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El año pasado, durante los momentos más críticos de la pandemia, en el Colegio Médico de Lima Metropolitana se desató una serie de irregularidades financieras y administrativas. Así lo revela una auditoría de mediados de este año a la que Sudaca accedió y que pone en la picota al exdecano de esta sede, el epidemiólogo Juan Astuvilca Cupe, y a la tesorera Julisa Caballero Amado. Y es que no todos los esfuerzos del gremio se centraron, precisamente, en combatir al coronavirus. 

El 15 de octubre del año pasado, el Colegio Médico del Perú (CMP) encargó a la empresa de auditores Jerí Ramón & Asociados una evaluación sobre el manejo administrativo del Consejo Regional III Lima, más conocido como el Colegio Médico de Lima Metropolitana. Los especialistas pusieron el foco entre enero y setiembre de aquel 2020, advertidos de presuntos malos manejos que apuntaban a la cabeza.

En noviembre de aquel año, Astuvilca y Caballero fueron separados de sus cargos hasta que concluyan las indagaciones. Luego de algunos meses de trabajo, los auditores señalaron que el decano Astuvilca y su tesorera Caballero habían autorizado bonos sin justificación e incluso se beneficiaron de préstamos sin autorización de la Junta Directiva, la máxima instancia que aprueba este tipo de desembolsos.

Uno de los hallazgos más importantes es que existieron operaciones financieras “fantasma”. En total fueron más de 125 transacciones sin respaldo documentario. “No fueron ubicados los documentos que respaldan operaciones hasta por S/315.668,58”, asegura el informe. La mayoría de estos desembolsos fueron pagos de AFP’s y servicios básicos, pero también pagos de dietas a directivos, como la propia Caballero.

A inicios de este año, además, las autoridades que reemplazaron a Astuvilca en el cargo le dijeron a los auditores que la tesorera no había entregado los documentos contables que sustentan los desembolsos. “Existe una variedad de documentos que faltan, porque lastimosamente la Dra. Julisa Caballero no ha realizado la entrega de cargo correspondiente sobre el acervo documentario administrativo y contable, a pesar de las cartas notariales que la Junta Directiva le solicitó, lo cual perjudica notablemente a la institución en su funcionamiento, incumpliendo totalmente las funciones a la que fue asignada como Tesorera”, contó en enero pasado Gerardo Campos Siccha, el tesorero que sucedió en el cargo a Caballero.

Los auditores dieron cuenta de que también faltaban 773 comprobantes de pago, entre notas de crédito, boletas de venta y facturas. Y encontraron que, entre febrero y mayo de ese año, se autorizaron préstamos a directivos por S/78.400 saltándose los procesos.

El 7 de febrero del 2020, por ejemplo, el entonces decano Astuvilca recibió S/54.000, mientras que la tesorera obtuvo S/9.400 en mayo por ese concepto, dice el informe. Estas transferencias no se dieron en «un proceso regular debido a que la Junta Directiva desconocía dicha solicitud”, dijo Campos Siccha.

Campos agregó que Astuvilca devolvió parte del dinero recién en junio de este año, es decir, cuando el proceso administrativo en su contra estaba en curso. También señaló que Caballero, como tesorera, aprobó su propio préstamo directamente a su cuenta bancaria “el cual no contaba con la documentación, aprobación y conocimiento de la Junta Directiva”.

Pero hay más. Tanto Astuvilca como Caballero habrían acordado realizar otros desembolsos durante el pico más alto de la pandemia. Por ejemplo, el decano recibió S/14.080 entre bonos de movilidad sin aparente justificación, según la auditoría.

Los pagos, que se dieron entre marzo y junio del 2020, se aprobaron “por un aparente acuerdo entre Caballero como jefa de tesorería y Astuvilca como decano” y sin haber hecho la solicitud correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el informe por el ya mencionado Campos Siccha. Estos “bonos” no tendrían justificación porque “ya habían sido pagados en el mismo periodo”, se lee en el documento. Astuvilca, como con los préstamos anteriores, devolvió los importes más de 90 días después.

Otros desembolsos coordinados entre Astuvilca y Caballero fueron la entrega de “bonos extraordinarios” a ciertos trabajadores de la institución, en mayo del año pasado. La auditoría identificó que, sin ningún sustento, salieron S/31.300 de tres cuentas bancarias de la institución y fueron a parar a manos de algunos suertudos. “No se evidencia acuerdo del Consejo Regional III – Lima ni del Consejo Nacional que apruebe las Entregas a Rendir ni de Bono Extraordinario a favor de los mencionados trabajadores”, dice el informe.

Fue tal el desconcierto respecto a estos “bonos extraordinarios” que los trabajadores beneficiados devolvieron el dinero. Una de ellas, la contadora Rocío Villegas Huapaya, dirigió una carta al decano señalando que devolvía los S/2.000 que le depositaron porque “no se justifica que un grupo de trabajadores reciban un bono extraordinario y no la totalidad del personal”. Un gesto de honestidad en medio de este presunto faenón.

Un premio económico muy similar se dio bajo el concepto “pago de escolaridad”. En febrero del año pasado, solo un mes después de que la gestión Astuvilca tomara las riendas del colegiado de Lima, se repartieron S/16.138 entre 14 trabajadores por este concepto. Pero había un detalle: algunos no tenían hijos en edad escolar. “Se observó que de los trabajadores beneficiarios del pago de escolaridad están considerados algunos que no evidenciaron tener hijos en edad escolar”, dicen los auditores. Campos Siccha señaló que no tenía conocimiento de ningún acta de consejo donde se haya acordado este desembolso, señala el informe.

Debido a este festín de bonos y repartija de dinero, Astuvilca y Caballero se encuentran separados temporalmente de sus funciones desde noviembre del año pasado. Los auditores recomendaron al final de su trabajo que el decano nacional, Palacios Celi, elevara su informe al Comité Ejecutivo Nacional para determinar acciones y se establezcan sanciones en su contra.

El área de prensa del CMP le dijo a Sudaca que el proceso disciplinario es reservado y que “no pueden pronunciarse por ahora”, conforme a su reglamento interno. Todo queda en casa.

Astuvilca, con quien este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, se limitó a señalar en su Facebook que las acusaciones en su contra son “falsas especulaciones que atentan contra su reputación”. La publicación es del día en que anunciaron su separación y cuando no se conocían los detalles que consignamos en este informe. También buscamos la versión de Caballero, pero no tuvimos éxito. 

Objetivo decanato

Tanto Astuvilca como Caballero llegaron a sus puestos para el periodo 2020-2022 gracias a la agrupación ‘Integridad Médica’. Este movimiento tiene como coordinadores nacionales a las actuales cabezas del gremio: Miguel Palacios Celi, decano nacional, y Ciro Maguiña Vargas, vicedecano. El primero de ellos es el llamado a elevar el informe de auditoría al Comité Ejecutivo Nacional, como ya hemos mencionado.

Maguiña, por su parte, es recordado por haber formado parte del escándalo del “Vacunagate”, en el que 487 personas se vacunaron de manera irregular contra la Covid-19.

El decano y el vicedecano son cercanos a Astuvilca y Caballero, como se puede ver en publicaciones y fotos en redes sociales.

Para el periodo 2022-2024, Integridad Médica intentará mantener el timón del Colegio Médico del Perú y de la sede de Lima. Como cabeza de lista, la agrupación propone al doctor Raúl Urquizo Aréstegui para el decanato nacional. Urquizo, actual director del Servicio Médico Familiar del colegio (SEMEFA), es un viejo conocido de Astuvilca y también es mencionado en el informe de auditoría.

El candidato de Integridad Médica fue decano de Lima entre los años 2018 y 2020. En ese mismo periodo Astuvilca fue su secretario general. Como parte de su informe de gestión, Urquizo señaló que “con mucho esfuerzo” lograron concluir una obra que estaba estancada desde el 2012. Se trataba de 18 bungalows para el Club Tumi I de Chaclacayo, un centro de recreación administrado por el Colegio Médico de Lima que ofrece sus servicios a los colegiados de todo el país.

Sin embargo, el informe de auditoría señala que actualmente solo un bungalow ha sido terminado y la construcción del resto se encuentra suspendida debido a clamorosas deficiencias técnicas. “La paralización se refiere a 17 bungalows que quedaron semiconstruidos en casco, habiéndose construido un bungalow en su totalidad y un primer nivel correspondiente al estacionamiento vehicular que ha sido totalmente rehabilitado y reforzado con columnas y vigas para soportar la estructura”, dice el documento. 

Según verificó Jerí Ramón & Asociados al visitar el club, el estacionamiento –que soporta el peso de los 18 bungalows– tiene fisuras en su interior. La obra, que comenzó en el 2019 con Urquizo y debía concluir en la gestión de Astuvilca, ya le ha costado al Colegio Médico más de S/2 millones. 

Consultado por Sudaca respecto a estos hechos, el doctor Urquizo descartó tener responsabilidad directa. “Se está utilizando ese elemento para atacar mi candidatura. Esa obra fue entregada en noviembre del 2019. Obviamente el mantenimiento es responsabilidad de la actual gestión [Astuvilca y sus sucesores luego de ser separado], pero nosotros dejamos operativo todo”, aseguró.

En las elecciones de este domingo 28 de noviembre, donde compiten con otras tres listas, Integridad Médica buscará extender su reinado en el colegio al menos por dos años más. Están advertidos.

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