La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.
Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.
Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.
“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.
El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”.
Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.
“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.
La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.
“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.
Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado. Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios.
“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.
Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años.
Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016.
Decana de facto
Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.
Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.
Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.
De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.
En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.
Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.
El ministro Ugarte respondió en medios que el debate era terreno exclusivo del Jurado Nacional de Elecciones. Anunció que al día siguiente llegaría desde Lima un grupo de 13 médicos y 11 enfermeras a apoyar en la región. Otros 15 profesionales de la salud arribarían desde Ica.
