La Contraloría realizó una visita de control el pasado 19 de agosto a vacunatorios de Junín. El objetivo: verificar si se estaban cumpliendo los requerimientos necesarios para almacenar las vacunas contra el coronavirus. Los auditores se llevaron más de una sorpresa.
En el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé y el centro de vacunación del fundo “El Porvenir”, ambos a cargo de la Red Asistencial-Junín deEsSalud, no se tenía una cadena de frío que permitiese asegurar los rangos de temperatura adecuados y, así, garantizar la vida útil y capacidad inmunológica de los antídotos.
El informe de control al que accedió Sudaca encontró, por ejemplo, que en ambos vacunatorios las congeladoras donde se almacenan las dosis de Sinopharm y Pfizer “no cuentan con el sistema de alarmas que permite alertar las variaciones de temperatura de las vacunas almacenadas en las congeladoras”. Tampoco se podría informar sobre eventuales cortes de energía eléctrica.
El ambiente destinado a conservar las vacunas en el hospital Ramiro Prialé Prialé, además, está construido en drywall. El piso, a su vez, es de madera y el techo de calamina. Aunque es obligatorio que se cuente con extintores, la visita de control evidenció que no se contaba con ellos. Elva Calero Romero, enfermera encargada de la estrategia de inmunización del nosocomio, detalló a los auditores que tampoco se realizó ningún requerimiento para implementar los extintores necesarios.
Esto último, de acuerdo al informe de la Contraloría, “no garantiza la seguridad de las vacunas ante la posibilidad de incendio, generando riesgo de que se rompa la cadena de frío y, por ende, la pérdida de la capacidad inmunológica de dichas vacunas”.
Además, se halló que, antes de ser inoculadas a la población, las vacunas eran conservadas en termos portavacunas a una temperatura inadecuada: por debajo de los 2° C. La norma sobre inmunización establece que se deben almacenar entre 2°C y 8°C.
En el vacunatorio del Ramiro Prialé, en cinco de los seis puestos de vacunación, los termos portavacunas se encontraban entre 1°C y 1.9°C de temperatura. Esto afectaría la efectividad de los 734 frascos de Sinopharm y 273 de Pfizer que se contabilizaron en el vacunatorio del hospital, según el informe.
En el fundo El Porvenir, por otro lado, la Contraloría verificó que se viene inmunizando en tres de los ocho puestos de vacunación. Cada puesto cuenta con un termo portavacunas. En dos de estos, la temperatura de conservación se encontraba en 1°C, debajo de los 2°C necesarios.
En el fundo tampoco se contaba con implementos de aseo, desinfección y contra incendios. Al momento de la inspección se encontraron 484 frascos de Sinopharm y 227 de Pfizer que podrían estar en riesgo por la incorrecta conservación.
Recientemente, la Contraloría ya había advertido de situaciones parecidas. Pero no en los vacunatorios de EsSalud, sino en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín. Según un informe de Epicentro Tv, se descubrieron 642 dosis de vacunas Pfizer que no fueron aplicadas, así como casos en los que no se contaba con la alarma que permita controlar la temperatura.
“Cada grupo de vacunas tiene características bajo las cuales se mantienen en su forma adecuada. Cuando hay una baja de temperatura, se tienen que descartar. Ahí se pierde el efecto inmunizador”, explica a Sudaca Edda Cayotopa, vocal del Colegio de Enfermeros del Perú.
Las situaciones adversas encontradas en esta última visita de control ya fueron comunicadas a EsSalud y al Hospital Ramiro Prialé Prialé para que tomen cartas en el asunto. Ahora depende de ellos corregir las deficiencias que ponen en riesgo la inmunización de los ciudadanos de la región.
EsSalud, en tanto, niega parte de lo dicho por Contraloría. Aquí sus descargos:
La familia del suboficial Carlos Zárate Villalobos, el hombre que daba un irregular resguardo policial a Vladimir Cerrón, tiene en Perú Libre a un buen padrino. La madre del agente, Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, no solo ha contratado decenas de veces con los municipios provinciales de Junín, el bastión del partido. También ha cobrado más de S/680.000 por una obra que dejó inconclusa y en mal estado. Así lo revela un prolijo trabajo de la Gerencia Regional de Control de la zona.
Los contratos de Villalobos, quien no registra formación profesional ni cuenta con empresas, aumentaron sustancialmente cuando Cerrón asumió el gobierno regional. En septiembre del año pasado, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chupaca -cuyo alcalde, Marco Mendoza Ortiz, es militante de Perú Libre- contrató al Consorcio Santa Rosa para el mantenimiento «periódico y rutinario» de un camino vecinal en el distrito de Ahuac.
El mencionado consorcio es integrado por Villalobos y la empresa CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. Un año después hacerse con la obra, a inicios de este mes, la Gerencia Regional de Control de Junín -la oficina de la Contraloría en la región- identificó que no se habían cumplido las condiciones del contrato y que, a pesar de eso, la municipalidad le pagó S/683.760.
De acuerdo al informe de la Contraloría, el consorcio integrado por la mamá de Zárate no realizó los trabajos de mantenimiento durante la fase ll del servicio, por lo que el camino en cuestión tiene baches, cunetas con basura, rocas y vegetación.
También se evidenció la falta de limpieza de las alcantarillas, el empozamiento de agua y “ahuellamientos” (deformaciones por el constante paso de los carros) en diferentes sectores de la vía. Pese a ello, de acuerdo a la documentación de la oficina de control, el consorcio Santa Rosa envió a inicios de este mes una carta informando que sí le habían hecho el mantenimiento al camino.
El consorcio tampoco cumplió con instalar señales de tránsito en el camino, a pesar de que aseguró que sí lo había hecho en otra comunicación enviada a la comuna. Según el contrato, se debían colocar 23 señales, pero al momento de la inspección solo se encontraron cuatro. Por cada una de estas, eso sí, la madre del exguardaespaldas de Vladimir Cerrón y su socio cobraron entre S/520 y S/650 (incluidos en el monto final). Todo esto puso en peligro la seguridad de quienes transitan por ahí, concluye el informe de Contraloría.
El consorcio Santa Rosa -integrado por la mamá del suboficial Carlos Zarate- cobró más de S/600 mil por una obra mal hecha.
Durante la inspección, el órgano de control también detectó la ausencia del cuaderno de ocurrencias, lo que generó “que no se registren los hechos u ocurrencias relevantes durante la ejecución del servicio”.
De acuerdo al contrato entre el consorcio Santa Rosa y el municipio provincial, “la ejecución de las actividades que no cumplan con los controles de calidad establecidos serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la Entidad”.
Pero la madre de Zárate tiene corona en los feudos perulibristas. No solo no se hizo cargo de los incumplimientos, sino que recibió el 100% del monto acordado por la fase II del proyecto.
En los últimos tres años, Villalobos ha ganado S/1,6 millones en contratos con el Gobierno Regional de Junín. La mayoría de sus negocios, sin embargo, se realizaron con la municipalidad de Chupaca, de donde proceden ella y su familia, incluido el suboficial Carlos Zárate, su hijo. Desde 2019, facturó más de S/990.700 con esta comuna.
Por su parte, CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. ha realizado trabajos en Ayacucho, Huancavelica y Junín, siendo esta última la región donde más ha facturado: S/9,5 millones desde 2015, de acuerdo al buscador de proveedores del estado del MEF.
Cuando se firmó el contrato de Ahuac, en septiembre de 2020, el gerente de la empresa era Christian Álvarez Paitampoma. Según otro informe de la Contraloría de junio de ese año, Álvarez presentó documentación falsa para obtener la buena pro de un concurso público en Virú, La Libertad.
El pasado 20 de septiembre, la municipalidad recibió el informe emitido por la Contraloría para que adopte las acciones correctivas, es decir, para pedirle al consorcio que corrija el pésimo trabajo realizado. ¿Se atreverá el alcalde a emplazar a los amigos de Cerrón? Sospechamos que no.
Nos comunicamos con la municipalidad de Chupaca, pero hasta el cierre de este reportaje no nos respondieron.
*Fotoportada: Darlen Leonardo / Fotos: Portal Central
5 de noviembre. La fecha está marcada en rojo en el calendario de Palacio. Cuando llegue, se habrán cumplido cien días del nuevo gobierno y -si no sucede nada extraordinario- el presidente Pedro Castillo empezará a evaluar la gestión de sus ministros. Así lo indican fuentes de Perú Libre y del Ejecutivo consultadas por Sudaca. Esta medida es impulsada por el ala dura del partido oficialista, que capitanea Vladimir Cerrón, y habría sido aceptada por el jefe de Estado, en medio de las conocidas tensiones en el Gabinete.
El rumbo de los cien primeros días del gobierno fue diseñado en el plan de la segunda vuelta, que se llama “Perú al bicentenario sin corrupción”. El documento contempla la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, nuevos impuestos a la minería, la masificación del gas natural, el retorno a las clases presenciales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el inicio de lo que llaman “la segunda reforma agraria”.
La idea es que esta última propuesta sea lanzada el próximo 3 de octubre, para conmemorar el día en que empezó la dictadura de Juan Velasco Alvarado en 1968, aseguran fuentes palaciegas. Se trata de una medida polémica, por los malos recuerdos que le trae el régimen militar a la derecha y por la expropiación de tierras, aunque la reforma de Castillo se enfoca principalmente en reducir la importación de alimentos. En lo político, el objetivo es confrontar a los adversarios del gobierno, que –según la lógica perulibrista– quieren imponerles la agenda.
La decisión de estirar los cambios en el Gabinete hasta inicios de noviembre se da mientras Castillo y Cerrón han retomado una comunicación fluida por la vía telefónica, según una fuente de Perú Libre. Han vuelto a acercarse. Esto, luego de un encuentro cargado de tensión en la casa del ministro de Justicia el 21 de agosto pasado. Cerrón está actualmente en Junín, arrinconado por investigaciones fiscales entre las que hay un caso de lavado de activos y una acusación de presunto soborno.
Perú Libre también prepara con sus aliados una serie de propuestas sobre lo que hará el Ejecutivo tras los primeros cien días, según una fuente cercana a Vladimir Cerrón. Los principales dirigentes de estos grupos, como Álvaro Campana, de Nuevo Perú, y Roger Nájar, de Perú Libre, tienen reuniones para tal fin. También participan militantes del Frente Amplio. Estas organizaciones políticas conforman el denominado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que tiene como fin apoyar al gobierno ante las críticas.
Lenin Checco, dirigente del Frente Amplio, dice que su agrupación -hoy sin inscripción- conversa también con Perú Libre sobre una posible alianza de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo año. “Hemos tenido conversaciones preliminares con Perú Libre por la preocupación de ir en un solo frente y cómo afrontar los comicios del 2022”, dice. Los únicos partidos de izquierda con inscripción vigente son Perú Libre y Juntos Por el Perú.
GOLPES Y CUCHILLOS
La aparente unidad de estas organizaciones contrasta con las fricciones dentro del Gabinete y en la bancada de Perú Libre. El canciller Óscar Maúrtua está en la mira del ala dura del partido desde que reemplazó a Héctor Béjar -recomendado de Cerrón- en Torre Tagle. Para los cerronistas, Maúrtua echó más leña al fuego al suscribir un nuevo convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
“Imperdonable que el Canciller (Maúrtua) renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria”, escribió en su Twitter el congresista Guillermo Bermejo. En medio de esos cuestionamientos, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien llegó al cargo en la breve gestión de Héctor Béjar, dijo que “la posición del Perú desde el 5 de enero es que no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”. Esta declaración de Chávez, diplomático de carrera, desató la ira del primer ministro Guido Bellido, quien -ante la nula comunicación con el canciller- decidió responder con un tuit:
Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas
El presidente Castillo también cuestionó en la interna la posición del vicecanciller, según fuentes de Palacio. El ministro de Salud, brazo derecho del mandatario, Hernando Cevallos, opinó en esa misma línea y dijo en RPP que las declaraciones de Luis Enrique Chávez fueron “absolutamente inadecuadas”.
Pese a las divergencias con Maúrtua, en el partido del lápiz consideran que no sería conveniente pedir su cabeza. “No podemos tener dos cancilleres en dos meses”, dice una fuente.
El vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia, manzana de la discordia en el gobierno, en una actividad en Génova, Italia, en el 2017. Foto: Organización Internacional de Trabajo.
“La evaluación [de ministros] se da en cualquier momento”, apunta Bellido brevemente a Sudaca. Al ser consultado sobre la permanencia del Canciller, respondió: “Eso depende del presidente de la República”.
El Consejo de Ministros también está fracturado ante los ataques que reciben los ministros Pedro Francke (Economía) y Aníbal Torres (Justicia) en medios recién salidos y afines a Perú Libre, como el diario “El Sombrero” y la revista “Marka”. A Torres le piden en un titular que “cierre el pico”, por haber cuestionado el rol de Cerrón en el gobierno, y a Francke lo acusan de “neoliberal” y de ser de la “oposición”.
Betsy Chávez Chino, congresista de Perú Libre y que encabeza el bloque moderado en la bancada oficialista. Marca en la interna distancia con Vladimir Cerrón y Guido Bellido.
Los ataques han motivado las quejas del bloque moderado de la bancada de Perú Libre, liderado por la parlamentaria Betssy Chávez, quien considera que la arremetida mediática responde a la influencia del ala dura del partido. La legisladora, según pudo conocer Sudaca, le ha pedido al presidente que “tome decisiones drásticas” respecto a las actitudes de Bellido. Es decir, que ejerza su liderazgo y no permita que el premier actúe sin consultar, desatando crisis políticas con sus intervenciones. Chávez considera que el mandatario “ha cedido muchos espacios” al ala dura de Perú Libre, de acuerdo a fuentes allegadas a la legisladora.
“Ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo. Pero gobernar es otra cosa”, dijo Castillo en su reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La crisis en el Consejo de Ministros es una prueba fehaciente de lo que dice el gobernante.
El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se resiste a desaparecer. La organización sobrevive a la muerte del sanguinario fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, entre la victimización y el apoyo a iniciativas del gobierno. Una de estas es la Asamblea Constituyente.
Actualmente, el Movadef es liderado por Alfredo Crespo, exabogado de Abimael Guzmán y quien ostenta el cargo de secretario general. Crespo está en la actualidad con arresto domiciliario al ser intervenido en el marco del operativo policial Olimpo, en diciembre del 2020, realizado para cazar a simpatizantes de Sendero Luminoso.
En el 2018, Crespo asumió el liderazgo del Movadef ante la muerte de Manuel Fajardo, otro de los abogados de Guzmán. “¿Se compromete a cumplir y/o asumir consecuentemente el cargo de secretario general guiándose y aplicando nuestra guía Ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo?”, le preguntaron a Crespo en la juramentación. “Sí, me comprometo”, respondió él en una reunión ante cien personas en Jicamarca, y en medio de aplausos.
Documento de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía que da cuenta de la juramentación de la nueva directiva del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, en el 2018.
La juramentación de Crespo fue clandestina, en sintonía con uno de los lemas del movimiento: “el partido es secreto o no es nada”. Pudo ser grabada gracias a la infiltración de agentes policiales.
La número dos de la organización, Estela Guillermo Álvarez (subsecretaria nacional, de acuerdo al organigrama), se encuentra presa a raíz de la misma operación Olimpo. En total hay 51 activistas del Movadef con prisión preventiva, 18 con comparecencia restringida y 8 con arresto domiciliario por estas pesquisas.
Según los planes de su fundador, Manuel Fajardo, el Movadef apuntaba a expandir su radio de acción en todo el país (para el 2018 ya tenían 5.000 inscritos y 68 bases a nivel nacional, salvo en Cajamarca, Loreto y Madre de Dios). El operativo Olimpo frenó sus aspiraciones.
“En los últimos diez años han sufrido golpe tras golpe. Primero la Operación Perseo [un megaoperativo realizado el 2014], luego Olimpo, después la muerte de su líder máximo. Los veo debilitados”, dice el antropólogo Dynnik Asencios, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estudioso de Sendero Luminoso.
De hecho, Guzmán murió sin arrepentirse, según su abogado Sebastián Chávez. “Una vez me dijo: ‘Si te metiste para soldado, tienes que aprender a marchar’. Él decidió iniciar la lucha armada porque estuvo plenamente convencido de que era lo que correspondía”, dice Chávez, quien es considerado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) como integrante del Ratio Luris, otro organismo salido de las entrañas de Sendero Luminoso, que funciona como brazo jurídico del Movadef.
“Los integrantes del Movadef no tienen arrepentimiento de lo que se hizo. No han hecho un deslinde. Y eso es un gran problema. Así no podemos convivir todos en democracia”, dice, por su parte, el investigador Asencios.
AFINIDADES
Según la Dircote, el Movadef se creó en el 2009 por orden de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre para impulsar un movimiento “pro-amnistía”. En estos últimos meses, el grupo no sólo se centró en pedir la liberación de Abimael Guzmán. También saludó la elección de Pedro Castillo y Perú Libre, y apoyó la iniciativa de una nueva Constitución con el lema “¡Asamblea Constituyente ya!”, sin que esto signifique un pacto formal con el gobierno.
Julio, 2021. El comunicado del Movadef en el que respalda una asamblea constituyente y saluda la proclamación de Pedro Castillo como presidente.
“Saludamos al compañero Pedro Castillo, le deseamos éxitos en su gestión y esperamos que propicie una real democratización de la sociedad peruana, que permita mejores condiciones para desarrollar el camino del pueblo”, escribió el movimiento en su sitio web, tras confirmarse en julio pasado el triunfo del profesor cajamarquino en las elecciones presidenciales.
Movadef también promueve la recolección de firmas para el referéndum por una Asamblea Constituyente en su cuenta de Youtube. Y su base en Puno ha realizado pintas a favor de la asamblea, el caballo de batalla de Perú Libre.
En esa región se encuentra César Tito Rojas, sindicado por la Dircote como miembro fundador del movimiento. Tito hoy es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo. Su nombre saltó a la palestra cuando visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre. Lo cierto es que el sindicalista vino como parte de una delegación de dirigentes puneños, representantes de otros gremios, para denunciar el abandono de un hospital regional.
La cercanía de Castillo con algunos miembros del Movadef, sin embargo, es indisimulable. El 2018, el candidato presidencial de Perú Libre y cuatro representantes del Conare-Sute participaron de un evento de educación en La Paz organizado por Álex Chamán, representante en ese país del movimiento que pedía la amnistía de Guzmán.
La Fenate Perú, el gremio fundado por Castillo, acaba de lanzar su propia agrupación política. La ha bautizado como Partido Popular y Magisterial. El liderazgo del partido ha recaído en Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef en Tacna. La firma de la profesora también figura en los planillones del movimiento prosenderista, aunque recientemente declaró que se arrepentía de haberlo hecho.
El Movadef también se ha sumado al coro oficialista de que hay persecución política contra Perú Libre. El grupo colgó hace apenas un mes el video de un conversatorio sobre esta supuesta persecución política al partido de Vladimir Cerrón, donde se entrevista a dos militantes de la agrupación del lápiz, Jorge Aliaga y Luis Tarazona. En el evento una de las presentadoras comparó la situación de Perú Libre “como en su momento fue la campaña contra la inscripción legal del Movadef, cuando tuvo la intención de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones”.
El 2011 el Jurado Nacional de Elecciones cerró la puerta a la pretensión del Movadef de convertirse en partido político al señalar que el “pensamiento Gonzalo”, ideario que suscriben, desemboca en actos violentos.
El discurso de victimización también inunda las redes senderistas. “¿Es acaso casual la persecución a los activistas del Movadef, a los compañeros Aduviri, Cerrón, Santos, a los abogados de Ratio Iuris, a las organizaciones como Perú Libre, Conare Sutep, Fudepp, a los compañeros detenidos en el operativo Olimpo? De ninguna manera”, dice el Movadef en su portal oficial.
Diciembre, 2020. Detención de Paul Leonardo Fernández, secretario de Movilización del Movadef, en el marco de la Operación Olimpo. Foto: Ministerio del Interior.
Otros organizaciones fachada de Sendero, como la asociación de abogados Ratio Luris, manifiestan una defensa cerrada del ministro de Trabajo, Íber Maraví, acusado de pertenecer a Sendero y próximo a ser interpelado en el Congreso. “¿Cuál es el problema si es que en algún momento (Maraví) tuvo un pensamiento distinto? A Maraví por un tema de hace cincuenta años están pidiendo su cabeza. En el Perú no se puede ser comunista”, dice a Sudaca Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre. El letrado hace referencia a las acusaciones contra Maraví sobre una presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, en 1981.
Miguel Sánchez Calderón, por ejemplo, otro de los abogados de los cabecillas senderistas y miembro de Ratio Luris según la Dircote, apoyó en redes la postura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de esa agrupación, Edgar Tello, de rechazar la ley para incinerar el cadáver de Abimael Guzmán.
El presente de los grupos de fachada de Sendero Luminoso como el Movadef, sin embargo, es el silencio. “Solamente el 5 % de su accionar es abierto; mientras que el 95 % está relacionado a ‘trabajo clandestino’”, dice un reciente informe de la Dircote.
Los seguidores de Abimael Guzmán prefieren expresarse en las redes sociales y no dar entrevistas para evitar represalias de las autoridades. Los del Movadef no han cuestionado hasta el momento al presidente Castillo por promulgar la ley que permite cremar a Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, aprobada en el Congreso. Los senderistas han apostado por respaldar desde su sitio web la victimización de la viuda del fundador de Sendero. Y es que Yparraguirre ha denunciado el «asesinato” de su esposo, el genocida Abimael Guzmán, porque no lo dejan ver el cadáver.
Pese al fuego graneado en las redes sociales del Movadef, el gobierno -como en todos los casos relacionados a Sendero- no ha dicho esta boca es mía.
El pasado 23 de agosto, el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, escribió en Facebook: “¡Ya tenemos Oficina Descentralizada en #Arequipa! Pueden visitarnos en la calle Mercaderes 413. Desde este espacio, coordinaremos todo apoyo que se pueda dar al pueblo arequipeño en el marco de mis funciones parlamentarias y también será un punto más para poder avanzar recolectando las firmas por la #NuevaConstitución”.
Quito, promotor oficial de la campaña de recojo de firmas, se refería a una oficina alterna a la de su despacho parlamentario, que ocupa en una antigua casona de la ‘Ciudad Blanca’. Le preguntamos a un asesor si es que el legislador alquila el inmueble, pero no nos dio respuesta. Pero, ¿qué ocurre si se convierte en un centro donde, a cambio de firmas, el parlamentario preste favores o atienda con prioritaria conveniencia las demandas de ciertos ciudadanos? ¿Qué ocurre si alrededor de las rúbricas se tejen redes de clientelismo? El abogado especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, señala que allí únicamente podría intervenir la comisión de Ética del Parlamento.
Y es que en el camino por la Nueva Constitución no hay ley de neutralidad que aplique. Jáuregui asegura que actualmente no existe una normativa que regule un proceso de campaña preelectoral. Y la recolección de firmas es precisamente eso: un proceso previo.
El abogado apunta que la Ley Orgánica de Elecciones sólo regula la neutralidad de las autoridades políticas en los “actos electorales”, es decir, cuando ya se haya convocado el eventual referéndum.
En comunicación con Sudaca, sin embargo, el congresista Jaime Quito dio un paso atrás en su propuesta de utilizar el inmueble para recolectar las firmas. “En mi oficina no [se recolectará firmas]. Hay locales del partido, la gente misma en sus casas [lo hace]. No es necesario un local. Algunos se organizan y van a los mercados donde hay concentración ciudadana”, dice.
No es el único congresista que promueve activamente la campaña. La semana pasada, el oficialista Guillermo Bermejo publicó en su cuenta de Facebook: “Asistiendo al lanzamiento e inicio de la recolección de firmas para el referéndum por la Asamblea Constituyente en la provincia Huaura. Venceremos”. No era semana de representación y Bermejo no es representante de Lima Provincias. También hay fotos, que ha posteado en su cuenta de Facebook, en las que se le ve en Puente Piedra, Caylloma (Arequipa) y Huanta (Ayacucho), en actividades similares.
La congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán es otro rostro visible de la campaña. El fin de semana estuvo en Cusco, desde donde tuiteó: “Primero fue Piura y luego Ayacucho, hoy le tocó a Cusco ser escenario de la Tercera Asamblea Macro Regional Constituyente. Desde hace unos meses abrimos estos espacios de conversación nacional para que la ciudadanía sea partícipe del enriquecedor debate camino hacia una Nueva Constitución”.
El impulso a la recolección cuenta también con el respaldo de parte del Ejecutivo. El pasado martes 14, la vicepresidenta y titular del Midis, Dina Boluarte, declaró a la prensa: “Nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasan por un cambio de Constitución y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una Asamblea Constituyente”.
Desde Perú Libre aseguran que la semana pasada se inició la campaña de recolección de firmas en Lima y Chiclayo. En Arequipa, Tacna, Puno y Ayacucho había empezado desde mediados de agosto. Los locales de Perú Libre, agrupación presente en todas las regiones del país, son puntos oficiales para adherirse a la iniciativa. El secretario general de organización del partido en Lima, Yuri Castro, ve con optimismo lo que puedan lograr en la capital: la meta de las 43 bases es recoger, hasta diciembre, 500.000 firmas.
CONTRAMARCHAS
El camino hacia la Asamblea Constituyente arrancó cinco días después de las elecciones, el pasado 11 de junio. En el local principal de Perú Libre, ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil, comenzó a planificarse la campaña. En ese cónclave, el secretario de organización nacional de Perú Libre -y uno de los investigados por el caso Dinámicos del Centro-, Arturo Cárdenas, aseguró a los participantes que no iba a haber moderación en su partido y que la promesa de campaña iba a cumplirse. Este hecho lo dio a conocer un informe de Sudaca.
Casi dos semanas después, el 23 de junio, los congresistas Jaime Quito y Guido Bellido, quien aún no estaba en los planes para el premierato, acudieron a la ONPE a adquirir un kit electoral para la recolección de firmas. Quito se inscribió como “promotor”, es decir, el responsable de la convocatoria; y Bellido, como “representante en Lima”.
El texto de ese kit electoral proponía que una vez recogido el 10% de firmas de la población electoral, que son 2,5 millones, el presidente Pedro Castillo debía convocar a elecciones en febrero del próximo año. El documento señalaba además que la Asamblea Constituyente iba a durar 10 meses, debía instalarse en marzo y sería conformada por 130 asambleístas. La pregunta a consultar era una sola: «¿Aprueba la convocatoria a Asamblea Constituyente encargada de elaborar la Constitución Política del Perú?».
Todo se iba a hacer sin que hubiera una reforma constitucional del artículo 206 de la actual Carta Magna, contrario a lo que exigen algunos constitucionalistas. El plan en ese momento era recolectar las firmas antes de que acabe el 2021.
Este es el kit electoral N° 00000041 que fue adquirido por Perú Libre en agosto. Aquí figura el texto normativo que será puesto en consulta. El promotor es el congresista oficialista, Jaime Quito.
Pero al poco tiempo cambiaron esa pregunta por esta otra: «¿Está de acuerdo con la reforma total de la Constitución de 1993, a cargo de una Asamblea Constituyente, Popular y Soberana?».
Y en el camino hubo modificaciones más drásticas. El 12 de agosto, Jaime Quito volvió a acudir a la ONPE para adquirir otro kit electoral. La entidad electoral se lo entregó. El kit mantiene la pregunta, aunque con ligeros cambios («¿Aprueba usted la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente, Soberana y Plurinacional?”). En este caso, el tiempo de duración de la Asamblea Constituyente propuesto es de 12 meses. No obstante, no se precisa una fecha para la convocatoria del referéndum, como sí ocurría en el primer caso.
Quito explica a Sudaca que la adquisición del segundo kit electoral se produjo debido a “un error de datos” en el primero y que tomó ese camino porque si hacía correciones, estas iban a tardar más tiempo. Confirmó además que la recolección de firmas se realiza con el segundo kit, donde Bellido ya no figura como representante por haber asumido el cargo de premier.
En junio pasado, el partido del lápiz adquirió el primer kit N°00000040. El promotor era Jaime Quito y Guido Bellido, el representante.
El congresista no quiso precisar cuánto tiempo durará la campaña, bautizada como ‘Firma ya’. Solo adelantó que en los próximos días se conocerá el número de firmas que ha recolectado su partido hasta la fecha.
Quito señala que el objetivo de Perú Libre es que el presidente de la República convoque al referéndum apenas alcanzadas las firmas. Espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acate sin que se requiera modificar el mentado artículo 206.
Precisa, además, su propuesta es que la Asamblea Constituyente funcione paralelamente al Congreso, sin que este se cierre o disuelva. A su criterio, la fórmula para elegir a los 130 asambleístas es que una mitad se postule desde los partidos inscritos y la otra lo haga de forma independiente, desde organizaciones de la sociedad civil. Aunque está por definir los detalles.
Sobre el lugar donde deberá funcionar la Asamblea Constituyente, dijo que “son pormenores” que se irán discutiendo en su momento. “Como dicen: para hacer tortillas, primero hay que reventar los huevos”, apunta a Sudaca.
Pero la oposición ya empieza a cercarlos. La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció al cierre de esta edición que solicitará investigar la iniciativa. «El tema de fondo es el uso de recursos públicos para este tipo de actividades. La pregunta es de dónde salen los fondos porque no es gratis. Hay spots en radios de provincias, en el norte. ¿Quién lo paga?», dice el parlamentario Eduardo Salhuana a Sudaca.
Por su lado, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular), integrante de la comisión de Ética, dice que su bancada evaluará presentar un pedido en este grupo de trabajo para indagar sobre la participación de congresistas en la campaña de recolección de firmas. El objetivo sería ver si están en su horario de trabajo, con licencia y el presupuesto que usan.
“Sabemos que en el Congreso, lo ha demostrado ya en todos los escenarios, hay en estos momentos una dictadura de los votos. Esto se ha reflejado el jueves último cuando han aprobado una ley que modifica los artículos 112 y 113 de la Constitución [referidos a la cuestión de confianza] con una interpretación auténtica», responde el congresista Quito.
El parlamentario oficialista negó que haya gastos millonarios en esta campaña, porque estos se centran en «sacar fotocopias a los planillones para las firmas». “No se necesita mucho dinero. La militancia se está articulando y está haciendo posible esta campaña”, comenta.
La asesora de Alta Dirección de la ONPE, Katiuska Valencia, dice a Sudaca que existe un “vacío legal” en la ley de participación ciudadana, puesto que no obliga a los promotores a reportar los gastos de campaña. Advierte además que su entidad no está obligada a publicar los planillones o los nombres de los adherentes con sus firmas. El experto en temas electorales José Tello señala que ese «vacío legal» es «peligroso» y podría acarrear incluso la figura de «lavado de activos». ¿Cómo se soluciona esto? Valencia responde que “con una modificación de la ley”, y su posterior reglamentación, que le dé facultades para supervisar los gastos del referéndum.
Mientras que los últimos morados se preparan para apelar su reciente pérdida de inscripción, la interna partidaria está movida por las alianzas que se vienen formando entre los desertores y algunas de las actuales congresistas. Hay quienes no se guardan nada y califican el hecho como una traición.
En la mira está Carlo Magno Salcedo, que no solo fue pieza clave en la formación de la doctrina republicana, sino también asesor del expresidente Francisco Sagasti. Como ya contó este medio, Salcedo y un grupo de militantes -varios de ellos con cargos a nivel nacional y regional- renunciaron el 18 de mayo al Partido Morado, pues consideraban que la dirección partidaria y Julio Guzmán eran los responsables de los terribles resultados electorales. La carta de renuncia terminaba con la siguiente frase: “Cada uno de nosotros […] habrá de construir su propio camino hacia adelante”.
Y eso es, precisamente, lo que hizo el exasesor presidencial. El 7 de septiembre, un día antes de que el PM fuera dado de baja por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Salcedo anunció en su perfil de Facebook el inicio de inscripción de Confluencia Perú, “un partido-frente que tiene el propósito de articular a diversas organizaciones y liderazgos”.
Lo que más llamó la atención fueron dos de sus aliados: Fuerza Ciudadana-Confluencia, organización de la que es parte la congresista Susel Paredes, y Dignidad Magisterial, un colectivo de profesores que apoyó la campaña política de Flor Pablo, otra parlamentaria morada. Esta última no quiso confirmar a Sudaca si es parte de este movimiento.
Lo que generó molestias en la interna morada es que Salcedo anunció la inscripción de su nuevo partido cuando el PM perdía, a su vez, la suya. “En política no hay casualidades. No es casual que, una noche antes de que salga la resolución, se anuncie esta alianza. No lo tomamos como normal”, dice Jean Pierre Lozano, exsecretario de Jóvenes de Lima Metropolitana.
“Nosotros conocemos las malas mañas de algunos políticos, pero no de gente que nos ha acompañado en el proceso político del Partido Morado y que por diferentes razones se alejaron”, critica Jarek Tello Godoy, personero legal de los morados, en clara alusión a Salcedo. “Ahora anuncian que estaban haciendo alianzas con gente que es del Congreso o que están vinculadas a movimientos cercanos al partido”, agrega, sobre integrantes de la bancada morada.
Aunque hay un grupo de morados que parece no tener mayores problemas con el asunto, a Tello lo respaldan en sus declaraciones hasta cinco militantes con los que conversó Sudaca para esta nota. Los ánimos están caldeados a pesar de que el partido parece destinado a desaparecer.
A raíz de la polarización que causó la segunda vuelta, sin embargo, el ya pequeño Fuerza Ciudadana se dividió en dos grupos. Una de sus facciones tomó el nombre de Fuerza Ciudadana-Confluencia, aunque prefieren llamarse únicamente Confluencia Ciudadana para diferenciarse de su antiguo nombre. Esta es la facción que se unió al proyecto político de Carlo Magno Salcedo. Agrupa a aquellos cuadros que alguna vez postularon por el PM: además de Paredes, también se unieron Susana Chávez Alvarado y Segundo Flores Farfán.
Sudaca se comunicó con Susel Paredes, quien nos derivó con una tercera persona que confirmó su participación en esta alianza. “Susel definitivamente vino como parte de nuestro grupo y es parte de esta alianza aunque está como militante del Partido Morado”, dice a Sudaca uno de los integrantes del movimiento. Las conversaciones para concretar la unión comenzaron, de acuerdo a la misma fuente, en julio pasado.
Dentro de Confluencia Ciudadana ven este acuerdo como una oportunidad para formar una propuesta de centro “alejada de los extremos más radicales”, como explica Richard Arce, miembro de la agrupación. Agrega que le parece un abuso la decisión del ROP sobre los morados y dice que, de perder su inscripción, podrían unirse a ellos: “El Partido Morado está pasando por una situación delicada en la que su énfasis es salvar su inscripción, una batalla que es necesaria. Si no le dan la razón, va a ser motivo para que podamos convocarlos”.
Otro personaje criticado a la interna es la congresista Flor Pablo. De acuerdo a una fuente del Comité Ejecutivo Nacional morado, el colectivo Dignidad Magisterial (DM) fue el que sostuvo la campaña política de Pablo, quien se afilió como militante solo para participar en las elecciones. Uno de los integrantes de este movimiento, Cesar Alvarado Laveriano, también postuló al Parlamento Andino con el N°2.
La congresista morada Flor Pablo dictó talleres organizados por el Colectivo Dignidad Magisterial durante la última campaña electoral.
Ambos, en febrero y marzo de este año, participaron como ponentes en capacitaciones para docentes organizadas por este colectivo, donde Pablo aprovechó para promocionar su candidatura. La parlamentaria no quiso confirmar a este medio si pertenece a Dignidad Magisterial ni quiso hablar de la alianza con el partido de Carlomagno Salcedo. Tampoco lo ha querido hacer con sus colegas.
Uno de los militantes que habló con Sudaca señala que, cuando le consultó a la congresista sobre su participación en esta alianza, Pablo solo atinó a responderle que “Dignidad Magisterial es un colectivo que está buscando dónde hacer militancia política”.
Sudaca también se comunicó con Carlo Magno Salcedo, quien dijo que no opinará sobre estás alianzas para no “alimentar ninguna polémica que no aporta”.
Para el personero legal del PM, Jarek Tello, en cambio, esta silenciosa coalición representa una traición: “Ahí es donde se genera en mí la sensación de que hubiese intereses de personas que, en teoría, son cercanas al partido o que han sido militantes. Intereses en esperar la muerte rápida del Partido Morado para, sobre sus restos, formar un nuevo partido político, un nuevo movimiento. Esto me parece un acto de felonía, de traición”.
NAUFRAGIO
Pero en el PM se resisten a morir. Desde los resultados de la primera vuelta, el partido sabía que tendría que luchar para no desaparecer. El director del ROP, Fernando Rodriguez Patrón, ya lo había adelantado cuando publicó en un artículo que “un partido político conservará su inscripción, si alcanza cinco representantes al Congreso y si adicionalmente obtiene el cinco por ciento de los votos válidos del Congreso, es decir, debe cumplir ambas condiciones”.
La agrupación fundada por Guzmán solo cumple lo último. Sin embargo, los últimos morados sostienen un argumento clave: que la ley establece, textualmente, que se cancela la inscripción en caso de no lograr los dos requisitos.
El 8 de junio se llevó a cabo la “Conexión Morada”, un encuentro virtual donde Julio Guzmán informó que se despediría del partido y expuso la estrategia que usarían para seguir con vida y poder participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El plan contemplaba apelar en caso el ROP decidiera cancelar la inscripción de la agrupación, tal como lo hizo.
Por todo ello, los morados ya estaban advertidos cuando a las 3 p.m. del 8 de septiembre aparecían en la lista de las organizaciones políticas con inscripción cancelada en el sitio web del ROP. Militantes aseguran que se estuvo cambiando el estado del PM en el sistema antes de que el personero legal Jarek Tello fuese notificado sobre la resolución que dispuso la cancelación del partido.
El 8 de septiembre el estado del Partido Morado cambió en la web del ROP antes, siquiera, de que se haya notificado al personero legal de la agrupación sobre la pérdida de inscripción.
“Le quita muchísima seriedad el hecho de que se quite, se ingrese y se vuelva a quitar al PM [de las agrupaciones con inscripción activa]. Y que sea con anterioridad a la resolución del ROP también es sospechoso. Los militantes lo toman como si se estuviera jugando con su derecho y sus expectativas de pertenecer a una organización por la que han trabajado tanto”, dice Narescka Culqui, excandidata al Congreso y miembro de la Secretaría Nacional de Plan de Gobierno.
Mientras los demás partidos ya piensan en los próximos comicios, el PM debe enfocarse en salvar su inscripción. Ante la incertidumbre de no saber qué pasará, hay militantes que han optado por retirarse. Tienen miedo de no poder participar de las elecciones del 2022. En los próximos días, los últimos morados se alistan para preparar una denuncia penal contra el director del ROP por abuso de autoridad. El barco, sin embargo, parece destinado a naufragar.
Desde que llegaron al cargo, ni el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido se han manifestado sobre la Sunedu. Tampoco se han reunido con sus autoridades. En cambio, el jefe del Gabinete sí ha sostenido dos reuniones con una institución que es férrea opositora a la Ley Universitaria.
Se trata de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), un gremio que reúne a 75 casas de estudio –públicas y privadas–, entre las que están varias no licenciadas por Sunedu. Algunas de ellas, según su Facebook institucional, son la Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y la tristemente célebre Alas Peruanas.
Según el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la primera reunión se dio el pasado 12 de agosto y duró más de una hora. Visitaron a Bellido, como representantes del gremio, su directora ejecutiva Ada Gallegos y Victor Raúl Aguilar, exrector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el alma mater del premier (que sí está licenciada). La segunda reunión fue cinco días después, pero allí acudió solo Aguilar.
Quisimos contactar a los involucrados para saber de qué hablaron, pero en la asociación nos negaron la entrevista. Lo mismo ocurrió en la PCM. En la Sunedu tampoco quisieron opinar sobre estos encuentros, aunque sí –como veremos más adelante– sobre los ataques que reciben desde el Congreso. Lo concreto es que, por años, la ASUP ha gestionado intereses –hecho lobby, en cristiano– de universidades que buscan petardear a la Sunedu.
Las reuniones del premier Guido Bellido con representantes de la ASUP en agosto. Fuente: PCM.
El gremio surgió como una mutación de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), que fue reemplazada justamente por la Sunedu. Con su nueva identidad, desde el 2015, la asociación ha emitido diversos pronunciamientos cuestionando la efectividad de la reforma universitaria.
Gallegos y Aguilar, de hecho, han sido dos de sus voceros más feroces. La primera, como directora ejecutiva de la ASUP, ha desfilado por diversos medios televisivos y radiales durante los últimos años criticando con ferocidad a la Sunedu.
A mediados del 2017, por citar un caso, Gallegos ya consideraba ineficiente la reforma universitaria. “La Ley Universitaria ha demostrado claramente que ha fracasado. La razón es que es inaplicable. Es una ley que está de espaldas a la realidad de la universidad peruana, en especial de las públicas”, declaró a RPP. A finales del 2018, Gallegos volvió a aparecer, esta vez en Exitosa, para atacar a la Ley Universitaria. “A lo largo de estos años, hubo un retroceso [en la calidad educativa] porque la visión se centró en regulaciones y eso nos ha sacado del foco que es la calidad”, aseguró. Más ejemplos, sobran.
Por su parte, Víctor Raúl Aguilar fue, hasta su desaparición, el secretario ejecutivo de la ANR. El 2013, bajo dicho cargo, solicitó al Colegio de Abogados de Lima (CAL) una opinión respecto a la constitucionalidad de la norma que engendró a la Sunedu. El informe legal fue elaborado por el abogado Anibal Quiroga. “Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar su cumplimiento y la calidad de la educación, no es necesario imponer una Sunedu”, se lee en la página 36 del documento.
Aguilar ha respaldado a Guido Bellido desde que asumió el cargo de premier. El 31 de julio, el flamante premier compartió un pronunciamiento del exrector de la UNSAAC en su cuenta de Facebook y le agradeció su “solidaridad”. Bellido era blanco de críticas cada vez más fuertes sobre su designación.
Durante la campaña, Pedro Castillo habló de la Sunedu. “Hay muchas quejas por parte de la Sunedu. Vamos a revisar y corregir [su] accionar”, señaló. Las reuniones de la ASUP con Bellido se dan en un momento de políticas poco claras de su gobierno respecto a la reforma.
“No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos [Castillo y Bellido] o de presentar nuestras acciones para que las conozcan. Por ahora, tenemos [reunión] solamente con el ministro del sector. Mañana [viernes 17 de setiembre] tenemos una reunión con él y le vamos a mencionar que estamos disponibles para ir a los altos niveles del Ejecutivo a prestarles toda la información», aseguró el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, al programa de entrevistas matutinas de Sudaca. Mientras que a él le queda mostrar su disponibilidad, la ASUP ya conversa con el premier.
Lo que cocina el Congreso
Aparte del Ejecutivo, la ASUP ya ha movido con éxito sus influencias en otros frentes. En una entrevista para Exitosa del 2018, Ada Gallegos dijo que tenían claro que “la decisión de modificar la ley [universitaria] está en el Congreso”. Hoy, desde el Parlamento ya se tejen hilos para atar de manos a la Sunedu.
El pasado lunes 6 de septiembre, en la Comisión de Educación, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que busca darle un plazo de emergencia de dos años a universidades privadas no licenciadas para que puedan subsanar sus deficiencias. En otras palabras: abrirles una oportunidad más a quienes no cumplieron estándares mínimos de calidad, a pesar de que han pasado 6 años desde que empezó la reforma.
Espinoza tuvo al menos tres reuniones con representantes de universidades en las últimas semanas. En su Facebook, el congresista anunció que recibió la visita de Gilmer Díaz Tello y Juan Rodríguez Ruiz, rectores de dos universidades chimbotanas: San Pedro y Católica Los Ángeles, respectivamente. El viernes de la semana pasada –después de presentar su proyecto– recibió a Miguel Ángel León, docente de la Universidad Peruana del Centro, según el registro de visitas de su despacho. Ninguna de las tres universidades tiene licencia y las dos chimbotanas aparecen como miembros -¿sorpresa?- de la ASUP.
“Lo que preocupa del proyecto del congresista es que pide que las universidades se presenten bajo el mismo modelo que desaprobaron. Eso no está bien porque la Ley Universitaria dice que las licencias son renovables. Es decir, hoy te licencias con el modelo A y dentro de 6 años será con el B, que probablemente sea más exigente. Eso se llama mejora continua”, explica Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, a Sudaca.
“Otra cosa preocupante que dice es que la Sunedu no podrá hacer ninguna otra observación. Estaríamos limitados a abrirles la puerta y decirles que pasen no más”, agrega. La propuesta de Espinoza ya se encuentra en la lista de espera de la Comisión de Educación, presidida por el ultraconservador Esdras Medina. Para un informe previo de Sudaca, Medina había adelantado que solicitudes como la de Espinoza estaban pendientes en su grupo parlamentario.
El último jueves Espinoza presentó un proyecto más: para permitir la creación de filiales de universidades públicas con licencia utilizando recursos del canon. Esta nueva iniciativa toma varios pasajes de un proyecto presentado por el excongresista del Frente Amplio, José Luis Ancalle, el 29 de diciembre del 2020. Tiene párrafos iguales o apenas parafraseados.
En la exposición de motivos, además, el esquema es muy parecido. Espinoza arranca describiendo la Ley Universitaria y a continuación coloca las cifras de entidades licenciadas. Lo mismo que había hecho Ancalle. El de AP usa los mismos cuadros que el del FA, pero con las cifras actualizadas. También coinciden cuando describen el déficit de filiales universitarias en distintas regiones “pese a que poseen recursos económicos como los del canon”.
Espinoza derivó a Sudaca con su asesor Yuri Pérez. Según este, “el hecho de que las normas a modificar coincidan con el proyecto de ley presentado por el ex congresista Ancalle resulta necesario” por tener objetivos similares. Además aseguró que “toda referencia estadística e informativa” está citada a pie de página. Sin embargo, ninguna nota al pie alude al antiguo proyecto del parlamentario de izquierda.
Nada indica que estos proyectos vayan a encontrar oposición dentro de la Comisión de Educación, que hace dos semanas creó un grupo de trabajo “para el seguimiento de los procesos de licenciamiento”. En la comisión se ha abierto un frente agresivo contra la Sunedu. Este último martes, los congresistas recibieron al superintendente Zegarra para que exponga los alcances de su trabajo. Lejos de ser una reunión amistosa, le lanzaron varios dardos luego de escuchar su exposición.
El legislador de Perú Libre Alex Paredes pidió un informe detallado del número total de trabajadores, consultorías, órdenes de servicios y gastos en publicidad de la Sunedu. Y lanzó una frase que puede ser interpretada como una declaración de guerra: “El interés de esta comisión es pecar de acción, pero no de omisión”.
Por su parte, la fujimorista Tania Ramírez, que dirigirá el grupo de trabajo que hará “seguimiento” al licenciamiento, dejó registro de su enredada visión de la reforma universitaria. “La educación universitaria después del licenciamiento está acentuando su carácter oligopólico, donde la calidad del servicio se mide en función a la ineficiencia del gasto en la universidad pública disfrazada de su selectividad”, manifestó la legisladora fujimorista. No sabemos si alguien la entendió.
Parte de la presentación del superintendente de la Sunedu ante la Comisión de Educación del Congreso el último martes.
“Preocupa mucho que cambien los congresos, pero se sigan reavivando algunos señalamientos que ya fueron investigados por el Parlamento. La Sunedu existe desde el 2015 y desde entonces han formado cuatro comisiones investigadoras. Han cuestionado las órdenes de servicio, los trabajadores, las consultorías y los gastos de publicidad. Ninguna de esas comisiones ha encontrado alguna irregularidad”, afirma Joseph Dager, secretario general del ente supervisor.
Según el funcionario, ahora la institución está en una “segunda etapa”, donde evaluarán a las universidades denegadas que quieran volver a licenciarse. Además, en dos años, volverán a revisar a todas las casas de estudio bajo mayores exigencias. No hay duda de que la Sunedu seguirá siendo un tema caliente en este quinquenio.
Luego de ser alertados por la central de emergencia, dos policías se acercan a bordo de una patrulla a la curva de Chastudal, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna. El lugar está a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica y aquella mañana, 6 de setiembre, es la escena de un accidente de tránsito. Hay dos haitianos muertos y otros diez heridos.
Lo que ven los agentes es un bus destrozado, de medio lado sobre el arenal que colinda con la carretera. Hay zapatos, envases de comida y mochilas de viaje desperdigados por todos lados. Al interior del vehículo están los cuerpos sin vida: uno de 40 años y el otro de 47, según sus documentos de identidad. Entre los heridos hay niños, a quienes trasladan rápidamente al hospital.
Uno de los testimonios que tiene la fiscalía dice que los haitianos pagaron a unos traficantes para cruzar, a pie, la frontera de Chile al Perú. En territorio nacional fueron recibidos por el vehículo que cayó en desgracia. Los heridos, hoy morando entre el hospital y una casa de refugio, podrían entrar a un largo proceso de deportación o -si así lo deciden- seguir su rumbo. Para las autoridades, lo que harán es una incógnita.
“La deportación puede durar entre 6 meses y un año. Va a depender de la calificación que haga el Estado peruano. Se les da la opción también de quedarse mediante un trámite administrativo. Pero muchos no quieren, porque solo usan el país de paso y su destino es Estados Unidos», dice Percy Vargas, jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna.
La muerte de los dos haitianos viene siendo investigada para saber quiénes coordinaron su traslado. Pero es apenas un ejemplo de un problema mayor. El tráfico de migrantes en Tacna es constante, tanto en dirección a Chile como para el ingreso al Perú con rumbo norte.
Mientras este caso apenas empieza, otra dependencia del Ministerio Público ya ha terminado una pesquisa preliminar el pasado 9 de setiembre, con la detención de 13 miembros de una organización criminal de coyotes que trasladaba personas a Chile. Las evidencias apuntan a que tenían la complicidad de policías y trabajadores de Migraciones.
6 de setiembre. En la curva de Chastudal, a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica, se despistó el bus que dejó dos haitianos muertos.
EL ORIGEN
11 de enero del 2019. 3:14 de la tarde. Dos traficantes, Adán y María, coordinan por teléfono el traslado por carretera de una migrante. No saben que la Policía está interviniendo la llamada.
Adán: Ya, seño, escúcheme, ¿tú no puedes llevar un pasajero por la pista? A una peruana.
María: A la pista… ¿peruana es?
Adan: Sí, peruana, peruana. Es que ha estado ilegal en Chile y quiere entrar ilegal también.
[…]
María: A las seis será. 300 soles. Chapa 200 y deja 100 para acá, ¿puede ser?
Este es uno de los cientos de registros telefónicos que tienen los fiscales César Changa y Evelyn Taboada, especializados en crimen organizado. En junio del 2018, los representantes del Ministerio Público recibieron un informe de la Diviac que revelaba la existencia de una organización dedicada al traslado ilegal de personas a Chile. A partir de allí, Changa y Taboada ordenaron el seguimiento a los delincuentes, recabaron declaraciones de testigos protegidos y pidieron a un juez permiso para interceptar sus teléfonos.
“Los migrantes, desde el 2018, han sido venezolanos, colombianos y centroamericanos. Eventualmente haitianos”, apunta Changa, en su oficina del Centro de Lima.
La cadena de tráfico -explica- empieza en el terminal terrestre Manuel Odría, en plena ciudad de Tacna. Allí son captados migrantes que quieren llegar, a cómo dé lugar, a tierras chilenas. El pago por todo el servicio varía de acuerdo al peligro al que se expone al viajante. “Para migrantes con recursos, que pueden pagar documentos [falsos] y asegurar su ingreso por Migraciones [a través del complejo fronterizo], el costo en promedio es de US$200 por cada uno. Pero hay gente que no tiene esa plata. Si quiere irse por pasos no habilitados, riesgosos, caminar por lo menos por tres horas y exponerse a explosivos, el costo es de US$100”, dice el fiscal.
La primera modalidad se dio hasta que la frontera con Chile estuvo abierta. Con la llegada de la pandemia, los migrantes se han quedado con el cruce por el desierto como única opción.
La mafia tiene a su disposición colectiveros, taxistas y microbuseros. Además de trasladar a las personas hasta la frontera, los transportistas los acompañaban a los hoteles o casas donde se alojan antes de partir hacia Chile. No salen del lugar si antes no habían hecho el depósito.
Uno de estos locales era una casa a la que los fiscales han bautizado como ‘el búnker’. El día del operativo, encontraron a un grupo de extranjeros en este inmueble, a la espera de ser trasladados. “Hemos hallado seis migrantes, entre colombianos y venezolanos. Hemos hallado bastante cantidad de dinero a transportistas y también a un venezolano que formaba parte de la organización”, cuenta Taboada, que estuvo presente en el lugar. Los viajeros estaban a la espera de ser guiados a Chile, a través del peligroso desierto minado.
9 de setiembre. Fiscales especializados en crimen organizado encuentran en un inmueble cercano a la frontera a un grupo de migrantes. Había venezolanos y colombianos.
En un humilde stand del centro comercial Tacna Centro se hacen pasaportes, autorizaciones de viaje de padres de familia, cédulas de identidad de varios países, partidas de nacimiento. Todo documento oficial que sea exigido para cruzar la frontera se trabaja con prolijidad.
En un audio del 10 de enero del 2019, por ejemplo, se le escucha decir a uno de los traficantes: “Mira, acá tengo una venezolana con su hijito y la han regresado de la frontera, por el permiso del papa […] ¿Tú crees que se le puede hacer la autorización, porque le han dicho que vaya a Lima para hacer una”. La persona que le responde es Marcos Aguilar Condori, dueño del puesto U-21 del mentado centro comercial y sindicado como uno de los falsificadores al servicio de esta mafia. “Normal se le puede hacer acá, no hay problema con eso”, dice.
Conversación interceptada entre uno de los coyotes y un falsificador de documentos. El primero le pregunta si le puede hacer una autorización para que un menor viaje. El segundo le responde: “normal, no hay problema con eso”.
Para lograr el ilegal paso por el complejo Santa Rosa, sin embargo, se necesitaba algo más que papeles bien elaborados. Al interior está situada una comisaría que se encarga de fiscalizar la documentación de los viajeros. Todo lo contrario, claro, a lo que habría estado pasando.
El 19 de setiembre del 2019, Enoc Villanueva -uno de los acusados- conversó con un migrante y le dijo que la policía del complejo Santa Rosa le había cobrado a unas personas que lo antecedieron en el intento de cruzar la frontera. “Escúchame bien. Acá los tombos en Santa Rosa les han cobrado la plata a los muchachos, el caña [el chófer que traslada a los migrantes] me está voceando. ¿Cuánto me estás dando tú? Cuenta, cuenta, cuenta”, le comentó.
La fiscalía puso en la mira a un agente en particular, el suboficial José Luis Camargo. Según los investigadores, Camargo se encargaba de “hacer una mala revisión de los documentos necesarios para su tránsito y salida de territorio nacional, brindándole incluso información a los integrantes de la organización sobre los nombres de los buses y el destino de los migrantes que llegan a la ciudad de Tacna, a fin de que sean captados”.
No era la única ayuda que recibía la mafia en el complejo Santa Rosa. También estaban dos agentes de Migraciones que hacían “un falso control de los viajantes e incluso adulteraban el registro de ingreso y salida”, de acuerdo a la documentación fiscal. En el operativo fue detenido Jorge Belmonte Quispe y fue allanada la celda de Ruddy Peralta Rodríguez, quien desde el año pasado purga prisión en el penal de Castro Castro, en Lima, por el mismo delito. Lo acusaron de ser parte de otra mafia que se dedicaba a mandar menores de edad a Estados Unidos.
Fiscal especializado en Crimen Organizado César Changa Echevarría. Lleva investigando tres años a la mafia de coyotes junto a su colega Evelyn Taboada.
Que los migrantes lograran sortear el control peruano, sin embargo, no era garantía de que lo hicieran también en el puesto de vigilancia chileno, que se encuentra en el mismo complejo fronterizo. Cuando este último los rechazaba, los traficantes proponían falsificar más documentos, como cédulas de identidad. Pero, a veces, incluso eso no era suficiente.
La mafia, como ha explicado el fiscal Changa, tiene una tarifa más barata para quienes decidieran ir por el desierto, a través de caminos no autorizados a los que debían acceder de noche para evitar el control de policías y carabineros. Esta modalidad es la que ha tomado protagonismo a raíz de la pandemia, que derivó en el cierre de la frontera oficial con Chile, pero ya se daba antes. La comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre Luis Quiroga Gutierrez, presunto cabecilla de esta mafia, y uno de sus cómplices al que llamaban Chueco, revela un caso previo:
Quiroga: ¡Oe!, ¿todo bien con tu pasajerita?
Chueco: ¿Qué ha pasado?
Quiroga: ¿Ha pasado tu pasajera ayer o no?
Chueco : La han devuelto won […] Ya le mande por la trocha, ya.
Quiroga: ¿Pero la has llevado o no?
Chueco: No, la han devuelto… ya le mande por la trocha.
La travesía por el desierto puede tener un desenlace mortal, pues implica exponerse a las minas antipersonales que aún se esconden bajo la arena. Según la BBC, se estima que el gobierno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) colocó unas 180.000 minas en zonas fronterizas. No sólo en el límite con Perú, sino también con Bolivia y Argentina. En febrero del 2016, un joven de 27 años murió cuando pisó una de estas, pretendiendo cruzar la frontera peruano-chilena de manera ilegal, a 50 kilómetros del complejo fronterizo Santa Rosa.
“La noche se nos hizo eterna. Era helada. Entre nosotros nos hacíamos calor, pero el frío era insoportable. La fogata no duró prendida ni cinco minutos. Estábamos en un hueco, en lo último de una montaña. Tanto clamar a Dios y él nos escuchó. Llegaron esos motorizados”, dijo una de las víctimas a los medios chilenos.
Comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre el presunto cabecilla de esta mafia y uno de sus cómplices, que le cuenta que ha tenido que mandar a una migrante “por la trocha”. Es decir, por el desierto.
Los carabineros reportan constantemente el ingreso ilegal de personas. El pasado 5 de setiembre, los agentes chilenos sorprendieron en el desierto a 34 migrantes que eran guiados por coyotes de apenas 17, 19 y 23 años.Según el gobierno chileno, entre octubre del año pasado y febrero de este ingresaron de forma irregular a ese país, por las regiones norteñas de Tarapacá y Arica y Parinacota, entre 2.500 y 3.500 personas.
Por su parte, según la Dirección Regional de Salud de Tacna, actualmente hay un aproximado de 3.000 venezolanos y más de 1.000 personas de otras nacionalidades «asentados» en esta región.
Y el tráfico de migrantes está lejos de acabar. En el despacho de los fiscales Changa y Taboada dicen que la organización que acaban de desbaratar no es la única. “En el sur podría haber más de una organización. Es lo que hemos detectado”, asegura Changa.
La trama del caso Cuellos Blancos se complica. El fiscal encargado de la investigación, Jesús Fernández Alarcón, ha desatado una tormenta judicial. En el 2019 solicitó autorización al Poder Judicial para rastrear las llamadas, ubicación y mensajes de texto de celulares de veinte personas relacionadas a la indagación, entre ellos a algunos jueces supremos. Sin embargo, dos años después, en agosto de este año y tras recibir los reportes de los operadores telefónicos, pidió dejar sin efecto el rastreo por un “error en la redacción”. Este innecesario episodio puede costarle caro a Fernández, que ya empieza a abrirse frentes de ataque con sus propios investigados.
El origen de esta historia se remonta a mayo del 2019. Fernández, que es fiscal supremo provisional, pidió en un escrito al juez Hugo Nuñez levantar el secreto de las comunicaciones de doce personas identificadas y vinculadas a la presunta red criminal de jueces y fiscales. Por ejemplo, el periodista Enrique Vidal y el empresario textil Mario Mendoza. Al primero se le atribuye ser un operador de la mafia judicial, mientras que el segundo es considerado un financista y un enlace de la organización.
Mayo, 2019. Documento reservado judicial en el que se accede a la petición del fiscal Jesús Fernández Alarcón para rastrear llamadas, mensajes de texto y ubicación de veinte teléfonos.
Adicionalmente, en el mismo documento, Fernández solicitó identificar a los titulares de veinte teléfonos móviles sin argumentar el porqué. De esos números demandó también conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El juez Nuñez accedió al pedido en un documento reservado que Sudaca pudo revisar.
Las compañías de telefonía celular América Móvil (Claro), Entel y Telefónica (Movistar) enviaron, en un lapso de dos años, los nombres de los titulares de los veinte teléfonos y un registro histórico de las llamadas de esos números. Los operadores comunicaron al fiscal que los números pertenecen, entre otros, al actual juez supremo Héctor Lama, al exjuez supremo Martín Reyes; a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila y Julio Gutiérrez Pebe; al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; y a los abogados Julio Severino y José Castillo Alva.
Cuadro elaborado por la Fiscalía que consigna el reporte enviado por América Móvil sobre seis personas rastreadas, entre ellas el juez supremo Héctor Lama More, en el marco del caso Cuellos Blancos.
Al juez supremo Héctor Lama le rastrearon sus llamadas y mensajes de texto desde julio del 2015 a julio del 2018. Su teléfono pertenece a la compañía Claro, que envió la información en septiembre del 2019. Desde entonces ese reporte está en poder del fiscal Jesús Fernández. Las pesquisas del fiscal Fernández apuntaron a Lama por la conversación pinchada que tuvo con César Hinostroza, en la que el exjuez que se fugó a España solicitaba apoyo para el traslado de una jueza de Áncash a la sede judicial del Callao, el reino del famoso ‘hermanito’. “El caso [se refiere a su comunicación con Hinostroza] se desestimó porque el pedido que me hizo no fue atendido”, dice Lama.
El asunto es que el fiscal Fernández no tiene competencia para investigar jueces supremos, según reconoce él mismo. Solo puede ver los casos de jueces y fiscales superiores, mientras que los fiscales Magaly Quiroz y Carlos Cabrera ven los asuntos de autoridades de menor jerarquía. El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es el encargado de abrir las pesquisas de los jueces y fiscales supremos salpicados en la trama.
Lama, quien el año pasado postuló a la presidencia del Poder Judicial, mostró su sorpresa al saber que sus comunicaciones han sido rastreadas. “No lo sabía. Me sorprende. No quiero especular sobre las razones pero averiguaré”, dice Lama.
Otro teléfono rastreado ha sido el del exjuez supremo Martín Hurtado Reyes. El registro de llamadas del celular de Hurtado, de la compañía Telefónica, abarcó el periodo que va de julio del 2015 a julio del 2018, cuando aún ocupaba un puesto en lo más alto de la judicatura. Hurtado Reyes estuvo en el punto de mira por solicitar a Hinostroza, en un diálogo interceptado, acelerar la elevación de un expediente a la Corte Suprema. En mayo de este año la Junta Nacional de Justicia decidió destituirlo por “haber faltado a su deber de mantener una conducta intachable en todo momento”.
Tras enterarse de que sus llamadas fueron rastreadas, Hurtado le salta al cuello a Jesús Fernández. Una muestra del frente de ataque que el fiscal se ha abierto. “Esa investigación se va a caer en algún momento porque se obtienen pruebas ilícitas. Tiene que ser la fiscal de la Nación y no otro fiscal la que solicite las interceptaciones telefónicas de los supremos”, dice Hurtado.
El fiscal Fernández terminó de recabar la información de las empresas de telefonía en febrero del 2021. Demoró seis meses, hasta agosto del 2021, en pedir al juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez, que dejara sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones. Y prefirió no entrar en detalles en su escrito.
En cambio, fue en una exposición interna -que quedó plasmada en un documento al que Sudaca accedió- donde Fernández sustentó su pedido ante el juez Nuñez. Dijo que hubo un “error en la redacción”. Y, en ese sentido, demandó anular la autorización para rastrear las llamadas, mensajes y ubicación de veinte personas. No dio detalles del contenido de los mensajes de texto ni con quienes cruzaron mensajes los titulares de las veinte líneas telefónicas.
17 de agosto, 2021. Exposición del fiscal Jesús Fernández Alarcón en el que argumenta que por un “un error en la redacción” pide dejar sin efecto el rastreo de llamadas, autorizado en el 2019, en el marco del caso Cuellos Blancos.
Fernández, acompañado de la fiscal adjunta Fany Quispe, argumentó que la información “se encuentra en cadena de custodia y no ha sido utilizada en la presente investigación”.
En otro punto de la exposición, además, indicó que ha coordinado con oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para “eliminar de su sistema” la información de algunos personajes que integran la lista de los veinte, como la del abogado Julio Severino y Alberto Vega Marroquín, exgerente general del Poder Judicial, por no tener investigaciones abiertas.
“No tengo ningún conocimiento. No me han notificado”, dice a Sudaca el abogado Julio Severino, testigo en el caso Cuellos Blancos.
Una fuente que conoce al dedillo los entresijos del expediente dice que el fiscal Fernández “salió a pescar peces gordos” y que ahora quiere borrar las huellas de sus acciones. “El problema es que busca rectificar dos años después y no a los meses o semanas. Eso no se ve bien”, dice la fuente.
Al ser consultado por Sudaca, el fiscal Jesús Fernández Alarcón respondió que tomó la medida de dejar sin efecto el rastreo de las llamadas porque el secreto de las comunicaciones de algunos de los personajes ya había sido levantado en otras carpetas del megacaso de corrupción que está a su cargo. “Estamos haciendo los pronunciamientos finales y no queremos tener problemas en el juicio. Algunos números ya los teníamos en otros casos. Ese ha sido el problema. Estamos saneando eso para llegar a juicio sin ningún problema.”, dice Fernández.
Sus propios investigados ahora lo acusan de violar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. “Es realmente increíble. De ahora en adelante los fiscales pueden pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, procesar la información, saber todos los pormenores de la vida íntima de la persona y luego hacerse de la vista gorda, dejar sin efecto. Es gravísimo”, dice el abogado José Castillo Alva.
Castillo, vale recordar, es considerado por el fiscal Jesús Fernández como el cerebro de la red tejida en la corte del Callao para favorecer a los “hermanitos”.
El retroceso del fiscal Fernández puede provocar una avalancha de quejas de las personas rastreadas, según una fuente relacionada al caso Cuellos Blancos. Y es que la resolución que autoriza el rastreo, emitida en el 2019, no da argumentos, lo que pone a Fernández en la mira de sus investigados, de acuerdo al especialista consultado. “El rastreo tiene que tener una justificación y los afectados pueden exigir al fiscal y al juez que expliquen la razón por la que sus teléfonos fueron rastreados. Es evidente que han pedido dejar sin efecto para no notificar a las partes, para que no se enteren”, dice la fuente.
“El rastreo no se ha hecho con la intención de espiar a nadie, sino de obtener información relevante para la investigación. No hay ningún delito que el fiscal haya generado, pero sí podría existir una infracción administrativa que podría generar una sanción contra el fiscal. Él está reconociendo que ha actuado negligentemente en sus funciones. Podría tener un llamado de atención”, dice, por su parte, la abogada penalista Romy Chang.
La bronca entre las partes anuncia una tormenta judicial en la recta final de la investigación y con miras al inicio del juicio de este emblemático proceso.
