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[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.

Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.

Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.

Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.

Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.

Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.

El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura

¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?

El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.

Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.

Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.

Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.

Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:

¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?

En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.

A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,

El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?

Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.

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