Informes

[INFORME] En horas de la tarde del día jueves se conoció que el Poder Judicial dictó veintiún años y ocho meses de prisión para Jorge Cuba Hidalgo, quien fue viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García. Esta sentencia en contra del exfuncionario aprista se debió a que fue encontrado culpable de otorgar de forma ilícita la adjudicación de la construcción de los primeros tramos del Metro de Lima a la empresa Odebrecht.

#LoÚltimo | Poder Judicial condena al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, así como a los acusados Mariella Huerta Minaya y Edwin Luyo Barrientos a 21 años y ocho meses de prisión al encontrarlos culpables de los delitos de colusión y lavado de activos agravado.… pic.twitter.com/bYTlmw6udJ

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 24, 2025

Cuba Hidalgo fue hallado culpable por el delito de lavado de activos al haber recibido más de ocho millones de dólares en forma de sobornos que se manejaron mediante cuentas offshore en el extranjero. Junto con el exviceministro, Mariella Huerta y Edwin Luyo, quienes también eran funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recibieron la misma condena.

DEJARON LA PUERTA ABIERTA

Pero la noticia más impactante con respecto a este caso no fue precisamente la condena sino la información que se conoció horas antes. Tal como se puede observar en el siguiente certificado de movimiento migratorio obtenido por el diario El Comercio, Jorge Cuba Hidalgo abandonó el país el pasado domingo 20 de julio, cuatro días antes de conocer su sentencia.

Sin embargo, este desenlace podría haber sido evitado. Hasta hace algunos meses atrás, tanto el exviceministro aprista como los otros funcionarios del MTC, tenían vigente el impedimento de salida del país. Esta situación cambió debido a que, recientemente, el Congreso modificó la Ley del Crimen Organizado y recortó el tiempo que se podía aplicar el impedimento de salida del país y, como consecuencia, el requerimiento fue declarado improcedente.

¿OTRA VEZ EL CONGRESO?

En declaraciones a los medios de comunicación, el fiscal José Domingo Pérez fue enfático al responsabilizar al Legislativo por la fuga de Cuba Hidalgo. “El Congreso de la República ha dictado una ley que ha modificado que los jueces no puedan ampliar los impedimentos de salida de quienes están siendo procesados  actualmente por graves casos de corrupción y lavado de activos”, señaló el fiscal.

#EnVivo

José Domingo Pérez: Jorge Cuba lamentablemente ha fugado, gracias a una ley del Congreso de la República actual, no se le ha podido ampliar el impedimento de salida del país

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— Canal N (@canalN_) July 24, 2025

LAS REPERCUSIONES

Tras conocerse la sentencia, diversas voces se han manifestado. Mientras que Ricardo Pineda, quien fue secretario personal de Alan García, señaló que Jorge Cuba no tenía vínculo con el partido de la estrella, el abogado penalista James Rodríguez señaló que “lo que demuestra esta sentencia es que en el segundo gobierno de Alan García existió corrupción y prueba de ello es que esta sentencia ha sido por recibir sobornos de la empresa Odebrecht”.

En #NPortada, el abogado penalista James Rodríguez indicó que la fuga de Jorge Cuba antes de la lectura de su sentencia muestra fallas graves. Advirtió que una filtración o la ausencia de medidas como el impedimento de salida permitieron su escape ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/wCupar5Of2

— Canal N (@canalN_) July 25, 2025

Por otro lado, Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, mencionó en una entrevista con RPP que hasta la fecha no se ha podido repatriar el dinero que se le incautó al exviceministro Jorge Cuba en Andorra. Vela Barba explicó que, si bien dicho país tuvo un rol activo para proporcionar información de las operaciones, en cuanto al dinero “demanda un convenio entre ambos estados”.

[INFORME] Durante este jueves, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, convocó de manera oficial a la elección para la Mesa Directiva que estará al frente del Legislativo para el periodo que culminará en el año 2026. El decreto que se dio a conocer en horas de la mañana también se anunció que la votación está programada para este sábado 26 de julio y las listas se podrán presentar hasta las 10 de la mañana del día viernes.LA PRIMERA LISTA

Pero tan sólo horas después se pudo conocer la primera lista para este proceso. Esta lista multipartidaria tiene como candidato a presidente del Congreso a José Jeri Oré, miembro de la bancada de Somos Perú y cuya candidatura ha recibido el respaldo público por parte de Eduardo Salhuana, quien todavía ocupa la presidencia del parlamento.

Esta mañana, la congresista fujimorista Martha Moyano señalaba que en Fuerza Popular “nunca hemos dejado de integrar una lista” y, finalmente, el elegido para representar al partido de Keiko Fujimori ha sido el parlamentario Fernando Rospigliosi. El sociólogo que ocupó la curul del fallecido Hernando Guerra García será candidato a la primera vicepresidencia.

Una de las sorpresas en esta lista es la presencia del hermano de Vladimir Cerrón, el congresista Waldemar Cerrón. Con su participación en la lista de José Jerí, el integrante de Perú Libre buscará continuar ocupando la segunda vicepresidencia del Congreso. Horas antes, su colega de bancada, Flavio Cruz, había declarado que su participación en dicha lista era respaldada por las bases del partido del lápiz debido a que “Waldemar es el que mejo coraza tiene, y lo ha demostrado en este tiempo, para soportar  la permanente arremetida contra el sector al cual representamos.

Ilich López Ureña será quien postulará como candidato a la tercera vicepresidencia. La presencia del congresista de Acción Popular en esta lista ha sido inesperada para muchos debido a que, hasta el día de ayer, se especulaba que él podía ser el representante del partido de la lampa en otra lista que es liderada por el parlamentario José Cueto.

Luego de la presentación oficial de esta lista, los congresistas Ana Zegarra y Alex Paredes, representantes de la bancada de Somos Perú, se pronunciaron ante los medios y anunciaron que la lista integrada por su colega de bancada cuenta con sesenta y siete votos para la elección que tendrá lugar este sábado.

Los voceros de Somos Perú, Ana Zegarra y Alex Paredes, presentaron la lista para la mesa directiva conformada por José Jerí, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López. Aseguran tener 67 votos

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— Canal N (@canalN_) July 24, 2025

Pero quien lidera esta lista para presidir el Congreso no ha estado libre de cuestionamientos y episodios polémicos. En enero del presente año, el congresista Jeri fue denunciado por un presunto enriquecimiento ilícito. Esto ocurrió luego que se detectara un incremento patrimonial que pasó de menos de cien mil soles a más de un millón en pocos años. No obstante, Jeri Oré ha calificado estas acusaciones como “una campaña de desprestigio”.

EL RIVAL

Quien sería el rival de Jeri en esta elección para la Mesa Directiva, aunque todavía no se ha presentado su lista de forma oficial, es el congresista José Cueto de la bancada Honor y Democracia. En esta lista, que también será multipartidaria, también tendrá presencia Carlos Zeballos de la bancada Bloque Democrático.

Aunque no van a integrar ninguna lista, Renovación Popular le brindaría su respaldo a la lista encabezada por su antiguo integrante. Alejandro Muñante, vocero alterno del partido de López Aliaga, anunció que Cueto podrá contar con sus votos. El congresista de Renovación Popular describió a la lista de José Cueto como una opción de “ancha base” y agregó que consideran que darles su apoyo “es una forma de equilibrar el tablero político”.

En las próximas horas se estaría por definir quiénes completarán la lista del congresista Cueto y también si contará con el respaldo de las bancadas de Avanza País y Juntos Por el Perú. La posibilidad de sumar el respaldo de la Bancada Socialista se desvaneció luego de conocerse que no respaldarán a ninguna de las listas que se presentarán.

[INFORME] La Municipalidad Metropolitana de Lima firmó un acuerdo con Caltrain para recibir, sin costo, una flota ferroviaria que ya había sido retirada del servicio en Estados Unidos. A la fecha, han llegado 43 coches y 11 locomotoras, y estaba prevista una segunda entrega. Sin embargo, a fines de mayo de 2025, la empresa notificó que tres vagones y una locomotora no serían enviadas por presentar fallas irremediables. La Municipalidad formalizó la reducción sin mayores explicaciones y actualizó el valor de la donación, restando casi cinco millones de dólares a la cifra inicial.

Pero más allá del recorte, lo que más ha llamado la atención son los cuestionamientos técnicos. Un informe de la Contraloría advirtió discrepancias en los documentos de mantenimiento: mientras los registros de Caltrain indican que algunos vagones no reciben overhaul desde el año 2002, la MML asegura que estos trabajos se hicieron en 2020. Esta contradicción es grave, ya que pone en duda el estado real de las unidades que se planean poner a circular en una de las rutas más transitadas de Lima.

Durante una inspección en la estación Monserrate, la Contraloría también verificó que las locomotoras no fueron encendidas ni sometidas a pruebas básicas, lo que impidió determinar si están operativas. El propio vicecontralor Marco Argandoña confirmó que la documentación entregada es insuficiente y que el equipo de control realizará una nueva revisión más exhaustiva en el puerto del Callao.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha sido firme al afirmar que este tren no puede operar. Según el ministro César Sandoval, no se ha presentado ningún estudio técnico, ni se ha acondicionado la vía para el servicio de pasajeros. “No hay doble vía, no hay señalización, no hay sistema de seguridad. No se puede permitir una marcha blanca en esas condiciones. Sería jugar con la vida de los ciudadanos”, declaró recientemente.

El alcalde López Aliaga ha respondido con dureza. En diversos medios ha acusado al MTC de boicotear el proyecto y de querer “robarse” las piezas del tren. Incluso envió una carta a la presidenta Dina Boluarte solicitando la destitución del ministro. Por su parte, Sandoval ha anunciado una demanda por calumnia, argumentando que el alcalde está mintiendo deliberadamente para victimizarse políticamente.

En medio del enfrentamiento, la Municipalidad se retiró momentáneamente de la mesa técnica conformada con el MTC, la Contraloría, la ATU y otros entes, aunque días después accedió a reincorporarse. La tensión, sin embargo, no ha bajado.

Para el ingeniero en transporte y exasesor del MTC, Luis Quispe Candia, “el problema no es solo si los trenes están operativos o no. Es que no hay una planificación real. No puedes anunciar un servicio de pasajeros en una vía que no está diseñada para eso, y con equipos que no tienen garantía técnica. Este proyecto está siendo manejado de manera improvisada y con claros fines políticos”.

Además de los aspectos técnicos, también hay cuestionamientos sobre el valor declarado de la donación. La SUNAT detectó que la Municipalidad de Lima registró los bienes por más de 822 millones de soles, una cifra 16 veces superior a su valor real en el mercado, lo que ha generado sospechas de inflación patrimonial con fines contables o de imagen.

A estas alturas, el tren Lima–Chosica parece más una promesa propagandística que un proyecto de transporte viable. Los vagones siguen almacenados, los estudios siguen pendientes y la ciudad continúa atrapada en su caos habitual. La ciudadanía, expectante, observa cómo una iniciativa que pudo tener potencial, hoy está empantanada entre la falta de transparencia, la carencia de planificación y un enfrentamiento político que ha desplazado por completo el interés público.

[INFORME] El futuro de Gino Ríos, titular de la Junta Nacional de Justicia, está en el aire tras conocerse el pedido de su vacancia por la sentencia en su contra. Mientras la vicepresidenta de la JNJ ha convocado a una reunión de los integrantes de la JNJ, otras voces justifican su designación alegando que Ríos ya cumplió con su pena.

El futuro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa siendo una incógnita tras conocerse los detalles del turbulento pasado de su titular, el abogado Gino Ríos Patio. En las últimas horas se han conocido diversos pronunciamientos y evidencias que no sólo comprometen más a Ríos Patio sino que exponen graves errores en el proceso que culminó con su llegada a este cargo.

SENTENCIA IGNORADA

Este último domingo, el programa “Cuarto Poder” reveló que, sospechosamente, en la elección de Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pasó por alto que tenía en su historial una sentencia por violencia familiar en contra de quien era su esposa y madre de sus hijos.

En las últimas horas, el diario La República publicó algunas de las cartas que Ríos le enviaba a su excónyuge con la aparente intención de presionarla en un proceso de divorcio en el cual el titular de la JNJ señalaba a su esposa de haber cometido abandono injustificado del hogar, mientras que la otra parte alegaba violencia psicológica. Cabe señalar que el juez a cargo del caso no sólo concedió el divorcio por violencia psicológica sino que Ríos ni intentó apelar la decisión.

Pero entre los datos que han llamado la atención en el reportaje emitido el reciente fin de semana estuvo la postura de Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo y presidente de la comisión que evaluó a los candidatos, quien justificó que no se tomara en cuenta la sentencia contra Ríos alegando que “no hay una sentencia que pueda significar de manera condenatoria con un hecho que quizá tiene una connotación punible «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados” y agregó que no se le hicieron preguntas claras al respecto a Ríos Patio “por decoro”.

Reportaje de @Cuarto_Poder
revela que Gino Ríos fue elegido como presidente de la JNJ a pesar de tener una sentencia por violencia familiar. Josué Gutierrez, defensor del Pueblo y miembro de la comisión que eligió a Ríos, dice que no le preguntaron sobre la sentencia «por decoro» pic.twitter.com/UNTfE3bGVH

— Alessandra Rozas (@AleRozas_) July 21, 2025

LA JNJ PIDE INFORMACIÓN

Ante la información que se ha hecho pública, los congresistas Héctor Acuña y Susel Paredes han solicitado la vacancia de Gino Ríos de la presidencia de la Junta Nacional de Justicia amparándose en que estaría impedido de ejercer dicho cargo por contar con la mencionada sentencia, situación que está contemplada en la Ley Orgánica de la JNJ.

Como consecuencia de este pedido, María Cabrera Vega, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, ha enviado un oficio al Congreso en el cual solicita copias certificadas de la totalidad del expediente judicial que involucra a Gino Ríos. En este documento, Cabrera anuncia que, además, se ha convocado a reunión a los miembros de la JNJ para abordar este caso.

No obstante, también han salido voces en favor del titular de la JNJ. Katherine Ampuero, la exprocuradora anticorrupción, señaló en una entrevista con Canal N que “en tanto él haya cumplido la pena impuesta y esté rehabilitado pues definitivamente esto no anula o invalida su nombramiento” y agregó que Ríos Patio tiene derecho a pedir su rehabilitación y que se borren sus antecedentes penales. Ampuero también señaló que la prohibición establecida en la Ley Orgánica de la JNJ se aplica cuando la sentencia está vigente.

En #CuentasClaras, la exprocuradora Katherine Ampuero indicó que ya se habría cumplido la sentencia por violencia familiar contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos: «En tanto haya cumplido la pena, esto no invalida su nombramiento» ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/Hb8AGUVViE

— Canal N (@canalN_) July 22, 2025

Cerca del mediodía de este miércoles, la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en un comunicado en el cual señalan que respaldan el trabajo hecho por la comisión que tuvo bajo su responsabilidad la selección de Gino Ríos como uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. “Rechazamos cualquier intento de distorsionar los hechos o debilitar un proceso que fue público, riguroso y ajustado al marco constitucional”, explican en la publicación de la Defensoría.

[INFORME] Más de dos años después del cierre formal del relleno sanitario “El Zapallal”, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo, nuevas supervisiones revelan una grave situación de deterioro ambiental. De acuerdo con la Resolución N° 00010-2025-OEFA/DSIS, emitida en abril de este año, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha exigido la elaboración urgente de un Plan de Cierre integral, tras detectar severas deficiencias en la infraestructura y gestión de residuos en el área.

La resolución detalla que las tres celdas de disposición final —dos para residuos municipales y una para residuos de establecimientos de salud— operaron durante décadas bajo instrumentos de gestión ambiental fragmentados o inexistentes. En el caso de la celda construida en la quebrada N° 2, habilitada en 2021, ni siquiera cuenta con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado, pese a haber estado en operación activa hasta febrero de 2023.

Lo más alarmante es que, a la fecha, los lixiviados siguen generándose, acumulándose y siendo recirculados sin tratamiento adecuado. Esta práctica, verificada en enero de 2025 durante una inspección de OEFA, se realiza con camiones cisterna que transportan líquidos altamente contaminantes desde pozas de almacenamiento hasta la parte superior de las celdas, con el fin de reinyectarlos. Este proceso no solo incumple las normas mínimas de cierre, sino que representa un riesgo inminente para el subsuelo y los acuíferos que alimentan la cuenca del río Chillón.

Según los técnicos de OEFA, las plataformas carecen de sistemas impermeabilizantes en la base —geomembranas o capas de arcilla— y los lixiviados se infiltran directamente al terreno. A esto se suma que el suelo sobre el que se asienta el relleno no actúa como barrera geológica natural, por lo que los contaminantes pueden estar llegando ya al acuífero del valle de Chillón, fuente de agua subterránea para varios distritos del norte de Lima.

La resolución también pone en evidencia que las operaciones de cierre técnico nunca comenzaron formalmente, y que el manejo actual es insuficiente y desarticulado. Las acciones observadas —como la quema de gases o la arborización en zonas específicas— no forman parte de un plan integral, y en muchos casos, ni siquiera fueron contempladas en los PAMA o EIA aprobados previamente.

El OEFA ha determinado que las operaciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima —actual responsable del sitio, tras el fin de la concesión con Innova Ambiental— no cumplen con los estándares mínimos definidos por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por esta razón, ha ordenado como única medida obligatoria la presentación de un Plan de Cierre completo, que incluya el diseño de cobertura final, control de gases, tratamiento de lixiviados, monitoreo ambiental, medidas post-cierre y, de ser posible, el proyecto de uso del área.

El documento también revela que la vida útil del relleno fue ampliamente sobrepasada, y que en los últimos años de operación se llegó a recibir más del doble de residuos de lo permitido. Para 2021, por ejemplo, se recibieron hasta 4100 toneladas diarias, cuando el límite aprobado era de 1727. Esta sobrecarga aceleró el deterioro de la infraestructura y generó un colapso operativo que se mantiene hasta hoy.

Uno de los puntos más críticos del informe técnico es la existencia de afloramientos visibles de lixiviados por los taludes de las celdas, canales erosionados por escurrimientos ácidos y un deficiente sistema de captación y conducción de aguas residuales. La falta de cobertura final ha facilitado la generación continua de biogás y el riesgo de incendios o explosiones.

En palabras del informe, “las condiciones actuales evidencian que los impactos ambientales negativos difieren sustancialmente de los previstos en los instrumentos ambientales aprobados”. Esto ha motivado a OEFA a dejar sin efecto los requerimientos anteriores y consolidarlos en una sola obligación prioritaria: el cierre ordenado y completo de la unidad fiscalizable.

El caso de El Zapallal es un ejemplo de cómo las brechas regulatorias, la fragmentación institucional y la falta de fiscalización efectiva pueden convertir una infraestructura diseñada para proteger la salud pública en un foco de contaminación regional. A pesar de las advertencias acumuladas desde 2020, las autoridades locales y el Ministerio del Ambiente han permitido que el pasivo ambiental se agrave.

Ahora, con el tiempo en contra y la salud ambiental del valle de Chillón en juego, la responsabilidad recae sobre la Municipalidad Metropolitana de Lima, que deberá demostrar si está en condiciones técnicas y políticas para remediar una crisis que heredó, pero que no puede seguir postergando.

[INFORME] La bancada de César Acuña anunció la llegada de nuevos integrantes entre los que se encuentra un acusado de golpear a su expareja y un congresista que exigía a los trabajadores de su despacho entregarle parte de sus ingresos.

Alianza Para el Progreso se ha consolidado, en los últimos días, como la segunda bancada con mayor número de integrantes en el Legislativo. La agrupación que tiene como líder y fundador a César Acuña Peralta incorporó recientemente a tres parlamentarios que le permiten a APP alcanzar el número de diecisiete curules ocupadas en el hemiciclo y únicamente son superados por el grupo parlamentario fujimorista que cuenta con veintiún congresistas en sus filas.

Los nuevos miembros que llegan a la bancada del gobernador de La Libertad son Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Segundo Quiroz Barboza.  En el caso de Cordero Jon Tay, su llegada a APP se produce luego de un breve paso por Somos Perú que ocurrió luego de obtener su curul gracias a Fuerza Popular.

El historial de los otros dos nuevos miembros de Alianza Para el Progreso también incluye un paso previo por dos bancadas distintas. Mientras que Flores Ancachi integró las filas de Acción Popular antes de pasar a Podemos Perú, Segundo Quiroz llegó al Congreso de la mano de Perú Libre para un tiempo después formar parte del Bloque Magisterial.

EL PEOR ANTECEDENTE

Pero estas incorporaciones también han llevado a que APP reciba serios cuestionamientos debido al escandaloso caso en el cual estuvo involucrado uno de estos nuevos jales. A finales del año 2021, cuando los nuevos inquilinos del Legislativo llevaban pocos meses en el cargo, el dominical Panorama dio a conocer que el congresista Luis Cordero Jon Tay fue denunciado por ejercer violencia física contra su expareja en el año 2014.

Acorde a la denuncia policial que data del mes de enero del 2014, el congresista Cordero había dado puntapiés y jalones de pelo a quien era su pareja. En el año 2023, la mujer que denunció estas agresiones brindó declaraciones al programa “Al estilo Juliana” en las que detallaba los violentos episodios que vivió.

“Me tapaba la cara y sentía sus patadas. Tenía el labio reventado. Me pateó en el pecho, me pateó en el estómago”, declaró la mujer de 41 años al programa de ATV. Sin embargo, pese a la gravedad del testimonio de la expareja del parlamentario, la Comisión de Ética decidió que no se investigue al entonces representante de Fuerza Popular y ahora, poco más de tres años después, Alianza Para el Progreso también decidió ignorar la gravedad de este antecedente.

BIENVENIDA AL MOCHASUELDO

Flores Ancachi también representa una incorporación con un pasado cuestionable. El año pasado, el dominical “Cuarto Poder” expuso que el parlamentario le exigía a quienes trabajaban en su despacho que le den la mitad de sus bonos y el 10% de sus salarios. Pero este caso tampoco fue considerado lo suficientemente grave por APP al momento de incorporarlo a sus filas y, por el contrario, el propio César Acuña se encargó de darle la bienvenida alegando que “su compromiso con la descentralización y la justicia social suma a nuestra lucha por un Perú con desarrollo y oportunidades”.

Cabe señalar que estas incorporaciones se producen a pocos días de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso y Alianza Para el Progreso está en la búsqueda de retener la presidencia de la misma por tercer periodo consecutivo luego de los triunfos obtenidos con las listas encabezadas por Alejandro Soto (2023) y Eduardo Salhuana (2024).

[INFORME] Durante la ceremonia de lanzamiento de la ruta turística “Caminos del Papa León XIV”, realizada simultáneamente en Chiclayo, Trujillo, Piura y el Callao, la presidenta Dina Boluarte protagonizó un momento incómodo. En pleno acto, anunció la incorporación de la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, al itinerario, aparentemente ignorando que ya formaba parte del diseño oficial. Fue la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien corrigió discretamente a la mandataria durante el discurso: “Está en la ruta, me dice la ministra”, dijo Boluarte, visiblemente sorprendida.

La ruta, presentada como un recorrido espiritual e histórico por los lugares donde el nuevo papa —el cardenal Robert Prevost, ahora León XIV— desarrolló casi cuatro décadas de labor pastoral en el norte del país, incluye entre 35 y 38 atractivos turísticos en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Piura y el Callao, y en una próxima fase, Apurímac. El proyecto compromete una inversión de aproximadamente 540 millones de soles, destinados a la restauración de iglesias, museos, señalética y mejoras de accesos. También contempla la participación de gobiernos regionales, locales, la Iglesia Católica, PromPerú y el sector privado.

El sustento técnico del proyecto cuenta con mesas intersectoriales formadas en mayo en diversas ciudades del norte, donde se identificaron rutas integrales que incluyen templos, conventos, playas y centros arqueológicos.

Sin embargo, el traspié al anunciar la supuesta inclusión de Santa Cruz, cuando la provincia ya estaba contemplada, fue captado por los medios. El hecho fue rápidamente reconocido como un “papelón presidencial” y suscitó críticas en redes sociales que denunciaron la improvisación y la falta de dominio sobre el proyecto.

Consultadas por este medio, dos fuentes anónimas con experiencia en turismo y gestión pública coincidieron en que el incidente refleja una falta de rigor técnico alarmante. Una indicó que: “Este tipo de errores transmite una desconexión entre el mensaje político y la información técnica fundamental, lo cual puede minar la credibilidad del proyecto ante las autoridades locales y las comunidades».

La segunda aportó una reflexión sobre comunicación institucional: “Los anuncios presidenciales deben estar alineados con la planificación oficial. Cuando no ocurre, se genera desconfianza y se debilita la imagen del gobierno”.

Las declaraciones se suman al llamado a mejorar la articulación entre el aparato político y los equipos técnicos, que nuevamente sale a la luz debido a un detalle “básico” omitido durante un evento de gran relevancia mediática.

A pesar del error, durante el evento la ministra León resaltó la conciencia interregional del plan, subrayando que la ruta constituye “un camino espiritual” que “rehabilita la memoria, la fe y la esperanza de un pueblo” y fomentará empleo en múltiples sectores. En tanto, la jefa de Estado calificó la iniciativa como “un homenaje al papa peruano” y anticipó la futura inclusión de Apurímac, región donde también sirvió Prevost.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna rectificación oficial ni comunicado aclarando el traspié, pero el episodio deja en evidencia la necesidad de estandarizar discursos y priorizar la precisión ante eventos institucionales. En un contexto donde la población exige solidez y coherencia en la gestión pública, incluso lapsus menores pueden convertirse en símbolos de desorden y falta de preparación.

[INFORMES] La Municipalidad de Lima invierte más de ochocientos mil soles en la adquisición de modernos y costosos equipos para la filmación, transmisión y edición de los eventos del alcalde Rafael López Aliaga.

El escándalo por los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima sumó un nuevo e indignante capítulo durante la última semana cuando se conoció que el alcalde Rafael López Aliaga había organizado, con recursos de la municipalidad, un concierto en el Parque de la Muralla.

Aunque apenas se trataba del primer lote de trenes y la fecha en la cual estos entrarán en funcionamiento todavía es una incógnita, el burgomaestre limeño consideró oportuno contratar los servicios de artistas, como el cantante Deysi Orozco, para celebrar la llegada de estos trenes al territorio nacional. Esta situación incluso llevó a que la parlamentaria Susel Paredes solicite en una carta dirigida al alcalde que se detallen los gastos destinados para este evento.

Sin embargo, este no parece ser el primer ni último gasto importante en eventos públicos que ha recibido luz verde por parte de la gestión del alcalde López Aliaga en lo que, coincidentemente, es la antesala a las elecciones presidenciales en las cuales el líder de Renovación Popular tiene innegables deseos de ser protagonista. Sudaca pudo conocer algunos de estos nuevos y costosos gastos.

¿CAMPAÑA ADELANTADA?

Aunque, tras salir victorioso en las elecciones de 2022, Rafael López Aliaga asumió un compromiso con la Municipalidad de Lima hasta el año 2027, sus aspiraciones presidenciales para el 2026 han quedado en evidencia desde el principio y estaría planeado que en el próximo mes de octubre se concrete su alejamiento temporal del sillón municipal para enfocarse en su campaña.

No obstante, mientras todavía ostenta el cargo, el alcalde de Lima estaría sacando el mayor provecho a la plataforma mediática que le ofrece la Municipalidad Metropolitana de Lima para tener toda la exposición en medios de comunicación tradiciones y redes sociales, y no planearía escatimar gastos para que su imagen y discursos tengan el mayor alcance posible.

Si bien no hay un impedimento para que el político del partido celeste lleve a cabo su plan de postular a las elecciones presidenciales, el uso que le está dando al presupuesto que tiene bajo su responsabilidad empieza a llamar la atención ante un notorio incremento en algunas áreas de la Municipalidad de Lima que coinciden con lo que serían sus últimos meses como alcalde.

Sudaca pudo conocer algunos de estos nuevos y elevados gastos. Uno de ellos ha tenido como protagonista a la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales que ha tomado la decisión de adquirir numerosos  y costosos accesorios audiovisuales para el evento que el alcalde López Aliaga tiene planeado para el mes de julio.

Con la excusa de las fiestas patrias, la Municipalidad de Lima vio con buenos ojos nutrir a su Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales con radio transmisores, baterías para drones y diversos implementos que le aseguren la transmisiones en vivo en las redes de la municipalidad.

Pese a que en las últimas semanas voces de distintas tendencias políticas han coincidido en alertar sobre el endeudamiento irresponsable producto de la gestión actual, el alcalde de Lima no ha tenido inconvenientes en gastar más de treinta mil soles para asegurarse las transmisiones en vivo de su evento por 28 de julio.

¿ALCALDE o STREAMER?

Pero en estos meses también se llevó a cabo una segunda contratación a cargo de la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. En esa oportunidad, y tal como lo detallan en el documento oficial, el propósito una vez más es atender las necesidades de producción en vivo y streaming de la Municipalidad de Lima.

Divicam fue el postor al cual le compraron micrófonos profesionales, switcher de video digital, consola de audio y generador de audio por la nada económica cifra de S/. 28641.00 en este proceso que tuvo lugar durante el presente mes de julio.

La polémica con estos gastos se ve potenciada debido a que gran parte de sus discursos en estos eventos oficiales no se centran en la importancia de las obras que realiza la municipalidad ni en temas que conciernen a los intereses de la ciudad sino en repetidos ataques a sus adversarios políticos y la insistencia en sus principales banderas de campaña, como la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

???? Alcalde Rafael López Aliaga sobre la Corte IDH: “Salgámonos de esa porquería. De eso vive la izquierda caviar, terruca y pagan pato la PNP y los militares”. pic.twitter.com/dJfTLZmL5Q

— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 14, 2025

RENOVACIÓN AUDIOVISUAL

Pero estas no han sido las únicas adquisiciones que la Municipalidad de Lima y su Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales han realizado. Sudaca pudo revisar los contratos con estos proveedores y conocer que se invirtieron más de doscientos mil soles en adquirir cámaras de alta gama para transmitir los eventos de López Aliaga.

Para el año 2024, la Municipalidad de Lima había gastado cerca de cuarenta mil soles en un equipo de sonido, S/. 31,100.00 en un equipo audiovisual, S/. 19,992.00 en un software para la edición de videos y otros gastos de esta magnitud que estaban orientados a la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

Acorde a la información disponible en el portal Transparencia Económica con respecto a los años 2023 y 2024 y únicamente teniendo en cuenta las adquisiciones hechas al proveedor Divicam SAC, la Municipalidad de Lima ha gastado un total de S/. 348,689.95 en herramientas para su oficina de comunicaciones.

En el caso del proveedor Cuy Technologies, el portal de Transparencia económica arroja otra cifra que llama la atención. Mientras que otros años no llegaba ni a cien mil soles en venta de este tipo de productos a la Municipalidad de Lima, la gestión del alcalde López Aliaga gastó un total de S/.  483,849 sólo durante el 2024.

Si bien el alcalde López Aliaga está habilitado para incursionar en la carrera por la presidencia del Perú, esta elevada inversión en el área de comunicaciones en un contexto marcado por las alarmas de un endeudamiento millonario plantea una interrogante razonable: ¿la Municipalidad de Lima está cubriendo una necesidad real de los limeños o esto es parte de una estrategia para darle cobertura a la campaña presidencial a costo cero para el alcalde?

[INFORMES] Según consta en las actas judiciales del proceso, el 1 de diciembre de 2016 se habría realizado una asamblea en la Comunidad Campesina de Quipan, ubicada en la provincia de Canta, región Lima. En dicha reunión —identificada como Asamblea N.º 16— se habría acordado la venta de 10,000 hectáreas de tierras comunales a favor de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, por un valor total de 600,000 soles.

El acuerdo incluía no solo la transferencia del terreno, sino también la otorgación de poderes especiales al entonces presidente de la comunidad, Abel Cruz Mosquera Ortiz, para que pudiera proceder con la firma de la escritura pública ante notario y formalizar el proceso de venta.

Los días siguientes, según el expediente judicial, fueron clave para convertir el acta comunal en un documento de valor legal. El 10 de diciembre de 2016, Cruz Mosquera se presentó ante el notario Luis Manuel Gómez Verastegui, en Lima, donde presentó el acta de la Asamblea N.º 16 y juró su autenticidad, tanto en los nombres como en las firmas consignadas.

Posteriormente, el 12 de diciembre, llevó dicha acta legalizada hasta la Notaría de Claudio Fredy Galván Gutiérrez, con sede en la provincia de Canta, para realizar la minuta de compraventa e independización del terreno comunal. Finalmente, la operación fue elevada a escritura pública y se inscribió en SUNARP, donde el predio fue registrado bajo los códigos P18022861 y P18029956 a nombre de la empresa adquiriente.

El circuito estaba completo: asamblea, declaración jurada, legalización notarial, escritura pública e inscripción en Registros Públicos. Sin embargo, el mismo proceso que permitió formalizar la venta es el que hoy es objeto de cuestionamiento judicial.

Según la acusación fiscal, existe evidencia de que la asamblea del 1 de diciembre nunca se realizó en los términos indicados, o al menos no con la participación que se consigna en el acta presentada. De los 40 comuneros que aparecen como asistentes —con nombre, DNI y firma— 37 de ellos declararon formalmente que no asistieron ni firmaron el acta en cuestión. De los tres restantes, uno ha fallecido y los otros dos no pudieron ser ubicados.

En esa línea, el Ministerio Público sostiene que el acta presentada tendría contenido falso, y que fue utilizada para dar apariencia de legalidad a una venta que no contaba con respaldo comunitario real. Este documento habría sido clave para permitir la inscripción de la transferencia en SUNARP y consolidar la titularidad a favor de la empresa privada.

Uno de los elementos que complica la evaluación de los hechos es la pérdida del libro de actas que contiene el documento original de la Asamblea N.º 16. Según declaró el propio Abel Cruz Mosquera, el libro fue extraviado el 19 de diciembre de 2016, cuando olvidó su maletín en un taxi mientras se trasladaba por Lima. La denuncia de la pérdida fue registrada en la comisaría de la PNP-Unificada, bajo el número 8509134, pero el expediente judicial señala que no se aportaron pruebas materiales que confirmen dicha versión.

Este hecho es central, ya que la inexistencia del libro impidió la realización de una pericia técnica sobre la autenticidad del acta original. Sin el documento matriz, solo se pudo trabajar con copias legalizadas, lo cual limita el alcance de cualquier prueba científica sobre firmas, tintas o alteraciones.

La tesis de la defensa: error humano, no falsedad

La defensa legal de Abel Cruz ha sostenido durante el proceso que no hubo intención delictiva ni falsedad material. En su declaración instructiva, el acusado señaló que el acta fue redactada conforme a los acuerdos reales de la comunidad y que el libro fue perdido por descuido. Asegura además que no falsificó firmas ni manipuló contenidos, y que todas las gestiones fueron realizadas dentro del marco legal, cumpliendo con los pasos notariales y registrales requeridos.

También sostiene que el acto de venta respondió a una necesidad de la comunidad: obtener recursos para cubrir una deuda con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, que databa de gestiones anteriores. El pago de 18,300 soles por ese concepto aparece mencionado en el expediente como una de las razones que motivaron la operación.

Lo que dice el expediente: acciones “coherentes y cronológicas”

En varias secciones, el expediente señala que la secuencia de acciones tomadas por el acusado fue “lógica, racional y razonable”, si se observa en conjunto. Es decir, que si bien existen dudas sobre la veracidad del acta y la pérdida del libro, las actuaciones posteriores —presentación de documentos, formalización notarial, inscripción registral— se realizaron de manera coherente y sin interrupciones visibles.

No obstante, se señala también que los comprobantes de legalización se obtuvieron en notarías distintas, y que el notario Galván solo recibió una copia del acta legalizada, no el documento original. Esta situación, según el documento judicial, puede haber influido en la validez sustantiva del proceso, más allá de su formalidad.

Este caso pone en evidencia un problema estructural: la fragilidad institucional en la que operan muchas comunidades campesinas del Perú. La tenencia colectiva, el manejo de libros oficiales, la validación de asambleas y la relación con notarios o registros públicos no siempre cuentan con salvaguardas adecuadas. La brecha entre la legalidad formal y la legitimidad comunitaria se amplía cuando no hay acceso a información, acompañamiento legal o mecanismos de fiscalización interna.

En este contexto, las decisiones tomadas por una dirigencia pueden adquirir fuerza legal sin que la mayoría de comuneros las respalden. La falta de protocolos claros para validar la autenticidad de actas, firmas o quórums hace que comunidades enteras puedan verse afectadas por decisiones administrativas o notariales difíciles de revertir.

El terreno en disputa: 10 mil hectáreas y la importancia de la memoria comunal

En el fondo del conflicto se encuentran 10,000 hectáreas de tierra comunal, espacio de valor ecológico, productivo y cultural. Si bien el precio pactado de 600,000 soles representa una suma significativa, también deja preguntas abiertas sobre el aval de la comunidad, el destino de los fondos y la transparencia en su administración posterior.

La pérdida del libro de actas —pieza clave del proceso— deja un vacío no solo legal, sino también simbólico: es en esos registros donde la memoria institucional de una comunidad se conserva. Cuando desaparecen, también lo hace la capacidad colectiva de rendir cuentas y ejercer control sobre decisiones pasadas.

Hasta la fecha de elaboración de este informe, el caso sigue siendo objeto de evaluación en sede judicial. Las acusaciones fiscales incluyen presunta falsedad ideológica en documento público, aunque la defensa ha insistido en que no existen pruebas concluyentes de manipulación. La resolución definitiva aún está pendiente.