Informes

Según los más recientes rankings internacionales, el Perú se encuentra entre los últimos puestos de los ‘Países con los Mejores Sistemas de Atención Sanitaria’. El informe de la revista CEO World resalta en rojo aspectos críticos como la infraestructura, la competencia profesional, la poca gestión y la escasez de medicamentos. Si le sumamos que entre enero y septiembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) registró más de 50.000 denuncias de pacientes que denunciaron vulneraciones a sus derechos en establecimientos de salud estatales. 

Y el desabastecimiento de aproximadamente 30,700 medicamentos esenciales en hospitales y centros de salud a nivel nacional agrava aún más la situación y el ministro César Vásquez la ha venido negando. Además, se reportan pérdidas millonarias debido a medicamentos vencidos, cobros indebidos e irregularidades en construcciones y mejoras de establecimientos médicos. Estos problemas evidencian una profunda incapacidad y corrupción en todos los niveles.

Durante el mensaje ante el Congreso de la República del pasado 28 de julio, la jefa de Estado le dijo a la ciudadanía que en abril el gobierno lanzó el ambicioso Plan Hospitales Solidarios, que busca construir once modernos centros de salud especializados a nivel nacional, a saber, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital Nacional Sergio Bernales y Hospital Nacional Víctor Larco Herrera; también el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y, finalmente, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Hospital Goyeneche de Arequipa, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. A decir de la presidenta, todos esos proyectos se encuentran en formulación o en etapa de expediente técnico. Contraria a la opinión de la primera mandataria, los periodistas especializados y los políticos de oposición opinan que el listado presentado este 28 de julio es una copia exacta de los ofrecimientos realizados en julio pasado, no habiendo avance alguno en ninguno de los centros de salud prometidos.

En medio de las voces de protesta por las promesas no cumplidas, muchas de las cuales se repiten en el mismo tono y con la misma intensidad que el año pasado, pocos son los críticos que se atreven a ponerle su firma a las protestas de ayer y de hoy.

Uno de esos pocos es el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía, quien en su momento fue uno de los funcionarios más repudiados de la administración del expresidente Martín Vizcarra.

 “Como consecuencia de la escasísima inversión durante los gobiernos del expresidente Pedro Castillo y del suyo propio, no hubo durante los años anteriores dinero suficiente para la construcción de hospitales. Por tal razón, debemos saber que la mayor parte de los hospitales anunciados durante el mensaje al Congreso de la República el pasado 28 de julio ya están presupuestados y casi todos financiados”, nos dijo en entrevista telefónica el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía. 

“Un altísimo porcentaje de ellos tiene problemas de ejecución, pues una vez que se aprueba el presupuesto, se tienen que ejecutar los fondos. De hecho, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte este año solamente ha ejecutado una cifra cercana al 40% del dinero destinado para inversiones en salud; entonces, en realidad lo que la mandataria anunció en materia de salud pública en el acto oficial más importante de nuestras Fiestas Patrias, fue la construcción de hospitales cuyos proyectos ya son viejos, y se está buscando nuevas modalidades para su ejecución a través de alianzas con otros países. Y, en realidad, lo que no se ha dicho es que la ejecución es muy baja y la velocidad de su implementación es muy lenta, excesivamente lenta. ¿Bueno, entonces porqué se demoran tanto tiempo en ejecutar esas obras? Porque tenemos un enorme problema de gestión. Como usted sabe, no solamente hay un problema en la ejecución de las obras, sino que además estamos ante una gigantesca crisis de desabastecimiento de medicamentos: hay un retraso en la ejecución de los programas presupuestarios; ese es un problema de la des capitalización masiva que ha tenido el Ministerio de Salud durante la gestión del actual ministro (César Vásquez), quien prácticamente ha rifado los puestos de alta gerencia pública a partidarios de la alianza con sus correligionarios, con el fujimorismo y con los compadres y amigos que se suman a cada nueva gestión ministerial. Actualmente estamos pagando la mencionada des capitalización, porque la falta de experiencia y de conocimiento se terminan reflejando en una baja ejecución del gasto, problema que estamos viviendo, por ejemplo, en la compra tardía y extemporánea de medicamentos”.

 ¿La des capitalización que usted menciona empieza con el gobierno de la señora Boluarte o tiene sus orígenes en gobiernos anteriores?

La primera fase fue durante el régimen de Pedro Castillo, quien presionado por la organización de Perú Libre retiró al ministro Hernando Cevallos y puso en su reemplazo a Hernán Condori, el cual fue reemplazado por Jorge López y este, a su vez, por Kelly Portalatino. Estos últimos duraron tan poco tiempo que no pudieron hacer cambios significativos en el sector. César Vásquez ha estado como titular del portafolio durante poco más de un año, y lo ha aprovechado para realizar cambios significativos en su gestión, muchos de ellos -sobre todo- en el centro nacional de recursos estratégicos del Ministerio de Salud, donde se decide qué comprar, cuándo comprar y a quién comprar. Esa es la razón que explica, en gran medida, la altísima rotación de sus funcionarios, a tal punto que en la dirección encargada de esas compras ha habido cinco funcionarios distintos en menos de un año.

 A eso se debe, también, la dejadez o la poca eficiencia del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), el cual demora más tiempo del estimado en realizar los expedientes técnicos para la construcción de los hospitales del MINSA. 

Bueno, en realidad hacer infraestructura sanitaria en nuestro país es un tema muy complejo, toda vez que no solamente hay que identificar la magnitud de la obra y hacer el expediente técnico, sino también enfrentar las presiones de carácter político que se ejercen sobre los funcionarios del Ministerio: todos los gobernadores regionales quieren tener hospitales de 80 camas en todos los distritos de su región, todos quieren equipamiento de alta tecnología para poblaciones pequeñas. Entonces, para comenzar, esa negociación ya es compleja desde antes de poner los cimientos de los hospitales. A partir de ahí hay que iniciar una serie de trámites burocráticos sobre las dimensiones del proyecto, a continuación hay que hacer el expediente técnico, cuando se tiene ese expediente hay que tener la habilitación del terreno, cuando todo eso está saneado, recién se pone a disposición del sector correspondiente para hacer la licitación. En esa licitación también hay problemas, porque el ejecutor de la obra es una empresa privada que subcontrata privados, los cuales, además, tienen que honrar los contratos que tienen entre ellos. Por ejemplo, tomemos el caso del Hospital de Chincha, que está paralizado por un lío entre privados: uno no le cumple a otro, y se van al Poder Judicial y se estanca la obra. PRONIS fue creado para acelerar los procesos, pero también en el PRONIS ha habido más de media docena de directores en el último año. 

Derechos y obligaciones de un Estado 

Desde la creación del Estado Moderno, los gobernantes de turno de ese Estado tienen una serie de obligaciones, que van desde el cuidado de las fronteras nacionales y el monopolio del uso de la fuerza hasta la provisión de educación y de salud de todos los ciudadanos o súbditos. Para conseguir los recursos necesarios para cumplir con dichas obligaciones, los gobernantes de turno establecieron un conjunto de impuestos con la finalidad de financiar todas las tareas suscritas en las normas y en las leyes por los gobernantes y los gobernados.

En los países exportadores netos de petróleo y de otras materias primas, donde los superávit superan largamente a los déficit, los presupuestos nacionales están financiados con largueza y los ciudadanos viven sin sobresaltos. Caso contrario, los gobiernos tienen que acudir a los mercados de capitales para conseguir cómo financiar los presupuestos. Cuando ese ejercicio tiene que repetirse año tras año, es necesario tomar medidas correctivas, ya sea en la recaudación de impuestos, en el control del gasto público o en una combinación de ambos.

Por esa razón, prometerle a sus conciudadanos la construcción de uno o varios hospitales de alta complejidad, no solamente es demagógico e imprudentes, sino que roza con la mentira.

Cuando además de las tareas urgentes en salud, los gobiernos tienen la obligación de atender las demandas de seguridad pública y de proveer una educación de calidad, nos encontramos en una situación complicadísima. Situación que ya hemos enfrentado en varios momentos del pasado reciente, en los cuales sufrimos inflación, recesión o una mezcla de ambos males.

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Sudaca conoció la historia de Karen Serrano, una joven médica del Hospital Loayza que vivió una historia de terror y acusa a un colega por haberle provocado un aborto en contra de su voluntad.

Para Karen Serrano Carmen, una médica de 31 años, la posibilidad de ser madre llegó a su vida de forma inesperada. Tan pronto como supo la noticia, Karen le dedicó a su embarazo toda la atención y cuidados posibles para que la llegada de su primer hijo se de en las mejores condiciones posibles.

Sin embargo, lo que parecía ser una experiencia marcada por la felicidad terminó con un trágico desenlace, una denuncia de por medio y una historia que ha marcado de la peor manera la vida de esta joven médica del Hospital Loayza. Sudaca conversó con Karen Serrano para conocer los detalles de lo que habría sido una maternidad arrebatada.

LA INICIO DE UN VÍNCULO FATAL

En febrero del 2023, Karen Alejandra Serrano Carmen y Bruno Favio Rodríguez Sánchez, dos jóvenes médicos del Hospital Loayza, se conocieron en su centro de trabajo. Aprovechando las coincidencias en los horarios, Serrano y Rodríguez tuvieron la oportunidad de pasar tiempo juntos y, dado que existía una buena relación entre ambos, no tardaron en frecuentarse fuera del ámbito laboral.

Como podría ocurrir con cualquier otra pareja joven,  Karen y Bruno empezaron a mantener relaciones sexuales a las semanas de haberse conocido. Sin embargo, fue en ese momento que ocurrió un hecho que no estaba en los planes de estos médicos. En abril del año pasado, Karen Serrano se realiza una prueba y descubre que estaba embarazada.

Si bien no se trataba de un embarazo planeado, Serrano no tenía problemas en continuar con este. No obstante, Rodríguez Sánchez tuvo otra postura al enterarse de la noticia. “Me dijo que no quería que yo lo tenga”, cuenta Karen Serrano con respecto al día en que le contó que se encontraba esperando un hijo y agrega que ella nunca consideró la posibilidad de abortarlo.

Cristian Rebosio

Esta discrepancia llevaría a que el vínculo entre ambos cambie. “Si lo vas a tener, pero no voy a estar contigo”, fueron  otras de las palabras que, acorde a lo relatado por Karen Serrano, le dijo Bruno Rodríguez en aquella oportunidad que le contó del embarazo. Pero, además, Karen cuenta que Rodríguez empezó a tener un trato cruel hacia ella e incluso le decía que siempre amaría a una pareja que tenía en Chimbote y, posteriormente, se produjo un distanciamiento.

Sin embargo, a finales de abril, fue el propio Rodríguez Sánchez quien propició un reencuentro en el cual le haría una propuesta inesperada. “Me pidió disculpas por la forma en que me trató y me dijo para empezar de nuevo”, relató Karen Serrano a Sudaca. “Yo le dije que no era necesario que estemos juntos y que iba a tenerlo sola, pero que se haga responsable del 50% de los gastos”, agregó.

Aunque el trato de Rodríguez hacia Serrano había mejorado, Karen, analizándolo a la distancia, pone especial atención en un detalle sobre la conducta del padre del hijo que estaba esperando. “Como me había dicho que íbamos a empezar de nuevo, yo empecé a hacerle preguntas. Le pregunté si le había contado a sus padres o a sus hermanos y si había pensado en algún nombre para el bebé”, explica la médica del Hospital Loayza.

Pero la respuesta de Bruno siempre era negativa para todo lo que preguntaba Karen y no mostraba mayor interés en el embarazo ni planes a futuro. Karen, en sus declaraciones, revela que ella intentaba evitar los conflictos con Bruno debido a que iba a ser el padre de su hijo. Aunque, a estas alturas, este intento de retomar el vínculo no mostraba a Rodríguez Sánchez muy interesado en el embarazo.

UNA NOCHE DE TERROR

Como parte de lo que supuestamente era un intento de retomar el buen vínculo entre ambos, el 20 de mayo del año pasado, Karen y Bruno se encuentran y acuden esa noche al hotel “Sebastian Inn”. Durante su estancia, los dos médicos mantuvieron relaciones sexuales, aunque Karen notó algunos detalles sospechosos y describe la actitud de Bruno Rodríguez, a lo largo de aquella noche, como “distraído y súper nervioso”  incluso desde antes de entrar al hotel.

Además, Karen se percató que Bruno llevaba en sus manos una botella de agua, algo que no era usual en él y que se puede observar en las siguientes imágenes. Dentro de las instalaciones de este hospedaje ubicado en el distrito de Lince, Bruno Rodríguez tuvo otras actitudes inusuales que ahora despiertan las sospechas de Karen sobre sus verdaderas intenciones. “Entran dos llamadas a su celular y me dice “es mi mamá”. Él nunca me había dado explicaciones sobre sus llamadas”, relata Karen y agrega que, pese a que nunca habían usado preservativos en sus encuentros sexuales y que ella ya estaba embarazada, aquella noche esto sí fue propuesto por Bruno.

En medio de lágrimas, Karen Serrano le relató a Sudaca que aquella vez no mantuvieron relaciones sexuales de la manera que acostumbraban sino que, en un momento de la noche, Rodríguez Sánchez intentó introducir sus dedos en su vagina al mismo tiempo mientras la penetraba. “Me introduce el pene y el dedo al mismo tiempo. Ahí es cuando siento algo raro y le digo “¿qué estás haciendo? me duele””, cuenta Karen.

Esa misma noche, Rodríguez y Serrano abandonaron el hotel y partieron cada uno con rumbo a sus respectivas viviendas. Fue justo cuando Karen llegó a su casa que empezaría la experiencia más traumática de su vida. “Me acuesto en mi cama y, como a los veinte minutos, empiezo con dolor abdominal y escalofríos. Sentí como unos calambres en la espalda, pero no eran escalofríos de fiebre”, explica.

La noche sólo empeoraría para Karen y en las horas siguientes padeció constantes episodios de diarrea. En la mañana del domingo, la salud de Karen no mejoraba y, tras consultarle al doctor que había seguido su embarazo y una amiga residente en ginecología, optó por acudir, en compañía de su madre, al Hospital Carlos Alcántara Butterfield de La Molina.

Cuando llegó a este establecimiento de salud, le indicaron que se dirija al tópico de ginecología. “Cuando estaba caminando sentí una explosión de sangre”, detalla Karen Serrano, quien tuvo que ser llevada en silla de ruedas por el personal de seguridad del hospital para ser revisada en el área de ginecología.

“Me empiezan a hacer una ecografía, me muestra el monitor y me dice “tiene latidos cardiacos en 169. Lo que tienes es una amenaza de aborto”. Yo le preguntaba  “¿Por qué si el martes me habían hecho mi ecografía y estaba todo bien?””, contó Karen sobre los dramáticos momentos que vivió aquel domingo. Segundos después, explota el líquido amniótico y el feto que tenía entre diez y once semanas es expulsado mientras todavía estaba vivo.

¿UN CRIMEN PREMEDITADO?

Pero el triste desenlace, además de dejarle a Karen una experiencia amarga, también dejaba una serie de dudas. Durante el seguimiento que Karen Serrano le hizo a su embarazo, acompañada de un especialista, en ningún momento se había mencionado la posibilidad de un aborto espontáneo o que su embarazo esté en riesgo.

En medio de esa búsqueda de respuestas, Karen encontró que lo vivido aquel domingo encajaba perfectamente con los síntomas que experimentan aquellas personas que consumen Misoprostol, un conocido fármaco utilizado para inducir al aborto. Fue en ese momento cuando ella empezó recordar de forma cuidadosa diversas situaciones que había vivido horas antes del desenlace fatal y llegó a la conclusión que habría sido el propio Bruno Rodríguez Sánchez quien le provocó el aborto.

Cristian Rebosio

“Él lo planificó. Se hizo el que se preocupaba”, cuenta Karen sollozando al enfrentarse a lo que habría sido un aborto planificado por el padre de su hijo y sin su consentimiento.  Uniendo la información sobre el Misoprostol y lo ocurrido aquella noche en el hotel de Lince, Karen señala que Rodríguez Sánchez le habría introducido el fármaco vía vaginal, una modalidad de uso constatada por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, cuando le introdujo un dedo al mismo tiempo que su miembro.

Cristian Rebosio

Serrano señala que el inusual nerviosismo que observó por parte de Rodríguez Sánchez durante el encuentro que tuvieron el 20 de mayo podría haberse debido a que estaba en marcha un plan para provocarle un aborto. Con respecto al día en que perdió a su hijo, Karen también recuerda que “él (Bruno Rodríguez) llega al tópico y no le preguntó al ginecólogo qué había pasado ni por qué” y que, la noche previa, Rodríguez le ofrece una botella con agua que contenía pequeñas partes blancas que, acorde la versión de Serrano, serían Misoprostol.

Tras reconstruir las horas previas y posteriores a la pérdida de su embarazo, relacionarlas con el notorio desinterés del médico de veintiocho años por el desarrollo de dicho embarazo y tomar en cuenta el periodo de efecto del Misoprostol que coincide con el tiempo entre su encuentro con Bruno y el desenlace fatal, Karen Serrano decidió denunciar a Bruno Rodríguez López y el 26 de junio del 2023 se dispuso que se diera inicio a la diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. 

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En este documento, al que tuvo acceso Sudaca, se puede leer que el aborto sin consentimiento puede llevar a que el culpable recibe una pena privativa de la libertad no menor de tres años ni mayor de cinco.

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Sudaca también pudo acceder a las declaraciones que Bruno Rodríguez brindó cuando fue citado. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, Rodríguez alega que Karen Serrano lo denuncia por encontrarse en un estado de luto y no encontrar respuesta a lo que ocurrió con su embarazo.

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En estas declaraciones, Rodríguez reconoce haber señalado que no quería tener un hijo con Karen Serrano y que usó los dedos durante el acto sexual, tal como lo señala el relato de la denunciante. Sin embargo, Bruno Rodríguez agrega que esto último lo hizo a pedido de ella y, aunque reconoce que le ofreció la botella de agua, niega que esta haya contenido una coloración blanquecina que, según lo contado por Karen, sería Misoprostol que le añadió a la botella mientras ella se bañaba.

Cristian Rebosio

Sudaca se comunicó con el abogado del médico Bruno Rodríguez, Mario Rodríguez, quien señaló que  Karen Serrano “lo que hace es injuriar a mi representado”. El letrado alegó que, debido a que el caso está judicializado, no podría brindar entrevistas.

Por otro lado, Mateo Oliart, quien actuó como asistente del abogado principal Carlos Mejía y fue delegado para responder a Sudaca, hace énfasis en que el aborto que sufrió Karen Serrano, acorde al certificado médico legal, no fue un aborto espontáneo y solamente pudo ser inducido por un fármaco.

“Si Karen aborta a las once de la mañana, ¿con quién estuvo a las once de la noche del día anterior? Como él (Bruno Rodríguez) mismo corrobora, estuvo con ella hasta las once y media del 20 de mayo”, explica Oliart y agrega que el Misoprostol debió ser suministrado aproximadamente doce horas antes, periodo de tiempo que coincide con su encuentro en el hotel con Rodríguez Sánchez.

Cabe señalar que esta búsqueda de justicia también se ha encontrado ante varias demoras debido a constantes ampliaciones de las diligencias preliminares. Si bien inicialmente el plazo máximo que se otorgó en junio del año pasado era de sesenta días, a inicios de septiembre y finales de octubre se dieron dos nuevas ampliaciones por sesenta días cada una y se dio una tercera y por el mismo tiempo en enero del presente año.

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Aborto, denuncia

Próximos a cumplirse cuatro meses del asesinato de Santiago Guardamino, hemos seguido de cerca cada una de las diligencias que llevó a cabo en vida contra la empresa Arguelles. La justicia que buscaba Guardamino ha empezado a materializarse. Entre los logros más significativos, se ha conseguido rectificar la sentencia contra Abel Mosquera, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán.

Guardamino dedicó su vida a luchar contra las irregularidades y abusos perpetrados por Industrias Arguelles y su red de colaboradores. Sus investigaciones revelaron una serie de actos fraudulentos que comprometían no solo la integridad del medio ambiente, sino también la salud y bienestar de los comuneros. La rectificación de la sentencia contra Mosquera es un paso importante hacia la justicia, reconociendo el daño causado a la comunidad y la valentía de Guardamino.

Los rollos del problema

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha operado un vertedero de residuos conocido como «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en terrenos obtenidos de manera fraudulenta de la Comunidad Campesina de Quipán. Este proyecto ha generado múltiples denuncias de parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido a los daños ambientales y a la salud de los residentes. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que eventualmente le costó la vida.

Benjamín Zevallos
Inicio de la investigación de la comunidad de Quipan sobre la compra-venta

Quipán

Para evitar que la comunidad recuperara los terrenos mediante un juicio de nulidad del acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago de un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.

El asesinato de Guardamino ocurrió un día antes de que acudiera al Ministerio Público para declarar sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su muerte sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera presentar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles, incluyendo una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia estaba dirigida contra:

  • Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
  • Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
  • Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán
  • Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.
Benjamín Zevallos
Sobre los investigados en el caso de la comunidad de Quipan

Sobre los investigados en el caso de la comunidad de Quipan

En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.

Benjamin Zevallos

La documentación presentada por Guardamino mostraba que los 600,000 soles se pagaron mediante un cheque de gerencia, lo cual, según él, formaba parte de una estrategia para ocultar el verdadero valor de las tierras y beneficiarse ilegalmente a expensas de la comunidad.

La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una pérdida trágica para su familia y comunidad, sino también un golpe significativo a la lucha por la justicia y la transparencia en Quipán. Este asesinato plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos frente a la corrupción y el poder corporativo. 

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Arguelles, Empresas, Limpieza, Quipan

Contrataciones de excandidatos, favoritismos, trabajadores sin experiencia y hasta un involucrado en ascensos ilegales en la Policía son parte de la renovación laboral en la Municipalidad de La Victoria. Sudaca revisó los documentos que exponen una táctica que se repite en los distritos bajo la administración del alcaldes de Renovación Popular.

El partido Renovación Popular se ha visto inmerso en polémicas casi desde su nacimiento y sus representantes, como el alcalde López Aliaga y quienes llegaron al Congreso de la mano de esta agrupación, han acaparado portadas en más de una oportunidad por su cuestionable accionar. Pero estos no serían los únicos funcionarios celestes cuyo trabajo despierta sospechas.

Junto con la popularidad de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales del 2022, muchos representantes de su movimiento político salieron victoriosos. Entre ellos se encontró Rubén Cano Altez, quien postuló y ganó la alcaldía del distrito de La Victoria.  Sudaca revisó documentos correspondientes a las designaciones hechas desde su llegada al cargo y encontró una lista de personajes que ponen en duda el criterio y filtros usados antes de abrirles las puertas de esta municipalidad.

UN ACTO DE SOLIDARIDAD

Si bien es indiscutible que en Renovación Popular recuerdan con nostalgia las épocas pintadas de amarillo junto al exalcalde Luis Castañeda Lossio, tal como lo demostró el propio Rafael López Aliaga cuando develó una estatua en honor del exburgomaestre limeño, para el presidente de este partido resultó inevitable cambiar el nombre y los colores de su partido tras el estrepitoso fracaso en las elecciones parlamentarias del 2020.

Sin embargo, pese a que el partido intentó mostrarle al electorado que los aires de renovación habían llegado, la historia de Solidaridad Nacional no quedó en el olvido y un ejemplo de ello se puede encontrar en La Victoria. Por ejemplo, se puede encontrar que, entre las designaciones hechas por la actual gestión, se incluyeron a personas que fueron candidatos de Renovación Popular en la época que todavía usaban el nombre de Solidaridad Nacional.

Uno de los beneficiados fue Álvaro Maguiña Ballón. Como se recuerda, el exconductor del histórico noticiero “24 Horas” intentó, sin éxito, llegar al Congreso en 2020 de la mano de Solidaridad Nacional. Pese a que el partido cambió de nombre, Maguiña no habría dejado de ser alguien de interés para la agrupación política ahora conocida como Renovación Popular y, en junio de este año, la gestión del alcalde Cano lo eligió para ocupar el puesto de jefe de la Oficina de comunicaciones e imagen institucional. 

Cristian Rebosio 

Otro de los antiguos candidatos del partido amarillo devenido en celeste fue Derliz Factor Guzmán Tejada. El político que, representando al partido de López Aliaga, intentó convertirse en alcalde del distrito de Santiago de Surco en 2018 tampoco quedó en el olvido y fue designado, el pasado mes de abril, como gerente de desarrollo humano en la Municipalidad de La Victoria. 

Cristian Rebosio

ROTACIÓN MUNICIPAL

Entre las designaciones que revisó Sudaca, otro de los aspectos que llaman la atención fue la lista de personajes que han ido rotando por diversas municipalidades que, casualmente, están bajo la administración de alcaldes de Renovación Popular. Entre estos personajes afortunados se encuentra Hugo Fernando Valderrama Chávez.

En menos de un año, Valderrama Chávez ha sido subgerente de Ejecución Coactiva del Servicio de Parques de Lima (organismo de la Municipalidad de Lima), gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de La Victoria y subgerente de Fiscalización y Coactiva Administrativa en la Municipalidad de Barranco.

Cristian Rebosio

Aunque lo más cuestionable sobre Hugo Valderrama se descubrió durante su paso por la Municipalidad de Lima cuando ocupó el cargo de gerente de Fiscalización y Control y, acorde a lo expuesto por Diario Uno, no contaba con especializaciones relacionadas a sus funciones del cargo y ello derivó en un informe de Contraloría el cual señaló que el alcalde contrataba funcionarios sin experiencia. 

Otra de estas rotaciones se observó por partida doble entre las municipalidades de La Molina, en donde el alcalde es Diego Uceda y también integra las filas de Renovación Popular, y La Victoria. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el mismo día que la Municipalidad de La Molina acepta la renuncia de Janet Tatiana Piérola Robles, el 6 de octubre del 2023, la Municipalidad de La Victoria la nombra  gerente de Servicios de Administración Tributaria.

Cristian Rebosio 

En el caso de Jesús Vladimir Zaragoza Velezmoro, además de su cambio laboral entre dos distritos bajo el manejo de Renovación Popular, se puede ver un cambio radical de funciones de un distrito a otro. Mientras que en La Molina era gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional, su llegada a La Victoria fue para que ocupe el cargo de subgerente de Programas Sociales y Salud.

Cristian Rebosio

CASTILLISMO PRESENTE

Aunque Renovación Popular se intenta mostrar como un partido radicalmente opuesto a lo que representa el expresidente Pedro Castillo, la situación parecer cambiar al momento de realizar designaciones. Increíblemente, la administración de Rubén Cano en La Victoria ha incluido a varios personajes ligados de diferentes formas al actualmente detenido exmandatario.

En esta lista aparece el nombre de Eginardo Diego Pérez Chávez, quien fue designado para desempeñarse como subgerente de operaciones de fiscalización en mayo de este año. No obstante, su nombre había adquirido notoriedad mucho antes cuando se supo que Pérez Chávez estaba entre los involucrados en el caso de los ascensos ilegales en la Policía ocurridos durante el gobierno de Castillo Terrores. 

Cristian Rebosio

Acorde al Ministerio Público fueron diez los beneficiados por con promociones indebidas en la Policía y en dicha lista figura el nombre de Eginardo Diego Pérez Chávez. La denuncia constitucional contra el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, indicaba que los involucrados “habrían realizado donativos económicos a favor del entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre veinte mil y cuarenta mil dólares”. En diciembre el año pasado estos generales pasaron al retiro.

La historia de Manuel Tafur Torres, quien hace unos días fue nombrado subgerente de operaciones de fiscalización, también se relaciona con el entorno del expresidente, más precisamente con quien ejerció su defensa legal, Luis Medrano Girón. Acorde a información publicada por el medio Infobae, Medrano Girón había sido incluido por la Fiscalía en el esquema de una presunta organización criminal denominada “Los Terribles de la Impunidad”.

Cristian Rebosio

Pero lo relatado en esta tesis fiscal involucra a Manuel Tafur Torres al señalar que este ofreció dar una coima al juez Emiliano Ramos Álvarez para que emita una resolución de sus conveniencia y este ofrecimiento habría tenido como intermediario a Luis Walter Medrano Girón. 

Si bien la llegada de una nueva administración a una municipalidad supone una serie de cambios, lo que se observa en estos distritos que se encuentran en manos de Renovación Popular parece indicar que en esta renovación laboral estarían primando los favoritismos y se estarían descuidando los filtros al momento de elegir a los nuevos funcionarios. Paradójicamente, cuando Cano Altez asumió la alcaldía, y antes de realizar estas contrataciones, había dicho “yo recibo una municipalidad endeudada, en crisis. Recibo un distrito en rojo, quebrado».

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Durante la Baja Edad Media, periodo que comienza en el año 476 tras el derrumbe del Imperio Romano de Occidente y termina diez siglos después con el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la caída de Constantinopla, el mundo sufre enormes transformaciones económicas, las cuales dan origen al Renacimiento y al comercio fluido entre el Extremo Oriente y las ciudades mediterráneas y flamencas.

El transporte del oro, de la seda y del marfil, entre otras riquezas requeridas por las clases adineradas de Europa Occidental, fomentaron la navegación, el ejército y la marinería profesionales y la industria de los seguros de bienes y transportes.

Siglos más tarde, cuando la China realiza su tránsito del feudalismo al capitalismo burocrático, los jerarcas de esa enorme nación deciden re construir la ruta de la seda, como se le llamó en la Baja Edad Media a la ruta elegida por los mercaderes de esos tiempos para intercambiar las riquezas de Oriente y de Occidente, con beneficios tangibles para los mercaderes, los transportistas, los militares y los dirigentes políticos.

Luego de varios años de crecer a un ritmo vertiginoso, la economía china -convertida por los capitales europeos y norteamericanos en la gran fábrica de manufacturas para el mundo- comenzó un proceso de decrecimiento de ese modelo de capitalización, basado fundamentalmente en la inversión de las compañías occidentales en una economía con una buena infraestructura, una seguridad jurídica a prueba de balas y, principalmente, una extensa e inacabable fuente de mano de obra barata. Además, por cierto, de un mercado de más de mil millones de personas.

Pero como nada dura para siempre, el idilio entre la vieja China y el joven e impetuoso capitalismo occidental ha sucumbido a la guerra comercial entre el gigante asiático y los Estados Unidos, que ya son rivales sistémicos y han ido levantado a lo largo de los últimos años numerosas barreras a los intercambios de bienes, servicios, personas y capitales entre ambos países.

Así las cosas, China cada vez invierte menos en el resto del mundo y el resto del mundo no es que invierta menos en China, sino que directamente está repatriando capitales desde el gigante asiático. A eso se suman la postergación del proyecto del nuevo Canal de Panamá a través de Nicaragua y la cancelación de la carretera transoceánica que uniría el Mar Pacífico y el Caribe colombianos.

Dejando de lado los proyectos que demandan inversiones enormes y dudosas rentabilidades, los jerarcas chinos -conocidos como los ancianos de Pekín- han decidido invertir en los países amigos y vecinos, como Vietnam y los demás integrantes de la comunidad indochina de naciones.

En relación con ese último comentario, la Unión Europea adoptó en 2019 una regulación para restringir la inversión extranjera directa cuando esta ponga en riesgo la seguridad o el orden público, en un intento de poner coto a las acciones de terceros gobiernos para desestabilizar el continente.

Como resultado de estas políticas, basadas en la creciente desconfianza entre Occidente y China, la eficiencia ha quedado relegada frente a la geopolítica como motor de las decisiones, y términos como resiliencia y autonomía estratégica ya definen el nuevo paradigma. Palabras al margen, lo cierto es que la segunda economía del mundo está empezando a aislarse de Europa y de los Estados Unidos… y estos de ella.

Viviana Rodríguez
«Ya lo dijo Napoleón hace 200 años; cuando China despierte, temblará el mundo. Es la economía que más está creciendo dentro de los países emergentes“.

En Perú

China invierte en varios sectores en Perú, destacándose principalmente en finanzas, minería y construcción. En 2020, la inversión china en el sector financiero fue de $370 millones, cifra que casi se triplicó para alcanzar $942 millones al cierre de 2022. En el sector minero, la inversión de China asciende a $157,8 millones.

A pesar de que la mayor inversión se da en finanzas y minería, la presencia de China en el sector de la construcción es muy notable, especialmente debido a su participación en grandes proyectos como el Megapuerto de Chancay. En este sector, China ha invertido $7,2 millones y ha participado en otras obras importantes como las minas Río Blanco y Pampa de Pongo, así como en la Hidrovía Amazónica.

El creciente control de China sobre la infraestructura crítica de Perú ha generado preocupación. Según un informe de The Financial Times, el gobierno peruano no está prestando suficiente atención a los beneficios y amenazas que conlleva la entrega de estos negocios fundamentales al régimen de Beijing. Michael Stott y Joe Daniels informaron que incluso una fuente cercana al gobierno peruano confirmó estas preocupaciones, las cuales fueron comunicadas por Estados Unidos. «El principal problema es que el capital chino ha adquirido electricidad, minería y otras compañías. Geopolíticamente hablando, las inquietudes de EE.UU. estarían justificadas», señaló la fuente.

Alianza Perú-China

En agosto de 2023, el embajador peruano en China, Marco Balarezo, destacó la sólida relación bilateral entre Perú y China, subrayando los fuertes lazos comerciales y de inversión. El embajador de China en Perú, Song Yang, afirmó que China espera que el puerto de Chancay se convierta en el «Shanghái de Perú».

La alianza comercial entre China y Perú ha generado preocupaciones en Estados Unidos, especialmente debido a la construcción de puertos de “doble uso” por parte de China, los cuales pueden servir tanto para el tráfico de carga como para reabastecer buques de guerra de la marina de Beijing.

El tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y China, vigente desde hace diez años, ha facilitado el desarrollo económico mutuo. No obstante, Estados Unidos, competidor global de China, observa con inquietud el creciente protagonismo chino en Perú y Latinoamérica. Según Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es natural que EE.UU. se preocupe por esta situación.

Como decía el gran historiador británico Arnold J. Toynbee, “todos los imperios nacen, crecen, se desarrollan y, finalmente, mueren como consecuencia de sus contradicciones internas y de los acosos externos”. En esa lógica, habría que ver en qué momento de su ciclo vital se encuentran la vieja China, la relativamente madura Europa y Estados Unidos, que nació en una fecha tan cercana como julio de 1776.

Como esos ciclos son diferentes entre sí, y han llegado a niveles de desarrollo similares partiendo de tiempos distintos, es preciso esperar con cautela qué llegará primero: la desintegración de Europa y los Estados Unidos o la autodestrucción de la China milenaria.

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China, Economía, inversiones, Perú

Santiago Guardamino Gonzales, presidente de la Comunidad Campesina de Quipan, fue asesinado el 3 de abril de 2024 a las puertas de su hogar. Este crimen ha conmocionado a la comunidad y plantea serias preguntas sobre los motivos y las personas detrás del homicidio.

Guardamino había asumido la presidencia en un momento crítico para la comunidad, que se encontraba sumida en una crisis tras la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta venta se realizó durante la gestión de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, mucho menor al valor real del terreno.

Frente a esta situación, Santiago Guardamino tomó medidas legales, presentando una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la dirigencia saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, pena que fue reducida a cuatro años de prisión suspendida en segunda instancia. Este caso llegó hasta la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), que debía resolverse después de la declaración de Guardamino programada para el 3 de abril de 2024.

La complejidad del caso se incrementa con la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se desarrollaría en los terrenos adquiridos fraudulentamente. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era crucial, ya que podía resultar en la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, perpetrado con nueve disparos, impidió que pudiera dar su testimonio.

Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un proceso civil para anular la compraventa del terreno, estrechamente vinculado al resultado del caso en la Corte Suprema. La comunidad ahora enfrenta un futuro incierto, con la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.

La muerte de Santiago Guardamino no solo es una pérdida personal para su familia y comunidad, sino que también representa un golpe a la integridad de los procesos judiciales y la defensa de los derechos comunales. La pregunta que queda es: ¿quiénes se benefician realmente de este crimen y cómo se garantizará la justicia para Quipan?

Los rollos del problema

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha estado operando un botadero de basura llamado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en los terrenos adquiridos fraudulentamente de la Comunidad Campesina de Quipan. Este proyecto ha generado una serie de denuncias por parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido al daño ambiental y a la salud de los comuneros. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que finalmente le costó la vida.

Quipan

Para evitar que la comunidad recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago por un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C. Esta empresa es gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.

El asesinato de Guardamino se produjo un día antes de que este acudiera al Ministerio Público para responder sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su asesinato sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera declarar y aportar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles. Entre ellos, una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra:

  • Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
  • Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
  • Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan
  • Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.

En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente las 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.

La documentación presentada por Guardamino revelaba que los 600,000 soles se pagaron mediante un cheque de gerencia, lo que, según él, formaba parte de una estrategia para ocultar el verdadero valor de las tierras y beneficiarse ilegalmente a costa de la comunidad.

La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una pérdida trágica para su familia y comunidad, sino también un golpe significativo a la lucha por la justicia y la transparencia en Quipan. Este asesinato plantea graves preguntas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos frente a la corrupción y el poder corporativo.

Lo que se vino encima de la empresa y la justicia con los vecinos de Quipan

El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó y denegó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, ratificando su condena por el delito contra la fe pública. Esta decisión, originalmente emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, fue en respuesta a las acciones ilícitas cometidas durante la gestión de Contreras, denunciadas por el fallecido Santiago Guardamino.

El asesinato de Guardamino, ocurrido un día antes de su declaración crucial ante el Ministerio Público, subraya la gravedad de su lucha contra la corrupción. Su testimonio tenía el potencial de invalidar el contrato fraudulento y devolver los terrenos a la comunidad, afectando directamente los intereses de Industrias Arguelles y su proyecto «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi».

Quipan 

La comunidad de Quipan confiaba en Guardamino para enfrentar las irregularidades y recuperar la integridad de sus tierras. A pesar de su trágica muerte, la ratificación de la sentencia contra Contreras es un paso hacia la justicia, aunque queda mucho por hacer para proteger a los defensores de los derechos comunales y asegurar que sus sacrificios no sean en vano.

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Arguelles, Perú, Sala Penal

La historia detrás del impresionante ascenso en la carrera de Juan Carrasco Millones y las irregularidades y polémicas que lo acompañaron. 

La sorpresiva llegada de Pedro Castillo a la presidencia tras las elecciones del año 2021 también significó la llegada de nuevos personajes a la escena política nacional y entre ellos se encontraba el ministro Juan Manuel Carrasco Millones, quien estuvo al frente de los ministerios del Interior y Defensa.

Este abogado oriundo de Lambayeque había adquirido notoriedad en 2014 cuando estuvo al frente de un caso que terminó con la detención del entonces alcalde de Chiclayo y cerca de treinta funcionarios de su gestión que eran acusados de estar involucrados en lavado de activos.

Sin embargo, lo que ocurrió en los meses posteriores con este caso y muchos otros que involucraban directamente al fiscal Juan Carrasco Millones terminaron por sembrar un manto de dudas sobre las verdaderas intenciones del exministro castillista al ordenar las detenciones y coordinar operativos de gran impacto mediático.

INTERMIABLES IRREGULARIDADES

Si bien la detención de Roberto Torres, alcalde de Chiclayo, y los que habían sido involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción” había sido tomada por la opinión pública como un golpe a la corrupción y hasta había logrado que la imagen de Carrasco Millones tome relevancia a nivel nacional al punto de pasar de ser un fiscal adjunto a un invitado de diversos programas de televisión, la realidad de este célebre caso escondía un sinnúmero de irregularidades que llevaron a que, años después, se ponga en duda lo que realmente se escondía detrás del operativo.

Uno de los primeros indicios de las irregularidades que habían ocurrido lo dio un funcionario cuyas declaraciones no sólo habían sido tomadas como las de un colaborador eficaz sino que, además, habían sido manipuladas. Jorge Matallana Peralta, quien trabajaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, relató que, usando como amenaza la posibilidad de terminar en prisión, fue forzado a firmar documentos con preguntas que no se le habían formulado.

Juan Carrasco Millones

Pero este no fue un caso aislado. Juan Manuel Valdivia Goycochea fue otro de los funcionarios acusados de pertenecer a la organización criminal y, como a muchos otros, pasó un largo periodo con prisión preventiva. Sin embargo, casi una décadas después, Juan Valdivia no ha sido acusado, aunque eso no cambia que debió pasar cerca de tres años de su vida tras las rejas.

Cuando el propio Valdivia decidió investigar lo que había ocurrido con este caso que le costó su libertad sin estar involucrado encontró una serie de situaciones extrañas en los informes de inteligencia que habían sustentado las detenciones de funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.

El mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden habían sido, supuestamente, los responsables de dichas escuchas. Pero, acorde a la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio.

Cristian Rebosio

A ello se le suma una declaración que data del año 2019 y corresponde a Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL.  Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no se encontraban bajo su mando. 

Cristian Rebosio

No obstante, el informe en cuestión incluía el sello y forma de Farfán Silva. Aunque el detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias de aquel que había usado en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO”.

Cristian Rebosio

OTRO CASO EMBLEMÁTICO BAJO SOSPECHA

Otra de las irregularidades en las que se vio involucrado Carrasco Millones se encontró en el caso que derivó con la detención del  exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y un gran número de funcionarios de su gestión. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo a la alcaldía.

Tras su detención, Monje Sampen brindó una declaración que pocos esperaban. El 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.

Cristian Rebosio

Pero , Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y hasta que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y se jactaban, como de un gran logro, de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.

Cristian Rebosio

Este caso daría un giro inesperado el 28 de enero, cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el nombre del policía que filtraba información. Monje alegaba que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que había surgido en comentarios y, además, afirmó que no conoció a Díaz en persona e ignoraba el rango que ostentaba.

Cristian Rebosio

Si bien estos fueron los casos que llevaron a que la carrera de Carrasco Millones como fiscal tome mayor relevancia, los pormenores que salieron a la luz con el paso de los años demostraron que no sólo ocurrieron irregularidades sino que estas trataron de ser escondidas y que la motivación detrás de estos operativos no habría sido la lucha contra la corrupción.

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Fiscalía, Juan Carrasco

Hablar de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, se ha convertido en el foco de tensiones diplomáticas y denuncias de abandono por parte del gobierno peruano. Según los datos obtenidos, estamos refiriéndonos a una población de aproximadamente 3 mil habitantes, este centro poblado enfrenta desafíos significativos en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Una situación caótica que se extiende por todo el país.

Los residentes de la isla, situada a ocho horas de viaje fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla y a tres días de la capital más cercana, expresan un profundo sentimiento de abandono. Un pescador local destacó la necesidad de mayor firmeza por parte del gobierno peruano ante las humillaciones por parte de autoridades colombianas, subrayando el orgullo de ser peruanos y la urgencia de recibir apoyo para el crecimiento de su comunidad.

Ahora bien, en esta localidad solo existe una escuela, llamada República del Perú, cuya institución carece de suficientes vacantes y material didáctico, obligando a muchos a enviar a sus hijos a estudiar en Leticia, Colombia, o Tabatinga, Brasil. En términos de salud, la situación es crítica, ya que en emergencias los habitantes deben buscar atención en Brasil debido a la falta de personal médico y las constantes inundaciones que afectan el centro de salud local.

Sobre la situación fronteriza

El Ministerio del Interior ha intensificado el control en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia para reforzar la seguridad en esta zona estratégica para el movimiento migratorio. Esta medida responde a recientes eventos que han resaltado la necesidad de una mayor presencia estatal en Santa Rosa. Los pobladores dependen en gran medida de la pesca y la agricultura, enfrentando dificultades para comercializar sus productos. La ausencia de un mercado local obliga a los residentes a consumir productos importados de Brasil y Colombia. La comunidad solicita la construcción de un mercado que permita el comercio en moneda peruana y mejore las condiciones económicas de la isla.

Como en varias partes del Perú, durante la temporada de crecidas del río Amazonas, gran parte de la isla puede quedar inundada. Los residentes necesitan apoyo para mejorar sus viviendas y enfrentar estos problemas recurrentes. Además, a pesar de la proximidad con Leticia y Tabatinga, áreas con alto comercio y turismo, Santa Rosa enfrenta un abandono que afecta su desarrollo potencial.

El personal de la Marina de Guerra del Perú realizó una acción cívica en la isla, brindando respaldo a la población en medio del impasse diplomático. Esta presencia es crucial para que los residentes se sientan respaldados por su país y puedan enfrentar los desafíos diarios con mayor seguridad y apoyo.

Sobre la problemática

El director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenecía al Perú. Por ello, el gobierno emitió una nota de prensa a Colombia en respuesta a estas declaraciones. Las manifestaciones del funcionario colombiano no tienen ni respaldo ni fundamentos, y es que esta isla (situada en Perú) se encuentra también en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ha sido un punto de fricción diplomática. La Cancillería peruana informó que, durante una reunión en Leticia, un funcionario colombiano afirmó que la isla «no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente».

Benjamín Zevallos
Comunicado del Congreso de la República

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al encargado de negocios de Colombia para entregar la nota de protesta, reafirmando los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla. Además, expresó su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de Santa Rosa.

Iván Yovera, alcalde de Santa Rosa, declaró que las afirmaciones del funcionario colombiano fueron sorprendentes e indignantes, especialmente durante una reunión técnica en Leticia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia han estado tensas desde que el Perú retiró a su embajador en Bogotá hace más de un año, en protesta por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia política.

El Congreso de la República también se pronunció, rechazando categóricamente las declaraciones del funcionario colombiano y clasificándolas como una «pretendida usurpación del territorio peruano». El congresista Guido Bellido solicitó acciones de supervisión en la frontera y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional.

Benjamín Zevallos
Acción del congresista Guido Bellido sobre la problemática

Al cierre de este informe se sabe que los dos gobiernos ya se encuentran solucionando esta problemática. Además, se sabe que desde el gobierno se extendieron las disculpas respectivas y, el gobierno peruano se ha visto satisfecho. Sin embargo, esta situación con Santa Rosa abre una serie de problemáticas que llaman la atención del Gobierno sobre sus prioridades

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Cancillería, Colombia, fronteras, Perú

En los mismos territorios donde hoy se matan diariamente sirios, iraquís e iraníes, hace más de cuarenta siglos, los babilonios y los mesopotamios que habitaban dichos territorios durante es época idearon un sistema que beneficiaría a los mercaderes de aquellos tiempos. Dicho sistema, que en nuestro tiempo se conoce como préstamo y aseguramiento, consistía en financiar a las caravanas que transportaban granos y especies de un lado y sedas y joyas del otro.

Según los historiadores, los financistas de tales operaciones entregaban sumas de dinero a los mercaderes, y estos dejaban terrenos, cabezas de ganado y edificios como garantía de la cancelación del crédito. Paralelamente, otros empresarios con iguales pretensiones y similares pedidos de garantías, avalaban las mercaderías, ejecutando las garantías en caso de pérdida de la mercadería, sea por robo, por naufragio o por cualquier fenómeno natural.

El sistema duró en su forma original hasta el Renacimiento, época en la cual las ciudades situadas en el norte de Italia y en los Países Bajos enriquecieron de tal manera que pudieron destinar enormes capitales a la tarea de financiar las caravanas de riquezas procedentes del Este, y protegerlas de pérdidas y de mermas mediante los seguros creados ad hoc.

A partir de entonces, dichas prácticas comerciales se transformaron en industrias dedicas a prestar dinero, a cuidarlo y a transformarlo en nuevo capital de trabajo. De esa forma, las jóvenes industrias se pusieron en la cola de los grandes conglomerados lanzados a la conquista del mundo.

 

Préstamos y seguros: dos industrias seguras

Con la llegada de la Revolución Industrial, el transporte de bienes manufacturados y de combustible sólido y líquido, léase carbón y petróleo, se convirtió en un flujo diario y constante en todos los mares, constituyéndose en un negocio en crecimiento exponencial. Así, mientras los productores de petróleo se consorciaron en un club llamado “Las siete hermanas”, que dominó nuestras economías hasta bien entrados los años setenta, las compañías aseguradoras se dedicaron a expandir sus negocios desde la protección de los navíos y de sus cargas hasta la creación de los seguros de salud, de asistencia médica, de curación y de hospitalización, los cuales convirtieron a ese rubro económico en el más rentable de todos, sobre todo cuando los directorios de los bancos y los de las compañías aseguradoras se entremezclaron, organizándose en verdaderos oligopolios de todos los servicios que tienen que ver con el dinero.

Hace unos días, Mariana Alegre, la periodista especializada en temas urbanísticos dijo en un diario local que, a los dos años de descubrir que una parte de su cuerpo estaba ocupada por un tumor canceroso muy maligno, las medicinas que lo atacaron y salvaron su vida están a punto de ser excluidas de la lista de medicamentos oncológicos, porque las compañías aseguradoras que se comprometieron por contrato a ayudarla a combatir cualquier enfermedad oncológica habían obtenido un fallo judicial que las exoneraba de tal obligación.

“Enfrentarse al cáncer o a cualquier otra enfermedad catastrófica ya es lo suficientemente difícil como para tener que lidiar, además, con obstáculos económicos”, dijo Mariana Alegre en un tuit donde reseña su lucha contra el cáncer y los poderes económicos que impiden que las grandes compañías aseguradoras cumplan con sus contratos.

(Un caso de la vida real)

La salud de don Carlos (60 años) se deterioraba con rapidez. Era cuestión de tiempo para que el cáncer de próstata que lo aqueja tomara rumbos insospechados. Se debía actuar ya, pero tenía un serio obstáculo: el medicamento Olaparib, ordenado por su oncólogo, no estaba disponible para él. ¿La razón? El seguro privado le negaba el producto porque alegaba que “no está incluido en la cobertura de su póliza. 

Claramente, querían desconocer lo que dice la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento, especialmente el artículo 7 y el numeral 7.2, que precisa: “Las Iafas (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) privadas deben asegurar la integridad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguros de salud, incluyendo los tratamientos reconocidos en las guías de prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico”.

Don Carlos buscó apoyo legal y logró que la aseguradora lo escuche. Luego de unos días, esta le ofreció financiar parcialmente el producto, con lo que seguía incumpliendo la ley. El paciente insistió y recién después de amenazar con hacer público el caso, la entidad aceptó comprar el producto, que le permite enfrentar de la mejor manera la enfermedad.

Como don Carlos, hay decenas de pacientes abandonados a su suerte, y podrían convertirse en miles y decenas de miles si no hacemos algo pronto. Muy pronto.

Al menos 21 medicamentos oncológicos aprobados por agencias sanitarias internacionales no están cubiertos por las aseguradoras que venden pólizas de salud en el país. A pesar de que las aseguradoras ofrecen seguros oncológicos integrales, muchos contratos incluyen excepciones que resultan en gastos adicionales de bolsillo para los pacientes y sus familias. Aquí se enumeran algunos de los medicamentos contra el cáncer que actualmente no están cubiertos:

Viviana Rodriguez

En las dos últimas décadas, se han desarrollado innovadoras medicinas contra el cáncer, como terapias biológicas, inmunoterapias y terapias celulares. Esto ha llevado a que los sistemas sanitarios de muchos países evalúen su costo y beneficio para incorporarlas en sus protocolos terapéuticos y compras públicas. Sin embargo, la mayoría de estos fármacos tienen altos precios debido a que son producidos por uno o pocos laboratorios y están protegidos por patentes. Por ejemplo, el costo de cada ampolla de trastuzumab, usada en terapias de cáncer de mama, oscila entre 1.800 y 5000 soles; una ampolla de bevacizumab, prescrita para el cáncer de colon, varía entre 700 y 3300 soles; y la unidad de ibrutinib, usada en tratamientos para leucemia, cuesta entre 500 y 800 soles.

En 2020, el Ministerio de Salud del Perú reconoció en un informe que el país tenía un retraso de 20 años en la actualización de las guías terapéuticas contra el cáncer. Recién en 2023, el Seguro Integral de Salud comenzó a cubrir algunos medicamentos oncológicos innovadores, como el ribociclib, usado contra el cáncer de mama.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en Perú, con tasas de incidencia en aumento tanto en hombres como en mujeres. En 2023, se diagnosticaron más de 70 mil nuevos casos, y se estima que para 2025 más de 81 mil peruanos necesitarán tratamiento y cuidados paliativos.

El costo de una terapia oncológica en Perú sin seguro puede variar entre 200 mil y 450 mil soles, dependiendo del tipo y la etapa del cáncer, una cifra difícil de afrontar para la mayoría de las familias peruanas.

Víctor Palacios Dongo, exdirector de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud, señala que el interés económico del sector privado es la razón por la que algunas aseguradoras no cubren ciertos medicamentos oncológicos innovadores, a pesar de que estos han demostrado su eficacia y cuentan con la aprobación de agencias regulatorias internacionales como la FDA, EMA, y Digemid.

Palacios Dongo se muestra sorprendido de la actitud de las aseguradoras, ya que en otros países sí cumplen con la ley y cubren estos medicamentos. Por su parte, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeps) afirma estar a favor de financiar tratamientos oncológicos, siempre que estos sean certificados.

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