[INFORMES] OTRA ASESORÍA BAJO LA LUPA EN LA MOLINA
En octubre del 2022, Renovación Popular se convirtió en una de las grandes sorpresas de las elecciones municipales de dicho año. Además del triunfo de su líder, Rafael López Aliaga, en Lima Metropolitana, su agrupación política también se proclamó ganadora en doce distritos de la capital demostrando que, pese a los cuestionamientos que recibía el partido celeste por su labor en el Congreso, seguían recibiendo la confianza de la mayoría en distintos sectores de Lima.
Sin embargo, al cumplirse el primer año de la gestión de Renovación Popular en estos distritos, empiezan a exponerse las falencias y cuestionamientos a los alcaldes de este partido. Si bien el más criticado es el propio López Aliaga, quien lo sigue muy de cerca es Diego Uceda, el actual alcalde de La Molina.
En los últimos meses, Sudaca ha informado sobre una serie de cuestionamientos a su gestión a los que recientemente se han sumado las dudas con respecto a las costosas contrataciones que viene realizando su gestión en La Molina. Uno de ellos fue el caso del constitucionalista Ángel Delgado Silva y los casi ochenta mil soles que recibió por parte de la Municipalidad de La Molina. No obstante, esta no es la única contratación cuestionada y, recientemente, se le ha sumado el caso de la exprocuradora Katherine Ampuero y un contrato de treinta mil soles.
FUNCIONES BAJO LA LUPA
“Nos llamó la atención que se contratara a una exprocuradora que no tenía experiencia en temas corporativos”, comentó a Sudaca una fuente dentro de la Municipalidad de La Molina con respecto a la contratación de Ampuero que se produjo en el mes de agosto del presente año.
Acorde a los documentos de la propia Municipalidad de La Molina, la función de Ampuero Meza consistía en una asesoría legal para proponer iniciativas con el objetivo de identificar y eliminar riesgos de corrupción en las actividades que realizan las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de desarrollo económico e inversión privada. Sin embargo, las actividades que desempeñaba Ampuero parecían enfocarse en otro aspecto.
Sudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.
A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.
La presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.
Este caso generó más suspicacias debido al contenido de este único entregable disponible. “Lo único que hace es resumir los hechos de su visita. Es un informe de vergüenza. No hace ninguna conclusión profesional de sugerencia como corresponde a una asesora legal que es todo lo que enmarca una consultoría legal”, declaró a Sudaca una fuente confiable dentro de la Municipalidad de La Molina.
Sudaca revisó el contenido del único informe disponible entregado por la abogada el 17 de septiembre y en este se pude observar que el contenido se limita a realizar un breve resumen sobre el estado del caso que enfrentaba a la municipalidad con Cencosud sin las recomendaciones o precisiones legales que se podrían esperar como resultado del pago por una asesoría especializada.
Si hasta este punto se podían encontrar razones más que válidas para cuestionar la decisión de contratar a Ampuero, la información que sigue sólo genera más dudas sobre los criterios que tuvo la municipalidad para evaluar el trabajo encargado a la excandidata a teniente alcalde de Alianza Por el Progreso.
Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la orden de servicio de treinta mil soles fue pagada el 27 de septiembre del 2023. Esto pese a que sólo habían pasado cincuenta y cuatro de los setenta y cinco días que inicialmente se mencionaban en el contrato y en los cuales se esperaba que presente tres informes de los cuales sólo presentó uno.
SI NO ME ACUERDO NO PASÓ
Pero la historia de esta nueva y costosa contratación dio un nuevo giro en el pasado mes de noviembre cuando una regidora de La Molina solicitó información sobre las asesorías contratadas por la gestión de Diego Uceda y la respuesta fue que no existía ninguna orden de servicio bajo esa denominación en el 2023.
Sin embargo, esta no es la única vez que Ampuero Meza fue contratada por la gestión de un alcalde de Renovación Popular. También agosto del 2023, cuatro días antes de empezar su orden de servicio con la Municipalidad de La Molina, Katherine Ampuero fue contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual encabeza Rafael López Aliaga, para realizar una asesoría legal.
“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
En este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.
Sudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.
“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.
UNA GANADORA CUESTIONADA
La polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.
Sin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.
Tras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.
El Comité de Gestión de Alto Nivel respalda el cierre, pero hay divisiones entre la Municipalidad de Lima y el MINAM sobre la posible aprobación del PAMA. En ese entonces, los vecinos expresaron su apoyo al cierre temporal, mientras que exigían un cierre definitivo y acciones más contundentes por parte de las autoridades para salvaguardar la salud de la comunidad en Lomas de Carabayllo.
A pesar de tener 10 años para cancelar la deuda, la Municipalidad de Lima la saldó en aproximadamente cinco semanas, realizando pagos significativos en enero y febrero de 2006. Según la denuncia fiscal, los costos de esta operación financiera corresponden a Comunicore y no a la Municipalidad de Lima.
Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.
No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.
Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.
Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.
Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.
Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.
Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.
