Informes

[INFORMES] La actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú se ve inmersa en una nueva polémica tras encargarle dos direcciones a una exfuncionaria del Ministerio del Interior sin mayor experiencia el sector.

Los recientes escándalos que involucran a las esferas más altas del poder político en el Perú han acaparado la mayoría de portadas y la atención de los peruanos. Sin embargo, mientras estas disputas y polémicas tienen como protagonistas a Dina Boluarte y los congresistas, otros funcionarios vienen aprovechando este interminable caos para manejar algunas instituciones a su antojo.

Una de estas instituciones afectadas es la prestigiosa e histórica Biblioteca Nacional del Perú que, una vez más, vuelve a ser noticia por los manejos irregulares por parte de quienes hoy en día tienen en sus manos el destino del patrimonio cultural documental bibliográfico de nuestro país.

Sudaca pudo conocer por medio de fuentes confiables los detalles de las sospechosas decisiones que se vienen tomando en dicha institución y que ponen en serio riesgo a la Biblioteca Nacional del Perú y sus más de doscientos años de historia.

ESTO ES UN CRIMEN

Uno de estas decisiones cuestionadas con respecto a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) tuvo lugar a inicios del presente mes de junio. En una resolución jefatural del martes 3 de junio, la jefa institucional de la BNP designó a Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias.

Sin embargo, algo que habría pasado desapercibido, o decidieron ignorar, es la experiencia laboral de Garrido Gonzáles para un puesto tan importante. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el campo para el cual se encuentra preparada esta directora que ha sido beneficiada con este cargo de confianza poco o nada tiene que ver con las políticas bibliotecarias. Según su propio perfil, Garrido se dedica a la criminología.

La suerte de Garrido Gonzales mejoraría dos semanas después. El miércoles 18 de junio, como figura en el sitio web de la propia Biblioteca Nacional del Perú, la criminóloga tuvo a su cargo una nueva dirección. En esta oportunidad, Keila Garrido tendría bajo su responsabilidad la Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria.

DEL MININTER A LA BIBLIOTECA

Sudaca pudo acceder al manual clasificador de cargo de la Biblioteca Nacional del Perú y pudo revisar los requisitos que se exigen para una persona que pretende ocupar el cargo de director, tal como es el caso de Keila Garrido Gonzales. Según este documento, que ha sufrido modificaciones en los últimos años, para ocupar una dirección se debe contar, por lo menos, con cuatro años de experiencia en la función y dos años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo.

Este medio revisó los más recientes trabajos de Keila Miroslava Garrido Gonzales y pudo encontrar que su experiencia laboral previa a su llegada a la Biblioteca Nacional fue ocupando una dirección pero en un área totalmente diferente en el que se viene desempeñando actualmente.

Entre 2022 y 2023, justo antes de empezar a trabajar en la Biblioteca Nacional, Keila Garrido ocupaba una dirección pero en el Ministerio del Interior. Bajo la gestión de Vicente Romero como titular del Mininter, Garrido Gonzales sí ejercía su especialización en criminología y estaba al frente de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado.

En el sitio web de Transparencia Económica también se puede encontrar que la experiencia de esta nueva directora de la Biblioteca Nacional en el sector público fue únicamente con el Ministerio del Interior, sector con el cual registra más de doscientos mil soles en contratos entre los años 2015 y 2023.

Incluso en el registro de títulos se puede encontrar que la vida profesional de Garrido Gonzales se encontraba direccionada a la criminología. En la siguiente imagen se puede observar que, en el año 2022, Keila Garrido obtuvo un grado de master en una universidad de Reino Unido en el campo de la criminología y la justicia penal.

Cabe señalar que el nombre de Garrido había causado escándalo en el ambiente de la Biblioteca Nacional en noviembre del año pasado cuando la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, la nombró en el cargo de confianza de asesora e incluso para dicho cargo no contaba con la experiencia que se esperaba.

Aunque la crisis política del país recibe un merecido porcentaje de la atención de los peruanos, una de las instituciones más antiguas y claves para la historia del Perú, como es el caso de la Biblioteca Nacional, hoy reclama por mayor supervisión ante este tipo de decisiones que, más temprano que tarde, pueden poner en riesgo parte del patrimonio nacional y décadas de cuidadoso trabajo por parte de quienes sí se han especializado en este sector.

[INFORMES] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha presentado una apelación formal contra la Resolución Directoral N.º 00010-2025-OEFA/DSIS, emitida el pasado 3 de abril, en la que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó la elaboración de un Plan de Cierre integral para el relleno sanitario El Zapallal en Carabayllo. Según la comuna, dicha orden impone de forma “arbitraria e ilegal” responsabilidades que corresponderían a la empresa privada Innova Ambiental S.A., antigua concesionaria del sitio.

¿Qué dice la Municipalidad?

El núcleo del argumento municipal gira en torno a lo siguiente: la responsabilidad de los daños ambientales, como filtración de lixiviados y mal manejo de residuos, corresponde exclusivamente a la empresa Innova, quien operó El Zapallal desde 1996 hasta el 30 de mayo de 2024 bajo un contrato de concesión. La MML señala que solo recibió la infraestructura “bajo protesta”, advirtiendo desde el primer momento que no asumía titularidad ni compromisos ambientales derivados de esa gestión.

La apelación se basa en principios clave del Derecho Administrativo: legalidad, debido procedimiento y verdad material. La comuna afirma que la Resolución 10-2025 carece de motivación técnica suficiente, no cumple con los requisitos legales para variar una medida administrativa y viola el derecho a defensa al haber sido emitida en un procedimiento donde la MML no fue parte.

La versión de los hechos según la MML

De acuerdo al recurso de apelación:

• Innova Ambiental fue responsable de operar El Zapallal bajo un contrato de concesión que finalizó oficialmente el 30 de mayo de 2024.
• Desde 2016, Innova tenía la obligación expresa de presentar un Plan de Cierre, según la Resolución Directoral N.º 2261-2016/DSA/DIGESA/SA. No lo hizo.
• En 2023, OEFA emitió la Resolución N.º 00107-2023-OEFA/DSIS con requerimientos ambientales dirigidos a Innova. Sin embargo, en 2025, OEFA modifica esta decisión mediante la Resolución 10-2025 y traslada la obligación a la MML, sin sustento técnico ni legal.

Para la Municipalidad, esto constituye una traslación arbitraria de responsabilidades ambientales, ignorando que fue Innova quien generó los pasivos durante su tiempo de operación. Además, la comuna recalca que Innova nunca realizó una entrega formal de la infraestructura con un instrumento ambiental aprobado que garantice el proceso de cierre, como lo exige la normativa vigente.

¿Por qué rechaza la resolución del OEFA?

El documento de apelación detalla varios puntos:

1. Falta de motivación suficiente: La resolución del OEFA no sustenta técnicamente por qué se unificaron los requerimientos previos en uno solo, ni por qué se asigna a la MML su cumplimiento. Según la norma, toda modificación debe estar debidamente sustentada, incluyendo análisis técnico, evaluación de pertinencia, comparación normativa y análisis de impacto ambiental. Nada de esto se incluyó.
2. Violación del debido procedimiento: La MML no fue parte del expediente original que dio lugar a las medidas ambientales dictadas en 2023. Por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a defensa ni ser notificada conforme a ley.
3. Inversión pública injustificada: La comuna advierte que asumir el costo del cierre del relleno significaría usar recursos públicos para cubrir una obligación que le corresponde a una empresa privada, lo cual constituye una afectación directa al presupuesto municipal y al principio de “quien contamina, paga”.
4. Falta de entrega formal: Innova no entregó el relleno sanitario con un Plan de Cierre validado ni con un instrumento ambiental aprobado, por lo cual la MML no puede considerarse legalmente como titular de la operación.
5. Conflicto con el principio de verdad material: El OEFA no habría verificado adecuadamente los hechos ni actuado pruebas que acrediten que la MML asumió la infraestructura como responsable ambiental. Por el contrario, existe acta de entrega bajo protesta que lo desmiente.

¿Qué busca la MML?

Con esta apelación, la Municipalidad solicita que se revoque o declare nula la Resolución Directoral N.º 10-2025-OEFA/DSIS. Además, demanda que cualquier medida ambiental posterior se dirija a Innova Ambiental S.A., empresa que, según la propia OEFA en resoluciones previas, sigue siendo responsable por los impactos ocasionados.

La comuna también se reserva el derecho de presentar nueva documentación técnica y legal complementaria, y advirtió que cualquier obligación futura sin sustento podría ser impugnada también por la vía judicial.

¿Qué está en juego?

Este caso marca un punto de inflexión en la forma en que se determina la responsabilidad ambiental post concesión en el país. Si el OEFA mantiene su resolución, establecería un precedente donde el Estado, vía gobiernos locales, termina asumiendo pasivos ambientales generados por empresas privadas, aun cuando estas no cumplieron con sus compromisos legales previos.

La controversia también expone deficiencias en los mecanismos de fiscalización del Estado frente a concesiones públicas, especialmente en servicios como el manejo de residuos sólidos, donde las consecuencias ambientales pueden extenderse por décadas.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha emitido una orden urgente que pone en evidencia un problema ambiental latente en el norte de Lima. A través de la Resolución N.° 00010-2025-OEFA/DSIS, la entidad ha dispuesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) elabore y presente un Plan de Cierre completo para el relleno sanitario “El Zapallal”, tras constatar condiciones críticas de contaminación, gestión inadecuada de residuos y omisiones técnicas que comprometen gravemente la salud ambiental del área y el abastecimiento de agua subterránea.

La resolución, emitida el 3 de abril de este año, reemplaza dos medidas administrativas previas con una única exigencia clara y contundente: diseñar un Plan de Cierre integral que incluya todas las celdas de disposición de residuos —tanto municipales como de centros de salud—, así como sus componentes auxiliares. Este plan deberá detallar medidas para el tratamiento de lixiviados, control de gases, cobertura final de los residuos, monitoreo ambiental posterior al cierre, y, si es viable, el uso futuro del terreno.

¿Qué es “El Zapallal” y por qué está en el centro de la discusión?

El Zapallal es un relleno sanitario ubicado en la quebrada del mismo nombre, en el distrito de Carabayllo, entre los cerros Campana y Cabrera, en el margen derecho del río Chillón. Esta infraestructura fue creada en 1990 y funcionó durante más de tres décadas, recibiendo miles de toneladas de residuos sólidos cada día.

En sus inicios, estuvo a cargo de la Municipalidad de Lima y luego pasó por distintos concesionarios privados, como Relima y posteriormente Innova Ambiental S.A. En mayo de 2024, el sitio volvió a manos de la MML, según consta en documentos oficiales.

A pesar de que su operación fue oficialmente paralizada en febrero de 2023, OEFA detectó que siguen ocurriendo procesos que generan impactos ambientales —como la producción y recirculación de lixiviados— sin un plan de cierre ejecutado. Esta condición lo convierte en una fuente de riesgo ambiental permanente.

Parte de la resolución del OEFA sobre la problemática

¿Qué encontró OEFA en sus visitas de supervisión?

Las inspecciones técnicas revelaron un panorama preocupante. El relleno está dividido en tres celdas:

1. Celda de la quebrada N.º 1: destinada a residuos municipales. Su permiso de funcionamiento venció en 2021, pero continuó operando hasta 2023. Superó ampliamente su capacidad autorizada.
2. Celda para residuos hospitalarios: diseñada para manejar residuos peligrosos de centros de atención médica. También operó por encima del límite aprobado.
3. Celda de la quebrada N.º 2: fue implementada sin contar con instrumento ambiental aprobado (IGA), lo que implica que operó al margen de la ley.

Las tres celdas comparten vías de acceso, zonas administrativas y sistemas de drenaje, pero no tienen una estrategia de gestión ambiental unificada. Esto impide una evaluación adecuada de sus impactos acumulativos.

Uno de los principales hallazgos fue la ausencia de impermeabilización en las bases de las celdas, lo que permite la infiltración de lixiviados —líquido tóxico generado por los residuos— hacia el subsuelo. Además, se verificó que el terreno donde se ubican las celdas no cumple con las características de una “barrera geológica natural”, es decir, no impide que estos contaminantes lleguen a fuentes de agua subterránea como el acuífero del río Chillón.

Lixiviados sin control y biogás en fuga

Durante la supervisión más reciente (enero de 2025), OEFA documentó la existencia de al menos 10 pozas de recirculación de lixiviados, ocho de ellas operativas. Estos líquidos estaban siendo movilizados mediante camiones cisterna hasta zonas elevadas para ser vertidos nuevamente sobre los residuos, en un ciclo que solo prolonga el problema en lugar de resolverlo.

Además, se evidenciaron grietas, canales erosionados y afloramientos de lixiviados al pie de los taludes, lo que genera riesgo de deslizamientos, proliferación de vectores sanitarios y emisiones de gases contaminantes como el metano o el sulfuro de hidrógeno.

Tampoco se ha instalado un sistema de captación de biogás adecuado, ni existe cobertura vegetal o material de sellado sobre los residuos, lo que multiplica los impactos ambientales y reduce cualquier posibilidad de rehabilitación del terreno.

Disposición del OEFA sobre la Municipalidad de Lima

¿Por qué OEFA exige un nuevo Plan de Cierre?

Las medidas anteriores, dictadas en 2023, solicitaban planes específicos para cada celda. Sin embargo, OEFA consideró que ese enfoque fragmentado no garantiza una gestión adecuada ni evita los impactos acumulativos. Por ello, mediante esta nueva resolución, exige una visión integral bajo principios de indivisibilidad y complementariedad ambiental.

El nuevo Plan de Cierre debe contemplar:

• Cobertura final de las celdas con materiales adecuados.
• Instalación de sistemas para la captura y tratamiento de lixiviados.
• Manejo seguro de biogás.
• Programa de monitoreo ambiental de largo plazo.
• Medidas de contingencia postcierre.
• Proyecto de uso del área posterior al cierre (si es factible).

Además, el documento señala que el incremento sostenido en el volumen de residuos —que llegó a duplicar la capacidad prevista— redujo drásticamente la vida útil proyectada del sitio y empeoró los riesgos de impacto ambiental. OEFA también subraya que no se han realizado los estudios de impacto ambiental necesarios para las modificaciones introducidas, ni existe una hoja de ruta para la clausura progresiva.

Plazos y responsabilidades

La Municipalidad de Lima deberá presentar el Plan de Cierre en un plazo de 120 días hábiles desde la notificación de la resolución. Además, tiene solo 15 días hábiles para acreditar la contratación de una empresa especializada que se encargue de elaborarlo.

La resolución también deja abierta la posibilidad de ordenar nuevas medidas administrativas si se detectan más riesgos o incumplimientos en futuras inspecciones.

¿Por qué esto debería importarte?

El Zapallal no es solo un caso técnico. Es un espejo de cómo se manejan —o se desatienden— los residuos de una ciudad de casi 10 millones de habitantes. También es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la infraestructura pública carece de fiscalización efectiva y visión de largo plazo.

Además, pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿qué ocurre cuando los residuos que generamos siguen afectando nuestro ambiente incluso después de ser “desechados”? El riesgo no es hipotético. Si los lixiviados continúan infiltrándose en el suelo, podrían contaminar aguas subterráneas que abastecen a sectores del norte de Lima.

En resumen, el caso de El Zapallal es un llamado urgente a repensar la política pública sobre residuos, a exigir transparencia a nuestras autoridades y a fortalecer la fiscalización para que el medio ambiente —y la salud pública— no sigan siendo los últimos en la lista de prioridades.

Defender a Montesinos, ser exfuncionario de Cerrón, fomentar la homofobia y ser aportante de un partido parecen ser los requisitos para cobrar un sueldo en el Congreso. Sudaca revisó los pagos del mes de mayo y encontró una peculiar lista de beneficiados.

Los actuales inquilinos del Congreso de la República están escribiendo un nuevo e infame capítulo. Además de ser los responsables de promulgar leyes que terminan favoreciendo a la criminalidad y ser duramente cuestionados por la opinión pública, los parlamentarios han decidido utilizar el presupuesto del Legislativo para darle una mano a integrantes y socios estratégicos de sus partidos políticos.

En lo que se podría interpretar como una posición desafiante a las críticas de sus propios votantes, los partidos políticos con representación en el Congreso vienen aprovechando los recursos públicos para darle trabajo a sus militantes, aportantes y hasta aliados. Pero no conformes con ello, en el parlamento incluso los contratan para oficinas en las que tienen a su cargo funciones que poco o nada tienen que ver con su experiencia profesional.

Sudaca pudo revisar los contratos que viene pagando el Congreso de la República durante los últimos meses y ha podido encontrar numerosos casos que ponen en evidencia esta situación que, sin lugar a dudas, suma al deterioro de la imagen del Congreso.

PODEMOS DAR TRABAJO

En el Congreso tiene lugar el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias, el cual tiene como objetivo garantizar que todos los peruanos puedan acceder a la información sin que su forma de comunicarse sea un obstáculo. Sin embargo, lejos de darle a dicha área la importancia que merece en un país en el cual se habla una gran variedad de lenguas, quienes hoy tienen poder en el Legislativo han decidido utilizar estos puestos para darle trabajo a sus aliados.

Este parece ser el caso de Kiradia Lucy López Lavy, quien durante el pasado mes de mayo recibió más de tres mil soles por desempeñarse como auxiliar en el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias del Congreso de la República.

Esta información podría pasar desapercibida de no ser porque López Lavy no sólo carece de experiencia en esta área sino que, casualmente, ha integrado desde hace aproximadamente siete años las filas de Podemos, la agrupación política de José Luna, y gracias a ellos desde 2023 empezó a desempeñarse como regidora en la Municipalidad de Los Olivos.

Al revisar la situación actual de esta área también se puede encontrar que quien se desempeña como jefa de esta es Shadia Elizabeth Váldez Tejada, quien no sólo es militante del partido Podemos sino que trabajó para el despacho del propio José Luna y figura como aportante de esta agrupación política. Al igual que en el caso de López Lavy, Shadia Valdez tampoco registra una trayectoria relacionada con el área que tiene a su cargo.

LA CUOTA FUJIMONTESINISTA

Patricia Juárez representa la cuota fujimorista en la actual Mesa Directiva del Congreso. Pero, para el partido de Keiko Fujimori, esto no parecer ser suficiente. Por ello, la oficina de la primera vicepresidenta decidió contratar como asesora a una exparlamentaria naranja para que apoye el trabajo de Juárez.

La persona en cuestión es María Del Carmen Lozada Rendón y su nombre es recordado debido a que el propio Vladimiro Montesinos señaló haber aportado veinte mil dólares para su reelección como congresista durante la época del régimen fujimorista. Pese a ello, Keiko Fujimori no tuvo problemas en incluirla en su equipo cuando fue candidata presidencial.

Además, Lozada, quien fue pareja de un exintegrante del Servicio de Inteligencia encabezado por Montesinos, no ha tenido reparos en mostrarse abiertamente como una defensora de Montesinos y, años atrás, señaló ante la prensa que “no hay que satanizar más a la persona del señor Montesinos”.

Por el trabajo que viene desempeñando de la mano de Patricia Juárez en la oficina de la vicepresidenta del Congreso, la excongresista Lozada ha recibido más de dieciséis mil soles durante el pasado mes de mayo.

HERMANDAD CONSERVADORA

A inicios del mes de marzo de este año, el Congreso dio luz verde para que se conforme una comisión que tendría a su cargo investigar  los detalles con respecto al acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Este pedido fue impulsado, principalmente, por parlamentarios de la bancada de Renovación Popular.

Sin embargo, pese a que en sus discursos intentan mostrar una imagen de suma preocupación por combatir los actos de corrupción vinculados con esta empresa brasilera, en la práctica pareciera que las prioridades son otras. Esto debido a que la comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la mejor opción para brindarle asesoramiento legal a esta comisión era uno de sus aliados conservadores.

Justo Fernando Balmaceda Quirós, quien durante el pasado mes de mayo recibió un pago de más de cuatro mil soles por asesorar a la comisión que encabeza el congresista Muñante, es un reconocido militante del colectivo denominado “Padres en Acción”, el cual saltó tomó notoriedad en 2019 por su decidida lucha contra el enfoque de género debido a que temían que la implementación del mismo en la educación peruana podría “homosexualizar” a los estudiantes.

LOS CERRÓN

Aunque la bancada de Perú Libre sufrió numerosas bajas y tanto su candidato a la presidencia como su vicepresidenta terminaron muy distanciados de la agrupación que los llevó al poder, los que todavía quedan en el partido de Vladimir Cerrón no han dudado en aprovechar cuanta oportunidad aparece para beneficiarse de sus cargos en el Congreso.

Este es el caso de Waldemar Cerrón, hermano del líder del partido, que actualmente ostenta el cargo de segundo vicepresidente y desde esta posición privilegiada le está dando una mano a uno de los allegados de su hermano Vladimir que por una asesoría está cobrando más de trece mil soles al mes.

Esto se ha podido observar en la lista de pagos hechos por el Legislativo en el mes de mayo y entre los cuales figura el nombre de Efraín Cerrón Luján, quien ahora ejerce como asesor de la segunda vicepresidencia pero antes fue director regional de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno Regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos e investigaciones.

Aunque el Perú vivió un  mayo marcado por la interminable crisis política y social, en el Congreso parece haber sido otro mes para no sólo despilfarrar en los numerosos privilegios que gozan quienes ocupan una curul sino que también fue un mes para ayudar a que sus aliados disfruten con el dinero de los peruanos.

La Municipalidad de Lima pasó por alto un requisito indispensable para una contratación que comprometen más de diez millones de soles del presupuesto municipal. Sudaca accedió al documento de la Contraloría que advierte esta irregularidad.

En la Municipalidad de Lima, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga parece estar copiando la estrategia del Ejecutivo de responder a cualquier cuestionamiento por parte de la prensa o la población con acusaciones de ser parte de una conspiración en su contra. Incluso, en una recién actividad oficial, el burgomaestre llegó a calificar como “traidores a la patria” a los comunicadores por las investigaciones periodísticas que realizan.

López Aliaga se picó por lo que publicamos sobre el estudio gringo que contrató, y que hizo un mal trabajo.

Ahora nos llama “traidores a la patria” a nosotros y a colegas de varios medios. pic.twitter.com/gsXB4SIbeZ

— ???? Jonathan Castro (@jsudaka) June 7, 2025

Sin embargo, pese a estos intentos de posicionarse como víctimas de persecución, siguen apareciendo hechos contundentes que exponen la poca seriedad con la que se están llevando a cabo las gestiones en la Municipalidad de Lima y que comprometen varios millones de soles así como el adecuado funcionamiento de la ciudad.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se detallan graves omisiones por parte de las personas implicadas en el proceso de contratación de camiones cisternas para lo cual se había estimado un presupuesto que superaba los diez millones de soles.

SE OLVIDARON DE ALGO

En el mes de octubre del año pasado, la Oficina de Logística de la Municipalidad de Lima le dio luz verde a un pedido de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad para la contratación de un servicio de alquiler de camiones cisterna y un tracto remolcador que serían utilizados para las áreas verdes del cercado de Lima. Para este proceso, el monto aproximado superaba los diez millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, lo que ocurre después es la conformación un comité de selección que incluye miembros titulares y suplentes. Estas personas tendrían la responsabilidad de elegir la mejor oferta entre los postores que se presentarían a dicho concurso público.

El siguiente paso a seguir en este proceso de selección, tras la designación de los miembros titulares y suplentes del comité, era la presentación de las declaraciones juradas de los integrantes de este comité. Cabe resaltar que este requerimiento no es voluntario sino una obligación estipulada en la ley y que, además, se recalca que se deben presentar antes de cada proceso de selección en el cual se vean involucrados.

No obstante, y tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro elaborado por la propia Contraloría, cinco de los seis integrantes de este comité decidieron no cumplir con esta obligación que es fundamental para detectar posibles conflictos de intereses entre quienes conforman el comité y los postores.

La siguiente imagen corresponde al buscador de declaraciones juradas en el cual se observa que Neil Darwin Paima Arias, presidente del comité, no presentó declaraciones juradas durante el año 2024 y José Juan Rivera Temoche, segundo miembro, tampoco registraba haber presentado su declaración jurada.

En el caso de los suplentes del comité de selección, Renzo Antonio Vargas Mariscal y Lys Pamela Mendoza Lescano, primer y segundo miembro, no registraban declaraciones juradas en el año 2024 mientras que Mary Sender Maccapa Chanca, suplente del presidente, contaba con una declaración jurada presentada ese año pero no correspondía a los requerimientos del proceso de selección en cuestión.

ESTOS SÍ COBRAN

Aunque los seguidores del alcalde López Aliaga señalan que el líder de Renovación Popular no cobra su salario como intento de defenderlo ante los cuestionamientos a su gestión, en el caso de estos funcionarios que pasaron por alto el requerimiento de las declaraciones juradas no se podría aplicar la misma excusa.

Por ejemplo, Neil Darwin Paima Arias, el presidente de este comité de selección, cobró en el mes de abril cuarenta mil soles por un servicio especializado en análisis, evaluación y conducción de procesos de selección. Además, desde el año 2023, Paima Arias ha cobrado un total de S/. 191,500 por servicios especializados en estos procesos de selección.

En el caso de Renzo Vargas, Lys Mendoza y Mary Maccapa, suplente del comité de selección, también han recibido un total de S/. 65,800 en contratos por especializarse en procesos de selección y otras actividades con la Municipalidad de Lima.

NO FUE EL ÚNICO PROBLEMA

En este documento al que tuvo acceso Sudaca también se advierte una segunda irregularidad en este proceso. La Contraloría también advirtió que existían varios vacíos en los requerimientos a los postores con respecto a los certificados de calidad del agua utilizada por los camiones cisternas.

Pese a que en este tipo de procesos se exige que se brinden precisiones para que los postores estén advertidos sobre el tipo de documentos que tienen que presentar, la Municipalidad de Lima no profundizó en los detalles sobre la cantidad de veces que se debían tomar estas muestras ni la procedencia del agua.

Aunque para el alcalde López Aliaga se deba calificar como traición a la patria las investigaciones periodísticas a la Municipalidad de Lima, casos como el expuesto en este informe dejan al descubierto que existen graves errores que ponen, merecidamente, a su administración bajo la lupa.

El Despacho Presidencial ha emitido órdenes de servicio por más ochocientos mil soles para diversos especialistas. Sin embargo, en la presidencia parecen no estar sacando provecho del trabajo que se paga con el dinero de los peruanos.

El gobierno de Dina Boluarte continúa en el ojo de la tormenta ante las deficientes gestiones de sus ministros para atender los problemas más importantes del país y algunos gastos que rozan la excentricidad. Aunque desde el Ejecutivo se opta por un discurso de victimización, la opinión pública ha permanecido indiferente ante estas excusas y ha dictado un veredicto muy severo sobre lo que les genera la actual conducción del país.

Pero estas críticas no sólo se limitan al desempeño de quienes tienen a su cargo el funcionamiento de los diversos ministerios. La figura de Dina Boluarte ha sido identificada no sólo como la máxima responsable de esta crisis sino como un personaje desafiante que encuentra comodidad al rodearse de funcionarios cuestionados y tomar decisiones que no reflejan las prioridades del país.

Sudaca ha podido revisar el entorno laboral de la mandataria y se ha encontrado una sorprendente cifra destinada a numerosos contratos de empleados que integran el despacho de Dina Boluarte y podrían haber evitado la actual crisis política o, al menos, ayudado a conducir los destinos del país sin tantos errores.

FILTROS DESACTIVADOS

En esta fallida gestión de la presienta han existido oportunidades de remediar todos los errores que se evidenciaron desde diciembre del año 2022. Sudaca ha podido encontrar una serie de trabajadores del Despacho Presidencial que podrían haber actuado como filtros en las decisiones que se tomaban desde la presidencia y ayudado a Dina Boluarte a evitar los errores más groseros de su gobierno.

Por ello sorprende encontrar que, durante el mes de abril, el Despacho Presidencial pagó una orden de servicio por el monto de veinticuatro mil soles a una persona cuyo trabajo se centraba en las contrataciones del Estado y por el cual se vienen emitiendo numerosas órdenes de servicios desde hace varios años.

Estas órdenes de servicio figuran a nombre de Antuhaned Erica Leandro Reyes y desde el mes de marzo del año 2023 ha trabajado para el Despacho Presidencial por lo que ha recibido un total de S/. 206,000 por desempeñarse como analista en contrataciones del Estado, servicio especializado en contrataciones públicas y asistencia en adquisiciones y contrataciones.

Pero Antuhaned Leandro Reyes no es la única persona que tiene este encargo. También desde el año 2023, Emerson Inca Huamán brinda un servicio especializado en procedimientos de selección y contrataciones del Estado por el cual ha facturado veintisiete mil soles durante el pasado mes de abril y un total de S/. 256,500 durante dos año.

Lucía Genoveva Alcántara Domínguez es otra de las trabajadoras que registra órdenes de servicio por una labor relacionada con las contrataciones del Estado por parte de la oficina presidencial. Desde el año 2024 hasta la fecha, Alcántara ha acumulado un total de S/. 64,000 por este trabajo.

Una cuarta persona en esta lista de expertos en contrataciones públicas es Sara Giuliana Lengua Huachua. En los últimos meses ha recibido órdenes de servicio por un total de sesenta mil soles por trabajos relacionados con las contrataciones públicas en el Despacho Presidencial.

LOS VIAJES DE DINA

Sin lugar a duda, los constantes pedidos de permiso de la presidenta Boluarte para viajar al extranjero llevaron a que el descontento con el gobierno aumente. Que estos pedidos ocurrieran en contextos críticos para el país e incluso, como lo expuso Sudaca en un informe reciente, que la mandataria incluya en la lista de viajeros cuyos gastos salen del erario público a personal que no era indispensable lograron exacerbar los ánimos todavía más.

Pero, además de estos gastos, la oficina de la presidenta ha contratado a una persona para que se encargue exclusivamente de gestionar los viáticos de los viajes presidenciales. El elegido para este encargo fue Edwin Oswaldo Mallqui Gamarra y en menos de un año ha recibido S/. 34,900 por ello.

Para cerrar esta lista de personas contratadas por el despacho de Dina Boluarte que debían ayudar a una buena gestión podemos encontrar, paradójicamente, órdenes de servicio por un trabajo especializado en presupuesto. Mientras en Palacio se despilfarran miles de soles de los peruanos en banquetes, una nutricionista y hasta viajes para el fotógrafo de la presidenta, su oficina ha gastado S/. 224,000 en un servicio especializado en la gestión, programación y seguimiento del presupuesto público.

Si bien la mayoría de estas órdenes de servicio corresponden a puestos de trabajo que son necesarios para el adecuado funcionamiento de un gobierno, el deficiente trabajo del Ejecutivo invita a creer que, una vez más, Dina Boluarte y quienes la rodean han decidido ignorar a quienes podrían ser una gran ayuda y seguir manejando el país de forma improvisada y usando el dinero público como un botín a despilfarrar hasta 2026.

El gobierno premia a un recién graduado con más de ochenta mil soles en contratos y un viaje junto a la presidenta Boluarte a Ecuador. Además, Sudaca descubrió que el responsable de la comunicación estratégica y manejo de crisis en un exdirector de un diario chicha.

En cada actividad oficial en la que exista la posibilidad de hablar ante un micrófono, los funcionarios del gobierno actual parecen haberse alineado detrás de un mensaje contundente que pretende convencer a la opinión pública que actualmente existe una especie de persecución mediática contra Dina Boluarte y sus ministros.

Sin embargo, pese a que estos funcionarios repiten dicho mensaje con mucha convicción, la información que se está conociendo sobre la manera en que el Ejecutivo elije sus prioridades expone una serie de situaciones que terminan por darle la razón a aquellos que cuestionan la capacidad de quienes hoy están al frente del gobierno.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a nuevos contratos que el gobierno viene pagando durante los últimos meses y que no reflejan que  se esté aplicando el “velamos permanentemente porque el gasto público se limite a lo estrictamente necesario” que señalan desde el Consejo de Ministros.

“LO ESTRICTAMENTE NECESARIO”

Aunque la versión oficial del gobierno niega rotundamente que se esté haciendo un mal uso del erario público, en la lista de pagos realizados por el Despacho Presidencial durante los últimos meses, y a la cual Sudaca tuvo acceso, se observa una realidad muy distinta a la que el Ejecutivo cuenta.

En abril de este año, esta oficina gubernamental gastó casi veinte mil soles en contratar a una persona que maneje drones. Según esta orden de servicio a nombre de Cristian Rodolfo Delgado Olea, el Despacho Presidencial de Dina Boluarte consideró que era estrictamente necesario que esta oficina cuente con fotografías y videos aéreos.

Sudaca pudo rastrear las órdenes de servicio entre el despacho de la mandataria con este proveedor y se encontró numerosos y elevados contratos que empezaron en mayo del año pasado. Desde esa fecha hasta la actualidad, las fotos y videos aéreos para Dina Boluarte han costado más de ochenta mil soles. Más precisamente, se trata de un gasto total de S/. 84,500 en tan sólo once meses.

VIAJE DE GRADUACIÓN

Pero la historia sobre este proveedor todavía se estaba por poner más interesante. En el siguiente documento que fue firmado por el canciller Elmer Schialler, el encargado de las fotos y videos aéreos para Boluarte fue incluido en la delegación que acompañó a la mandataria en su viaje a Ecuador.

Acorde a dicho documento, Delgado Olea pudo integrar esta delegación, y ser beneficiado con un viaje todo pagado al vecino país del norte para presenciar la toma de mando de Daniel Noboa, debido a que fue presentado bajo el cargo de comisionado de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial. 

Por los costosos contratos que obtuvo y su inclusión en un viaje presidencial, más de uno podría creer que Delgado Olea es un experimentado profesional en el área de las comunicaciones. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La información que existe sobre este personaje indica que a finales del 2024, año en el cual facturó más de cuarenta y cinco mil soles con la Presidencia del Consejo de Ministros, Delgado recién estaba terminando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú.

LA PRENSA QUE SÍ LE GUSTA A DINA

En esta larga lista de gastos hechos por el Despacho Presidencial también figura un personaje muy polémico. Su nombre es Eduardo Zenobio Toledo Alva y fue parte de una de los peores recuerdos en la prensa nacional. Décadas atrás, Toledo Alva ocupó el cargo de director del Diario Ajá y fue el responsable de numerosas portadas con titulares que destacaban por su vulgaridad, machismo o homofobia.

Incluso, como parte del sensacionalismo del medio, Eduardo Toledo Alva fue acusado por Lenith Meléndez Maldonado debido a que su cuestionado diario publicó fotografías de carácter pornográfico señalando que le pertenecían a ella pese a que esto era falso. 

A inicios del 2023, cuando el gobierno de Dina Boluarte realizaba sus primeros movimientos, Sudaca publicó un informe alertando sobre las nuevas incorporaciones que se hicieron en el Ministerio de Educación e incluían a Eduardo Zenobio Toledo Alva como el nuevo jefe de la oficina de prensa del ministerio que por aquel entonces tenía a Óscar Becerra como titular.

Poco más de dos años después, Toledo Alva logró un ascenso importante dentro del Ejecutivo y pasó de esa oficina del Ministerio de Educación a firmar contratos con el despacho de Dina Boluarte y, en lo que el transcurso del presente año, ha facturado la cifra de cuarenta mil soles.

No obstante, lo más paradójico de esto es que un personaje estrechamente vinculado a la prensa amarillista que no tenía reparos en utilizar calificativos denigrantes en contra de mujeres y minorías hoy está a cargo de las estrategias comunicacionales y manejo de crisis del gobierno peruano.

El último domingo, a raíz de la publicación de informes periodísticos, el Consejo de Ministros se pronunció rechazando de manera categórica cualquier insinuación de mal uso de fondos públicos. Sin embargo, los contratos que se han podido revisar demuestran que se utiliza el dinero de los peruanos, y en fuertes cantidades, para convocar a personajes que apenas están sumando experiencia en su carrera o se premian con cargos importantes a quienes han carecido de ética en el pasado.