La semana pasada Milagritos Pastor Cáceres, gerenta general de Indecopi, recibió en su despacho a tres conocidas comunicadoras. El lunes 18 la visitaron Raquel Palomino Zárate, exasesora de Fiorella Molinelli en EsSalud, y Rocío Marmanillo Gamarra, productora del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Para la segunda cita, el pasado miércoles por la noche, se sumó a ambas visitantes Dayana Cieza, exreportera de Panorama.
En un oficio interno remitido el mismo día, al que tuvo acceso Sudaca, Rubén Cano, hasta entonces jefe de la Oficina de Promoción y Difusión (OPD) del Indecopi, le informó a la gerencia general de la institución que ni él ni su equipo aprobaron o coordinaron dicha entrevista. Cano presentó su renuncia irrevocable e hizo hincapié en que se habían saltado el procedimiento interno para brindar entrevistas. Este medio se comunicó con el renunciante, pero prefirió no declarar.
Parte del oficio que dirigió Cano a Pastor informándole que no gestionó la entrevista de Palacín en TV Perú.
¿Quiénes entonces habían decido por él? Sudaca se comunicó con las tres asistentes al despacho de Pastor. “Me convocaron a una reunión en la que me ofrecieron el cargo de directora de comunicaciones [se refiere a la OPD], el cual he rechazado”, dijo Cieza. Rocío Marmanillo, sin embargo, dijo “no tener conocimiento” de aquel ofrecimiento. Lo mismo aseguró sobre las coordinaciones para la entrevista de Palacín en TV Perú. No quiso precisar para qué acudieron a la cita.
Lo extraño es que Marmanillo es la productora del programa matinal que conduce Alejandra Puente en el canal del Estado. Y según Puente, fue Marmanillo quien “gestionó” la entrevista con Palacín.
“Toda persona es libre de ir a cualquier institución”, responde Raquel Palomino y niega que en aquellas citas hayan coordinado la entrevista de Palacín en TV Perú. No da más detalles, pero asegura no tener interés en volver al sector público. “Ahorita estoy en el privado. No soy funcionaria pública hace tiempo y no estoy para serruchar el puesto a nadie”, señala.
La última reunión con Pastor, la noche previa a la entrevista de Palacín. Cieza dice que le ofrecieron el cargo de Cano. Otra de las asistentes, Rocío Marmanillo, dice no tener conocimiento de ello. Fuente: Registro de visitas de Indecopi.
Sudaca también contactó a Milagritos Pastor, la gerenta general, quien evitó pronunciarse sobre el tema por estar “atendiendo asuntos personales”.
Un pasado juntas
Pastor, Palomino y Cieza han coincidido antes en EsSalud. Las tres trabajaron el año pasado en la gestión de Fiorella Molinelli. Antes de ser gerente general de Indecopi, Pastor fue la jefa de la Oficina de Integridad del seguro social entre marzo y agosto del 2020, según su declaración jurada de intereses.
Cieza, por su parte, fue subgerente de Prensa, Comunicaciones Audiovisuales y Redes Sociales entre febrero y agosto de este año. Y Palomino trabajó como asesora de la entidad gracias a ocho órdenes de servicio que recibió entre mayo del 2020 y junio del 2021 por un monto de S/209.500.
En una nota de prensa del pasado 11 de agosto, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú calificó a Palomino de “poderosa asesora de Molinelli” y exigió al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, la remoción de varios funcionarios de su cargo, incluyendo a Cieza, al considerarlos parte de la cuota que Palomino dejó en la ORI. Sin embargo, la experiodista de Panorama ya había presentado su renuncia a EsSalud apenas asumió la nueva gestión, como ella misma le indicó a Sudaca.
De acuerdo a una investigación del portal El Foco, durante el paso de Palomino como asesora en temas de comunicación de Molinelli, la ORI se convirtió en una agencia de empleos. El medio señala que el objetivo de EsSalud era mejorar su imagen sin escatimar en gastos. Por ello, durante los meses de pandemia, esta oficina contrató un staff con más de 40 comunicadores. Los pagos a los periodistas que se encargaron de la elaboración de boletines y resúmenes eran en promedio S/8.000 mensuales. Por este hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación que podría terminar en una acusación contra Palomino, ahora visitante del Indecopi, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado.
En la práctica, según fuentes consultadas por Sudaca,Palomino habría sido la verdadera jefa de la ORI. “Al no estar nombrada, si pasaba algo con sus órdenes, no era ella a quien sacan, sino a la directora de comunicaciones [Jessica Maldonado, que ocupó el cargo durante el 2020], quien era una especie de monigote que solo firmaba”, asegura una fuente que trabajó con Palomino en EsSalud y que renunció -dice- por los maltratos que cometía Palomino contra los trabajadores.
Lejos de facilitar el trabajo, los comunicadores llevados por Palomino originaron un ambiente tenso que llevó a varias renuncias. “Si bien las cosas eran estresantes [el año pasado, al inicio de la pandemia], las cosas se manejaban bien dentro de toda la coyuntura. Pero luego vinieron comunicadores traídos por Raquel que volvieron oscuro el ambiente porque eran ellos los que tomaban decisiones por encima de los jefes. Ahí es donde se habló de maltrato y se tomaban decisiones de mala manera. Eso a mí me hizo renunciar”, sostiene otra extrabajadora que pidió reserva de su identidad.
Y luego añade: “Los que nos fuimos no queremos saber nada de ellos, son personas antiéticas que pueden hacer cosas en nuestra contra”. Las personas a las que alude, sin embargo, hoy parecen tener las puertas abiertas en Indecopi.
El pasado 14 de octubre, el Ministerio de Salud presentó con bombos y platillos un protocolo de semipresencialidad, luego de una reunión con los rectores de universidades públicas y privadas. Pero el documento no está terminado, según diversas fuentes del Ejecutivo con las que conversó Sudaca. De hecho, todavía hay reuniones con los rectores para afinar la versión final.
Eso no es, sin embargo, lo que más preocupa a las universidades. Los rectores de las universidades públicas están insatisfechos con el presupuesto que se les ha asignado para afrontar la “nueva normalidad”.
Para Américo Guevara, rector de la universidad Agraria La Molina, las demandas presupuestales para enfrentar el regreso a clases semipresenciales han sido toreadas por el MEF. Así, la adecuación de comedores, bibliotecas o laboratorios se ha quedado en suspenso puesto que no hay recursos.
“Al MEF hicimos requerimientos mínimos para trabajar en condiciones normales bajo la semipresencialidad. El documento final de lo que nos otorgarían lo vamos a tener en estos días, pero es preocupante. Es como si el MEF estuviera interesado en destruir a la universidad pública y no mejorarla”, dice Guevara, también presidente de la comisión de presupuesto de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp).
De acuerdo a esta asociación, 13 universidades públicas tuvieron recorte presupuestal en ‘personal y obligaciones sociales’; 31 fueron recortadas en ‘bienes y servicios’; y 25 en ‘pensiones y otras prestaciones sociales’, de acuerdo al proyecto de ley de Presupuesto remitido al Congreso y cuya fecha tope de aprobación es el 30 de noviembre.
Hasta inicios de este mes, aún durante la gestión de Juan Cadillo, el Ministerio de Educación (Minedu) estuvo pujando por un mayor presupuesto para implementar la semipresencialidad el 2022. Esta cartera había solicitado S/894 millones, pero el MEF solo asignó 87, menos del 10% de lo demandado y menos de 30% respecto a lo otorgado en 2021 para el “plan de emergencia remoto”.
Documento interno del Minedu revela lo demandado al MEF y lo asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2022.
Las cifras quedaron plasmadas en un documento interno del Minedu al que accedió Sudaca. En este se analiza la situación financiera en la que se encuentra el sector para afrontar el retorno a las clases. Se lee, por ejemplo, que la falta de dinero “limita la capacidad del Estado para apoyar la mejora de la formación de los 360.000 estudiantes de las universidades públicas”.
El documento también señala que se puso en riesgo una serie de incentivos para el sistema de educación universitario, como los convenios de gestión mediante los cuales el Minedu transfiere recursos a las universidades públicas, o el Bono del Docente Investigador, lo que afectaría directamente a 500 docentes.
En busca de apoyo, la Anupp dice haberse reunido dos veces con el MEF en setiembre. Según Américo Guevara, en la segunda de esas citas se les dijo que no había nada que hacer porque la ley de Presupuesto ya se había remitido al Congreso.
La Anupp le tocó la puerta ese mismo mes al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Héctor Acuña (APP). Guevara le explicó que era necesario revertir el recorte presupuestal del sector.
El rector también le manifestó su preocupación por la ley 31349 del 18 de agosto, que autorizaba el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas. Aquellos nombramientos estaban en suspenso por la falta de dinero, así que le pidieron intermediar con el MEF para que pudiera reunirse con los rectores.
Acuña dirigió un oficio al ministro Francke el 28 de setiembre en el que se solicitaba la reunión. Esta se llevó a cabo el último viernes por la tarde, entre los rectores y el viceministerio de Hacienda. Una fuente que asistió a dicha cita dice que el MEF se comprometió a “analizar el incremento de partidas”, pero que no hubo un acuerdo concreto.
Consultado el MEF por estos cuestionamientos, señalan que el proyecto de ley del Presupuesto del 2022 se “realizó de manera consensuada con todos los sectores, incluyendo el de Educación”, algo que desde la Anupp desmienten.
El MEF también asegura que se atiende las demandas del sector tanto para la educación a distancia como para el retorno a la semipresencialidad. “El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las universidades públicas para el 2022 para gastos de capital asciende a un total de S/1.002 millones, un alza frente al PIA de 2021 de S/842 millones”, indica el MEF a Sudaca. No señala, sin embargo, cuánto es la partida que le tocará al retorno a la semipresencialidad, que debe salir de este presupuesto general.
UN FANTASMA EN EL MINEDU
Otro punto que genera zozobra es la falta de apoyo de la nueva gestión del Minedu, a cargo de Carlos Gallardo. A diferencia de Juan Cadillo, que estuvo liderando las demandas de las universidades públicas, el nuevo ministro mantiene un silencio sepulcral. De hecho, no ha habido reunión con los rectores a dos semanas de su asunción.
Lo mismo consideran en la Sunedu, una entidad que se ha sentido marginada de las coordinaciones del retorno a las aulas. Fuentes en dicha entidad indicaron a Sudaca que ni siquiera se enteraron de la reunión entre el Minsa y los rectores para afinar los protocolos. Tampoco tienen comunicación con Gallardo.
«Con Cadillo se llegó a tener un diálogo fluido, pero con el nuevo ministro nada. Hace una semana, en la despedida de Cadillo, Gallardo dijo que la línea de trabajo del ministro saliente se mantendría, así como el apoyo a la Sunedu, pero no hemos sabido nada más», indica una fuente de la Sunedu.
El pasado 18 de agosto, en una reunión que sostuvo un equipo técnico del Minedu con el Consejo de Ministros para hablar sobre la estrategia del ingreso universal a universidades -una promesa de campaña de Pedro Castillo-, se explicaron los lineamientos para llevar a cabo esta iniciativa.
Según una fuente presente en la reunión, el ministro de Economía, Pedro Francke, se mostró de acuerdo, pero añadió que también era “importante apoyar a las universidades públicas para la semipresencialidad”. Todo parece, sin embargo, haber quedado en intenciones. ¿Los universitarios? En la incertidumbre.
Setiembre del 2020 es una fecha inolvidable para las arcas de FRC Consultores, la empresa del ahora fujimorista Fernando Rospigliosi. Ese mes, Fuerza Popular contrató sus servicios para elaborar propuestas en materia de seguridad ciudadana. El desembolso, provisto de acuerdo a ley por la ONPE, fue de S/.180.000. Rospigliosi ha señaladoque el trabajo está plasmado en un documento de 400 páginas que hasta ahora no ha mostrado.
Lo que sí es público es el capítulo de seguridad del plan de gobierno fujimorista, donde están reseñadas sus propuestas. Sudaca sometió este acápite del plan naranja al análisis de cuatro especialistas. Los entrevistados coinciden en que no hay ninguna novedad en las diez iniciativas. ¿Tanto dinero para eso?
NADA NUEVO BAJO EL SOL
Una de las “novedosas” propuestas de Rospigliosi es el programa ‘Distrito seguro’, el cual plantea enfrentar los delitos callejeros “fortaleciendo las comisarías”, colocando a los “mejores policías” al frente de estas. El programa incluye un entrenamiento adecuado de efectivos, reforzar la investigación criminal, elaborar mapas actualizados del delito, mejorar la coordinación con el serenazgo y “desarrollar un programa que involucre la colaboración de la población”.
Los especialistas consultados coinciden en que esta idea es reciclada y que “lo novedoso sería ponerlo en práctica”, como asegura Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, lo secunda: “No se necesita ser un genio ni un especialista en seguridad. Todos los gobiernos dicen que necesitan a los mejores policías”.
Además, ya existen dos programas con características similares al planteado por Rospigliosi: ‘Vecindario seguro’ y ‘Barrio seguro’. El primero es una estrategia de la policía y el otro, del Ministerio del Interior. “Lo que se está haciendo es ponerle un nombre nuevo a lo que ya existe. Más bien, omite la estrategia focalizada, preventiva, multisectorial, que lo que hace es identificar barrios donde hay muchos factores de riesgo y dar paquetes multisectoriales de prevención”, dice Monard.
Otros problemas que se abordan son el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Para combatir este último flagelo, Fuerza Popular propuso “erradicar la coca ilegal y al mismo tiempo aplicar programas de desarrollo alternativo”. “Lo que acabas de citar es el título con el que empieza cualquier libro de los que se han hecho en los últimos 20 años: erradicación más cultivo alternativo. Todos lo hacen, no entiendo cuál es la novedad. No entiendo cómo le pueden pagar a alguien tanta plata para escribir esas líneas”, cuestiona nuevamente Elohim Monard.
Respecto a la estrategia para acabar con los remanentes terroristas, se plantea repetir lo hecho en el Alto Huallaga y en el Vraem: trabajo de inteligencia y golpes certeros a miembros clave de estas organizaciones. “No es novedoso lo que se está planteando. Esta propuesta sí podría resolver el problema, pero no es innovadora”, asegura el exviceministro Valdés.
Para terminar con el crimen organizado, Rospigliosi propone luchar contra la corrupción en la PNP. ¿Cómo? Una de las ideas es la creación de una oficina de Asuntos Internos “con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez”.
Lo que resaltan los especialistas es que ya existe esta dependencia y tiene esas capacidades. “La oficina de Asuntos Internos ya funciona en el sector Interior desde hace muchísimos años, y funciona desde la primera gestión de Rospigliosi como ministro del Interior. Eso no es nuevo. Lo que se está haciendo es ajustes a lo que ya existe, pero no hay novedad”, señala Ricardo Valdés.
Los S/180.000 también se fueron en propuestas como esta: “explorar la implementación de una policía comunitaria (…) a través de programas piloto”. ¿Cuáles serían esos programas pilotos? El plan de gobierno no lo especifica. Según Valdés, es “más de lo mismo, una propuesta que en la práctica ya existe desde hace tiempo”. Se refiere a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es “promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana”.
Para Wilson Hernández, también especialista en seguridad ciudadana, esta propuesta es un punto importante que debería desarrollarse mejor, perono es novedoso y, para variar, tampoco hay nada concreto. “No hay nada concreto, es una generalidad que se repite desde hace varios años”, dice el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Fuerza Popular tomó como actor central a la policía para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, proponían “privilegiar la calidad de formación de la PNP”. Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), “se usaron tres neuronas” para presentar una idea que repiten todos los políticos casi de paporreta.
“Yo no entiendo cómo le pueden pagar tanta plata a alguien para decir eso que es obvio. Que la policía necesita mayor calidad en las escuelas lo sabe cualquiera, ni tienes que ser un especialista en seguridad ciudadana para decirlo, seguramente se lo preguntas a alguien en la calle y te lo va a decir”, explica a su vez Elohim Monard.
Fernando Rospigliosi fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.
Otro de los planteamientos que se pueden encontrar en el plan de gobierno de FP y que ha causado preocupación es la idea de desarrollar “unmarco normativo para proteger los derechos de los policías”. Como explican los especialistas, este marco normativo ya existe y, nuevamente, no es una idea nueva que pueda resolver el problema.
Además, podría traducirse como una protección incondicional a los policías para permitirles hacer un uso desmedido de la fuerza. “Es una propuesta gaseosa”, sentencia Wilson Hernández. Y agrega: “Los temas que plantea FP en su momento son demasiados generales para problemas tan complejos”.
Rospigliosi también propone la construcción de más penales para disminuir el hacinamiento. El plan de gobierno no se responde cuántas cárceles serían. En el debate técnico, sin embargo, el exministro del Interior señaló que deberían construirse cinco cárceles solo en Lima. No detalló cuántas otras en regiones.
Según cálculos de Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, para “solucionar” el hacinamiento de presos se necesitaría, como mínimo, 20 penales de 3.000 personas cada uno para alojar el exceso de 60.000 internos. “¿Con qué dinero se va a hacer eso? No van a alcanzar la plata ni el tiempo para construir todo. Y cuando se termine de construir, probablemente se va a tener el doble de internos”, explica. Para el investigador, lo importante es plantear medidas de prevención del delito, las cuales brillan por su ausencia en el plan de gobierno.
En un intento por defenderse de los cuestionamientos, Rospigliosi escribió en su blog: “Como en toda investigación académica, se revisó la bibliografía pertinente, se recopiló la información (…), se efectuaron entrevistas en profundidad a personas que han desempeñado cargos relevantes en el Estado relacionados a la seguridad, se analizó el material y se formularon recomendaciones para establecer políticas públicas en un tema que constituye, sin duda, una de las prioridades nacionales”.
El exministro se quejó de que nadie le había preguntado en qué consistió el trabajo. Sudaca lo llamó para conversar sobre sus propuestas, pero luego de que la reportera de esta nota se presentara como periodista, hubo un misterioso silencio al otro lado de la línea. Hasta el cierre de edición, Rospigliosi no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.
“Hoy salimos de cacería, terruquito Sagasti no te corras” escribió en redes sociales, horas antes del evento, Roger Ayachi, líder de ‘Los Combatientes’. “Fue una forma de llamar la atención, típico de un titular de periódico para vender, pero no se utiliza el lenguaje de muerte ni matanza”, se justifica Ayachi ante las preguntas de Sudaca. Su explicación se contradice con otro post mucho más claro y que él mismo colocó en su cuenta de Facebook ese día: “Cacería humana, terruco no te corras”.
Este es el post en Facebook con el que el líder de ‘Los Combatientes’, Roger Ayachi, anunció su «cacería» contra Francisco Sagasti.
El líder de ‘Los Combatientes’ no tiene reparos en anunciar quién será la siguiente víctima de su colectivo: el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, uno de los principales impulsores del cambio de la Constitución a través de un referéndum. Ayachi dice que “Bermejo es [un personaje] emblemático en ese tema[de la Asamblea Constituyente]”. Asegura que su grupo lo buscará para decirle que están en contra de su iniciativa “como lo hemos hecho ayer [el último lunes, con Sagasti]”. La Policía está advertida.
Ayachi asegura -a pesar de los antecedentes- que “no lo quieren agredir”, sino “desenmascarar”. Y es que está convencido de que Perú Libre “tienen un interés propio de perennizarse en el poder de por vida”. “En el cambio de la Constitución hay una cosa que van a poner: la reelección eterna de Pedro Castillo”, añade. El activista anticomunista también quiere retar a Bermejo a un debate público sobre el cambio de la actual Constitución (la campaña de Perú Libre para recolectar firmas para una Nueva Constitución fue revelada por Sudaca). “Que sea en la plaza San Martín”, propone.
No obstante, el objetivo final de la agenda de ‘Los Combatientes’ es “derrocar” al gobierno de Pedro Castillo (este plan fue dado a conocer, en julio pasado, por Sudaca), a través de marchas, obligándolo a que “renuncie” o consiguiendo su vacancia. Lo cierto es que hasta ahora no han demostrado mucha capacidad de convocatoria.
“Pedro Castillo ha sido mi amigo. Yo he participado en las marchas de 2017 contra PPK con la Fenate-Perú. Lo hice como dirigente del sindicato de maestros de un colegio del Rímac donde trabajo [no quiso dar el nombre del colegio]”, cuenta Ayachi.
Por su parte, el líder de ‘La Resistencia’, Juan Muñico -también conocido como ‘Jota Maelo’-, señala que su colectivo difiere de ‘Los Combatientes’ en buscar a Bermejo. No está entre sus planes ir tras él, pero dice que si se lo encuentran en la calle no dudarán en encararlo.
Por el momento, en la agenda de ‘La Resistencia’ está participar en un plantón de protesta en el frontis de la Corte Superior de Justicia el próximo martes 26. Ese día se realizará, en el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, una audiencia virtual que verá la nulidad de las elecciones generales. Muñico sigue creyendo, no sabemos con base en qué pruebas, que hubo fraude.
Más allá de esas pequeñas discrepancias en sus planes inmediatos, en lo que coinciden los dos principales grupos es en buscar el derrocamiento del gobierno de Castillo. El pasado domingo participaron en un ‘cacerolazo’ convocado por otros colectivos que marcharon por la avenida Brasil. Pedían la vacancia presidencial.
Muñico señala que ‘La Resistencia’ está “terminando los papeleos” para inscribirse como una asociación civil sin fines de lucro en Registros Públicos. El siguiente paso será formar un partido político que podría tener el mismo nombre de su colectivo. Descarta postular al Congreso o a alguna alcaldía en las próximas elecciones. “Tenemos buenos cuadros que podrían hacerlo”, señala.
Ayachi, por su parte, anuncia que invitarán a Rafael Santos -que quedó penúltimo en las últimas elecciones presidenciales con 0,38%- para que sea el candidato presidencial del partido que buscarán inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Cuál será el nombre? El Partido Radical Americano. Le escribimos a Santos para conocer si aceptaría, pero no nos respondió.
AGRESIÓN IMPUNE
El video que grabó el periodista de Epicentro TV,René Gastelumendi, es clave para corroborar la carga de agresión y violencia verbal que hubo contra Sagasti en las afueras del centro cultural ‘Primera Parada’, en Barranco. También los insultos que le dedicaron al periodista los miembros de ‘Los Combatientes’, entre ellos Roger Ayachi y José Luis García. No hubo víctimas de violencia física, pero no estuvo lejos de ocurrir.
Hoy, haciendo mi trabajo, fui testigo y blanco de la agresividad y violencia de conocido grupo extremista que protestaba contra la presentación del libro de @FSagasti Alarmante intolerancia la que vivimos. Los detalles y la reflexión mañana en @Epicentro_TV Muy desagradable. pic.twitter.com/7aO7lesCwp
El periodista de Epicentro TV, René Gastelumendi, grabó la agresión verbal que sufrió por parte de los líderes del colectivo de ultraderecha ‘Los Combatientes’.
Gastelumendi dice a Sudaca que esa noche, apenas se acercó al grupo que protestaba contra Sagasti, comenzó a recibir insultos. Lo que le preocupa al periodista es que el fanatismo de los colectivos que protestaron aquella noche “pueda terminar mal”. “Si juntas un mal día, un mal momento, con un brote psicótico de un fanático, como ellos están tan convencidos de que hacen patria, pueden pensar que por la patria está bien que le metan un cuchillazo a un caviar, ¿no?”, señala.
El parte policial de lo ocurrido durante la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti, del que Sudaca obtuvo una copia, no menciona nada de la agresión verbal sufrida por el periodista. Tampoco ha sido tomado en cuenta lo que le pasó a la joven militante del Partido Morado, Betsy San Martín, que asegura que uno de los manifestantes le arrebató de sus manos el libro “Imagina un Perú mejor y hagámoslo realidad”, escrito por Sagasti. Según ella, ocurrió cuando esperaba ingresar al centro cultural para que el expresidente le dedique un autógrafo.
Este es el parte policial elaborado por la comisaría de Barranco en la que narra lo ocurrido la noche del pasado lunes en los exteriores del centro cultural ‘Primera Parada’.
El parte solo indica que un grupo de cerca de 100 personas, que “formarían parte del movimiento La Resistencia”, increparon con insultos y amenazas a los policías que resguardaban el exterior del lugar. El documento señala además que, en un momento, “un grupo procedió a atacar a personal policial y de Serenazgo” y, por ese motivo, “personal policial realizó un disparo disuasivo al aire a fin de controlar a la turba y evitar lesiones mayores”. Según un video, en realidad, fueron tres disparos y se puede ver a efectivos policiales reducir a uno de los manifestantes.
Borja señala que quiso dejar en evidencia que él “azuzaba” a todas las personas y mandaba a provocar a los jóvenes que hacían cola para ingresar al local. “La Policía no hacía nada para evitarlo”, se queja.
El parte policial dice que hubo solo un balazo disuasivo contra los manifestantes, pero este video confirma que hubo tres. Se ve además que la Policía lanza al piso a un sujeto, pero este incidente no figura en el parte policial. ¿Por qué?
Los grupos extremistas querían replicar aquella noche lo que hicieron en el Lugar de la Memoria (LUM), en setiembre pasado. La idea, cuenta ‘Maelo’, era ingresar a la presentación del libro y, ni bien comience, sacar sus carteles de protesta contra Sagasti. “Queríamos hacer una protesta y sabíamos que nos iban a sacar rápido. La gente ya estaba coordinada que si venía personal de seguridad y nos sacaba, íbamos a salir: no íbamos a poner resistencia”, señala.
‘Jota Maelo’ explica que en su grupo hay reservistas que les han dado cursos de defensa personal pero “no hay nada más que eso”. Descarta que busquen portar armas de fuego y que solo se trató de “una idea” que se conversó en su momento, porque los ronderos llevaban machetes. Esperemos que esa ‘idea’ no vuelva a rondar por sus cabezas con pensamiento “anticomunista”.
Este es el pronunciamiento de Juan Muñico o ‘Jota Maelo’, el líder de ‘La Resistencia’, sobre la causa de su protesta contra Francisco Sagasti.
(*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo
Fotografía: Se ha usado una fotografía del diario La República de una protesta de los colectivos de ultraderecha realizada, en septiembre pasado, en los exteriores del ministerio del Interior.
“Tengo conocimiento de que los madereros de Madre de Dios le realizaron un apoyo a Hidalgo, con el pago de una bolsa [de dinero] en su campaña para que todo siga y sean favorecidos”, le dijo el 23 de julio un aspirante a colaborador eficaz al fiscal Dionisio Quicaño, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Se refería a Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios y militante de Alianza para el Progreso (APP).
El fiscal Quicaño viene investigando una mafia de traficantes de madera a la que ha bautizado como “Los Hostiles de la Amazonía”. Logró sus primeras detenciones a mediados del 2020. Se detuvo a varios funcionarios que ocupaban mandos medios en el gobierno regional y también cayeron policías, fiscales y agentes de la Sunat. Todos ayudaban a la organización criminal a falsificar documentos y burlar los controles para el traslado ilegal de madera, como ya ha reportado este medio.
Ahora, la trama criminal más importante de Madre de Dios le ha tocado la puerta al mismísimo gobernador. Las escuchas telefónicas han revelado sus vínculos con empresarios madereros que se vieron beneficiados por decisiones de su gestión. El último 12 de octubre, la Policía allanó la casa de Hidalgo y una decena de inmuebles más. Tres personas tenían orden de captura, una de ellas no fue ubicada. Sudaca accedió a la carpeta fiscal del caso.
Para el procurador en delitos ambientales Julio Guzmán, este es uno de los casos más importantes en materia ambiental del país. Cada vez aparecen involucrados funcionarios de mayor nivel. “La visión que tengo es que los mandos medios no actúan de manera aislada, no dirigen un modus operandi, sino forman parte de una estructura de poder que va más allá”, dice.
El aspirante a colaborador eficaz dice que la mafia maderera financió la campaña de Luis Hidalgo «para que todo siga y sean favorecidos».
ENCUBRIMIENTO
El colaborador eficaz le dijo al fiscal que el apoyo a la campaña del gobernador Hidalgo por parte de Edith Huaricancha Arenas, sindicada como la líder de la organización criminal de tráfico de madera, la había convertido en un personaje poderoso en la Dirección Regional Forestal. Esta se encarga de fiscalizar el producto que sale de la región. “Decía que ella podía manejar el Inrena, es decir, la Dirección Regional Forestal”, aseguró el delincuente arrepentido.
Señaló -por ejemplo- que Harry Pinchi, a quien nombraron en esa dirección en 2019 y se opuso a los intereses de Huaricancha, fue removido por presión de esta. “Edith y su grupo demostró que a este Harry lo harían botar. Es así que, efectivamente, luego de un corto período, lo botan. Previa bolsa [de dinero] que los tramitadores hicieron”, contó.
Pero, a pesar de su mala relación con Huaricancha, la Fiscalía considera que el ingeniero Harry Pinchi tampoco actuaba derecho. En noviembre de aquel 2019, le habría hecho un favor a unos amigos del gobernador regional, luego de que se interviniera un camión con una dudosa carga de madera. Pinchi habría impedido una inspección al aserradero desde donde salió la mercancía, que pertenece a la compañía Empefoc. Ese es el otro hilo que jaló el fiscal Quicaño para tocar las puertas de Luis Hidalgo.
Empefoc pertenece al peruano Christian Stapelfeld Asayag y funciona como un aserradero y un centro de almacenamiento de madera. Stapelfeld, según la Fiscalía, trabaja para un empresario chino asentado en el Perú hace años: Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos. Es gerente y apoderado de otras firmas del rubro maderero y dirige un periódico para la comunidad china llamado ‘La voz de la colonia china’. Ambos -Stapelfeld y Fidel- tienen una relación bastante cercana con Luis Hidalgo, como veremos más adelante.
El 12 de octubre se allanó la vivienda del empresario chino Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos.
La hipótesis fiscal es que ellos proveen las guías de transporte forestal -documentos donde se consigna el nombre del dueño de la madera y hacia dónde se está dirigiendo la mercancía- a la mafia. En los papeles se coloca que Empefoc es la dueña del cargamento, cuando no es así. Es decir, se falsifican los datos.
El 7 de noviembre de ese 2019, por ejemplo, agentes de la Dirección Regional Forestal intervinieron un camión conducido por Raúl Suta Quispe, un sujeto con antecedentes por delitos ambientales que en ese momento transportaba madera de procedencia presuntamente ilegal. Para justificar el cargamento, Suta presentó una guía de transporte que decía que aquella madera estaba a nombre de Empefoc.
Los días posteriores a la intervención de Suta, Christian Stapelfeld se comunicó en varias ocasiones con él, preocupado por las consecuencias que podía haber en su contra. También se comunicó con un presunto miembro de la mafia detenido el año pasado, Jesús Aranzabal, a quien le pidió solucionar el problema y evitar que esto llegue a la prensa.
“Con nosotros se ha sentado [se refiere a Stapelfeld] y le hemos dado la idea de que él agarre y diga a todo el mundo que esas guías él no las había autorizado y que las están clonando […]. Nosotros le damos a Christian [Stapelfeld] su pago mensual, ahora está fregado”, se le oye decir a uno de los investigados -Francis Diaz- en comunicación con Jesús Aranzabal. Díaz fue detenido en abril de este año y Aranzabal a mediados del 2020.
Este último habría ayudado a Stapelfeld a librarse de la justicia luego de la intervención al camión que manejaba Suta. El 16 de noviembre, Aranzabal llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. La razón: ya había hablado con la fiscal a cargo y no lo iban a investigar.
“Señor Christian, ahora sí me he metido a hacer de todo para que en la fiscalía quede ahí nomá […] Yo ya hablé con la fiscal y bueno ahorita la investigación no está dirigida a la empresa de usted […] Es una amiga mía la fiscal”, le comenta Aranzabal. El empresario acepta entregarle “una luquita” por las gestiones.
El 16 de noviembre, uno de los investigados llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. Ya había hablado con la fiscal a cargo.
Pero la intervención de Suta no podía ser pasada por alto en el gobierno regional. Quedaba pendiente una inspección al aserradero de Empefoc. Ahí entró a tallar el ingeniero Harry Pinchi en favor de los amigos del gobernador Hidalgo, según la Fiscalía.
De acuerdo a las escuchas, el 25 de noviembre Christian Stapelfeld y Fidel se reunieron luego de la hora de almuerzo. Al poco rato, Palmer Pastor -asesor del gobernador regional Luis Hidalgo- se comunicó con Pinchi y le pidió que atienda a Stapelfeld. Pinchi aceptó recibirlo.
Tras la reunión, se interceptó una llamada de Stapelfeld al asesor del gobernador, donde el primero de le comentó al segundo: “Eso ya lo solucioné, me ayudó al toque, al toque me solucionó”. La Fiscalía asegura que hablaban de detener la inspección al aserradero.
El 26 de noviembre, Fidel y el gobernador Luis Hidalgo tuvieron una reunión cerca de las 7:30 de la mañana en el Hotel Centenario. Los investigadores creen que además de la inspección frustrada, habrían tratado otros temas de interés mutuo. La sospecha tiene correlato en eventos posteriores.
BUENAS RELACIONES
La relación entre el gobernador y el empresario chino, alias Fidel, no es nueva. En mayo del 2019, ambos viajaron a China, junto a Christian Stepelfeld, para participar de la Expo Central China 2019. Según la fiscalía, “Xiadong Ji Wu y Christian Stapelfeld habrían comprado los pasajes”.
Meses después, en diciembre de aquel año, el ciudadano chino habría tramitado becas en el extranjero para familiares del gobernador y de su asesor Palmer Pastor, de acuerdo a la Fiscalía. De hecho, en las escuchas entre Fidel y Stapelfeld, el primero le dice que Pronabec cuenta con cupos limitados de becas y que ha conseguido cinco para cualquier carrera en Shanghai, pero en la misma embajada.
Fidel incluso le consiguió al gobernador una reunión con el embajador chino para el 16 de diciembre de aquel 2019. No se tiene información de en qué quedó ese asunto, pero sí los vínculos de los empresarios con el poderoso funcionario de Madre de Dios.
¿Para qué sirvieron tantos favores? Según las escuchas, desde el 2020 funcionarios de la Dirección Regional Forestal ayudaron, a cambio de coimas, a acelerar la transferencia de una concesión ecológica a favor del empresario chino. En marzo del 2021, además, la misma dirección condonó una deuda a Turbina SAC, de propiedad del empresario chino y de Stapelfeld.
A inicios de este mes, el fiscal Quicaño pidió la detención de Luis Hidalgo y de Fidel, pero el juez consideró que las pruebas contra ellos aún no eran suficientes. Solo ordenó el allanamiento de sus casas. Contra quien sí dictó detención fue contra el director forestal Harry Pinchi y el empresario Christian Stepelfeld.
Los detectives se llevaron una sorpresa al allanar el despacho del gobernador y ver que había una resolución judicial del 6 de octubre que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones de varios investigados. Entre ellos, el de él.
Contactamos a Luis Hidalgo, que prometió atendernos la noche del martes. Al cierre de esta edición, no volvió a responder nuestras llamadas. También llamamos a los números del empresario chino, pero no hubo respuesta.
PRENSA VENDIDA
La mafia, sin embargo, no se ha preocupado solo en reclutar funcionarios. También lo ha hecho con ‘periodistas’. Las investigaciones del fiscal Quicaño salpican a un hombre de prensa conocido localmente, que no tiene vergüenza en admitir que recibió pagos de personas que hoy son investigadas por el tráfico de madera que deforesta su región.
El ‘periodista’ Julio Blanco Rocca admite que recibió dinero de los madereros. «Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’», dice.
A mediados del 2019, en su programa de Radio Selva, el comunicador Julio Blanco Rocca dio algunos nombres de madereros que estarían cometiendo irregularidades coludidos con funcionarios regionales. Nombró a una tal Edith, sin dar su apellido.
Huaricancha se sintió aludida y lo llamó para preguntarle quién le había dado la información. “Me vas a contar todo, conmigo no vas a jugar. Yo soy tu pinky”, le dijo la mujer. Y luego de unos segundos añadió: “Voy a mandarte para tus gastos, ya no hables nada mierda”. Minutos después, Huaricancha se comunicó con uno de sus cómplices y acordaron armar una bolsa mensual para el ‘periodista’.
Sudaca se comunicó con Blanco, quien aceptó haber recibido el dinero. Asegura, sin embargo, que eso no lo involucra en el delito de tráfico de madera.
“A la ‘Yayita’ [se refiere a Edith Huaricancha] la conozco hace más de 10 años. Uno no sabe si ella trafica con madera, blanquea guías, uno no sabe. Sus acciones no me involucran a mí”, dice. Y luego añade, con total desparpajo: “Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’, ‘a zutano’, ‘a fulano’. Y uno dice: ‘apoya con algo’ y te colaboran con 200, 300, por lanzar una noticia que interesa a una persona y que puede perjudicar a otro. Eso no es delito y lo hice antes de que ellos caigan”.
El juez solo ordenó el allanamiento de la casa de Blanco y rechazó que se le detenga bajo el increíble argumento de que estaba ejerciendo su “libertad de expresión”.
LOS CONSEJEROS
Las escuchas telefónicas también demostrarían que el gobernador Luis Hidalgo le hacía favores a consejeros a cambio de que aprueben las decisiones de su gestión. Uno de ellos es Marcial Tapullima Yuyarima, que llegó al cargo como invitado de Perú Libre.
Según las escuchas telefónicas, en noviembre del 2019 Tapullima se comunicó con el asesor del gobernador para pedirle que su esposa sea contratada en una red de salud que controla la región. A cambio de la ayuda, el consejero votaría a favor de aprobar un viaje del gobernador a España. Las escuchas demuestran que Hidalgo movió sus hilos para ayudar a Tapullima.
El gobernador acepta «ver» la solicitud de un consejero, que pidió favorecer a su esposa con un cargo público.
Nos pusimos en contacto con Tapullima, pero su celular estaba apagado. La vivienda del consejero fue allanada la semana pasada.
También lo fue la casa de la consejera Fátima Pizango, responsable política de Alianza para el Progreso en la región desde el 2014. En su inmueble, la Policía halló S/70.000 en efectivo. “Yo soy una profesional que viene trabajando en muchas instituciones, tengo un colegio particular, he vendido una camioneta. Por la pandemia, todo ese dinero no lo pude invertir”, dice Pizango.
La funcionaria es acusada de recibir financiamiento para la campaña de APP de parte de la mafia que lidera Edith Huaricancha, y de gestionar la compra de un pasaje para un consejero con el dinero de los taladores. “No conozco a Huaricancha y por ningún motivo hemos tenido algún aporte. El colaborador tiene que demostrarlo”, señala.
El procurador Julio Guzmán dice que hasta ahora no hay sentencias por crimen organizado vinculado a delitos ambientales. “Los Hostiles de la Amazonía” podría ser la primera de ellas, si el Poder Judicial lo permite.
Mirella Oré Mónago es una persona con suerte. En los últimos años ha ocupado cargos clave al interior de Promperú, el más reciente como asesora de la Dirección de Promoción de Turismo. Hoy está en los Emiratos Árabes, trabajando para una empresa contratada por su anterior empleador.
Oré fue asesora en Promperú en un momento importante: cuando la entidad preparaba su participación en la Expo Dubái, uno de los eventos más grandes del sector turismo en el mundo. En busca de un operador para el pabellón peruano en aquel evento, Promperú contrató –en un proceso plagado de irregularidades, como reportó Sudaca– a la empresa Continuous Events.
Inmediatamente, Oré -que había accedido a información privilegiada sobre este proceso- apareció como parte del staff de la compañía y salió de viaje. ¡La puerta giratoria en todo su esplendor!
Destino Dubai
Mirella Oré Mónago es una vieja conocida en Promperú. Trabajó allí desde el 2012, ocupando los cargos de Especialista de Alianzas Estratégicas y Coordinadora del Departamento del Mercado Europeo, puesto que dejó en septiembre del año pasado.
Esta última oficina forma parte de la Dirección de Promoción de Turismo, de acuerdo a la estructura de la institución. Dato importante, considerando que luego de retirarse como coordinadora, Oré se volvió asesora de esa misma dirección. Le pagaban por órdenes de servicio.
Según Promperú, colaboraba con la entidad para fomentar el turismo de cara al Bicentenario. Sin embargo, también daba recomendaciones sobre la misión peruana en los Emiratos Árabes para la Expo Dubái 2020, donde Perú viene participando junto a casi 200 países más.
Su principal rol como asesora fue elaborar informes técnicos, precisamente, sobre la gestión del pabellón peruano para la Expo Dubai 2020. La misma Oré lo menciona en uno de estos documentos cuando brinda avances de su trabajo.
Primera cara de uno de los informes que Oré presentó a la Dirección de Promoción de Turismo en mayo. Destaca su asesoramiento para las actividades peruanas en la Expo Dubai 2020.
En un segundo informe, del 13 de mayo de este año, agrega que una de sus tareas era “articular con el equipo técnico del Proyecto Expo Dubai respecto de las actividades que propone la Dirección de Promoción del Turismo, los cuales se llevarán a cabo en el Pabellón Perú en la Expo 2020 Dubái”. Páginas más adelante, incluso, cuenta que fue nombrada representante de su dirección ante el grupo de trabajo encargado del tema. Llegó a participar en reuniones con el viceministerio de Turismo, donde sustentó sus informes previos.
En este rol, Oré recibió cinco órdenes de servicio de Promperú por un monto total de S/90.000, de acuerdo al portal de la OSCE. La última, de S/24.000, fue adjudicada en junio. En aquel momento había varias empresas compitiendo por hacerse de la operación del pabellón peruano. Oré, a todas luces, tenía información privilegiada del proceso.
En agosto, mediante un proceso expedito, la empresa Continuous Events ganó la buena pro para operar el pabellón. Ojo: no para construir la infraestructura, que fue adjudicada a otra empresa mucho antes y fue considerada una de las más bellas del evento, sino para operarla. Este proceso, bajo el actual gobierno, estuvo plagado de irregularidades.
Como contó Sudaca en un informe previo, para adjudicarle a Continuos Events -que no tenía trayectoria en operación de pabellones, sino en marketing- se flexibilizaron los requisitos y se descartó a otro postor con experiencia, que pedía menos dinero.
La compañía recibirá casi S/7 millones de soles y Oré tendrá una tajada de la torta. ¿Por qué? Luego de terminar de asesorar a Promperú la exfuncionaria pasó a trabajar en Continuous Events como ‘protocol manager’, según el sitio web de la compañía.
Hoy el flamante ‘jale’ de Continuous está en Dubái y no desaprovecha la oportunidad de tomarse selfies con viejas colegas. Aparece, por ejemplo, junto a Amora Carbajal, actual presidenta ejecutiva de Promperú, afuera del pabellón peruano. Carbajal encabezó, antes de presidir la entidad, la Dirección de Promoción de Turismo en los primeros tres meses de este año. Coincidió con Oré cuando esta asesoraba al departamento.
Amora Carbajal (derecha) aparece junto a Mirella Oré (en el centro) y una visitante del pabellón peruano en la Expo Dubai 2020 en una selfie que subió la turista.
Los últimos meses de Oré en Promperú no están libres de cuestionamientos. Sudaca tuvo acceso a una denuncia anónima presentada el pasado 5 de agosto a César Catacora, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría en Promperú, donde se le solicita que investigue la contratación de varios locadores de servicios para la Dirección de Promoción del Turismo. Entre ellos, la protagonista de esta historia.
La denuncia señala que hay un incremento de sueldo a favor de Oré que no se justifica, que ha presentado informes con errores gramaticales y propuestas insuficientes, y que ha actuado en representación de sus superiores sin tener la potestad de hacerlo. Oré habría tenido -dice el escrito- la venia de María del Sol Velásquez, directora de promoción del turismo; Amora Carbajal, la presidenta ejecutiva que posa junto a ella en Dubái; e Irene Suárez, la gerenta general.
Esta última funcionaria ha tenido un proceso en Fiscalía por temas similares. Suárez ha sido investigada preliminarmente por el delito de negociación incompatible, desde julio del año pasado, por hechos cometidos cuando era directora general de la Oficina de Administración del Mincetur, entre 2011 y 2014.
Suárez, que es la principal responsable de la gestión peruana para la Expo Dubái 2020, solicitó en octubre del año pasado al ministerio que se le otorgue defensa legal para ese caso, beneficio que le fue otorgado ese mismo mes. La acusación ante la OCI de Promperú, de momento, esté en un punto muerto.
Según fuentes de Promperú, no se ha hecho nada con la denuncia. Sudaca preguntó al área de prensa de la institución sobre la atención de este caso, pero la respuesta fue apenas que este órgano “cuenta con autonomía” para atender estos asuntos. Ojalá ello no se traduzca en desinterés.
Mientras la denuncia se empolva, Oré no pierde oportunidad de lucirse en Dubái. La trabajadora de Continuous Events aparece como representante oficial de la empresa en una imagen junto a la comisionada boliviana para la Expo Dubái 2020 y Marco Antonio Santivañez, cónsul general peruano en los Emiratos Árabes Unidos, que compartió en su LinkedIn.
Contra la ley
El caso de Oré no es el único que involucra a locadores de servicios contratados con presuntas irregularidades. Jorge Mufarech Carcedo, exaccionista de dos empresas en liquidación, es asesor de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales al menos desde julio, según confirmó Promperú a Sudaca.
Hasta ahí nada raro, de no ser porque su vínculo laboral con la entidad sería ilegal. Mufarech ha sido asesor en el Mincetur durante la gestión de la ministra Claudia Cornejo Mohme. El empresario fue consultor del gabinete de asesores de ese despacho entre noviembre del 2020 y junio de este año, según señala en su declaración jurada de intereses.
Un mes después de dejar ese cargo, Mufarech pasó como locador a la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales en Promperú, un cambio express que va en contra de lo que señala la Ley General de Contrataciones. La norma indica que todo servidor público está impedido de contratar con el Estado en los 12 meses siguientes de abandonar su cargo.
Según Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones estatales, el caso del empresario viola el literal f del artículo 11 de la ley. “En el caso de Mufarech él tiene un alto grado de información, alcance y conocimiento. Debería estar impedido de contratar. Es el asesor del ministerio de alto grado y conoce lo que harán». Además, agrega que se trata de una dependencia del mismo sector donde ya trabajó.
Mufarech ya recibió S/24 mil soles a finales de julio, de acuerdo al portal de la OSCE, lo que podría ponerlo como investigado por colusión agravada. “Hay perjuicio del Estado porque estando impedido para contratar lo ha hecho y le han pagado 24 mil soles”, dice Castillo. Por este presunto delito se podría dictar una pena de entre seis a 15 años de cárcel.
La orden de servicio por 24 mil soles que ya recibió Mufarech de Promperú. Fuente: OSCE.
Sudaca preguntó por la ilegalidad de esta contratación al área de prensa de Promperú. Como respuesta, nos confirmaron que Mufarech Carcedo está actualmente trabajando en la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales y que “para este efecto firmó la declaración jurada de no encontrarse impedido para trabajar en el Estado”. ¿Papelito manda?
Descargos de Promperú
A continuación Sudaca presenta de manera literal las preguntas y respuestas que recibió del área de prensa de Promperú para la elaboración de este informe.
“Considero que en el bloque magisterial lo tienen bien claro: se van a ir”, dice la vocera alterna de los lápices, Silvana Robles. Se refiere al grupo de docentes -la mayoría vinculados a la Fenate-Perú, el gremio que fundó Pedro Castillo tras la huelga del 2017- que llegaron al Congreso como invitados del partido.
“Ellos lo han manifestado también públicamente y a la prensa le han hecho llegar su sentimiento de tener un partido propio del magisterio. Para ellos es lo mejor y lo hemos respetado. Y ha llegado el momento de que no se encuentren en esta posición de pertenecer a un partido sin compartir los ideales”, añade.
La posible conformación de la “bancada magisterial” fue dada a conocer por Sudaca en mayo pasado, cuando uno de sus líderes, el congresista Edgar Tello, adelantó que algunos profesores podrían separarse de Perú Libre “por discrepancias internas”. Todavía ni se instalaba el nuevo Parlamento. “Primero, vamos a asumir las funciones. Luego, veremos las coordinaciones a nivel de bancada”, dijo aquella vez.
La vocera de la bancada de Perú Libre, Silvana Robles, compartió el acuerdo de la asamblea de su partido en la que se decide no dar el voto de confianza al Gabinete Vásquez. Después, precisó que «el voto será con libertad de consciencia».
El último comunicado de Perú Libre, divulgado en la cuenta de Vladimir Cerrón el jueves pasado, parece reconocer que hay una fractura insalvable. “Los congresistas afines al magisterio, quienes llegaron con el partido, tienen un proyecto de partido propio”, admite el escrito. Anuncia, además, que la bancada del lápiz “no emitirá el voto de confianza” al nuevo Gabinete. La decisión no ha caído bien en la interna de la bancada.
Pero no todos acatarán la decisión. Uno de los que sí acudirá a la cita con la primera ministra es el profesor Óscar Zea, quien es invitado en Perú Libre. Zea, además, adelanta que le dará su voto de confianza. Otro congresista que irá a la reunión es Roberto Kamiche. «¿Por qué no tendría que ir?», apunta. El profesor Fernando Herrera dice que también estará presente. Los congresistas que sí asistirán a la PCM vienen coordinando la agenda de trabajo que presentarán a la premier.
Al ser consultado sobre su permanencia en la bancada, Óscar Zea dice que la intención es «seguir unidos». Los congresistas y profesores del “bloque magisterial”, Edgar Tello y Álex Paredes, señalan, por el contrario,que lo van a evaluar.
Por su parte, la congresista Katy Ugarte, también del lado de los profesores, dice que no ve por qué tendría que irse de la bancada. Adelantó, eso sí, que le dará su voto de confianza al nuevo Gabinete.
De lo que no tienen dudas en la interna de Perú Libre es que al menos 15 congresistas se quedarán pase lo que pase (ver infografía). De ellos, 14 son militantes del partido y una -María Taipe- asegura que lo es, a pesar de no aparecer en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Estos son considerados como leales a la agrupación de Vladimir Cerrón y a su ideario marxista, leninista y mariateguista.
Además, hay congresistas como Roberto Kamiche que, si bien son militantes, no son considerados en el grupo que cerraría filas con Cerrón. Otros, como Víctor Raúl Cutipa, que no es militante ni alineado a algún bloque, tampoco son tomados en cuenta por Robles como parte de los que se quedarían en el lápiz. Cutipa ha manifestado que sí le dará la confianza al Gabinete Vásquez.
Dice, además, que pocas horas antes de la juramentación de Mirtha Vásquez tuvieron una nueva reunión con Castillo en la que le preguntaron por qué estaba cambiando al Gabinete. El presidente respondió que “era una decisión que ya estaba tomada y que no había marcha atrás”, según Robles.
“Sentimos que el presidente Castillo nos está traicionando. Y lo están llevando a la vacancia”, dice la congresista. Robles rechaza la presencia de Vásquez en el premierato porque no es del partido y -dice- no llevará a cabo la agenda programática de Perú Libre. Por ejemplo, la Asamblea Consituyente.
Esta es una ficha de afiliación al nuevo Partido Político Magisterial y Popular que busca su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este nuevo partido podría recibir a algunos congresistas de la Fenate-Perú e invitados, es decir, congresistas que no sean docentes (foto: Juan C. Chamorro).
Robles, sin embargo, deja claro que el ala cerronista de la bancada no apoyará ningún intento de vacancia contra Castillo. En cuanto al proceso disciplinario que se le seguirá a las ministras Dina Boluarte y Betssy Chávez, la vocera señala que todo indica que serán «expulsadas» por haber asumido esos cargos sin que hayan sido propuestas por el partido.
Mientras en la interna sigue el desbarajuste, esta semana el Partido Político Magisterial y Popular entregará documentación de 29.000 afiliados al Jurado Nacional de Elecciones para conseguir su inscripción partidaria. Así lo confirma a Sudaca el personero legal, el profesor Miguel Miranda. Se abre una puerta para quienes decidan bajarse del lápiz.
El sombrero y el libro es el logo del nuevo Partido Político Magisterial y Popular. A la izquierda de ese símbolo, aparece su presidenta, la profesora Mery Coila (foto: Juan C. Chamorro).
(*) Fotoportada e infografía: Darlen Leonardo Gallegos
El disclaimer por delante: la víctima de esta denuncia es mi tía. Pero no es solo mi tía. Nila Soledad Llatas Arteaga es una persona de 67 años que ha sobrevivido a un trasplante de hígado y a un cáncer a la tiroides. Hoy debe afrontar el costo de 14 medicamentos y pagar puntualmente la hipoteca de un departamento en Miraflores que, para su desgracia, le alquiló a una morosa de lo más conchuda.
Blanca María Mercedes Figari Mendoza es el nombre de la inquilina que no ha pagado US$13.500 en renta y, según consta en denuncias policiales, exhibe a su perro cada vez que sus arrendadores llegan a cobrarle. Mercedes −el nombre que usa en su página de Facebook− alquiló hace más de dos años el departamento 107 del Pasaje Los Pinos 156 que Llatas Arteaga había comprado con la esperanza de tener ingresos para su vejez. Hoy podría usarlos para costear el tratamiento derivado de sus dolencias previas.
El inmueble queda en el edificio que está encima de la conocida discoteca ValeTodo DownTown, en Miraflores, el negocio de la familia de los Achuy. De hecho, otro moroso en el bloque es esta discoteca, reconvertida por pandemia en un minimarket homónimo. Según datos de la administración, debía 15 meses de mantenimiento a agosto, lo que equivale a S/22.890.
La cifra es ligeramente menor a los S/24.200 que su gerenta general, Claudia Achuy, desembolsó a Fuerza Popular para pagar las solicitudes de nulidad de los votos de Perú Libre en la segunda vuelta, según El Comercio. Y es ampliamente menor que los S/60.500 que aportó al mismo partido el padre de esta, Jesús Achuy, con el mismo objetivo. ¿Combatir al comunismo en vez de pagar las deudas?
UNA VIDA FALSA
Al inicio todo transcurrió con normalidad para Soledad Llatas: Mercedes Figari ocupaba el inmueble y le pagaba por ello US$500 mensuales. Algo coherente con el discurso de una persona respetuosa de la propiedad privada, que recientemente se mostró muy preocupada en sus redes sociales por la inminente ‘llegada del comunismo al país’. En julio del 2019, sin embargo, dejó de desembolsar: mucho antes de la pandemia, la crisis y el gobierno de izquierda. Hoy acumula 27 meses sin depositar un solo centavo de renta. El doble que Don Ramón.
Y lo que es peor: desde hace 15 meses, tampoco paga los servicios de mantenimiento del edificio.
Mercedes Figari en su página de Facebook, donde hace cinco meses publicaba preocupados posts sobre la llegada del comunismo al país.
Figari Mendoza hoy habita un departamento de 60 m2 en una zona ‘turística’ y lo hace prácticamente gratis. Sí paga algunos servicios, como la luz, para que no se la corten. Una vida falsa, pero suficiente para aparentar. Cuando Sudaca se acercó a la vivienda para pedirle descargos, la mujer amenazó con llamar a la Policía desde el otro lado de la mirilla. No dio la cara. La puerta del inmueble está roída y sucia.
Mercedes Figari tiene 62 años y, al menos hasta el año pasado, vivía allí junto a su hija, Fiorella Guerra, de 25. En el 2015, esta última fue noticia en las secciones de farándula de los diarios locales por haberse vinculado con el ‘guerrero’ Patricio Parodi. En su página de Instagram dice ser una ‘artista de maquillaje’ (“makeup artist”) y, además, administra dos emprendimientos de repostería. Tiene más de 26.000 seguidores y un incipiente club de fans.
Su madre, la morosa, publicita un negocio de venta de comida en su página de Facebook. Se especializa −aunque no únicamente− en la entrega de pastas y lasañas. Este medio también intentó contactarla al número que lista para tomar los pedidos, pero nos bloqueó inmediatamente.
No sabemos cuánto factura, pero sí que no usa nada de ese dinero para pagar por el espacio donde vive. Y tampoco está dispuesta a dejar su vida miraflorina, pues se niega a abandonar el inmueble pese a las dos cartas notariales que ha recibido y que pudimos revisar.
En el paquidérmico sistema judicial, la demanda de desalojo que le ha entablado Llatas Arteaga −junto a su esposo, el exdiputado de izquierda y excandidato al Congreso por Perú Libre, Manuel Benza− recién ha sido admitida el 5 de marzo de este año. Fue presentada el 10 de diciembre del año pasado. Falta todavía un lento proceso por delante.
La página de Instagram de la micro-influencer Fiorella Guerra, la hija de Mercedes Figari que también ha habitado gratis el departamento de Soledad Llatas.
EL MALTRATO
Mercedes Figari no es muy querida por quienes la conocen en la zona. Sudaca conversó con el presidente de la Junta de Propietarios del edificio, Ramón Olcese, quien confirmó −más que contento− los datos sobre ella consignados en este artículo. Aseguró que a la señora ya le han requerido el pago del mantenimiento de todas las formas posibles, pero que ella se ha limitado a responder que no pagará. Ello −dice Olcese−, pese a que usa los servicios del edificio.
Pero sobre Mercedes Figari hay más. No solo no paga, sino que también trataría mal a quien se le cruza. Sudaca conversó con un vecino del edificio, que reside en el mismo piso que la señora y rogó por anonimato para no tener más problemas con ella. El hombre cuenta que ha tenido dos altercados con la inquilina morosa al momento de usar el ascensor, porque ella quiere subir o bajar sola pero demanda hacerlo antes de quienes están esperando. La conchudez hecha persona.
Además, dos porteros contaron a este medio que Mercedes Figari ha tratado mal al personal del edificio. Especialmente a uno, cuyo nombre mantendremos en reserva para evitar que lo despidan. Las fuentes manifiestan que lo trató con prepotencia y altanería, luego de ordenarle remover a unos jóvenes que estaban fumando al aire libre, afuera del lobby del inmueble. El portero no habría logrado hacerlo.
UN INFIERNO FINANCIERO
A Soledad Llatas le llegó hace poco una carta fechada en abril de la Junta de Propietarios del edificio. La firma su presidente, Ramón Olcese, y dice que procederán a cobrarle judicialmente los meses de mantenimiento (S/2.673 hasta agosto) que debe su inquilina. Pese a que según el contrato esta debe pagarlo, por ser la dueña Llatas Arteaga aparece como la deudora oficial.
El rol de morosos por mantenimiento del edificio consigna el nombre de Soledad Llatas, por ser la propietaria oficial del departamento, pese a que quien debería pagar es Mercedes Figari. También aparece la «discoteca local», que es la reconvertida Downtown, el negocio de los Achuy.
¿El problema? Que ella no solo no recibe un sol por su inmueble hace más de 2 años, sino que además sigue pagando la hipoteca mensual −de US$180− que debería descontarse de la mensualidad. Con lo restante, la jubilada planeaba pagar gastos derivados de su tratamiento como trasplantada del hígado.
Por ejemplo: debe tomar de forma regular el escaso medicamento inmunosupresor Everolimus, para que su cuerpo no rechace el nuevo órgano. Al estar inmunosuprimida, sin embargo, se convirtió en una persona de altísimo riesgo frente a Covid-19, lo que la obligaba a sumar gastos adicionales durante la pandemia. Por primera vez durante esta, pudo recoger Everolimus con su seguro social en octubre. Antes tuvo que comprarlo. En total, toma 14 medicinas.
“Imagínense, una señora de la tercera edad como yo compra un departamento con los ahorros de su trabajo de varias décadas en el Congreso con la esperanza de tener una vejez tranquila. Pero he tenido que cruzarme con esta señora que se niega a pagar y no deja mi departamento. Es un descaro”, dice Llatas a Sudaca.
Sudaca intentó contactarse de todas las formas posibles con Mercedes Figari, pero evitó con igual insistencia declarar. Sin embargo, a Soledad Llatas le ha dado antes el argumento de que ella no es la dueña del inmueble. Ello en atención a una disputa judicial sobre la propiedad del mismo −que sería motivo de otro artículo− que Llatas ha ganado en primera instancia.
Sudaca también buscó la versión de Downtown Market en el local. Un representante aseguró haber hablado con la dueña y que esta se comunicaría con nosotros para dar descargos. No lo hizo al cierre de esta edición.
Después de jubilarse, Soledad Llatas vive pagando un departamento −con temor a que si deja de hacerlo, el banco la embargue− que disfruta otra persona. Ya ni siquiera espera que le paguen lo adeudado, sino que solo pide que la inquilina morosa desaloje pronto para poder alquilar de nuevo el lugar. Solo quiere que esto deje de ser un calvario.
Guillermo Bermejo ha asumido un nuevo rol en el tablero político del gobierno. Y es uno protagónico. El congresista de Perú Libre, identificado con el ala dura del partido, se ha convertido en un aliado inesperado del presidente Pedro Castillo. Esto, en plena pugna con Vladimir Cerrón tras el último comunicado amenazante del partido oficialista, que anuncia que no le darán el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez.
El 14 de octubre, horas después de que la agrupación del lápiz comunicara su decisión, Castillo convocó a Bermejo a las nueve de la noche a una reunión de emergencia para analizar la crisis política. El encuentro figura en el registro de visitas de Palacio. Bermejo llegó acompañado de Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, y de Richard Rojas, polémico operador de Cerrón nombrado hace poco embajador en Venezuela.
El presidente quería saber si peligraba el voto de investidura al Gabinete Vásquez y buscaba el apoyo de Bermejo, de acuerdo a una fuente cercana al parlamentario. “Se le hizo saber al presidente en la reunión que no se preocupara y que, a lo mucho, 12 parlamentarios afines a Cerrón no le darán la confianza a Mirtha Vásquez”, dice la fuente.
El jefe de Estado considera a Bermejo como un interlocutor válido con el lápiz, por encima de Cerrón en este momento, debido a que lo ha escuchado adoptar posturas conciliadoras. Lo había llamado también a Palacio varios días antes, el 5 de octubre, en medio de otra crisis política. Fue para comunicarle la decisión de refrescar el Gabinete y sacar a Guido Bellido del premierato, de acuerdo a una fuente del lápiz. Castillo se sintió legitimado a hacerlo recién tras aquel encuentro.
En la reunión del 14 de octubre también se habría hablado de otras cosas. Por ejemplo, sobre por qué los cerronistas criticaron que la vicepresidenta Boluarte no haya informado de su nuevo nombramiento como cabeza del Midis. De acuerdo a las fuentes, se consideró “absurdo” que Boluarte comunique su designación al ser solamente ratificada en el cargo. “Ella es parte del gobierno y Perú Libre aceptó que integre la plancha presidencial. No hay nada que informar”, dice una fuente de Perú Libre. La reunión entre el mandatario con Bermejo, Nájar y Richard Rojas duró hasta las once de la noche de aquel jueves.
El presidente Pedro Castillo Terrones suma al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, como un aliado. Foto: Presidencia.
NUEVO LIDERAZGO
En sus declaraciones públicas, Guillermo Bermejo se ha mostrado alineado con el bloque moderado del partido, integrado por Dina Boluarte y Betssy Chávez, ministras de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y de Trabajo, respectivamente. Antes el congresista, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso en una investigación fiscal, formaba parte del ala radical. Pese a no estar afiliado como militante, gozaba de la confianza de Cerrón. Ahora es un aliado de Castillo y todo apunta a que está construyendo un liderazgo propio.
Bermejo promovió la designación del polémico Luis Barranzuela como ministro del Interior, de acuerdo a fuentes confiables. Y es que el legislador había contratado como asesor en su despacho parlamentario al abogado Raúl Noblecilla, socio de Barranzuela en un estudio jurídico. “Renuncié hace unos días al cargo de asesor en el despacho del congresista Bermejo para evitar suspicacias. Guillermo Bermejo viene creando un liderazgo y es por su honradez y acompañamiento al pueblo”, dice Noblecilla a Sudaca.
Tras marcar cierta distancia con el ala dura del partido, Bermejo empezó a reunirse con ministros a quienes el cerronismo les ha puesto la puntería. El 7 de octubre visitó en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros a la premier Mirtha Vásquez. Y, cinco días después, el 12 de este mes, acudió a Torre Tagle para reunirse con el canciller Óscar Maúrtua, a quien antes había denostado por reemplazar a Héctor Béjar. El encuentro fue a petición del ministro de Relaciones Exteriores.
En medio de este juego fue que, el 13 de octubre, Cerrón convocó a una asamblea nacional extraordinaria de Perú Libre para asestar un duro golpe al presidente de la República. En el encuentro sólo participaron 26 secretarios regionales, además de él. Duró hasta las dos de la mañana. El resultado fue el ya conocido comunicado en el que el ala dura del partido decide no darle la confianza al gabinete Vásquez y alejarse de Castillo.
“La bancada le pidió una explicación al presidente cuando decidió cambiar al premier Bellido. Él nos dio una respuesta para salir de la presión. Dijo que había coordinado con el secretario general, el doctor Vladimir Cerrón, los cambios del Gabinete. Pero luego me comuniqué con él [Cerrón] y dijo que no había tratado para nada el tema de los ministros. Ahí acordamos no respaldar al nuevo Gabinete”, dice Alfredo Pariona, congresista y secretario regional de Perú Libre por Huancavelica. Pariona fue el único legislador oficialista que participó en la reunión virtual vía Google Meet.
Los cerronistas pusieron en el punto de mira también a la vicepresidenta Dina Boluarte, y a la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez. A ambas las amenazaron con sanciones en el comunicado. Y designaron como secretario nacional de disciplina al exprimer ministro, Guido Bellido, quien está con la sangre en el ojo y asegura que no cambiarán de postura respecto a negarle el voto de confianza a Mirtha Vásquez. “Nosotros somos un partido serio. No jugamos. Esas cosas no son negociables”, dice Bellido a Sudaca.
El comunicado de Perú Libre incomodó a Bermejo y a Nájar, según fuentes cercanas a ambos con las que conversó Sudaca. Y es que Nájar, con el apoyo de Bermejo, coordina con las otras agrupaciones de izquierda que integran la alianza de gobierno, en el llamado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. Ese frente –que integran Perú Libre, Juntos Por el Perú, Frente Amplio y Nuevo Perú, además de organizaciones sindicales– decidió apoyar los cambios en el Gabinete a través de un aviso el 7 de octubre. Sin embargo, el comunicado promovido por Cerrón en los últimos días tiró la alianza por la borda.
7 de octubre. El comunicado del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que integra Perú Libre, en el que respalda al presidente Pedro Castillo y a la primera ministra Mirtha Vásquez. La posición del ala radical del lápiz ha puesto en peligro la alianza.
“El comunicado de Perú Libre hace peligrar la alianza con otros grupos y deja mal al partido en el frente con un doble discurso”, dice una fuente alineada con Bermejo, en desacuerdo con un rompimiento con sus socios políticos.
El bloque moderado, al que ahora está alineado Bermejo, también cuestionó en la interna que el ala dura fomente la división en la bancada entre militantes de Perú Libre y profesores que apoyan a Castillo, con miras al voto de confianza. “No podemos dividirnos ahora”, dice una fuente.
Y la tensión en el oficialismo sigue escalando. Jorge Spelucín, secretario regional de Cajamarca de Perú Libre, anunció que Boluarte, Chávez y Bermejo “van a ser sancionados”. “Se los va a invitar al retiro”, dijo Spelucín en el programa “Al estilo Juliana”.
Jorge Spelucín Aliaga, secretario regional de Cajamarca de Perú Libre, promueve la expulsión de Dina Boluarte, Betssy Chávez y Guillermo Bermejo. Foto: Facebook de Jorge Spelucín.
Spelucín es un hombre de confianza de Cerrón y uno de los nuevos voceros de la organización en medios. El grupo de Bermejo lo cuestiona por formar el movimiento Venceremos Perú –a principios de año– que apoyó a Verónika Mendoza en primera vuelta, según una revisión en redes sociales. Las puñaladas están a la orden del día.
“En el país hay una clara posición de parte de la derecha de tumbarse a este gobierno. No podemos ceder al chantaje bajo el pretexto de la gobernabilidad”, dice el legislador cerronista, Jaime Quito, en alusión a Mirtha Vásquez. La primera ministra está en el ojo de la tormenta luego de que decidiera no impulsar el tema la Asamblea Constituyente. El presidente, por su parte, también juega sus cartas: ya sumó como aliado a Bermejo. Uno de los dos bandos saldrá airoso de la puja.
Esta es una ficha de afiliación al nuevo Partido Político Magisterial y Popular que busca su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este nuevo partido podría recibir a algunos congresistas de la Fenate-Perú e invitados, es decir, congresistas que no sean docentes (foto: Juan C. Chamorro).
