Informes

Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

Cristian Rebosio

Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

Cristian Rebosio

Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

Cristian Rebosio

Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

Cristian Rebosio

En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

Cristian Rebosio 

CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

Cristian Rebosio

En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

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Acción Popular, Avanza Pais, Congreso

El exministro de Defensa del gobierno de Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta, a pesar de contar con una orden de impedimento de acercamiento emitida por su expareja, Tamara Gutiérrez, ingresó este viernes por la tarde a la vivienda que compartían y, un grupo de ‘matones’, violentó a Gutiérrez hasta sacarla del domicilio.

Entre patadas, puñetes y jalones de cabello. Fueron solo algunas de las agresiones que recibió Gutierrez antes de ser sacada de su domicilio mientras Chavez Cresta se encontraba detrás de este grupo. 

Gutierrez seguía residiendo en el domicilio que compartió con el exministro a la espera de una resolución favorable con respecto a la vivienda

“La policía estuvo presente y no hizo nada”, fueron las palabras de Gutiérrez, quien conversó con nosotros minutos después de ser agredida. La expareja de Chavez Cresta se encontraba en la calle con un tono lloroso y asustada después de haber sido golpeada en diferentes partes del cuerpo. Alegaba que hasta habían matado a las mascotas que tiene en su vivienda, ya que al cierre de este informe todavía no tenía acceso al domicilio. 

Tamara Gutiérrez grabó minutos después a las agresoras quienes entraron con Chávez Cresta a su domicilio

Chavez Cresta y Gutierrez compartieron una relación de varios años hasta que el exministro de Dina Boluarte abandonó el domicilio que compartían en abril del año pasado. “Compartimos vivienda hasta el mes de abril del 2024 que el señor abandonó el hogar después de propinarme una golpiza”, menciona Gutierrez.

No serían las primeras agresiones:

Gutiérrez denuncia que personas inescrupulosas se han estado acercando a su vivienda días antes del desalojo y alega que fueron mandados por el hermano del exministro, Mario Chavez Cresta. En el video que nos hicieron llegar, se visualiza a una persona ajena a la denunciante cerca al domicilio que compartían Chavez Cresta y Gutierrez en Chorrillos.

Gutiérrez graba a quien presuntamente estuvo merodeando su vivienda días antes del desalojo

Además, ha recibido amenazas desde su celular por números desconocidos. Todo esto ocurre días antes del desalojo. 

Benjamín Zevallos 

Mensaje recibido desde su celular a inicios de año

“El señor Chávez Cresta se niega a firmar el documento y tomar conocimiento de las medidas”, menciona Gutierrez mientras recuerda la denuncia que realizó contra el exministro por violencia.

Benjamín Zevallos

Orden de medidas de protección a favor de Tamara Gutierrez

Nos comunicamos con  el Ministerio de la Mujer, pero lamentablemente no tuvimos respuesta alguna o una solución certera para este tipo de casos. Al cierre de este informe, Tamara Gutierrez sigue fuera del inmueble y con el temor de que su vida se vea afectada o expuesta a personas inescrupulosas. Nos menciona que ha vuelto a ser agredida por estos matones mientras se conduce a la comisaría más cercana del distrito de Chorrillos.

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Jorge Chávez, Mario Chavez, Tamara Gutierrez

El proceso disciplinario a Jorge Torres Saravia sufrió un insólito revés por responsabilidad de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Sudaca ha revisado su historial y encontró más de una irregularidad en sus antecedentes laborales.

El escándalo por la presunta red de prostitución instalada en el Congreso continúa dando que hablar y no precisamente porque los responsables de esta nueva y grave mancha en la historia del parlamento estén por quedar expuestos y recibir las sanciones que ameritan tras la difusión de un caso que incluso ha trascendido fronteras.

Este jueves se ha conocido que Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado, estaría siendo blindado en el informe de la comisión del Congreso encargada del caso por razones que han dejado a más de uno sorprendido e invitan a que aumente la desconfianza con respecto a lo que ocurre detrás de los muros de la sede del Legislativo. 

Según publicó el medio La República, el proceso disciplinario a Torres Saravia no podría continuar debido a que  «carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas» y, además, “no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio». 

Cristian Rebosio 

Estos argumentos que se detallaron en el informe final de la comisión tendrían como responsable a un nombre en particular: Haidy Janette Figueroa Valdez, quien es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Acorde a lo señalado por una de las integrantes de la comisión, el área que encabeza Figueroa Valdez debía brindar la información necesaria. Sin embargo, lo único que aportaron fue el informe periodístico del programa de Beto Ortiz.

Sudaca ha revisado el historial de Haidy Janette Figueroa Valdez y ha encontrado que no es la primera vez que la responsable del área de Recursos Humanos del Congreso comete errores y, además,  tampoco es la primera vez que su puesto está bajo la lupa.

LA HISTORIA NO AYUDA

El escándalo que involucra al Congreso no es el primero que llevó a que el trabajo de Haidy Janette Figueroa Valdez sea cuestionado. En 2021, un proceso disciplinario que la encontró como protagonista y también ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos derivó en una sanción.

Por aquella época, más precisamente en el mes de marzo, Figueroa Valdez se encontraba a cargo de la subgerencia de recursos humanos en el Gobierno Regional de La Libertad y la gerencia de administración había resuelto iniciar un proceso administrativo disciplinario contra la actual jefa del departamento de Recursos Humanos del Congreso.

Alegando que se habrían registrado irregularidades en un procedimiento de selección de licitación pública por la “Contratación de suministro de bienes adquisición de bolsa de alimentos para servidores del Decreto Legislativo 276”, la gerencia mencionada señalaba a Figueroa Valdez como la presunta responsable.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, un detalle a tener en cuenta era que Haidy Janette Figueroa Valdez estaba ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos, el cual se considera como el órgano sancionador, por lo que correspondía que comunique que debía abstenerse y que se encargue a la gerencia general u otro la responsabilidad de atender el proceso administrativo disciplinario.

Cristian Rebosio

Pese a que Figueroa contaba con dos días hábiles para comunicar la causal de abstención, la subgerente de recursos humanos recién lo hizo casi cuatro meses después de haber recibido el informe de este caso. Esto no es un dato menor debido a que esta demora llevó a que transcurra más de un año de la apertura del proceso administrativo disciplinario y, por lo tanto, procedió su prescripción.

Cristian Rebosio 

La ex subgerente de recursos humanos minimizó los hechos alegando que se declararía “no ha lugar” el pedido de sanción. No obstante, en la resolución revisada por Sudaca se señala que esa decisión le correspondía al órgano sancionador, algo que no ocurrió debido a que Figueroa no procedió de la manera que correspondía pese a que, por el cargo que ocupaba, debía saber cuáles eran los paseos a seguir.

Cristian Rebosio 

OTRA MANCHA EN EL HISTORIAL

El historial de Haidy Janette Figueroa Valdez también cuenta con un grave cuestionamiento que data del año 2015. En una publicación del diario Correo se informa sobre el impactante descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según informó el medio, la Contraloría detectó por lo menos noventa funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos para calificar como aptos para desempeñarse en los cargos que por esa época ostentaban tanto en el gobierno regional como en la municipalidad.

Cristian Rebosio

En esta extensa lista de funcionarios figuraba el nombre de Haidy Janette Figueroa Valdez y se explicaba que, por aquel entonces, no contaba con el título necesario para ocupar el cargo de subgerente de recursos humanos. Acorde a lo que la propia Figueroa Valdez expone en su hoja de vida, en 2015 sólo era licenciada en psicología y recién para el año 2023 obtuvo diplomados en Administración de Recursos Humanos y Administración y Gestión Pública.

Cristian Rebosio

Pero hubo otro dato en aquella noticia que llama la atención teniendo en cuenta los recientes sucesos. Quien se desempeñaba como gobernador de La Libertad, y por lo tanto como superior de Haidy Figueroa, cuando encontraron que ella y los otros funcionarios ocupaban puestos sin cumplir con las exigencias correspondientes, era Manuel Llempén Coronel, un político que integraba las filas de Alianza para el Progreso. 

Cristian Rebosio 

Cabe señalar que tanto Haidy Janette Figueroa Valdez como Jorge Torres Saravia tienen vínculos estrechos con esta agrupación política. Mientras que Figueroa Valdez ha sido tesorera del partido político de César Acuña, Torres Saravia fue asesor de un congresista de APP y, anteriormente, ocupó una jefatura en el Gobierno Regional de La Libertad cuando estaba bajo la administración de Alianza para el Progreso. 

Estos antecedentes y vínculos políticos hoy llevan a que exista una sospecha más que válida con respecto a si detrás del proceder de la jefa del Departamento de Recursos Humanos existe algo más que una obstrucción involuntaria al proceso disciplinario contra Torres Saravia que, por ahora, ha sido blindado.

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app, Congreso, Jorge Torres Saravia

Este caso se extiende a la alcaldía de Santa Anita, después de un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece, que sigue siendo un escenario de tensión y violencia, donde amenazas y asesinatos parecen estar vinculados al negocio de la recolección de basura. Un año y medio después del asesinato del teniente alcalde John Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Ruth Cuno Chura, la actual teniente alcaldesa, quien podría asumir el cargo si se concreta la vacancia del alcalde Olimpio Alegría.

Cuno fue víctima de una amenaza verbal mientras regresaba a casa. Un desconocido le gritó desde un vehículo, advirtiéndole que cesara con sus acciones relacionadas con la vacancia del alcalde. La regidora, quien no denunció la amenaza, pensó que el incidente no tendría mayores repercusiones. Sin embargo, seis días después, la situación empeoró.

A la medianoche, un grupo de personas prendió fuego en la puerta de su casa, dejando un sobre con tres balas y una nota que le advertía: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John». Cuno, visiblemente afectada, explicó que el móvil de las amenazas está relacionado con el proceso de vacancia que enfrenta el alcalde, quien es señalado por presuntas irregularidades en su gestión, especialmente por la contratación de su exasesor de campaña en el municipio.

A pesar de no saber quién está detrás de estas amenazas, Cuno está convencida de que todo está vinculado a la disputa por el negocio de la recolección de residuos en el distrito. En la investigación sobre el asesinato de Valverde, que aún no ha logrado esclarecerse, se apunta a la existencia de una mafia relacionada con este negocio, que opera en varios distritos de Lima.

La empresa encargada de la recolección de basura en Santa Anita, Industrias Argüelles, de quien hemos hablado en diferentes informes de Sudaca, ha sido señalada como un punto clave en este entramado de intereses. El contrato de la empresa vence este año, y los regidores de la municipalidad, entre ellos Cuno, habían solicitado su rescisión. Sin embargo, el alcalde se negó a revisar estos contratos, lo que generó fricciones con su propio concejo municipal.

Vecinos de Santa Anita, que pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, sostienen que las amenazas contra Cuno están vinculadas a la negativa de la gestión municipal a ceder a los intereses de las mafias que controlan el negocio de la basura.

El caso se complica aún más con las denuncias de corrupción dentro del concejo. Limber Bustamante, impulsor del proceso de vacancia contra el alcalde, reveló que recibió amenazas directas de parte de un desconocido que le advirtió sobre las consecuencias de continuar con la solicitud. En respuesta, el alcalde defiende su gestión, argumentando que no cometió ninguna irregularidad al contratar a su exasesor.

En el contexto de Santa Anita, la violencia no es un hecho aislado. En abril del año pasado, el líder de la banda «Los Gallegos de Santa» fue detenido por su vinculación con el sicariato y el tráfico de terrenos, además de extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas. La regidora Jacqueline Beatriz Barzola, también involucrada en el caso, está actualmente detenida por presuntos vínculos con esta banda.

Ruth Cuno, por su parte, insiste en que su lucha no es contra el alcalde, sino por hacer cumplir la ley, a pesar de las amenazas constantes. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», concluye la regidora, quien continúa desempeñando su labor en medio de un clima de violencia y corrupción que sacude la alcaldía de Santa Anita.

Santiago Guardamino, un defensor de los derechos territoriales en la comunidad de Quipán, fue asesinado el 20 de marzo de 2024, justo horas antes de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Su trabajo se centraba en denunciar irregularidades relacionadas con la empresa Industrias Argüelles, que está implicada en la apropiación fraudulenta de 10,000 hectáreas de tierras comunales. Este acto delictivo habría involucrado falsificación de documentos y sobornos a funcionarios públicos.

Guardamino había recibido amenazas en varias ocasiones, especialmente por su activismo en contra de la empresa, que se sospecha opera en complicidad con altos funcionarios. Su asesinato, considerado premeditado, ha dejado a su familia —una viuda y dos hijos— en busca de justicia, mientras las investigaciones continúan.

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, ha iniciado una investigación preliminar sobre presuntos delitos relacionados con el manejo de residuos sólidos en el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la comunidad campesina de Quispán, e involucra a varios funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima).

Los funcionarios, incluidos Nancy Chauca y Elizabeth Ochoa, son acusados de actuar en contubernio para desviar el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se alega que el Gobierno Regional de Lima emitió una resolución administrativa sin la debida competencia, afectando la correcta tramitación del EIA.

La Fiscalía ha comenzado a recolectar pruebas y documentos, y se investiga la posible comisión de delitos por incumplimiento de normativas ambientales y el otorgamiento ilegal de derechos, que podrían acarrear sanciones penales para los involucrados. Este caso resalta la necesidad de transparencia y legalidad en la gestión ambiental y la importancia de proteger el medio ambiente en el desarrollo sostenible del país.

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Arguelles, Basura, Guardamino, Santa Anita

Fue uno de los gerentes señalados por ocasionarle al distrito de Carabayllo un perjuicio económico cercano a los trescientos mil soles y ahora la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima lo ha colocado en una gerencia que manejará directamente el presupuesto en una decisión que invita a preguntarse si en las gestiones relacionadas a la Municipalidad de Lima existe descuido o indiferencia ante estos antecedentes.

Con la llegada del 2025 también está empezando el tercer año de gestión del alcalde Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante este periodo, el líder de Renovación Popular, que llegó al sillón municipal prometiendo que convertiría a la capital en potencia mundial, ha acumulado una serie de cuestionamientos por diversos temas, como promesas incumplidas, polémicas condecoraciones a aliados políticos y, como parece ser una costumbre en la política peruana, la falta de criterio al momento de designar funcionarios.

Es sobre este último punto cuestionado que Sudaca ha encontrado un caso que, nuevamente, pone al descubierto los errores por parte de la actual gestión de la Municipalidad de Lima y sus entidades adscritas. En esta oportunidad, un recientemente nombrado gerente en una de estas empresas que son propiedad de la municipalidad habría tenido un escandaloso antecedente que generó un perjuicio económico por cerca de trescientos mil soles para un distrito en el cual trabajó.

ESCÁNDALO EN CARABAYLLO

A finales del año 2020, el despacho de la alcaldía del distrito de Carabayllo recibe un oficio emitido por el Órgano de Control Institucional en el cual se remitió un informe correspondiente a una auditoría sobre el pago de bonificaciones por escolaridad a los trabajadores de dicha municipalidad y que comprendía el periodo de mayo del 2017 a enero del 2020.

Según el informe emitido como resultado de la auditoría realizada, la conclusión indicó que, bajo el concepto de bonificación por escolaridad, se habían otorgado “importes superiores a los establecidos anualmente en las leyes de presupuesto” y que esta situación se había repetido durante los años 2018, 2019 y 2020.

Cristian Rebosio

Como resultado de esta irregularidad que se repitió por varios años, el perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad Distrital de Carabayllo habría alcanzado una cifra cercana a los trescientos mil soles y, para que se concrete esta escandalosa situación, habrían estado involucrados numerosos gerentes y subgerentes que ocuparon estos cargos durante los años mencionados anteriormente.

Cristian Rebosio

Ante estos hechos, la Municipalidad de Carabayllo debió iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a aquellas personas que habían pasado por las gerencias de Administración y Finanzas así como de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional a lo largo de esos años.

Cristian RebosioEn esta larga lista de involucrados figura el nombre de Herber Luis Minaya Rondán, quien desde el 1 de enero del 2019 fue designado en el cargo de confianza de gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de Carabayllo hasta que concluyó sus funciones en abril de ese mismo año.

Cristian Rebosio

En el documento revisado por Sudaca se puede observar que el informe de auditoría consideraba responsable a Minaya Rondán, como gerente de Administración y Finanzas, por haber “dado trámite” a numerosos informes en los cuales se hacían mención a estas cuantiosas cifras que terminaron generando un considerable perjuicio al distrito.

Cristian Rebosio

Como resultado, Herber Luis Minaya Rondán fue señalado como presunto responsable de haber vulnerado artículos de la Ley de Presupuesto del  Sector Público, un artículo de la Ley del Servicio Civil y el decreto supremo referido a las disposiciones para la bonificación por escolaridad. También se explica que Minaya habría incumplido con las funciones específicas del cargo que ostentaba.

Cristian Rebosio

Por lo explicado, la falta de Herber Minaya Rondán fue catalogada como “falta grave” y podía ser suspendido sin goce de remuneraciones hasta por un año. Sin embargo, cabe señalar que esta resolución de gerencia municipal se dio a conocer en diciembre del 2021, cuando habían pasado más de dos años de la salida de Minaya Rondán del cargo de gerente de Administración y Finanzas.

El tiempo transcurrido también terminó por beneficiar a otros de los implicados que vieron cómo se declaraba de oficio la prescripción de la falta administrativa que generó el cuantioso perjuicio a la municipalidad debido a que habían pasado varios años del momento en el cual se produjeron los hechos cuestionados.

Cristian Rebosio 

LA NUEVA OPORTUNIDAD

No obstante, lo ocurrido durante el paso de Herber Luis Minaya Rondán por la Municipalidad de Carabayllo parece no haber sido un obstáculo para que vuelva a ocupar una importante gerencia y esta vez en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), la cual se encarga de administrar el patrimonio inmobiliario municipal y también tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos para el centro histórico de la capital.

Minaya Rondán pasó a ocupar, desde octubre del año pasado, el puesto de gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima en lo que será una nueva oportunidad laboral en la que volverá a tener en sus manos el manejo del presupuesto, un encargo que en Carabayllo no dejó los mejores recuerdos.

Cristian Rebosio

Pero esto no sería un caso aislado. Anteriormente, Sudaca ha informado sobre las cuestionables designaciones realizadas por quienes actualmente manejan la Municipalidad de Lima que no ha tenido reparos en colocar en puestos importantes a excolaboradores del actual alcalde y hasta ha contratado a personas acusadas de mentir en certificados de trabajo.

Por el pensamiento político que predomina en las filas de Renovación Popular resultaba previsible imaginar que la gestión de Rafael López Aliaga sería inflexible en su intención de erradicar cualquier vestigio de progresismo en el gobierno municipal. Sin embargo, parecen no ser igual de implacables al momento de evitar el ingreso de funcionarios con un pasado cuestionado.

En el último tiempo se ha vuelto común escuchar casos de trabajadores fantasmas, aquellos personajes que son contratados y cobran un salario pese a no cumplir con las funciones que les corresponden y muchas veces ni estar presente en su centro de labores, pero en esta oportunidad lo que se va a relatar es el caso de un trabajo fantasma.

Sudaca ha conocido la historia de un supervisor de obra cuyo certificado de trabajo con graves irregularidades le costó una dura sanción a la empresa para la cual trabajaba debido a una insólita incongruencia en las fechas en las que, supuestamente, había desempeñado una determinada función durante la ejecución de una obra.

Sin embargo, pese a este antecedente sobre una clara manipulación en su experiencia laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima lo eligió para ser supervisor de obra y recibir más de siete mil soles. En el siguiente informe conocerá los detalles de un caso en el que, indiscutiblemente, hubo mentiras que involucran a empresas y al propio trabajador.

LA FALSA EXPERIENCIA LABORAL

Para conocer mejor esta historia es preciso remontarse al año 2018 cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo convocó a una licitación pública para una obra de mejoramiento de algunos tramos de una importante avenida trujillana y por la cual estaba en juego un elevado presupuesto que superaba los tres millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, los propios candidatos a que se les encargue la obra suelen indagar sobre el historial de sus competidores y exponer alguna irregularidad si es que la encuentran. Este caso no fue la excepción y, en octubre del 2018, uno de los postores, Constructora Pavimentos del Perú, presentó un recurso de apelación en el cual solicitaban que se le retire la buena pro al Consorcio Nazareno y sea descalificado.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y terminó siendo expuesta una irregularidad en la oferta del postor que originalmente estaba pidiendo la descalificación del ganador del proceso de licitación pública. Según lo señalado, Hugo Santisteban Alejandro, uno de los profesionales que era parte de la oferta presentada por la Constructora Pavimentos del Perú para la licitación habría justificado su experiencia laboral con lo que sospechaban eran documentos falsos o adulterados.

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Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, entre estos documentos cuestionados figuraba el certificado de trabajo de Hugo Enrique Santisteban Alejandro por el trabajo que supuestamente había desempeñado como supervisor de obra en el año 2010 en la construcción de pistas y veredas en Lambayeque.

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En la siguiente imagen se puede observar el cuestionado certificado de trabajo. Este documento emitido por la empresa Trebol S.A.C. señala que Hugo Enrique Santisteban Alejandro llevó a cabo las tareas de supervisor de obra entre el 10 de febrero del 2010 hasta el 12 de julio del 2010.

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Pero al revisar las fechas correspondientes al proceso de selección de la construcción de pistas y veredas se puede ver que la buena pro recién fue otorgada en los últimos días del mes de marzo del 2010, varias semanas después de la fecha en que supuestamente Hugo Santisteban había iniciado sus labores como supervisor de obra.

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Ante esta indiscutible incongruencia entre las fechas, el Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que la experiencia como supervisor de obra que pretendía acreditar Hugo Enrique Santisteban Alejandro no era válida porque la fecha en la que dicho documento señalaba como inicio de la obra era incluso antes que se convoque al proceso de licitación.

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Cabe señalar que también se descartaría un error por parte del empleador del supervisor de obra debido a que en la carta de compromiso que firma el propio Hugo Enrique Santisteban Alejandro se observa que coloca la fecha que no coincide con el periodo de tiempo en el cual se iniciaron las obras realmente.

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Este caso llegó a su final el 21 de enero del 2022 cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió sancionar a la empresa Constructora Pavimentos del Perú por haber presentado documentación con información inexacta, entre los cuales se encontraban los relacionados con Hugo Enrique Santisteban Alejandro.
MUNICIPALIDAD SIN FILTROS
Sin embargo, y pese a que los documentos de este extraño caso de un trabajo fantasma están disponibles para cualquier interesado que realice una búsqueda sobre los nombres involucrados, la Municipalidad de Lima parece no haberle dado mayor importancia a este cuestionable antecedente.
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga, quien junto con los integrantes de su agrupación política suelen acusar a cualquier adversario de recibir dinero público injustificadamente, habría mirado hacia otro lado y contrató a Hugo Enrique Santisteban Alejandro para que sea supervisor de obra en la creación de una ciclovía.

Cristian Rebosio

Acorde a lo que se puede observar en la imagen anterior, el involucrado en la presentación de un certificado de trabajo inexacto recibió una cifra que supera los siete mil soles por llevar a cabo la tarea encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como supervisor de una obra ejecutada este año.

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Lima, Municipalidad de Lima, Rafael Lopez Aliaga

Continúan los errores en el sector salud. En esta oportunidad, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud volvió a equivocarse en el proceso de adquisición de un producto farmacéutico utilizado por pacientes con cáncer.

Aunque, en las últimas semanas, los ministros del gabinete liderado por Gustavo Adrianzén que más escándalo e indignación han generado fueron Morgan Quero y Juan José Santivañez, el sector en el cual no se han dejado de cometer preocupantes y constantes errores es aquel que tiene a César Vásquez como titular.

Desde su llegada al Ministerio de Salud, en junio del 2023, la gestión de Vásquez ha estado bajo la lupa en numerosas oportunidades por situaciones por demás alarmantes como errores en la adquisición de medicamentos, falencias en las campañas de vacunación y hasta improvisación en los tratamientos que le brindan a sus pacientes.

En esta oportunidad, Sudaca ha tomado conocimiento de un nuevo caso en la compra de medicamentos que expone una grave falta de rigurosidad por parte del sector salud al momento de encarar estos procesos que genera retrasos para un sector salud que suele estar en condiciones precarias y que, aparentemente, está lejos de mejorar.

COMPRADOR DESCUIDADO

Esta historia comenzó el 9 de agosto de este año cuando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) realizó una convocatoria para la adquisición de productos farmacéuticos oncológicos con  los cuales se iban a abastecer por el periodo de doce meses y por el cual se había estimado un valor de cerca de dieciséis millones de soles.

En esta lista, que incluía dieciséis ítems, figuraba la adquisición de “Triptorelina 3.75 mg inyectable”, el cual es utilizado en las personas que padecen cáncer de próstata, y para ello se había destinado un monto que superaba los cinco millones de soles del presupuesto anteriormente mencionado.

Este proceso siguió su curso y el 24 de septiembre del 2024 se hizo público que WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. había sido el postor elegido para recibir la buena pro con su oferta de S/3´977,850.00por el producto farmacéutico “Triptorelina 3.75 mg inyectable” y superar a las otras ofertas presentadas.
Cristian Rebosio

Sin embargo, semanas después, Farmindustria S.A., otro de los postores que participó en este proceso, solicitó que se retire la buena pro que se le había otorgado a WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. en el mes de septiembre. Los argumentos con los que sustentaban un pedido de este calibre eran, cuanto menos, desconcertantes.

Entre estos argumentos se señalaba que FarmindustriaS.A. había ofertado un producto que provenía de un laboratorio ubicado en India, un país que no es considerado en el grupo de los que cumplen con el criterio de alta vigilancia sanitaria, y que no había cumplido con la exigencia de presentar el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el área de fabricación de líquidos estériles, uno de los dos compuestos del producto.
Cristian Rebosio
Además, en los argumentos también se exponía que otro de los postores, GRUPO KMEDIC E.I.R.L., había sido descalificado del proceso y sus productos provenían del mismo laboratorio que Farmindustria S.A., con lo cual indicaban que ambos tenían el mismo problema de certificados.

Cristian Rebosio

Ante esta situación, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas (DIGEMID) se pronunció y aclaró cuáles eran los documentos que debían ser presentados y, además, informó que el laboratorio cuestionado no contaba con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Esta situación llevó a que sea el Tribunal de Contrataciones del Estado el encargado de intervenir y determinar si estos cuestionamientos eran pertinentes. Fue durante este proceso que pudieron advertir que, tal como se había cuestionado, no hubo un mismo trato para los dos postores que provenían del mismo laboratorio y, mientras uno recibió la buena pro, el otro fue descalificado.

 

No obstante, lo más insólito de este caso sería descubierto posteriormente. Al revisar los documentos que habían sido utilizados, el Tribunal de Contrataciones del Estadoencontró que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no había cumplido con solicitar los documentos que correspondían para dicho proceso al haberse basado en requisitos que ya no estaban vigentes.

En la resolución que Sudaca pudo revisar, el Tribunal de Contrataciones del Estado expone que el  Documento de Información Complementaria usado erróneamente incluye documentos que no eran válidos, tal es el caso de la posibilidad de presentar certificados emitidos en el extranjero que no consignen fecha de vigencia o presentar Declaración Jurada de presentación de solicitud de certificado de BPM.

Ante este inesperado escenario, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que este proceso deba regresar a la etapa de convocatoria, lo que supone una demora de varias semanas y hasta meses para que se pueda concretar la adquisición de estos productos.

En la resolución emitida el pasado mes de noviembre también se puede leer un claro llamado de atención a quienes están a cargo del sector salud debido a que este percance que ha llevado a que este proceso de compra de varios pasos atrás tiene como único responsable al propio sector salud y, tal como se lee en la siguiente imagen, esta situación representa un obstáculo para la “satisfacción oportuna de los intereses del Estado”.

Lamentablemente, no es la primera vez que la salud de los peruanos es descuidada por errores evitables por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) en los procesos de adquisición. En la última semana, Sudaca dio a conocer que otro error por parte de Cenares había sido perjudicial el plan de prevención y control del dengue a tan sólo semanas del inicio de la temporada más crítica.

 

 

La situación de la concesionaria Innova Ambiental y su relación con el manejo de residuos sólidos en Lima se encuentra en un punto crítico. La empresa, encargada de operar el relleno sanitario Portillo Grande y otras infraestructuras de gestión de residuos, está sumida en una serie de irregularidades y denuncias que cuestionan su compromiso con la salud pública y el medio ambiente. Mientras el Ministerio del Ambiente (MINAM) continúa con el proceso de evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de este relleno sanitario, los vecinos de la zona han tomado medidas drásticas ante lo que consideran una gestión negligente y perjudicial. El futuro de Innova Ambiental está hoy en la cuerda floja, en medio de luchas vecinales y una administración que todavía no ha dado respuestas claras.E

El contexto del conflicto: el fin de un contrato y la lucha por la transparencia

La controversia sobre Innova Ambiental comenzó a tomar fuerza en 2024, cuando el Ministerio del Ambiente rechazó la solicitud de la empresa para realizar una reunión sobre el PAMA de Portillo Grande. La solicitud había sido presentada por el Comité de Gestión Parlamento 10, compuesto por ciudadanos y organizaciones de la comunidad, con el objetivo de discutir la evaluación del manejo ambiental del relleno sanitario ubicado en el distrito de Lurín. Sin embargo, el MINAM denegó la reunión, alegando que la evaluación del PAMA aún está en proceso, lo que generó un clima de desconfianza tanto en los vecinos afectados como en las autoridades locales.

La empresa, que operaba hasta recientemente el relleno sanitario Portillo Grande, así como otros centros de disposición de residuos como El Zapallal y Huayna Cápac, ha estado en el centro de la polémica. A partir del 30 de mayo de 2024, Innova Ambiental cesó sus operaciones en estas infraestructuras debido a la culminación de su contrato con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que abarcaba la gestión de estos sitios. Tras este fin de contrato, la empresa devolvió las instalaciones a la Municipalidad, transfiriendo todos los derechos y obligaciones legales y ambientales. Sin embargo, la situación dejó varias interrogantes sin responder sobre el futuro de la gestión de residuos en la ciudad y las condiciones en las que quedaron las infraestructuras.

Irregularidades y la solicitud de actualización del Registro Autoritativo

Con el fin del contrato con la Municipalidad de Lima, Innova Ambiental procedió a solicitar al Ministerio del Ambiente la actualización de su Registro Autoritativo para excluir varias de las infraestructuras de residuos sólidos que operaba. Esta solicitud fue enviada por Marcelo Socoowski Azev, Gerente General de la empresa, quien firmó una carta dirigida al Director General de Residuos Sólidos del MINAM, Luis Alberto Bravo Barrientos. En esta misiva, la empresa adjuntó los documentos correspondientes, incluyendo una copia de la vigencia de poder del representante y comunicaciones oficiales con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A pesar de este esfuerzo por formalizar la finalización de las operaciones, el Ministerio del Ambiente aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud. La incertidumbre persiste, ya que las autoridades competentes no han dado un pronunciamiento claro, dejando en suspenso el futuro de la empresa y la situación de las infraestructuras que quedan bajo su responsabilidad.

La inquietud vecinal y las movilizaciones

A lo largo de los últimos años, la presencia de Innova Ambiental en Lima ha estado marcada por la insatisfacción de los vecinos y las denuncias de contaminación ambiental, desinformación y negligencia en la gestión de residuos. La comunidad de Lomas de Carabayllo, por ejemplo, ha sido una de las más afectadas por los problemas derivados de la operación de los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal. La acumulación de residuos, las malas condiciones de higiene y la falta de un manejo adecuado de los desechos ha provocado una crisis ambiental que no ha sido tomada en serio por las autoridades responsables.

Los habitantes de las zonas cercanas a estos rellenos han expresado su desconfianza en la capacidad de Innova Ambiental para manejar adecuadamente los residuos y han exigido a las autoridades una respuesta más contundente ante la situación. En consecuencia, los vecinos han comenzado a organizarse para realizar movilizaciones y plantones frente a las instituciones encargadas de la fiscalización y la gestión de residuos, exigiendo transparencia y justicia para los afectados por la ineficiencia de la concesionaria.

El vínculo de Innova Ambiental con la corrupción municipal

El escándalo no termina ahí. En medio de este contexto, la relación de Innova Ambiental con funcionarios municipales y el manejo de recursos públicos ha sido objeto de críticas. Según denuncias recibidas, la empresa habría cobrado excesivas sumas a la Municipalidad de Lima durante los 29 años de su contrato. Estos pagos habrían sido hechos por el uso de infraestructuras como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, que supuestamente fueron operadas de manera deficiente, sin tener en cuenta los impactos negativos que esto causó en la salud de los vecinos.

Una carta enviada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, detalla las presuntas irregularidades cometidas por la concesionaria y señala a funcionarios municipales como responsables de haber favorecido a Innova Ambiental. En el documento, se acusa a la empresa de haber dejado los rellenos sanitarios en un estado deplorable tras la culminación del contrato en 1995, afectando gravemente las condiciones de vida de los residentes cercanos. Además, se menciona que ciertos funcionarios de la Municipalidad habrían obstruido las investigaciones sobre las irregularidades cometidas por la concesionaria, protegiendo así sus intereses.

La remoción de la Licenciada Mariana Jiménez Jara, Gerente de Servicios a la Ciudad, también ha sido señalada como parte de un intento por frenar las acciones que estaban siendo tomadas contra Innova Ambiental. Jara, quien había mostrado firmeza en su lucha por la transparencia, fue retirada de su puesto en un acto que, según las denuncias, favoreció los intereses de la empresa.

Una concesionaria sin credibilidad y el futuro incierto

Hoy, Innova Ambiental se enfrenta a una situación difícil. La desinformación y las irregularidades cometidas durante su gestión han dejado una mancha en su reputación, mientras los vecinos continúan luchando por recuperar el control de sus tierras y por que se haga justicia por los daños ambientales. La empresa, que en su momento fue vista como una solución a los problemas de residuos de Lima, ha quedado atrapada en una serie de escándalos que la han colocado en el ojo del huracán.

Mientras tanto, la Municipalidad de Lima se enfrenta a presiones por parte de los vecinos afectados y las autoridades para que asuma su responsabilidad en la supervisión de estos proyectos. Aunque se ha prometido una reorganización en el servicio de limpieza pública, la falta de acción concreta y el desinterés por solucionar los problemas de fondo sigue siendo una preocupación.

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Este 2024 nos dejó varias lecciones sobre la lucha constante de los dirigentes en las diferentes partes de Lima y, en general, en todo el país. Una lucha que puede arriesgar hasta su propia vida. Fue el caso de Santiago Guardamino, cuya vida acabó en manos del sicariato y después de iniciar una batalla legal por la relevancia y respeto de Quipan. 

El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada inició una investigación que está tomando un giro trascendental en el ámbito judicial. En el centro de este proceso se encuentra el asesinato de Santiago Guardamino, un líder comunal de Quipán que luchaba contra una red de corrupción que involucraba a empresarios, funcionarios públicos y actores clave en distintas instituciones estatales. A través de sus investigaciones, Guardamino destapó una serie de delitos que no solo amenazaron la integridad de su comunidad, sino que ahora podrían poner en evidencia una red criminal de dimensiones insospechadas.

El Contexto: Un Caso de Corrupción a Gran Escala

Santiago Guardamino no fue simplemente una víctima más de un crimen de violencia. Su muerte está directamente vinculada a una serie de investigaciones que él mismo inició contra Industrias Arguelles y la exdirectiva de la Comunidad Campesina de Quipán. Estos procesos legales revelaron un cúmulo de irregularidades y abusos que afectaron no solo la seguridad y salud de los comuneros de Quipán, sino también el medio ambiente de la región. Industrias Arguelles, una empresa vinculada a la familia Arguelles, había operado un vertedero de residuos en tierras de la comunidad obtenidas mediante fraudes legales, lo que generó múltiples denuncias por parte de Guardamino.

Benjamin Zevallos 

Entre las figuras clave involucradas en este caso se encuentra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles, y su gerente general Karen Marianella Pasco Flores. A ellos se les suman otras personas como Abel Cruz Mosquera Ortiz, ex presidente de la comunidad, y Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, quienes también están implicados en el proceso judicial. Las denuncias presentadas por Guardamino sugieren una coordinación entre estos actores para cometer delitos de homicidio calificado, falsificación de documentos, usurpación agravada y otros crímenes graves.

Este grupo, según las investigaciones, no solo actuaba de manera ilegal en su entorno cercano, sino que también aprovechaba sus vínculos con funcionarios de diversas entidades gubernamentales, como la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos y el Ministerio de Salud, para facilitar sus acciones delictivas. Esta compleja red criminal, según los fiscales, podría tener implicaciones tanto a nivel nacional como internacional, pues sus actividades involucraban el tráfico de influencias y la manipulación de procesos administrativos para favorecer intereses privados a costa de la comunidad.

La Fiscalía y la Ley Contra el Crimen Organizado

El caso ha atraído la atención de las autoridades debido a su complejidad y magnitud. La Ley N° 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado establece que cualquier grupo de tres o más personas que actúen de manera coordinada y cometan delitos graves puede ser considerado una organización criminal. Según las denuncias, los implicados habrían actuado de forma concertada para cometer una serie de delitos que no solo dañaron la integridad de la comunidad de Quipán, sino que también afectaron a las instituciones públicas encargadas de regular estos procesos.

Benjamin Zevallos

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada tiene bajo su responsabilidad el caso debido a la gravedad de los hechos denunciados. Esta fiscalía está encargada de procesar casos con repercusiones nacionales e internacionales, como el presente, lo que subraya la seriedad con la que se está tratando el caso. Aunque la investigación está en sus primeras etapas, el proceso judicial ha generado un gran interés debido a la magnitud de los delitos implicados y el perfil de los actores involucrados.

La Muerte de Santiago Guardamino: Un Acto de Silencio Forzado

El asesinato de Santiago Guardamino no puede verse solo como un crimen de violencia. Aparentemente, la urgencia de su muerte está relacionada con su intento de presentar pruebas clave sobre las irregularidades cometidas por Industrias Arguelles. Guardamino estaba a punto de declarar ante el Ministerio Público sobre la nulidad de un acto jurídico que involucraba a la empresa, cuando fue asesinado, un día antes de hacerlo.

Este hecho plantea serias preguntas sobre las motivaciones detrás de su muerte. ¿Por qué temían tanto las personas involucradas en este entramado a las pruebas que Guardamino tenía en su poder? ¿Qué era tan peligroso en sus testimonios que los implicados decidieron eliminarlo antes de que pudiera presentar su denuncia ante las autoridades? Estos interrogantes son cruciales para entender la magnitud del crimen que se estaba cometiendo en Quipán y el nivel de corrupción que se estaba gestando en el seno de la comunidad.

La Compra Fraudulenta de Tierras: Un Acto de Despojo

Una de las investigaciones más relevantes que Guardamino emprendió fue sobre la compra fraudulenta de tierras de la comunidad. En 2016, Karen Marianella Pasco Flores y Aniceto Elvis Arguelles Loayza adquirieron ilegalmente 10,000 hectáreas de terreno de la Comunidad Campesina de Quipán por 600,000 soles, una suma significativamente inferior al valor real de las tierras, que rondaba los 5.5 millones de soles. Esta operación fue facilitada por documentos falsificados, y se llevó a cabo con la complicidad de Abel Cruz Mosquera Ortiz, el ex presidente de la comunidad.

La documentación presentada por Guardamino demostró que el pago se realizó mediante un cheque de gerencia, lo que sugiere un intento de ocultar el verdadero valor de las tierras y, de esta manera, beneficiarse de manera ilegal a costa de los comuneros. La denuncia de Guardamino también desveló que la venta fue parte de una estrategia para evadir un juicio de nulidad de contrato que la comunidad estaba buscando para recuperar sus tierras.

La Necesidad de Justicia y Transparencia

La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una gran pérdida para su familia y la comunidad de Quipán, sino también un golpe a la lucha por la justicia y la transparencia en un contexto donde la corrupción y el crimen organizado siguen socavando la confianza en las instituciones. El asesinato de un líder social, como Guardamino, plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad del sistema para proteger a aquellos que luchan por defender los derechos de las comunidades.

A medida que avanzan las investigaciones, es de vital importancia que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada continúe con el proceso de manera rigurosa, para identificar a todos los responsables y garantizar que los crímenes cometidos sean castigados con todo el peso de la ley. Este caso destaca la urgente necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y la corrupción, para evitar que más vidas sean sacrificadas y que más comunidades queden a merced de aquellos que operan en las sombras para proteger sus intereses a costa del bienestar colectivo.

La memoria de Santiago Guardamino, quien dio su vida en la lucha por la justicia, debe ser un recordatorio constante de la importancia de continuar esta batalla por la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas.

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