Informes

A más de un año de su paralización, el proyecto de protección ante inundaciones y movimientos de masa en la quebrada Huaycoloro —una de las zonas más vulnerables de Lima Este— sigue sin avances. La obra, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), debía ejecutarse en seis tramos a lo largo de cinco distritos, pero hasta la fecha solo registra un 6,5% de avance físico, según un informe reciente de la Contraloría General de la República.

La quebrada Huaycoloro ha sido históricamente una amenaza constante para la población de San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, El Agustino, Santa Anita y Ate. Cada temporada de lluvias, el cauce se desborda y arrastra viviendas precarias construidas en sus márgenes. El proyecto, valorizado en más de 94 millones de soles, tenía como objetivo mitigar estos riesgos mediante defensas ribereñas, encauzamientos y otras obras de ingeniería. Sin embargo, su ejecución ha estado marcada por demoras, deficiencias técnicas y una escasa capacidad de respuesta institucional.

Benjamín Zevallos 

Señalización presentada por la Contraloría General

Un hito de control publicado el 4 de abril por la Contraloría advierte que los retrasos en la ejecución podrían agravar las consecuencias de los fenómenos climatológicos extremos asociados al Fenómeno El Niño. Además, señala que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no emitió las autorizaciones correspondientes a tiempo y que el expediente técnico presenta observaciones no levantadas, lo que afecta la viabilidad del proyecto.

A pesar de que la obra fue adjudicada en marzo de 2023 al Consorcio Huaycoloro —integrado por dos empresas con historial en obras públicas—, los trabajos no llegaron a consolidarse en ninguno de los tramos previstos. El contrato fue resuelto por mutuo acuerdo en diciembre del mismo año, sin que se hayan definido nuevas fechas para retomar la ejecución. Mientras tanto, más de 100 mil personas siguen expuestas a posibles deslizamientos y desbordes.

Los vecinos de las zonas colindantes expresan su frustración. “Cada año es lo mismo. Llega el verano y todos tenemos miedo de que el huaico se lleve nuestras casas”, dice Clara Rodríguez, vecina de Cajamarquilla, uno de los sectores más golpeados en temporadas de lluvias. “Nos prometieron defensas, pero no hay ni un saco de arena”, agrega.

La situación evidencia una falla estructural en la planificación y ejecución de proyectos de prevención de riesgos. En su informe, la Contraloría también señala que el Midagri no presentó una estrategia adecuada para garantizar la continuidad del proyecto ni tomó acciones inmediatas para reiniciar la obra tras la resolución contractual.

En un contexto donde los efectos del cambio climático intensifican los fenómenos naturales, la demora en obras de prevención no solo refleja ineficiencia administrativa, sino que pone en peligro vidas humanas. Por ahora, el cauce de la quebrada Huaycoloro sigue expuesto, y con él, miles de familias que esperan respuestas concretas antes de la próxima temporada de lluvias.

Presupuesto duplicado y ejecución financiera

El costo inicial viable del proyecto fue de S/ 320 millones. Sin embargo, este monto fue actualizado a S/ 586 millones, de los cuales ya se han girado S/ 545 millones, según datos del Banco de Inversiones (Invierte.pe) y el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas al 22 de noviembre de 2024.

El incremento del presupuesto se explica por un mayor costo en la construcción de muros de concreto en la parte baja de la quebrada, así como por el aumento de gastos en el expediente técnico y la gestión del proyecto.

De manera desagregada, la valorización acumulada del contrato —sin considerar IGV ni penalidades— asciende a más de S/ 458 millones, mientras que el total abonado al contratista, sumando adelantos, supera los S/ 527 millones.

Supervisión y cambios en la administración del contrato

El proyecto cuenta con servicios de supervisión en calidad, seguridad y medio ambiente (SSOMA), a cargo de la empresa TAKESHI S.A.C., contratada inicialmente por la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios) y posteriormente transferida a la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) mediante adenda al contrato suscrita en diciembre de 2023.

El servicio de TAKESHI contempla acompañamiento durante 18 meses de obra y 12 meses para la subsanación de defectos. Su inicio fue el 15 de agosto de 2023.

Fechas clave y penalidades

El proyecto ha enfrentado modificaciones en las fechas contractuales. Por ejemplo, el hito de aceptación del diseño final, previsto para mayo de 2023, se alcanzó con una semana de retraso, generando una penalidad de S/ 82 mil.

La fecha clave para la culminación de obras, inicialmente prevista para octubre de 2024, fue reprogramada al 10 de enero de 2025, como resultado del Evento Compensable (EC) N.º 14, derivado de demoras en el trámite de inscripción registral de predios afectados.

Eventos compensables y controversias

Durante la ejecución del contrato, el contratista notificó 72 Eventos Compensables. De estos, 49 fueron aceptados, 18 rechazados y 5 se encuentran en evaluación. Además, se han presentado cuatro Sumisiones Formales al Dispute Adjudication Board (DAB), de las cuales tres ya han sido resueltas.

El contrato NEC3 permite la aplicación de penalidades por incumplimiento de fechas clave. Estas pueden ser deducidas directamente de órdenes de pago, del fondo de garantía o cualquier otra garantía vigente.

Al cierre del informe (noviembre de 2024), solo los paquetes 4.1A y 4.1B habían sido concluidos, mientras que el paquete 1 no contaba con confirmación para su inicio debido a problemas de expropiación y acceso, por lo que se evalúa su exclusión del contrato.

Mientras señalaban que la razón por la cual no podían combatir la delincuencia era la falta de dinero y recibían un aumento de presupuesto, el Ministerio del Interior destinó varios miles de soles para contratar a un numeroso grupo de personas para que manejen sus redes sociales.

Para el mes de septiembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ingresaba al Congreso con la tarea de sustentar el aumento de presupuesto para su ministerio en 2025. En aquella oportunidad, Santiváñez recibió el respaldo de los parlamentarios que escucharon sus planes para los más de doce mil millones de soles que tendría a su disposición y que representaban un incremento de más del 8% con respecto al presupuesto del 2024.

En los primeros meses del 2025, los planes para combatir la delincuencia no parecían estar dando los resultados que el ministro había prometido durante su exposición ante el Legislativo. Sin embargo, quienes todavía defendían la labor del ministro Santiváñez, como era el caso del alcalde Rafael López Aliaga, señalaban que la razón por la cual no se veían resultados positivos en la lucha contra la criminalidad era la falta de dinero.

Sudaca revisó el uso que el Ministerio del Interior le ha dado al presupuesto recibido y se ha podido encontrar una larga lista de gastos que, hasta para el menos conocedor del manejo de ministerios, estarían representando lo que se podría calificar como gastos innecesarios y un despilfarro del dinero que les asignaron.

VIVIR PARA LAS REDES

El uso de las redes sociales para mostrar una vida idealizada aunque irreal es un fenómeno que se ha vuelto común entre adolescentes y jóvenes durante la última década. No obstante, también parece que se ha vuelto una costumbre en el Ministerio del Interior y, en este caso, está teniendo un costo económico bastante alto.

El ministerio encargado de velar por la seguridad de los peruanos, tarea en la cual viene fracasando de forma rotunda, inició el 2025 destinando dieciocho mil soles para la edición del contenido que publican en redes sociales en una orden de servicio a nombre de  Jossé Jesús Alvarado Maguiña, quien en 2024 también había recibido veinte mil soles por este trabajo.

Cristian Rebosio

Dieciocho mil soles puede parecer una suma más que suficiente para el contenido en redes sociales de un ministerio. Pero en el Ministerio del Interior parece que con eso no alcanza. Por ello, este año le pagaron a Christopher Ríos Chinga quince mil soles por el servicio de gestor de contenidos para las redes sociales. Por este trabajo, el monto acumulado entre este año y el anterior supera los cincuenta mil soles.

Los influencers del Ministerio del Interior

DONDE TRABAJAN DOS, TRABAJAN TRES

Pagar estos salarios de dieciocho mil y quince mil soles en el mes de enero a más de uno le parecería un gasto muy elevado si se tiene en cuenta que el Ministerio del Interior venía perdiendo la lucha contra la delincuencia y, por lo tanto, no había logros para presumir. Sin embargo, la gestión de Santiváñez no tuvo mejor idea que contratar a una tercera persona para las redes sociales.

También en el mes de enero de este año, el Ministerio del Interior contrató a Christian Andrés Domínguez Samames por un sueldo de más de dieciséis mil soles para que se encargue de ser el editor de productos comunicacionales para las redes sociales. Entre 2024 y 2025, Domínguez recibió S/ 49,500 soles por esta labor.

Cristian Rebosio

Increíblemente, mientras miles de peruanos emprendedores se veían obligados a pagar elevados montos a bandas de extorsionadores y otros incluso debían cerrar sus negocios a cambio de preservar sus vidas, el ministerio encabezado por Juan José Santiváñez invertía doce mil soles por un servicio de creador de contenido. 

Annete Gabriela León Cárdenas se convertía en la cuarta persona contratada por el Ministerio del Interior para dedicarse a las redes sociales. La suma de los montos que recibió por este trabajo entre enero de este año y los últimos meses del 2024 acumulan un total de treinta mil soles.

Cristian Rebosio

En este equipo dedicado a las redes sociales figura un quinto nombre. Chris Brian Edwin Cielo Lara venía siendo el encargado desde 2021 de elaborar campañas y estrategias para las redes sociales de este ministerio así como para análisis de estas redes sociales. El monto destinado a esta tarea tan sólo en 2025 alcanza los veintiún mil soles y el año pasado superó los ochenta mil soles. 

Cristian Rebosio

Esta inversión, además de parecer inoportuna y excesivamente costosa, no estaría dando los resultados que se esperaban. En la cuenta de Tiktok del Ministerio del Interior se puede observar que son muchos los videos que ni alcanzan las diez mil visualizaciones.

Cristian Rebosio

LOS TEMAS QUE IMPORTAN

En contraste, para puestos mucho más relevantes en la lucha contra la delincuencia, el Ministerio del Interior parece no poner demasiado esfuerzo al momento de seleccionar personal. Un ejemplo de ello se pudo ver en las últimas semanas cuando se anunció que el nuevo integrante del equipo técnico del ministerio sería José Luis Gil Becerra, un exintegrante del GEIN que en redes sociales se muestra como un fiel creyente de diversas teorías conspirativas.

Cristian Rebosio

Pero, además, Gil Becerra fue sancionado en 2023 por haber aprovechado su cargo en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior para que su esposa e hijo tengan chofer y seguridad a su disposición. 

Cristian Rebosio

A ello se le suma que, a inicios de este mes, Sudaca publicó el informe titulado EL GOBIERNO DE LA VANIDAD en el cual se detallaban los contratos por más setecientos mil soles que la propia Presidencia del Consejo de Ministros había asumido durante los últimos meses por servicios de retoques de fotografías y manejo de redes sociales.

El Ministerio del Interior parece haber seguido esa misma política que prioriza la inversión en redes sociales en lo que se podría considerar un desesperado intento por fabricar y difundir en estas plataformas una realidad alterna en la cual sí están ganando la batalla contra la delincuencia, aunque lo cierto que es que cada día son más los sectores afectados por esta crisis mientras en algunos ministerios lucen más preocupados en convertirse en influencers.

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Congreso, Ministerio del Interior, santivañez

Entre noviembre y febrero, la Presidencia del Consejo de Ministros ha aprobado cuatro contratos por un monto que supera los cuarenta mil soles para la defensa legal del congresista Guido Bellido. Además, estos contratos incluyen a un excompañero de universidad de quien fue el primer ministro de Pedro Castillo.

Con la desaprobación del gobierno de Dina Boluarte cada vez más cerca de los cien puntos en las encuestas, los congresistas se preparan para marcar distancia con el Ejecutivo y con ello aferrarse a la esperanza de poder postular en las próximas elecciones o, por lo menos, mantenerse vigentes en la política peruana.

Sin embargo, pese a estos intentos de mostrarse en entrevistas o en sus redes sociales con una postura crítica contra el gobierno actual, labor parlamentaria de varios congresistas no parece alinearse con estos discursos y su cercanía con el Ejecutivo en momentos claves sigue estando vigente a lo que se suma que no dudan en aprovechar todos los beneficios disponibles.

Este parece ser el caso del congresista Guido Bellido. El expremier pasó de ser uno de los hombres de confianza del expresidente Pedro Castillo a tener una postura innegablemente indulgente con el gobierno de Dina Boluarte y, en simultáneo, recibir durante varios meses varios miles de soles para su defensa legal mediante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

EL OPOSITOR DEFENDIDO

Guido Bellido no pierde oportunidad en cuanta entrevista participa para cuestionar al gobierno de Dina Boluarte e incluso se ha sumado a una bancada, como la de Podemos, que en el último tiempo intenta busca cortar todo tipo de vínculo con el Ejecutivo. Sin embargo, cuando llegan las votaciones determinantes, como la censura del exministro Juan José Santivañez, el exintegrante de Perú Libre no tuvo mejor opción que ausentarse.

Sudaca ha revisado los documentos de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado una serie de pagos que se han realizado en favor de la defensa del actual parlamentario por diversos casos que lo comprometen y que hoy tienen al Ejecutivo, que el propio Bellido cuestiona, asumiendo estos gastos.

El primer caso que se encontró se remonta al mes de octubre del año pasado cuando el congresista Guido Bellido envía una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando que se le otorgue el beneficio de recibir defensa y asesoría legal por hechos que ocurrieron durante su paso por la PCM en el año 2021.

Cristian Rebosio

Este pedido se debía a que Bellido Ugarte había sido notificado que se realizarían diligencias en su contra luego de verse involucrado en un caso de delito contra la administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal durante los meses en los cuales se desempeñó como primer ministro al inicio del gobierno de Pedro Castillo.

Cristian Rebosio

El 17 de octubre del 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros le dio luz verde a este pedido. Sin embargo, unos meses después la historia se repetiría. El 17 de diciembre, el congresista Bellido vuelve a enviar una carta a la PCM en la que una vez más solicita el beneficio de defensa y asesoría legal.

Cristian Rebosio

En esta oportunidad, Bellido justificó este pedido alegando que se había admitido a trámite una denuncia constitucional presentada en su contra. Al expremier se le acusaba de destinar una cifra de aproximadamente S/5.800 millones a diversas entidades como gobiernos regionales y alcaldías para fines populistas y el 26 de diciembre la PCM aprobó dicho pedido.

Cristian Rebosio

Como estas solicitudes fueron aprobadas, entre los meses noviembre y febrero la Presidencia del Consejo de Ministros emitió varios contratos por el servicio de defensa y asesoría legal. Los cuatro contratos bajo este concepto, hasta la fecha, alcanzaron la suma de S/ 46,800.

Cristian Rebosio

EL ELEGIDO

No obstante, pese a que Bellido Ugarte se encuentra en Lima, el exprimer ministro ha decidido que quienes se encargarán de defenderlo serán sus coterráneos. En los contratos con la PCM, el nombre que figura es el de la Corporación Jurídica Bernales, la cual cuenta con domicilio en la ciudad de Cusco.

Cristian Rebosio

Al revisar la información sobre la Corporación Jurídica Bernales no sólo se pudo conocer que se ubica en Cusco sino que tiene como gerente, socio y representante al abogado Edison Bernales Baca, un personaje que está recibiendo los pagos de la PCM y que cuenta con un par de aspectos en común con Bellido que van más allá del origen cusqueño. 

Cristian Rebosio

Según la información que pudo obtener Sudaca, Bernales Baca y Bellido Ugarte comparten la misma casa de estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Pero, además, ambos coincidieron en esta universidad durante su época de estudiantes. Mientras que Bernales cursó la carrera de derecho entre 2012 y 2017, Bellido terminaba la carrera de ingeniería electrónica en 2015.

Cristian Rebosio 

Con el gobierno cada vez más desprestigiado, el distanciamiento aparece como la estrategia de supervivencia más inteligente y razonable para los congresistas. Sin embargo, casos como el de Guido Bellido demuestran que muchos de estos posicionamientos críticos son tan sólo una pantalla y que realmente están interesados en seguir gozando de todos los beneficios que les puede brindar el Ejecutivo al que dicen repudiar.

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Cusco, Guido bellido, pcm

Se confirma la absolución de Edwin Oviedo

La sentencia absolutoria que fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo en agosto del año pasado ha sido confirmada por Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El empresario Edwin Oviedo ha sido declarado inocente en dos instancias por los cargos de homicidios de Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte que involucraban al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y a otros procesados. Durante esta audiencia, la Fiscalía no presentó ningún material que demuestre la culpabilidad de Oviedo Picchotito​ y los otros involucrados. Inicialmente, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo había emitido la sentencia absolutoria el día 22 de agosto del año pasado. 

La investigación y acusación de este caso, llevados a cabo por el exfiscal Juan Carrasco Millones, fue seriamente cuestionada por el juzgado que tuvo el juicio a su cargo y por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que ha confirmado la sentencia absolutoria.

“La Sala de Apelaciones ratificó que la Fiscalía no aportó pruebas de corroboración de los testimonios de colaboradores eficaces con los que se “armó” este caso; conclusión importante si se consideran a las denuncias públicas que se hizo sobre “fabricación” de colaboradores eficaces por el ex Fiscal Juan Manuel Carrasco Millones”, comentó César Nakasaki, abogado de Oviedo, con respecto a esta sentencia.

“Con la sentencia absolutoria del Juzgado Colegiado y su confirmación por la Sala de Apelaciones, luego de muchos años de batalla legal el Poder Judicial, confirmó la inocencia que defendió el empresario Edwin Oviedo Picchotito desde el inicio de la injusta persecución penal que sufrió”, señaló el letrado sobre la conclusión de este caso y agregó que “se generó una arbitraria prisión preventiva de más de quinientos días en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo en el distrito de Picsi y una persecución penal de diez años”.

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César Nakasaki, Edwin Oviedo, Sudaca, Sudaka

Pese a los deficientes resultados del gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros ha destinado varios cientos de miles de soles para sus fotografías, videos y redes sociales. Sudaca accedió a los gastos de la PCM de los últimos meses que evidencian gastos desmedidos en esta área.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, aquel recordado 7 de diciembre del 2022, la aprobación nacional se convirtió en una colina imposible de escalar. La falta de convicción para pedir el adelanto de elecciones, una postura sumisa ante el Congreso y esa tendencia a llenar ministerios con personajes de dudosa capacidad que agravaron los problemas del país llevaron a que para la mayoría de peruanos sea imposible sentirse representado, o por lo menos escuchado, por el Ejecutivo.

Esta situación, pese a su gravedad, nunca llevó a que el gobierno ponga en duda su propia continuidad. Por el contrario, como se ha podido ver en los últimos días con la cuestionada franja informativa que el Ejecutivo pretende imponer para presumir sus logros, el objetivo parece ser agotar todos los recursos para lavarle su imagen.

Pero, por supuesto, esta búsqueda de fabricarle al gobierno una imagen que refleje eficiencia cuando la realidad luce radicalmente opuesta no es gratis. Sudaca ha podido revisar las contrataciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado elevados gastos en áreas que, lejos de buscar eficiencia en el Ejecutivo, parecen querer satisfacer la vanidad del gobierno.

LOS GASTOS DE LA PCM

Durante las últimas semanas y meses, la vanidad de la presidenta Boluarte se ha convertido en un tema de interés nacional debido a las mentiras que existieron detrás de un procedimiento estético al que se sometió. Sin embargo, este interés por realizarse arreglos que mejoren su imagen no es exclusivo de la mandataria.

Con Gustavo Adrianzén Olaya como primer ministro, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha realizado pagos muy elevados por órdenes de servicio relacionadas con las fotografías que se toman en las actividades públicas. Pero, además, la PCM también ha hecho un importante desembolso para que a estas imágenes les mejoren las imperfecciones y mejoren la iluminación.

Un ejemplo de este tipo de gastos es la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de abril del año pasado cuando, bajo la gestión de Gustavo Adrianzén, la Presidencia del Consejo de Ministros utilizó nueve mil soles del presupuesto disponible para pagar el servicio de retoque de imágenes fotográficas.

Cristian Rebosio 

Aunque la aprobación del gobierno no sufrió ninguna mejora y los problemas de los distintos ministerios se continuaron agravando, la prioridad en la PCM parecía radicar en salir bien en las fotos. En agosto del 2024, la cifra a pagar por fotografías en eventos en los cuales el Ejecutivo pretendía reflejar una imagen de eficiencia muy distinta a la realidad alcanzó los veintisiete mil soles.

Cristian Rebosio 

Si se calcula el total desde el día que Dina Boluarte se puso la banda presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros, con Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén al mando, ha desembolsado un total de 228 mil soles en fotografías y la edición de estas entre enero del 2023 y enero de este año.

Cristian Rebosio

Esta inversión en fotografías se vuelve más impactante cuando se contrasta con el gasto que se realizaba anteriormente. Durante el gobierno de Pedro Castillo, las órdenes de servicio por fotografías de los eventos de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus conferencias de prensa apenas alcanzaban los 114 mil soles, una cifra que es la mitad de lo que han pagado hasta la fecha con el aval del expremier Otárola y Gustavo Adrianzén, quien actualmente se encuentra al frente de la PCM.

GESTIÓN DEFICIENTE, PRODUCCIÓN ENVIDIABLE

Pero este no ha sido el único gasto que la Presidencia del Consejo de Ministros autorizó para presumir el trabajo que realizan. Pese a que los resultados del gobierno actual han sido, indiscutiblemente, deficientes, la producción detrás de sus eventos ha contado con un presupuesto envidiable.

Sudaca ha encontrado que, durante los últimos dos años, la PCM ha pagado 208 mil soles para que sus eventos y conferencias de prensa no sólo cuenten con fotografías sino con los respectivos videos.

Cristian Rebosio 

¿GABINETE INFLUENCER?

Además, el Ejecutivo no ha querido quedarse relegado en lo que respecta a presencia en las redes sociales y, mucho menos, desaprovechar esa tribuna para instalar la imagen de gobierno competente, aunque eso represente un costo sorpresivamente alto. En la siguiente imagen podemos observar una orden de servicio, que corresponde al mes de enero de este año, con la cual han pagado treinta mil soles por un servicio especializado en comunicación y redes sociales para la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cristian Rebosio

Los pagos por este servicio especializado en redes sociales empezaron en el año 2023, al poco tiempo de la toma de mando de Dina Boluarte. Desde esa fecha hasta la actualidad, se ha invertido en dicho servicio una suma total de S/. 243,335. Aunque este no ha sido el único gasto en redes sociales.

 

Cristian Rebosio

No conforme con destinar una suma considerable para redes, entre los meses de noviembre del 2024 y febrero del presente año, la PCM ha utilizado 32 mil soles en un servicio de medición y análisis de las publicaciones que se realizan en las redes sociales.

Cristian Rebosio

LAS COSTUMBRES DE SIEMPRE

Sin duda, una de las características del gobierno de Dina Boluarte ha sido el vincularse con funcionarios con antecedes cuestionables y en la Presidencia del Consejo de Ministros esa costumbre se estaría manteniendo. A esta larga lista de gastos en redes, fotografías y filmaciones se le ha sumado el contrato de un excamarógrafo de TV Perú involucrado en una situación muy extraña.

Sudaca pudo acceder a una resolución del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que data del año 2017 y en la cual se detalla un polémico hecho que involucra a uno de los actuales trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros. La persona en cuestión es Manuel Kanilín Quintasi Laura.

En el año 2016, Quintasi Laura trabajaba para TV Perú como camarógrafo. Pero en noviembre de ese mismo año, un mes antes del final de su contrato, fue acusado de sustraer una tarjeta de memoria propiedad del IRTP de uno de los módulos de recepción de video ubicado en el área de gerencia de prensa, situación que habría sido comprobada por las cámaras de seguridad.

Cristian Rebosio

Sin embargo, Quintasi Laura no estuvo dispuesto a devolver dicha herramienta de trabajo cuando se le solicitó. Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, el entonces camarógrafo de TV Perú se negó y fue debido a la insistencia que devolvió la tarjeta de memoria.

Cristian Rebosio

Pero eso no ha sido impedimento para que obtenga buenos contratos con la Presidencia del Consejo de Ministros y, desde el 2023 hasta la fecha, Quintasi ha logrado acumular un total de 208 mil soles por su servicio de cobertura y edición del material audiovisual de los eventos que realiza la PCM.

Cristian Rebosio

La adecuada difusión de las actividades del gobierno puede ser fundamental para que la población esté al tanto del cumplimiento de los compromisos asumidos. Pero, cuando el Ejecutivo no sólo incumple sino que pretende distorsionar la realidad, gastar más de setecientos mil soles en rubros como fotografías y redes sociales sólo parece ser otra ofensa a una ciudadanía cada vez más enemistada con sus gobernantes.

La situación que se busca corregir es grave y concreta. Durante los años mencionados, miles de empresas peruanas —de todos los sectores, pero especialmente en turismo, hotelería, comercio, manufactura y servicios— registraron importantes pérdidas debido a la pandemia del COVID-19, las restricciones sanitarias y la recesión global. A esto se suman factores internos como la criminalidad, la inestabilidad política y los conflictos sociales. 

Estos impactos no se disolvieron con el fin del estado de emergencia: muchas de esas empresas aún arrastran deudas, sufren baja liquidez y ven afectada su rentabilidad real. Es importante tomar en cuenta que los efectos de la pandemia aun no se han superado completamente y la recuperación requiere de más tiempo. 

Edmundo Lizarzaburu, profesor de administración y finanzas de la Universidad ESAN, advierte sobre los riesgos de no aprobar el Proyecto de Ley N°9433. Señala que muchas empresas podrían cerrar o trasladarse a la informalidad, lo que afectaría negativamente el empleo y la economía. 

Aclara que no se trata de condonar impuestos, sino de facilitar una recuperación financiera que fortalezca la sostenibilidad tributaria a largo plazo. En términos de crecimiento económico, advierte que sin la extensión de los plazos el PBI podría estancarse en 3.3%, mientras que con el apoyo adecuado podría alcanzar entre 4% y 5%. Además, de no aprobarse el proyecto, muchas empresas podrían recurrir a fuentes de financiamiento informal y riesgosas, como el crédito ‘gota a gota’, lo cual tendría consecuencias sociales y económicas negativas. 

Según estimaciones del sector privado, más de 600 mil empresas arrastran perdidas desde el inicio de la pandemia. Estas empresas podrían verse directamente afectadas —en su mayoría pequeñas y medianas— y están en riesgo de tributar sobre una renta ficticia, es decir, sobre ingresos netos que en realidad no existen, lo que podría llevarlas a la quiebra o a una paralización definitiva de actividades. No se trata solo de una medida técnica, sino de una acción de justicia tributaria y de preservación del aparato productivo nacional. Juan Carlos Tafur, menciona que las mipymes representan el 99.5% de las empresas formales del país. De no aprobarse la Ley, el futuro de más de 300 mil empresas formales que registraron pérdidas entre 2020 y 2022 estarían en alto riesgo de quiebra. 

Para Jimmy Romero, politólogo y agroexportador, el número mencionado de empresas aún arrastran perdidas y están en peligro de desaparecer. También agrega que “no es un simple tema de recaudación, es la supervivencia del sector (agroexportador) que más empleos formales genera en el país.”

Leydy Hernández, auditora financiera y socia gerente de Alto Asesores SAC, mencionó que “un millón de empleos está en juego. Cada empresa que cierra no es solo un número más en las estadísticas: es una familia que deja de percibir ingresos.”.  También indica que esta ley no es un favor. Es una decisión estratégica para proteger la columna vertebral económica del país. “Si las empresas sobreviven, tributarán; si quiebran, no habrá impuestos, ni empleo, ni inversión que sostener”, puntualiza.

CONTRADICCIÓN EN EL MEF

A pesar de la urgencia del tema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una opinión desfavorable al proyecto. En el Informe N°0038-2025-EF/61.01, el MEF argumenta que extender el plazo de arrastre vulneraría el principio de no retroactividad de las normas tributarias y tendría un impacto fiscal negativo, estimado en más de S/.5,000 millones. Sin embargo, esta cifra no ha sido sustentada técnicamente y omite un punto central: esas pérdidas aún no han sido compensadas, por tanto, la norma no actúa sobre hechos consumados, sino sobre una situación jurídica en curso.

Lo más preocupante es que la postura del MEF contradice los compromisos asumidos por el propio ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. En diversas intervenciones públicas, el ministro ha manifestado que el gobierno prioriza la promoción de las inversiones, la reactivación de las empresas y el fortalecimiento del empleo formal. Sin embargo, bloquear una norma que da un respiro tributario legítimo a las empresas más golpeadas por la crisis va en sentido contrario a esas promesas. El especialista Lizarzaburu explica que no se puede hablar de incentivar la inversión mientras se mantiene a las empresas atrapadas en un sistema que no reconoce el contexto extraordinario de los últimos años. 

Además, muchas de estas pequeñas y medianas empresas enfrentan un nuevo factor de riesgo: la inseguridad. En los últimos meses, se ha reportado un aumento significativo de extorsiones, robos y amenazas contra empresarios, especialmente en regiones como La Libertad, Piura, Lima y el Callao. A la asfixia tributaria se le suma ahora el crimen organizado, poniendo en riesgo la continuidad de negocios que generan empleo, tributos y desarrollo local.

El proyecto de ley es una necesidad 

Los argumentos a favor de la ley son múltiples y sólidos. En primer lugar, Leydi Hernández asegura que el derecho al arrastre de pérdidas no es un “beneficio” o “trato preferencial”, sino un mecanismo legítimo para garantizar que el impuesto a la renta se calcule sobre la ganancia real y no sobre una base ficticia. Este principio, conocido como el de renta neta o capacidad contributiva, está reconocido en la Constitución y en la legislación tributaria nacional. 

En segundo lugar, el sistema tributario ya contempla dos mecanismos para el arrastre de pérdidas: el sistema A, que permite arrastrar por cuatro años (cinco para el 2020), y el sistema B, que permite compensar sin límite de tiempo, pero solo hasta el 50% de la renta neta. El economista Lizarzaburu añade que la mayoría de las empresas optó por el sistema A, muchas veces por desconocimiento, por falta de asesoría o simplemente por necesidad. 

La propuesta legislativa no cambia esa elección, sino que busca extender el plazo hasta el año 2032, tal como se hizo parcialmente mediante el Decreto Legislativo N°1481 para el ejercicio 2020. La diferencia es que ahora también se incluirían las pérdidas de 2021 y 2022.

En tercer lugar, otros países de la región ya han adoptado medidas similares. En Bolivia se amplió el plazo de arrastre de pérdidas a cinco años; en Ecuador, hasta diez años para el sector turismo. Jimmy Romero destacó que el Perú no puede quedar rezagado si quiere competir por inversiones y fortalecer su tejido empresarial. El costo de no actuar ahora será mucho mayor: pérdida de empresas, aumento del desempleo, caída en la recaudación futura y mayor informalidad. 

En cuarto lugar, si bien el MEF señala que las ventas se han recuperado, esto no implica que las empresas hayan recuperado su rentabilidad o solvencia. La especialista Hernández recalca que aumentar ventas no significa tener utilidades. Muchas siguen operando al límite, con márgenes bajos o negativos, y enfrentan altos niveles de endeudamiento acumulado. 

Finalmente, según Lizarzaburu, esta medida no representa un gasto fiscal inmediato ni permanente. Al contrario, es una forma de asegurar mayor recaudación en el mediano y largo plazo, al darle a las empresas espacio para recuperarse, estabilizarse y generar utilidades reales sobre las que puedan tributar. 

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MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ministro José Antonio Salardi Rodríguez

A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía no ha tomado acciones concretas para esclarecer las amenazas contra Ruth Cuno ni el asesinato de John Valverde. Este vacío institucional deja en evidencia la ineficacia del sistema judicial para responder a la creciente violencia política y la infiltración de organizaciones criminales en la gestión municipal.

Un elemento clave en este entramado es la empresa Industrias Argüelles, encargada del servicio de recolección de residuos en Santa Anita. Su contrato vence este año y varios regidores, incluida Cuno, han solicitado su rescisión debido a presuntas irregularidades. No obstante, el alcalde Olimpio Alegría se ha negado a revisar dichos contratos, lo que ha generado una fuerte fractura dentro del concejo municipal.

Asimismo, Limber Bustamante, impulsor de la vacancia de Alegría, ha denunciado amenazas similares, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de coerción sistemática contra quienes intentan alterar el status quo en la municipalidad. En este contexto, el alcalde ha defendido su gestión, argumentando que no existe ilegalidad en la contratación de su exasesor de campaña dentro de la administración pública.

Este caso se inscribe en un escenario de creciente tensión dentro de la alcaldía de Santa Anita, donde las amenazas y atentados parecen estar directamente ligados a los intereses que giran en torno a la gestión de residuos sólidos. A un año y medio del asesinato de Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Cuno, quien asumiría el cargo si se concreta la vacancia de Alegría.

El hostigamiento en su contra se intensificó en las últimas semanas. Primero, un desconocido le advirtió desde un vehículo que detuviera sus acciones en favor de la vacancia. Luego, seis días después, en la medianoche, sujetos no identificados prendieron fuego en la puerta de su vivienda y dejaron un sobre con tres balas, acompañado de un mensaje amenazante: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John».

Cuno sostiene que las amenazas están directamente vinculadas a la disputa por el control del servicio de recolección de basura en el distrito. En paralelo, la investigación sobre el asesinato de Valverde sigue sin avances significativos, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de una red mafiosa con conexiones en múltiples distritos de Lima.

Un patrón de violencia e impunidad

El caso de Santa Anita no es un hecho aislado. La violencia vinculada al control de recursos municipales y ambientales se replica en otras jurisdicciones. Un ejemplo es el asesinato de Santiago Guardamino, defensor de derechos territoriales en la comunidad de Quipán, quien fue ultimado horas antes de testificar ante el Ministerio Público. Guardamino denunciaba la apropiación ilegal de tierras comunales por parte de Industrias Argüelles, a través de la falsificación de documentos y el soborno a funcionarios públicos.

Aunque el Ministerio Público inició una investigación preliminar sobre presuntos delitos ambientales y corrupción en el manejo de residuos sólidos, las acciones tomadas hasta el momento no han dado resultados tangibles. La impunidad con la que operan estas redes refleja un problema estructural dentro del sistema judicial y la falta de voluntad política para erradicar la corrupción en el manejo de los servicios públicos.

Mientras tanto, Ruth Cuno continúa con su labor, a pesar del riesgo que implica desafiar intereses enquistados en la gestión municipal. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias, porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», sentencia.

El caso de Santa Anita ilustra con crudeza cómo el negocio de la basura en Lima no solo es una fuente de corrupción, sino también de violencia y muerte. Sin una respuesta efectiva de las autoridades, la impunidad seguirá siendo el mayor aliado de estas mafias.

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Arguelles, Santa Anita

La Municipalidad de Lima ha trato de mostrar que la actual gestión representará un cambio radical en el uso del presupuesto. Sin embargo, los gastos registrados en los últimos meses no reflejan el discurso que el alcalde suele dar en sus apariciones públicas.

“No pagaré mermelada”, señaló el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante un evento en el cual cuestionaba que los medios de comunicación no eran tan elogiosos con él como esperaba. Sin embargo, su actual gestión en la Municipalidad de Lima no parece ser precisamente un ejemplo de austeridad ni rigurosidad en los gastos.

Sudaca ha podido revisar algunos contratos que se han realizado durante los últimos años en los cuales se evidencian contratos muy elevados, una sospechosa elección de proveedores y hasta un largo contrato para darle seguimiento a las publicaciones que se hacen en los medios sobre la Municipalidad de Lima y otros distritos.

UN DEBUT ENVIDIABLE

Sudaca ha revisado los gastos que ha venido realizando la Municipalidad de Lima en los últimos años y se ha podido encontrar un caso por demás sorprendente, como parece ser la historia de Katherine Lucía León Huamán. Luego de iniciar sus estudios en 2014 en la Universidad Nacional Federico Villarreal, León Huamán se convirtió en licenciada en Ciencias Políticas en el año 2021.

Cristian Rebosio

Acorde a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el salario que reciben quienes han estudiado la carrera de Ciencias Políticas se encuentra entre S/ 1.540  y S/ 7.000. Pero, para León Huamán, el destino, o mejor dicho la Municipalidad de Lima, parece haberle preparado una grata sorpresa.

Pese a que estaba en sus primeros años como licenciada, su primer contrato con la Municipalidad de Lima le permitió embolsarse la generosa suma de dieciséis mil soles, una cifra que es mayor que el doble de lo que se estima que llegan a ganar sus colegas. Esta paga correspondería a la contratación de personal técnico en ciencias políticas.

Cristian Rebosio

Para el mes de mayo, la situación laboral de León Huamán parecía haber mejorado. En esta oportunidad, dos órdenes de servicio bajo el concepto de “servicio de asistencia técnica” le permitieron ganar, nuevamente, dieciseises mil soles en tan sólo un mes de trabajo en la municipalidad.

Cristian Rebosio 

Este tipo de contratos continúan hasta el mes de diciembre del 2023 y, por ellos, Katherine León acumuló un total de cincuenta y seis mil soles que, si se le agrega lo recibido en mayo y marzo, alcanza un total de ochenta y ocho mil soles durante el primer año bajo la gestión de López Aliaga.

Es entonces cuando llega el 2024 y aparece una nueva orden de servicio a su nombre que no es por ocho mil ni dieciséis mil soles sino por veinticuatro mil soles. Durante este año se emitieron otras dos órdenes de servicio, una fue por veinticuatro mil soles y otra por dieciséis mil soles. 

Cristian Rebosio

Para este 2025, Katherine León Huamán registra dos órdenes de servicio, correspondientes a los meses de enero y febrero, que suman un total de treinta y dos mil soles. Lo paradójico de este caso es que varias de estas órdenes de servicio son por un “servicio legal especializado de gestión y cumplimiento de convenios” y, precisamente, los convenios que involucran a la Municipalidad de Lima han sido el punto débil de la actual gestión.

Cristian Rebosio

ENFERMERA MILOFICIOS 

En esta lista de contrataciones extrañas también sobresale el nombre Carmen Verónica Espejo Mere. Esta enfermera que tuvo una breve incursión en la política cuando postuló como accesitaria en las elecciones municipales y regionales del 2022 como parte del partido Avanza País. Sin embargo, para 2023, con la llegada de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, su situación cambió.

En el mes de mayo del 2023, Espejo Mere recibió su primera orden de servicio y no fue precisamente por un trabajo relacionado a la enfermería sino por un servicio de apoyo en gasfitería por el cual cobró casi dos mil soles. En los meses siguientes recibió siete órdenes de servicio más por el mismo trabajo y por el mismo monto.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, para 2024 su trabajo cambió y empezó a obtener órdenes de servicio por montos que fluctuaban entre dos mil y seis mil soles por un “servicio de apoyo operativo” y “servicio de ordenamiento de archivo”. Aunque el cambio más llamativo ocurre en diciembre del 2024, fecha en la cual Espejo incursiona en un nuevo rubro.

En el último mes del año pasado, Espejo Mere obtiene nuevas órdenes de servicio. Pero estas no tenían relación alguna con la enfermería ni el trabajo de gasfitería. En esta oportunidad, la Municipalidad de Lima la eligió para la conducción de eventos y por este servicio obtuvo un monto que superaba los cuarenta mil soles.

Cristian Rebosio 

En los meses siguientes, Espejo Mere continuó obteniendo órdenes de servicio relacionadas a la producción de eventos por un total de veintiocho mil soles. Un dato no menos importante es que los únicos contratos que tiene registrados Carmen Espejo en el buscador de proveedores del Estado han sido con la Municipalidad de Lima.

Cristian Rebosio

SE DICE DE MI…

Desde su época como candidato a la alcaldía, Rafael López Aliaga ha tenido una postura de extrema confrontación con los medios de comunicación, o al menos con aquellos que tienen una postura crítica, y en más de una oportunidad ha tratado de mostrar que la prensa no tendrá un rol relevante en su paso por el sillón municipal.

Sin embargo, su gestión parece estar más que interesada en lo que dicen los medios. Al menos esto es lo que refleja uno de los nuevos e importantes gastos que la Municipalidad de Lima ha planeado para el 2025. El pasado mes de enero, Imedia Comunicaciones se adjudicó un “servicio de monitoreo de prensa, radioemisora, televisión y web”.

Cristian Rebosio

En los documentos de esta orden de servicio destaca que a esta empresa también se le pide realizar un seguimiento a las noticias de cinco distritos específicos, tres de los cuales (La Victoria, Miraflores y Barranco) cuentan con alcaldes que forman parte de Renovación Popular. 

Cristian Rebosio

Este servicio ha sido contratado por el plazo de un año y, por lo tanto, la Municipalidad de Lima deberá desembolsar la suma de ciento ochenta mil soles a la empresa Imedia Comunicaciones.

Cristian Rebosio

Si bien la Municipalidad de Lima y el alcalde López Aliaga se han enfocado en señalar los malos manejos de los funcionarios que pasaron por el palacio municipal años anteriores, la gestión que hoy está en el poder no parece estar tomando el rol de la gran protectora del presupuesto de la ciudad que intentaban mostrar en campaña.

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Lopez Aliaga, Municipalidad de Lima, Renovación popular

Pesquera Mar, al igual que varias empresas peruanas fueron expropiadas durante el gobierno de Velasco sin ningún tipo de compensación. “El Estado nunca pagó la compensación correspondiente. A finales de los años ochenta, Pesquera Mar solicitó el abandono y caducidad de la expropiación debido a la falta de pago”, comentó Machado mientras recuerda que para el 28 de septiembre de 1992, el Noveno Juzgado Civil de Lima falló a favor de la empresa, y esta decisión fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 20 de diciembre de 1993.

Nota de redacción: La Corte Suprema de la República declara infundada la queja interpuesta por el Procurador Público del Ministerio de Pesquería, el 24 de noviembre de 1994. Quedando expedito para que se le entreguen sus bienes y los derechos administrativos de una expropiación que nunca prosperó; pesquera Mar nunca fue expropiada.

“La primera sentencia ordenó que se devolvieran todos los derechos de Pesquera Mar incluyendo acciones y bienes, como se detalla en el expediente 390-99. Sin embargo, dicha Sentencia NUNCA fue cumplida por el Estado (PRODUCE)”, menciona Bulos. “Firmamos contratos con PESQUERA MAR S.A.C. para recibir honorarios profesionales a través de un acuerdo de cuota litis. Inicialmente, los contratos se establecieron con los señores Saavedra Montero por un 25% de las acciones y bienes de la empresa. Luego, se firmó un segundo contrato que les otorgaba el 50% de los bienes y derechos de la empresa, añadió.

Mientras conversamos con Machado hizo hincapié al trabajo de su hermano Guillermo quien, en palabras de Rolando Machado, este vaivén de juicios y problemática de Pesquera Mar terminarían consumiéndolo y acabando con su vida.

“Ahora bien, durante el proceso culminado de expropiación que declaró EL ABANDONO Y CADUCIDAD DE LA EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA PESQUERA MAR S.A. que encuentra en Estado de Ejecución, conforme lo ha ordenado la Corte Suprema en el Exp: 1756-2010, se envió un memorando interno por parte del procurador Fernando Vidal Malca quien aceptó que la Ejecutoria Suprema en cuestión no se habría cumplido, sin embargo, a pesar de haberlo manifestado y reconocido dicho procurador persiste sin acatar la Ejecutoria Suprema”, mencionó Bulos.

La relación de la problemática con Oscar Peña

Oscar Peña Aparicio, más conocido como “el Rey de la Pesca Negra” y quien estuvo investigado por varios años y prófugo de la justicia,  sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se anule la condena de cinco años que en primera instancia recibió por estar implicado en el caso Fundo Oquendo junto al expresidente regional del Callao, Félix Moreno.

Peña Aparicio, durante el gobierno de Alejandro Toledo, utilizó su empresa HOPE TRADING S.A.C. y creó la empresa: Pesquera Mar y Mundo Sac, empresas que conjuntamente con la empresa Tasa del grupo Brescia fueron denunciados penalmente y multados con 4 UIT. “Dichas  empresas celebraron un contrato de asociación y participación para usufructuar los derechos pesqueros y la licencia de la planta de procesamiento de harina y aceite de pescado. Peña realizó prácticas ilegales, como la falsificación de firmas y documentos, para obtener resoluciones judiciales que le permitiera apropiarse de los derechos administrativos que son de propiedad de PESQUERA MAR S.A. y que aún no le han sido Restituidos”, mencionaron Machado y Bulos refiriendo a que esto representó un segundo atropello contra la empresa, ya que el primero había sido el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la queja del Procurador del ex Ministerio de Pesquería, debiendo haber entregado los bienes y parte de derechos a la empresa PESQUERA MAR S.A.C. como dice la sentencia.


“Hope Trading de Oscar Peña Aparicio, sin ser propietario de ningún bien ni derecho administrativo de Pesquera Mar S.A., se hace pasar como dueño de Pesquera Mar S.A.C. en complicidad con el Ministerio de la Producción utilizando la Empresa Pesquera Mar y Mundo y Pesquera Buena Vista (también de Peña) celebrando dos contratos a perpetuidad con la Empresa T.A.S.A. debidamente representados por MARIO BRESCIA MOREYRA y OTROS”, menciona Machado mientras recuerda que se firmó dos contratos, uno por las cuotas de pesca y otro por la licencia para fábrica de harina de pescado.

“Ahí no termina la cosa, Peña también se beneficia de los derechos de Pesquera Mar S.A.C., ya que con la R.D. N° 253-2003 – PRODUCE/DNEPP y la R.D. N° 150-2004 – PRODUCE/DNEPP, emitidas por Flor de María Alvarado Barriga, directora de Extracción de aquel entonces, se le entrega ilegalmente a la empresa Hope Trading y parte de los derechos de Pesquera Mar S.A.C. para constituir una embarcación nueva de 350 m3 de CBOD, llamada “Osquitar” (hoy PDA-03) con matrícula CO-21696-PM, ¿cómo le otorgan el derecho y la licencia pesquera si Oscar Peña si no es absolutamente dueño de nada ni compró nada de Pesquera Mar S.A.C.”, se pregunta indignado el investigador.

“Debemos señalar que en los contratos antes mencionados no se desligan, PEÑA y TASA son socios para siempre, hasta el día de hoy”, advierte el investigador mientras hace hincapié  que estos contratos son NULOS y, por lo tanto, todo lo que pescan los Brescia con estos derechos es ilegal y también lo que procesa su planta de planta de harina y aceite de pescado en Malabrigo (Chicama), hasta el 5% que recibe Peña, según contrato.

El 15 de diciembre del 2004, el Ministerio de la producción SANCIONA y DENUNCIA PENALMENTE A PEÑA, a los BRESCIA y a sus empresas por falsificación de firmas y documentación fraguada al tratar de ingresar documentación para pescar ilegalmente, luego con el actuar de malos funcionarios y Javier Reátegui Roselló como Ministro de Producción quién también se benefició ilegalmente, apoderándose de 70 m3 de Capacidad de Bodega (CBOD) aumentando la capacidad de la bodega de la embarcación que administra. “Se verifica que continúan con sus fechorías, logrando ilegalmente apropiarse  de los derechos de pesca y licencia para fábrica de harina , así como las cuotas de pesca de la Empresa Pesquera Mar S.A.C. la verdadera propietaria, comprobándose la falta de buena fe”, mencionan Machado y Bulos.

“Puedes pedirle su versión a TASA, pero no te van a dar nada por qué no tienen ningún fundamento, contrato o prueba legal que presentar. Los Brescia son socios de Oscar Peña Aparicio a perpetuidad en un contrato que es nulo”, sentencia Bulos recordando que la Ejecutoria Suprema 1756-2010 y la Sentencia del TC del 2019 no estarían siendo cumplidas por el Ministerio de la Producción.

Esto no es entre dos personas particulares y dos empresas. Porque acá la responsabilidad la tiene el Estado. Aquí se cumplen delitos continuados y de organización criminal”, menciona Machado. “Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ejecutoria. Si hablamos de T.A.S.A, simplemente en el 2004 a la actualidad (21 años), tienen una deuda exorbitante por Lucro Cesante, tanto de la extracción de anchoveta como el procesamiento de harina y aceite de pescado por utilizar la licencia ilegalmente ; deuda con el Estado en materia administrativa por las multas establecidas tanto en el RISPAC como en el actual REFISAPA del Ministerio de la Producción, por pescar y elaborar harina sin contar con el derecho pesquero; y por último, los daños y perjuicios que ha originado esta empresa por 20 años, su deuda es mucho más de lo que vale la empresa, Tasa”, sentencia.

La participación de Exalmar:

Según menciona Machado, en el mes de julio del 2011, tiempo después que se emite la Ejecutoria Suprema 1956-2010, Víctor Matta Curotto conjuntamente con Martin Belaunde Lossio y Martin Kohatsu ofrecen comprar las cuotas de Pesquera Mar SAC, sin embargo, el origen del dinero que ofrecían no era legal.

“El Dr. Machado desestimó la venta a la empresa Exalmar sin embargo el abogado de Exalmar Martin Kohatsu celebró una compra ficticia, sin tracto sucesivo con firmas falsas y sin que el número de acciones cuadre debidamente. Así y todo presentaron  dicho documento al Ministerio de la Producción  haciéndose de las cuotas de Pesquera Mar creando una duplicidad de cuotas ya que los Brescia con su empresa Tasa también las venían utilizando sin ningún derecho”, menciona Machado. “Se desató una pugna en la que la SNP expulsa  Exalmar de dicha sociedad por haberse atrevido a comprar las cuotas de Pesquera Mar defendiendo claramente la pesca ilegal de la sociedad Tasa Peña – los actos cometidos con la participación de Exalmar fueron investigados por el fiscal José Domingo Pérez quien sospechosamente dejo caducar el caso sin investigar  a cabalidad”, añade Bulos.

“Cabe resaltar que Exalmar pagó cinco  millones de dólares a través de una venta ficticia para obtener los derechos de Pesquera Mar. Al verse descubierto vende ilegalmente la empresa Pesquera Mar a  su hijo Víctor Matta Dall’Orso a través de su empresa  Cedes Management Corp offshore de Víctor Matta Dallorso, hijo de Víctor Matta Curotto propietario de pesquera EXALMAR por 750.000 dólares para que éste liquide la empresa y deshacerse del problema”, menciona Bulos.

“Cuando intentaron desaparecer la empresa Pesquera Mar, lo hicieron todo mal. Esta  transferencia no tiene valor alguno. En  el encabezado dice que el que hace el llamado de conocimiento es el anterior gerente (10 de agosto del 2012) cuando supuestamente renuncia éste el 06 agosto 2012. No podría intervenir en esa fecha y mayor razón si la transferencia a esa empresa no ha sido autorizada por el gerente”, añade Bulos.

Al cierre de esta nota, el abogado y el investigador de temas pesqueros sentencian que se ha extendido esta problemática por bastantes años. “Ellos (TASA, Oscar Peña Aparicio, y otras empresas pesqueras), que tienen los bienes y derechos de Pesquera Mar, no pueden probar que tienen contratos válidos con Pesquera Mar, esto es una gran corrupción, más grande que Odebrecht”, menciona Machado recordando que este caso ha durado más de lo debido y que se tiene que sanear lo antes posible. Sigo siendo el acreedor, rescaté la empresa de la estatización de Velasco  cumpliendo así con mis obligaciones mientras que los Brescia de tasa y su socio Oscar Peña siguen trabajando. He cumplido con mis obligaciones, mientras que ellos siguen trabajando con documentos nulos y sin efecto legal”, culmina.

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