[INFORME] Más de dos años después del cierre formal del relleno sanitario “El Zapallal”, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo, nuevas supervisiones revelan una grave situación de deterioro ambiental. De acuerdo con la Resolución N° 00010-2025-OEFA/DSIS, emitida en abril de este año, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha exigido la elaboración urgente de un Plan de Cierre integral, tras detectar severas deficiencias en la infraestructura y gestión de residuos en el área.
La resolución detalla que las tres celdas de disposición final —dos para residuos municipales y una para residuos de establecimientos de salud— operaron durante décadas bajo instrumentos de gestión ambiental fragmentados o inexistentes. En el caso de la celda construida en la quebrada N° 2, habilitada en 2021, ni siquiera cuenta con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado, pese a haber estado en operación activa hasta febrero de 2023.
Lo más alarmante es que, a la fecha, los lixiviados siguen generándose, acumulándose y siendo recirculados sin tratamiento adecuado. Esta práctica, verificada en enero de 2025 durante una inspección de OEFA, se realiza con camiones cisterna que transportan líquidos altamente contaminantes desde pozas de almacenamiento hasta la parte superior de las celdas, con el fin de reinyectarlos. Este proceso no solo incumple las normas mínimas de cierre, sino que representa un riesgo inminente para el subsuelo y los acuíferos que alimentan la cuenca del río Chillón.
Según los técnicos de OEFA, las plataformas carecen de sistemas impermeabilizantes en la base —geomembranas o capas de arcilla— y los lixiviados se infiltran directamente al terreno. A esto se suma que el suelo sobre el que se asienta el relleno no actúa como barrera geológica natural, por lo que los contaminantes pueden estar llegando ya al acuífero del valle de Chillón, fuente de agua subterránea para varios distritos del norte de Lima.
La resolución también pone en evidencia que las operaciones de cierre técnico nunca comenzaron formalmente, y que el manejo actual es insuficiente y desarticulado. Las acciones observadas —como la quema de gases o la arborización en zonas específicas— no forman parte de un plan integral, y en muchos casos, ni siquiera fueron contempladas en los PAMA o EIA aprobados previamente.
El OEFA ha determinado que las operaciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima —actual responsable del sitio, tras el fin de la concesión con Innova Ambiental— no cumplen con los estándares mínimos definidos por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por esta razón, ha ordenado como única medida obligatoria la presentación de un Plan de Cierre completo, que incluya el diseño de cobertura final, control de gases, tratamiento de lixiviados, monitoreo ambiental, medidas post-cierre y, de ser posible, el proyecto de uso del área.
El documento también revela que la vida útil del relleno fue ampliamente sobrepasada, y que en los últimos años de operación se llegó a recibir más del doble de residuos de lo permitido. Para 2021, por ejemplo, se recibieron hasta 4100 toneladas diarias, cuando el límite aprobado era de 1727. Esta sobrecarga aceleró el deterioro de la infraestructura y generó un colapso operativo que se mantiene hasta hoy.
Uno de los puntos más críticos del informe técnico es la existencia de afloramientos visibles de lixiviados por los taludes de las celdas, canales erosionados por escurrimientos ácidos y un deficiente sistema de captación y conducción de aguas residuales. La falta de cobertura final ha facilitado la generación continua de biogás y el riesgo de incendios o explosiones.
En palabras del informe, “las condiciones actuales evidencian que los impactos ambientales negativos difieren sustancialmente de los previstos en los instrumentos ambientales aprobados”. Esto ha motivado a OEFA a dejar sin efecto los requerimientos anteriores y consolidarlos en una sola obligación prioritaria: el cierre ordenado y completo de la unidad fiscalizable.
El caso de El Zapallal es un ejemplo de cómo las brechas regulatorias, la fragmentación institucional y la falta de fiscalización efectiva pueden convertir una infraestructura diseñada para proteger la salud pública en un foco de contaminación regional. A pesar de las advertencias acumuladas desde 2020, las autoridades locales y el Ministerio del Ambiente han permitido que el pasivo ambiental se agrave.
Ahora, con el tiempo en contra y la salud ambiental del valle de Chillón en juego, la responsabilidad recae sobre la Municipalidad Metropolitana de Lima, que deberá demostrar si está en condiciones técnicas y políticas para remediar una crisis que heredó, pero que no puede seguir postergando.
