Informes

La controversia se intensificó cuando el Ejecutivo peruano oficializó la creación del distrito de Isla Santa Rosa, en Loreto. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta decisión viola el tratado de límites de 1934 y acusó a Perú de apropiarse de tierras generadas por el curso cambiante del río. La declaración fue respaldada por sectores políticos colombianos que demandan la apertura de un proceso de revisión territorial.

La respuesta peruana no se hizo esperar. La Cancillería reiteró que no existe disputa alguna sobre la isla y que la soberanía nacional sobre ese territorio es incuestionable. El Congreso aprobó una moción multipartidaria en respaldo a la posición del Ejecutivo, mientras se reforzó la presencia militar y policial en la zona.

Paralelamente, una serie de incidentes aumentó la tensión. Un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa sin autorización, lo que motivó una queja formal del gobierno peruano. Semanas después, un contingente policial colombiano intentó ingresar al territorio y fue impedido por las fuerzas del orden. En otro episodio, dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones fueron retenidos y puestos a disposición de las autoridades. El propio Petro calificó estos actos como un “secuestro”, intensificando el cruce de acusaciones.

Incluso el conflicto ha tenido gestos simbólicos con alto contenido político. Un dirigente colombiano izó la bandera nacional en la isla, acción que fue interpretada como una provocación y que tuvo amplia difusión mediática. El hecho se produjo en pleno contexto de campañas electorales en Colombia, lo que ha llevado a analistas a considerar que el diferendo territorial también está siendo usado como herramienta de presión interna.

Más allá del choque diplomático, existe un problema de fondo que amenaza a la región: el avance de la sedimentación en el río Amazonas. Estudios científicos indican que, en las últimas tres décadas, el cauce que conecta a la ciudad colombiana de Leticia con el río principal se ha reducido de forma alarmante. De continuar esta tendencia, el puerto podría quedar prácticamente desconectado hacia 2030, con graves consecuencias económicas. Este escenario plantea un reto ambiental que exigiría cooperación entre ambos países, aunque las actuales tensiones políticas parecen postergar cualquier diálogo técnico.

El conflicto por Santa Rosa revive recuerdos del enfrentamiento armado de 1932 y de las negociaciones que llevaron a los tratados de límites. Pero también expone problemas contemporáneos: fronteras naturales en constante transformación, intereses políticos que se imponen sobre el diálogo y la ausencia de mecanismos eficaces para resolver disputas antes de que escalen. Lo que está en juego no es únicamente un pedazo de tierra, sino la capacidad de dos países vecinos para gestionar de forma conjunta un territorio vital para su gente y para el equilibrio ambiental de toda la región amazónica.

La disputa por la isla Santa Rosa no solo revela las fisuras diplomáticas entre Perú y Colombia, sino que también refleja la fragilidad de los acuerdos internacionales frente a los cambios geográficos y las presiones políticas internas. Mientras ambas naciones se aferran a sus argumentos históricos y jurídicos, la región amazónica —compartida y vulnerable— queda expuesta a la falta de cooperación. Resolver este diferendo requerirá más que gestos militares o declaraciones altisonantes: demandará voluntad política real para priorizar el bienestar de las comunidades fronterizas y la protección de un ecosistema que trasciende cualquier límite trazado en un mapa.

El episodio que prendió la mecha ocurrió en Quipán. De acuerdo con la reconstrucción periodística, representantes comunales denunciaron a Aniceto Argüelles por haber organizado, junto con el entonces presidente de la comunidad, Abel Mosquera, la adquisición de un terreno comunal por S/600 mil, pese a que su valor real superaría los S/5 millones. El objetivo final, según la nota, era que una jueza validara la transacción mediante la absolución de Mosquera. En esa ruta apareció un dato sensible: la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, fue condenada por facilitar la operación con documentos falsos. El 14 de junio, el Poder Judicial ratificó la condena de cuatro años de pena suspendida contra Pasco por falsedad ideológica. Días antes, el 7 de junio, se consignó además la admisión de un intento de soborno a la jueza del caso. Son piezas que, colocadas en secuencia, iluminan cómo una compraventa irregular terminó con responsabilidades penales y abrió la puerta a sospechas mayores.

El caso Quipán se volvió todavía más oscuro por un hecho irreparable: el 1 de abril de 2024, el dirigente comunal Santiago Guardamino Gonzáles, quien había emprendido los juicios contra la empresa y sus ejecutivos, fue asesinado por sicarios. Aun con ese antecedente, el tribunal de Canta dictó sentencia contra Pasco ese mismo año y los procesos civiles por la propiedad comunal siguieron su curso. La dimensión humana —un dirigente asesinado en medio de una disputa por tierras— se convirtió en telón de fondo de una trama que ya no solo hablaba de papeles.

Mientras tanto, en paralelo a la controversia judicial, la empresa siguió acumulando contratos con gobiernos locales. Entre enero y mayo de 2025, Industrias Argüelles obtuvo once adjudicaciones por S/72,1 millones para prestar servicios de limpieza y residuos en el Callao y en distritos como Surco, Miraflores, La Molina, Surquillo, Comas, Independencia, La Victoria, Lince, Los Olivos y Santa Anita, de acuerdo con el registro de proveedores del Estado citado en una nota de investigación. Este flujo de contratos —en un rubro tradicionalmente sensible a la captura política y las licitaciones a medida— reforzó la necesidad de revisar con lupa la relación de la compañía con autoridades y decisores públicos.

Ahí aparece otra veta: el vínculo de la compañía con el entonces viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero La Puente. La República acreditó que Romero trabajó siete años en Industrias Argüelles y que, ya como alto funcionario, suscribió diecisiete resoluciones que beneficiaron a la misma empresa. La pieza periodística añadió un dato que agrava el conflicto de intereses: la directora de la empresa es Karen Pasco Flores, exesposa de Romero, vínculo que él no transparentó en su Declaración Jurada de Intereses. La secuencia de publicaciones llevó a que, el 2 de agosto, el exviceministro presentara su renuncia. En los días previos, se habían difundido además viajes al exterior que Romero realizó con una ejecutiva de la contratista. El propio funcionario intentó desactivar el escándalo sosteniendo que se trataba de “resoluciones estándar”, pero la evidencia documental y la omisión declarativa dejaron su posición insostenible.

Las revelaciones no se quedaron en el papel. El 13 de junio, La República denunció que su reportera de la Unidad de Investigación, Rosmery Tapara, recibió amenazas, sufrió el hackeo de cuentas personales y el bloqueo de sus líneas telefónicas tras publicar el reportaje sobre Argüelles. La Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones de libertad de expresión replicaron la alarma por lo que consideraron un nuevo episodio de hostigamiento contra la prensa en el país. El caso expone hasta qué punto los intereses en juego pueden traducirse en intentos de silenciar el seguimiento periodístico de contratos, fallos judiciales y relaciones con funcionarios.

Un repaso cronológico permite entender el cuadro completo. El 1 de abril de 2024, Guardamino fue asesinado. El 6 de noviembre de ese año, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Canta condenó a Pasco a cuatro años de pena suspendida por falsedad ideológica; la sentencia sería confirmada en segunda instancia en junio de 2025. El 7 de junio de 2025, un empresario admitió haber intentado sobornar a una jueza ligada al caso del terreno comunal. Una semana después, el 13 de junio, se denunció el hostigamiento a la periodista que había revelado la historia. En paralelo, entre enero y mayo, la empresa sumó más de S/72 millones en adjudicaciones municipales. En julio, se documentaron los diecisiete actos administrativos firmados por el viceministro Romero que beneficiaron a la compañía, así como viajes compartidos con una ejecutiva; y el 2 de agosto, tras la presión pública, presentó su dimisión. La concatenación de hechos dibuja una constante: los hilos privados y públicos de una misma empresa enlazados a decisiones estatales.

Más allá de la ruta judicial pendiente y de las investigaciones administrativas que correspondan, las historias que salieron a la luz dejan preguntas de interés público: ¿qué barreras reales existen para evitar que exejecutivos de proveedores del Estado firmen resoluciones que favorezcan a sus antiguas compañías? ¿cómo se rastrea y sanciona el uso de documentación falsa en operaciones que afectan a comunidades enteras? ¿de qué manera se protege a los periodistas que investigan contratos municipales y conflictos de interés? La evidencia publicada hasta ahora apunta a un ecosistema donde los mecanismos de control fallan si no hay escrutinio externo y presión ciudadana. Ese es, precisamente, el valor de las investigaciones que empujaron estas renuncias, reacciones institucionales y alertas internacionales.

En definitiva, el caso Argüelles ha dejado de ser un expediente más en los archivos judiciales. Hoy es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de los mecanismos de control en el Estado, la permeabilidad de las licitaciones públicas a intereses privados y el alto costo que puede tener para las comunidades la falta de transparencia. Las tierras en disputa, los contratos millonarios, los vínculos con funcionarios y las amenazas a quienes investigan conforman un rompecabezas que revela mucho más que un conflicto puntual: expone un sistema donde las coincidencias rara vez son inocentes y donde el silencio, para algunos, sigue siendo la mejor inversión.

[INFORME] Dina Boluarte empieza su último año en el gobierno con una costosa renovación del menú presidencial. Su oficina ha gastado más de veinte mil soles durante el último mes y dejó un contrato que compromete al Ejecutivo hasta mediados del 2026.

Aunque la relación entre Dina Boluarte y Pedro Castillo se quebró varios años atrás, la mandataria parece tener muy presente una de sus consignas de campaña en su día a día en Palacio de Gobierno. El recordado “no más pobres en un país rico” podrá no estarse aplicando a la vida de los sectores más vulnerables del país, pero sin duda esta frase se ve reflejada en el estilo de vida de la presidenta.

Además del impopular aumento de sueldo que contrastaba con la contundente desaprobación de Boluarte Zegarra, Sudaca pudo conocer algunos de los costosos y extravagantes gastos asumidos por el despacho de la mandataria durante los últimos meses para convertir la residencia presidencial en una isla de comodidades en medio de un país muy incómodo.

¿Y EL MENÚ DE DIEZ SOLES?

Si bien Dina Boluarte afirmó, con total convencimiento, que diez soles eran un monto suficiente para que los peruanos se alimenten, el presupuesto asignado al despacho presidencial parece haberla seducido lo suficiente como para cambiar su estilo de alimentación a uno que puede recibir todo tipo de calificativos menos el de económico.

Sudaca accedió a los gastos que hizo el despacho de Dina Boluarte durante el mes de julio y encontró un sorprendente monto destinado a los alimentos de la mandataria. La siguiente imagen corresponde al sitio web de la empresa Fricomp S.A.C. que se dedica a, como ellos mismos lo describen, la distribución de carne de alta calidad para eventos y negocios.

Durante el último mes patrio, el despacho presidencial gastó S/. 16,201.40 adquiriendo los productos Fricomp S.A.C. ofrece y, además, se han comprometido con ellos para que sigan suministrándoles carne de ave hasta el 31 de octubre del presente año. En total, será S/. 248,508.00 el monto que se deberá pagar para la alimentación de la presidenta.

Este presupuesto podría parecer más que suficiente para la alimentación de la gran mayoría de familias peruanas. Sin embargo, en Palacio de Gobierno parecen tener otros estándares. Por ello, el mes pasado, el Despacho Presidencial firmó un nuevo contrato, que cabe señalar no anula el mencionado con Fricomp S.A.C. anteriormente, por un total de S/. 262,418.00.

En esta oportunidad, la oficina de Dina Boluarte firmó este vínculo por más de doscientos mil soles con la empresa Consorcio R. Romero E.I.R.L. para que estos se encarguen de suministrar carne de res, vísceras de res y carne de cerdo hasta el último día que la mandataria esté al frente del país en julio del 2026.

No obstante, este no fue el único contrato relacionado con el menú presidencial firmado en julio. El despacho de Boluarte Zegarra también firmó un contrato que estará vigente hasta julio del 2026 para el suministro de verduras. El monto destinado a este vínculo es de S/. 170,000.00 y se firmó con la empresa Inversiones Jeanbe E.I.R.L.

El nombre de Inversiones Jeanbe E.I.R.L. supo ser noticia en el pasado. En mayo del presente año, el programa “Ocurre Ahora” advirtió que esta empresa, que contaba con varios contratos con el Ejecutivo que acumulaban cerca de seiscientos mil soles, tenía registrado como domicilio legal una vivienda en el distrito de La Victoria que ningún vecino reconocía como sede de dicha empresa de la cual tampoco recordaban haber escuchado hablar por esas calles.

Para cerrar este capítulo enfocado en la comida, en el Despacho Presidencial consideraron oportuno que esta inversión en la alimentación de la mandataria se encuentre supervisada por una profesional. Por ello, parte del erario público se está destinando a pagarle quince mil soles a una nutricionista para Dina Boluarte.

LISTOS PARA EL VERANO

En Palacio de Gobierno también quieren estar preparados para la temporada de verano. Pero esto no es referencia a la alarmante temperaturas elevadas que sufre la población en enero y febrero ni a posibles sequías. Sudaca detectó que en el mes de julio se habrían destinado más de veinte mil soles a un contrato con la empresa Service Chicoma´s S.A.C.

Al revisar el historial entre este empresa y el Ejecutivo se pudo encontrar a dónde se están destinando varios miles de soles del presupuesto que tienen a cargo. Según la información disponible, el despacho de Boluarte está invirtiendo en el cuidado de una piscina para la residencia presidencial.

En esta lista de renovaciones que tiene en agenda el despacho de la cuestionada mandataria también se encuentran los más de diecisiete mil soles que se invirtieron durante el mes de julio en los equipos de aire acondicionado para la residencia de la presidenta.

A poco menos de un año para culminar su inesperado paso por Palacio de Gobierno, las acciones de Dina Boluarte, como su aumento de sueldo y los casos detallados en este informe, parecen mostrar que no sólo ha abandonado la lucha por revertir la mala imagen que reflejan las encuestas sino que está determinada a sacarle el máximo provecho a los privilegios que le da la banda presidencial.

[INFORME] Aunque las encuestas arrojan una innegable desaprobación de la labor de los parlamentarios, el Congreso contrató a una empresa para supervisar y analizar lo que se dice de sus integrantes en medios de comunicación y redes sociales. Sudaca también detectó una nueva inversión en el área audiovisual y hasta para productos de merchandising.

Los actuales inquilinos del Congreso han formado parte de uno de los periodos parlamentarios más críticos en la vida política del Perú. Prácticamente, desde el día en el cual se instalaron en sus respectivas curules, la mirada de la mayor parte de la población estuvo encima de ellos y sus acciones no hicieron mucho por convertir los cuestionamientos en un voto de confianza.

Los proyectos de ley que facilitaban el camino a la criminalidad, la inexplicable afinidad entre el fujimorismo y el bloque de Vladimir Cerrón, los congresistas “mochasueldos”, las denuncias por abusos sexuales, el escandaloso caso de “Los Niños” de Acción Popular y, principalmente, el evidente desinterés por fiscalizar y tener una postura severa con respecto al gobierno de Dina Boluarte llevaron a que el Legislativo no alcance ni un 5% de respaldo en las encuestas.

Sin embargo, aunque las diversas encuestas realizadas desde el año 2021 hasta la fecha muestra una tendencia indiscutible e incluso las apariciones de los parlamentarios en eventos públicos demuestran el sentir de la mayor parte de la población con respecto a sus congresistas, en el Palacio Legislativo han tenido una insólita idea que costará varios miles de soles.

EL CONGRESO SÍ SUPERVISA

Si bien se ha visto que en el Congreso no hubo voluntad para poner atención en el accionar del Ejecutivo o de sus propios integrantes cuando se veían involucrados en irregularidades, donde sí parece existir interés por estar al tanto de lo que dicen los medios de comunicación y las redes sociales sobre ellos.

Pero este no es un trabajo que ellos mismos estén dispuestos a realizarlo. Por ello, durante el pasado mes de julio y en días que las noticias sobre el Congreso se centraban en la elección de la nueva Mesa Directiva, el Legislativo emitió una orden de servicio a una empresa para que, en pocas palabras, se encargue de avisarles si tienen  buena imagen o no. Sudaca pudo revisar este servicio contratado por el monto de S/. 13,333.35 y encontró información inesperada.

En la imagen anterior se puede observar que dicha orden  de servicio es a nombre de Imedia Comunicaciones S.A.C. por un monto superior a los trece mil soles. Pero al investigar qué es exactamente lo que había pagado el Congreso de la República se pudo conocer que se trataba de un servicio de monitoreo de medios y redes sociales.

Como lo explica en la propia página web de Imedia Comunicaciones, el trabajo que ellos llevan a cabo se enfoca en ofrecerles a sus clientes una revisión de las noticias que publican los medios de comunicación sobre ellos, las repercusiones que tienen en redes sociales y un análisis para saber si gozan de una buena o mala reputación.

Pero esta no fue la primera vez que los congresistas aprueban este tipo de gastos. Este 2025, más precisamente en el mes de febrero, el Congreso contrató los servicios de monitoreo de medios y redes sociales que ofrece Imedia Comunicaciones. En aquella oportunidad el pago fue de veintisiete mil soles.

Aunque hasta para los peruanos más distantes de la actualidad política la imagen del actual Congreso es sumamente negativa y no hay encuesta que muestre un resultado que lo contradiga, los padres de la patria consideraron oportuno recurrir a este servicio de monitoreo de medios que solamente confirmará un resultado que se conoce de antemano.

Además, al revisar el historial de contrataciones entre esta empresa y el Congreso, Sudaca pudo encontrar que no sólo se ha contratado este servicio de monitoreo de medios en los últimos años sino que el costo de dicho servicio se ha ido incrementando considerablemente. De los trece mil soles que pagaron en 2023 pasaron a treinta y cinco mil soles para 2024 y, en lo que va del 2025, ya han superado los treinta y siete mil soles.

EL CONGRESO Y SU MERCHANDISING

Pero además de contratar una empresa para monitorear medios y confirmar la evidente crisis de imagen, el Congreso ha tomado otras inexplicables decisiones que parecen enfocadas en mejorar su imagen. Una de ellas ha sido la contratación de una empresa dedicada al merchandising publicitario.

La siguiente imagen corresponde a la página de Facebook de la empresa 965 Publicidad S.A.C. a la cual el actual Congreso le ha firmado órdenes de servicio por un total de S/. 46,837.34 por estos productos personalizados que las empresas suelen mandar hacer para diversos eventos corporativos.

Pero este Congreso, aparentemente preocupado por su imagen, también ha considerado necesario realizar una renovación audiovisual. Por ello, durante el último mes de la gestión de Eduardo Salhuana como titular del Legislativo se firmó un contrato por S/. 31,996.00 con la empresa Inversiones Fotográficas del Perú S.A.C. la cual se dedica a la venta de cámaras, pantallas y todo tipo de implementos para fotografías y videos.

Esta inversión podría catalogarse como desconcertante debido a que, tan sólo dos años atrás, el Congreso había firmado diversas órdenes de servicio por más de cincuenta mil soles para adquirir equipos y accesorios audiovisuales. Además, como reveló un informe del medio Infobae, también dos años atrás habían firmado un contrato por la cifra de S/ 1,485,440 para la “adquisición e instalación de equipos para la rehabilitación por migración a la señal HD”.

[INFORME] Más de doscientas órdenes de servicio a una empresa de catering han consumido cerca de setecientos mil soles del presupuesto del Gobierno Regional de La Libertad en los dos años y medio de la gestión de César Acuña.

La gestión de César Acuña Peralta como gobernador regional se encuentra en su bajo la lupa luego que diversas denuncias periodísticas expusieran manejos más que sospechosos detrás de millonarias licitaciones que el Gobierno Regional de La Libertad entregaba a personajes y empresas sin experiencia.

Aunque los representantes de Alianza Para el Progreso, como Eduardo Salhuana y Luis Valdez, no han tardado en salir en defensa del líder y fundador de su agrupación política, todavía quedan muchas historias por contar con respecto a lo que viene ocurriendo en el Gobierno Regional de La Libertad.

Sudaca ha podido conocer algunos de los costosos contratos con los que se ha comprometido la gestión de Acuña Peralta durante este último tiempo y que muestran un panorama de despilfarro mientras que la región viene de atravesar complicados periodos marcados por desastres naturales y la ola de inseguridad.

¡PROVECHO!

Con las elecciones del 2026 cada vez más cerca, la mayoría de aspirantes al sillón presidencial intentan cuidar su imagen tanto como sea posible. Sin embargo, para aquellos que se encuentran desempeñando alguna función pública esto puede resultar más difícil si no han sido prudentes con el uso de los recursos que tenían a su cargo.

Al igual que ha ocurrido con otros funcionarios, en el Gobierno Regional de La Libertad parecen tener buen apetito. Sudaca pudo encontrar que, entre las órdenes de servicio del mes de junio, una de ellas era por un llamativo monto de S/. 38,500.00 que fueron pagados a una empresa dedica al suministro de comidas y bebidas.

Si pagar casi cuarenta mil soles por un servicio de catering puede llamar la atención, lo que se pudo conocer después fue todavía más impactante. Sólo durante el mes de junio, el Gobierno Regional de La Libertad emitió veintitrés órdenes de servicio a nombre de esta empresa y pagó un total de S/. 89,294 por alimentos y bebidas.

Incluso, como se observa en la siguiente imagen, en un mismo día se emitía más de una orden de servicio por este servicio de catering. Según la información que pudo revisar Sudaca, el viernes 13 de junio se llegaron a emitir cinco órdenes de servicio a nombre de Catering Food & Drink por montos que van desde los S/. 830 hasta los S/. 5,930.

Pero esta situación no se debe a un mes fuera de lo común, este tipo de gastos también se registraron durante el mes de mayo. En esa oportunidad, el gobierno regional que lidera César Acuña emitió catorce órdenes de servicio para esta empresa de catering por un total de S/. 24,783.

UN BANQUETE INTERMINABLE

Desde la llegada de César Acuña al Gobierno Regional de La Libertad en enero del año 2023, octubre del 2024 con un total de S/. 44,445, noviembre del 2024 con S/. 32,257 y junio del 2023 con S/. 42,420 fueron algunos de los meses en que estas múltiples órdenes por el servicio de catering registraron los montos más altos.

Sudaca pudo revisar cada una de las órdenes de servicio emitidas durante el mandato del líder de Alianza Para el Progreso y  encontró que, en los dos años y medio que lleva en el cargo, se han emitido un total de 249 de estas órdenes de servicio sólo a la empresa Catering Food & Drink y el monto acumulado arroja un total de S/. 692,908.41 por los alimentos para la sede central del Gobierno Regional de La Libertad.

PLATA COMO CANCHA

Pero esta no es la primera vez que el gobierno regional de César Acuña se ve vinculado con la palabra despilfarro. En un informe periodístico publicado la semana pasada, Sudaca reveló que el Gobierno Regional de La Libertad avaló un aumento de S/. 160,000 destinado a campañas publicitarias en medios masivos y plataformas digitales.

En el informe titulado EL AUMENTO DE ACUÑA también se expuso que esos S/. 160,000 se sumaban a los más de cuatrocientos mil soles que habían sido aprobados a inicios del año pasado. Según los documentos expuestos, el gobierno regional firmó contratos con medios radiales y redes sociales.

[INFORME] El Gobierno Regional de La Libertad aumentará S/. 160,000 para contenido publicitario. La gestión de César Acuña acumula más de medio millón de soles en contratos para posicionarse en redes sociales y radios.

Que el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, mantiene más vivas que nunca sus esperanzas de llegar a Palacio de Gobierno no es un secreto para nadie. Por ello, a menos de un año de las elecciones, el actual gobernador de La Libertad no quiere quedarse atrás con respecto a los otros contendientes en la carrera por la banda presidencial.

A diferencia de otros aspirantes a la presidencia, el fundador de APP tiene que lidiar con algunas restricciones debido a que sigue siendo una autoridad y no puede aprovechar esta plataforma para impulsar su candidatura. No obstante, parece existir una gran diferencia entre lo que debería ocurrir y lo que realmente está ocurriendo.

En los últimas días del mes de julio se conoció que César Acuña fue denunciado por uso indebido de publicidad estatal en el marco de un desfile por fiestas patrias. Como se aprecia en la siguiente imagen, trabajadores de la región participaron de esta actividad llevando pancartas que presumían obras del gobierno regional. Sin embargo, Sudaca pudo conocer que los gastos en publicidad del Gobierno Regional de La Libertad serían mucho mayores.

POR UNA CAMPAÑA EXITOSA

En un intento de darle mayor difusión al Gobierno Regional de La Libertad, la Gerencia Regional de Imagen Institucional parece haber buscado en una radio muy reconocida a nivel nacional el medio para lograr que se conozca más de ellos. Sudaca pudo conocer que, en el mes de abril de este año, el gobierno regional que dirige César Acuña Peralta pagó S/. 70,800.00 a Radio Exitosa.

Sudaca también pudo acceder al contrato firmado entre la autoridad representante del Gobierno Regional de La Libertad y el medio de comunicación de Esther Capuñay. Según este documento, lo más de setenta mil soles fueron pagados por un “servicio de difusión de contenido publicitario en radio, medios digitales”.

En el contrato también se aprecia que este contenido publicitario estaría dividido en ocho campañas que se publicarían en la red social Facebook. El Gobierno Regional de La Libertad accedió a pagar quinientos soles por ciento veinte publicaciones que se realizarían entre abril y diciembre del presente año.

Pero la gestión de César Acuña parece haber encontrado insuficiente esta campaña publicitaria en Facebook y apostó también por los spots radiales en Radio Exitosa. En junio del presente año se registró una orden de servicio por S/. 47,577.60 correspondientes a un contrato entre el Gobierno Regional de La Libertad y Radio Exitosa que también corresponden a un “servicio de difusión de contenido publicitario”.

En el contrato al que este medio tuvo acceso se puede ver que la Gerencia Regional de Imagen Institucional pagó por un total de 672 spots radicales de treinta segundos cada uno que se emitirían entre abril y diciembre del 2025.

Pero, aunque estos más de cien mil soles en contratos con Radio Exitosa pueden parecer un monto elevado, el plan de medio del Gobierno Regional de La Libertad era todavía más ambicioso. Según resoluciones que datan del mes de marzo y fueron firmadas por el propio César Acuña, se gastó más de cuatrocientos mil soles sólo en campañas radiales.

SORPRESA POR FIESTAS PATRIAS

Una vez más, cifra invertida hasta ahora invitaría a pensar que el presupuesto de la región podría enfocarse en otros aspectos y que ya se destinaron recursos más que suficientes para campañas publicitarias. Pero, semanas atrás, el gobierno regional comandado por César Acuña Peralta tuvo otras ideas para ese dinero. Mientras la mayoría se preparaba para celebrar las fiestas patrias, en el Gobierno Regional de La Libertad se emitió una resolución gerencial regional el 21 de julio y con un sorpresivo anuncio.

La resolución mencionada se enfocaba nuevamente en las campañas publicitarias en medios masivos y plataformas digitales. En estas líneas se puede leer que, aunque apenas han pasado medio año desde que se aprobó el plan de estrategia publicitaria, manifiestan haberse encontrado en la necesidad de modificar el plan de estrategia publicitaria para el año 2025.

Esta modificación consiste, como se lee en el siguiente fragmento de la resolución, en un pedido para una nueva “asignación de mayores recursos presupuestales”, lo que no significa otra cosa que destinar una nueva tajada del presupuesto para que el Gobierno Regional de La Libertad tenga espacio en medios. El monto solicitado, que se sumará a los cientos de miles de soles detallados anteriormente, es de ciento sesenta mil soles.

Las aspiraciones presidenciales de César Acuña hoy lo ubican en esa delgada y polémica línea entre el uso de los recursos de su gobierno regional para difundir información relevante y el uso de estos para posicionar su figura política de cara a un proceso electoral que está cada vez más cerca.

[INFORME] La presidenta Dina Boluarte busca complicidad en el Congreso para visitar Japón e Indonesia durante el mes de agosto. No obstante, los parlamentarios tienen opiniones desfavorables sobre este nuevo viaje.

Luego de ganarse numerosas críticas con su extenso discurso del pasado 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte parece determinada a seguir sumando detractores y puntos en su histórico porcentaje de desaprobación. En esta oportunidad, la mandataria ha sorprendido con un nuevo pedido al Congreso para que la dejen viajar al continente asiático.

SUMANDO MILLAS

Mientras se realizaba la tradicional parada militar del 29 de julio, un oficio fue enviado al nuevo presidente del Congreso, José Jeri. En este documento se da a conocer que el Ejecutivo tiene en mente participar de eventos  que tendrán lugar en Japón e Indonesia durante los primeros días del mes de agosto y, para ello, se solicitaba el correspondiente aval del Legislativo.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre del 2022, la presidenta Boluarte ha realizado numerosos viajes al extranjero que la han hecho merecedora de críticas de diversos sectores políticos debido a que casi la totalidad de estos viajes ocurrieron durante episodios críticos para el país.

En declaraciones a Canal N, el canciller Elmer Schialer justificó este pedido señalando que “la presidenta va a ser recibida por el emperador Naruhito. Eso es algo muy especial” y agregó que el país asiático tiene interés en invertir en educación, minería, ciencia, educación e infraestructura.

En #AlFinalDelDía, el canciller Elmer Schialer defendió el viaje de Dina Boluarte a Japón e Indonesia. Destacó la invitación oficial del gobierno japonés y el interés del país asiático de invertir en sectores clave

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/LBdpsoYzH3

— Canal N (@canalN_) July 31, 2025

Durante los dos año y seis meses que Boluarte lleva en la presidencia, la mandataria ha visitado en tres oportunidades a Estados Unidos, tuvo una gira por Europa en octubre del 2023 y hasta visitó el Vaticano para conocer al Papa León XIV. Cabe señalar que muchos de estos viajes fueron cuestionados porque, en más de una oportunidad, se observó que la presidenta no llegaba a tener reuniones oficiales con los representantes de otros países que podrían derivar en un verdadero beneficio para los intereses nacionales.

NO LES HACE GRACIA

Si bien estos viajes fueron aprobados por el Congreso, este nuevo pedido ha despertado nuevas críticas por parte de los parlamentarios que, además, a poco del inicio de la campaña política para 2026 intentan no quedar tan cércanos a un gobierno que recibe tantos cuestionamientos.

Entre estos integrantes del Legislativo que han alzado su voz en contra de esta nueva gira presidencial está la congresista Patricia Chirinos. La integrante de la bancada de Renovación Popular le reclamó a la presidenta que “mientras el país se hunde en crisis, la señora Boluarte sólo piensa en hacer turismo” y pidió a sus colegas del Congreso no avalar este nuevo pedido.

La madame no aprende, no le importa, no tiene vergüenza. Ahora alista sus maletas para viajar a Japón. ¿A qué va? ¿No le basta con el rechazo del Perú? Mientras el país se hunde en crisis, la señora Boluarte solo piensa en hacer turismo. Esperemos que esta vez sus aliados no le… pic.twitter.com/3OXSbnsJ4o

— Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) July 30, 2025

Por otro lado, el congresista Carlos Anderson fue crítico con los resultados de los anteriores viajes. “Nunca he visto una inversión inmediatamente después de estos viajes donde anuncia que va a traer muchas inversiones”, declaró en Radio RPP. Para Anderson, la intención de la presidenta es solamente conseguir fotos con autoridades. “Es un viaje más para que ella tenga la foto con el emperador”, indicó el parlamentario.

La congresista izquierdista Ruth Luque se pronunció en sus redes sociales no sólo criticando el pedido de Dina Boluarte sino recordando que los congresistas han facilitado que la presidenta se pueda ausentar y gobernar a distancia. “Es bueno recordar que fueron sus bancadas las que aprobaron dicha ley y su Tribunal Constitucional el que declaró la constitucionalidad del tele gobierno”, comentó.

Dina quiere viajar para telegobernar desde las nubes. Ocho días de tele gobierno, que es bueno recordar que fueron sus bancadas las que le aprobaron dicha ley y su TC el que declaró la constitucionalidad del tele gobierno. Un tele gobierno que sólo es posible a un gobierno…

— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) July 30, 2025

[INFORME]  Durante su reciente y muy cuestionado mensaje a la Nación, Dina Boluarte buscó en los gobiernos pasados al responsable por la falta de elementos policiales para combatir la alarmante inseguridad que golpea a la mayor parte del país. Sin embargo, sus afirmaciones y promesas terminaron por exponer una situación alarmante que no compromete a los antiguos inquilinos de Palacio de Gobierno sino a la propia Policía Nacional del Perú.

PROBLEMAS INTERNOS

Entre las promesas hechas por Dina Boluarte el pasado 28 de julio estuvo la incorporación de veintiún mil efectivos policiales. No obstante, este déficit policial que obliga a este tipo de medidas parece tener origen en el preocupante presente que atraviesa la institución y podría explicar el fracaso de la lucha contra la criminalidad.

Aunque para la mandataria los responsables de esta situación son sus predecesores, la información de la propia Dirección de Recursos Humano de la PNP arroja cifras que demuestran que el problema es interior. Según esta información de la cual hizo eco el diario La República, entre 2023 y lo meses transcurridos del presente año, pasaron al retiro cerca de diez mil policías y el 26% de este grupo se debió a medidas disciplinarias.

Las fuentes citadas por el medio indican que estos policías expulsados se vieron involucrados en casos de corrupción, narcotráfico, estafas, robos, extorsión y hasta sicariato. Para el exinspector general de la PNP, José Baella, “la presidenta tiene que saber que no queremos cantidad sino policías de calidad”.

¿HAY ALGO QUE CELEBRAR?

Pero esta no fue la primera vez que la PNP estuvo bajo los reflectores en estos días. El reciente fin de semana, el dominical Panorama expuso que los altos mandos de la PNP celebraron hasta horas de la madrugada en un evento que había sido presentado como una cena de gala. Para dicho festejo incluso contaron con la presencia de la Orquesta Candela.

Entre los presentes en dicho evento estuvo Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, y Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor. Al ser consultado por el equipo periodístico de Panamericana, los integrantes de la Policía Nacional del Perú evitaron responder las preguntas y abordaron sus vehículos.

El comandante general Zanabria se comunicó con Panorama posteriormente y, aunque reconoció no haber informado al Ministerio del Interior, aseguró que este festejo contaba con los permisos y agregó “que si no les gustaba que no celebrara tampoco la misa te deum y la parada militar”.

UN LUJO TREMENDO

Cabe señalar que, días antes, la Policía Nacional del Perú también estuvo cuestionada debido a que se conoció que fue aprobada una costosa compra de una flota de cuarenta y ocho vehículos de alta gama compuesta por camionetas Audi Q5 y Toyota RAV4 que serán entregados a generales y tenientes generales.

Según información publicada por La República, esta costosa adquisición fue aprobada por Víctor Zanabria, comandante general de la PNP que también se vería beneficiado con una de estas camionetas de alta gama. Pero, además, esta operación también recibió el visto bueno del Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas.

En declaraciones obtenidas por el diario La República, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señaló que «nunca se han comprado Audis para generales. Ni en las épocas más estables». Si bien es importante tener en cuenta que la norma interna de la PNP menciona que está dentro de lo previsto el acceso a vehículos, no se menciona que deban ser de una determinada marca o costo.

No obstante, también han surgido voces que defienden esta compra millonaria y hasta cuestionan a quienes han criticado a la PNP por la adquisición de estas lujosas camionetas. Este es el caso del exministro Gastón Rodríguez, quien se ha referido al informe periodístico indicando que “los medios de prensa siempre están pendientes de esas compras, pero solamente con la Policía Nacional” y agregó “se hace ver como que la policía es responsable de la vorágine de criminalidad en el país y eso es falso”.

En #CuentasClaras, el exministro Gastón Rodríguez defendió la compra de autos de alta gama para oficiales generales de la PNP, pese a las críticas por los vehículos policiales inoperativos y la crisis de inseguridad

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— Canal N (@canalN_) July 26, 2025

[INFORME] José Enrique Jerí Oré fue elegido presidente del Congreso de la República para el periodo legislativo 2025-2026 en una jornada parlamentaria marcada por la tensión política, la búsqueda de consensos y las expectativas sobre la transición hacia la bicameralidad. La elección se realizó el sábado 27 de julio y la lista que encabezó obtuvo 79 votos a favor frente a los 40 que alcanzó el congresista José Cueto, de Renovación Popular. El nuevo titular del Legislativo llega al cargo en medio de cuestionamientos por investigaciones fiscales y denuncias públicas, pero con un respaldo amplio de diversas bancadas.

Tras su elección, Jerí brindó un discurso que fue interpretado como un intento por desmarcarse de la confrontación que ha caracterizado al Parlamento en los últimos años y buscar una relación más estable con el Ejecutivo y la ciudadanía. “Somos conscientes del descrédito en el que se encuentra el Congreso ante la opinión pública, por ello nuestro deber será revalorar la política con base en el trabajo honesto y de cara al pueblo”, declaró desde el estrado principal del hemiciclo. Prometió una Mesa Directiva imparcial y neutral, que no actuará como “una oficina más del Ejecutivo, ni un frente de oposición sistemática”, sino como un poder autónomo que hará respetar su independencia.

Uno de los ejes de su mensaje fue la necesidad de que el Congreso recupere la conexión con la ciudadanía. “Hay que volver a escuchar a la población, salir del encierro burocrático y tomar decisiones que reflejen las verdaderas necesidades del país”, expresó. Jerí señaló que su gestión buscará acercar el Parlamento a la gente mediante iniciativas de escucha activa, descentralización del trabajo legislativo y rendición de cuentas periódica. Asimismo, afirmó que se priorizarán proyectos de ley que tengan impacto social y que no respondan a intereses particulares o cálculos partidarios.

Otro de los momentos centrales de su intervención fue la referencia a la transición institucional que representa este periodo. Jerí recordó que esta será la última legislatura en el marco del sistema unicameral y que a partir del 2026 se implementará el Congreso bicameral, tal como lo establece la reciente reforma constitucional aprobada por el propio Legislativo. “Estamos ante un momento histórico. No solo culminamos una etapa, sino que sentamos las bases para una nueva arquitectura legislativa. La responsabilidad de hacer que esta transición sea ordenada, funcional y útil para el país recae en todos nosotros”, sostuvo.

El presidente del Congreso también abordó el tema de la fiscalización, indicando que este rol no se abandonará ni se debilitará. Aseguró que su Mesa Directiva garantizará que las comisiones de control trabajen con total libertad y que se continuará citando a ministros y altos funcionarios cuando sea necesario, sin caer en el obstruccionismo. “El Congreso no debe abdicar a su función de control. La lucha contra la corrupción comienza desde nuestras propias instituciones”, dijo, al tiempo que llamó a sus colegas a actuar con coherencia y transparencia.

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el 28 de julio, Jerí brindó un mensaje institucional en el que reiteró su compromiso con la estabilidad política y el diálogo entre poderes. “Hoy más que nunca debemos generar consensos. El país no puede seguir atrapado en disputas estériles. La gente exige soluciones, no peleas”, manifestó. En esa línea, saludó algunos anuncios realizados por la presidenta Dina Boluarte durante su Mensaje a la Nación, especialmente en el plano social, como el aumento de presupuesto para programas de alimentación y asistencia a poblaciones vulnerables. Sin embargo, fue crítico con la falta de propuestas concretas en materia de seguridad ciudadana y señaló que el Congreso estará vigilante para que el Ejecutivo cumpla con las metas trazadas.

El congresista de Somos Perú también aprovechó su intervención para hacer un llamado a la unidad entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Afirmó que más allá de las diferencias ideológicas, existe un interés común en recuperar la credibilidad del Congreso y fortalecer el sistema democrático. Para ello, invitó a los voceros de todas las bancadas a instalar un “espacio de diálogo permanente” con la Mesa Directiva y promover una agenda legislativa compartida que incluya reformas institucionales pendientes, reactivación económica y medidas de protección social.

La elección de Jerí no ha estado exenta de polémicas. En los días previos a su designación como candidato a la presidencia del Congreso, diversos medios difundieron información sobre denuncias en su contra por presunta violación sexual ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo en Canta. La investigación está a cargo de la Fiscalía y se encuentra en etapa preliminar, aunque ya se han dictado medidas de protección para la supuesta víctima. A ello se suman cuestionamientos por un aumento sustancial en su patrimonio declarado entre 2021 y 2024, así como señalamientos por presuntos cobros indebidos a alcaldes a cambio de partidas presupuestales. Pese a ello, su lista recibió el respaldo de fuerzas clave como Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario, consolidando una mayoría sólida para asumir el control de la Mesa Directiva.

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, Jerí evitó referirse a estos cuestionamientos de manera directa, aunque indicó que siempre colaborará con la justicia y que su prioridad es “trabajar por el país desde el Congreso con responsabilidad y sin distracciones”. En los próximos días, se espera que anuncie los lineamientos de su gestión, así como los nombres de los presidentes de comisiones ordinarias, lo cual dará una idea más clara de los equilibrios internos y las prioridades legislativas de este nuevo periodo.

La presidencia de Jerí Oré se inicia en un momento particularmente sensible para la política peruana. Con una ciudadanía cansada de la confrontación y la inestabilidad, y con los ojos puestos en el proceso electoral del 2026, el Congreso tiene por delante la difícil tarea de reconstruir su imagen institucional y demostrar que puede cumplir su rol sin caer en excesos ni en el descrédito. El mensaje del nuevo titular del Legislativo apunta a una gestión más dialogante y enfocada en resultados, pero su éxito dependerá no solo de sus palabras, sino de su capacidad para articular consensos, responder a las demandas sociales y enfrentar con transparencia las controversias que lo rodean.