La modalidad de clases a distancia que el gobierno tuvo que crear debido a la pandemia se desarrolla este año a paso de tortuga. El Ministerio de Educación (Minedu), que comanda Ricardo Cuenca, ha planteado que los contenidos de “Aprendo en Casa” para radio y televisión empiecen recién en la segunda quincena de abril, un mes después de iniciado el año escolar. El retraso no tendría otra razón que la demora en elegir a la empresa productora que realizará el trabajo.
Hace unos días, en redes sociales, el Minedu señaló que los contenidos de “Aprendo en Casa” no se desarrollarán desde el primer día de colegio, el 15 de marzo, sino a partir del 5 de abril en su plataforma web y desde el 19 de abril en transmisiones de TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional. Es decir, quienes no tengan acceso a computadoras, tabletas o celulares inteligentes empezarán con aún mayor retraso la escuela. Para convencernos de que todo está calculado, el Minedu ha dicho que durante un mes “brindarán acogida a los estudiantes y recogerán información sobre su situación emocional y sobre sus aprendizajes”.
El exministro de Educación, Idel Vexler, fue tajante al afirmar que los plazos expuestos por Minedu no se justifican. “Creo que no ha habido una previsión para generar contenidos de clases virtuales, por radio y televisión oportunamente. No se justifica [los plazos de la evaluación socioemocional hasta mediados de abril]. Cuando se evalúan trabajos, o lo que se llama carpetas de recuperación, y las pruebas que puedan tomarse, se hace el período previo a que los maestros regresen al trabajo docente. No son plazos razonables”, apunta el educador.
En la misma línea, la exministra Marilú Martens aseguró que se debió “tomar el toro por las astas y priorizar la elaboración de buenos contenidos, lo que se debió trabajar en 2020 y en el marco de la experiencia vivida”. “Tiene que haber una propuesta de apoyo socioemocional, pero también una propuesta de recuperación de los aprendizajes que no se lograron, que haya una evaluación de partida. Pero [eso] no debe ser una justificación de por qué no se hicieron las otras cosas”, indicó. Y recordó que, según la Defensoría del Pueblo, 400.000 niños no accedieron al programa del gobierno y otros 100.000 lo hicieron de forma tardía.
¿Por qué el contenido digital arrancará antes que el audiovisual? La respuesta no parece ser otra que la improvisación. El proceso para contratar a una productora debe hacerse de manera directa, como el año pasado, debido a un marco de excepción por la emergencia sanitaria. En febrero pasado, de hecho, el Minedu envió invitaciones a las empresas para que presenten sus propuestas técnicas y sus cotizaciones, pero a tres días del inicio de clase no hay ganador.
Un empresario que fue invitado a participar confirma que no hay una productora elegida hasta ahora. “Todavía no se sabe quién ha ganado, se están demorando demasiado. Las invitaciones se hicieron hace cerca de un mes. Luego, teníamos hasta el jueves 4 de marzo para mandar una segunda licitación. De todas maneras, falta regular. El Minedu pide cosas que en Perú no existen”, dice esta fuente.
Las respuestas de las empresas interesadas a inicios de este mes no habrían sido satisfactorias, porque hoy, 12 de marzo, el Minedu volvió a enviar una nueva solicitud a una serie de proveedores para que envíen sus propuestas económicas. La invitación, cursada por la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (Digere), no hace más que confirmar que no se tiene elegido a la empresa que realice los programas. En el documento al que accedió Sudaca se pide que las cotizaciones se presenten mediante correo electrónico hasta la 1 pm del 19 de marzo, es decir, en una semana. Según expertos en producciones audiovisuales consultados para este informe, es improbable que se llegue con los materiales adaptados al 19 de abril, más aún si para este año se pide más contenido.
A tres días del inicio del año escolar, el Minedu ha vuelto a pedir cotización a varias productoras para «Aprendo en Casa». La improvisación es clara.
Según los términos de referencia enviados por el Minedu, las realizaciones deberían cubrir las demandas de inicial, primaria, secundaria y básica especial. Eso equivale a 792 programas para toda la etapa escolar.
El año pasado la encargada de adaptar el contenido educativo al formato de TV fue Phoenix Producciones. Lo hizo sólo para el nivel secundario. El contrato directo ascendió a S/5,6 millones y contemplaba la ejecución de programas 48 horas antes del día de la emisión y por 195 días calendarios. Desde que se cursaron las invitaciones hasta que se dio la “buena pro”, esa vez, pasaron aproximadamente dos semanas. Los tiempos fueron ajustados para llevar a cabo la realización del trabajo, a decir del dueño de esta productora.
“Fueron tiempos demasiado ajustados, muy apretados. Gracias a Dios la gente que estaba en el tema por parte del Minedu nos apoyó bastante y sacamos el producto adelante. Nos dieron el resultado un martes y lo teníamos que juntar todo para la misma semana”, admite Marco Plaza, dueño de Phoenix Producciones.
El proyecto se sacó adelante con la colaboración del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), pero, para el 2021, se ha añadido la necesidad de producciones más grandes debido a la incorporación de nuevos contenidos. “Para la realización [de los programas] el 2021 se dará el mismo apoyo que el año pasado. Realizamos, no producimos contenido. Las fechas y contenido lo ponen el Ministerio de Educación”, dice Eduardo Guzmán, presidente ejecutivo del IRTP. Guzmán evitó responder si ya estaban avanzando en la mentada “realización”.
Sudaca consultó al Minedu, de manera explícita, sobre el proceso para la producción audiovisual y de radio de “Aprendo en Casa” 2021, quién hará los programas y cuántos participaron de las cotizaciones. No obtuvimos respuesta. La cartera que dirige Cuenca únicamente repitió lo que ha publicado en sus redes sociales: que, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, los docentes “brindarán acogida a los estudiantes y recogerán información sobre su situación emocional y sobre sus aprendizajes”. Al cierre de esta nota, el Minedu agregó que la productora será seleccionada recién la próxima semana, con el año escolar ya en marcha.
“La estrategia de ‘Aprendo en Casa’ no será postergada ni reprogramada ya que la fecha establecida para el inicio es el 19 de abril, porque responde a un proceso de evaluación aplicado a los alumnos tras el período de recuperación que culminó en febrero. Asimismo, por los tiempos que demanda la producción renovada que incorpora segmentos orientados a la familia”, aseguró la oficina de prensa de la entidad por WhatsApp, repitiendo la misma versión de sus redes sociales.
No es lo único que iría mal en esta improvisada vuelta al colegio. Sudaca conversó con una fuente que trabaja el contenido educativo de “Aprendo en Casa”, que luego será adaptado a distintas plataformas, y que denuncia retrasos y presiones a los trabajadores para acelerar el proceso. “Esta nueva modalidad de ‘Aprendo en Casa’ generó bastante retraso. Se metía látigo a todo el mundo y las variantes implican hacer todo un reajuste. Han intentado hacer experiencias integradas, pero, han querido sacarlo en fechas irreales”, explica otra fuente del Minedu.
Lo peor de todo es que no se tiene certeza si es que los contenidos se están cerrando de manera adecuada. Sudaca consultó por este y otros puntos −tanto por el canal de comunicaciones, así como al número de WhatsApp− a la viceministra de Gestión Pedagógica, Killa Miranda, quien tiene a su cargo las direcciones que deben resolver este problema. Las fuentes la señalan como la responsable de los retrasos. La funcionaria optó por la política de la avestruz.
«Lamentablemente, en el Perú hay un deseo de ser cabeza de ratón», dijo el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, hace una semana a Canal N. La conductora le había preguntado por la reciente salida de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que ha cortado palitos con su gremio. Él eligió aludir a la forma inversa de un refrán español: «más vale ser cabeza de ratón que cola de león». La frase significa que es preferible ser líder de algo chico que la última rueda de algo más grande. Así se tiran los guiños en el gran empresariado.
Lo de Capeco es, sin embargo, el último de una serie de desencuentros al interior de la confederación de intereses corporativos más importante del país. Un reacomodo de poderes que puede rastrearse hasta una fecha muy especial en el calendario empresarial del país: la Conferencia Anual de Ejecutivos (Cade) del 2019.
Sudaca ha conversado con siete fuentes que participan en la vida institucional de la Confiep y ha identificado ese día, hace poco más de un año, como punto de referencia para las últimas movidas que se han producido en el gremio sanisidrino. La partida de una de sus asociaciones fundadoras y la entrega de posta al jefe en el Perú de la multinacional KPMG no tienen como única explicación la proximidad de unas elecciones generales. El poder, en la alta sociedad, siempre está en movimiento.
‘Pequeña empresaria’
Si la Confiep es la iglesia matriz del gran empresariado nacional, la Cade viene a ser algo así como su Meca. Cada noviembre, con la excepción de estos años de pandemia, los principales apóstoles del sector privado −junto a conocidos lobbistas y demás personajes que pululan alrededor− salen de Lima en peregrinación hacia algún hotel de lujo. El motivo, según ellos, es hablar sobre los problemas más urgentes del Perú. Periodistas y políticos acompañan la comparsa.
Es el 28 de noviembre del 2019 y, en la explanada de la Cade, en Paracas, María Isabel León espera su turno para salir a escena. La presidenta de la Confiep sabe que el discurso que ha preparado −cuyas páginas ya mostró a su Comité Ejecutivo− está destinado a la basura. Ha sido invitada a una conferencia que se llama “Combatiendo la corrupción del sector empresarial”, y salir a decir las mismas tres tonterías vacías que se repiten sobre el tema parece no tener sentido ese día. La presión es fuerte.
La semana anterior, los peruanos se han enterado que Dionisio Romero Paoletti, cabeza de uno de los grupos empresariales más grandes del país, entregó maletines con dinero a la campaña de Keiko Fujimori el año 2011. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, el rechazo popular contra los empresarios allí reunidos ha llegado a un punto álgido. Para tensar aún más el ambiente, el presidente Martín Vizcarra, abanderado del discurso de la lucha anticorrupción, ha arribado de improviso a la carpa.
En aquella Cade del 2019, María Isabel León decidió no leer sus apuntes y se dedicó, en cambio, a lanzar titulares. Dijo que “sería vergonzoso” hablar de ética y anticorrupción con todo lo que pasaba, y que estaba dispuesta a seguir representando a los presentes solo si había un cambio. “No estoy dispuesta, de ninguna manera, a comerme más sapos”, reclamó. Y recordó que “cuando uno recibe a los amigos en la casa, si se sabe que alguno tiene por ahí alguna presunción de que ha cometido un delito, no lo lleva a su casa”.
Con la idea ya clara, dejó una frase que despertó un aplauso cuasi enardecido en la carpa: “Tengo 3 millones 650 razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado”. La cifra hacía referencia al dinero que Romero −entonces presidente del directorio de Credicorp− había entregado a la campaña del fujimorismo. En resumen: la ‘limpieza del empresariado’ terminó enfocada en el heredero de una de las tres fortunas más grandes y diversificadas del país. Al mes, Romero Paoletti dejó el Comité de Gobierno Corporativo de su firma; y a los cuatro, el directorio. “Para enfrentar la pandemia”, se reseñó como razón en un comunicado corporativo tras esta última salida.
Pero el día que León esperaba su turno para enfilar las balas contra el último Romero mandamás, no solo cargaba con la presión de lo que estaba por decir. También arrastraba un estigma que repitieron cinco de las fuentes: había sido elegida como una de las últimas opciones para el puesto. Además, y aunque ella se ha defendido varias veces alegando que su participación en la campaña fue puntual, en el 2016 había coordinado parte del plan de gobierno del hoy investigado fujimorismo.
El gremio, sin embargo, nunca había tenido una presidenta mujer. Tres fuentes masculinas indicaron que eso ayudó a que finalmente se alcanzara consenso en torno a su figura. Aunque existe la opción de presentar distintas candidaturas, a ‘la poderosa Confiep’ no le gusta que se publicite ninguna discrepancia entre sus miembros. Por eso, tiene la costumbre de elegir a su máximo representante, cada dos años, bajo estricto acuerdo previo. Pero ese consenso no dura para siempre.
Las declaraciones de León en la Cade generaron un fuerte malestar en algunos sectores de la Confiep. El reclamo general, relatan las fuentes, fue que una presidenta no podía dar esas declaraciones sin antes haberlas consultado con su comité. Lo cierto es que, de haberlo hecho, no se las habrían aprobado. León, empresaria de la educación, ha resaltado en entrevista con Semana Económica su condición de “pequeña empresaria”. Ciertamente, su instituto de aviadores, Avia, es modesto si se le compara con los negocios de las dos familias más ricas del país. La balanza no parecía tener mucho peso de su lado.
En los juegos de poder, además, todo ataque acarrea una contraofensiva. A los pocos días de aquel discurso, Arturo Woodman, miembro del Consejo Consultivo de expresidentes de la Confiep, dijo al conservador diario Expreso que era León la que había cometido un error y que, por eso, debía “dar un paso al costado”. Exdirector en varias empresas de los Romero y constructor piurano, Woodman también salió en defensa de sus paisanos en Panamericana Televisión. El ala financiera de los negocios de la familia tardaría, igual, en absorber el golpe reputacional.
Tres fuentes consultadas por Sudaca explican que Woodman, desde entonces, se mantuvo ‘distante’ de la vida institucional de la Confiep. Algo que resulta ajeno a un gremio en el que la influencia de los expresidentes, si bien no tienen derecho a voto, es muy fuerte. Una de las fuentes describió al grupo que conforman como un “consejo de ancianos”, en el sentido que nuestros antepasados le habrían dado al término. Ese órgano consultivo de ‘la tribu’, según cuatro entrevistados, pasó a mirar con resquemor a la entonces presidenta.
Tensa pandemia
Pocos meses después de aquel discurso, al Perú le sobrevino la pandemia. Con los negocios cerrados por la primera cuarentena y las empresas ahogándose, se empezó a discutir si los bancos debían ofrecer la posibilidad de reprogramar créditos sin aumentarle los intereses a sus clientes. Ponerse la camiseta, digamos, en una situación bastante difícil. Días de silencio oficial por parte de las entidades financieras (aunque con uno que otro pronunciamiento de sus gestores de intereses), fueron rotos por León en TV Perú a finales de marzo. Declaró que la reprogramación debía hacerse sin intereses.
La sensatez aterrizó pronto en los dos bancos más importantes del país: el BBVA Perú y el Banco de Crédito (BCP) −este último, de los Romero− anunciaron el mismo día que reprogramarían sin cobros adicionales. Fuentes cercanas al sector aseguran que uno de los dos tomó la decisión y que el otro no quiso enfrentar las consecuencias reputacionales de no hacerlo. Aunque León es una firme convencida del credo del libre mercado, con esa declaración volvía a poner la mira en sus principales jugadores.
Poco después, en junio, la Asociación de Bancos (Asbanc) le jaló la alfombra a la presidenta. Luego de que Vizcarra amenazara, sin decirlo, con intervenir las clínicas privadas, la Confiep emitió un comunicado de enérgico rechazo. Para darle potencia, la organización comandada por León decidió poner debajo del texto los logos de todos sus agremiados.
Asbanc no fue consultado sobre el contenido de la carta abierta de Confiep al presidente de la República y hubiésemos preferido que no fuera enviada. Consideramos que en estos momentos es necesario un diálogo respetuoso y abierto que permita una solución integral a la crisis.
Fuentes con conocimiento directo de la situación han relatado a Sudaca que, por esos días, Asbanc tenía pendiente una agenda regulatoria con el gobierno. Salir con la pierna tan arriba no era conveniente si, además, aparecía su distintivo gremial. Entonces, la noche del 25 de junio, en su Twitter oficial apareció un mensaje: “Asbanc no fue consultado sobre el contenido de la carta […] y hubiésemos preferido que no sea enviada”, aseguraron.
La publicación sorprendió a todos los analistas y empresarios del círculo, acostumbrados a que este tipo de choques se resuelvan con hermetismo. Algunas fuentes dijeron que la relación entre el representante de los banqueros, Martín Naranjo, y León se reconstruyó con el tiempo. Otras indicaron que ese ‘reconstruir’, en realidad, significó ‘tolerar y cooperar’ para calmar las aguas y que la cosa no escale. Woodman sí mantuvo para siempre su sana distancia.
Chau, Capeco
Durante la presidencia de León se han ido dos gremios de la Confiep: la poco conocida Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Aspor), tras un choque de intereses con la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), y la emblemática Capeco. Esta última no es poca cosa. Junto a otras seis asociaciones sectoriales de empresarios, la cámara de la construcción es una de las que, en 1984, fundó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), como una respuesta a la demoledora crisis en la que estaba ingresando el país.
Otros fundadores, como la Asociación de Exportadores (Adex) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también se han retirado de la Confiep en las últimas décadas por la percepción de que algunos gremios tienen más peso en las decisiones sobre qué líneas defender. “Confiep habla por los intereses de los grandes grupos y empresas. Los pequeños eran comparsa […] Adex y la SNI representan a grandes, medianas y chicas. Y cuando necesitamos solucionar algún problema, hablamos directamente con el gobierno”, explicó una fuente del gremio exportador ajena a las siete consultadas.
Otra fuente ha descrito la actitud de Capeco como “una pataleta”. Lo cierto es que todos aseguran que el gremio constructor ya venía meditando su salida, por lo menos, desde hacía año y medio. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, la cámara había quedado vulnerable entre sus pares. Una primera ‘limpieza empresarial’ renovó la cúpula para dejarla en manos de los desarrolladores inmobiliarios, en desmedro de las grandes constructoras. Los principales representantes ante Confiep pasaron a ser de ese rubro: el desarrollador Humberto Martínez, de Marcan, y el arquitecto Enrique Espinosa, de Espinosa Arquitectos. Sin embargo, no fue suficiente.
Diversas fuentes de Capeco han asegurado que el descontento con su iglesia matriz se debía al peso que tienen los banqueros y los mineros en las decisiones de la organización.No solo a través de sus directivos oficiales, sino de sus operadores políticos. “Una prueba clara es que, con el escándalo de las constructoras, se le hizo a Capeco renovar a su directiva, con razón. Pero cuando el escándalo involucra a un banco, como en el caso de Romero, se le tiran encima a quien dice algo”, explicaron.
Con la llegada del verano, a la Confiep se le empezaron a aproximar dos elecciones: la nacional, con sus consecuencias naturales sobre el crecimiento de la inversión, y la suya propia. Como León había asumido tarde su mandato, la fecha de cambio de posta en el gremio empresarial más poderoso del país iba a tener apenas unos días de distancia de la votación presidencial. Algo que, en idioma de empresario, suena bastante mal.
Arturo Woodman, también expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue uno de los que se tomó más a pecho el ataque de León contra los Romero.
Para elegir a un presidente, como ya se ha explicado, se necesita consenso previo. La lista siempre debe ser única y mostrar un frente cohesionado. ¿Si eso les ha funcionado durante años, por qué hacerlo de otra manera? Este año Capeco jugó sus fichas a que sí cambiarían. La mayoría de fuentes ha confirmado a Sudaca que el gremio constructor evaluó presentar su propia candidatura, sin encontrar candidato en la interna. Nunca realizó una propuesta formal. Sin embargo, sí dejó claro que la elección debía ser eso: escoger, no ratificar.
“¡Imagínate a Capeco, después de los escándalos, presidiendo Confiep!”, dice una fuente. En paralelo, el ‘consejo de ancianos’, agrupado en un chat, deliberaba sobre quién podría ser el candidato único e ideal. Las conversaciones, para ello, se suelen dar en distintos niveles. De pronto, surgió un nombre que ya había sonado entre las opciones que fueron discutidas antes de la elección de León: Óscar Caipo. No pudo ser aquella vez por temas estatutarios.
Caipo ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a comandar la división peruana de la multinacional KMPG, una red de firmas que se dedican a la auditoría y a la asesoría legal, financiera y tributaria de las principales corporaciones alrededor del mundo. De hecho, KPMG es conocida como una de las consultoras ‘big four’, junto a PwC, Deloitte y Ernst & Young. Además de ser el socio administrador de esa firma en el país, Caipo preside Empresarios por la Integridad, una asociación cuyo nombre no da lugar a mayores explicaciones.
El consenso en torno a su figura se alcanzó rápidamente entre los expresidentes de la Confiep. Ellos son los que se encargan de producir al candidato que luego obtendrá la venia de los actuales representantes de los gremios afiliados. Así lo manda la tradición. ¿Quién le haría el ofrecimiento? Se decidió que el enviado sea Martín Pérez, uno de los pocos ‘ancianos’ que, a sus 55 años, comparte promoción con Caipo. Podría llegar a él con mayor facilidad.
Pérez también es de la misma generación que el joven Dionisio Romero Paoletti, de quien es amigo. Además, es director suplente en el BCP “Pérez fue el encargado de hacer el nexo para que se entregue ese dinero a la campaña [de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011], no te pases”, reclamó una de las fuentes. En declaraciones ante el equipo especial Lava Jato, Romero Paoletti dijo que fue Pérez quien lo ayudó a tomar contacto con la organización que lidera Keiko Fujimori, según informó El Comercio.
Caipo aceptó y la mayoría de gremios se subió al barco. No Capeco. Fuentes de esta institución contaron que el nombre no era el problema, sino la forma poco democrática de elección. Tras descartar la opción de tentar ellos mismos la presidencia, movieron una ficha −de manera informal− para que María Isabel León se quedara de largo hasta después de la primera vuelta. Del otro lado, sin embargo, la discusión era diametralmente opuesta: los gremios planeaban adelantar su salida. Estos últimos ganaron la pugna.
De la nueva normalidad
Los tres nombres fuertes del nuevo Comité Ejecutivo de la Confiep: Óscar Caipo, Cayetana Aljovín y Ana María Choquehuanca.
No solo era “raro” tener un cambio de mando un día antes de la primera vuelta, sino que la Confiep −aunque sus representantes no lo acepten abiertamente− tiene un rol político que cumplir. Si bien no es que exista el mentado ‘candidato de la Confiep’, sí hay opciones ‘antimercado’ contra las que hay que estar preparados para hablar. Hacerlo con una gestión desgastada no es una buena idea.
Inicialmente León dio la impresión de no querer adelantar su entrega de cargo. Sin embargo, luego ella misma pidió que se convoque a las elecciones para que sean el último martes por la noche. No tenía ya, para entonces, gerenta: Patricia Teullet, quien la había acompañado en ese puesto, la había dejado en noviembre para formar parte del breve y sangriento Gabinete Merino. Poco a poco, León fue despidiéndose y dejando los chats de la Confiep. Decidió dejar el cargo el mismo día de la elección.
Días antes de ello, Capeco, sin poder conseguir el respaldo que buscaba, oficializó su salida. Caipo −quien declinó de responder para esta nota− asume un gremio en el que la balanza del poder ha sido recalibrada. Su vicepresidenta es Cayetana Aljovín, que viene del tradicional gremio de grandes pesqueras, y las pequeñas empresas han sido relegadas a la segunda vicepresidencia, con la figura de Ana María Choquehuanca. ¿Cómo canalizarán su discurso en las elecciones que se avecinan?
De la ‘pequeña empresaria de la educación’, férrea defensora del modelo y de pasado fujimorista, la Confiep pasa ahora al jefe local de una consultora con millonarios clientes. Algo así como decir que, tras una tensa aventura en la derecha más popular y confrontacional, el gremio de gremios ha regresado a la derecha más corporativa y discreta. Todos, por supuesto, aseguran que las rencillas ya han sido superadas. Entre empresarios, no fingir una sonrisa sí cuesta dinero.
“¿Cómo hacer feliz al esposo?” es el título de uno de los cursos dictados por la pastora Milagros Jáuregui de Aguayo (58), la número 2 por Lima de Renovación Nacional. La clase está grabada en audio, cuesta entre US$10 y US$16 y se marquetea con la siguiente reseña: “En esta serie de enseñanzas, Milagros Aguayo se anima y exhorta a las mujeres a estar atentas a su rol de compañeras de pacto”. Como este hay otros títulos que se ofertan en la iglesia “La Casa del Padre”, una asociación que fundó la candidata, junto a su esposo, el año 2006 y que, a pesar de ser una organización sin fines de lucro, es la matriz de todo un conglomerado de negocios aparentemente exitosos. Cuestión de fe, dirían algunos.
Conferencias, libros y cursos evangelizadores son parte de la oferta que ha permitido engrosar las arcas de la asociación. Y los diezmos, claro.
En su declaración de ingresos, Milagros Jáuregui -o Milagros Aguayo, como prefiere darse a conocer- dice haber ganado S/123.196 en el 2019. La holgada vida de la candidata le ha permitido comprar, el 2018 y junto a su esposo, Guillermo Aguayo, una casa –su actual residencia– en la exclusiva urbanización Club Campestre Las Lagunas. El inmueble está valorizado en S/1.701.400. Cerca, en Santiago de Surco, Guillermo Aguayo posee otra vivienda similar, en la acomodada urbanización Las Gardenias, por la que pagó un valor de S/2.700.000. Desde el 2006, y como consta en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones, liderar “La Casa del Padre” ha sido la única ocupación laboral de la pastora.
La iglesia está ubicada en La Molina y es el epicentro económico de la familia Aguayo para todos sus “emprendimientos”. No tiene propiedades a su nombre, pero sí registra una deuda pendiente con EsSalud por S/12.998. “La Casa del Padre” funciona como cualquier otra empresa familiar. Según Registros Públicos, una de las hijas de la candidata es la encargada de manejar las cuentas e ingresos. Y su esposo Guillermo Aguayo y ella han sido presidente y vicepresidenta desde el inicio. Con el paso de los años, la familia ha logrado diversificar sus productos y enriquecerse ofreciendo libros, discos, asesorías familiares y entradas a conferencias grabadas. Todo gracias a la confianza de sus fieles.
“Yo soy una mujer que trabaja, tengo un hogar donde albergo adolescentes embarazadas en abandono, he escrito muchísimos libros, comentarios bíblicos, devocionales. Estoy con mis hijos en un proyecto de una cafetería de autor. Soy una mujer empresaria y pastora”, se presentó la candidata durante un evento llamado “Respiro y Liberación”, realizado en Panamá el año 2019.
Sin estudios universitarios, ni técnicos, la candidata ha echado mano de su fe. Hasta hace unos años los Aguayo tenían una imprenta llamada “Publicaciones y Producciones Way of Life” que dejó títulos como “Mujer única: discernimiento y sabiduría para maximizar tu vida” y “Hombría 101”, pero el negocio fue dado de baja en el año 2012.
Las que sí están activas son dos asociaciones más, registradas a nombre del marido de la candidata: la primera es “Salvemos a la Familia”, una iniciativa religiosa que busca “rescatar y mantener en vigencia a la familia, la única entidad que ha sido el pilar principal para el mantenimiento de sociedades sanas”. ¿Cómo lo hace? A través de masivas conferencias en las que participan expositores extranjeros. El otro proyecto de la marca “Aguayo” es el Centro para el Desarrollo de la Familia, una institución educativa que ofrece una diversidad de productos, entre ellos, justamente, «Cómo hacer feliz al esposo». Pero hay otros títulos más que también le rehúyen al feminismo: “Hombre de Verdad” y “Esposo irresistible”, por ejemplo. Cualquiera puede adquirirse por el módico precio de S/60.
Los diplomados, por su parte, son un poco más caros: entre S/ 65 y S/160 mensuales. Los Aguayo también han incursionado en en la gastronomía: el año 2015, la candidata fundó junto a sus hijas “Botón Lila”, una cafetería situada en pleno corazón de La Molina. Y una de las hijas de Aguayo ha impreso su vena artística con un disco de música que lleva su nombre, “Paz”, y que también se promociona en el sitio web de “La Casa del Padre”. “Paz Aguayo tiene la firme convicción de que esta es una herramienta para seguir extendiendo el Reino”, dice la presentación.
No hace falta navegar mucho tiempo por el sitio web de la iglesia para toparse con las cuentas bancarias a las cuales los fieles pueden transferir los “diezmos”. “Si tú buscas el sistema de los diezmos en la Biblia no lo encuentras. No hay un principio que diga que ofrezcas un porcentaje de tu sueldo. Es una cosa maquiavélica que han exacerbado las iglesias neopentecostales (como “La Casa del Padre”, “Agua Viva”, “Camino de Vida” y otras)”, dice Óscar Amat, sociólogo y protestante luterano que conoció al matrimonio Aguayo antes del 2006, en los años que compartía culto junto a ellos en otra iglesia: “Camino de Vida”.
En aquella época -recuerda Amat- Guillermo Aguayo, el esposo de la candidata, era asistente del pastor principal en aquella iglesia, Robert Barriger. Según Amat, fue en esos años que el matrimonio descubrió su especialidad dentro de la iglesia evangélica: la protección de la familia. “Guillermo se encargó de los hombres y Milagros de las mujeres. Guillermo trataba que los hombres fueran líderes eclesiales, profesionales y familiares. Milagros desarrollaba un curso más tradicional. Su objetivo era recuperar la dimensión de la mujer sujeta al hombre”, explica.
Fue entonces que los Aguayo se sintieron listos para abrirse su propio camino en el mundo evangélico. Su fijación con la familia no se quedaría en el discurso, también incluirían a sus hijos en esa misión. “Eso está legitimado por la doctrina religiosa de Barriger: la iglesia familiar. Así diversifican la capacidad de ingreso. Los hijos heredan las Iglesias con el objetivo de perpetuar el negocio de la fe”, afirma Amat.
Todas estas creencias constituyen lo que Aguayo llama la defensa del “diseño del cielo”, es decir, la responsabilidad que tienen los evangélicos de moldear el mundo. Una misión que borra la separación entre el Estado y la Iglesia. Los motores de su labor pastoral son la oposición al aborto y el rechazo al enfoque de género. Ahora forman parte de su propuesta política.
Si la semana pasada la candidata a vicepresidenta de López Aliaga, Neldy Mendoza, hizo noticia por sus ideas sobre los métodos anticonceptivos y el rol de la mujer en la sociedad, la pastora de la Casa del Padre no se queda atrás. “Tengo que ser responsable como esposa y respetar a Guillermo (Aguayo) como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar. Tengo que aprender a caminar en sujeción a su liderazgo. Ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios le entregó al varón. No importa cuán modernas seamos”, dijo durante una conferencia en Panamá en julio del 2019.
Aguayo junto a Rafael López Aliaga en la presentación oficial de su candidatura en noviembre del año pasado.
Parte de su repertorio también es, por ejemplo, una comparación que hizo entre el Holocausto y los abortos. “Nos escandalizamos del Holocausto, ¿por qué no nos escandalizamos de la matanza de los niños en el vientre de las madres? Eso es lo que más me apasiona de entrar a la política y caminar al lado del ingeniero Rafael porque él tiene bien clara la idea de la vida y cómo debemos defenderla”, explicó en esa oportunidad.
Para oponerse a la llamada ideología de género, Aguayo suele presentar un vídeo en sus conferencias que inicia con una advertencia inverosímil: “La espeluznante evidencia de que los niños son el objetivo, según un artículo publicado en Gay Community News”. A continuación, una tétrica voz en off expone un manifiesto de las supuestas intenciones de la comunidad gay con los niños, acompañada de imágenes en blanco y negro. “Sodomizaremos a sus hijos, emblema de su pobre masculinidad”, “los reformaremos a nuestra imagen, vendrán a implorarnos y adorarnos”, “somos capaces de disparar armas de fuego y levantar las barricadas de la revolución final; tiemblen heterosexuales cuando nos presentemos sin nuestras máscaras”, son algunas de las frases que se logran escuchar.
Esta es la primera incursión de Milagros Aguayo en política. En un informe previo de Sudaca, especialistas de la comunidad evangélica explicaron que la pastora se unió a López Aliaga luego de su separación del movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas”, donde compartía la vocería con Beatriz Mejía.
La misma publicación apunta que el matrimonio Aguayo tiene una alta legitimidad dentro de su comunidad gracias al éxito económico que han tenido, algo que los acerca al modelo de “empresario exitoso” que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, resalta. “La mitad de nuestras listas son pastores o líderes evangélicos. Los números uno en nuestro país”, dijo orgulloso el candidato presidencial en la presentación de sus candidatos para las elecciones generales de abril.
Sudaca intentó concretar una entrevista con la candidata, pero no respondió al cierre de esta edición.
“Yo creo que fue una mala decisión. Fue una apuesta que se hizo por la industria nacional”, sostuvo el pasado viernes 5 de marzo el presidente Francisco Sagasti en entrevista con el programa “Sálvese quién pueda”, que se transmite en redes sociales. Se refería al convenio firmado en octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la entrega de 47 plantas de oxígeno y cuyos plazos fueron incumplidos por la casa de estudios. La UNI debía hacer una primera entrega de 18 plantas hasta el 24 de enero, según la Contraloría General de la República. El día de las declaraciones de Sagasti, la cuenta estaba estancada en cinco. Ahora está claro que todos perdimos esa “apuesta”.
Horas antes de la entrevista al presidente, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que daría un ultimátum de cinco días para la entrega de las 13 plantas restantes y que, de no cumplir con este, se rescindiría el convenio. Fuentes de Sudaca en el Minsa apuntan que dicho ultimatum ya ha sido enviado por escrito a la UNI y que esperan una respuesta.
¿Cómo llegamos al caos de un convenio ad portas de rescindirse? Este artículo reconstruye una parte clave de la historia, previa al 30 de octubre, el día en que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, firmaron lo que meses después se convertiría en una pesadilla y que se bautizó con el nombre de “Oxigena 47”.
Malas decisiones
Cuando el pasado 21 de octubre, el Minsa solicitó a diferentes empresas cotizaciones por 47 plantas de oxígeno —que serían destinadas a 46 hospitales—, dio menos de dos días para la presentación de solicitudes (ver correo y anexo con la lista de plantas y hospitales). El italiano Marco Cocco, representante legal de Chopin Management Limited, una compañía con sede en Reino Unido que lleva la representación comercial de más de 50 firmas a nivel global, fue uno de los que envió la documentación en tiempo récord. “Se iban a montar las 47 plantas [de la marca danesa Oxymat] en sesenta días, incluso en dos días menos. Las íbamos a entregar funcionando”, asegura Cocco. Y añade: “Todo llegaba por avión”. Era la vía más rápida de entregar las plantas de manera progresiva y semanal.
El empresario italiano sostiene que la cotización que presentó en soles equivalía (sin incluir el IGV) a los 26.586.269 dólares (cerca de cien millones de soles) por los que el Convenio con la UNI fue firmado.
Meses antes, entre junio y octubre, Cocco ya había contestado diferentes solicitudes de cotizaciones de plantas de oxígeno requeridas por el Minsa. Una experiencia por la que también pasó Itay Ingber, empresario de origen israelí. Ingber es gerente de operaciones de la empresa peruana Macrourbe Desarrolla y representante legal de la firma EL-AV Compressors, de Israel, dedicada a la venta de equipos médicos.
El pasado 27 de julio, por ejemplo, el Minsa le solicitó una cotización vía correo electrónico con el título: “Muy urgente- adquisiciones de 17 generadores de oxígeno de 365 LPM mínimo de capacidad” (sic). La compra iba a beneficiar a la misma cantidad de hospitales (ver correo y anexo con especificaciones técnicas). Cuando menos en cinco de estos, de Lima y otras regiones, la urgencia de oxígeno se diluyó a ojos del Minsa y fueron incluidos recién en octubre pasado en la lista de las 47 plantas del convenio con la UNI. Algunos de estos hospitales esperan las plantas hasta hoy.
A través de las solicitudes de cotizaciones realizadas por el Minsa, Marco Cocco e Itay Ingber vieron cómo iba creciendo la cantidad de plantas requeridas por el gobierno hasta llegar a las 47. “Han esperado hasta finales de octubre para firmar un convenio por plantas por las que he recibido solicitudes de cotizaciones desde junio”, apunta Ingber. La UNI terminó siendo la elegida.
Sudaca solicitó una entrevista al Minsa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
“Si tú ya sabías que existían empresas privadas que podían cubrir [la necesidad] en el grado de urgencia que lo estabas pidiendo, ¿para qué suscribes un convenio donde entregas toda la necesidad [a un solo proveedor]?”, sostiene Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos y asuntos regulatorios.
Para la abogada, la decisión fue una forma de “sacarle la vuelta a la norma”, es decir, al principio de pluralidad de postores de la Ley de Contrataciones del Estado que prevé que, si existe oferta en el mercado actual, se debería convocar a un elenco más amplio de proveedores. «Y eso no se cumple acá, porque se ve que toda la demanda se la pasó al Convenio [con la UNI]”, apunta.
Según Ruiz, habría sido más eficiente realizar contrataciones directas con distintas empresas privadas y, en paralelo, suscribir un convenio con una universidad nacional como la UNI. No sólo para cubrir la necesidad pública sino para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado.
«Yo no voy a hacer un convenio con una sola institución para que me haga 47 plantas de oxígeno, cuando puedo hacer 5 o 6 convenios o contratos con entidades particulares que me puedan garantizar, por una [carta] fianza o un mecanismo de solución de controversias, que voy a recuperar el dinero si me estafan, como en este caso”, agrega en el mismo sentido el abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado.
En la práctica, se constituyó una especie de monopolio paralelo al de Praxair-Linde, la mayor proveedora de oxígeno medicinal en Perú. Un monopolio de la UNI.
«Ella me dijo que era ingeniera”
“Primeramente, en octubre no teníamos pandemia. (…) Este proyecto [Oxigena 47] se inicia para mejorar el sistema de salud, no pensando en la segunda ola, porque en ese momento no había segunda ola”. Las increíbles declaraciones son del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Javier Franco, y fueron realizadas durante una sesión del Consejo Universitario el pasado jueves, un día antes del anuncio del ministro Ugarte sobre la rescisión del convenio.
“Oxigena 47” estuvo, por supuesto, en agenda, y a Franco le tocó defenderse luego de ser cuestionado por no haber previsto posibles demoras en un proyecto tan urgente. Su facultad es la responsable legal del convenio con el Minsa.
Franco fue el responsable de designar como directora ejecutiva del proyecto a Elizabeth Chahuares, una supuesta ingeniera que no está colegiada ni registrada entre los egresados de la UNI. «Ella me dijo que era ingeniera”, se defendió el decano. “Lamentablemente ya no está en nuestro proyecto», se lamentó. En efecto, desde el lunes último, el ingeniero Walter Yañez asumió el cargo de manera interina, como confirmó él mismo a Sudaca.
Para la firma de “Oxigena 47”, Elizabeth Chahuares ya era un personaje con antecedentes negativos en la UNI. El primero: un proyecto para fabricar un ventilador mecánico que no logró la aprobación de Digemid y cuyo liderazgo habría arrebatado al profesor de la UNI Manuel Luque. El segundo: un inconcluso convenio con Ejercito del Perú para producir desde cero plantas de oxígeno.
Al centro: Elizabeth Chahuares y Elmar Franco luego de la firma del Convenio de la UNI con el Ejército peruano para la fabricación de plantas de oxígeno. Foto: UNI.
¿Cumplirán?
«En enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se la consignó hasta febrero. Cuando se ha visitado, solo algunas [plantas] estaban listas y pidieron un nuevo acuerdo, [dijeron] que no iban a poder cumplir con las 47, sino solo con 18 [plantas]. En las últimas semanas han entregado cinco y debían completar las 13 restantes hasta ayer [jueves], pero no han entregado ninguna más», explicó el pasado 5 de marzo, en conferencia de prensa, el ministro óscar Ugarte.
El presidente Francisco Sagasti se mostró, sin embargo, entusiasta en una entrevista que dio por la noche de ese mismo día. “En este momento la UNI tiene suficientes componentes para producir 18 plantas. Entonces ya tienen todo eso comprado. Se van a producir esas 18 plantas, y de ahí en adelante se rescinde el contrato”, comentó.
Al día siguiente, la cuenta de plantas entregadas subió a seis, con la instalación de una en Chota, Cajamarca. La UNI respondió al ministro de Salud con otra conferencia de prensa, donde presentaron siete plantas móviles más: tres culminadas y cuatro en “trabajos finales”. Estas plantas, según la universidad, se entregarán esta semana. Pero faltan otras cinco para llegar a la meta de las 18. ¿De dónde las sacarán? Todo indica que los cinco días de ultimátum serán insuficientes y la rescisión será inminente. Quizá por ello Ugarte se apresuró en anunciar la cancelación del convenio ante el Congreso.
La apuesta del gobierno le pasó factura a los pacientes de 34 hospitales que no tienen ni siquiera una fecha de entrega de las plantas de oxígeno, aquí el detalle de cuáles son:
Se conocieron a través de Facebook. En enero de 2020, el peruano Iván Asencios (33) y la joven venezolana Vanessa Gil (27) intercambiaron mensajes por el chat, se hicieron amigos y se enamoraron. Cuatro meses después, empezaron a convivir. Tenían planes de casarse. En diciembre pasado, ella comenzó a sentir mareos: pensó, quizá, que estaba embarazada. Pero cuando le hicieron los exámenes médicos, le informaron que tenía leucemia aguda. Vanessa está internada desde el pasado 17 de febrero en el Hospital Neoplásicas. Allí se contagió de Covid y su vida corre peligro.
Aquel 17 de febrero, Vanessa llegó a emergencias luego de sentir fuertes mareos. Iván, que trabaja como obrero de construcción, la llevó en un taxi desde la casa donde alquila una habitación, en San Martín de Porres, hasta el centro de salud oncológico de Surquillo. La joven no tiene carnet de extranjería, uno de los requisitos para acceder a la modalidad gratuita del SIS ni a la tarifa base de 15 soles mensuales que también contempla el seguro. Así que decidieron asumir el costo real del tratamiento.
“Es muy complicado. Sabemos que la mayoría de venezolanos no está en condiciones de pagar un servicio médico”, comenta a Sudaca Carlos Scull, a cargo de la embajada -aún no reconocida por el gobierno de Maduro- de Venezuela en nuestro país. Vanessa es parte de los 576.412 venezolanos que viven en Perú y que no tienen carnet de extranjería, según cifras oficiales de Migraciones. Carlos Scull añade que este vacío debería ser tomado en cuenta por las autoridades.
Cuando Iván Asencios aceptó pagar el tratamiento, los médicos le advirtieron que era mucho dinero y le preguntaron varias veces si estaba seguro. Iván respondió que Vanessa era su pareja, que iba a casarse con ella y que iba a prestarse dinero para costear el tratamiento. Les rogó que la atendieran. Les suplicó que no la dejaran morir. Entonces, los médicos ordenaron su ingreso, pero le exigieron que presente los resultados de una prueba de médula de la mujer, que compruebe el diagnóstico. Iván tenía ese documento entre sus papeles, porque días antes había tenido que pagar S/2.400 a una clínica privada para que a Vanessa le realicen el mentado examen.
El peruano Iván Ascencios y la joven venezolana Vanessa Gil se conocieron en Facebook, intercambiaron mensajes de chat, se hicieron amigos y se enamoraron. A ella le descubrieron que tiene leucemia aguda. No tiene seguro SIS, está internada en el Hospital Neoplásicas, tiene Covid y lucha por su vida. Él es obrero de construcción y tiene que gastar S/200 diarios en medicinas. Es una dramática historia de amor.
El vía crucis de la pareja venezolana-peruana recién había empezado. Cuando Vanessa estuvo internada en Emergencias, los médicos detectaron que un niño que estaba en una cama contigua a la suya tenía Covid. Entonces hicieron pruebas de descarte a todos los pacientes y ella dio positivo. La trasladaron al cuarto piso del hospital, a un centro de aislamiento, donde todavía se recupera del virus y donde ya ha sido sometida a seis quimioterapias para superar la leucemia. No sabe hasta cuándo permanecerá allí.
Desde que su pareja está internada, Iván tiene que gastar 200 soles diarios en medicinas. La estadía de Vanessa, en Emergencias, le costó S/3.000. Para conseguir ese dinero, ha realizado polladas, se ha prestado de amigos, ha gastado sus ahorros y CTS, y ha pedido un adelanto a su jefe de la construcción donde trabaja.
En enero pasado, Vanessa -que nació en Caracas y estudió Arquitectura- fue despedida de un centro de terapia para niños con enfermedades psicomotrices, donde trabajaba como recepcionista. La dueña pensaba que estaba embarazada debido a los mareos que tenía. Pero al enterarse de que estaba internada en el Neoplásicas, le pidió perdón y ayudó a la pareja con algunos gastos del hospital. Pero el aporte es insuficiente. En Perú, Vanessa no tiene familiares.
La solución para seguir solventando el tratamiento de Vanessa es que Migraciones le otorgue el carnet de extranjería para personas vulnerables. De esa forma, podría obtener su seguro ‘SIS gratuito’, por la humilde condición en la que vive, y estarían cubiertos todos los costos de su tratamiento, al que se ha sumado el Covid. También podría acceder a la modalidad denominada “SIS pago”, que le permitiría acceder al seguro desde 15 soles mensuales. El pasado 18 de febrero, Iván inició el trámite para lograrlo.
Iván Asencios ha iniciado una campaña para solventar los gastos económicos diarios del internamiento, en el Neoplásicas, de Vanessa. Élla no tiene seguro porque no posee carnet de extranjería ni PTP. El joven peruano ha gastado sus ahorros, su CTS, realiza polladas y se ha prestado dinero de sus amigos. ¿Le ayudamos?
Casi todas las mañanas, el hombre de 33 años toma un bus para dirigirse al Hospital Neoplásicas y preguntar por el estado de salud de Vanessa. Durante el trayecto, a veces se le da por buscar una canción en su celular: ‘Te adoraré’, del compatriota de Vanessa, Ricardo Montaner. Y entonces llega a un estribillo (“te adoraré/te doy mi vida entera”) que le hace recordar la promesa que le hizo una vez a la joven: casarse y traer a Perú a la hija de ella -Valeska, de 10 años- que aún vive en Caracas. Asegura que la querrá como a una segunda hija.
Cifras de espanto
Scull señala que 500 mil venezolanos están a la espera del inicio del trámite del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que fue aprobado en octubre del año pasado a través del decreto supremo N°010-2020. Es la fase previa para obtener carnet de extranjería y, además, les permitiría a los venezolanos contar con un RUC e ingresar al sistema bancario por un año (**).
Deivis Ramírez, por ejemplo, busca tener el nuevo carnet. Hace un año, su pareja quedó embarazada y estuvo a punto de pagar por la atención médica en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, pero una asistenta social le permitió atenderse gratuitamente por su precaria condición económica. Él es vendedor ambulante. “En el parto de mi esposa, sólo pagué S/700 por las medicinas. Mi hija tiene su DNI y le han dado SIS gratuito”, señala Deivis. Su hija peruana se llama Isabela.
Deivis Ramírez es papá de Isabela. Ella es peruana, tiene un año y tres meses de edad y nació en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El joven ni su pareja están inscritos en el SIS porque no poseen carnet de extranjería ni PTP, al igual que Vanessa Gil. El nosocomio le apoyó en el nacimiento de su hija para que solo paguen los medicamentos (foto: Juan Carlos Chamorro).
El hombre de 27 años se dedica a la venta de mascarillas K-95 en la avenida La Marina, en Pueblo Libre. En su natal ciudad de Táchira trabajaba como pintor y, cuando llegó a Lima, hace cuatro años, empezó vendiendo gaseosas en las calles de San Miguel.
Es el único miembro de su hogar que trabaja. Su pareja se dedica a cuidar a la bebé de ambos, Andrea. Antes de la pandemia, Deivis podía ganar entre S/60 y S/70 al día vendiendo gaseosas. Ahora sólo obtiene S/40. El migrante anhela que las vacunas contra el Covid-19 también sean aplicadas a sus compatriotas. Según los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el pasado viernes, la cifra de venezolanos muertos desde que empezó la pandemia es de 286. No se especifica si fue a consecuencia del virus porque no se realizan las necropsias.
Los números que deja la migración venezolana no son alentadores. La directora de la ONG, Veneactiva, Nancy Arellano, dice que de los 826 mil venezolanos que viven en Perú, solo 50 mil venezolanos poseen un trabajo formal. Según cifras oficiales de Migraciones, de enero de este año, existen 32,500 trabajadores independientes, 21,001 comerciantes, 14,652 vendedores, 13,469 administradores de empresas y 76,617 empleados [ver infografía].
Lima, con 450 mil venezolanos, es la ciudad que alberga la mayor cantidad de migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. De los 826 mil venezolanos que viven en nuestro país, solo 50 mil trabajan en el sector formal (Infografía: Leyla López).
Una encuesta regional del centro de investigación Equilibrium CenDE, realizada en octubre del año pasado a 687 venezolanos que viven en Perú, determinó que el 43% de los migrantes vio reducido sus ingresos por la pandemia a más de la mitad; y, un 17%, casi a la mitad. Es el caso de Will, que nos pide no revelar su identidad.
El joven de 28 años es natural de Caracas y es chef especializado en comida japonesa. En Lima fue cocinero en varios restaurantes, pero recibía un sueldo mínimo, que no le ayudaba a cubrir los gastos del colegio de su hermana de 17 años, que vive con él. Will también tuvo Covid, pero fue asintomático.
Hace dos años, la crisis lo llevó a ser repartidor de la empresa Rappi. Cuenta que sus ingresos han caído casi en un 40% desde que empezó la pandemia. Según cifras de la Embajada de Venezuela del 2019, había 5 mil venezolanos trabajando en la empresa distribuidora por el aplicativo Rappi. Hoy esa cifra podría haberse disparado.
Will reclama que los montos que la empresa paga por el reparto de comida es muy bajo. Actualmente, sus ingresos diarios oscilan entre 20 y 40 soles diarios, trabajando más de 12 horas. Aunque -confiesa- a veces es menos.
El migrante se queja de que la empresa no considera, como parte de su pago, la distancia que recorre desde el punto donde se encuentra esperando el pedido hasta el local donde recoge la comida para llevársela a los clientes del aplicativo. Sudaca envió un cuestionario a Rappi, vía Messenger, pero no respondieron.
Will responde que su sueño es tener un local de venta de makis con entrega a domicilio. “¿Quieres seguir viviendo en Perú?”, le preguntamos. El migrante dice que el trato que recibe de las autoridades peruanas “es mejor que en Panamá”, donde pasó una temporada. “El tema migratorio [allá] es difícil. La persecución era atroz. Muy fuerte. Literalmente: entraban al restaurante a buscar extranjeros [sin papeles], para sacarlos y deportarlos. Tuve que irme”, cuenta, mientras coge su celular para ver si tiene un nuevo pedido.
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(**) Según Migraciones, de los 826.412 venezolanos que viven en el país, 439.362 recibieron la entrega del Permiso Temporal de Trabajo (PTP). Además, hay 250 mil que poseen carnet de extranjería. El PTP tenía vigencia de un año y permitía a los migrantes poder trabajar y, después, obtener el carnet de extranjería, que les da el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), solo bajo la opción de «SIS-pago». Cuando venció el PTP, que tenía duración de un año, de esos 439.362 venezolanos, muchos optaron por sacar su carnet de extranjería (entonces, si se hace cálculos separados, la cifra de venezolanos en el Perú pareciera que se incrementa, pero lo que pasa es que, en realidad, en el número de quienes tienen PTP se suma, en muchos casos, a los que les entregaron dicho documento y a los que, a su vez, han obtenido el carnet de extranjería; entonces, en el papel, aparecen migrantes que tienen los dos documentos; la cantidad de quienes tienen PTP «entregados» no discrimina a los que ya tienen carnet de extranjería); aparte, otro grupo, hizo su trámite y aún no recibe ese documento (carnet de extranjería). Además, hay 500 mil venezolanos que están tramitando sus refugios y no poseen PTP ni carnet de extranjería. ¿Qué harán? Ellos tendrán que sacar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que es un documento que reemplaza al antiguo PTP (cuya entrega se suspendió en eñ 2018). En octubre del año pasado, el gobierno promulgó la resolución suprema N°010-2020 que autoriza la entrega del CPP, pero aún no se inicia el trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque no habría aún la decisión política de hacerlo.
El 25 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nombró al nuevo jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública (DGIESP), el órgano de su cartera que tiene a cargo el plan de vacunación contra el Covid-19. Nada menos. El elegido es el epidemiólogo Luis Alberto Huamaní Palomino (61) y su llegada se da una semana después de que la anterior cabeza de aquella dirección, Aldo Lucchetti, renunciara por ser parte de la lista VIP del caso “Vacunagate”.
Luis Alberto Huamaní, con más de 20 años de experiencia en el sector público, figura, sin embargo, en otra lista: la de 16 funcionarios del Gobierno Regional de Áncash investigados por el presunto direccionamiento de una millonaria obra en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, el principal de Chimbote. La construcción −dos ambientes destinados a UCI que se levantaron a mediados del año pasado− acabó siendo un mamarracho y hoy está deshabitada. Para algunos colegas de Huamaní, la obra es un reflejo de su paso por la región. Él, por su puesto, rechaza todos los cargos.
Sospecha fiscal
Huamaní Palomino fue jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash desde mediados del 2019. Las primeras críticas en su contra, según algunos medios locales, aludían a su condición de forastero: Huamaní no es ancashino, sino arequipeño. Con la llegada de la pandemia, sin embargo, a sus colegas no les fue difícil encontrar mejores argumentos. “Su gestión fue desastrosa. La mayor cantidad de muertes se ha dado por su negligencia. Nunca implementó un plan efectivo contra el Covid”, dice el doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Áncash.
Esa afirmación tiene un sustento bastante gráfico: los dos ambientes de drywall al interior del terreno del hospital, cuya construcción tuvo el aval de la Diresa. La infraestructura debía albergar, supuestamente, casos graves de Covid-19, pero apenas pudo atender a los pacientes con síntomas moderados y lo hizo apenas por unas semanas. Hoy la obra luce totalmente abandonada. “Son dos ambientes que no tenían ventilación. No se pueden usar ni para hospitalización. ¡Es un cajón! ¡Si pones personal ahí, se va a contagiar de inmediato!”, se queja el doctor Leandro Pérez.
Como a casi todas las malas obras, a esta también le habría antecedido la corrupción.
El doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”. Atrás: el mamarracho sobrevalorado mandado a construir por el Gobierno Regional de Áncash.
Desde mayo del 2020, el fiscal anticorrupción Robert Rojas venía investigando el direccionamiento de este proyecto y la adquisición de equipos médicos. El monto que desembolsó la gestión regional −en ambos, estructura y equipos− fue de S/10.061.072,61, aproximadamente S/2.000.000 más de lo que el expediente técnico calculó inicialmente. El desembolso se hizo a pesar de que el contratista, la empresa Quimera SAC, no tenía experiencia en ese giro de negocio, según la Fiscalía y la Contraloría.
El problema no sólo fue la inutilidad de la obra, sino que además se realizó bajo un tipo de inversión estatal (Inversión de Optimización-IOARR) que no permite la creación de nueva infraestructura, sino únicamente la remodelación de los pabellones existentes. “Siempre se le dijo al doctor Huamaní Palomino que existía otra infraestructura abandonada que se pudo haber refaccionado. Y ahí se pudo haber hecho todo el local para el Covid”, explica el doctor Luis Johanson Arias, decano del Colegio Médico de Áncash.
En diciembre pasado, Robert Rojas lideró un operativo que terminó con la detención del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, y logró que se le dicte nueve meses de prisión preventiva. La fiscalía anticorrupción puso en la mira a 15 funcionarios más, entre ellos, Luis Alberto Huamaní, entonces mandamás de la Diresa de Áncash.
Parte de la ampliación de investigación de la fiscalía anticorrupción contra el doctor Huamaní Palomino. Se le imputa el delito de colusión agravada.
El pasado 4 de diciembre, el fiscal amplió por ocho meses más la investigación preparatoria contra Huamaní por el delito de colusión agravada. Le imputa haber firmado un informe técnico y un “plan de reforzamiento de equipos de salud” entre el 24 y el 26 de marzo del 2020, que permitieron la construcción de marras.
Consultado por Sudaca, el funcionario rechaza estar involucrado en el direccionamiento de la obra y apunta que los documentos que firmó nada tuvieron que ver “con el proceso de elaboración y aprobación de la inversión, ni con el contrato con la empresa, ni con la supervisión y recepción [de la obra]”.
Pero en el Ministerio Público y en el cuerpo médico del Hospital Regional piensan distinto. “Su participación fue clave. Todo contó con su anuencia y dio inicio no sólo a la construcción hecha al interior del Hospital Regional, sino en otros dos hospitales”, dice el fiscal Robert Rojas. “Él [Huamaní] fue el responsable de toda esta obra, esto no podría haber pasado sin la autorización del director regional de salud. ¡Es un desastre!”, añade el indignado doctor Leandro Pérez.
El nombramiento del médico Luis Alberto Huamaní fue oficializado con una resolución del ministro Óscar Ugarte el pasado 25 de febrero. ¿No había más opciones?
Como fuese, el epidemiólogo se anima a defender la inútil construcción. “Las camas de esos ambientes, tenga la seguridad, se usaron. Otra cosa es que, cuando hubo mayor cantidad de hospitalizados, el Minsa construyó dos hospitales temporales y los pacientes pasaron ahí. Yo confío en la investigación fiscal”, apunta.
Huamaní dice, además, haberse ido de Áncash a fines de diciembre, luego de haber conseguido “logros relevantes” en su gestión y señala no conocer ninguna crítica en su contra. Más bien, afirma que la región nunca llegó a un colapso sanitario bajo su liderazgo. Pero es mentira. A mediados de junio, en el pico de contagios, los hospitales ya no recibían un paciente más: no había camas ni médicos especialistas. Y la tasa de mortalidad era la segunda más alta a nivel nacional: 6,7%, según cifras del propio gobierno regional. De hecho, cuando se empezó a levantar la cuarentena en varias regiones, a finales de ese mes, Áncash fue una de las siete que no pudo hacerlo por sus pésimos indicadores.
En el Colegio Médico de la región también tienen un recuerdo muy distinto al del flamante directivo del Minsa. “El balance de su gestión fue negativo. El plan de contingencia nunca se ejecutó al 100% y tuvo muchos errores en marchas y contramarchas, porque trabajaba con un grupo de personas que tomaban las decisiones sin consultar a los entes técnicos. Yo, como nota, le pongo 10 u 11. No le pongo más”, comenta el doctor Luis Johanson. Huamaní es ahora el responsable de la estrategia de inmunización a nivel nacional. En esas manos estamos.
“En este momento tenemos sólo de Sinopharm y tenemos el registro de Pfizer”, aseguró el domingo pasado el presidente Francisco Sagasti en una entrevista para Cuarto Poder. Se refería al ‘registro sanitario condicional’ que ambas vacunas necesitan para ingresar al país. Su afirmación, sin embargo, es falsa. Sudaca pudo confirmar que hasta el martes de esta semana no se había tramitado dicho requisito para la vacuna china. Y el porqué es importante.
El ‘registro sanitario condicional’ es un mecanismo creado para que las vacunas contra la Covid-19 puedan ingresar al país pese a no haber terminado su fase III de ensayos en humanos. Sin él, ninguna podría llegar −por lo menos− en los próximos seis meses. No obstante, el producto de Sinopharm ni siquiera cumplió con los requisitos básicos exigidos por este nuevo procedimiento expedito. Por eso se le otorgó apenas una ‘autorización excepcional de importación’ para un millón de dosis hasta el 30 de abril. Un registro sanitario condicional, como el que sí obtuvo la droguería Pfizer, le permitiría traer un número ilimitado de vacunas durante todo un año. La oficina de prensa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aseguró a Sudaca que ni siquiera existe una solicitud formal para tramitar el registro, la que debe ser presentada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). En esta última institución se limitaron a decir que ya se “está tramitando la solicitud” y que están “en plenas coordinaciones”. Digemid tampoco quiso ahondar en mayores detalles.
El porqué de todo esto es lo más importante, y está refundido entre las más de 2.000 páginas de anexos del inocuo informe que elaboró la comisión presidida por Fernando Carbone sobre el VacunaGate. ¿Dónde? En la entrevista hecha a Sofía Salas Pumacayo, quien hasta el último 22 de febrero fue la directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Digemid. Salas tuvo que renunciar por ser parte del escándalo, como reveló este medio: recibió dos inyecciones de la vacuna china y luego autorizó su ingreso al país mediante una resolución directorial. Sofia Salas, químico farmacéutica de profesión, detalló a la comisión cómo en febrero pasado el primer millón de dosis de Sinopharm aterrizó en Perú sin que se hayan presentado todos los documentos necesarios para asegurar su calidad. Salas explicó que a las vacunas les hacían falta varios papeles básicos para poder acceder al registro sanitario condicional que aprobó el propio gobierno. Aún así, decidieron traerlas.
Un fragmento del registro de entrevista a Sofía Salas Pumacayo, directora de línea en la Digemid. Ella asegura que la vacuna china no tenía la documentación completa.
“No tenía los resultados preliminares del estudio técnico de fase III. La información que mandaron era de los ensayos clínicos en otros países”, contó la exfuncionaria. Esto, según fuentes especializadas en procesos de investigación clínica consultadas por Sudaca, implica que no se pueda garantizar la eficacia señalada para un producto.
Pero no fue lo único. La químico farmacéutica se explayó en más omisiones. Dijo, por ejemplo, que faltaba comprobar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para lo cual “tiene que ir Digemid a China”. Las BPM son el conjunto de procesos que aseguran la fabricación de una vacuna sea “uniforme y controlada”, según información del propio Ministerio de Salud (Minsa). Además de asegurar “la calidad del producto”, evitan, por ejemplo, casos de contaminación cruzada cuando se produce en serie. ¿Está capacitado el personal? ¿Son salubres las instalaciones de producción? La Digemid no tenía respuestas certeras para estas preguntas.
La resolución que firma Salas simplemente menciona que la autoridad de medicinas de China ya emitió un certificado alegando que las BPM sí se cumplen. Sin embargo, para que ello sea válido, China tendría que estar entre los países de alta vigilancia sanitaria reconocidos por el Perú. No es el caso: hasta el 2019 allí solo había países europeos junto a Estados Unidos y Canadá, cuyas instituciones el Perú considera lo suficientemente confiables de homologar.
Refundida entre los anexos no publicados del informe Carbone, la declaración de Salas aporta información clave sobre la llegada del primer millón de vacunas chinas.
Según Salas, tampoco se presentó un correcto “plan de gestión de riesgos”. Este debe contener todas las actividades de farmacovigilancia posteriores al arribo de las dosis, como verificar su eficacia, minimizar riesgos, prevenir situaciones adversas. La exfuncionaria de la Digemid dijo que el plan fue presentado, pero que recibió muchas observaciones.
“Hubo una reunión en el despacho el 26 de enero de 2021 y se les presentó los documentos [no precisa a quiénes] demostrando que faltaba documentación, pero ya estaba la compra y las vacunas iban a llegar”, explicó Salas a la comisión Carbone. Ese mismo día, firmó la resolución que autorizaba al Cenares a importar el primer millón. El 7 de febrero, una aeronave con las primeras 300.000 dosis llegó al Perú.
Para que el Cenares pueda tramitar el registro sanitario condicional, que aún está pendiente, se deberán haber solucionado los vacíos documentarios descritos por Salas. Mientras ello no ocurra, ni una sola dosis más −y el gobierno ha anunciado que planea traer 37 millones más− puede aterrizar en el Perú. A diferencia de Pfizer, que obtuvo el permiso mediante su sucursal en el país, el Cenares se encargará de los trámites de la vacuna de Sinopharm.
“Esta información pone en duda la calidad de la vacuna que llegó al país. Cuando uno pide un registro a la Digemid, te demandan requisitos. De estos depende que funcione como dice funcionar”, explica a este medio una fuente que ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud y que pidió mantener su identidad en reserva. Sudaca ha intentado comunicarse con Sofía Salas a través de distintos medios, pero no tuvo éxito.
Pequeñas revelaciones
En 66 páginas, el informe Carbone no dijo casi nada que no hubiera sido advertido previamente por la prensa. Sin embargo, en sus anexos sí hay más información interesante. Por ejemplo, la comisión identifica a la estadounidense Kelika Konda, una de las personas que se vacunó sin ser parte del ensayo clínico, como miembro del Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB, por sus siglas en inglés) del propio estudio. La comisión Carbone sí identificó a Kelika Konda como parte del supuestamente imparcial DSMB del ensayo clínico de Sinopharm.
Los miembros de un DSMB no deberían tener lazos personales o profesionales con la investigación que van a supervisar. La naturaleza de ese comité es, per se, independiente. Entre sus funciones tiene −por ejemplo− la de analizar cualquier evento adverso que se produzca, sea la muerte de un voluntario o una reacción alérgica, para determinar si el estudio debe continuar. También analiza su progreso, monitorear que se cumpla su protocolo y certifica la integridad de los datos declarados.
Que Konda se haya vacunado por fuera del ensayo clínico, según una de las fuentes antes citadas, implica una falta ética y un serio conflicto de intereses. Además, asegura, podría someter a serios cuestionamiento todo el estudio de Sinopharm en el Perú.
Los anexos del informe Carbone, además, contienen la carta mediante la cual Luis Quesada, el embajador del Perú en China, le solicita formalmente a una subsidiaria de Sinopharm −la CNBG− 2.000 dosis adicionales para que “1.000 personas del equipo peruano” de investigación sean inmunizadas. Si bien el gobierno ya había hecho público el pedido diplomático, hasta hoy no se había revelado el la solicitud oficial. Hoy sabemos que la inmunización fue mucho más allá del círculo laboralmente vinculado al ensayo.
La carta oficial mediante la cual el embajador Luis Quesada pide 2.000 vacunas ‘para el equipo de investigación’. Por su parte, el Dr. Aldo Lucchetti, exdirector general de intervenciones estratégicas en salud pública del Minsa, revela en su entrevista que la exministra Pilar Mazzetti le pidió a su oficina “hacer una resolución que justifique la vacunación del presidente [Sagasti] cuando llegaran las vacunas, porque no querían tener ningún problema”. Esto, debido a que “se había dicho que primero se vacunaba a la primera línea”. Si bien esto no implica ninguna responsabilidad penal o funcional, sí ayuda a entender cómo se resolvió la polémica sobre la inclusión de Sagasti en los primeros días de vacunación. Lucchetti confirmó a Sudaca que el documento fue elaborado por su dirección y que se sustentó en el principio de que, ante una situación de catástrofe, siempre debe inmunizarse a las autoridades que rigen la nación. Efectivamente, el 9 de febrero, pocos días antes de que estallara el VacunaGate, el Minsa emitió una resolución ministerial incluyendo al presidente en la fase I de la vacunación. “Con el visado del Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública”, dice el documento. Sagasti fue uno de los primeros en recibir la inyección, pocos días después.
En las próximas semanas, este medio continuará revisando las miles de páginas de los anexos del informe Carbone para traer más novedades.
Juntos en la adversidad. Ese es el juramento que hicieron, al casarse, María Ángela Melgarejo y Luis Pérez. Y lo han cumplido en la época más dura de la pandemia. Los esposos siempre quisieron darle una educación sólida a su hijo Stefano y, por eso, en el 2011, lo matricularon en el colegio privado Innova Schools de San Miguel. Con el arribo del nuevo coronavirus, sin embargo, los dos fueron despedidos de la empresa en la que trabajaban. Era marzo del 2020 y supieron que se les venían tiempos muy duros.
Apenas un mes después, en abril, los esposos tuvieron que enfrentarse a otro episodio desgarrador: Luis Ronald Pérez, el suegro de María Ángela, murió de Covid-19. Con los gastos médicos encima, tocaba tomar medidas de emergencia. El matrimonio postuló a su hijo a la “Beca Covid-19” que ofrece Innova Schools, la cadena de colegios del grupo Intercorp, que dirige el magnate Carlos Rodríguez Pastor. Los esposos explicaron que ambos estaban sin trabajo y que el abuelo de Stefano había fallecido por el virus (como era requisito). Pensaron que después de la tempestad, llegaría un poco de calma. Se equivocaron.
El colegio le respondió, vía e-mail, con la frialdad de un congelador alemán: “su caso no ha calificado”. Fue un golpe duro para los jóvenes esposos, pero no había tiempo para lamentarse. ¿Qué hicieron? Primero, retiraron a su hijo del Innova Schools: no tenían suficientes ingresos para seguir pagando la pensión de S/527. Ese es el precio que fijó el colegio durante la pandemia, y que supone un descuento del 15%, obligado por las masivas quejas de los padres.
Aunque puede que la cifra no suene tan alta, S/527 era demasiado dinero para María Ángela y Luis en ese momento. A ambos les dolió mucho −hasta hoy les duele− que Innova Schools, el colegio en el que Stefano había estudiado desde el primer grado de primaria, les diera la espalda en ese momento tan difícil.
“Mi hijo está emocionalmente afectado. Ha estado triste todo el año. He tenido que acompañarlo a una terapia, con un familiar, para que lo pueda ayudar. Teníamos el tema familiar por el Covid [murió su abuelo] y a eso se sumó el cambio del colegio. Nosotros, como familia, hemos estado bien identificados con el colegio [Innova]. Todo esto afectó el tema familiar. Expuse [mi caso] al colegio y este rechazó nuestra petición”, lamentó María Ángela en diálogo con Sudaca.
Esta es la respuesta, vía e.mail, que recibió María Angélica Melgarejo, por parte de Innova Schools de San Miguel, cuando postuló a la Beca Covid-19: «no ha calificado». La mamá de Stefano le explicó que su suegro había muerto de Covid, pero aún así no le dieron la beca.
Al estar desempleados, los esposos decidieron trasladar a su pequeño al colegio Liceo Naval de San Borja, donde la mensualidad es de S/330. “Si me hubieran dado media beca o un cuarto de beca [en el Innova], hacíamos un esfuerzo y nos quedábamos, pero no nos la dieron”, señala la madre de familia. Según datos del Indecopi, Innova School −la cadena de colegios más grande del país− es también la más sancionada entre el 2017 y el 2020, y la que más reportes registró ante el organismo el año pasado.
Antes de retirarse, Innova Schools le dijo a María Ángela que tenía que pagar las mensualidades de abril y mayo del sexto grado de primaria, pese a que solo llevó clases virtuales hasta la primera semana de mayo. Ella les respondió que le descuenten de las devoluciones que tenían pendientes por hacerle: la cuota de ingreso (ordenado por en el decreto de urgencia N°002-2020) y el mes de marzo, por la postergación de las clases.
Al no arribar a un acuerdo, María Ángela retiró a su hijo sin pagar esos dos meses. El colegio solo le entregó las notas de Stefano de forma virtual, pero no los documentos impresos. Los esposos no encontraban trabajo. Decidieron, entonces, hacer eso que la retórica popular define como “reinventarse”: un emprendimiento que nunca antes pensaron, sin el apoyo de nadie (menos del Estado).
Antes de la pandemia, los esposos trabajaban en la empresa Mega Point. Sus ingresos mensuales eran variables, pero podían llegar, a veces, en conjunto, a los S/5.000. La empresa era de eventos sociales y catering (distribución de alimentos), y tenía clientes importantes, como el circo de la “Chola Chabuca”.
Como ambos ya tenían experiencia en el rubro alimenticio, se propusieron crear un servicio de delivery de lasagnas artesanales. Al nuevo emprendimiento lo bautizaron como D’Antonella. ¿Por qué? Por el nombre de su otra hija, como una cábala para atraer la buena suerte. María Ángela se encargó de preparar las lasagnas y Luis las repartiría en bicicleta.
D’Antonella hoy es un pequeño negocio familiar que la pareja está sacando adelante con orgullo y a contracorriente. En setiembre María Ángela logró aparecer en el programa Fanáticos Digital de Facebook. Allí, vestida con un mandil que lleva el logo de su empresa, promocionó con emoción las bondades de sus lasagnas hechas con la receta secreta de la mamá de su esposo, quien vivió muchos años en Italia. El negocio les genera hoy una pequeña ganancia de S/1.600. Ya mejorará, piensan.
Mientras, este año han tenido que volver a trasladar a Stefano a otro colegio. Uno todavía más barato, el Santa María de Breña, que cobra una mensualidad de S/220. Aunque la pandemia ha golpeado muy duro a la familia, nunca logró quebrarla.
Del Regina Pacis al Newton de Jesús María
Un recuerdo familiar en una piscina, todos sonrientes. Esa es la foto que tiene en su perfil de Whatsapp el abogado Adolfo Gamarra. Desde que nació su hija Mikaela, él estuvo convencido de que ella debía tener una educación con valores católicos. El año pasado cumplió su objetivo y la pudo matricular en el tradicional colegio Regina Pacis de Surco. Conseguir esa plaza, sin embargo, no le resultó nada fácil.
El papá de Mikaela tuvo que presentar una carta de postulación, esperó que haya una vacante y canceló la cuota de ingreso de S/7.000. La mensualidad del colegio, de S/1.490, no iba ser un dolor de cabeza para la joven pareja: el abogado tenía el apoyo económico de su esposa, quien trabaja en el sector público. La segunda semana de marzo empezaron sus clases en el primer grado de primaria. No se imaginaban lo que estaba por venir.
Mikaela solo asistió la primera semana al colegio debido a la suspensión de las clases presenciales por la cuarentena de marzo del 2020. En abril iniciaron las clases virtuales. “Mientras [avanzaban] las clases, se creó un grupo de chat [vía Whatsapp] de los padres de familia, en el que comenzaron a presentar reclamos individuales para las mejoras [económicas]. En mayo hubo un reajuste del 10% [descuento en las pensiones]. La gente no estuvo conforme. Muchos comenzaron a migrar. Entre ellos, yo”, recuerda el abogado.
El abogado Adolfo Gamarra tuvo que trasladar a su hija Mikaela del colegio Regina Pacis de Surco al colegio Newton de Jesús María (foto). Señala que no le quisieron rebajar la pensión más del 10%; una beca o media beca, menos.
La gran mayoría de padres, entre ellos Adolfo, pidió al Regina Pacis que se ponga la mano en el corazón y otorgue un descuento mayor al 10%. No lo lograron. Menos todavía, que les dieran media beca, en aras de la solidaridad católica. “En mi caso, yo pagué S/7.000 de ingreso y me devolvieron S/4.000. No sé si [el descuento que me hicieron] fue de marzo y abril o de abril y mayo. Pero, no debieron descontar esos montos de pensión porque el servicio no se estaba prestando de forma continua”, reclama el abogado.
Con el Poder Judicial cerrado y atendiendo sólo de forma virtual, los clientes del abogado eran cada vez menos. Por lo tanto, sus ingresos también. Pagar su crédito hipotecario de S/230.000 teniendo a su hija en el Regina Pacis le resultaba imposible. Tuvo que cambiarla al colegio Isaac Newton de Jesús María. Este plantel abrió sus puertas hace 25 años, en una bonita casona ubicada en la cuadra 23 de la Av. Brasil.
En La Molina hay un colegio que tiene el mismo nombre y cuya mensualidad supera los US$1.000 mensuales. Algo impensable para Adolfo, que inscribió a su hija en el colegio homónimo, cuya mensualidad si está al alcance del bolsillo del común de los peruanos. El año pasado, arrancó con una mensualidad de S/600, pero por pandemia la redujo a S/370, pensando en los padres de familia. Este año ha subido apenas S/40, a S/410.
Este año, Adolfo ha renovado la estancia de Mikaela en el Newton de Jesús María. El directivo del colegio, Guillermo Cabrera, señaló a Sudaca que los padres de familia podrán encontrar en su colegio “un plus”: el apoyo y la empatía de su plana docente y administrativa, sobre todo en estos momentos tan difíciles.
Los traslados en provincia
Padre es el que cría. Ese es un viejo proverbio popular que ha puesto en práctica con su nieto Alessandro el exfutbolista del Deportivo Junín, Gustavo Carbajal, quien asegura haber defendido, entre 1977 y 1979, los colores de ese club huancaíno en primera división. Don Gustavo lo ha criado como si fuera su propio hijo.
Unos amigos le recomendaron inscribir a Alessandro en el colegio Innova Schools de Huancayo y él aceptó. Se identificó rápidamente con el modelo de enseñanza. Nos ha enviado fotos en las que se le ve participando en actividades con otros padres de familia, vivencias que le es difícil olvidar. Por ejemplo, hay una en la que participa con otros papás y mamás en un desfile por las calles de la sede “Blue House”. Todos llevaban ropa azul. Los vecinos les aplauden. Era un orgullo para don Gustavo decirle a sus amigos que Alessandro, su nieto, estudiaba en el Innova. En cada comunicado, el colegio se dirigía a los padres como “familia” y ese detalle lo hacía sentir muy bien.
Un día, Don Gustavo fue nombrado delegado de la sede “Blue House” −o casa azul− y se sintió más integrado a la “familia” del colegio. Cuando empezó la cuarentena, la empresa de distribución de alimentos en la que trabajaba como jefe de ventas le jugó mal. Le dijo que se quede en su casa por tener 60 años. Un día fueron a su domicilio y, con engaños, se llevaron su computadora para realizar supuestas mejoras en la misma. Se quedaron con su base de datos de clientes. A los pocos días, le despidieron.
Hasta antes de marzo Don Gustavo llegaba a ganar S/3.000 al mes. Comenzó, entonces, su vía crucis con Innova Schools. Con ese colegio que lo llamaba “familia”. Pidió que a la pensión de su nieto Alesandro, al que él llama hijo, le recorte el 50%. Se negaron a hacerlo. La mensualidad era de S/520, pero el colegio, presionado por las quejas, la rebajó apenas a S/480. Solo el 15%.
El colegio Innova Schools de Huancayo, asegura Gustavo Carbajal , le rechazó acceder al fraccionamiento de 36 meses del pago de su deuda. Le dijeron, añade, que no calificaba por haberse retrasado en el pago de un mes en el año 2019. Por eso, tuvo que cambiar a su nieto Alessandro a otro colegio. Este es el e-mail que le envió Innova.
Don Gustavo cuenta a Sudaca que unos 200 padres de familia de todo Huancayo decidieron no pagar las pensiones. A la protesta se sumaron otras familias de los Innova de Arequipa y Puno. Eso sí, sus hijos siguieron recibiendo las clases, pese a no haber pagado todo el año escolar, porque así lo dispuso el gobierno. Él fue uno de los padres que decidió no pagar.
A fin de año les dieron un cronograma para cancelar las deudas. Había un atractivo plan de fraccionamiento que implicaba cancelar S/77 a lo largo de 36 meses. Sin embargo, a Don Gustavo le dijeron que “no calificaba” por haberse atrasado en un pago en el 2019. Quiere pagar la deuda, pero hasta ahora no le dan otra alternativa.
Decepcionado del trato diferenciado que recibió de esa gran “familia” que era Innova, decidió trasladar a Alessandro a otro colegio privado, el Emilia Barcia Boniffatti, donde pagará solo S/200 al mes. “Me hubiera gustado seguir apostando por mi nieto y no cambiarle de colegio, porque uno siempre busca darle la mejor educación a un hijo”, sostiene, muy apenado.
De Trilce de la Molina a Santa Anita
Tener a sus tres hijos estudiando en el colegio Trilce de La Molina significó para el empresario de transporte Erwin Hinostroza dar un pequeño salto hacia el éxito. Ello no solo le garantizaba que sus hijos tendrían una buena educación, sino que él podía ampliar su círculo social entre la gran cantidad de padres de esa sede. Allí conoció buenos amigos e hizo contactos, sobre todo para hacer negocios en su rubro: el traslado de personal en buses.
Erwin Hinostroza tuvo que sacar a sus tres hijos del colegio Trilce de La Molina y los trasladó al colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita. Un día le pasaron este afiche de Gustavo Rosas, un señor que se hace llamar el ‘Ángel de la Educación’. Se contactó con él y le hizo un atractivo precio «combo» que no pudo dejar de aceptar.
Hasta antes de la pandemia, Erwin estuvo pagando S/800 de mensualidad por cada uno de sus hijos. En total, gastaba al mes, solo en pensiones, S/2.400. Al llegar la pandemia, el colegio decidió rebajar las mensualidades a S/680. Erwin hizo el esfuerzo de seguir pagando todo el año, pese a que no quisieron rebajarle el 50% que él había pedido.
En enero del 2021, sin embargo, él y su esposa se enfermaron de Covid.19. Eso le hizo reflexionar: la vida se podía ir en un segundo, tenía que ahorrar. Un día se enteró por unos amigos que en el colegio particular Alfonso Ugarte de Santa Anita estaban dando facilidades para el traslado de alumnos de otros colegios. Tomó contacto, entonces, con el promotor del colegio, Gustavo Rosas, quien se hace llamar el ‘Angel de la Educación’. Él le hizo un precio “combo” para sus tres vástagos.
Para sus hijos que estudian primaria, Mariano y Felipe, le han rebajado la mensualidad a S/ 250. Para Rodrigo, quien está en primero de secundaria, le han dejado la pensión a S/260. En total, pagará S/760 por las mensualidades de sus tres hijos, casi la tercera parte de lo que pagaba en el Trilce de la Molina.
Más de 200 mil traslados en Lima
Sobre el clamor de los padres ante las pensiones de sus hijos, Sudaca envió cuestionarios al Ministerio de Educación (Minedu) y al Indecopi. El Minedu respondió que “es importante recordar que en nuestro país no hay control de precios por parte del Estado; por ello, las familias y las instituciones educativas deben llegar a un acuerdo [de los precios de las pensiones]”.
Sobre ese mismo tema, la gerenta de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, Ana Peña, precisó que si bien los precios “no pueden ser objeto de fijación o regulación”, esto no quiere decir que “no existen derechos que protejan a las familias”. Adelantó que, para evitar abusos y cobros indebidos, este año han seleccionado “250 colegios privados a nivel nacional”, a los que se les está realizando una auditoría contable.
Sobre la devolución de la cuota de ingreso, el Minedu y el Indecopi coincidieron en que había que esperar a la publicación del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, que salió el último domingo. Al cierre de esta nota, el reglamento fue publicado en El Peruano, con la firma errada del exministro Martín Benavides (y no la del actual, Ricardo Cuenca). Indecopi detalló, igual, que “no hay una obligación específica de la devolución de [la mensualidad de] marzo ni de la matrícula”.
El director de la Guía de Colegios, Julio Zaragoza, dijo que este año se habrían efectuado unos 70.000 traslados de colegios particulares “caros” a otros privados “de menor costo” en Lima. Recordó que el año pasado habrían sido 350.000 traslados bajo las mismas características a nivel nacional. De esa cantidad, agregó, “unos 200 mil se habrían realizado en Lima”.
Sudaca intentó comunicarse con los colegios Trilce y Regina Pacis a sus números abiertos de contacto, los mismos que están a disposición de los padres de familia, pero no obtuvo respuesta.
Descargos de Innova Schools
Sobre el rechazo de becas y la discriminación para el pago de las deudas a padres de familia de Innova, este es el pronunciamiento del colegio:
“Desde Innova Schools queremos señalar que entendemos las dificultades que todos enfrentamos por el repentino cambio que sufrió el sistema educativo debido a la pandemia, y que afectó a todo el sector. Sin embargo, es importante aclarar que, desde el inicio del Estado de Emergencia y durante el 2020, hemos implementado diferentes medidas con el único fin de apoyar a nuestra comunidad educativa y asegurar el acceso a educación de calidad de nuestros estudiantes”.
“Desde el mes de marzo de 2020 se dieron descuentos en nuestras pensiones escolares (20% para el nivel inicial y 15% para el nivel de primaria y secundaria), a fin de apoyar a toda la comunidad educativa. Además, se suspendió el interés moratorio de los meses y se brindó opciones de financiamiento a 12 meses, incluyendo un periodo de 3 meses de gracia”.
Esta es la carta de descargos que envió Innova Schools a Sudaca.
(*) Fotocomposición de portada: Leyla López
(*) Fecha de publicación del artículo: 1 de marzo de 2021
Kilos de fierro verde. Colas de gente desesperada. Las fotos que retratan la escasez de oxígeno en el país serán el registro más penoso de la pandemia. Casi un año después de iniciada esta, el Estado fue incapaz de garantizar el suministro para la segunda ola. ¿Por qué? Es larga la lista de fallos, pero uno es especialmente clamoroso: la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) incumplió un compromiso del que dependía la vida de cientos de personas. Según Contraloría, hasta el 24 de enero se debieron entregar las primeras 18 plantas de un total de 47. Sin embargo, apenas 5 han sido instaladas. Menos de un tercio de la cantidad debida.
¿Quién estuvo detrás de ese evidente fracaso? Una ciudadana domiciliada en Moquegua que no parece tener las credenciales académicas ni la experiencia como para haberse puesto al frente de algo tan urgente. Las fuentes consultadas la vinculan con el entorno cercano del expresidente Martín Vizcarra, con el que solía reunirse antes de que el nuevo coronavirus aterrizara en el país. ¿Quién es Elizabeth Chahuares y cómo llegó a gestionar un proyecto que hoy busca ayuda para no terminar de naufragar?
La búsqueda de oxígeno en las calles de Lima. Foto: Getty Images.
“Esta mañana he estado llamando a Washington y a San Francisco para ver que los apoyen en conseguir un permiso del ejército americano y traer los componentes [que les faltan para las plantas]”, contó el sábado pasado a Sudaca Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Márquez diceque su gremio ha tenido que brindar ayuda de emergencia para sacar adelante “Oxigena 47”, que es como terminó llamando la UNI a su proyecto fallido.
Sudaca ha rastreado su vínculo con la universidad de ingeniería, desde que esta pretendía fabricar ventiladores mecánicos a inicios de la pandemia, y sus visitas a Palacio, una junto al exrector de la casa de estudios. Ninguna de las fuentes consultadas es capaz de explicar por qué ella era la persona adecuada para asumir la responsabilidad que asumió.
¿Una directora sin sustento?
Elizabeth Chahuares tiene 35 años. Nació en Puno, pero su ficha del Reniec consigna al distrito de Ilo, en Moquegua, como su lugar de residencia. Seguirle el rastro a partir de allí es complicado, pues ha dejado pocas huellas de actividad pública previa a Oxigena 47. No registra paso alguno por empresas vinculadas a plantas de oxígeno o ensamblaje de productos similares. Como advirtió hace poco el portal Salud con Lupa, en registros públicos figura como subgerente de una empresa de reciclaje que fundó junto a su hermano en la misma región donde hizo carrera política Vizcarra.
Tanto Chahuares como Javier Franco, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI (y el otro gran responsable de Oxigena 47), firmaron el acta de verificación que elaboró la Contraloría tras inspeccionar las instalaciones del proyecto el último 25 de enero. Chahuares firma en calidad de directora, pese a que su experiencia profesional y sus galones académicos no parecen sustentar que ocupe ese cargo.
Pocos días después de la inspección de la Contraloría, cuyo informe corrobora el incumplimiento en la entrega de las plantas, más de 70 egresados de la UNI le enviaron una carta a Franco y a la rectora interina Luz de Fátima Eyzaguirre. Allí precisaron que, dado que Chahuares había sido presentada como ingeniera mecatrónica egresada de dicha universidad, los exalumnos habían prestado “atención relevante a su perfil profesional”. Sin embargo, les fue imposible “reconocer mediante la Oficina Central de Registros y Estadísticas (ORCE) a la persona en mención”. Es decir, no lograron ubicarla como egresada de su casa de estudios.
Además −agregaron− tampoco pudieron identificar su registro en el Colegio de Ingenieros del Perú. “Sabiendo que el Art. 2° del Reglamento de Colegiación es un requisito de ingeniería para ejercer derechos y asumir obligaciones de las leyes peruanas, el Estatuto y demás normas complementarias que el colegio establece, el hecho aquí relatado nos resulta, además de extraño, sumamente preocupante por cuanto no validamos, bajo los medios de información disponibles libremente, las competencias y el performance de la Directora a cargo”, expresaron.
“Somos muy solicitados en el mundo los ingenieros de acá, de la UNI”, había dicho Chahuares, sin embargo, en una entrevista en señal abierta, en la que la TV mostraba piezas de las plantas aún sin ensamblar en las instalaciones de Oxigena 47. “Iniciamos este proyecto en la Facultad de Ingeniería Mecánica, dirigido por la ingeniera mecatrónica Elizabeth Chahuares”, agregó Franco desde el mismo lugar poco tiempo después en un video institucional.
Carlos Armas Solf, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), confirmó a Sudaca que Chahuares no figura en la base de datos de ingenieros colegiados a nivel nacional. Según cotejó este medio, tampoco aparece en la web de la ORCE que lleva el registro de los estudiantes y egresados de la UNI.
Izquierda: Sin registro en la base de datos nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). Derecha: Ausente en el registro de alumnos y egresados de la UNI.
Sudaca solicitó documentos que prueben el título académico de la directora de Oxigena 47 al decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y a la rectora interina de la casa de estudios, pero ninguno respondió al pedido. Este medio también solicitó en reiteradas ocasiones los descargos de Chahuares, quien recibió los mensajes pero también optó por no responderlos.
Las visitas al entorno moqueguano
Donde sí aparece Elizabeth Chahuares es en el buscador de visitas a entidades públicas “Manolo”. Desde el 2018, ella ya tenía acceso al entorno de mayor confianza del presidente de la República. Tres visitas suyas a la presidencia quedaron registradas en los dos años previos a la pandemia. Una de esas reuniones, el 3 de enero del 2019, fue con el mismo Martín Vizcarra. Entró a Palacio por la puerta de Desamparados.
Otra visita de Chahuares que también llama la atención es la que realizó en agosto del 2019 al entonces ministro de Justicia Vicente Zeballos, también conocido por formar parte del círculo de confianza más íntimo de Vizcarra. En el registro, Chahuares figura como representante de Palacio de Gobierno. «Me visitó acompañada de otra persona por un tema laboral, el mismo que rechazé», dijo el expremier a Sudaca. «Al caso de que venia en nombre del Presidente, resulta extraño, porque para cualquier cosa de nuestras funciones él podía llamarnos directamente», agregó.
Por su parte, el expresidente Vizcarra sostuvo que no recuerda a Chahuares ni la reunión con ella, al ser consultado por este medio a través de su asesora de prensa Mónica Moreno. Subrayó que fue el Minsa la entidad que manejó el tema de convenios con universidades y que Elizabeth Chahuares «nunca ha trabajado en el despacho de Palacio ni lo ha representado en ninguna función».
La supuesta ‘asesora presidencial’
Lo detallado corresponde a sucesos pre pandemia, pero cobra sentido al escuchar el testimonio del profesor de la UNI Manuel Luque Casanave. Cuando la Covid-19 empezó a esparcirse por el país, él fue llamado para montar un proyecto de fabricación de ventiladores mecánicos. Tenía los galones: el año anterior había ganado junto a sus alumnos un concurso de la NASA, el Human Exploration Rover Challenge. “Está muy consternado el gobierno, en este momento no se puede importar. Ingeniero Luque, le encargo fabricar un ventilador mecánico nacional, rápido y a bajo costo”, recuerda que fueron las palabras que le dijo ex rector Jorge Alva. “Todo el diseño lo hice con insumos nacionales. Trabajé 18 horas diarias para cumplir con este encargo tan importante para el país”, relata Luque a Sudaca.
Con el equipo ya convocado, el profesor decidió dirigir y avanzar el proyecto de manera remota para evitar el riesgo de contraer el virus. Fue entonces que apareció Elizabeth Chahuares. Llegó a la universidad para acoplarse desde la parte de ingeniería mecánica a la construcción de los ventiladores. Pero Luque recuerda que se presentó como representante de la presidencia. Le solicitó una videoconferencia y relata que le dijo: “Vengo de parte del rector para apoyar en el proyecto, soy asesora presidencial, cuente con nosotros”. La parte logística quedó a cargo de ella.
El entonces rector Jorge Alva no contestó a Sudaca las preguntas sobre cómo se armó el equipo de Oxigena 47, ni cómo conoció a Elizabeth Chahuares. Solo se limitó a precisar que el informe de Contraloría antes citado se emitió en enero, cuando él ya había dejado el rectorado.
Luque dio más credibilidad al vínculo que Chahuares decía tener con Palacio cuando el entonces Ministro de Salud Victor Zamora llegó a la UNI el 15 de mayo. Aquella vez Luque fue testigo de la visita vía teleconferencia. Quien sí estuvo en persona fue Elizabeth Chahuares. De hecho, aparece al lado del exministro en esta foto institucional recuperada por Sudaca
15 de mayo de 2020. El ministro de salud Víctor Zamora visita el proyecto «Suyay». Foto: UNI.
Zamora dijo a este medio que acudió a la UNI por invitación de Chahuares y que ella lo contactó vía WhatsApp para contarle del proyecto. El exministro precisó que lo hizo como parte de varias visitas a distintas entidades que habían emprendido iniciativas similares: la Marina, la Pontificia Universidad Católica del Perú, etc.
Luego de esa visita, Luque cuenta que quedó entusiasmado porque veía posible que empresas privadas se unan para lograr la producción en serie de una versión mejorada del ventilador mecánico que llamó “Suyay” (‘esperanza’, en quechua). Eso no ocurrió. “Yo no quería realizar la producción en serie, porque para mí la universidad hace el prototipo y la empresa privada es la que pone la experiencia y la maquinaria [para la fabricación]”, precisa el profesor. Sin embargo, cuenta que a Chahuares le interesaba que una sola empresa privada fuese la socia estratégica del proyecto. Allí tuvo lugar el primer desacuerdo entre ellos.
Con el paso de las semanas, Luque sintió con más claridad que estaba siendo relegado, perdió el respaldo del equipo que había convocado y decidió desvincularse del proyecto. Todo quedó en manos de Chahuares. Hoy es imposible entender el fallido convenio de las plantas de oxígeno sin el antecedente de los ventiladores Suyay. Ambos a cargo de la misma persona.
Pese a que no respondió a este medio, recientemente Chahuares ha contado cómo viró de los ventiladores a las plantas. “El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, nos dijo que iba a faltar algo elemental para el funcionamiento de los ventiladores mecánicos: oxígeno. Empezamos a formar un equipo para hacer propuestas de plantas”, dijo a El Comercio.
Definida la necesidad de producir oxígeno, la UNI tenía una ventaja clara sobre otras universidades que, como la PUCP; también emprendieron proyectos para construir plantas. Al ser una universidad pública, la UNI no tenía que pasar por un engorroso concurso público antes de recibir fondos del Estado. Esto, con base en el Decreto de Urgencia 066-2020, que permitía suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades públicas en el contexto de la pandemia.
Así, el 30 de octubre del año pasado el Minsa y la UNI firmaron el documento por 47 plantas, lo que equivalía a 960 camas con puntos de oxígeno. Hoy los pacientes que se ahogan en esas camas siguen esperando al proyecto de Chahuares. Mientras tanto, la PUCP ha logrado fabricar ya más de 20 plantas que ha tenido que vender principalmente a empresas con intención de donarlas a centros de salud regionales.
Fuentes con conocimiento cercano del proyecto, que prefirieron mantener anonimato por temor a represalias, contaron a Sudaca que, si bien distintos profesores y egresados de buena trayectoria profesional fueron invitados a participar en la primera fase de Oxigena 47, estos no permanecieron por muchos días al advertir la falta de experiencia técnica y de organización del equipo base. Dudaban que llegase a buen puerto.
Hoy sabemos que su análisis no fue errado. Las plantas aún no llegan. Y parece que no llegarán, ni después de los muertos.
Arturo Woodman, también expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue uno de los que se tomó más a pecho el ataque de León contra los Romero. 
Los tres nombres fuertes del nuevo Comité Ejecutivo de la Confiep: Óscar Caipo, Cayetana Aljovín y Ana María Choquehuanca. 
El abogado Adolfo Gamarra tuvo que trasladar a su hija Mikaela del colegio Regina Pacis de Surco al colegio Newton de Jesús María (foto). Señala que no le quisieron rebajar la pensión más del 10%; una beca o media beca, menos.
