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En los últimos meses, los tiktok de Luis Alvarado Sánchez con frases como “¿cómo es posible este suceso?” y otras se han convertido en los más populares en Perú y los países de habla hispana. Sin embargo, la creciente fama de este joven peruano de 26 años hoy pasó a segundo plano tras una grave denuncia que incluye desde asesinatos hasta hostigamiento sexual. Sudaca conversó con uno de los denunciantes para conocer los detalles de este perturbador caso.

Convertirse en viral en las redes sociales se ha convertido en una tarea tan difícil como impredecible. Un baile, un breve sketch y hasta una frase que puede pertenecer a la vida cotidiana de una persona tienen el potencial de acaparar Tiktok si el público les encuentra alguna peculiaridad que los convierta en un contenido hipnótico para los usuarios de esta red. Uno de estos elegidos para convertirse en viral fue Luis Enrique Alvarado Sánchez.

Este joven peruano de 26 años saltó a la fama, en los últimos meses, gracias a su particular forma de hablar en los videos que subía a la red social Tiktok y esto llevó a que otros ‘tiktokers’ utilicen sus audios para crear sus propios videos. Su popularidad no tardó en traspasar las fronteras e hasta se pudo ver al reconocido conductor de la televisión argentina Marcelo Tinelli y al famoso reggaetonero Nicky Jam usándolo en sus respectivas cuentas con millones de seguidores. El audio de Alvarado Sánchez incluso llegó a ser nominado por MTV para los  Millennial Awards 2023.

@marcelotinelli♬ como es posible este suceso LuizHenriqueAlvarado – LuizHenriqueAlvarado

@nickyjamDios miooo♬ como es posible este suceso LuizHenriqueAlvarado – LuizHenriqueAlvarado

Sin embargo, el éxito del joven tiktoker se ha visto seriamente ensombrecido en las últimas horas a raíz de una denuncia que expondría los perturbadores gustos de quien hasta ahora se había mostrado como un creador de contenido cuya popularidad estaba amparada exclusivamente en el humor. Sudaca ha conversado en exclusiva con los denunciantes para conocer los detalles de este inquietante caso.

UN DESAGRADABLE SUCESO

En el mundo de los influencers se sabe que la fama puede ser efímera. Esto los suele llevar a sacarle el máximo provecho al momento en que se encuentran en la cúspide de la ola de popularidad. Una de las estrategias que suelen usar para monetizar sus mejores momentos es la venta de suscripciones para contenido exclusivo a través de la opción ‘mejores amigos’ en Instagram o historias en WhatsApp. Luis Alvarado también se sumó a esta tendencia y, a cambio de cinco soles, les ofrecía a sus seguidores la posibilidad de acceder a este contenido ‘premium’.

Ante esta posibilidad, el pasado 2 de julio, Marco Alaba Salas y su hermano Leomar decidieron pagar este monto con la esperanza de comunicarse con el joven tiktoker y, aprovechando la popularidad de sus audios, lograr un acuerdo para una publicidad, aunque esto fue imposible debido a que Alvarado no respondía los mensajes.


Sin embargo, como habían pagado la cuota para acceder al contenido premium, Marco Alaba empezó a tener acceso al contenido que subía el creador de contenido a WhatsApp y fue en ese momento que se llevó una desagradable y perturbadora sorpresa. «Subía desde pornografía hasta mutilación de personas adultas y también de bebes, esto fue lo que más nos indignó», relató a Sudaca Marco Alaba.

«Ahí vimos todos los días cómo empezó a subir esto», cuenta Alaba Salas, quien ha aportado numerosas pruebas en las que se puede observar que Alvarado Sánchez compartía material gráfico de menores descuartizados y manifestaba su fascinación por este tipo de contenido al punto de pedirle a sus seguidores que le envíen ese tipo de videos.


«Disfruto ver cómo lo van despedazando poco a poco y verlo sufrir me excita mucho más», «pasen más mutilaciones de niñatos», «me cago de risa mirando eso» y «manden cuando los hagan sufrir» son algunos de los comentarios que realizaba Luis Alvarado sobre las violentas imágenes que compartía y solicitaba.


HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS

Como era de esperarse, la violencia del contenido compartido por el tiktoker lo llevó a ganarse críticas de sus propios seguidores, quienes esperaban un contenido humorístico como el que lo había hecho popular. No obstante, lejos de sólo ignorarlos, Alvarado exponía sus números de teléfono e incitaba a sus seguidores a enviarles imágenes de carácter sexual cuando se trataba se mujeres. «Él les respondía de manera grosera e incitaba a sus fans a que les manden fotos de su miembro con semen», comenta Marcos Alaba y muestra evidencia del hostigamiento sexual que sufrían aquellas que se atrevían a cuestionarlo.


Fue ante la interminable cantidad de imágenes violentas y hostigamiento que Marco y Leomar Alaba Salas decidieron recurrir a la justicia y denunciaron a Luis Alvarado Sánchez ante el Ministerio Público. «Nosotros hemos presentado la denuncia formal ante el Ministerio Público. Nos gustaría que esto sirva como precedente para que las personas no se queden calladas», comentó Marco Alaba y agregó que, a raíz de esta denuncia, empezó a recibir amenazas. «En instagram comentan que nos cuidemos en las calles porque nos hemos metido con alguien del hampa», indicó a Sudaca.


Se espera que, en corto plazo, el caso pase a manos de las autoridades, más precisamente de la División de Investigación de Alta Tecnología.  (DIVINDAT). Sea porque se trata de un psicópata, como el propio Alvarado Sánchez se describe para explicar su retorcida fascinación, o porque, en el intento de mantenerse vigente en un competitivo mundo virtual, optó por una peligrosa forma de llamar la atención, lo cierto es que el tiktoker ha sobrepasado una línea que bajo ninguna excusa se podía pasar.

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Caso perturbador, Contenido viral, Denuncias de violencia, Hostigamiento, Influencer Tiktok, Luis Alvarado Sánchez, Redes sociales, Tiktoker

Una historia sin acabar. Tras el fallo de la Municipalidad de Lima con el cambio de zonificación del Relleno Sanitario “El Zapallal”, la concesionaria Innova Ambiental APELÓ ante el Ministerio del Ambiente (MINAM) para retroceder la lucha de los vecinos de Lomas de Carabayllo y poder reabrir el relleno sanitario. Mientras tanto, han presentado un habeas corpus para el retiro inmediato de los muros de contención que bloqueaba el paso al relleno sanitario. El 18 de julio se ha consumado este propósito y la sala ha fallado a favor de esta solicitud y al siguiente día se han retirado todos los bloqueos a la instalación sanitaria.

Sudaca pudo acceder a la información sobre el proceso que ha seguido Innova Ambiental y cabe resaltar que la concesionaria ha realizado dos apelaciones ante el Ministerio de Ambiente: una apelación es de zona mixta y otra es de zona peligrosa.

Innova se presenta ante la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) representada por Marcelo Socoowski Azevedo y quien se encarga de la Gerencia General de la mencionada concesionaria. En dicho documento se argumenta que intentan atenerse a los plazos establecidos para poder utilizar el uso de su defensa. “Dentro del plazo de quince días hábiles (…) y amparados en nuestro derecho de defensa, (…) formulamos RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución”, menciona el documento y es que se van contra las ordenanzas que la Municipalidad de Lima interpuso contra el relleno, entre ellas: el cambio de zonificación.

Ahora bien, Innova Ambiental menciona que entre los antecedentes relevantes se presentó una carta, el 26 de junio del 2022, ante la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones de Residuos Sólidos (DEAA) del MINAM para una evaluación del PAMA de la Infraestructura para Disposición Final de Residuos No Peligrosos del Ámbito de Gestión Municipal y No Municipal.

El 20 de marzo del 2023 Innova advierte que hubo irregularidades por parte de la DEAA y la DGRS, ya que el primero solicito que se emita una opinión actualizada sobre los PAMAS que Innova Ambiental presentó en atención a los nuevos actos administrativos emitidos por la Municipalidad de Lima. La concesionaria alega que hubo una clara omisión de funciones por superar los plazos legales establecidos para resolver en el marco de procedimientos administrativos esta problemática.

Advierten que llamó la atención una información que manejaba el MINAM respecto a los hechos. Esto se debe a que recién el 24 de marzo de 2023, mediante el Oficio Nº D000037-2023-MML-GSCGA que la Municipalidad de Lima puso en conocimiento del Ministerio del Ambiente, la cual refiere es la Ordenanza Nº 2533-2023. Es aquí donde la concesionaria se pregunta en su apelación, ¿Cómo es que la DGRS, el 20 de marzo le pide a la DEAA una opinión actualizada en atención a los «¿Nuevos actos administrativos y de administración emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que disponen el cierre temporal del “¿Relleno Sanitario”, cuando recibió la información oficial por parte de la MML recién el 24 de marzo de 2023?

No cabe duda que la misma Innova respondería estas consultas en su documento de defensa:

Por otro lado, también acotan que hubo una transgresión a las normas de colaboración entre entidades al omitir comunicar a Innova Ambiental la consulta formulada a la MML, y es que mencionan que el MINAM incumplió con su obligación de poner en conocimiento de ellos, el contenido de los oficios presentados por la MML. Esto fue a partir de información que tomaron conocimiento y que consideran que es materia de impugnación. «Este pedido de información debe, necesariamente, ser comunicado al administrado interesado en un plazo específico«, mencionaron en su apelación.

Entonces, Innova Ambiental dice que se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo y su derecho de defensa. «Estas comunicaciones del MINAM a la MML NO fueron puestas en conocimiento de nuestra empresa en el plazo de tres días conforme manda el numeral 87.4 del artículo 87 del TUO LPAG«, indicaron.

En nuestros últimos informes destacamos que al cerrarse el Relleno Sanitario «El Zapallal» Innova Ambiental finalizará todo tipo de funciones. Sin embargo, en el punto 3.3, la concesionaria menciona que el cambio de zonificación y el acto ilegal de revocatoria perpetrado por la MML no tiene efectos jurídicos y tampoco es oponible ni afecta su autorización de funcionamiento, y es que este acto generó la revocatoria de la Autorización de Funcionamiento otorgado en su oportunidad por la MML respecto del área de disposición final de residuos municipales.

Resolución de la MML extraída de la apelación de Innova Ambiental

Entonces, refieren que no existe con este cambio de zonificación y posterior revocatoria no afecta bajo ningún criterio la operación de innova ni su autorización de funcionamiento. Por lo tanto, mencionan que Innova Ambiental si cuenta con Autorización Municipal de Funcionamiento. Además, sienten que se encuentran en una clara vulneración de motivación de los actos administrativos, lo que se entiende en la omisión o defecto de uno de los requisitos de validez de actos administrativos.

Si bien hemos resumido y analizado la apelación de zona mixta presentada por Innova Ambiental. La apelación de la zona peligrosa interpuesta por Innova Ambiental no son más que las mismas palabras, solamente cambiando ciertas acciones que lo único que buscan es una justicia ficticia en medio de una contaminación que se ha prolongado durante décadas.

Lamentablemente, los vecinos de Lomas de Carabayllo han mostrado su disconformidad por el trabajo del Gerente de Servicios de la Ciudad, Roberto Pérez Vélez, por su falta de compromiso en este tema. Y es que el Juzgado de Carabayllo, mediante un habeas corpus que interpuso Innova Ambiental, ha ordenado el retiro de los muros de contención del acceso al Relleno Sanitario “El Zapallal”. El 19 de julio se cumplió con esta decisión y el relleno ha quedado expuesto a que camiones de basura puedan “Ellos están perdidos y no saben lo que está pasando”, comentó uno de los vecinos de Lomas de Carabayllo sobre la respuesta que les dio el Gerente de Servicios de la Ciudad sobre la apelación y el retiro de los bloqueos de acceso al relleno sanitario.

“La fiscalía ambiental ha declarado que archiva la denuncia por contaminación ambiental contra Innova Ambiental, fue una denuncia que interpuso la ex congresista Karina Beteta en el 2020 que se acoplo junto a nuestras denuncias”, comentaron los vecinos sobre los últimos movimientos del caso entre Innova Ambiental y el relleno sanitario.

Al cierre de este informe, los vecinos han aclarado que no se van a quedar de brazos cruzados, considerando que Roberto Pérez ha dado marcha atrás y no ha defendido los derechos y la integridad de la comunidad de Lomas de Carabayllo han manifestado que enviaran cartas a los diferentes regidores de la MML informando la decisión del Juzgado de Carabayllo, la desatención de la Procuraduría y la falta de compromiso del Gerente de Servicios a la Ciudad.

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Apelación, controversia, Innova ambiental, Lomas de Carabayllo, Medio ambiente, Ministerio del Ambiente, Relleno Sanitario

Un nuevo cuestionamiento a la gestión de Jeri Ramón como rectora de San Marcos empieza a tomar fuerza. Los multitudinarios conciertos que se realizan en el estadio universitario se han convertido en un grave problema para los estudiantes. Sudaca ha conversado con los afectados para conocer los detalles de este reclamo de los sanmarquinos.

El pasado mes de abril, el tan esperado concierto por el aniversario del Grupo 5 convocó más de 120 mil personas durante tres noches consecutivas. Este evento que, además, contó con la presencia de artistas internacionales fue, sin lugar a dudas, uno de los más esperados de este 2023 y colmó la expectativas de los miles que asistieron al estadio de la Universidad Nacional de San Marcos. Del mismo modo, en mayo, el Reggaetón Lima Festival causó gran expectativa entre los fanáticos del género urbano que volvieron a llenar el estadio sanmarquino y, como era de esperarse, la celebración de los cincuenta años de trayectoria de Eva Ayllón también coparon las gradas y cancha del estadio de San Marcos semanas atrás.

Estos eventos, y muchos más, podrían ser interpretados como una muestra del gran momento que atraviesa Lima como plaza para conciertos de diversos géneros musicales. Sin embargo, existe un detrás de escena que empieza a generar una gran preocupación con respecto al futuro de los conciertos que se realizan en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por las dificultades que se empiezan a padecer en dicha casa de estudios.

CLASES INTERRUMPIDAS

Con el regreso de los conciertos tras la época de pandemia, el estadio de San Marcos retomó su ubicación como uno de los recintos favoritos por los organizadores para llevar a cabo presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, estos eventos, que se han realizado en numerosas oportunidades a lo largo de este año, se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los estudiantes.

En diversos videos subidos que los propios universitarios han registrado, se puede ver y escuchar cómo las clases son interrumpidas por los diversos ensayos y pruebas de sonido que los artistas realizan días previos a los conciertos que se llevan a cabo en el estadio de la universidad y la única alternativa es seguir con el desarrollo de sus actividades académicas con un ruidoso sonido de fondo.

Sudaca conversó con Marcos Tello, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, quien relata que los inconvenientes por los conciertos datan desde octubre del año pasado. “Fue escandaloso cuando, para el concierto de Eva Ayllón, la rectora posterga las clases presenciales y los pasa a virtual faltando dos días para el concierto”, relata el estudiante y agrega que “no solamente los estudiantes no han podido rendir sus exámenes de manera presencial sino que muchos de nosotros necesitamos hacer uso de la biblioteca”

Tello denuncia que, pese a los ingresos que dejan estos eventos, los estudiantes no ven mejoras en la universidad y que incluso se ha disminuido el presupuesto para el comedor. A estos reclamos se le ha sumado que los deportistas sanmarquinos han visto seriamente perjudicada la posibilidad de realizar sus actividades ante la cantidad de conciertos programados en el estadio de su casa de estudios. “Hace unas semanas teníamos un campeonato  interuniversitario en el cual San Marcos había llegado a las finales y se tenía programado jugar en el estadio. No obstante, por disposición de las autoridades no pudieron jugar porque estaban instalando la estructura para el concierto”, contó el estudiante.

En las imágenes registradas por los estudiantes se puede observar cómo este problema viene afectando a estudiantes que no pueden escuchar las clases con normalidad y a docentes que no pueden dictar los cursos con la tranquilidad necesaria para explicar las materias que tienen a cargo.

Aunque, sin lugar a dudas, lo que más indignación está generando entre los universitarios es la indiferencia de las autoridades de San Marcos. En este aspecto uno de los roles más criticados es el de Jeri Ramón, rectora de San Marcos, quien ahora suma un nuevo cuestionamiento debido a que los estudiantes señalan que sus pedidos para que la educación sea prioridad y, por lo tanto, se le dé una mayor importancia a las actividades académicas y el ambiente de tranquilidad que estas requieren para llevarse a cabo, son ignorados.

Natali Durand, docente sanmarquina, también alza su voz ante estos estos reclamos y señaló a Sudaca que “desde el día miércoles tenemos conciertos y actividades de grupos evangélicos. Desde la mañana están con la prueba de sonido y es tan fuerte que retumban las paredes de la facultad”. También manifiesta que algunos de estos conciertos ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes debido a que algunos de los asistentes están en estado de ebriedad en las inmediaciones de la universidad. “Los docentes no podemos dictar clases. Uno está tratando de explicar y te desconcentra. La universidad no es una empresa que necesita alquilar sus bienes para recaudar dinero”, agregó Durand.

Para la docente universitaria, la indiferencia de las autoridades de esta casa de estudios ante los problemas que tienen los alumnos se debe a un interés económico que no necesariamente beneficiaría a los estudiantes. “La rectora hizo un cambio en el estatuto de la universidad para que lo recaudado con los conciertos ya no sea destinado al área de bienestar estudiantil sino que vayan al rectorado”, cuenta Natali y explica que, al pasar a manos del rectorado, la transparencia de recursos será casi nula.

CONCIERTOS LLENOS Y PLATOS VACÍOS

Marcel Velázquez es otro de los profesores afectados por estos conciertos. “Yo dicto clases los viernes y es muy difícil dictar la clase porque las pruebas de sonido afectan a las facultades, especialmente a las de Letras, Ciencias Sociales y Turismo”, cuenta el docente y agregó que “se está desnaturalizando el sentido de la universidad. Se ha llegado a cerrar la universidad antes que acabe el semestre académico para garantizar un espectáculo musical hace una semana”.

En declaraciones para Sudaca, Velázquez relata que la gran cantidad de conciertos, y las enormes sumas de dinero que dejan por el alquiler del estadio, no han servido para que la universidad tenga mejoras en infraestructura y que las carencias del pasado siguen sin solucionarse. “Las raciones de alimentación para los alumnos son insuficientes. Los alumnos hacen cola hasta de una hora antes que abran las puertas y tienen que ir corriendo para el comedor para tener un ticket para el desayuno o almuerzo. Ahí hay una necesidad concreta. Si estos conciertos sirviesen para al menos aumentar el número de raciones tendrían sentido”, cuenta Velázquez.

Al igual que Durand, Marcel Velázquez observa con preocupación el manejo que se le está dando al dinero que dejan los eventos realizados en el estadio universitario producto de lo que ha denominado como una política de captación de fondos. “El rectorado ha solicitado que esos ingresos no vayan a la cuenta general de la universidad sino que sean manejados por el rectorado. Esto devela cuál puede ser la intención de tener tantos conciertos al año”, declaró el docente a Sudaca.

Para lo que resta del 2023, el estadio de San Marcos recibirá nuevos eventos como la tercera edición del Reggaetón Lima Festival que se realizará a inicios de septiembre y la presentación del cantante canadiense The Weekend programada para la tercera semana de octubre. Sin embargo, lo que no parece figurar en el calendario es la atención al reclamo de los estudiantes que, por ahora, parecen tener que resignarse a interrumpir sus clases mientras la universidad se limita a celebrar los ingresos económicos que les dejan estos conciertos.

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A mediados del siglo pasado, cuando la función pública era asumida con mucha mayor dedicación y mucha mayor solvencia por profesionales formados por grandes maestros en ciencias y en humanidades, el Perú tuvo un magisterio de calidad, una judicatura muy destacada y una medicina con reconocimiento internacional, tanto en el ámbito administrativo como en el médico propiamente dicho. En este último rubro, las autoridades que manejaron la salud pública, ya sea en la órbita ministerial como en el sistema ideado para la atención en los hospitales para obreros y para empleados, coronada esta última con la edificación de los monumentales hospitales para unos y para otros, hoy llamados Almenara y Rebagliati; esas autoridades, repito, tuvieron una concepción modernísima para la época, inaugurando en 1945 la Asistencia Pública de Grau y unos años después la Asistencia Pública de Miraflores en la avenida Larco. Esas asistencias estuvieron destinadas a atender las emergencias médicas que no podían hacerse en las llamadas asistencias públicas distritales, las cuales se dedicaban a brindar los primeros auxilios a los afectados por accidentes domésticos y callejeros, es decir, lesionados que podían ser curados en esas postas médicas. Años después, mediante la fusión del antiguo puesto de la avenida Grau con la Asistencia Pública de Miraflores, se creó el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa (HEJCU), el cual surgió como una necesidad ante la creciente demanda de atención en la llamada asistencia pública de Lima. Con el apoyo del Club de Leones, en 1956 se inició la construcción del local que hoy ocupa el Hospital de Emergencias más grande del país. Años después, a ese local se trasladó todo el personal médico de las postas médicas de Grau y de Larco, dotándose, además, al Hospital de Emergencias de lo necesario para atender a todos los limeños afectados por eventos cardíacos, cerebro vasculares y como consecuencia de accidentes domésticos y vehiculares.

Como dicen los que saben, los hospitales del Empleado y de Emergencias Casimiro Ulloa fueron modelos a imitar por autoridades médicas de diferentes países de la región. De ahí a ahora, ha corrido mucha agua bajo los puentes de la ciudad. Ha corrido mucha agua y se han cometido cientos de desaciertos.

Magali Maita, presidenta del cuerpo médico del Hospital Casimiro Ulloa, mortificada por la falta de medicamentos que no permite atender a la población como debe ser, además de la falta de instrumental médico y de las represalias que viene sufriendo el cuerpo médico por parte de la dirección general del hospital, ha decidido hacer pública la denuncia a continuación, leamos su testimonio:

“El director actual Raúl Hinostroza Castillo ha entrado en funciones a mediados de setiembre del año pasado. Al inicio de su gestión, indicó que todos los problemas del hospital eran ‘cosas que se arrastraban de gestiones anteriores’, pero ya estamos en julio y el hospital no ha tenido ninguna mejoría; al contrario está peor porque no hay gasas ni apósitos ni esparadrapo ni nada. Es cierto que vienen y hacen inspecciones, pero igualmente no hay gasas, no hay esparadrapo, no hay medicamentos. Por ejemplo, viene un paciente con un infarto, y en ese caso es posible que requiera una trombólisis, para lo cual se necesita alteplasa, que es un medicamento que disuelve los coágulos, pero en ese momento no hay, porque la política de la actual administración es comprar ese medicamento en cantidades muy pequeñas, las cuales se acaban en una semana o menos. He conversado con el jefe de Farmacia y él me dice que hay de todo, pero me lo dice porque está cuidando su puesto. La administración no prevé la cantidad de pacientes que tiene permanentemente el hospital. Ha habido veces que llegan pacientes a la sala de operaciones y la máquina de anestesia está malograda. Traumatología también tiene equipos malogrados. En casos de tratamientos médicos también hay problemas, porque si un paciente requiere 10 medicamentos, sus familiares tienen que comprarle 8; eso incluye a los pacientes que cuentan con el seguro integral de salud, para los cuales deberíamos tener todos los medicamentos en la farmacia del hospital. A veces, en este hospital se ha llegado al extremo de que no tener detergente ni lejía para desinfectar las chatas y los papagayos.

Es difícil trabajar en esas condiciones, más aún, cuando, de la noche a la mañana, la Dirección -sin comunicarnos antes a los gremios- emite un comunicado donde informa que nos retira el lonche, sabiendo que este es un hospital de emergencias, donde hacemos guardias de doce horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, o al revés. Doce horas de día y doce horas de noche, entonces en la guardia de día tenemos derecho a almuerzo y un lonche a las 7 de la noche, y en la guardia de noche una cena y un desayuno.

Actualmente no tenemos ecógrafo, el único en existencia tenía 11 años de antigüedad y ya no funciona. Acá me pregunto: ¿cómo es posible que un hospital de nivel 3E no tenga un ecógrafo en buenas condiciones? De igual manera, en el hospital deberían funcionar tres salas de operaciones y sólo funciona una, porque las otras dos tienen malogrados sus equipamientos. Así, hay infinidad de necesidades en todos los servicios, como, por ejemplo, en el laboratorio casi nunca hay reactivos suficientes para poder hacer los análisis, y los médicos tenemos que rezar para que cuando acudan los pacientes al hospital haya reactivos. Diariamente tenemos doscientas atenciones y eso no lo entiende el doctor Raúl Hinostroza, quien, siendo cirujano del hospital, ha traído gente de afuera, como la administradora, la de planeamiento estratégico, la de personal, quienes vienen del Hospital de Collique; esto quiere decir, sin tener que demostrar mucho, que ellos no conocen la realidad del hospital.

Por eso es que nos sentimos tan mal, porque no hacen nada por conocer las necesidades del personal y, sobre todo, las de los pacientes; sin embargo, la actual gestión dice que el Hospital es un desorden y que ha llegado para poner orden. Pero no necesitamos orden, sino, más bien, abastecimiento y equipamiento. Hay muchas irregularidades: por ejemplo, al frente del Hospital hay una casa alquilada por la nueva administración únicamente para el personal administrativo, cada funcionario de ese equipo administrativo tiene contratados dos asesores pagados por la nueva administración, entonces, cómo nos van a decir que no hay presupuesto para medicinas e instrumental médico, pero sí para más personal burocrático. Esa administración ha contratado a un ingeniero para que se ocupe de Recursos Humanos y otro únicamente para contrataciones; en una oficina administrativa hay alrededor de cuatro ingenieros. Casimiro Ulloa es un hospital pequeño con mucha demanda, pero sólo tiene 90 camas, entonces me pregunto: ¿es necesario tanto personal administrativo que no ayuda a solucionar las carencias que tenemos? Si el Ministerio tiene tanto dinero para derrocharlo en burocracia, ¿por qué no compra las medicinas y el instrumental, por qué nos quita el lonche? Nosotros, me refiero al personal médico, estamos cansados de esta situación y hemos reclamado ante la administración para que arregle los problemas; sin embargo, en lugar de escucharnos nos levantaron ‘un acta de permanencia’, diciendo que no estábamos en el Hospital, que no nos encontrábamos en nuestros puestos de servicio; posteriormente, llamaron a la Policía para que levante ‘un acta de ocurrencia’, sosteniendo que de casualidad pasaban por el frente del Hospital y ‘encontraron a médicos, enfermeras y técnicos protestando’.

Para concluir, quiero dejar bien en claro para que los advenedizos entiendan que en el Casimiro Ulloa atendemos inmediatamente a todos los pacientes que llegan, porque aquí no brindamos atención ambulatoria, aquí salvamos vidas”.

El personal médico del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa ha enviado una carta al ministro de Salud para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.

También conversamos con Jaddy Ladrón de Guevara, abogada de los médicos del Hospital Casimiro Ulloa, quien refiere que ante todo ese cúmulo de ineficiencia, de incompetencia, de discriminación al personal de carrera y de exposición de personas al peligro, el jueves pasado el personal médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ha enviado una carta al Ministro de Salud, con copia a la Presidencia de la República y otras autoridades del Estado, para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.

“Nuestro estudio ha asumido la defensa legal del cuerpo médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, y, en representación de ese colectivo, el estudio ha presentado un memorial al Ministro de Salud, informándole sobre los problemas que enfrentan el personal médico y la infraestructura hospitalaria, los cuales no sólo afectan el derecho a la salud de los usuarios del hospital, sino también del personal médico, el cual viene sufriendo represalias por tomar acciones contra los problemas denunciados, sino también porque se están recortando derechos adquiridos. A la par de esas represalias y de esos recortes, el personal médico ha solicitado una auditoría externa para conocer por qué existe una desmedida contratación de personal administrativo, creándose la increíble situación de que en el Hospital Casimiro Ulloa existe hoy por hoy más personal administrativo que personal médico. Y, además, que la actual administración contrata médicos y auxiliares que no cumplen con los perfiles adecuados y, en el colmo de los colmos, el equipamiento del hospital es tan antiguo que las bombas de infusión de las salas de cuidados intensivos carecen de sus respectivas líneas de infusión, que los ecógrafos son obsoletos, qué no hay tomógrafos ni resonadores magnéticos. Los médicos han dirigido cartas al director del hospital manifestando sus preocupaciones por esas carencias y otras, como las condiciones de inoperatividad de dos de los tres quirófanos existentes, de las filtraciones de agua por diferentes pisos del nosocomio y de las deficiencias eléctricas.

Si a todo eso le sumamos la imperdonable carencia de bisturíes, alcohol, apósitos, vendas y todo lo que se requiere para atender emergencias médicas, que es la razón de ser del Casimiro Ulloa desde hace cuatro décadas. Si a todo eso le sumamos la falta absoluta de material de limpieza y de tratamiento de desechos orgánicos y residuos sólidos, podemos concluir que la actual administración está “gestionando” el caos más increíble en la historia de un hospital de emergencias.

De no corregirse esos problemas en un plazo perentorio, tendremos que denunciar penalmente a los responsables de esta situación por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por omisión de funciones y por abuso de autoridad del director del hospital”.

Durante los últimos días intentamos que el director del hospital o alguna autoridad del mismo respondiera a nuestros interrogantes, pero no obtuvimos ninguna respuesta; perdón, si conseguimos que nos contestara el teléfono Christian Rubio un portavoz del hospital, quien, ante la pregunta del porqué del desabastecimiento de medicinas e instrumental médico, sólo atinó a decirnos “¡ah!”, seguido de una risotada propia de un espectador de primera fila de un circo. Apenas terminó de reír, le preguntamos por el retiro del lonche al personal médico, y nos dijo que esa medida era a nivel de todo el Ministerio de Salud, y que dudaba sobre la falta de instrumental médico, porque si no el hospital no estaría funcionando. “Te diré que desde mi posición de comunicador te diré (sic) que muchas de las cosas que tú me estás diciendo no tienen asidero, pero eso, de manera formal, te lo tendría que decir el mismo Ministerio de Salud”. En cuanto al reclamo del Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Casimiro Ulloa”, el portavoz respondió que “hace poco han estado en manifestación (sic) y los había visto acá”, y reiteró que el tema del lonche es una medida sectorial del Ministerio. Para completar este informe, nos comunicamos con una funcionaria de Relaciones Públicas del Minsa, y al ser consultada sobre la decisión ministerial de recortarle el lonche al personal médico del Casimiro Ulloa, me indicó que cada hospital tiene su propia logística y el Ministerio no tiene injerencia alguna respecto a la alimentación en los hospitales. Por cierto, tanto la respuesta del portavoz del hospital como la del funcionario ministerial están grabadas.

Al tener dos versiones distintas sobre el recorte del lonche para los médicos, decidimos averiguar, en la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS Lima Centro), ante lo cual se nos informó que no había ninguna disposición sobre el hecho de dejar a los médicos sin lonche, entonces confirmamos que el portavoz del hospital, el señor Christian Rubio, nos había mentido.

El Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa presentó un reclamo solicitando se dé por terminadas las funciones de Raúl Hinostroza.

A esto se suma que, el Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, mediante el oficio N° 0034, solicita al ministro de Salud César Vásquez Sánchez que tenga a bien dar por terminadas las funciones del director del hospital Raúl Hinostroza Castillo por contratar personal no idóneo para diversos puestos, también por cometer irregularidades en los procesos de contratación pública, por las cuales fue sancionado por la Diris Lima Centro. En el documento se puede leer que el doctor Raúl Hinostroza fue jefe de Cirugía del Hospital Casimiro Ulloa en 2019, y como tal participó en el proceso de adjudicación simplificada para la adquisición de bombas de infusión de dos canalés para los quirófanos de la entidad. Dicho proceso se condujo de manera irregular con la finalidad de favorecer al postor que ganó el proceso de adjudicación simplificada.

A mediados del siglo pasado, cuando Lima tenía un poco más de 830 mil habitantes y las finanzas del país de nuestros abuelos eran positivas, el gobierno de entonces construyó varias unidades vecinales, todas las unidades escolares que hoy se llaman colegios emblemáticos, un número grande de postas médicas y los gigantescos hospitales de los empleados y de los obreros. Una década después, en Lima había 1’900, 000 personas y la infraestructura hospitalaria solamente había incorporado las asistencias públicas de Grau y de Miraflores. Veinte años después, cuando las oleadas migratorias habían convertido a la capital en residencia de tantas personas, más o menos 5 millones, como las que tenía cada uno de los países escandinavos, la única nueva institución hospitalaria de esa ciudad llena de problemas era el Hospital Casimiro Ulloa. Hoy, cuarenta y tantos años después, la ciudad edificada en medio de un desierto, húmeda como ninguna y asfixiada por la alta toxicidad de su atmósfera tiene más de 10 millones de habitantes, los mismos nosocomios de los años cincuenta, el mismo hospital de emergencias de Miraflores sin bisturíes, sin gasas, sin ecógrafos, sin quirófanos y sin soluciones a la vista. ¿Es que no hay nadie que pida el voto popular para gobernar y no para robar, para invertir todo lo que se pueda en educación, en salud y en seguridad? ¿Es que estamos condenados a vivir con miedo, sin educación y sin salud? ¿Es que en veinte años o en treinta o en cien, casi no importa cuándo, un lector curioso entre al Google de esa época y encuentre este artículo y diga: por qué hemos sido, somos y seremos tan cretinos?

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Despidos irregulares y cancelación de programas en TV Perú confirman las medidas adoptadas por el gobierno de Dina Boluarte de controlar el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) por un intento de mejorar su imagen en medio de las movilizaciones inminentes en la capital.

Los detractores de Dina Boluarte ya no se encuentran solo en estas manifestaciones, ahora están en las instituciones públicas, y es que desde el IRTP, cuya institución se encarga del funcionamiento de TV Perú, se ha vuelto el foco de críticas del gobierno de turno y no ha sido del agrado de la primera mandataria del país.

El mensaje que está intentando implementar el gobierno es que los medios estatales (Radio Nacional y TV Perú) manejen la imagen presidencial; en pocas palabras, que se convierta en un órgano de publicidad y no un órgano de información. La libertad de prensa se ve golpeada por un gobierno que poco a poco sigue causando indignación e inestabilidad en la situación social y  política del Perú.

Comunicado del IRTP tras la salida de Carlos Cornejo

La lista de despidos en el canal del Estado suma más de 10 trabajadores, sin embargo, a pesar de esta problemática, recién la opinión pública ha tomado consideración del caso desde la repentina salida del periodista Carlos Cornejo. Jesús Solari, en ese entonces presidente del IRTP, no se pronunció sobre esta cuestionada salida del periodista. Su silencio se cubrió en un comunicado que publicó la institución justificando que se había tomado esta decisión tras el cumplimiento de su contrato; mientras tanto, en conversaciones con el periodista esto sería solo una de las tantas mentiras que venían presionadas desde el Ejecutivo.

“Cuando Solari me saca de TV Perú y ponen en un comunicado que mi contrato había finalizado, lo cierto es lo que han contado hoy día todas las personas que han sido expectoradas de TV Perú: Nuestros contratos son mensuales, por lo tanto, no había ningún final de contrato. Lo que había es una irregularidad absoluta en términos de contratación laboral”

Carlos Cornejo para Sudaca

Carlos Cornejo fue respaldado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) que consideró incausado, arbitrario e injustificado su salida del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP). “No contesto las necedades que suelen decirme en twitter o las provocaciones de algunos fachos -respecto a mí, por muy agraviantes que sean- que son auténticas insolencias y difamaciones”, manifestó el periodista mientras recordaba los ataques que recibió por las redes sociales por simpatizantes de Pedro Castillo que habían mostrado su disconformidad por las declaraciones de Cornejo sobre la represión que realizó la PNP en la Toma de Lima.

En reflexiones con el periodista, tras la salida de Jesus Solari, se intuye que se pudo evitar, ya que debió tener mejor manejo y soporte para construir mejores alianzas para poder sostenerse en la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, sin embargo, esto no se dio. Más bien se ha dado una amplia fragilidad personal y que ha influido en lo profesional mientras tenía el cargo y que lo llevó a su inminente renuncia.

Ahora bien, este accionar de manipular el IRTP no es novedad actual. Estas intenciones de Boluarte son heredadas de su antecesor, y es que desde el gobierno de Pedro Castillo se ha evidenciado notablemente esta manipulación de información, ya que dispuso la designación de Fernando Aliaga como presidente del IRTP para producir cuatro programas que intentaban beneficiar al expresidente, compitiendo con los programas dominicales de Latina, Panamericana y América.

Hasta ahora, contando desde Castillo a Boluarte, han sido tres intentos fallidos del Ejecutivo para controlar el IRTP; primero con Aliaga, después con Jesús Solari y ahora con Ninoska Chandia, pero estos dos primeros terminaron con su renuncia por escándalos en la institución. Solari renunció sin mencionar palabra alguna por la salida de Cornejo, a su vez, alegó que, como institución, se debe garantizar la independencia editorial y que se debe priorizar la veracidad, imparcialidad y completa información que se transmite a la ciudadanía, ¿Eso se cumplió en su gestión?

“Cuando es nombrada Bettsy Chávez se percibe un intento del Gobierno de manejar el canal y por supuesto hay fricciones y oposiciones hasta que finalmente terminó saliendo al poco tiempo de que asumió el premierato, ya que mi nombramiento es de confianza”.

Joseph Dager para Sudaca

Carta de renuncia de Jesús Solari a la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

Este gobierno no solo quiere un trato amable, sino también, servil”, mencionó el expresidente del IRTP, Joseph Dager para Sudaca sobre las cuestionadas salidas de Carlos Cornejo y Francisco Belaunde que no fueron bien explicadas.

La nueva del IRTP

Ninoska Chandia es licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente es la sucesora de Jesús Solari en la presidencia del IRTP. “Es significativo que quien han puesto como nuevo presidente del IRTP es la persona que manejó prensa e imagen de Boluarte cuando era ministra en el Midis. Después ocupó la Secretaría de prensa en Palacio de Gobierno. El mensaje es terrible”, mencionó Dager sobre la nueva presidenta del IRTP que nos da la triste interpretación que el Gobierno está intentando colocar personal de su entera confianza que los beneficie a diestra y siniestra de la población.

Nombramiento de Ninoska Chandia a la presidencia del IRTP

Mira lo poco que ha durado Mónica Vargas como gerente de prensa. Ella que era la gerente de confianza o la gerente que propuso Solari y su cuerpo directivo”, cuestionó Carlos Cornejo. Y es que todas estas anomalías que no han tenido una justificación válida por el despido y el rechazo que varios trabajadores tienen dentro del IRTP, respondería a temas políticos e intereses personales del Ejecutivo por fortalecer su imagen

Pero, ¿Para qué el gobierno está interesado en manipular el IRTP?

Las críticas de Cornejo fueron por las disposiciones de Dina Boluarte por utilizar la represión para solucionar y terminar las manifestaciones en la capital. Esto ha sido criticado por la opinión pública e internacional. Sin embargo, los intentos del gobierno por callar a un sector de la población han sido en vano.

Para este miércoles 19 de julio se ha programado una masiva marcha que la han nombrado como la Segunda Toma de Lima. Recordemos que la última marcha que tuvo este nombre terminó con varias edificaciones del Centro Histórico de Lima destruidas y con una muerte por perdigón de bala proveniente de la Policía Nacional del Perú (PNP). No sería mera coincidencia que esta estrategia de manipular este medio de comunicación con el fin de fortalecer la imagen presidencial tenga como consecuencia un declive en el interés de la ciudadanía de participar en esta próxima marcha.

Mientras los esfuerzos del gobierno siguen adelante. Es importante ver las soluciones que deberían de darse para evitar toda esta problemática que vive el medio de comunicación del Estado:

El financiamiento del IRTP. “No podemos seguir con la figura de que el financiamiento depende de lo que le dé el MEF en el presupuesto, así como hace con otros organismos públicos”, mencionó Dager. Cree conveniente que para financiar a los medios estatales se debe utilizar la publicidad estatal. Las instituciones estatales podrán seguir publicitando en los medios privados, pero considera  que ninguno de los medios privados tiene el alcance y la llegada que tiene TV Perú.

“Queda plenamente justificado pensar que aquellas acciones que quiera el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial o cualquier entidad estatal que quiera que la población conozca tiene que pagar por su publicidad y no invadir la línea editorial, no que haga publi-reportajes, sino que pague publicidad y que esa publicidad le permita al canal sostenerse”, expresó el expresidente del IRTP.

Al cierre del informe, y en medio de la inestabilidad del IRTP, Joseph Dager recomienda que, para evitar nuevamente estas irregularidades, el Consejo Directivo del IRTP no debe ser elegido por el gobierno de turno, sino más bien, se debe de llevar a concurso público y con un tiempo determinado. Con esto, si es que un ministro o presidente culmina su periodo o es destituido, no afecta al IRTP ni a su mesa directiva.

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Rafael López Aliaga asumió este año la Alcaldía de Lima, y con él, llegaron diferentes personajes a las gerencias del municipio. Uno de ellos es Hernán Roberto Pérez Vélez que asumió, el 02 de enero del 2023, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima.

En Sudaca hablamos de este servidor público, ya que en los últimos informes que hemos tocado del sector ambiental hablamos de Innova Ambiental, la concesionaria más cuestionada de los últimos años por un tema de irregularidades que sacudieron las últimas gestiones municipales, entre ellas, la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Según las investigaciones que Sudaca ha dado seguimiento, en medio de la gestión de Castañeda se resolvió en diciembre del 2018 finalizar la concesión con la EX-RELIMA. Sin embargo, no se llegó a consolidar esta resolución, ya que eran las últimas semanas de la gestión de Castañeda Lossio en el municipio. Durante este tiempo, la empresa ha recibido 481 millones de soles por parte de la comuna, de acuerdo con la información de la Oficina de Tesorería de la entidad.

Ahora bien, ¿Qué tiene que ver Roberto Pérez Vélez en el caso Innova Ambiental?

El servidor público ha estado activamente tomando seguimiento de la problemática del Relleno Sanitario “El Zapallal”. Esto es uno de los problemas que movilizó a los vecinos de Lomas de Carabayllo por el cierre definitivo del relleno sanitario, ya que afectaba gravemente la salud de los residentes del distrito de Lima Norte.

Lo que llamaba la atención de los vecinos era que no tenían respuestas claras sobre este asunto. Y es que las acciones tomadas después de la clausura temporal y el cambio de zonificación del relleno no eran suficientes para acabar con esta problemática, y es que se requería que el MINAM rechace los múltiples pedidos de Innova Ambiental para que reconsidere el PAMA, que es su licenciamiento de funcionamiento; sin él, en la práctica, debería cesar funciones. Sin embargo, llama la atención que en los documentos enviados desde el Portal de Transparencia se conozca que el MINAM informaba a la MML que seguían evaluando la situación del PAMA; entonces, ¿Por qué la MML a través de Roberto Pérez no estaba informando constantemente a los dirigentes? Y es que los vecinos detallaron que ellos mismos tenían que solicitar o buscar la manera de encontrar información para saber cómo iba el proceso, ¿Falta de interés de Pérez Vélez?

Antes de las acciones de la MML para clausurar temporalmente el relleno sanitario, Roberto Pérez se reunió con los diferentes representantes de los AA. HH de Carabayllo para saber la problemática con el relleno sanitario.

Como hemos mencionado líneas arriba, este sería un interés que solo quedaría en palabras, ya que en medio de la lucha de cada uno de los representantes se evidenciaría que después de la disposición de la MML sobre la clausura temporal, diferentes personas y camiones ingresaban a las instalaciones del relleno sanitario administrado por Innova Ambiental, presuntamente pasando por encima de las medidas del burgomaestre López Aliaga.

Reunión de Roberto Pérez Vélez con los dirigentes y representantes de Lomas de Carabayllo tras el cambio de zonificación del Relleno Sanitario “El Zapallal”

El fin de semana había unas personas que estaban en el relleno y le hemos mandado las fotos inmediatamente para preguntarle, ¿de dónde son? El señor nunca respondió, dijo que iba a averiguar y que el día lunes iba a mandar a fiscalización para que vean; después de ello, nunca nos respondió. No sabemos quiénes son esas personas”, lamentaron los vecinos de Lomas de Carabayllo.

Mientras buscaban respuestas, Roberto Pérez solo informaba que la MML tomaría medidas contra esta problemática, sin embargo, al día de hoy, han tenido que seguir por cuenta propia su lucha y han tenido que levantarse en contra del Ministerio de Ambiente para que pueda rechazar el PAMA de Innova Ambiental.

En conversaciones con los dirigentes de Lomas de Carabayllo se mostraron preocupados por el desinterés del servidor público. “Queremos saber que dice referente al tema (apelación de Innova Ambiental), si es que va ir o no a las reuniones programadas por el MINAM porque con ese señor no se sabe honestamente las cosas”, mencionaron.

La cronología de Innova Ambiental y Roberto Pérez, ¿Mera coincidencia?

Sudaca pudo acceder ante el Portal de Transparencia a la hoja de vida del servidor público y, con ello, trae diferentes consultas sobre la participación de Roberto Pérez Vélez en la MML.

Su historial laboral con la MML empieza en 2003 cuando asume por primera vez la Gerencia de Servicios a la Ciudad durante el periodo de Luis Castañeda Lossio. En medio de la gerencia de Pérez, en 2005, fue la renovación de contrato de Innova Ambiental con la Municipalidad de Lima.

En los informes de Sudaca hablamos sobre una incomprensible extensión del contrato de Innova Ambiental que terminó en 2015, pero que mediante adendas de 120 días se ha perpetuado desde 1995 hasta el día de hoy como concesionario por plazo indefinido del servicio de limpieza pública. Mientras se ampliaba este contrato, Roberto Pérez seguía en la Gerencia de Servicios de la Ciudad hasta 2018.

Es en ese último año donde Pérez Vélez seguiría asumiendo un cargo de suma importancia en la Municipalidad de Lima, ya que estuvo en dicho cargo hasta diciembre del 2018 donde también era Miembro del Directorio del Instituto Metropolitano de Planificación.

Tras la salida de Castañeda Lossio y la nueva gestión de Acción Popular con Jorge Muñoz; el exgerente saldría del enfoque de la Municipalidad de Lima, pero se iría al programa del Gobierno Regional de Lima y asumirá la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Después de cuatro años y con la ascensión de López Aliaga y su partido Renovación Popular (que valga la aclaración, fue el ex-Solidaridad Nacional de Castañeda Lossio) es donde volvería asumir la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima y donde tomaría nuevamente atención del caso de Innova Ambiental.

Los intereses de Pérez Vélez. “Comenta cuando necesita algo de nosotros más no cuando debe hacerlo por necesidad propia”, mencionaron los dirigentes de Lomas de Carabayllo sobre la situación actual del Relleno Sanitario “El Zapallal” y el desinterés del gerente de López Aliaga. ¿Dónde está la promesa del concurso internacional que tanto se prometió? ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que Innova Ambiental deje de funcionar en Lima?

Al cierre de este informe, los vecinos buscan acciones de sus autoridades, pero sobre todo de Roberto Pérez Vélez que está “comprometido” por solucionar esta problemática, sin embargo, son promesas y discursos que se los lleva el viento.

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Fue una obra que costó más de ocho millones de soles y, a medio año de su inauguración, las autoridades siguen sin darle uso. Sudaca ha conocido el extraño caso que se vive en el distrito de Vista Alegre con un moderno relleno sanitario al que las autoridades siguen sin darle uso mientras la quema de basura en los botaderos sigue perjudicando la salud de los vecinos.

Durante los últimos años, el manejo de residuos se ha convertido en un tema clave para el desarrollo de ciudades en todo el mundo. Los avances científicos así como la concientización con respecto al cuidado del medio ambiente han puesto a la población mucho más alerta con respecto al impacto que un mal manejo de la basura puede tener en el cuidado ambiental a largo plazo y en el corto en la salud de las personas por la contaminación inmediata. Perú no está al margen de este problema y, especialmente, al tener en cuenta lo común que se han vuelto prácticas como la quema de basura la necesidad de soluciones alternativas se han convertido en una urgencia.

Entre estas posibles soluciones, una de las que se vienen implementando en el país es el uso de rellenos sanitarios. En estos espacios se pueden depositar los residuos sólidos después de haber recibido un tratamiento para evitar la degradación del suelo así como una posible contaminación de fuentes de agua cercanas y a ello se le suma que sus costos de operación son bajos. Hasta enero del 2023, el Ministerio del Ambiente señalaba que existían cincuenta y ocho rellenos sanitarios en el territorio nacional. Sin embargo, no todos está siendo utilizados de la mejor manera.

ALGO HUELE MAL

El distrito de Vista Alegre, uno de los cinco que conforman la provincia de Nasca, recibió a inicios del 2022 una noticia que representaba una considerable mejora para la calidad de vida de los habitantes de esta zona. Más precisamente en el mes de febrero, el comité de selección de la Municipalidad Provincial de Nasca adjudicó la buena pro para la obra denominada “Mejoramiento ampliación de la gestión integral de residuos sólidos y disposición final en Vista Alegre”.

Con la ejecución de esta obra, los vecinos de Vista Alegre veían con esperanza el final de las épocas en que la quema de basura en los botaderos informales dejarían de ser un problema que afectaba la calidad del aire que respiraban a diario. Como se observan en las imágenes, esta práctica se llevaba a cabo en largas extensiones de terrenos y perjudicaba seriamente a quienes vivían en Vista Alegre.

UN ADORNO DE OCHO MILLONES

No obstante, más de un año después, la situación no ha cambiado para los habitantes de Vista Alegre. Pero, a diferencia de otros casos, en esta oportunidad el problema no ha sido las demoras en la ejecución de la tan esperada obra sino la extraña negativa por parte de las autoridades de la zona para darle uso inmediato.

Acorde a las imágenes publicadas en el sitio web de la propia Municipalidad Provincial de Nasca, este relleno sanitario fue inaugurado en diciembre del año pasado en un evento del que fue parte el entonces alcalde Óscar Lucana. Durante esta inauguración, se anunció que el funcionamiento de este relleno sanitario contaría con el respaldo del Ministerio del Ambiente y, lo más importante, que esta obra supondría el fin del uso del botadero municipal.

Sin embargo, hasta el actual mes de julio esta obra que tuvo un costo que supera los ocho millones de soles (S/8,618,304.00) sigue sin entrar en funcionamiento y la contaminación generada por el botadero municipal sigue contaminando y perjudicando la vida de los vecinos de Vista Alegre sin que exista por lo menos una fecha tentativa para el final de este padecimiento.

Alberto Calle es uno de los vecinos de Vista Alegre preocupados por esta situación y, en los primeros días de este mes, envió una carta al alcalde de Vista Alegre, Roger Sarmiento, con el propósito de obtener información sobre el tan ansiado relleno sanitario. Aunque, hasta la fecha, no ha obtenido ninguna respuesta.

A  nivel nacional, los problemas ocasionados por la contaminación siguen dejando graves secuelas en la salud de miles de peruanos. Pero casos como el que se viene observando en Vista Alegre están cƒrausando especial indignación al contar con una solución que no solo fue pagada sino que hasta se inauguró pero hasta la fecha es tan solo un adorno de más de ocho millones de soles del cual no se saca provecho.

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El 19 de julio de 1977, cuando la llamada segunda fase del gobierno militar había llegado a un punto en el cual ni los trabajadores ni los estudiantes ni los empresarios daban un centavo por su futuro, los gremios sindicales y las federaciones universitarias convocaron a un paro nacional que hasta hoy, cuarenta y seis años después, no ha sido igualado. Luego del exitosísimo paro, los asesores del régimen militar recomendaron a los miembros de la junta militar que gobernaría el país hasta el 28 de julio de 1980 que convocara a una asamblea para elaborar una nueva constitución y decretara una serie de leyes que sembraran ciertas esperanzas en la golpeada clase trabajadora. Así, el 30 de junio de 1979 -hace 44 largos años-, el Gobierno Revolucionario decreta que, con la finalidad de hacer realidad el sueño de la casa propia para los trabajadores, convoca a los empleadores, a los constructores, a los fabricantes de fierro y cemento y a los propios trabajadores a financiar esa “obra cumbre” del militarismo. Como los medios de comunicación estaban en manos de los propios militares, los aplausos resonaron por meses; y siguieron sonando hasta que otros regímenes y otras urgencias echaran manos (que se sobaban entre sí de tanto gusto) a los fondos del Fondo Nacional de Vivienda, dejándolo seco, como los desiertos costeños en plena sequía.

Los herederos de los fonavistas que fallecieron podrán recibir lo que sus familiares tenían derecho a cobrar.

Preguntémosles, pues a los fonavistas de hoy qué fue de su dinero, por qué los gobiernos sucesivos no han querido devolverles sus aportes y, sobre todo, por qué el ministro Carlos Boloña y los demás creadores de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no pudieron convertir los papeles del Fondo Nacional de Vivienda en un sistema como el de las AFP. Y, para coronar la expoliación, que alguien nos explique por qué el actual Tribunal Constitucional exoneró al Estado de reconocer el monto de sus aportes en la masa monetaria que la ley obliga a devolver. Además, por cierto, que algún tecnócrata iluminado nos explique por qué los aportes de los empleadores se evaporaron, se esfumó, desapareció.

El abogado Raúl Canelo, uno de los procesalistas más destacados del país fue durante mucho tiempo el asesor legal de los cientos de miles de trabajadores que fueron obligados por ley a depositar mes a mes durante 19 largos años un porcentaje de sus haberes para que, según la ley de creación del Fondo Nacional de Vivienda, el Estado los ayudara a construir sus casas. Cuando el periodo de vigencia de la ley concluyó, los sucesivos gobiernos del Estado peruano se ‘hicieron los locos’ con los miles de millones del Fondo. Cuando los fonavistas chocaron una y otra vez con la negativa del Estado, acudieron al estudio jurídico de Raúl Canelo, y él los ayudó a buscar un camino hacia la consecución de la ansiada devolución.

Aquí, narrada por el propio Raúl Canelo, la historia de la lucha de los fonavistas contra la burocracia dorada del Ministerio de Economía.

¿Por qué el Estado no cumple con el pago a los fonavistas?

No hay ni ha habido voluntad política verdadera de los diversos gobiernos por devolver un derecho de propiedad a quienes, por más de 19 años, aportaron a un fondo que les prometió una vivienda propia, y, tampoco, a los empleadores, quienes aportaron para sus empleados, porque esos aportes eran también parte del concepto remunerativo. Recapitulemos, el Tribunal Constitucional ha dicho ya en varias oportunidades que esos aportes constituyen un derecho de propiedad, que cada quien había colocado su dinero en una cuenta personal en estricto; y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional decidió en su momento que esas aportaciones no eran tributos, en consecuencia el Estado administraba un recurso que no le pertenecía porque era propiedad de una persona, de un trabajador, y, por extensión, de millones de trabajadores que aportaban al Fonavi. Y, cuando se disuelve el Fondo, el remanente de ese Fondo   tenía que devolverse a las personas propietarias del Fondo. Ese es un razonamiento simple y elemental y que corresponde a un estado de derecho, donde, mínimamente, se respeta el derecho de propiedad. Eso se decidió, aproximadamente, en el año 2007; en el año 2010 se llevó a cabo un referéndum -pese a la oposición del señor Alan García- que fue aprobado mayoritariamente por los peruanos: el Estado debería devolver los dineros (retenidos) del Fondo. A partir de ahí, se ha vivido una época tormentosa, porque el Congreso promulga la Ley de Devolución y el Ministerio de Economía, a través de articulaciones maliciosas, que yo calificaría como delictivas, viene haciendo correr el tiempo y dilatando el momento de la devolución. Lo hace mediante distintas normas, diversos decretos y, sobre todo, utilizando a la comisión ad hoc creada por la Ley de Devolución, en la cual tiene la mayoría de los miembros, utilizándolos para impedir, para evitar, para imposibilitar la devolución. Para eso, el Ministerio de Economía ha organizado una burocracia con una llamada Secretaría Técnica dizque para la devolución, pero lo que todos los fonavistas sabemos es que lo único que han hecho es colocar a funcionarios con grandes sueldos pagados con nuestros recursos, que, además, están ahí desde 2010-2012 y no han devuelto lo que corresponde a cada uno de los aportantes. Están en unas planillas doradas ilegales y a lo único a lo que se dedican es a obstruir y a evitar la devolución.

Durante el gobierno de Ollanta Humala y ante la presión de los fonavistas, el Ministerio de Economía decidió hacer una devolución, pero no en función a lo que le correspondía a cada quien de acuerdo a sus aportes, sino que se inventaron una fórmula para devolver 1,200 soles por persona: una cantidad realmente absurda y abusiva. Ante esa situación, el Congreso promulgó en 2021 la Ley 31173, la cual hace algunas precisiones y dice que tiene que devolverse el monto actualizado, que tiene que devolverse el total de lo aportado: lo que el Estado les retuvo mes a mes durante 19 años a los trabajadores y a los empleadores de estos. Todo eso se dijo en la mencionada ley; y todo lo demás que dijo la ley debe ser cumplido, por lo que la comisión debería ser presidida por un miembro de la Federación de Fonavistas, que es la promotora de esta devolución. El Ministerio de Economía del breve encargo presidencial de Sagasti también incumplió esa ley. Es más, el ministro de ese entonces inició una acción de inconstitucionalidad contra la ley promulgada por el Congreso y, en el colmo de los colmos, le mintió al país y dejó en ridículo a los economistas peruanos, sosteniendo que el monto de la devolución del Fondo equivalía a diez veces el Producto Bruto Interno de la China. Un mentiroso, un economista de la Católica que miente, un profesor de la Pacífico que se burla de los fonavistas, de sus hijos, de sus nietos, y, sobre todo, de los deudos de los fonavistas muertos en la larga espera.

Hay que ser muy claros en decir que el actual Tribunal Constitucional ha cercenado el derecho de los trabajadores a su dinero, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 31173, sosteniendo que el dinero aportado por el empleador para su empleado no existe. Entonces, yo me pregunto: ¿de quién es ese dinero aportado por los empleadores? Un comunicador, probablemente a órdenes del MEF, ha dicho que ese dinero fue usado para poner agua y luz en los pueblos jóvenes. Y qué, cuál fue el beneficio de esos pobladores si hasta hoy siguen pagando en sus recibos de luz el Fonavi. Todo es cuento, triquiñuelas del Ministerio de Economía, como cuando citan a sesión de la Comisión. Basta que no vaya un burócrata dorado para que automáticamente se vayan todos los demás, porque no pueden perder la mayoría. Triquiñuelas.

A todo esto, vale preguntar: ¿Señores, en el Perú se respeta el derecho de propiedad o este puede confiscarse sin pagar el justiprecio?

Dígame doctor Canelo, ¿por qué los ahorros pensionarios públicos pudieron transformarse, vía las AFP, en cuentas individuales y bonificadas y los ahorros para las viviendas, vía la Ley del Fondo Nacional de Vivienda de 1979, que tenía las mismas características no recibieron el visto bueno del Estado?

Fue una decisión política, cuyo único propósito era apropiarse de los recursos de la masa trabajadora. Pero como es una propiedad, tan igual a la que tienen las personas que son dueñas de los bancos, uno debe exigir el respeto inalienable a su derecho de propiedad: un trabajador que aportó a un fondo tiene su derecho de propiedad intacto, y el Estado no tiene pretexto alguno para no devolver ese aporte. No hay derecho que ampare al Estado contra el aportante, sobre todo si este es un jubilado. No existe ningún derecho que autorice al Estado a no devolver el aporte del trabajador, incluyendo, por cierto, el aporte íntegro del empleador.

Ahora volvamos al inicio de su pregunta. En los primeros años de los noventa, se creó el sistema de las administradoras de fondos de pensiones porque las entidades financieras necesitaban dinero fresco para iniciar sus actividades en el rubro pensionario, y, qué mejor opción que recibir el dinero de millones de trabajadores sin costo alguno, solo con la promesa de devolverles una cifra equis en el futuro. Además, por cierto, de recibir -antes de iniciar el proceso jubilatorio- un bono de reconocimiento de todo el dinero que el Estado nunca depositó en las cuentas individuales de los trabajadores inscritos en el sistema público de pensiones.

El gobierno de Alberto Fujimori, que fue el creador sistema pensionario privado, lo que hizo fue permitir que funcione el sistema con el dinero que el Estado había recibido de los trabajadores a lo largo del tiempo. Pero, como en el caso del Fonavi muchas empresas no habían abonado los montos que ellas debían aportar y sólo tenían disponibles las retenciones a los trabajadores, hubo y habrá muchísima resistencia a constituir un sistema de construcción de viviendas sociales o, en su defecto, devolver todos los montos contemplados en la ley creada por Francisco Morales Bermúdez en 1979.

Y si alguien quiere pasarse de listo y decir ‘no te devuelvo porque no hay plata’, le pregunto: ¿con qué dinero se hizo Mi Vivienda, con qué dinero se hizo Techo Propio? Escúchenme, en construcciones hechas por Sedapal hay 3 mil millones de soles de los fonavistas. Más aún, ¿con qué dinero se iba a beneficiar la desarrolladora inmobiliaria Sada Goray? Todos esos intereses están detrás del bloqueo a la devolución de los aportes a los fonavistas.

¿Cuántos miles de millones de soles calcula usted que el Estado ha expoliado a los fonavistas?

Hace una buena cantidad de años, cuando los fonavistas eran 5 millones, calculamos que esa cifra llegaba, aproximadamente, 40 mil millones de soles. Ahora, pese a que la ley de devolución dice que los montos aportados son heredables, parece que la maldad de los burócratas dorados apunta a que cada día mueran más y más fonavistas para hacerles la vida imposible a sus herederos cuando la justicia triunfe sobre la maldad.

 Información necesaria

Durante los días en los cuales estructúranos este informe, llamamos a la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc. Recién al cierre, la señorita Gisella Pacheco nos informó que el señor Mauricio Gonzáles Ángulo estaba impedido por la Ley a adelantar opiniones a la prensa.

Los últimos hechos en el drama de Fonavi

En abril de 2021, se aprobó la Ley 31173 que disponía la devolución inmediata de los aportes realizados por los fonavistas, quienes vieron la posibilidad de enfrentar con ese ingreso los problemas derivados de la pandemia. Sin embargo, poco después el Ejecutivo observó la ley y presentó una demanda contra ella en el Tribunal Constitucional.

En abril de 2022, el Congreso corrigió las observaciones y, posteriormente, aprobó la Ley 31454, garantizando así los pagos a los aportantes.

En marzo de este 2023, el Tribunal Constitucional en un fallo cuestionado por los fonavistas y por los mayores conocedores de la mayor mezquindad oficial contra quienes aportaron hasta por 228 meses un diez por ciento de sus haberes para obtener una casa propia, decidió que el Estado devuelva solamente los montos aportados por los empleados, más no así los aportados por los empleadores, reduciendo la deuda estatal de 42,000 millones de soles a 6,000 millones de soles. Además, el Ministerio de Economía para dilatar más la devolución, Indica que la ley aprobada sólo permite la emisión de certificados de reconocimiento por el monto total, y no por partes. Entonces, el Congreso corrige ese ‘detalle’ y el 21 de junio pasado aprueba la autógrafa del proyecto de ley 4702 que autoriza la devolución en pagos parciales, lo que no impide que luego se acrediten nuevos pagos hasta completar el íntegro de la deuda estatal reconocida.

Según datos de los miembros de la comisión ad hoc creada por el Estado, en el momento existen únicamente 2,000 millones de los 6,000 millones reconocidos después del fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, sólo un tercio de la séptima parte del dinero recibido por el Estado entre 1979 y 1998.

Hay varias palabras en el idioma castellano para describir ese hecho, yo me quedo con una sola frase: es el robo más grande contra el trabajador peruano en la historia republicana.

A manera de epílogo.

Cuando Carlos Boloña fue ministro de Economía y Finanzas, entre 1991 y 1993, los técnicos del sector idearon dos sistemas -que los comentaristas de la época bautizaron como ‘los siameses’- para proteger las pensiones de los trabajadores, el primero, y para devolverles los aportes de esos mismos trabajadores a un fondo de vivienda creado en las postrimerías del gobierno militar por el general Morales Bermúdez. El primero de esos sistemas se creó y consolidó a “imagen y semejanza” de las asociaciones de fondos previsionales chilenas. El segundo, como ha explicado el abogado Raúl Canelo fue boicoteado por diferentes sectores y por diversas razones, siendo los montos aportados en uno y otro caso de la misma envergadura, toda vez que el porcentaje afectado en ambos fondos era casi el mismo. Tan enigmática como la verdad de la existencia de la famosa Página 11, que acabó con el primer belaundismo, la razón final de la destrucción de la posibilidad de darle casa a cada trabajador formal es un misterio sin resolver.

Salvo error u omisión.

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Congreso, FONAVI, MEF

Movistar es, sin lugar a dudas, la empresa de telecomunicaciones que más ha crecido en su rubro desde su llegada a Perú. Sin embargo, esta posición dominante en los mercados de telefonía celular, internet y televisión por cable no siempre ha ido acompañada de las mejores opiniones por parte de sus clientes.

Por el contrario, Movistar empezó a registrar un sinnúmero de problemas que dejaban a sus usuarios insatisfechos y, además, con la sensación de ser ignorados por esta empresa. En febrero de este año, Sudaca advirtió, en el informe titulado «MOVISTAR, ¿UN LABERINTO SIN SALIDA?», sobre las constantes falencias del servicio de Movistar que también iban acompañadas de un sinnúmero de obstáculos con los que debían lidiar sus usuarios para que Movistar los escuche y les ofrezca una solución.

Estos problemas no tardaron en verse reflejados en multas económicas. Por ello, bajo el concepto de «cometer diversas infracciones a las normas legales y obligaciones contractuales, aplicadas a empresas operadoras del sector», el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) registra a Movistar como la empresa que más multas recibió durante los últimos cinco años y esto los ha llevado a acumular sanciones que superan los 157 millones de soles.

No obstante, pese a este historial, Movistar sigue bajo la mirada crítica de sus clientes y durante las últimas semanas un gran número de usuarios ha manifestado su molestia por los inesperados aumentos de tarifas que la empresa de telecomunicaciones ha anunciado.

AUMENTO SIN AVISO

Jesús Carrasco es uno de estos usuarios que han observado con asombro e indignación cómo en los últimos meses su recibo mensual aumentaba sin que exista una explicación que lo justifique. «Inicialmente adquirí un plan de treinta o cincuenta soles que luego llegó a subir hasta cien. Pero, como ya no usaba mucho las llamadas, fui bajando hasta pedir un plan de cuarenta soles el año pasado», relata el cliente.

Sin embargo, el objetivo de Jesús al buscar un plan que se ajuste a sus necesidades y no signifique un gasto innecesario se terminaba viendo perjudicado debido a las sorpresas que Movistar le tenía preparadas a la hora de pagar sus recibos. «Cambiar de plan era una decisión motivada porque cada año me subían cinco soles la tarifa. Por ejemplo, en el 2019 me bajé el plan a setenta y cinco y después, cada seis meses, me subían cinco soles y terminé pagando casi noventa soles», cuenta Carrasco.

Ante estos aumentos, Jesús optó por bajar su plan a cuarenta soles en diciembre del año pasado. Aunque agrega que Movistar hizo que el trámite sea lo más complejo posible. «En la central telefónica te van aburriendo. Cuando por fin una persona me atendió me hizo como veinte preguntas sobre el porqué quería cambiar mi plan», cuenta.

Tras esquivar los intentos de Movistar por persuadirlo para que cambie su plan, Jesús Carrasco logró que acepten su reducción a un plan de cuarenta soles que, según lo señalado por Movistar, se vería reflejado en su recibo dos meses después. Sin embargo, a los pocos meses se llevaría una sorpresa. «Recién en febrero comencé a pagar cuarenta soles y ahora resulta que hace dos meses me subieron a cuarenta y cinco soles y este mes ya eran cuarenta y nueve soles», explica Jesús y agrega que, además de no haber sido avisado con anticipación, estos aumentos no vienen acompañados de mejoras en el servicio.

Jesús relató a Sudaca que estos aumentos también han ocurrido con el plan de Movistar que paga para la casa de su madre. «Ahí sí he recibido un correo avisando que están subiendo diez soles a la cuenta», agrega Carrasco. Sin embargo, aunque en este correo se hace mención a planes alternativos que podría adquirir, en el documento adjunto le señalan que no cuentan con planes tarifarios de menor renta.

Pero el problema de Jesús con Movistar está lejos de ser un caso aislado y así lo han demostrado un sinnúmero de publicaciones de otros usuarios de dicha empresa en redes sociales durante las últimas semanas en las que reclaman que han sufrido aumentos en sus tarifas.

 

Incluso el teléfono de quien realiza este informe periodístico ha recibido, durante el pasado mes de junio, uno de estos mensajes anunciando un aumento de cinco soles en la tarifa que se aplicaría desde ese mismo mes.

No obstante, la práctica de los aumentos unilaterales no sólo se han reportado en Movistar. Sudaca conversó con Francisco Pérez, cliente de Claro desde hace un año, quien ha manifestado que este operador también le anunció que su tarifa aumentará. «Tengo un servicio contratado por S/ 74.90 y por un tema de trabajo necesito la cantidad de gigas que ellos ofrecen. Pero me llegó un correo hace unas semanas diciendo que por la situación económica iban a hacer un incremento de cinco soles en el monto desde el próximo mes», relata este usuario.

Pérez García agrega que Claro le mencionó, junto con el anuncio del aumento de tarifa, la posibilidad de cambiar de operador. Pero para Francisco esto no es una opción debido a que viene de haber contratado otros operadores que han hecho lo mismo. «Difícil cambiar de operador cuando todos están cayendo en lo mismo», señaló y agrega que «puede parecer ridículo, pero cinco soles mensuales en un presupuesto familiar es complicado».

UN PROBLEMA PARA OSIPTEL E INDECOPI

Sudaca conversó con el abogado Martín Cuellar, quien es especialista en defensa del consumidor, para conocer las alternativas que los usuarios tienen ante estos inesperados aumentos de tarifa por parte de las empresas de telecomunicaciones. «Las empresas de telecomunicaciones tienen el derecho de aumentar una tarifa siempre y cuando eso esté estipulado en el contrato y eso vaya amarrado a una obligación que es la de comunicarle previamente que se va a proceder a aumentar la tarifa. Esta comunicación tiene que hacerse con anticipación a la aplicación de la nueva tarifa», señala Cuellar.

El abogado explica que estos aumentos no se pueden realizar sin el consentimiento del cliente y que no pedirlo ni hacerlo con anticipación significaría que estas empresas están «vulnerando al derecho del usuario de tener la información suficiente y oportuna» y agrega que tanto Osiptel como Indecopi tienen la capacidad de intervenir y hasta sancionar las prácticas que sus clientes tanto han criticado.

Mientras se espera por un pronunciamiento de Osiptel o Indecopi, los usuarios alegan sentirse desprotegidos ante aumentos inesperados que se anuncian a pocas semanas de la fecha límite para pagar el recibo mensual y ofrecen pocas alternativas para quienes intentan cuidar su economía.

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