Informes

[INFORMES] Según consta en las actas judiciales del proceso, el 1 de diciembre de 2016 se habría realizado una asamblea en la Comunidad Campesina de Quipan, ubicada en la provincia de Canta, región Lima. En dicha reunión —identificada como Asamblea N.º 16— se habría acordado la venta de 10,000 hectáreas de tierras comunales a favor de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, por un valor total de 600,000 soles.

El acuerdo incluía no solo la transferencia del terreno, sino también la otorgación de poderes especiales al entonces presidente de la comunidad, Abel Cruz Mosquera Ortiz, para que pudiera proceder con la firma de la escritura pública ante notario y formalizar el proceso de venta.

Los días siguientes, según el expediente judicial, fueron clave para convertir el acta comunal en un documento de valor legal. El 10 de diciembre de 2016, Cruz Mosquera se presentó ante el notario Luis Manuel Gómez Verastegui, en Lima, donde presentó el acta de la Asamblea N.º 16 y juró su autenticidad, tanto en los nombres como en las firmas consignadas.

Posteriormente, el 12 de diciembre, llevó dicha acta legalizada hasta la Notaría de Claudio Fredy Galván Gutiérrez, con sede en la provincia de Canta, para realizar la minuta de compraventa e independización del terreno comunal. Finalmente, la operación fue elevada a escritura pública y se inscribió en SUNARP, donde el predio fue registrado bajo los códigos P18022861 y P18029956 a nombre de la empresa adquiriente.

El circuito estaba completo: asamblea, declaración jurada, legalización notarial, escritura pública e inscripción en Registros Públicos. Sin embargo, el mismo proceso que permitió formalizar la venta es el que hoy es objeto de cuestionamiento judicial.

Según la acusación fiscal, existe evidencia de que la asamblea del 1 de diciembre nunca se realizó en los términos indicados, o al menos no con la participación que se consigna en el acta presentada. De los 40 comuneros que aparecen como asistentes —con nombre, DNI y firma— 37 de ellos declararon formalmente que no asistieron ni firmaron el acta en cuestión. De los tres restantes, uno ha fallecido y los otros dos no pudieron ser ubicados.

En esa línea, el Ministerio Público sostiene que el acta presentada tendría contenido falso, y que fue utilizada para dar apariencia de legalidad a una venta que no contaba con respaldo comunitario real. Este documento habría sido clave para permitir la inscripción de la transferencia en SUNARP y consolidar la titularidad a favor de la empresa privada.

Uno de los elementos que complica la evaluación de los hechos es la pérdida del libro de actas que contiene el documento original de la Asamblea N.º 16. Según declaró el propio Abel Cruz Mosquera, el libro fue extraviado el 19 de diciembre de 2016, cuando olvidó su maletín en un taxi mientras se trasladaba por Lima. La denuncia de la pérdida fue registrada en la comisaría de la PNP-Unificada, bajo el número 8509134, pero el expediente judicial señala que no se aportaron pruebas materiales que confirmen dicha versión.

Este hecho es central, ya que la inexistencia del libro impidió la realización de una pericia técnica sobre la autenticidad del acta original. Sin el documento matriz, solo se pudo trabajar con copias legalizadas, lo cual limita el alcance de cualquier prueba científica sobre firmas, tintas o alteraciones.

La tesis de la defensa: error humano, no falsedad

La defensa legal de Abel Cruz ha sostenido durante el proceso que no hubo intención delictiva ni falsedad material. En su declaración instructiva, el acusado señaló que el acta fue redactada conforme a los acuerdos reales de la comunidad y que el libro fue perdido por descuido. Asegura además que no falsificó firmas ni manipuló contenidos, y que todas las gestiones fueron realizadas dentro del marco legal, cumpliendo con los pasos notariales y registrales requeridos.

También sostiene que el acto de venta respondió a una necesidad de la comunidad: obtener recursos para cubrir una deuda con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, que databa de gestiones anteriores. El pago de 18,300 soles por ese concepto aparece mencionado en el expediente como una de las razones que motivaron la operación.

Lo que dice el expediente: acciones “coherentes y cronológicas”

En varias secciones, el expediente señala que la secuencia de acciones tomadas por el acusado fue “lógica, racional y razonable”, si se observa en conjunto. Es decir, que si bien existen dudas sobre la veracidad del acta y la pérdida del libro, las actuaciones posteriores —presentación de documentos, formalización notarial, inscripción registral— se realizaron de manera coherente y sin interrupciones visibles.

No obstante, se señala también que los comprobantes de legalización se obtuvieron en notarías distintas, y que el notario Galván solo recibió una copia del acta legalizada, no el documento original. Esta situación, según el documento judicial, puede haber influido en la validez sustantiva del proceso, más allá de su formalidad.

Este caso pone en evidencia un problema estructural: la fragilidad institucional en la que operan muchas comunidades campesinas del Perú. La tenencia colectiva, el manejo de libros oficiales, la validación de asambleas y la relación con notarios o registros públicos no siempre cuentan con salvaguardas adecuadas. La brecha entre la legalidad formal y la legitimidad comunitaria se amplía cuando no hay acceso a información, acompañamiento legal o mecanismos de fiscalización interna.

En este contexto, las decisiones tomadas por una dirigencia pueden adquirir fuerza legal sin que la mayoría de comuneros las respalden. La falta de protocolos claros para validar la autenticidad de actas, firmas o quórums hace que comunidades enteras puedan verse afectadas por decisiones administrativas o notariales difíciles de revertir.

El terreno en disputa: 10 mil hectáreas y la importancia de la memoria comunal

En el fondo del conflicto se encuentran 10,000 hectáreas de tierra comunal, espacio de valor ecológico, productivo y cultural. Si bien el precio pactado de 600,000 soles representa una suma significativa, también deja preguntas abiertas sobre el aval de la comunidad, el destino de los fondos y la transparencia en su administración posterior.

La pérdida del libro de actas —pieza clave del proceso— deja un vacío no solo legal, sino también simbólico: es en esos registros donde la memoria institucional de una comunidad se conserva. Cuando desaparecen, también lo hace la capacidad colectiva de rendir cuentas y ejercer control sobre decisiones pasadas.

Hasta la fecha de elaboración de este informe, el caso sigue siendo objeto de evaluación en sede judicial. Las acusaciones fiscales incluyen presunta falsedad ideológica en documento público, aunque la defensa ha insistido en que no existen pruebas concluyentes de manipulación. La resolución definitiva aún está pendiente.

[INFORMES] Entre funcionarios que desempeñan hasta tres cargos y unidades en completo abandono, la Biblioteca Nacional del Perú escribe un nuevo capítulo en su historia marcado por la improvisación y la incertidumbre que pone en riesgo el patrimonio de esta institución.

Una vez más el desinterés y hasta desprecio por la cultura pone en grave peligro a una de las instituciones más antiguas del país. Durante la última semana, Sudaca publicó un informe en el cual se exponía la incomprensible decisión de quienes hoy conducen los destinos de la Biblioteca Nacional del Perú y colocan en puestos claves a personas cuya especialidad dista mucho de este ámbito.

Pero, lamentablemente, la situación expuesta por este medio está lejos de ser un caso aislado y, por el contrario, parece reflejar lo que sería el pan de cada día en la prestigiosa biblioteca que alberga el material bibliográfico que es parte de la historia peruana y que cuenta con más de doscientos años de antigüedad.

En esta oportunidad, Sudaca pudo conocer mediante fuentes muy confiables la situación que se viene repitiendo con las designaciones en cargos que son fundamentales para el correcto funcionamientos de la Biblioteca Nacional y que la actual administración parece repartirlos a su conveniencia.

COPIAR Y PEGAR

Entre las decisiones que vienen llamando la atención, incluso de los trabajadores más experimentados de la Biblioteca Nacional, están los extraños casos de funcionarios con más de un cargo. Esta situación, por ejemplo, viene ocurriendo en la oficina de planeamiento y presupuesto.

En esta área, la persona designada para llevar a cabo las funciones de jefe es Luis Gabriel Paredes Morales. Lo que las fuentes confiables consultadas por Sudaca han señalado como una situación fuera de lo común es que, además de tener este cargo, Paredes Morales también ha sido elegido dentro de la misma oficina como coordinador de la Unidad Funcional de Cooperación Técnica y Relaciones Interinstitucionales y la Unidad Funcional de Mejora Regulatoria y Estudios Económicos.

Pero este no es el único en el que parecen haber copiado y pegado nombre de funcionarios para llenar cargos disponibles. En la misma Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Elvis Henry Espinoza Castillo ejerce como coordinador de la Unidad Funcional de Planeamiento Estratégico y Estadística y también en la Unidad Funcional de Presupuesto.

PUESTOS DESCUIDADOS

En otra área de la Biblioteca Nacional, más específicamente en la Dirección de Bibliotecas Desconcentradas, se vive un panorama distinto. Mientras que en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto parecen haber llenado los puestos de coordinadores beneficiando a algunos funcionarios con doble cargo, en la Dirección de Bibliotecas Desconcentradas parecen haber olvidado que hay trabajo por hacer.

Primero es necesario señalar que esta unidad tiene a su cargo una tarea muy importante en un país como el Perú todo lo relacionado al sector cultural suele estar en una situación de precariedad y, en algunos casos, abandono absoluto. Por ello, la Dirección de Bibliotecas Desconcentradas tiene el encargo de gestionar las bibliotecas públicas que se encuentran fuera de Lima.

Pero, pese a que esto debería ser una tarea a la cual la actual administración de la Biblioteca Nacional le dedique especial atención, lo que se puede ver es que apenas se han tomado la molestia de designar a una persona responsable para dicha dirección y han dejado desierto el puesto de coordinador de la Unidad Funcional de Servicios Bibliotecarios y Gestión Cultural y lo mismo ocurre con la Unidad Funcional de Servicios Bibliotecarios Desconcentrados.

UN AMIGO ES UNA OPORTUNIDAD LABORAL

Lo relatado hasta ahora, obviamente, ha encendido las alarmas entre los trabajadores que llevan más años en esta institución y que, además, están siendo testigos de una imparable fuga de funcionarios capacitados. Pero a esta situación de incertidumbre y rumbo dudoso que empezó con la llegada de Ana Peña Cardoza al cargo de jefa institucional de la Biblioteca Nacional se le ha sumado un ingrediente extra.

Casualmente, tras el arribo de Peña Cardoza a este puesto, muchas de sus designaciones han caído en manos de personas que, al igual que ella, provienen o tienen algún vínculo con la Universidad de Piura. Por ejemplo, Cristina Milagros Vargas Pacheco, quien se encarga de la Dirección de Protección de las Colecciones, proviene de la misma universidad que la jefa institucional encargada de contratarla.

Esta misma coincidencia se repite con el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, Cristian Manuel Silva Romero, quien comparte con Ana Peña Cardoza un pasado académico en la Universidad de Piura y ha llegado a dicho cargo durante la gestión de su excompañera universitaria.

La Biblioteca Nacional del Perú, lamentablemente, no ha ocupado un lugar preponderante en los planes de gobierno de la mayoría de mandatarios que han pasado por Palacio de Gobierno en los últimos años, pero pese a ello se había mantenido como una institución con un rumbo estable. Sin embargo, hechos como los que hoy alarman a sus propios trabajadores invitan a creer que esta institución podría estar en un riesgo como pocas veces visto.

[INFORMES] Santa Anita huele raro desde hace tiempo. No por la basura acumulada en sus esquinas ni por los camiones recolectores que circulan a cualquier hora, sino por el silencio. Un silencio espeso, peligroso, que se instala cuando las instituciones dejan de funcionar y el miedo se convierte en norma. Un silencio que ya mató una vez —cuando asesinaron al teniente alcalde John Valverde— y que amenaza con volver a hacerlo.

Lo que ocurre en este distrito de Lima no es una anécdota política. Es una radiografía de cómo el poder, cuando no encuentra freno, puede pudrirse desde adentro. Y de cómo las redes de influencia económica, violencia y omisión institucional pueden enquistarse en una gestión local sin que nadie las detenga.

A inicios de este año, Ruth Cuno, actual teniente alcaldesa, propuso una moción de vacancia contra el alcalde Olimpio Alegría. El motivo no era menor: desde hace tiempo, varios regidores venían alertando que la empresa recolectora de basura, Industrias Argüelles, seguía operando sin licitación vigente. El contrato, que había vencido, no fue renovado ni sometido a concurso público. En lugar de eso, se mantuvo activo por decisión unilateral del alcalde, en condiciones que nadie explica del todo.

Cuno no solo firmó la moción. Salió a denunciar públicamente. Exigió transparencia, pidió documentos, alertó sobre lo que muchos sospechan: que detrás del contrato de basura hay intereses que exceden la limpieza de calles. Entonces comenzaron las amenazas.

Primero, un desconocido apareció frente a su casa. No fue un mensaje ambiguo. Le dijo que parara con la vacancia. Luego, días después, incendiaron la puerta de su vivienda. En el suelo dejaron balas y una nota con la frase: “Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John”.

John Valverde fue teniente alcalde hasta octubre de 2023. Fue también una voz crítica de la gestión de Alegría. Murió asesinado a balazos mientras manejaba. El crimen, hasta hoy, no tiene responsables. Nadie ha sido imputado. No hay avances visibles en la investigación fiscal. La muerte quedó congelada en el archivo del Ministerio Público, como si fuera un caso más.

El paralelismo entre Valverde y Cuno no necesita mayor esfuerzo interpretativo. Ambos cuestionaron la misma red de poder. Ambos denunciaron lo que muchos prefieren callar. La diferencia es que Cuno aún está viva. Y que la Fiscalía aún está a tiempo. Pero la pregunta que muchos se hacen en Santa Anita es: ¿hasta cuándo?

El Ministerio Público no ha emitido medida alguna de protección hacia Cuno, ni ha activado una investigación formal por tentativa de homicidio o amenaza agravada. Todo lo ocurrido —el incendio, las balas, la nota— sigue sin respuesta. La inacción no solo deja desamparada a una funcionaria electa; le da carta libre a quienes buscan gobernar a través del miedo.

Detrás de la historia hay una estructura conocida. Un servicio municipal de alto costo como el recojo de residuos; un contrato vencido que, en lugar de resolverse por concurso público, se sostiene por decisión política; una empresa privada beneficiada sin justificación técnica aparente; regidores que intentan cuestionar y terminan amenazados; una Fiscalía que no actúa. Y un distrito que, mientras tanto, se hunde en la desconfianza.

Lo que sucede en Santa Anita no es un hecho aislado. En distritos como Villa María del Triunfo, Surquillo o San Juan de Lurigancho, el manejo de los servicios municipales —basura, seguridad, licencias— se ha convertido en terreno fértil para redes clientelares, mafias locales o empresas que sobreviven gracias a favores. La diferencia está en el costo humano. En Santa Anita, ya hubo un muerto. Y ahora hay una mujer que vive con miedo, con la puerta quemada, con la certeza de que nadie la protege.

La Fiscalía, institución clave para frenar estos círculos de violencia y corrupción, ha fallado. Ha tenido la oportunidad de actuar y no lo ha hecho. Ha tenido las pruebas mínimas para iniciar una investigación y no ha movido una sola carpeta. Cada día que pasa sin acción no solo alimenta la impunidad; también normaliza que en el Perú, cuando alguien en el poder se siente incómodo, puede mandar a callar con fuego.

Cuno no es solo una funcionaria. Es el símbolo de una pregunta que todos evitamos responder: ¿cuánto vale la vida de un regidor en el Perú? ¿Cuántas pruebas se necesitan para que una amenaza sea tomada en serio? ¿Qué está esperando la Fiscalía?

El alcalde Alegría sigue en funciones. El contrato con Industrias Argüelles, también. Nadie ha salido a explicar por qué se sostiene un vínculo comercial sin licitación. Nadie ha negado los hechos. El Concejo Municipal está dividido entre quienes temen y quienes se resignan. Y la ciudadanía, que votó por transparencia, hoy asiste a un espectáculo de sombras, donde todo puede pasar y nada se investiga.

Santa Anita está al borde de convertirse en un modelo de lo que no debe pasar. La basura no solo se acumula en las calles. Se acumula en las oficinas que deberían fiscalizar. Se acumula en las carpetas fiscales sin movimiento. Se acumula en la política cuando se llena de miedo. Y mientras eso pasa, el silencio se vuelve costumbre. Y la impunidad, regla.

Lo que está en juego aquí no es solo un contrato irregular ni una vacancia municipal. Lo que se disputa es el sentido mismo de la política local: si sirve para el bien común o para blindar negocios privados; si protege a los que denuncian o los deja solos; si el Estado reacciona antes de que sea demasiado tarde.

En Santa Anita, el tiempo corre. Y cada día que pasa sin justicia es un día más en que los responsables del miedo siguen ganando.

[INFORMES] El 30 de mayo de 2025, el Ministerio de Cultura publicó la Resolución Ministerial N.º 000207-2025-MC, mediante la cual se modificaba el área de protección de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. La medida implicaba una reducción de más del 42 %: el área protegida pasaba de aproximadamente 5 600 km² a 3 200 km². Para muchos, esa cifra fue más que un dato técnico: se convirtió en un símbolo del retroceso en la política de protección del patrimonio cultural.

El titular de Cultura, Fabricio Valencia, defendió la decisión como una “adecuación necesaria” basada en más de dos décadas de estudios técnicos, topográficos y arqueológicos. Según el ministro, la resolución buscaba establecer “límites más precisos” y concentrar la protección en zonas efectivamente validadas como patrimonio. Sin embargo, las explicaciones del Ejecutivo no resistieron el escrutinio público.

Organizaciones como el Colegio de Arqueólogos del Perú, especialistas independientes y colectivos de defensa del patrimonio advirtieron que, lejos de ser una decisión técnica, la resolución respondía a intereses ajenos a la protección cultural. Varios medios de comunicación revelaron que las áreas excluidas coincidían con más de 300 concesiones mineras registradas, muchas de ellas ligadas a minería informal, justamente una de las principales amenazas en la zona.

La amenaza minera y la falta de consulta

La reducción del área protegida no solo implicaba una pérdida de cobertura legal: liberaba territorio aún no estudiado completamente y lo dejaba vulnerable al avance de actividades extractivas. La región de Nazca ha sido señalada durante años por la presencia de minería ilegal o informal, que opera sin supervisión ambiental ni respeto por el valor arqueológico del suelo.

Diversas investigaciones demostraron que dentro de las zonas retiradas de protección ya existían operaciones mineras, algunas activas, otras en proceso de formalización. La eliminación de su condición como zona intangible facilitaba que estas actividades se expandieran, sin necesidad de evaluaciones patrimoniales o ambientales adicionales.

El impacto no sería menor: los geoglifos de Nazca y Palpa, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994, no se limitan a las figuras más famosas —como el colibrí o el mono— visibles desde el aire. El desierto alberga cientos de trazos, líneas, caminos ceremoniales y vestigios aún por estudiar. Los arqueólogos advirtieron que dejar fuera de protección zonas no exploradas equivalía a condenarlas a desaparecer antes de siquiera ser comprendidas.

Además, el procedimiento con que se tomó la decisión levantó serias dudas. No se consultó a los actores locales, a las organizaciones técnicas, ni a la comunidad científica. La resolución fue emitida sin pasar por un debate amplio ni transparente. Según reportes de Perú21, desde las primeras semanas de su gestión el ministro Valencia ya venía coordinando internamente la reducción, incluso antes de revisar o culminar los estudios que alegaba como sustento.

La reacción nacional e internacional

La respuesta no se hizo esperar. Desde el Congreso, se presentó una moción de interpelación contra el ministro Valencia. Los legisladores acusaron al titular de Cultura de actuar con opacidad, de omitir a los sectores técnicos y de tomar una decisión que comprometía gravemente el legado histórico del país.

En paralelo, organismos internacionales como UNESCO expresaron su preocupación por la medida, y especialistas en patrimonio cultural y ambiental de diversas universidades peruanas se pronunciaron en contra. La indignación también se sintió en Nazca, donde colectivos ciudadanos y defensores del patrimonio salieron a protestar frente a la oficina del Ministerio.

El tema escaló a nivel mediático. El País, Infobae y The Guardian publicaron informes detallados sobre el caso, haciendo énfasis en cómo esta decisión ponía en riesgo no solo el patrimonio arqueológico, sino también la imagen internacional del Perú como custodio de una de las expresiones culturales más enigmáticas de la humanidad.

El retroceso del gobierno: anulación y promesas

Presionado desde múltiples frentes, el Ministerio de Cultura anunció el 8 de junio la anulación de la resolución. La medida, informada mediante un comunicado oficial, restituía los límites originales de 5 600 km² a la reserva arqueológica y reconocía la necesidad de una “gestión más consensuada y técnica” del patrimonio.

El ministro Valencia, aunque mantuvo sus argumentos técnicos, aceptó que la decisión fue precipitada y que no consideró el impacto político ni simbólico que implicaba reducir la protección del área. Como parte de la rectificación, el gobierno anunció tres medidas:

La conformación de una Unidad Ejecutora especializada, con sede en Ica, que se encargará de gestionar, vigilar y conservar la zona protegida.

La creación de un comité técnico asesor, integrado por representantes del Ministerio, arqueólogos, universidades, sociedad civil y observadores de UNESCO.

La promesa de revisar los estudios topográficos y patrimoniales bajo estándares internacionales y con participación de actores locales.

Aunque el retroceso fue bien recibido por parte de los especialistas, varios advirtieron que la anulación de la resolución no resuelve el problema de fondo: la falta de planificación, transparencia y voluntad política sostenida para proteger el patrimonio en contextos de presión extractiva.

Un conflicto que no termina: patrimonio vs. intereses extractivos

Lo ocurrido en Nazca es un síntoma de un problema estructural en la política patrimonial del Perú. La tensión entre conservación y explotación económica sigue latente en todo el país: desde Cusco y Kuelap hasta el mismo Valle del Colca. La minería, la agroindustria, las obras viales y la expansión urbana chocan constantemente con la existencia de sitios arqueológicos no inventariados, débiles institucionalmente y sin presupuesto suficiente.

En el caso de Nazca, la amenaza sigue presente. La minería informal continúa operando en zonas cercanas, muchas veces sin sanciones ni seguimiento. Las fiscalías especializadas en patrimonio no dan abasto, y los gobiernos locales carecen de recursos y personal técnico.

El mensaje que deja este episodio es claro: la protección del patrimonio no puede depender de decisiones aisladas ni de reacciones frente a la presión pública. Requiere una política cultural de Estado, sostenida, informada y participativa. Una política que entienda que cada línea en el desierto de Nazca es más que un trazo: es una herencia de miles de años que, una vez destruida, no podrá recuperarse.

[INFORMES] El 8° Juzgado de Familia de Chorrillos, especializado en violencia contra la mujer, ha ordenado al exministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta la devolución inmediata de las pertenencias personales de su expareja, Tamara Alexandra Gutiérrez Mendoza, en el marco de un proceso por violencia familiar. La resolución, emitida el 3 de abril de 2025, establece un plazo máximo de tres días hábiles para que el denunciado cumpla con la medida.

La orden judicial forma parte del expediente 03459-2024, en el que Gutiérrez Mendoza es reconocida como víctima de violencia por parte de quien, hasta hace poco, fue una figura clave del aparato de seguridad del país. Jorge Chávez Cresta fue titular del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Dina Boluarte, y su rol en la respuesta militar frente a protestas sociales ha sido ampliamente cuestionado.

La violencia no solo es institucional: también es doméstica

Según consta en la resolución judicial, las pertenencias retenidas incluyen ropa, documentos y otros objetos personales que estarían bajo control del exministro en el inmueble ubicado en la urbanización Las Brisas de Villa, en Chorrillos. El juez a cargo, Wilbert García Violeta, ha dispuesto que la entrega sea acompañada por la Policía Nacional del Perú, garantizando la seguridad de la víctima durante el proceso.

Esta medida se dicta en respuesta a escritos presentados por la denunciante y el Centro de Emergencia Mujer de Chorrillos, que advirtieron sobre la retención injustificada de los bienes como una forma más de violencia patrimonial. En caso el denunciado considere que algún objeto no corresponde a Gutiérrez Mendoza, deberá probarlo por la vía judicial, pero no podrá negarse a la devolución de forma unilateral.

Sin derecho a posesión del inmueble, pero sí a sus derechos básicos

El juzgado también aclaró que esta medida no otorga a la agraviada derechos sobre el inmueble ni permite resolver, en esta vía, posibles conflictos de usurpación o tenencia. La orden es clara: el enfoque está puesto en los derechos fundamentales de la denunciante, no en una disputa patrimonial.

El caso ya fue elevado al Ministerio Público

De forma paralela, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos —Tercer Despacho— ha solicitado copias certificadas de todas las resoluciones y medidas dictadas en favor de la víctima. El juzgado respondió que ya se han remitido los documentos pertinentes, lo que confirma que el caso ha entrado en la órbita penal.

Una señal política y judicial

El caso cobra especial relevancia no solo por el contexto de violencia de género, sino por el perfil del denunciado. Jorge Chávez Cresta es un militar en retiro con amplio poder en el sector Defensa, que ocupó altos cargos en los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y más recientemente, de Dina Boluarte. Durante su paso por el Ministerio de Defensa, fue vocero de la intervención militar durante las protestas de 2022-2023, y su nombre se asoció a operativos de seguridad controvertidos.

Ahora, enfrenta una denuncia por violencia dentro del ámbito familiar, en un proceso que ya derivó en medidas de protección para la denunciante y que pone a prueba el compromiso del Estado con la erradicación de la violencia de género, incluso cuando involucra a exfuncionarios de alto nivel.

Violencia patrimonial: una forma de control invisible

Este tipo de medidas judiciales reflejan un entendimiento más amplio de la violencia de género, donde no solo se considera el daño físico o verbal, sino también las acciones que buscan controlar o empobrecer emocional y materialmente a la víctima. Negarle sus pertenencias no es un simple conflicto doméstico: es una forma de retener poder, de castigar, de seguir violentando.

La resolución N.° 12 marca un precedente importante: ni el rango militar ni el cargo político otorgan impunidad ante la justicia cuando se trata de proteger a víctimas de violencia.

[INFORMES] La actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú se ve inmersa en una nueva polémica tras encargarle dos direcciones a una exfuncionaria del Ministerio del Interior sin mayor experiencia el sector.

Los recientes escándalos que involucran a las esferas más altas del poder político en el Perú han acaparado la mayoría de portadas y la atención de los peruanos. Sin embargo, mientras estas disputas y polémicas tienen como protagonistas a Dina Boluarte y los congresistas, otros funcionarios vienen aprovechando este interminable caos para manejar algunas instituciones a su antojo.

Una de estas instituciones afectadas es la prestigiosa e histórica Biblioteca Nacional del Perú que, una vez más, vuelve a ser noticia por los manejos irregulares por parte de quienes hoy en día tienen en sus manos el destino del patrimonio cultural documental bibliográfico de nuestro país.

Sudaca pudo conocer por medio de fuentes confiables los detalles de las sospechosas decisiones que se vienen tomando en dicha institución y que ponen en serio riesgo a la Biblioteca Nacional del Perú y sus más de doscientos años de historia.

ESTO ES UN CRIMEN

Uno de estas decisiones cuestionadas con respecto a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) tuvo lugar a inicios del presente mes de junio. En una resolución jefatural del martes 3 de junio, la jefa institucional de la BNP designó a Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias.

Sin embargo, algo que habría pasado desapercibido, o decidieron ignorar, es la experiencia laboral de Garrido Gonzáles para un puesto tan importante. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el campo para el cual se encuentra preparada esta directora que ha sido beneficiada con este cargo de confianza poco o nada tiene que ver con las políticas bibliotecarias. Según su propio perfil, Garrido se dedica a la criminología.

La suerte de Garrido Gonzales mejoraría dos semanas después. El miércoles 18 de junio, como figura en el sitio web de la propia Biblioteca Nacional del Perú, la criminóloga tuvo a su cargo una nueva dirección. En esta oportunidad, Keila Garrido tendría bajo su responsabilidad la Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria.

DEL MININTER A LA BIBLIOTECA

Sudaca pudo acceder al manual clasificador de cargo de la Biblioteca Nacional del Perú y pudo revisar los requisitos que se exigen para una persona que pretende ocupar el cargo de director, tal como es el caso de Keila Garrido Gonzales. Según este documento, que ha sufrido modificaciones en los últimos años, para ocupar una dirección se debe contar, por lo menos, con cuatro años de experiencia en la función y dos años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo.

Este medio revisó los más recientes trabajos de Keila Miroslava Garrido Gonzales y pudo encontrar que su experiencia laboral previa a su llegada a la Biblioteca Nacional fue ocupando una dirección pero en un área totalmente diferente en el que se viene desempeñando actualmente.

Entre 2022 y 2023, justo antes de empezar a trabajar en la Biblioteca Nacional, Keila Garrido ocupaba una dirección pero en el Ministerio del Interior. Bajo la gestión de Vicente Romero como titular del Mininter, Garrido Gonzales sí ejercía su especialización en criminología y estaba al frente de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado.

En el sitio web de Transparencia Económica también se puede encontrar que la experiencia de esta nueva directora de la Biblioteca Nacional en el sector público fue únicamente con el Ministerio del Interior, sector con el cual registra más de doscientos mil soles en contratos entre los años 2015 y 2023.

Incluso en el registro de títulos se puede encontrar que la vida profesional de Garrido Gonzales se encontraba direccionada a la criminología. En la siguiente imagen se puede observar que, en el año 2022, Keila Garrido obtuvo un grado de master en una universidad de Reino Unido en el campo de la criminología y la justicia penal.

Cabe señalar que el nombre de Garrido había causado escándalo en el ambiente de la Biblioteca Nacional en noviembre del año pasado cuando la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, la nombró en el cargo de confianza de asesora e incluso para dicho cargo no contaba con la experiencia que se esperaba.

Aunque la crisis política del país recibe un merecido porcentaje de la atención de los peruanos, una de las instituciones más antiguas y claves para la historia del Perú, como es el caso de la Biblioteca Nacional, hoy reclama por mayor supervisión ante este tipo de decisiones que, más temprano que tarde, pueden poner en riesgo parte del patrimonio nacional y décadas de cuidadoso trabajo por parte de quienes sí se han especializado en este sector.

[INFORMES] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha presentado una apelación formal contra la Resolución Directoral N.º 00010-2025-OEFA/DSIS, emitida el pasado 3 de abril, en la que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó la elaboración de un Plan de Cierre integral para el relleno sanitario El Zapallal en Carabayllo. Según la comuna, dicha orden impone de forma “arbitraria e ilegal” responsabilidades que corresponderían a la empresa privada Innova Ambiental S.A., antigua concesionaria del sitio.

¿Qué dice la Municipalidad?

El núcleo del argumento municipal gira en torno a lo siguiente: la responsabilidad de los daños ambientales, como filtración de lixiviados y mal manejo de residuos, corresponde exclusivamente a la empresa Innova, quien operó El Zapallal desde 1996 hasta el 30 de mayo de 2024 bajo un contrato de concesión. La MML señala que solo recibió la infraestructura “bajo protesta”, advirtiendo desde el primer momento que no asumía titularidad ni compromisos ambientales derivados de esa gestión.

La apelación se basa en principios clave del Derecho Administrativo: legalidad, debido procedimiento y verdad material. La comuna afirma que la Resolución 10-2025 carece de motivación técnica suficiente, no cumple con los requisitos legales para variar una medida administrativa y viola el derecho a defensa al haber sido emitida en un procedimiento donde la MML no fue parte.

La versión de los hechos según la MML

De acuerdo al recurso de apelación:

• Innova Ambiental fue responsable de operar El Zapallal bajo un contrato de concesión que finalizó oficialmente el 30 de mayo de 2024.
• Desde 2016, Innova tenía la obligación expresa de presentar un Plan de Cierre, según la Resolución Directoral N.º 2261-2016/DSA/DIGESA/SA. No lo hizo.
• En 2023, OEFA emitió la Resolución N.º 00107-2023-OEFA/DSIS con requerimientos ambientales dirigidos a Innova. Sin embargo, en 2025, OEFA modifica esta decisión mediante la Resolución 10-2025 y traslada la obligación a la MML, sin sustento técnico ni legal.

Para la Municipalidad, esto constituye una traslación arbitraria de responsabilidades ambientales, ignorando que fue Innova quien generó los pasivos durante su tiempo de operación. Además, la comuna recalca que Innova nunca realizó una entrega formal de la infraestructura con un instrumento ambiental aprobado que garantice el proceso de cierre, como lo exige la normativa vigente.

¿Por qué rechaza la resolución del OEFA?

El documento de apelación detalla varios puntos:

1. Falta de motivación suficiente: La resolución del OEFA no sustenta técnicamente por qué se unificaron los requerimientos previos en uno solo, ni por qué se asigna a la MML su cumplimiento. Según la norma, toda modificación debe estar debidamente sustentada, incluyendo análisis técnico, evaluación de pertinencia, comparación normativa y análisis de impacto ambiental. Nada de esto se incluyó.
2. Violación del debido procedimiento: La MML no fue parte del expediente original que dio lugar a las medidas ambientales dictadas en 2023. Por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a defensa ni ser notificada conforme a ley.
3. Inversión pública injustificada: La comuna advierte que asumir el costo del cierre del relleno significaría usar recursos públicos para cubrir una obligación que le corresponde a una empresa privada, lo cual constituye una afectación directa al presupuesto municipal y al principio de “quien contamina, paga”.
4. Falta de entrega formal: Innova no entregó el relleno sanitario con un Plan de Cierre validado ni con un instrumento ambiental aprobado, por lo cual la MML no puede considerarse legalmente como titular de la operación.
5. Conflicto con el principio de verdad material: El OEFA no habría verificado adecuadamente los hechos ni actuado pruebas que acrediten que la MML asumió la infraestructura como responsable ambiental. Por el contrario, existe acta de entrega bajo protesta que lo desmiente.

¿Qué busca la MML?

Con esta apelación, la Municipalidad solicita que se revoque o declare nula la Resolución Directoral N.º 10-2025-OEFA/DSIS. Además, demanda que cualquier medida ambiental posterior se dirija a Innova Ambiental S.A., empresa que, según la propia OEFA en resoluciones previas, sigue siendo responsable por los impactos ocasionados.

La comuna también se reserva el derecho de presentar nueva documentación técnica y legal complementaria, y advirtió que cualquier obligación futura sin sustento podría ser impugnada también por la vía judicial.

¿Qué está en juego?

Este caso marca un punto de inflexión en la forma en que se determina la responsabilidad ambiental post concesión en el país. Si el OEFA mantiene su resolución, establecería un precedente donde el Estado, vía gobiernos locales, termina asumiendo pasivos ambientales generados por empresas privadas, aun cuando estas no cumplieron con sus compromisos legales previos.

La controversia también expone deficiencias en los mecanismos de fiscalización del Estado frente a concesiones públicas, especialmente en servicios como el manejo de residuos sólidos, donde las consecuencias ambientales pueden extenderse por décadas.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha emitido una orden urgente que pone en evidencia un problema ambiental latente en el norte de Lima. A través de la Resolución N.° 00010-2025-OEFA/DSIS, la entidad ha dispuesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) elabore y presente un Plan de Cierre completo para el relleno sanitario “El Zapallal”, tras constatar condiciones críticas de contaminación, gestión inadecuada de residuos y omisiones técnicas que comprometen gravemente la salud ambiental del área y el abastecimiento de agua subterránea.

La resolución, emitida el 3 de abril de este año, reemplaza dos medidas administrativas previas con una única exigencia clara y contundente: diseñar un Plan de Cierre integral que incluya todas las celdas de disposición de residuos —tanto municipales como de centros de salud—, así como sus componentes auxiliares. Este plan deberá detallar medidas para el tratamiento de lixiviados, control de gases, cobertura final de los residuos, monitoreo ambiental posterior al cierre, y, si es viable, el uso futuro del terreno.

¿Qué es “El Zapallal” y por qué está en el centro de la discusión?

El Zapallal es un relleno sanitario ubicado en la quebrada del mismo nombre, en el distrito de Carabayllo, entre los cerros Campana y Cabrera, en el margen derecho del río Chillón. Esta infraestructura fue creada en 1990 y funcionó durante más de tres décadas, recibiendo miles de toneladas de residuos sólidos cada día.

En sus inicios, estuvo a cargo de la Municipalidad de Lima y luego pasó por distintos concesionarios privados, como Relima y posteriormente Innova Ambiental S.A. En mayo de 2024, el sitio volvió a manos de la MML, según consta en documentos oficiales.

A pesar de que su operación fue oficialmente paralizada en febrero de 2023, OEFA detectó que siguen ocurriendo procesos que generan impactos ambientales —como la producción y recirculación de lixiviados— sin un plan de cierre ejecutado. Esta condición lo convierte en una fuente de riesgo ambiental permanente.

Parte de la resolución del OEFA sobre la problemática

¿Qué encontró OEFA en sus visitas de supervisión?

Las inspecciones técnicas revelaron un panorama preocupante. El relleno está dividido en tres celdas:

1. Celda de la quebrada N.º 1: destinada a residuos municipales. Su permiso de funcionamiento venció en 2021, pero continuó operando hasta 2023. Superó ampliamente su capacidad autorizada.
2. Celda para residuos hospitalarios: diseñada para manejar residuos peligrosos de centros de atención médica. También operó por encima del límite aprobado.
3. Celda de la quebrada N.º 2: fue implementada sin contar con instrumento ambiental aprobado (IGA), lo que implica que operó al margen de la ley.

Las tres celdas comparten vías de acceso, zonas administrativas y sistemas de drenaje, pero no tienen una estrategia de gestión ambiental unificada. Esto impide una evaluación adecuada de sus impactos acumulativos.

Uno de los principales hallazgos fue la ausencia de impermeabilización en las bases de las celdas, lo que permite la infiltración de lixiviados —líquido tóxico generado por los residuos— hacia el subsuelo. Además, se verificó que el terreno donde se ubican las celdas no cumple con las características de una “barrera geológica natural”, es decir, no impide que estos contaminantes lleguen a fuentes de agua subterránea como el acuífero del río Chillón.

Lixiviados sin control y biogás en fuga

Durante la supervisión más reciente (enero de 2025), OEFA documentó la existencia de al menos 10 pozas de recirculación de lixiviados, ocho de ellas operativas. Estos líquidos estaban siendo movilizados mediante camiones cisterna hasta zonas elevadas para ser vertidos nuevamente sobre los residuos, en un ciclo que solo prolonga el problema en lugar de resolverlo.

Además, se evidenciaron grietas, canales erosionados y afloramientos de lixiviados al pie de los taludes, lo que genera riesgo de deslizamientos, proliferación de vectores sanitarios y emisiones de gases contaminantes como el metano o el sulfuro de hidrógeno.

Tampoco se ha instalado un sistema de captación de biogás adecuado, ni existe cobertura vegetal o material de sellado sobre los residuos, lo que multiplica los impactos ambientales y reduce cualquier posibilidad de rehabilitación del terreno.

Disposición del OEFA sobre la Municipalidad de Lima

¿Por qué OEFA exige un nuevo Plan de Cierre?

Las medidas anteriores, dictadas en 2023, solicitaban planes específicos para cada celda. Sin embargo, OEFA consideró que ese enfoque fragmentado no garantiza una gestión adecuada ni evita los impactos acumulativos. Por ello, mediante esta nueva resolución, exige una visión integral bajo principios de indivisibilidad y complementariedad ambiental.

El nuevo Plan de Cierre debe contemplar:

• Cobertura final de las celdas con materiales adecuados.
• Instalación de sistemas para la captura y tratamiento de lixiviados.
• Manejo seguro de biogás.
• Programa de monitoreo ambiental de largo plazo.
• Medidas de contingencia postcierre.
• Proyecto de uso del área posterior al cierre (si es factible).

Además, el documento señala que el incremento sostenido en el volumen de residuos —que llegó a duplicar la capacidad prevista— redujo drásticamente la vida útil proyectada del sitio y empeoró los riesgos de impacto ambiental. OEFA también subraya que no se han realizado los estudios de impacto ambiental necesarios para las modificaciones introducidas, ni existe una hoja de ruta para la clausura progresiva.

Plazos y responsabilidades

La Municipalidad de Lima deberá presentar el Plan de Cierre en un plazo de 120 días hábiles desde la notificación de la resolución. Además, tiene solo 15 días hábiles para acreditar la contratación de una empresa especializada que se encargue de elaborarlo.

La resolución también deja abierta la posibilidad de ordenar nuevas medidas administrativas si se detectan más riesgos o incumplimientos en futuras inspecciones.

¿Por qué esto debería importarte?

El Zapallal no es solo un caso técnico. Es un espejo de cómo se manejan —o se desatienden— los residuos de una ciudad de casi 10 millones de habitantes. También es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la infraestructura pública carece de fiscalización efectiva y visión de largo plazo.

Además, pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿qué ocurre cuando los residuos que generamos siguen afectando nuestro ambiente incluso después de ser “desechados”? El riesgo no es hipotético. Si los lixiviados continúan infiltrándose en el suelo, podrían contaminar aguas subterráneas que abastecen a sectores del norte de Lima.

En resumen, el caso de El Zapallal es un llamado urgente a repensar la política pública sobre residuos, a exigir transparencia a nuestras autoridades y a fortalecer la fiscalización para que el medio ambiente —y la salud pública— no sigan siendo los últimos en la lista de prioridades.

Defender a Montesinos, ser exfuncionario de Cerrón, fomentar la homofobia y ser aportante de un partido parecen ser los requisitos para cobrar un sueldo en el Congreso. Sudaca revisó los pagos del mes de mayo y encontró una peculiar lista de beneficiados.

Los actuales inquilinos del Congreso de la República están escribiendo un nuevo e infame capítulo. Además de ser los responsables de promulgar leyes que terminan favoreciendo a la criminalidad y ser duramente cuestionados por la opinión pública, los parlamentarios han decidido utilizar el presupuesto del Legislativo para darle una mano a integrantes y socios estratégicos de sus partidos políticos.

En lo que se podría interpretar como una posición desafiante a las críticas de sus propios votantes, los partidos políticos con representación en el Congreso vienen aprovechando los recursos públicos para darle trabajo a sus militantes, aportantes y hasta aliados. Pero no conformes con ello, en el parlamento incluso los contratan para oficinas en las que tienen a su cargo funciones que poco o nada tienen que ver con su experiencia profesional.

Sudaca pudo revisar los contratos que viene pagando el Congreso de la República durante los últimos meses y ha podido encontrar numerosos casos que ponen en evidencia esta situación que, sin lugar a dudas, suma al deterioro de la imagen del Congreso.

PODEMOS DAR TRABAJO

En el Congreso tiene lugar el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias, el cual tiene como objetivo garantizar que todos los peruanos puedan acceder a la información sin que su forma de comunicarse sea un obstáculo. Sin embargo, lejos de darle a dicha área la importancia que merece en un país en el cual se habla una gran variedad de lenguas, quienes hoy tienen poder en el Legislativo han decidido utilizar estos puestos para darle trabajo a sus aliados.

Este parece ser el caso de Kiradia Lucy López Lavy, quien durante el pasado mes de mayo recibió más de tres mil soles por desempeñarse como auxiliar en el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias del Congreso de la República.

Esta información podría pasar desapercibida de no ser porque López Lavy no sólo carece de experiencia en esta área sino que, casualmente, ha integrado desde hace aproximadamente siete años las filas de Podemos, la agrupación política de José Luna, y gracias a ellos desde 2023 empezó a desempeñarse como regidora en la Municipalidad de Los Olivos.

Al revisar la situación actual de esta área también se puede encontrar que quien se desempeña como jefa de esta es Shadia Elizabeth Váldez Tejada, quien no sólo es militante del partido Podemos sino que trabajó para el despacho del propio José Luna y figura como aportante de esta agrupación política. Al igual que en el caso de López Lavy, Shadia Valdez tampoco registra una trayectoria relacionada con el área que tiene a su cargo.

LA CUOTA FUJIMONTESINISTA

Patricia Juárez representa la cuota fujimorista en la actual Mesa Directiva del Congreso. Pero, para el partido de Keiko Fujimori, esto no parecer ser suficiente. Por ello, la oficina de la primera vicepresidenta decidió contratar como asesora a una exparlamentaria naranja para que apoye el trabajo de Juárez.

La persona en cuestión es María Del Carmen Lozada Rendón y su nombre es recordado debido a que el propio Vladimiro Montesinos señaló haber aportado veinte mil dólares para su reelección como congresista durante la época del régimen fujimorista. Pese a ello, Keiko Fujimori no tuvo problemas en incluirla en su equipo cuando fue candidata presidencial.

Además, Lozada, quien fue pareja de un exintegrante del Servicio de Inteligencia encabezado por Montesinos, no ha tenido reparos en mostrarse abiertamente como una defensora de Montesinos y, años atrás, señaló ante la prensa que “no hay que satanizar más a la persona del señor Montesinos”.

Por el trabajo que viene desempeñando de la mano de Patricia Juárez en la oficina de la vicepresidenta del Congreso, la excongresista Lozada ha recibido más de dieciséis mil soles durante el pasado mes de mayo.

HERMANDAD CONSERVADORA

A inicios del mes de marzo de este año, el Congreso dio luz verde para que se conforme una comisión que tendría a su cargo investigar  los detalles con respecto al acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Este pedido fue impulsado, principalmente, por parlamentarios de la bancada de Renovación Popular.

Sin embargo, pese a que en sus discursos intentan mostrar una imagen de suma preocupación por combatir los actos de corrupción vinculados con esta empresa brasilera, en la práctica pareciera que las prioridades son otras. Esto debido a que la comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la mejor opción para brindarle asesoramiento legal a esta comisión era uno de sus aliados conservadores.

Justo Fernando Balmaceda Quirós, quien durante el pasado mes de mayo recibió un pago de más de cuatro mil soles por asesorar a la comisión que encabeza el congresista Muñante, es un reconocido militante del colectivo denominado “Padres en Acción”, el cual saltó tomó notoriedad en 2019 por su decidida lucha contra el enfoque de género debido a que temían que la implementación del mismo en la educación peruana podría “homosexualizar” a los estudiantes.

LOS CERRÓN

Aunque la bancada de Perú Libre sufrió numerosas bajas y tanto su candidato a la presidencia como su vicepresidenta terminaron muy distanciados de la agrupación que los llevó al poder, los que todavía quedan en el partido de Vladimir Cerrón no han dudado en aprovechar cuanta oportunidad aparece para beneficiarse de sus cargos en el Congreso.

Este es el caso de Waldemar Cerrón, hermano del líder del partido, que actualmente ostenta el cargo de segundo vicepresidente y desde esta posición privilegiada le está dando una mano a uno de los allegados de su hermano Vladimir que por una asesoría está cobrando más de trece mil soles al mes.

Esto se ha podido observar en la lista de pagos hechos por el Legislativo en el mes de mayo y entre los cuales figura el nombre de Efraín Cerrón Luján, quien ahora ejerce como asesor de la segunda vicepresidencia pero antes fue director regional de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno Regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos e investigaciones.

Aunque el Perú vivió un  mayo marcado por la interminable crisis política y social, en el Congreso parece haber sido otro mes para no sólo despilfarrar en los numerosos privilegios que gozan quienes ocupan una curul sino que también fue un mes para ayudar a que sus aliados disfruten con el dinero de los peruanos.