Informes

En 1973, cuando el país era gobernado por Jean Claude Duvalier, un presidente de poco más de veinte años de edad, nacieron en Cité Simone, un barrio de obreros y de estibadores cercano a Puerto Príncipe, bautizado así en honor a la madre del presidente, unos niños inscritos en los registros civiles como Paul Luisanne y Luma Ena. Eran pobres, pero lograron acceder a los primeros grados de la educación primaria, y como muchísimos de sus contemporáneos quedaron huérfanos a muy corta edad, debido a las mil y una formas de morir que aparecieron en Haití en los años siguientes, como consecuencia de la alianza del presidente Duvalier y seis familias que detentaban todo el poder político y militar, sobre todo por la brutal represión realizada por los tonton macoutes, los hombres del saco, la policía secreta más brutal de las Antillas. Frente a esa fuerza paramilitar, la esposa de Duvalier creó un grupo de policías corruptos denominado Los Leopardos. Debido a eso, a la lucha encarnizada de ambos grupos, a la corrupción generalizada de la otrora eficiente burocracia capitalina y a la desaparición del Ejército regular, proliferaron decenas de bandas armadas que convirtieron Puerto Príncipe y, sobre todo, a Cité Soleil, ex Cité Simone, en el “barrio más pobre de la capital más pobre del país más pobre de América”, tal como lo retrató Lioman Lima de BBC News en julio del año pasado.

Y si en Ciudad del Sol (Cité Soleil) se vive mal, imaginemos lo que es vivir en un anexo de ese barrio tugurizado, maloliente y sin agua llamado Cité Carton, sí, Ciudad Cartón porque la gente vive en covachas construidas con los cartones tirados a la basura en el muelle colindante a las viviendas y se alimenta con unas “hamburguesas” hechas con lodo, verduras descompuestas y pedazos de cartón: el infierno en la tierra.

Para huir de ese infierno, Paul Luisanne, Luma Ena y una decena más de habitantes de Ciudad Cartón vendieron todo lo que tenían, convirtieron todos sus gourdes en dólares (casi 150 por dólar), compraron pescado en lata, galletas y agua embotellada, y salieron de Ciudad Cartón rumbo a cualquier sueño que los alejara de la pesadilla en la que vivían de día y de noche.

Según una fuente consultada por esta redactora, y que no está dispuesta a revelar su identidad ni a ACNUR ni a la policía ni a nadie, como los haitianos más ricos están en Francia, en el Canadá franco parlante o en la vecina República Dominicana y los que tienen algo de preparación en el sur de la Florida o en Nueva York y Nueva Jersey, intentando reemplazar a los dominicanos que abandonan el oficio de taxistas desempeñando por años por sus compatriotas, los que no tienen nada, migran hacia el nordeste de Brasil para a través de la selva de ese país llegar al Beni boliviano y de ahí al altiplano para ingresar a Chile  por alguno de los pasos poco vigilados de la frontera común. Ese fue el camino escogido por Luisanne y Ena para ir hacia el extremo sur del continente, al país que, según la cueca más bella, “verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero”. Pero, a diferencia de sus doscientos mil compatriotas que laboran como basureros, estibadores, jardineros y enterradores de mascotas, Luisanne y Ena llegaron a lo más alto de los Andes meridionales justo cuando sus habitantes estaban en el peor momento de las protestas de los puneños contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, aproximadamente un día o dos después del enfrentamiento que acabó con las vidas de casi una veintena de pobladores altiplánicos. Según nuestro informante, en esos días no había quién te cocinara un plato de sopa, te vendiera un poco de charqui, de cancha o de chalona, menos unos antibióticos, no había quién atendiera a un extranjero que no hablaba castellano. Así, los haitianos que habían contraído neumonía y que además no comieron nada durante días fueron muriendo uno por uno.

Lejos de Ciudad Cartón, lejos del lugar más maloliente del trópico y lejos del país emancipado del yugo francés pero a un precio impagable.

Y, además, enterrados en unas tumbas al lado de unos puneños que se consideran más aymaras que peruanos. 

Si no fuera una cruel, crudelísima, ironía, habría que escribir como Luis Alberto Sánchez, citando a Manuel González Prada: “Aquí yace Manongo, de pura raza latina, su padre vino de China y su madre del Congo”.

 

Tráfico de cocaína

Además, la paralización de la pequeña industria nacional en favor de las importaciones más rentables y menos riesgosas, destruyó miles de puestos de trabajo formales, empujando a los desempleados a participar en el tráfico de cocaína proveniente de América del Sur. Haití es un punto de tránsito de la cocaína de América del Sur y de la marihuana de Jamaica en ruta a los Estados Unidos, compitiendo con Tegucigalpa – Honduras y la red de aeropuertos desimanada por toda isla de Cuba.  

Datos:

Haití se convirtió en el primer país del mundo dirigido por ex esclavos tras declarar su independencia en 1804, pero se vio obligado a pagar una indemnización de 100 millones de francos (equivalente a 21.000 millones de dólares en marzo de 2022) a Francia durante más de un siglo y fue rechazado por otros países durante casi 40 años.

La esperanza de vida al nacer
población total: 65,95 años
hombre: 63,26 años
mujer: 68,67 años (2022 est.)
Panorama económico

Pequeña economía insular del Caribe y estado miembro de la OECO; pobreza extrema; enormes desigualdades de ingresos; desestabilización por el reciente asesinato presidencial; acceso preferencial al mercado estadounidense; deterioro del capital humano y las inversiones en infraestructura

PIB real (paridad del poder adquisitivo)
$32,856 mil millones (2021 est.)
$33,458 mil millones (2020 est.)
$34,615 mil millones (2019 est.)
Tasa de inflación (precios al consumidor)
16,84 % (2021 estimado)
22,8 % (2020 estimado)
18,7 % (2019 estimado)
Exportaciones
$1,241 mil millones (2021 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$1,014 mil millones (2020 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$1,733 mil millones (2019 est.)
Importaciones
$5,222 mil millones (2021 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$4,206 mil millones (2020 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$5,161 mil millones (2019 est.)

*Fotografía perteneciente a tercero

Consejo Nacional de Educación

Creado a comienzos de los años ochenta, el Consejo Nacional de Educación fue reincorporado como órgano especializado dentro del sector educativo en 2002. De acuerdo a su partida de nacimiento, el Consejo Nacional de Educación “promueve acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil, así como opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana”. Según las consideraciones de su creación, el Consejo se conforma por 25 consejeros nombrados por un periodo de 6 años.

Doctor Cuenca, ¿Cuál es su opinión sobre la disolución del Consejo Nacional de Educación?

Como lo he manifestado siempre, pese a que estoy en contra, creo que no es el tiempo ni la manera de acabar con una institución que ha estado durante veinte años teniendo autonomía para poder hacer su trabajo. Ha sido, como lo ha dicho el ministro, una decisión política la que ha conducido a su disolución. E, igualmente, la convocatoria a un grupo más pequeño de consejeros por un período más corto de designación desnaturaliza la idea original del Consejo Nacional de Educación.

Doctor Vexler, ¿qué opina sobre la disolución del Consejo Nacional de Educación?

Bueno, yo no quiero opinar sobre este tema porque he sido parte del Consejo desde el año 2000 hasta hace algunos días, solamente no he sido consejero cuando he ocupado la posición de viceministro o ministro. El Consejo, es líneas generales ha tenido un gran impacto, pero como todo órgano también tiene sus debilidades. Yo no quiero opinar sobre la decisión del gobierno actual de disolver el Consejo porque soy parte de él, pero sí me ha sorprendido. Quiero decirle que apenas salió el decreto supremo de disolución, yo presenté mi carta de renuncia al señor ministro y él me la aceptó.

Tags:

Colegios, Educación

 

¿Se han procesado a suficientes detenidos?

Según la información brindada a Sudaca, el accionar fiscal ha sido el siguiente: actualmente se han liberado a 337 personas. De esta cifra, 327 fueron liberados con citación, mientras que 10 han sido liberados con comparecencia. Por otro lado, se tiene conocimiento que 53 personas cumplen con detención preliminar, 3 personas se les ha dictado prisión preventiva y 2 se encuentran con requisitoriado.

La detención preliminar. Hablamos con Rafael Chanjan, abogado penalista. Destacó que se tiene que averiguar si es que se trata de un delito común, ya que si fuera así, entonces su detención sería de 7 días. Sin embargo, si se tratase de un caso complejo, esta detención podría ser de 10 días. “En la práctica judicial, el fiscal deberá solicitar prisión preventiva”, destacó. “Hay que verificar que exista riesgo procesal (fuga y/o entorpecimientos de la actividad probatoria). Tanto para la detención preliminar como para la prisión preventiva”, mencionó el abogado. 

La fiscalía corre contra el tiempo. “Sí hasta que vence el plazo (10 días) no hay un requerimiento de prisión preventiva, entonces las personas tienen que salir en libertad”, mencionó el abogado con respecto al accionar fiscal y la cifra que el Ministerio Público presentó. Cada caso tiene que reflejarse por el riesgo procesal de cada investigado para solicitar la prisión preventiva.

Como hemos visto en las cifras y según lo comentado por Chanjan, es que también vencido el plazo de 10 días que se puedan determinar de detención preliminar, el fiscal puede decidir darles comparecencia restringida o que puedan seguir con el proceso mediante una libertad que sea fijada a partir de reglas de conducta.

Tags:

Ministerio público

Para Arteaga, la salida al momento crítico que atraviesa el país requiere de una figura política que colabore con la reconciliación y signifique la posibilidad de «un gobierno que esté representado por un congresista que inspire diálogo, concertación y no incluya a  aquellos personajes que no sumarían a este proceso».

Ante la negativa del Congreso para aprobar el adelanto de elecciones, la posibilidad de una renuncia de Dina Boluarte vuelve a discutirse y, con ello, la posibilidad de una nueva Mesa Directiva. Sin embargo, pese a los cuestionamientos a las bancadas derechistas, la posibilidad de una nueva oportunidad para el partido de Vladimir Cerrón no parece ser una opción para los grupos que se manifiestan desde diciembre y no han olvidado las falencias de la gestión de Pedro Castillo.

Tags:

Perú Libre, Vladimir Cerrón

Cifras a tener en cuenta

Los mayores montos crediticios se registraron en los sectores más afectados por las medidas de confinamiento. Comercio percibió el 44.9%; transportes y comunicaciones, el 14.9%; e industria manufacturera, el 9.1%. Estos sectores coinciden con los que tuvieron una mayor expansión del crédito a nivel nacional. Según el BCRP, el sector comercio tuvo un crecimiento interanual de 38.8% en setiembre y hubiera caído en 12.4% sin el programa Reactiva. Asimismo, el sector manufactura creció en 14.6% y hubiese disminuido en 5.8% sin Reactiva.

 

 

 

Tags:

Reactiva Perú

¿Qué pasa con los saldos no ejecutados de las regalías y del canon?

El canon y las regalías se denominan recursos determinados, es la nomenclatura fiscal del gasto; lo que no se gasta de los dineros del canon y de las regalías no revierte al tesoro público, sino que se queda en las cuentas del titular, a diferencia de los recursos ordinarios, que básicamente son los impuestos que recauda la Sunat de manera general por IGV o por renta de los contribuyentes. Entonces vemos que las regiones ricas en dinero producto del canon que tienen una baja ejecución, a veces de manera contable, hacen malabares en sus balances para venir al Ministerio de Economía y decir “no tengo plata para tal obra porque tengo todo el presupuesto comprometido”. Por eso es que yo a veces pienso que el indicador de ejecución presupuestal no es muy fidedigno. Eso es lo que yo creo.

En medio de la ola de protestas desatada en gran parte del país por serias diferencias de enfoque político e ideológico entre ciudadanos de las regiones del sur andino y el gobierno de la presidenta Boluarte, buscamos al profesor Jorge Manco Zaconetti para que nos diga qué pasa con los ingresos provenientes de la gran minería en las regiones dueñas de esas riquezas, pero también con inmensas necesidades insatisfechas.

Doctor Manco, los periodistas no especializados en temas económicos muchas veces hemos recurrido a términos como presupuestos, canon o cánones, regalías y saldos no ejecutados, díganos, entonces, de manera didáctica, ¿cómo las regalías y los cánones ingresan a los presupuestos de las regiones donde se encuentran las explotaciones mineras?

JMZ: Es una pregunta nada ingenua y para responderla tengo que hacer referencia al año 2007, en el cual los precios de los minerales eran tan buenos como ahora, llegaban a alcanzar un altísimo porcentaje del PBI. Para darnos cuenta de la magnitud del aporte de los minerales a la economía hay que precisar que en 2007 se producía menos de un millón de toneladas de cobre, hoy se producen más de dos millones cuatrocientas mil toneladas; en 2007 no estaban Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, la de Toquepala, entonces mis cálculos me dicen que ahora el PBI minero es de 15 por ciento. En función a esa importancia de la minería, sobre todo del cobre, porque el cobre representa entre el 60 y el 70 por ciento de todo el valor minero, y así como han aumentado los precios y los volúmenes de 2007 para acá, también ha aumentado el impuesto a la renta que pagan las mineras: aumentan los ingresos aumentan las utilidades, aumentan las utilidades aumenta el impuesto a la renta, que es el 30 por ciento de la utilidad imponible, y al aumentar el impuesto a la renta aumenta automáticamente el canon minero, porque este, por ley, es el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por las empresas. El 50% por la ley del canon de 2001 se transforma en un canon minero que se transfiere a las regiones con una distribución determinada que no se mueve desde ese año. Creo que ahí hay un problema clave, ya que el año pasado el canon fue de casi 9 mil millones de soles y el 10% de ese monto de más o menos de alrededor de 900 millones de soles, que es lo que recibe Áncash, va al distrito donde está la mina, en este ejemplo San Marcos, en la provincia de Huari, donde está Antamina. Ahí hay un contrasentido, porque un distrito chiquitito de 25 mil habitantes recibe anualmente alrededor de 80 millones por año, llegando a percibir más de 800 millones de soles en la última década. Un distrito de poca gente y en el cual todos, léase bien, todos los alcaldes han estado comprometidos en denuncias de corrupción por los malos manejos de esa enorme cantidad de dinero recibido. Es conocido el caso de uno de esos alcaldes al que se le encontraron 2 millones de soles bajo el colchón. Como dicen los chicos: ¡literal! Así como San Marcos se hizo rico, Huari que recibe el 25% también y la región recibe otro 25%. Como queda todavía un 40% del ingreso anual, este dineral se reparte según normas y procedimientos al resto de provincias y distritos del departamento, hoy llamado región. Imagine usted, a partir de Antamina, lo sucedido en Espinar, Cusco, donde se encuentra Antapaccay, o con Cuajone o con Toquepala. Una enorme distorsión por el ingreso de cifras multimillonarias a regiones llenas de pillos y de burócratas que no saben cómo ni en qué gastar. ¿Cómo funciona el desaguisado? Pues de la siguiente manera: el canon minero se transfiere a las cuentas de cada gobierno regional, de cada municipio provincial y de cada municipio distrital; estos presentan unos perfiles de sus proyectos en unas cuatro hojas de papel Bond y sanseacabó. Cuando los proyectos son de más de 10 millones de soles tienen que realizar un trabajo un poco más elaborado, pero de exigente nada. Para coronar el pastel, un 30% de todo el canon se ejecuta en planeamiento estratégico, que es una verdadera Caja de Pandora. Por eso estamos como estamos.

Finalmente, queremos enfocar el tema que divide políticamente al país desde una perspectiva diferente: la de un hombre nacido en una de las regiones más pobres del Perú que en base a la educación ha llegado a convertirse en empresario, docente universitario y viceministro de Minas. Leamos, pues, al ingeniero puneño Rómulo Mucho:

Ingeniero, usted está vinculado a las actividades empresarial y educativa desde hace muchos años y a la política activa desde por lo menos unas tres o cuatro décadas, por eso me permito preguntarle: usted cree usted que el proceso de regionalización está en un rumbo correcto o hay cosas que corregir, porque las regiones que tienen gigantescos proyectos mineros en funcionamiento y reciben miles de millones de soles en canon y regalías, son las más convulsionadas en este momento tan difícil del país. Cuál es la explicación lógica a semejante contradicción.  

RM: Tengo varias lecturas, creo que el proceso de regionalización tuvo buenas intenciones desde que se les daba autonomía a las regiones para gestionar sus territorios de acuerdo a la geografía, pero a la vuelta de 20 años nos encontramos con un tremendo fracaso, pues no hubo ni los filtros ni la calidad ni los mecanismos de elección de qué era lo mejor para las regiones; me explico, con las mismas reglas se eligen a los gobernadores y se eligen a los alcaldes, por esas razones los elegidos no solo nunca tuvieron éxito, sino que nunca tuvieron siquiera buen desempeño, siendo contagiados apenas asumieron sus encargos por los males endémicos que tiene el país: la disfuncionalidad que es la incapacidad sumada a la corrupción, por lo tanto han pasado dos décadas de regionalización y todo ha empeorado realmente. Antes del nacimiento del proceso regionalizador existieron las corporaciones de desarrollo, primero, y los cetares (consejos transitorios de administración regional), después, los cuales recibían directamente los recursos del Estado según las necesidades establecidas entre las regiones y el gobierno central. Ahora, con las leyes de regionalización y de descentralización, el dinero va directamente a las regiones, antes llamados departamentos, ahora es como si te dijeran: “ahí está la plata, ahora es tu problema, haz lo que quieras con tu dinero”. Por consiguiente nunca hubo control ni guía para mejorar la calidad de vida de la gente. En Puno, para citar un lugar que conozco perfectamente, hubo un crecimiento espectacular en la primera década del siglo, que coincidentemente fue la primera década de la regionalización, pero eso se acabó cuando llegó Ollanta Humala, quien volvió ineficiente lo eficiente y solo se dedicó a hacer que el Estado crezca, aumentando el gasto corriente, hacer crecer la tributación. Por todo eso, la gente piensa que el Estado no le brinda los recursos que existen gracias a la minería ni tampoco obras de gran impacto. La gente se pregunta por qué no hay escuelas nuevas ni postas médicas bien implementadas ni buenos servicios, entonces se repregunta qué ha pasado. Esa ciudadanía también tiene responsabilidad por no haber exigido la concreción de las promesas electorales tantas veces repetidas. Nada de exigir cuentas ni de comparar los indicadores de pobreza, de enfermedades endémicas, de carencias en infraestructura antes y después de la regionalización. Nada de nada.

Es más, la pandemia del coronavirus desnudó las carencias porque descubrimos que el crecimiento no se había reflejado en nada tangible en educación y, sobre todo, en salud pública, por eso la peor epidemia de la historia impactó con mayor severidad en un país con carencias inocultables. Pasada esa tragedia nacional y cuando el país comenzaba a recuperar la vertical por la inercia productiva de la minería, de la agricultura de exportación, de la pesquería y del trabajo encomiable de la microempresa y la pequeña empresa, llegó Castillo a ahondar los problemas.

Problemas que, en el caso de Puno, por ejemplo, son terribles porque en los últimos veinte años no ha habido una sola autoridad decente: todos eran corruptos y, además, admiradores de Evo Morales, cuya fotografía demoraba y decora las oficinas de los gobernadores, de los alcaldes y de todos los admiradores incondicionales de su prédica racista y secesionista.

Para concluir, creo, como lo he hecho en los cincuenta años que me separan del día en que ingresé a la universidad, que el problema principal de mi país es la falta de educación. Educación desdeñada por las autoridades regionales que saben que un 5 por ciento del canon debe ser destinado a la educación universitaria. Muy por contrario, muchas regiones tienen hasta 200 millones de esa partida guardados en los bancos, una irresponsabilidad, sin duda. ¡Qué pena! La educación de calidad es la riqueza de las naciones.


*Fotografía perteneciente a un tercero

Tags:

Dina Boluarte

Al respecto, Ayala señala que «no hay que tenerle miedo al pueblo», que se le puede dar debate a los grupos conservadores y que el temor a una Constitución con estas características «parte de la lógica de que el pueblo no sabe elegir y son unos salvajes».  «Si partimos de la lógica que esto sí o sí será un producto retrógrado será un insulto al pueblo peruano», agrega Arturo.

Para el analista político Mauricio Saravia, estos resultados son producto de las constantes crisis políticas que ha atravesado el país durante los últimos años sin una respuesta de la clase política dominante y esto «ha ido exacerbando el sentimiento de un cambio profundo que se materializa vía Asamblea Constituyente». «Si ya estamos intentando todo, por qué no vamos un poco más allá», explica sobre la lógica detrás de esta tendencia que se muestra en aumento.

Además, Saravia considera que fue la oposición la encargada de poner a la Asamblea Constituyente en la agenda política del Perú. «No siento que desde el oficialismo, cuando Pedro Castillo era presidente, se haya tomado en serio el asunto y más bien la oposición lo puso en agenda», comenta el analista político.

Sobre las iniciativas con las que un sector se muestra a favor para la nueva Constitución, Saravia indica que «la gente lo que quiere es un Estado fuerte y autoritario» y agrega que esta preferencia siempre ha existido debido a que en Perú «tenemos una visión muy autoritaria de la relación del ciudadano y Estado».

«No creo que haya un proyecto serio de una Asamblea Constituyente», cuestiona Saravia y señala que incluso la izquierda progresista de Nuevo Perú no está «tomándose muy en serio el tema de la Constituyente» y se está abordando pensando más en el capital político que se quiere acumular al apoyar este tipo de propuestas.

¿DERECHOS EN PELIGRO?

Alonso Gurmendi, especialista en derecho internacional, señala que «el Pacto de San José establece que cuando un país elimina la pena de muerte ya no puede regresar» y advierte que, aunque se podría incluir, «terminaríamos con una constitución que viola estándares internacionales». 

Aunque salir del Pacto de San José es una posibilidad, que tanto sectores de la derecha como izquierda han planteado en diferentes momentos, Gurmendi considera que esto sería una decisión grave debido a que «genera una situación de desamparo de la población. No va a tener recursos en instancias internacionales para resolver cualquier injusticia o violación de derechos humanos» y agrega que «debe preocupar un Estado que no se sienta restringido por el trato que le da a sus ciudadanos».

«Hoy en día. el matrimonio igualitario no está prohibido a nivel constitucional en el Perú. Hay una restricción legal en el código civil, pero no en la Constitución. Tal como está la opinión pública es posible que una alianza de la izquierda y derecha conservadora establezcan una prohibición en la Constitución», señala el abogado sobre algunos de los posibles escenarios que afrontaría el país teniendo en cuenta algunas de las tendencias mostradas en las encuestas.

El aumento de peruanos a favor de una Asamblea Constituyente es innegable. Sin embargo, el aparente descuido de las agrupaciones políticas al señalar con claridad los puntos a cambiar parece haberle abierto la puerta a los sectores más radicales y conservadores del Perú para instalar sus ideales.

Tags:

Nueva Constitución

Conversamos con Jose Daniel Anglas, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien participó de dicha movilización del 19 de enero en el distrito de Miraflores. “Nos dirigimos al Parque Kennedy, no pensamos que tendría tanta acogida, pero cuando llegamos al Ovalo de Miraflores había dos grupos marcados”, comentó.

“Se exigía en la protesta porque había muertes (al interior del país) y que Dina renuncie, pero por una cuestión moral. En un Estado de Derecho no pueden estar matando gente y haber represión”, reflexiono el estudiante sanmarquino. A las 8 de la noche, el grupo de protestantes en el distrito sureño tomaron dirección por la Av. Arequipa con rumbo al Centro de Lima de una manera tranquila y respetando los espacios públicos, sin buscar confrontaciones. 

“A la altura de Aramburu, había un cordón policial que intentó separarnos”, comentó el estudiante que al igual que los asistentes a la movilización no creyeron que siendo Miraflores un lugar altamente resguardado se iba a dar la situación de lanzar bombas lacrimógenas. “Había menores de edad y adultos mayores. Cuando empezamos a escuchar los disparos, la turba empezó a disolverse. Estábamos muy asustados”, sentenció.

“Los policías empezaron a empujarnos con sus escudos. Nos preocupó que no solamente estábamos los jóvenes; también había padres de familia, menores y adultos mayores que habían salido a protestar”, comentó José mientras recordaba que junto a su familia y varios asistentes intentaron resguardarse y salir de la zona de peligro.

Los comunicadores en acción: Una foto que dice más que mil palabras

Sudaca tuvo la oportunidad de conversar con Ingrid Armas Reyes, comunicadora audiovisual, quien capturo una imagen que ha tenido mucha acogida por parte de los usuarios de las diferentes redes sociales. Dos bomberos luchando arduamente por apagar el fuego, un día después de las manifestaciones, en la Casona Marcionelli. La comunicadora compartió con nosotros lo que se vivía en el lugar de los hechos.

“Mientras yo me acercaba al lugar, más era la tristeza. El ver como poco a poco inconsciente o conscientemente se provocan estos hechos desastrosos”, sentenció Ingrid. Había llegado al día siguiente, pero el calor era sofocante y el humo todavía salía de los escombros del perdido patrimonio cultural. “Los bomberos habían estado trabajando desde la madrugada, cuando tomé la foto eran dos bomberos (un hombre y una mujer)”, agregó.

No lo pensó ni una ni dos veces. “Cuando yo creí que ya estaba todo, no sé cómo doy media vuelta y me encuentro esta historia y la capture. Vi cuando ellos estaban cansados porque ya habían soltado la manguera y yo tenía dos opciones: tomarla con la cámara profesional o con la del celular. Atine en tomarla con mi celular en el momento preciso que yo quería transmitir: El cómo dos bomberos hacían todo lo posible para salvar y apagar el incendio de la casona”, reflexiono la comunicadora.

Sabía que si levantaba la cámara con ese súper lente iba a ser que ellos voltearan y se malogre la escena. Baje la cámara, agarre el celular y dispare. Logre la escena que a muchos les ha gustado”, agregó con entusiasmo.

Yo quería capturar la escena y colocarla en mis redes sociales”, confiesa Ingrid mientras se siente asombrada que 72.000 personas han visto su foto a partir de la página “Limatopías”. Aconseja a los futuros profesionales audiovisuales que no se limiten por no tener una cámara profesional y no poder tomar la “gran foto”. “Más importa la historia que quieres contar y lo que quieras capturar en ese momento. Capturen, capturen y ahí estará la historia”, finalizó Ingrid con una sonrisa.

Bomberos
20 de enero. Tres bomberos y un edificio calcinado. Foto: Ingrid Armas Reyes.

Natali Durand Guevara también es docente sanmarquina y acudió al campus en la mañana del sábado al ser alertada por sus alumnos que uno de sus compañeros estaba siendo detenido por policías que habían irrumpido en su centro de estudios. “Me comenzaron a escribir porque un alumno había sido detenido al igual que varios estudiantes universitarios en esta entrada de los policías. Cuando fui no dejaban entrar a nadie”, relató a Sudaca.

 

“Empujaban a cualquier persona que se quería acercar”, cuenta Durand sobre las acciones de las fuerzas del orden y explica que tampoco dejaban entrar personal de salud, abogados e incluso a congresistas como Isabel Cortez, Ruth Luque y Sigrid Bazán.  “Como docente debería poder ingresar a mi casa de estudios y no pude”, reclama.

“Estábamos preocupados porque veíamos salir a los buses y no sabíamos a dónde los llevaban”, cuenta Durand Guevara. “La policía no decía nada. No brindaba información”, cuestiona la docente universitaria, que recién pudo conocer el destino de los detenidos al seguir uno de los buses que salió de la universidad y llegó a la sede de la Dirincri.

DERECHOS NEGADOS

Pero la peor parte de la historia para manifestantes y estudiantes no terminaría con lo ocurrido dentro del campus y que denunciaron sus compañeros de estudio y docentes. Tras abandonar la sede universitaria, los detenidos fueron trasladados en buses a la Dirincri. Ahí se dirigió la abogada Renata Bregaglio Lazarte, junto a otros colegas que estaban dispuestos a brindar asistencia legal a los detenidos.

“En la Dirincri se han presentado situaciones complejas”, cuenta la abogada sobre lo que vio en el transcurso del sábado. “Había una señora mayor a quien le subió la presión y se sentía muy mal. Prácticamente no hablaba castellano y se le tuvo todo el día en una silla. La señora estaba descompuesta vomitando. Estuvo en una banca hasta las dos de la mañana”, expone Bregaglio.

“En el piso que yo estaba había una mujer embarazada de dos meses y la señora ha estado sentada todo el día en una silla de madera. Otra mujer estaba muy descompuesta, menstruando y en ningún momento se le ofreció la posibilidad de poder recostarse”, agrega.

Sin embargo, en la sede de Dirincri se vivirían episodios más cuestionables con el paso de las horas. “Las personas detenidas señalaban que la policía los presionó para firmar los documentos”, revela a Sudaca la abogada Bregaglio Lazarte y aclara que entre estos documentos se encontraban constancias de no haber sido maltratados por la policía durante el operativo para detenerlos.

Un episodio que tendría como agravante el hecho de no haber contado con traductores para un importante número de detenido que no hablaba español con fluidez. “Empezaría diciendo que la interpretación de lengua originaria en el marco del sistema de justicia es un derecho. La persona tiene derecho a elegir en qué idioma prefiere comunicarse”, señala Bregaglio.

La abogada también comenta que, cuando se exigía que asistan intérpretes, inicialmente las autoridades señalaban que esto “no era necesario”. “Cuando no había intérprete respondían con sí o no porque no podían formular ideas más complejas y se explayaban muchísimo cuando lo hacían con el intérprete”, cuenta Renata.

Durante la noche del sábado se conocieron documentos con los que se intentaba justificar el accionar de la policía y el trato a los detenidos. Sin embargo, los argumentos, como el hallazgo de pancartas y telas con frases como “no matarás ni con hambre ni con balas”, terminaron por resultar poco convincentes.

 

 

Ante los cuestionamientos de docentes y alumnos de la propia universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó un comunicado durante la tarde del domingo rechazando la intervención de la DIRCOTE, cuestionando el trato de la policía a quienes se encontraban en el campus y aclarando que la universidad únicamente había solicitado que se liberen las puertas.

 

Durante la noche del domingo se terminaron de liberar a los casi doscientos detenidos en el operativo del sábado. Sin embargo, este operativo que inicialmente fue celebrado por integrantes del gobierno, como el premier Alberto Otárola, ha tenido un desenlace que deja muy comprometido al Ejecutivo y Policía Nacional del Perú, y parece haber empezado a debilitar la imagen del gobierno en Lima, el que hasta ahora era uno de los puntos de respaldo que le quedaban.

Tags:

Dina Boluarte, Universidad San Marcos
x