Informes

El candidato fiestero de Acuña llega al Minsa

Por: Cristian Rebosio 3.03.2025

El partido de César Acuña ha logrado instalar en el Ministerio de Salud a otro de allegados. En esta oportunidad, un excandidato a la alcaldía de Maynas y acusado de estas de fiesta en el peor momento de la pandemia se ha convertido en director ejecutivo con la venia del ministro César Vásquez.

Sin el respaldo de la mayoría de la población, graves errores que se siguen acumulando y deficientes resultados en el trabajo de los ministerios, el gobierno que encabeza Dina Boluarte ha encontrado en las agrupaciones políticas con representación en el Congreso su principal y única carta para sostenerse en el poder.

Sin embargo, en una política peruana ensombrecida por intereses subalternos y negociados bajo de la mesa, no hace falta ser demasiado suspicaz para notar que este respaldo del Legislativo a Boluarte y su gabinete no le está resultando nada barato a la mandataria y menos al Perú.

Durante los últimos meses, Sudaca ha expuesto una serie de designaciones hechas en diversos ministerios que no sólo carecen de una experiencia laboral que sustente estas contrataciones sino que se ha tratado de personajes, casualmente, vinculados con los partidos políticos cercanos al gobierno actual. Entre estos, uno de los que más destaca en la lista es Alianza Para el Progreso, el partido de César Acuña.

OTRO EX

Cuando César Henry Vásquez Sánchez, militante de Alianza Para el Progreso, fue designado por Dina Boluarte para tener a su cargo el Ministerio de Salud, las sospechas de un posible intercambio de favores entre la presidenta y César Acuña se encendieron. Lamentablemente para los intereses del Perú, diversos informes periodísticos expusieron que, tras la llegada de Vásquez al Minsa, tanto personas cercanas a Vásquez como a Acuña y su partido obtuvieron cargos y contratos con este ministerio.

Pese a que el escrutinio de los medios ha estado presente, el desinterés del ministro Vásquez pro realizar designaciones apropiadas se ha mantenido y hoy el Ministerio de Salud le sigue abriendo las puertas a personajes cercanos a su partido político. Sudaca ha encontrado un nuevo caso de un antiguo integrante de Alianza Para el Progreso que hoy consigue importantes designaciones en el ministerio que está bajo el mando de otro miembro de esta agrupación.

En esta oportunidad, el protagonista del nuevo anuncio del Ministerio de Salud es Yuri Alfonso Alegre Palomino, quien el pasado 20 de febrero fue nombrado como el nuevo director ejecutivo en la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del Ministerio de Salud.

Cabe señalar que, tres días antes, Alegre Palomino había renunciado a su cargo como director ejecutivo en la Dirección de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud

Ambiental e Inocuidad Alimentaria, puesto al que había accedido el 30 de octubre del año pasado.

Estas designaciones no parecían tener nada de sospechoso. Sin embargo, al revisar el historial de Yuri Alegre Palomino se puede encontrar que, pocos años atrás, fue candidato para la alcaldía provincial de Maynas, parte del departamento de Loreto, de la mano del partido político de César Acuña y del cual también es parte el titular del Ministerio de Salud.

ALEGRE PERO INOPORTUNO

Pero esto no es lo único que se conoce con respecto a Yuri Alegre. A inicios del año 2021, cuando el país todavía era cruelmente azotado por la pandemia del Covid-19, el nuevo director ejecutivo fue visto realizando una fiesta de cumpleaños con numerosos invitados y hasta banca de música pese a que, por esas fechas, todavía se le pedía a población mantener el distanciamiento social, se prohibían reuniones y se exigía el uso de mascarillas.

En este informe que fue publicado por el Diario Ahora también se cuestionaba la irresponsabilidad por parte de Alegre Palomino dado que en esa época atendía pacientes en el Centro de Salud de Morona Cocha así como en su consultorio personal y este tipo de reuniones habían ayudado a propagar con mayor velocidad los contagios.

Según la información de este medio, la fiesta tuvo lugar en los primero días del mes de abril del año 2021 y, para entender mejor el contexto y la gravedad de esa denuncia, se debe tener en cuenta que el mes de abril de ese año fue uno de los más trágicos para el país y que incluso se llegó a superar los cuatrocientos fallecidos en un día.

Durante los meses pasados, Sudaca ha publicado varios informes que exponen las numerosas deficiencias que está reportando en Ministerio de Salud en temas clave para el sector, como son los bajos números en vacunaciones, los errores en la compra de medicamentos y hasta la improvisación con las personas que reciben tratamiento para el VIH.

No obstante, el ministro Vásquez parece más enfocado en darle trabajo a personajes con pasado en el partido político en el cual él ha militado y, como el propio ministro lo ha señalado, incluso ya está pensando en su próxima aventura política como posible candidato al Congreso o en las elecciones regionales del 2026.

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César Acuña, cesar vasquez, Ministerio de Salud

AGN: Un Patrimonio Cultural en Peligro

Por: Benjamin Zevallos Jaramillo 28.02.2025

En un contexto de creciente preocupación, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) han alzado la voz sobre la crítica situación del Archivo General de la Nación del Perú (AGN). Este valioso repositorio documental, que ha sido un bastión de la memoria histórica del país durante 163 años, enfrenta la inminente amenaza de desalojo de su sede histórica, ubicada en el Palacio de Justicia.

La posible pérdida de este espacio sin los procesos archivísticos adecuados plantea un grave riesgo para la conservación de sus fondos documentales, que son esenciales no solo para Perú, sino también para el estudio de las relaciones históricas con la Península Ibérica y otros territorios del Pacífico. La urgencia de esta situación se ve reflejada en la creciente inquietud de académicos, archiveros y conservadores de Iberoamérica, quienes reconocen el AGN como un patrimonio cultural invaluable.

El ICA, fundado en 1948 bajo el auspicio de la UNESCO, ha enfatizado la importancia de la preservación y el uso del patrimonio archivístico mundial. En este sentido, instan a las autoridades peruanas a suspender el desalojo y priorizar la construcción de una sede propia y adecuada para el AGN. Esta nueva sede no solo debe ser un espacio físico, sino también un entorno diseñado específicamente para garantizar la conservación y el acceso de investigadores y usuarios a un patrimonio documental de incalculable valor.

A pesar del tiempo transcurrido desde su fundación, la necesidad de contar con un edificio construido especialmente para el AGN es más apremiante que nunca. La construcción de un inmueble adecuado asegurará la protección de sus fondos documentales y facilitará el acceso al público, permitiendo así que las futuras generaciones puedan seguir explorando y comprendiendo su rica herencia cultural.

El Consejo Internacional de Archivos ha manifestado su compromiso de seguir de cerca esta situación y exhorta a las autoridades peruanas a tomar medidas inmediatas. La conservación del patrimonio documental del AGN es una responsabilidad que trasciende fronteras, y su salvaguarda debe ser una prioridad absoluta. La historia del Perú y su legado cultural dependen de decisiones que se tomen ahora para asegurar un futuro sostenible para el Archivo General de la Nación.

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AGN, Ica, Perú

Escolares sin vigilancia

Por: Cristian Rebosio 23.02.2025

La Sociedad Saco Oliveros, responsable de más de cuarenta colegios, ha recibido una sanción de más de doscientos mil soles por parte de Indecopi como resultado de un trabajo deficiente en la atención y prevención de un caso de violencia escolar que hasta incluyó tocamientos indebidos a una escolar y maltratos por parte de una profesora.

Obtener una de la preciadas vacantes para estudiar en las más prestigiosas universidades públicas es una posibilidad que le quita el sueño a millones a adolescentes peruanos y a sus familias. Es por ello que, en los últimos años, la competencia por ser parte del selecto grupo de admitidos se ha intensificado y ha dejado de ser un tema que sólo inquietaba a los jóvenes que estaban cerca de terminar su paso por el colegio para convertirse en un tema de preocupación desde el inicio de la secundaria o incluso antes.

Como respuesta a esta necesidad se ha vuelto común encontrar un sinnúmero de instituciones educativas cuyos muros están cubiertos de gigantescos paneles en los que se pavonean con respecto a su alumnos que, todavía siendo escolares, ingresaron en los primeros puestos a diversas universidades. El Colegio Saco Oliveros, con la promesa de un innovador sistema de formación , es uno de estos casos.

Sin embargo, pareciera que la atención puesta en asegurarse que sus estudiantes compitan por obtener los primeros lugares en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los ha llevado a descuidar áreas igual de importantes en la formación y, especialmente, protección de los menores que asisten a sus más de cuarenta sedes.

JALADOS EN PREVENCIÓN

En octubre del 2022, una noticia causó conmoción a nivel nacional. Una menor de apenas doce años había caído desde el quinto piso de la sede del colegio Saco Oliveros ubicada en el distrito de Ate. Pero lo más aterrador de la noticia no fue la caída sino que esto habría ocurrido como consecuencia del bullying que la escolar padecía por parte de sus compañeros de clase.

En aquella oportunidad, el padre de la estudiante que cursaba el primer año de secundaria reveló que incluso encontró mensajes de despedida escritos por su hija. Pero, por otro lado, los responsables de la institución educativa indicaban que en el aula de la estudiante afectada existía un clima de “compañerismo y confraternidad” y calificaron como “desafortunados comentarios” las versiones que hablaban de bullying.

Han pasado más de dos años del lamentable episodio y, finalmente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha resuelto aplicarle una cuantiosa sanción a la Sociedad Saco Oliveros S.A.C. en una resolución que despierta preocupación por la falta de precaución y respuesta inmediata que existiría en este tipo de instituciones ante estos casos.

En el documento que pudo revisar Sudaca, Indecopi señala que el colegio Saco Oliveros “no habría implementado las medidas o mecanismos necesarios que hubieran permitido cumplir con lo establecido en los Lineamientos de Convivencia Escolar” y que de haberlo hecho “hubiera detectado oportunamente los actos de bullying y cyberbullying en la sede de Salamanca”.

La defensa del colegio apuntaba a señalar que sí contaban con actividades enfocadas en la prevención de casos de violencia escolar. Sin embargo, la resolución publicada en las últimas semanas señala que no encontraron pruebas que este plan de prevención era conocido por estudiantes, docentes y padres de familia.

A ello se le sumó el testimonio del padre de la escolar afectada en el cual no sólo negó haber recibido información sobre charlas referidas a la convivencia escolar sino que tampoco se le notificaron incidentes que involucraban a su hija y que, según se ha podido conocer, eran sumamente graves dado que incluían tocamientos indebidos por parte de un compañero de clase y maltratos por parte de una profesora.

Otro de los alegatos por parte de Saco Oliveros indicaba que sí contaban con profesionales especializados que podrían haber llevado a cabo las actividades de prevención y, por lo tanto, evitado el grave desenlace que tuvo esta historia, como es el caso de un auxiliar académico y un coordinador psicopedagógico.

Pero en la resolución final de Indecopi se brinda un detalle extra que llamó la atención. Según uno de los puntos que se tomaron en cuenta para sancionar a la institución educativa, la contratación de estos profesionales (un coordinador psicopedagógico, un servicio de asesoría legal y un auxiliar académico) habría ocurrido después del grave incidente que involucró a la menor de doce años y esto lo pudieron comprobar con los documentos emitidos por el propio colegio.

El resultado de este caso han sido dos importantes sanciones económicas a la Sociedad Saco Oliveros S.A.C. que, entre la multa de 18.9 UIT y 20.8 UIT, alcanzan el monto de S/ 212,395 debido a que no actuaron de formar correcta para evitar actos de violencia escolar ni supieron reaccionar cuando estos ocurrieron.

CACERITOS DE INDECOPI

Pero esta no es la primera vez que el nombre Saco Oliveros se hace presente en una resolución de Indecopi. Por este mismo caso durante el año pasado, la institución educativa recibió una multa de casi setecientos mil soles debido a que no contaban con medidas de seguridad en las escaleras que daban acceso al quinto piso, situación que culminó con la caída de la escolar de doce años.

Además, aunque por montos mucho menores a los relatados previamente en este informe, Saco Oliveros acumuló varias sanciones catalogadas como “falta de idoneidad” en el servicio de enseñanza a lo largo del año pasado según se puede observar en el propio sitio web de Indecopi.

Si bien el sueño de ingresar a las mejores universidades implica realizar sacrificios, restarle importancia o dejar de lado aspectos claves en la formación de niños y adolescentes, como es el cuidado de su salud mental a cargo de especialistas, puede llevar a que se repitan casos como el expuesto en este informe que no sólo dejan marcas imborrables en los escolares sino que hasta les puede costar la vida.

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bullying, Indecopi, Saco Oliveros

Un año buscando justicia: la muerte de Santiago Guardamino y el silencio de la Fiscalía

Por: Benjamin Zevallos Jaramillo 21.02.2025

Guardamino asumió la presidencia en un periodo crítico para su comunidad, que estaba atravesando una grave crisis debido a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta transacción se realizó durante el mandato de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, muy por debajo de su verdadero valor.

Ante esta situación, Santiago Guardamino decidió actuar legalmente, interponiendo una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la directiva saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, aunque en segunda instancia la pena se redujo a cuatro años de prisión suspendida. Este caso llegó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), donde la resolución estaba programada para después de la declaración de Guardamino, fijada para el 3 de abril de 2024.

En una reciente conversación con el abogado penalista, Rafael Chanjan. Se abordó el complejo y delicado caso de Santiago Guardamino, cuyo fallecimiento ha generado una creciente preocupación y movilización en la comunidad de Quipan. “Este caso es un tema que debe ser tratado con mucha cautela, ya que involucra no solo la pérdida de una vida, sino también el clamor por justicia en un contexto de desprotección”, comentó el abogado, quien ha seguido de cerca el desarrollo de este caso.

La entrevista reveló la frustración del abogado respecto a la falta de avances significativos en la investigación. “Es comprensible que la familia busque respuestas, pero ¿qué está haciendo la comunidad de Quipan? ¿Qué papel están jugando sus dirigentes en esta lucha?”, cuestionó. Esta inquietud destaca una problemática más amplia: la responsabilidad de las comunidades en la defensa de sus derechos y la importancia del liderazgo local en la búsqueda de justicia.

El abogado también subrayó que la situación de Guardamino no es un caso aislado. “La justicia peruana se ha visto marcada por la indiferencia y la desigualdad. Es alarmante que, en un caso como este, las dinámicas de poder y la influencia de ciertas empresas prevalezcan sobre la justicia humana”, manifestó, reflejando una realidad que afecta a muchas comunidades vulnerables en el país. Esta observación pone de relieve un patrón preocupante: en numerosos casos, las comunidades se sienten desprotegidas ante los intereses económicos de grandes corporaciones, lo que genera un clima de impunidad.

Durante la conversación, el abogado hizo hincapié en la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades judiciales, particularmente de la Fiscalía. “Estamos hablando de un año desde la muerte de Guardamino, y aún no hemos visto avances significativos. Las decisiones de los fiscales hasta ahora parecen estar más alineadas con los intereses de la empresa involucrada que con la búsqueda de justicia para la víctima y su familia”, argumentó.

El abogado también abordó el papel de la comunidad de Quipan, destacando la importancia de su movilización. “Definitivamente, se necesita una movilización no solo de la familia, sino de todos los sectores involucrados para exigir respuestas claras y efectivas de las autoridades. La unión de la comunidad puede ser un factor clave para visibilizar la lucha por la justicia”, enfatizó.

Nota de redacción: La situación se complicó aún más por la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se iba a llevar a cabo en los terrenos adquiridos de manera fraudulenta. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era fundamental, ya que su testimonio podría conducir a la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, que ocurrió con nueve disparos, truncó esta posibilidad y le impidió presentar su testimonio.

Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un procedimiento civil para anular la compraventa de las tierras, el cual estaba estrechamente relacionado con el resultado del caso en la Corte Suprema. Ahora, la comunidad enfrenta un futuro incierto, marcado por la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.

Además, señaló que la búsqueda de justicia no debería ser una tarea exclusiva de la familia de la víctima. “Este es un asunto que trasciende a un individuo. Hablamos de derechos humanos y de la necesidad de proteger a toda una comunidad que ha sufrido las consecuencias de la acción de una empresa que, aparentemente, ha manipulado documentos para intentar justificar su actuar”, dijo.

Al acercarse el primer aniversario de la muerte de Guardamino, el abogado instó a redoblar los esfuerzos para obtener justicia. “Lamentablemente, los esfuerzos pueden ser suficientes para la familia, pero recordemos que no es un problema entre una persona con otra. Este es un caso que resuena en toda la comunidad y que necesita una respuesta contundente del sistema judicial, partiularmente del Ministerio Público”, añadió.

Finalmente, el abogado cerró la conversación con un llamado a la reflexión. “La justicia no debe ser un privilegio de unos pocos. Es fundamental que el Estado y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos actúen con responsabilidad y compromiso. El caso de Santiago Guardamino es un recordatorio de las luchas que enfrentan muchas comunidades en el país y de la necesidad urgente de un sistema legal que proteja efectivamente los derechos de todos, sin excepción”.

Mientras la comunidad de Quipan espera una respuesta, el eco de su búsqueda de justicia resuena cada vez más fuerte. Este caso pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana y del compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos, así como la urgencia de un cambio en la forma en que se ejerce la justicia en el Perú. La lucha por la justicia de Guardamino no solo es la lucha de su familia, sino la de toda una comunidad que clama por un trato equitativo y justo.

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Arguelles, Quipan, Santiago Guardamino

Traición, mentiras y deudas

Por: Cristian Rebosio 11.02.2025

La insólita historia detrás del divorcio entre el alcalde López Aliaga y el estratega detrás de su llegada al sillón municipal. Sudaca accedió a un documento exclusivo que, además, expone los irregulares manejos del dinero de la Municipalidad de Lima y los vínculos con Andrés Hurtado.

Pasar de obtener menos del 2% en las elecciones parlamentarias del 2020 a ganar la alcaldía de Lima y hasta soñar con la presidencia es, sin lugar a dudas, producto de una exitosa campaña de comunicación política. Este ha sido el caso del alcalde Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular, el cual pudo dejar atrás las sombras que acompañaban a su nombre original (Solidaridad Nacional) y se convirtió en el burgomaestre de la capital.

Pero este tipo de giros radicales rara vez dependen del político que es la cara de la candidatura sino que suelen tener como autores intelectuales a expertos en marketing y comunicación política. Por supuesto, el caso de López Aliaga no fue la excepción y encontró en un especialista argentino la posibilidad de revertir la mala imagen que arrastraba de sus épocas con el exalcalde Luis Castañeda Lossio y sus dificultades para afrontar debates y entrevistas.

Ariel Ricardo Correa es el nombre del autor intelectual de la campaña que le devolvió las esperanzas de un triunfo a la agrupación política del empresario. Sin embargo, la relación entre Correa y el ahora alcalde entró en su momento más crítico. Sudaca ha accedido a documentos exclusivos que exponen una historia de traición, mentiras y deudas entre Rafael López Aliaga y el estratega argentino, y que además comprometen a la Municipalidad de Lima.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El documento que se expondrá a continuación corresponde al mes de diciembre del año pasado. En estas hojas se detalla el inicio del vínculo entre Ariel Correa y el líder de Renovación Popular en la época que todavía era un aspirante al sillón municipal. Según detalla el propio Correa, el acercamiento con López Aliaga ocurrió en el año 2021 y, a pedido del entonces candidato, constituyó la empresa Focus Marketing & Management para poder recibir los cinco mil dólares mensuales acordados como pago por su asesoría.

En esta parte de la historia también se puede identificar lo que podría catalogarse como la primera situación extraña. Correa detalla que los primeros pagos que recibió por su asesoría política se realizaban usando a terceros, como es el caso del chofer de López Aliaga.

Tras consumarse el triunfo en las elecciones municipales, el nuevo alcalde de Lima le habría propuesto al argentino quedarse en la capital peruana hasta el año 2026. Para ello, el líder del partido celeste le habría prometido un considerable aumento de sus ganancias mensuales que ya no serían de cinco mil dólares sino que se convertirían en cuarenta mil soles.

En el documento al que accedió Sudaca, Correa señala que esta relación laboral iba a ser estable y con los derechos laborales correspondientes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta promesa sea incumplida. Según detalla Correa en el texto enviado a la Municipalidad de Lima, desde enero del 2023 hasta mayo del 2024, sólo recibió treinta mil soles mensuales en pagos que se hicieron por medio de Renovación Popular.

LA RUTA DEL DINERO MUNICIPAL

Es en este punto cuando la historia deja de ser un caso de promesas incumplidas para convertirse en un irregular manejo de los fondos de la Municipalidad de Lima. Ariel Correa explica que, en el mes de mayo del año pasado, tuvo una reunión en la que participó el gerente municipal, Oscar Lozan, y dos personas vinculadas a Renovación Popular, Luis Rubio y Fernando Sandoval, en la que, bajo la insólita excusa de tener que destinar fondos para el programa de Andrés Hurtado “Chibolín”, le habrían impuesto un esquema de cobro fraccionado.

Tal como se puede leer en la imagen anterior, con el esquema impuesto se estaría obteniendo un total de sesenta y siete mil soles mensuales usando para ello a la ONG ACAP (Asociación Cristiana de Asesores Políticos), Focus Marketing & Management y organismos públicos de la Municipalidad de Lima.

La situación se tornó más compleja y extraña al mes siguiente cuando, según explica Correa, el alcalde de Lima instruyó a una de las regidoras municipales para que le pague usando la cuenta bancaria de los colegios PRODEC, instituciones educativas que pertenecen a una asociación sin fines de lucro vinculada al Opus Dei.

Para los pagos de los meses siguientes, la estrategia habría sido usar a los organismos públicos de la Municipalidad de Lima alegando trabajos que no tenían relación con las funciones que originalmente le habían propuesto al asesor argentino y, sumado a ello, encubrirían el origen de los fondos.

La situación no mejoró y, en el mes de noviembre, la congresista Norma Yarrow le informó a Correa que estaba despedido. Al solicitar explicaciones al respecto, el alcalde López Aliaga le habría dicho que no encontraba capacidad de pagarle de manera legal y justa.

Correa explica en esta carta dirigida al alcalde de Lima que, además de no cumplir con el monto prometido, no se cumplió con obligaciones legales como el registro de su contrato ante el Ministerio de Trabajo y se le involucró, según él mismo señala, “en un esquema que aparenta eludir las normas nacionales”.

A poco más de dos años de su llegada a la Municipalidad de Lima, la gestión de Rafael López Aliaga ha acumulado varias críticas, pero lo detallado en este documento que pudo revisar Sudaca revela, con la versión de quien fue una pieza clave en su triunfo electoral, que en el Palacio Municipal existirían numerosas irregularidades en el manejo del dinero.

Antes de la publicación de este informe, Sudaca intentó comunicarse con el abogado de Ariel Correa. Pero, tras señalar que en ese momento no contaba con la autorización de su cliente para pronunciarse, no volvió a responder. Por su lado, el alcalde López Aliaga anunció que sus abogados habían procedido a denunciar a su exasesor por extorsión y difamación.

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Municipalidad de Lima, Rafael Lopez Aliaga, Renovación popular

Otro ministerio a la deriva

Por: Cristian Rebosio 11.02.2025

Nueva crisis en el Ministerio de la Producción. En los últimos meses se ha producido la llegada de funcionarios con un historial que despierta dudas sobre los criterios empleados en el proceso de selección.

El Ministerio de la Producción sería la nueva víctima del gobierno de Dina Boluarte y sus deficientes criterios para designar funcionarios. Bajo la gestión del ministro Sergio González Guerrero, el sector a su cargo le abrió las puertas a más de un personaje que no cuenta con el mejor historial.

Sudaca pudo revisar las designaciones realizadas en el ministerio y se encontraron nombramientos que llaman la atención. Desde un exgerente municipal cuestionado por su deficiente trabajo hasta un antiguo integrante del despacho presidencial de Dina Boluarte han obtenido puestos importantes en un hecho que, una vez más, genera desconfianza hacia un gobierno que no parece tener interés en rodearse de los funcionarios más capacitados.

¿PREMIO A LA INEFICIENCIA?

El viernes 27 de diciembre del año pasado, mientras la mayoría de peruanos se distraía disfrutando las fiestas de fin de año, el Ministerio de la Producción emitió la resolución ministerial n° 000503. Con este documento daban a conocer que, desde el 2 de enero del presente año, el cargo de asesor de la secretaría general del Ministerio de la Producción sería el señor Luis Alberto Andrade Olazo.

En su trayectoria laboral, Andrade Olazo contaba con un paso por la Municipalidad Provincial San Román, en donde se había desempeñado en el cargo de gerente municipal desde julio del 2023 hasta agosto del 2024. No obstante, su paso por esta municipalidad no habría estado plagado de elogios ni buenos recuerdos.

Sudaca pudo conocer la información, o más precisamente cuestionamientos, que presentaron medios regionales durante el paso de Luis Alberto Andrade Olazo por la gerencia municipal de San Román. La principal crítica con respecto el trabajo del recientemente designado asesor del Ministerio de la Producción se centra en el mal uso del presupuesto que tenía disponible.

Para enero del año pasado, cuando Andrade Olazo llevaba varios meses en la gerencia municipal, la ejecución presupuestal en San Román apenas alcanzaba el 50.8% y, acorde a lo informado por el portal El Objetivo, el municipio había quedado en los últimos lugares en lo que respecta a ejecución del presupuesto disponible en comparación de las trece provincias de la región.

Estos resultados mediocres llevaron a que se ponga mayor atención en el trabajo de Andrade Olazo y su idoneidad para el puesto que ostentaba. Entre estas críticas se señalaba que el gerente municipal desconocía los problemas de la zona debido a que era un funcionario que había sido traído desde Cusco. “El alcalde trajo a gerentes de otros lugares que no conocen la realidad de la provincia”, fue una de las críticas de Orlando Fernández, expresidente de la Central de Barrios de la ciudad de Juliaca, al gerente municipal en declaraciones que brindó a Pachamama Radio.

Pero, además, este descontento incrementó cuando se conoció el cuantioso salario que recibía Andrade Olazo y que superaba los diecinueve mil soles mensuales y que, para cuando se produjeron las críticas, ya había acumulado un total de S/ 115,872.00. Claro que esto no impidió que sea premiado con un cargo en el Ministerio de la Producción.

LA CUOTA BOLUARTE

Tal como lo ha puesto en evidencia Sudaca y diversos medios de comunicación, el gobierno de Dina Boluarte se ha caracterizado por entregar ministerios y otros cargos importantes a personajes ligados a diversas agrupaciones políticas que, casualmente, tienen una importante presencia en el Congreso y son el soporte para que la presidenta pueda continuar en el poder.

Sin embargo, no sólo estos movimientos políticos y sus allegados han sido los beneficiados por lo que parece ser una política de gobierno. Sudaca ha encontrado que uno de los extrabajadores del despacho presidencial logró un puesto en el Ministerio de la Producción luego de aprobar una cuantiosa cantidad para la defensa de Dina Boluarte.

Esta persona es Rafael Enrique Velásquez Soriano, quien tuvo la oportunidad de desempeñarse en el cargo de director general de administración del despacho presidencial entre enero del 2023 y agosto del 2024.

En abril del año pasado, Velásquez Soriano avaló la contratación de un abogado defensor para Dina Boluarte por la cifra de 180 mil soles. El letrado iba a tener como responsabilidad la representación de la presidenta en las investigaciones con respecto a su participación en las protestas que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y enero del 2023 en las que varios peruanos perdieron la vida producto de la represión.

Sorprendentemente, pese a que el último día de funciones de Rafael Velásquez Soriano en el despacho presidencial era el 4 de agosto del 2024, tal como pueden observar en la imagen anterior, para el 2 de agosto ya estaba firmada la resolución ministerial que lo designaba como secretario general en el Ministerio de la Producción.

¿FUNCIONARIOS TODO TERRENO?

Pero el Ministerio de la Producción también parece abrirle la puerta a aquellos funcionarios que provienen de puestos que tienen poco o nada que ver con las nuevas funciones que se les encargará. Este sería el caso de Haydeé Victoria Rosas Chávez, quien en el mes de julio llegó a este ministerio para ser la nueva directora general de la dirección general de políticas y análisis regulatorio en pesca y acuicultura.

Lo extraño con respecto a esta designación es la procedencia de Rosas Chávez es que, hasta unos meses antes de llegar al Ministerio de la Producción, su trabajo no tenía mayor relación con la pesca y la acuicultura. Entre 2023 y 2024, Haydee Rosas Chávez estuvo trabajando en el Ministerio de Cultura durante la gestión de la cuestionada ministra Leslie Urteaga.

Durante su paso por el Ministerio de Cultura, Haydee Rosas ocupó el cargo de viceministra de patrimonio cultural e industrias culturales así como el de viceministra de interculturalidad. Su salida de este ministerio se produjo en junio, un mes antes de su llegada al Ministerio de la Producción.

Este paso por el Ministerio de Cultura no estuvo libre de críticas. En su momento, el Colegio de Arqueólogos exigió la renuncia de Rosas debido a una modificación en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación que permitiría alterar bienes culturales y para lo cual el ministerio en cuestión no solicitó la opinión de especialistas para conocer el impacto que tendrá el cambio que se pretendía realizar.

En las últimas semanas del pasado mes de enero, el Ministerio de la Producción fue noticia debido a que se conocieron pruebas sobre las influencias del congresista Darwin Espinoza en este ministerio y el presunto cobro de sobornos. Sin embargo, como se ha podido ver en las pruebas presentadas en este informe, el Ministerio de la Producción parece ser otro ministerio a la deriva desde mucho antes.

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Dina Boluarte, Ministerio de la Producción

Ministerio de la censura

Por: Cristian Rebosio 29.01.2025

El Ministerio de Cultura se posiciona del lado de los sectores conservadores en el caso “María Maricón” con insólitos argumentos y enciende las alarmas por la conexión de este caso con el Lugar de la Memoria.

Semanas atrás, “María Maricón” se convirtió en una de las obras más famosas del país sin siquiera haberse estrenado. Pero no fue por la expectativa generada por la historia que se iba a contar ni por los actores involucrados en el proyecto. La razón de su repentina fama se debió al insólito y contundente pedido por parte de los sectores más conservadores del Perú para que esta representación no vea la luz del escenario.

Alegando que el afiche promocional de la obra era denigrante para la Iglesia católica, los creyentes más radicales se movilizaron para impedir que la obra no sea parte del Festival Saliendo de la Caja. Este reclamo incluso contó con el respaldo de políticos estrechamente vinculados a los sectores más conservadores, como el alcalde Rafael López Aliaga y varios integrantes del parlamento.

Pese a que Gabriel Cárdenas, director de la obra, intentó explicar que la obra no pretendía burlarse de la religión sino contar su experiencia como persona homosexual viviendo en un entorno creyente, las presiones de esta alianza religiosa – política llegaron a las oficinas del Ministerio de Cultura.

#EXCLUSIVO | El director de la obra «María Maricón», Gabriel Cárdenas Luna, habla por primera vez sobre el contenido de la obra censurada solo por su afiche. Y resalta que el contenido no era ofensiva ni contenía ningún ataque a la religión. pic.twitter.com/Q7rdiq7X72
— La Mula (@lamula) January 16, 2025

Finalmente, este último domingo, el Ministerio de Cultura ha emitido una resolución en la cual se aborda la situación de la obra “María Maricón” y se brindan argumentos que han llamado la atención. Sudaca pudo revisar este documento que, además, tiene como protagonista a un personaje que también ha sido parte de otro episodio controvertido en el sector cultura.

¿CULTURA O CENSURA?

Amparándose en el Informe N° 000028-2025-DGIA-VMPCIC/MC del propio Ministerio de Cultura, esta resolución ministerial publicada el último domingo tomó una decisión con respecto a la calificación de “espectáculo público cultural no deportivo” que la obra había recibido sin mayor inconveniente a finales de diciembre del año pasado.

Para sorpresa de quienes habían seguido el caso, el Ministerio de Cultura terminó por alinearse con los reclamos de los sectores conservadores y tomó la decisión de retirarle a la obra “María Maricón” la clasificación de “espectáculo público cultural no deportivo” validando argumentos que, además, podrían sentar un peligroso precedente.

En el documento que consta de trece páginas y Sudaca pudo revisar, el propio Ministerio de Cultura sorprende al detallar que una de los puntos más importantes en el informe que terminó por impulsarlos a tomar esta decisión fue la presencia de la palabra “maricón” en el título de la obra.

Otro de los aspectos a destacar en esta resolución ministerial es que el contenido de la representación teatral fue informado en el momento que se presentó la información necesaria para la calificación de la obra como espectáculo público cultural. No obstante, la resolución no sólo no hacen un análisis profundo de este contenido ni expone la ofensa que supondría a la religión católica sino que, tal como se puede leer en el último párrafo de la siguiente imagen, se siguen enfocando en el uso de la palabra “maricón”.

No conforme con ello, el Ministerio de Cultura también ha recurrido a otras razones insólitas y de cuestionable interpretación, como el acusar a la obra en cuestión de ser una representación teatral que va en contra el derecho a la libertad religiosa amparado por la Constitución.

En esta resolución también se pueden encontrar algunas contradicciones en las que cae el propio Ministerio de Cultura en un aparente intento de restarse responsabilidad. Por ejemplo, señalan que la PUCP omitió detalles relevantes y trascendentes sobre la obra y eso permitió que obtengan la calificación de espectáculo público cultura. Sin embargo, el principal argumento que da el ministerio para retirar dicha calificación no explica el problema con el contenido artístico sino que se enfoca en la presencia de la palabra “maricón”, la cual está en el título de la obra y, por lo tanto, era un detalle del cual tenían conocimiento desde que se presentaron los documentos el año pasado y nunca fue ocultado al ministerio.

¿ES SÓLO EL INICIO?

Resulta importante señalar que la polémica decisión sobre la calificación de la obra recibió el aval de Jamer Nelson Chávez Anticona, quien desde octubre del año pasado ocupa el cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y podría marcar una alarmante tendencia en el sector.

Como se recuerda, en los primeros días del 2025 se conoció, sorpresivamente, que Manuel Burga había dejado de ser director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) en lo que fue una decisión muy celebrada por sectores radicales que se oponían a que en este lugar se cuente una parte de la historia que no era favorable a sus intereses políticos y hasta se atribuían la salida de Burga.

Con la salida de este director, el elegido para ocupar su lugar en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) fue Jamer Nelson Chávez Anticona, justamente quien acaba de ceder ante las presiones de los sectores más conservadores y homofóbicos de la sociedad limeña en lo que podría ser un anticipo de lo que ocurrirá en el Lugar de la Memoria ante presiones similares por parte de estos grupos.

La pobre argumentación en cual se amparó el Ministerio de Cultura en el caso “María Maricón” ha demostrado que, actualmente, parece existir una orden política de no ser incómodos a estos sectores conservadores y la participación de Chávez Anticona en esta historia invita a creer que el Lugar de la Memoria no está a salvo de vivir una situación similar.

Cero en conducta

Por: Cristian Rebosio 19.01.2025

Desde conocidos de César Acuña y acusados de contratar a las amigas de su esposa hasta amigos de Nicanor Boluarte. Los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación obtendrían las peores notas por su historial y, sin embargo, fueron designados sin mayor inconveniente con la anuencia del ministro Morgan Quero.

Para cualquier gobierno que no puede alcanzar los dos dígitos de porcentaje de aprobación en las encuestas resultaría muy complicado sostenerse al mando de un país y más si se tiene en cuenta que las grandes falencias de dicho gobierno no se relacionan con ideologías políticas sino que fallan en aspectos que impactan en la mayoría de ciudadanos, como es el caso de la inseguridad.

Sin embargo, para suerte de Dina Boluarte, el Ejecutivo ha encontrado en el Congreso, quienes tienen las facultades para ponerle fin a su mandado, un grupo de bancadas que representan a partidos políticos dispuestos a escuchar qué tiene la presidenta para ofrecerles a cambio de garantizar la continuidad del gobierno sin importar sus deficientes resultados en diversos sectores.

Como se lo han expuesto Sudaca y otros medios de comunicación, además de no interferir con los proyectos de ley que impulsa el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte también ha utilizado a los ministerios como el botín a repartir y, en esta oportunidad, Sudaca ha podido encontrar los puestos de este ministerio que han quedado en manos de personajes vinculados a las agrupaciones políticas que tienen peso en el parlamento y hasta aprovechó para que entre algún conocido de su hermano.

PASADO PISADO

Fue hace poco menos de un año cuando el programa “Contracorriente” reveló que un grupo de personajes amigos de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habían conseguido buenos puestos de trabajo para el Estado. Entre este selecto grupo de privilegiados, el informe del dominical incluyó a Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, quien por aquella época ocupaba el cargo de director de la DRELM (Dirección Regional de Educación Metropolitana de Lima).

Aproximadamente diez meses después de la emisión de dicho informe, el nombre Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez vuelve a sonar en un puesto de trabajo dejando en el olvido la polémica en la que estuvo involucrado y pretendiendo que nunca ocurrió. En una resolución ministerial del Minedu que data del pasado 10 de enero, Quintanilla Gutiérrez fue anunciado como el nuevo director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

En otra de las designaciones realizadas en los primeros días de este nuevo año figura el nombre de Carlos Christian Acuña Flores, quien desde el primer día de enero pasó a ocupar el cargo de asesor en el despacho viceministerial de gestión pedagógica. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre suena en la sede del Ministerio de Educación.

En marzo del 2023, el diario Perú21 había incluido a Acuña Flores en una lista de funcionarios con pasado como extrabajadores y militantes del partido de César Acuña que habían ingresado a trabajar en el Mineducuando el cargo de ministro todavía le pertenecía a Oscar Becerra.

Según la información que dio a conocer el medio escrito, Christian Acuña, que por aquel entonces era director de Innovación Tecnológica en Educación, venía de realizar consultorías para una de las universidades que integra el consorcio del cual es dueño el líder de Alianza para el Progreso.

Pero este no es el único vínculo entre el Ministerio de Educación y César Acuña. A finales del año pasado, más precisamente el 18 de diciembre, la Universidad César Vallejo firmó un convenio con el Ministerio de Educación que, acorde al documento revisado por Sudaca, tendrá una duración de cuatro años.

Cabe señalar que esta casa de estudios estuvo en el centro de los cuestionamientos recientemente cuando la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía utilizó las instalaciones del IRTP para grabar un spot en el cual se promocionaba a la universidad del gobernador de La Libertad.

Pero en el Ministerio de Educación no sólo hay lugar para los contactos de Nicanor Boluarte y personas vinculadas con César Acuña. En el mes de septiembre, una resolución anunció que Oscar Fausto Fernández Cáceres sería el nuevo director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular.

Este nuevo director tampoco es ajeno a la escena política. En el año 2022, Fernández Cáceres postuló y obtuvo el cargo de regidor para el distrito de La Molina luego de acompañar la candidatura del actual alcalde Diego Uceda y Renovación Popular.

Anteriormente, Óscar Fernández Cáceres fue presidente del Instituto Peruano del Deporte y, aunque esta experiencia laboral podría considerarse valiosa, su gestión estuvo marcada por un informe del programa “Punto Final” emitido en 2019 y en el cual se relataba que el actual funcionario del Minedu contrató a amigas de su esposa para que trabajen en su despacho y reciban salarios de cinco mil y siete mil soles.

Fernández justificó estas contrataciones y, casualmente,renunció a su cargo poco tiempo después. “Eran de confianza mía. Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de mi confianza. Son conocidas nuestras, de mi esposa y mías”, declaró al programa dominical de Latina.

La presidenta Dina Boluarte no habría querido quedar fuera de este festín de designaciones sin filtros en el Ministerio de Educación y en el cargo de jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales se ha colocado a Roxana Magly Mayorga García, quien en 2023 fue incluida por la Contraloría en una lista de personas que el despacho presidencial estaba contratando con serias irregularidades de por medio.

“Es necesario que mínimamente se establezcan lineamientos, se redacte una premisa que nos remita a la norma, o se establezcan procedimientos para hacer factible su ejecución a fin de salvaguardar los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades”, se puede leer en el documento que Infobae difundió en noviembre del 2023, aunque nueve meses después Mayorga García llegaría sin mayor problema al Minedu.

¿QUÉ HACE EL MINISTRO?

Ante esta situación que atraviesa el Ministerio de Educación, resulta lógico cuestionar cuál es el rol del titular del sector, Morgan Quero Gauime, en lo que parece ser una invasión de personajes cuestionables en puestos clave del Minedu. Sin embargo, sus apariciones más resaltantes en los medios, como en la oportunidad que dijo “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, invitan a creer que su única misión no es velar por la educación de los peruanos sino intentar defender a Dina Boluarte.

A ello se le suma una nueva polémica debido a que en las últimas horas se han difundido videos en los cuales se ve al ministro Morgan Quero presente en la celebración de cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, quien fue denunciado por abusar sexualmente de su hija y dejarla embarazada.

? Ministro Morgan Quero asistió y festejó en ceremonia y cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, denunciado por abusar sexualmente y dejar embarazada a su hija, además de otra agresión a una joven.
“Es un honor estar acompañando a nuestro querido pastor José Linares (…).… https://t.co/88QIrM79rS pic.twitter.com/iRsPdaGvmT
— Karla Ramírez Camarena (@NinaSunqu) January 18, 2025

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Acuña, Boluarte, Minedu

Caso Andrea Vidal: Un giro inesperado

Por: Cristian Rebosio 14.01.2025

Los resultados de las necropsias a la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, y el taxista que conducía el vehículo atacado abren la puerta a nuevas hipótesis sobre el verdadero objetivo del ataque.

A pocos días de cumplirse un mes de su fallecimiento, el caso de Andrea Vidal Gómez todavía siguen dando que hablar. El prematuro final de su vida con apenas veintisiete años y su reciente paso por la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento en donde trabajó bajo las órdenes del implicado en una presunta red de prostitución en el Congreso, Jorge Torres Saravia, llevó a que se sospeche que su muerte fue un intento de evitar que exponga lo que estaba ocurriendo en el Legislativo.

Sin embargo, con el pasar de los días, empiezan a darse a conocer los primeros resultados sobre estos trágicos asesinatos que la noche del 10 de diciembre acabaron con la vida de dos personas en el distrito de La Victoria. Sudaca ha podido revisar los primeros informes de necropsia que revelan datos que podrían darle un giro inesperado a este caso.

LOS RESULTADOS

El lunes 9 de diciembre, Andrea Vidal Gómez recibió numerosos disparos en la cabeza, espalda y brazo mientras se trasladaba en un taxi que había pedido por un aplicativo y circulaba por el distrito de La Victoria. Tras este lamentable suceso, la joven quedó en estado crítico y falleció una semana después. En el siguiente informe pericial, se han podido conocer más detalles de lo ocurrido aquel día en la intercepción de las avenidas San Eugenio con Santa Catalina.

El informe pericial de necropsia médico legal, realizado tras su deceso días después de los disparos recibidos en La Victoria, se detalla que, tras el ataque al vehículo en el cual se encontraba, Vidal Gómez sufrió varias heridas en la cabeza así como en el tórax y una de sus extremidades inferiores.

En el diagnóstico de muerte que firmaron los médicos legistas encargados de la necropsia al cuerpo de la extrabajadora del Congreso se puede leer que encontraron “orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y extremidades inferiores. Además, se señala que la causa del deceso fue la herida en la cabeza que produjo daño en el tejido cerebral.

Por otro lado, en el caso de José Daniel Vargas Briceño, la necropsia del ciudadano venezolano que conducía el taxi presenta un considerable número de heridas. Más precisamente, en este informe se detallan dieciséis heridas producto de los disparos que recibió y la mayoría de estas se encontraron en la cabeza y el tórax.

En el diagnóstico de muerte de Vargas Briceño, quien falleció el mismo 9 de diciembre, se explica que una hemorragia subaracnoidea (sangrado entre las capas que cubren el cerebro) así como los impactos de bala recibidos en el tórax y abdomen fueron las razones por las cuales perdió la vida.

EL OBJETIVO

Estos resultados han llevado a que se plantee la pregunta sobre quién era el objetivo de este ataque. Según la información que se ha podido conocer, el mayor número de disparos se concentró en el lugar que se ubicaba José Daniel Vargas Briceño, quien aquel día conducía el taxi, y se ha empezado a considerar que el objetivo principal sería él y no Andrea Vidal.

Sudaca conversó con Andy Felix Cabrera, director del Centro de Investigación Forense – CIFEC, sobre los detalles de este ataque que acabó con la vida de dos personas y abrió la puerta a diversas especulaciones. “El pasajero pudo haber sido un daño colateral. Los sicarios están con el nerviosismo encima y lo que hacen es cometer su objetivo y los daños colaterales pagan este tipo de situaciones”, señala con respecto a la posibilidad que la muerte de Andrea Vidal no haya sido el objetivo de los asesinos.

El director de CIFEC también considera que se debe tener en cuenta que el número de disparos realizados puede ser un mensaje. “No descartemos la posibilidad que, en una vía tan transitada, este sea un mensaje para este tipo de delincuencia que se encarga de este tipo de cobros y demostrar de lo que son capaces”, agregó.

No obstante, resalta que se debe esperar a las investigaciones porque los dos fallecidos presentan heridas en la cabeza. “No podríamos tener una certeza sobre cuál de los dos sería el objetivo principal. Porque de acuerdo ambos presentan heridas en la zona craneana y esto reviste para el ámbito forense un enseñamiento”, explicó Andy Felix a Sudaca.

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Andrea Vidal, Congreso, Jorge Torres

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