a pie y para cualquier persona con dos ojos en la frente Sada Goray ha sido y es la principal financista de la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Sin embargo, para la Fiscalía Sada Angélica Goray Chong solo es responsable de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias y se le excluye escandalosamente de la imputación por organización criminal. En la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023 se puede leer algo indignante:
¿Cómo una persona que maneja las riendas del Estado a su antojo en más de tres ministerios a raíz de pagar sumas gigantescas de dinero recibe un trato no solo benigno, sino injusto y se le excluye exprofesamente de la condición de financista de la organización criminal?
No hay explicación racional alguna de por qué una persona que participó activamente, conjuntamente con los demás miembros de la supuesta organización criminal, no se encuentra investigada por dicho delito. Existe claramente un trato discriminatorio y desigual ya que Salatiel Marrufo Alcántara, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú y Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino han sido imputados por el delito de organización criminal como podemos apreciar a continuación:
Sin embargo, la dueña del negocio, la que orquestó y pagó millones de soles recibe un trato sorprendentemente generoso sin justificación alguna por parte del Ministerio Público; mientras que sus empleados o los intermediarios que la ayudaron a consumar sus delitos son involucrados como parte de la organización criminal. Los que entregaron circunstancialmente el dinero a Salatiel Marrufo son considerados miembros de la organización criminal y la propietaria de los fondos con los que se paga la coima, la dueña del aparato criminal y la verdadera interesada en que el negocio se cierre es excluida del caso de organización criminal.
La explicación de todo: el abogado de Sada Goray ha sido mano derecha y el hombre de confianza de Marita Barreto
Los beneficios y el trato preferente que recibe Sada Goray en el Ministerio Público tiene nombre y apellido: su abogado estrella Telmo Zavala Bayona ha sido por mucho tiempo el hombre de confianza de la Fiscal Superior Marita Barreto (la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción) al trabajar por muchos años como su fiscal adjunto.
Telmo Zavala Bayona el flamante abogado de Sada Goray, quien la asesora y defiende en la investigación que se le sigue en su contra en el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales de la Corrupción del poder, ha sido por muchos años el brazo derecho y la persona más cercana a Marita Barreto (por ejemplo, trabajaron juntos en el caso Orellana).
La cercanía del abogado de Sada Goray y la actual coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ha sido plasmada en un comunicado que hizo el Ministerio Público a la opinión pública en septiembre del 2018. Allí se perennizó que la promoción de Telmo Zavala Bayona como fiscal provincial de lavado de activos contó con la aprobación y el visto bueno de Marita Barreto.
La astucia y habilidad de Sada Goray en los negocios y en el manejo del gobierno de Pedro Castillo ahora se traslada y aplica en su defensa legal en el Ministerio Público. Ha contratado como su abogado a un exfiscal de lavado de activos que por muchos años era el hombre de confianza de Marita Barreto.
La empresaria Sada Goray no solo hacía y deshacía a su antojo en el gobierno de Castillo, sino que continua ahora con sus pillerías controlando la investigación en la Fiscalía.
Una declaración en las playas del Caribe. La Fiscalía gasta en viáticos para que Marita Barreto viaje a tomar la declaración de Sara Goray en Punta Cana
Según el reporte migratorio, Marita Barreto Rivera, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, viajó del 1 al 5 de noviembre de 2022 a República Dominicana y del 31 de enero al 4 de febrero de 2023 a Estados Unidos.
El viaje a República Dominicana, según la Resolución del Ministerio Público número 2312-2022 y 2337-2022-MP-FN, obedece a que la Fiscalía de la Nación autorizó a Kelinda Janampa (en ese entonces fiscal provincial del equipo 3) y a Marita Barreto Rivera (fiscal coordinadora) a que viajen en comisión de servicios al CARIBE, a efectos de que desarrollen diligencias presenciales.
El viaje que se autorizó a Marita Barreto Rivera y a Kelinda Janampa a República Dominicana tenía como único propósito el tomar la declaración de Sada Goray Chong. ¿Tanto es el poder, el manejo y las relaciones que tiene la empresaria en el Ministerio Público que consigue que los fiscales que la investigan hagan un viaje delivery al CARIBE (Punta Cana) a tomar una declaración que podía haberse realizado en el Perú a través de una simple citación de que la persona investigada concurra a la sede de la Fiscalía como es la obligación de cualquier peruano de a pie?
En las investigaciones fiscales a los peruanos pobres se los cita a que declaren en las oficinas de la Fiscalía; a los peruanos ricos y poderosos que han cometido delitos se les toma su declaración en las playas paradisiacas del Caribe.
Consultadas algunas fuentes del propio Ministerio Público si hay una conducta impropia de los fiscales Marita Barreto y Kelinda Janampa; nos señalan que se habría cometido el delito de peculado de uso ya que se han utilizados fondos públicos de manera indebida habida cuenta que la diligencia de Sada Goray podía haberse realizado de modo presencial en las instalaciones del propio Ministerio Público o se podía utilizar los recursos de Google meet o cualquier servicio tecnológico alternativo.
La autoridad, el poder y el crédito de investigación de la Fiscalía ha quedado por los suelos y envía la peor señal a la población en la investigación de la corrupción del poder, debido a que el Ministerio Público brinda un trato privilegiado a criminales confesos que, lejos de someterse a la justicia peruana, piden la gollería que su declaración se tome en el extranjero (en una playa del caribe), pese a que la persona que va a declarar cuenta con la ciudadanía peruana y supuestamente domicilia en el Perú. Un caso paradigmático de justicia delivery.
Lo más grave de todo es que la Fiscal Marita Barreto Rivera viaja al Caribe y no participa de modo alguno en las diligencias que se llevan a cabo. Llama la atención de que la Fiscal Barreto pese a estar autorizada a viajar no haya firmado las actas, sino únicamente lo haya efectuado la fiscal Kelinda Janampa.
¿Por qué motivo tendría que viajar la fiscal coordinadora, si quien se encarga de llevar a cabo las diligencias es la fiscal provincial? ¿Por qué la fiscal Marita Barreto viaja por el motivo de las diligencias y no firma las actas?
El viaje a Estados Unidos de la Fiscal Marita Barreto y el ExFiscal Telmo Zavala: otro caso de justicia delivery
La Fiscal Marita Barreto, utilizando fondos del Estado peruano, ha viajado a Estados Unidos a realizar, según la Resolución N° 203-2023-MP-FN del 25 de enero del 2023, una comisión de servicios que “tiene por finalidad desarrollar diligencias presenciales de carácter reservado, las cuales se señalan en el oficio de visto, en el marco de una investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder”.
Marita Barreto en dicho viaje coincidió en los Estados Unidos con su viejo amigo, ex fiscal adjunto y ahora abogado defensor de la empresaria Sada Goray: Telmo Zavala Bayona.
Como se puede verificar el ex mano derecha de la Fiscal Marita Barreto y actual abogado de Sara Goray: Telmo Zavala Bayona, viajó a los Estados Unidos desde el 29 de enero del 2023 hasta el 7 de febrero del 2023. En dicho país coincidió con Marita Barreto 4 días, entre el 1 al 4 de febrero del 2023.
Mayor exhibición de poder y manejo que Sada Goray en el Ministerio Público, imposible.
Al parecer, cuando se tiene plata y poder todo se puede; total la justicia en el Perú se asemeja a una víbora que solo muerde a los que caminan con los pies descalzos.
1. Entrevista recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=S0kRtXh4Y7c
