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La insólita estrategia que habría utilizado el exministro Juan Carrasco Millones para consolidar su poder en el inicio de su carrera.

La consolidación del poder es una tarea clave para cualquiera que pretende convertirse en un líder. Sin embargo, existen muchas maneras de lograrlo y es ello lo que expone la clase de liderazgo que se obtendrá. Mientras algunos optan ser líderes tras convencer al grupo de una forma de trabajo que será exitosa para el bien de todos, otros optan por utilizar el miedo como herramienta para que su poder no sea cuestionado.

En este último grupo parece que entraría el exministro Juan Carrasco Millones según la historia que Carlos Cabrejos Vega expone en “El falso Sheriff”. Acorde a lo que se relata en el libro, Carrasco no se habría vuelto incuestionable por sus colegas gracias a su eficiente trabajo sino a otras estrategias más que cuestionables.

“Ya no llores, amiga. Ya vendrá otro”

Tras hacerse conocido por encabezar casos que tuvieron una gran repercusión, Juan Carrasco Millones se había convertido en un personaje al que nadie criticaba y, según cuenta Cabrejos Vega, incluso se podía decir que era temido en épocas de la creación de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

Pero, aunque para el exterior nadie se animaba a convertirse en la imagen de las críticas a Carrasco Millones, los comentarios, o mejor dicho cuestionamientos, sobre su trabajo sí existían tanto en los pasillos del Ministerio Público como en la Policía y exponían que, por aquellos años, se había convertido en, como se describe en el libro de Cabrejos, un hombre empoderado y avasallador.

Uno de estos rumores que se relata, y posiblemente el más grave, indicaba que Carrasco Millones “chuponeaba a medio mundo”. El periodista Carlos Cabrejos cuenta que una fuente, quien también era fiscal, señaló que existía miedo a hablar por celular porque sospechaban que Carrasco y sus policías aliados los estaban escuchando.

Aunque para algunos esto podría ser tomado como un afirmación exagerada y hasta paranoica, lo cierto es que el episodio que relata esta trabajadora del Ministerio Público dista mucho de una sospecha infundada. Según lo que contó, Carrasco Millones saludó a una asistente fiscal a la que había encontrado en las escaleras con un “Ya no llores, amiga. Ya vendrá otro”.

La asistente fiscal fue a reclamarle a la persona a la que le había contado su problema personal. Pero, para su sorpresa, esta persona le respondió que no le había contado a nadie sobre esta situación que habían conversado por teléfono. Este episodio terminó por encender las alarmas de quienes creían que ya sospechaban de los chuponeos avalados por el ahora exministro y aumentó el temor que sentían hacia él.

Extorsión o cárcel

Pero así como aumentaba el poder de Carrasco Millones también aumentaban las irregularidades en los casos que se involucraba. Uno de ellos tuvo lugar en 2016 cuando se anunció, con todo el ruido mediático posible, la desarticulación de una red criminal llamada “Las Rocas” y se señaló que su líder, Marco Seclén Míñope, había sido el chofer  de la banda delictiva “La Gran Familia”.

Sin embargo, para sorpresa de muchos que sospechaban sobre el detrás de escena de estos operativos, el nombre de Marco Seclén era un desconocido en el mundo del hampa y parecía que nadie lo tenía como un personaje involucrado en actividades delictivas y, por supuesto, menos con una agrupación como “La Gran Familia”. Lo que se sabía de él era que trabajaba como conductor de colectivos.

 Este caso se tornó todavía más extraño al conocerse que, días previos a la famosa desarticulación de la agrupación criminal, Seclén Miñope se había acercado al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo extorsionado por un policía. Casualmente, este policía al que acusaba era Víctor Chafloque, uno de los oficiales más cercanos a Carrasco Millones y que ha estado involucrado en sus casos más cuestionados. 

Por una aparente fuga de información, Chafloque nunca acudió al punto de encuentro con Seclén Míñope y no pudo ser capturado. Acorde a lo que el propio Marco Seclén le explicó al periodista Carlos Cabrera, el hombre de confianza de Carrasco Millones le exigía treinta mil soles o la entrega de un automóvil para no ser incluido en la investigación.

Como es historia conocida, Seclén y otras seis personas fueron detenidas en esta desarticulación de una supuesta red criminal y, hasta la fecha, cinco de ellos siguen intentando demostrar su inocencia en un caso que, sin lugar a dudas, ha tenido un sinnúmero de grises que lo alejan de ser el gran logro de la justicia que se intentó mostrar a la opinión pública. 

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Fue candidato a una alcaldía con Renovación Popular, pero la derrota no evitó que obtenga generosos contratos con municipalidades bajo el control del partido de Rafael López Aliaga.

Los innumerables casos que de aprovechamiento por parte de presidentes, ministros, congresistas y hasta alcaldes que han colocado en puestos claves a sus amigos, familiares o militantes de sus agrupaciones políticas han sido, sin lugar a dudas, una de las principales razones por las que un gran sector de la población desarrolló una razonable desconfianza hacia la mayoría de partidos que han estado en el poder durante los últimos años.

Este clima de cuestionamientos y decepciones también creó que el contexto idóneo para que nuevos partidos puedan representar una renovación enarbolando la bandera contra esas prácticas. Renovación Popular fue uno de esos partidos y, con un discurso de guerra contra el sector progresista al que acusaba de llegar al poder para copar la instituciones y utilizar sus recursos contratando a sus aliados, logró el respaldo de un importante sector en diversos distritos de Lima.

Sin embargo, como ha ocurrido en tantas oportunidades, los partidos políticos pueden mostrar una cara distinta cuando están en el poder. Esto es lo que parece haber ocurrido con Renovación Popular, una agrupación política que parece tener sus propios caviares.

DE ALCALDE O LO QUE SEA

Para las elecciones del año 2022, William Ronald Salazar Mateo postuló al cargo de alcalde de Cieneguilla con Renovación Popular. El candidato de treinta y seis años quedó tercero y con una diferencia considerable con respecto al ganador de este proceso electoral. No obstante, el partido del alcalde de Lima no se olvidó de él al llegar al poder.

Cristian Rebosio

 

Antes de cumplir su primer mes como alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ya había logrado que su excandidato a Cieneguilla consiga una orden de servicio por seis mil soles con la Municipalidad de Lima por el concepto de servicio de coordinación de proyectos. 

Cristian Rebosio

 

Pero este no sería su único contrato con una municipalidad. Entre octubre y diciembre, Salazar Mateo facturó dieciocho mil soles por tres diferentes órdenes de servicio con la municipalidad del distrito de La Victoria, en donde el alcalde es Rubén Cano Altez y también forma parte de las filas de Renovación Popular.

Cristian Rebosio 

El trabajo del excandidato a Cieneguilla también sería muy solicitado por la Municipalidad de Lince. Con tres órdenes de servicio correspondientes a los meses de abril, septiembre y noviembre del 2023 que representaron veinticinco mil soles en ingresos para William Ronald Salazar Mateo por trabajos de distinta índole, como la coordinación de eventos y el monitoreo de página web y redes sociales. Casualmente, el distrito de Lince se encuentra a cargo de la gestión de Malca Schnaiderman, quien también pertenece a Renovación Popular. 

Cristian Rebosio

Con las órdenes de servicio de los municipios de Lima, Lince y La Victoria, William Salazar Mateo recibió cuarenta y nueve mil soles en 2023. Según el buscador de proveedores del Estado, las únicas órdenes de servicio a su nombre las ha conseguido con estos distritos que, coincidentemente, están bajo el mando del partido político que él integra.

UN PARTIDO FAMILIAR

Pero este no es el único integrante de la familia Salazar Mateo que ha conseguido trabajo con Renovación Popular. Tal como lo reveló Sudaca en el informe titulado  El protegido de López Aliaga, Cristian Salazar Mateo, quien aparece en imágenes de redes sociales junto a William Salazar Mateo, ha conseguido ser designado como parte de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima y como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas pese al episodio de difamación en el que estuvo involucrado.

Cristian Rebosio

 

Aunque hasta la fecha el discurso de Renovación Popular intenta plantear una batalla en la que ellos son los únicos que pueden evitar que el sector progresista, a los que llaman caviares, se adueñe del Estado y regale puestos laborales a sus aliados, los hechos parecen demostrar que el partido de Rafael López Aliaga tiene sus propios caviares.

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El propio alcalde de Lima lo acusó de realizar publicaciones difamatorias, pero ha logrado dos designaciones durante la gestión del político de Renovación Popular.

Pocos podrán olvidar lo que se vivió durante la contienda por la alcaldía limeña a finales del 2022. La rivalidad entre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, y Daniel Urresti, representante de Podemos, llevó a que ambos dejen de lado, en más de una oportunidad, la necesidad de propuestas para la capital y se centren en lanzarse adjetivos y hasta acusaciones muy serias.

Para López Aliaga, lo controversial no es un territorio desconocido. El líder del partido que anteriormente usaba el nombre de Solidaridad Nacional es conocido por su cercanía a grupos ultraconservadores y de extrema derecha y, por lo tanto, durante su carrera política, en varios momentos, ha sido acusado de realizar comentarios indolentes, machistas y discriminadores.

Sin embargo, durante su batalla con Urresti por el sillón municipal, el actual burgomaestre limeño se vio involucrado en un serio caso de difamación del cual se intentó defender culpando a un integrante de su equipo al que, posteriormente, ha premiado con dos designaciones tras su llegada a la Municipalidad de Lima.

LAVADA DE MANOS

Con las encuestas anticipando un mano a mano muy reñido entre López Aliaga y Urresti, cada declaración de los candidatos podía jugar un papel clave. No obstante, este panorama parecía haber llevado a que el candidato del partido celeste se valga de cualquier recurso para golpear la candidatura rival incluso si no tenía las pruebas para sustentarlos o si no estaba realmente convencido de las afirmaciones usadas.

En este intento de afectar al contrincante, en las redes de López Aliaga se acusó al exministro humalista de violación y del asesinato del periodista Hugo Bustíos y, si bien Urresti fue condenado a doce año de prisión por el asesinato de Bustíos, esto recién ocurrió en abril del 2023 y la acusación fue en el contexto de las elecciones que se realizaron en octubre del 2022.

Aunque se trataba de una acusación seria, el entonces candidato a la alcaldía parecía no tomarlo de esa manera y, por sus declaraciones posteriores, no mostraba tener un gran conocimiento del caso ni estar convencido de la acusación hecha contra Urresti. “El que se pica pierde. Parece una niña engreída, realmente. Eso no es de hombres”, respondía López Aliaga a los medios cuando le consultaban por las posibles acciones legales que tomaría Daniel Urresti en su contra.

El panorama cambiaría cuando Urresti Elera lo denunció por difamación agravada y el ya entonces alcalde electo se desligó de las acusaciones hechas. “No es un hecho realizado por mi persona”, indicó durante la audiencia. Cuando se le pregunta por el responsable de la publicación, Rafael López Aliaga señala que “el jefe de redes de la campaña es Cristian Salazar Mateo. La publicación la hace él”. Estas declaraciones quedaron registradas en el siguiente video que publicó el medio Infobae.

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PREMIO PARA EL ACUSADO

Tras haber realizado una publicación que, supuestamente, no contaba con la anuencia del líder del partido, más de uno se imaginaría que este jefe de redes perdería su puesto tras haberse visto involucrado en un caso de difamación. Sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado para Cristian Salazar Mateo.

El 5 de enero del 2023, a menos de una semana de la llegada de Rafael López Aliaga al palacio municipal, Cristian Jon Salazar Mateo fue designado como asesor de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima.

Cristian Rebosio

Pero aquí no terminarían las sorpresas para quien fuese el jefe de redes en la campaña del alcalde. El martes 21 de mayo del presente año, Salazar Mateo fue designado como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas en un comunicado firmado por Rafael López Aliaga.

Cristian Rebosio

Paradójicamente, mientras la gestión de López Aliaga pretende mostrar una postura implacable contra la difamación, la Municipalidad de Lima parece no haber tenido problema en darle un espacio a un personaje que, supuestamente sin el aval del entonces candidato, realizó una acusación sin pruebas.

Cristian Rebosio 

Aunque el historial del ahora condenado Daniel Urresti está lejos de ser inmaculado, la manera en que Renovación Popular abordó este caso, sin estar convencidos de las acusaciones hechas, expone la poca rigurosidad de un grupo político que, desde el poder que le otorga el sillón municipal, hace referencia a la difamación ante cualquier informe crítico.

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El alcalde de La Molina, Diego Uceda, se vuelve a enfrentar a serias acusaciones. La teniente alcalde de este distrito ha conversado con Sudaca para exponer la hostilidad que viene padeciendo y estaría siendo orquestada desde la propia municipalidad.

El pasado mes de febrero empezó a circular en redes sociales un escandaloso audio en el cual se escuchaba a Diego Uceda, alcalde de La Molina, realizar comentarios ofensivos contra su teniente alcalde Milagritos Quintana Mogollón. En la grabación se escucha al político de Renovación Popular durante una reunión con funcionarios municipales en diciembre del 2023.

Tal como expuso Sudaca en exclusiva en el mes de marzo, este caso fue tan grave que el Décimo Juzgado de Familia, tras escuchar el testimonio de Quintana, resolvió que el burgomaestre se debería someter a una terapia psicológica por la violencia psicológica ejercida contra Milagritos Quintana, a quien también se le brindaron otras medidas de protección.

 

DE MAL EN PEOR

Sin embargo, meses después, esta dinámica violenta contra funcionarios que cuestionan al alcalde Uceda parece no haber cambiado en la Municipalidad de La Molina. Sudaca conversó con Milagritos Quintana y su testimonio no sólo expone que la cabeza del municipio no ha mejorado su trato sino  que, además, los actos de hostilidad en su contra parecen haber ido escalando en su agresividad.

A ello se le ha sumado que, en una sesión extraordinaria del Concejo Distrital de La Molina que se llevó a cabo en los primeros días de mayo, el pedido que realizó la teniente alcalde de una suspensión por treinta días para el alcalde Uceda como consecuencia de sus desafortunadas expresiones fue rechazada y lo que se tomó en cuenta para ello fue que estos agravios no ocurrieron en el contexto de una sesión del concejo.

Cristian Rebosio

“He estado siendo hostilizada”, señala Quintana y agrega que, tras su denuncia al alcalde,  incluso se han difundido noticias falsas sobre ella y su familia. “Ha salido un denuncia de mi esposo y esa información es falsa. Sacaron un reel en redes sociales diciendo que yo había denunciado a mi esposo”, explicó.

Milagritos Quintana relata que, entre estas noticias falsas en su contra, una de las que más circuló fue una en la que era acusada de tener una deuda de tres millones de soles con la Sunat. Esta información llegó a ser publicada en medios como es el caso del diario Expreso, el cual tuvo que rectificarse debido a que Quintaba había dejado de ser accionista de la empresa que acumuló esta deuda después de su salida. 

Cristian Rebosio

LOS ALIADOS DEL ALCALDE

Fue en redes sociales en donde más se difundieron estas noticias falsas sobre la teniente alcalde. Entre el material que circuló se encontraba el siguiente video en el que, según aclaró Quintana, mintieron y, además, se refirieron a ella de forma despectiva, la acusaron de querer quedarse con el cargo del alcalde Uceda y hasta hacen referencia a la violencia contra la mujer en forma de burla.

Sin embargo, esta aparente campaña contra Quintana también se desplegó con fuerza en los grupos de vecinos de La Molina. Como se puede observar en la siguiente captura, la información falsa sobre una deuda con Sunat fue difundida en Facebook.

  Cristian Rebosio

Pero, en estas publicaciones, Milagritos Quintana pudo descubrir a la persona detrás de estas acusaciones. Tal como se puede ver en la siguiente imagen, quien se encargó de darle voz a esta denuncia pública fue Sara Figari Zúñiga, quien se presenta como dirigente vecinal y es la persona que maneja este tipo de grupos. 

Cristian Rebosio 

Además, Milagritos Quintana relata que esta persona se ha encargado de atacarla constantemente en redes sociales y, como queda expuesto en la siguiente captura, incluso a llegado a involucrar a miembros de su familia en sus publicaciones.

Cristian Rebosio 

Para Quintana, estos ataques no serían una casualidad y señaló que existe una cercanía entre Figari y la gestión actual, a la cual defiende y celebra en el grupo de Facebook que maneja. Tal como lo ha podido comprobar Sudaca, Sara Figari ha realizado, tan sólo en lo que va del 2024, más de diez visitas a la Municipalidad de La Molina. 

Cristian Rebosio 

Cuando Milagritos Quintana denunció al alcalde Diego Uceda tras escuchar los comentarios denigrantes que el burgomaestre realizaba sobre ella ante otros funcionarios, la jueza María Delia Ubillus Vargas del Décimo Juzgado de Familia dictó una serie de medidas de protección entre las cuales ordenaba prohibir cualquier tipo de represalia por la denuncia hecha así como cualquier acto violento como amenazarla, humillarla y denigrarla. 

Cristian Rebosio

No obstante, por lo que ha relatado Milagritos Quintana, pareciera que el alcalde Uceda ha encontrado la manera de no exponerse directamente a una nueva denuncia y, por medio de sus aliados, continuar con la hostilidad y aparente venganza en contra de aquellos funcionarios incómodos para su gestión. “Si hay actos de corrupción, no tengo la culpa de eso”, comenta Quintana, quien siente estar pagando un precio demasiado alto por exponer las irregularidades de un municipio en el que la agresión se ha convertido en un capítulo que se repite.

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La Molina, Renovación popular, Uceda

El reciente Decreto Supremo Nº 009-2024-SA, publicado por el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú, ha generado gran controversia al clasificar las diversidades sexuales y de género como patologías mentales. Esta normativa, que se enmarca dentro del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), ha sido criticada por expertos y activistas, quienes advierten sobre los riesgos de estigmatización y violencia que conlleva.

Especialistas han señalado que esta medida representa un retroceso de décadas en los derechos de la población LGBTIQ+. El decreto incluye términos desactualizados como «transexualismo» y «transvestismo de rol dual», términos que han sido eliminados de los principales clasificadores de enfermedades mentales a nivel internacional desde hace años. 

En medio de ello, el Minsa no ha proporcionado un protocolo claro para la implementación de esta norma, lo que sugiere que las intervenciones podrían basarse en pseudociencia.

Ahora bien, la inclusión de estas categorías médicas en el PEAS puede legitimar prejuicios y estigmas, incrementando la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ frente a la violencia y discriminación. El Minsa, hasta ahora, no ha brindado información detallada sobre los procedimientos contemplados bajo esta nueva regulación, generando más incertidumbre y preocupación en la comunidad.

Mientras nuestro país avanza hacia la patologización de la diversidad sexual y de género, países vecinos como Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile han implementado políticas públicas que reconocen y protegen estas identidades. Estas naciones han desarrollado sistemas de salud que registran la identidad de género y la orientación sexual de manera inclusiva, promoviendo la igualdad de derechos y reduciendo la discriminación.

 

 

La respuesta de la comunidad internacional 

Los organismos de derechos humanos han instado a Perú a reconsiderar esta medida. La patologización de las identidades LGBTIQ+ contradice los avances globales hacia la despatologización y el respeto de la diversidad. Las personas LGBTIQ+ merecen ser tratadas con dignidad y respeto, sin ser vistas como enfermas.

El reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+ es fundamental para una sociedad inclusiva y justa. La salud pública debe basarse en la evidencia científica y el respeto a todas las identidades, sin discriminación ni estigmatización.

La BBC informa que el decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), utilizando categorías obsoletas del CIE-10, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha eliminado desde 2019. Entre los diagnósticos incluidos están el «transexualismo» y el «transvestismo fetichista», que han sido criticados por legitimizar prejuicios y discriminación hacia las personas LGBTIQ+.

El colectivo Más Igualdad Perú y el científico Percy Mayta Tristán, entre otros, han expresado su preocupación por esta medida. Argumentan que, aunque se presente como una intención de mejorar el acceso a la salud, en realidad perpetúa la patologización de las identidades trans y puede abrir la puerta a prácticas discriminatorias y terapias de conversión.

En respuesta a las críticas, el Minsa ha emitido un comunicado defendiendo el decreto y afirmando que el CIE-10 sigue vigente en Perú hasta la implementación del CIE-11. Sin embargo, el comunicado no aborda las preocupaciones sobre la estigmatización y discriminación que esta medida puede causar.

Benjamín Zevallos
Comunicado de prensa del MINSA sobre el tema

Este decreto se emite en un contexto donde otros países de la región avanzan en la despatologización de la diversidad sexual y de género, lo que resalta el retroceso que representa esta normativa en Perú.

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#LGBTIQ+, Enfermedad, Minsa

En noviembre del año 2016, antes que la Covid 19 desatara su guerra mundial contra el género humano, la multinacional Mondelez International, fabricante del ultra conocido chocolate Toblerone, decidió ensanchar el espacio entre los triángulos de chocolate de la famosa golosina, entregando menos por el mismo precio. Preguntado el portavoz de Mondelez en el Reino Unido por la decisión corporativa de la multinacional, este respondió en la cuenta de Facebook de la empresa: “Decidimos cambiar la forma para mantener el producto accesible para nuestros usuarios”.

Con esa pequeña nota, la compañía que produce en decenas de países las marcas de snacks más conocidas del mundo, como Oreo, Chips Ahoy!, Toblerone, Cadbury, Trident, Chiclets y Halls, le dio la partida de nacimiento a la reduflación, la práctica que vuelve “locas” a las amas de casa y hace más y más ricas a las empresas fabricantes de productos masivos, sobre todo en detergentes, aceites, condimentos, productos de limpieza y un largo etcétera.

Menos por más 

Desde las cuarentenas que obligaron al cierre temporal a una serie de negocios en todo el mundo, los fabricantes de productos de consumo masivo vieron reducirse sus enormes márgenes de ganancia, y, en lugar de mantener sus precios a la espera del fin de la pandemia, se pusieron rápidamente de acuerdo para castigar a los consumidores, trasladándoles todo el problema a los sufridos consumidores. Ese es el origen del problema que enfrenta a las asociaciones de consumidores del mundo entero contra los fabricantes abusivos.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) continúa la campaña iniciada el año pasado, denunciando la práctica conocida como reduflación, la cual está extendida por todo el mundo. Dicha política consiste en reducir la cantidad, el tamaño o el número de unidades de un producto manteniendo o elevando su precio.

Si a ese nuevo tipo de estafa al consumidor le sumamos la llamada obsolescencia programada, la cual consiste en fabricar piezas vitales de automóviles, de electrodomésticos y de muchos otros productos de uso cotidiano que se malogran al llegar a cierto número de ciclos de encendido. En todo el planeta, solo el arsenal legislativo de la República Francesa ha logrado incluir prohibiciones expresas a esa práctica, aunque es difícil penalizar todo y al mismo tiempo.

Aunque en el Perú se tolera la reduflación siempre y cuando se informe la disminución del contenido en el envase, ASPEC considera que eso no es suficiente, ya que muchos consumidores no revisan minuciosamente las etiquetas y confían en recibir el contenido de siempre.

Por ello, ASPEC insta a las autoridades del Legislativo y del Ejecutivo a seguir el ejemplo de Francia y promulgar las normas que sean necesarias a fin de informar y alertar a los consumidores sobre la reduflación.

En el Perú la compañía de alimentos procesados Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas: Primor, Cocinero, entre otras, también ha reducido el contenido de fideos Don Vittorio de 500 a 450 gramos

En la industria láctea ha sucedido otro tanto. El paquete de mantequilla Laive se ha reducido de 200 a 180 gramos, mientras la botella de yogurt bebible Gloria pasó de 1.9 a 1.7 kilogramos. Y así continua la larga lista de productos como agua, yogurt, gaseosas, cereales, mayonesa, margarina, papel higiénico, detergentes, champú, toallas de papel, pastas, pan de molde,

 

Viviana Rodriguez
Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas

La reduflación recorrre el mundo 

Carrefour, la cadena de supermercados de origen francés, decidió un día combatir in situ a las empresas que reducen los tamaños de sus productos pero mantienen sus precios iguales. Para ese fin, Carrefour colocó avisos en los estantes para advertir a sus compradores sobre la shrinkflation (algo así como la reduflación, una mezcla de reducción con inflación). El aviso estaba dirigido, principalmente, contra el té helado Lipton, los chocolates Lindt y otros productos de Pepsico/Unilever, uno de los gigantes de la comercialización de bebidas no alcohólicas.

Consultado el director de comunicaciones con los clientes de Carrefour, este declaró a la prensa: “queremos poner presión a las empresas fabricantes para que mantengan precios bajos”.

En México, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), le dijo a la BBC que en su país esta “tendencia afectaba a los productos de alto consumo en general” que son ofrecidos en presentaciones más pequeñas y en envolturas distintas a las originales. Se refería, fundamentalmente, a los panes, los snacks, los aceites, los cereales, los atunes los refrescos y los detergentes.

Vanesa Ruiz, la gerente general del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, Argentina, también indicó que en su país se venía detectando la reduflación desde hace algún tiempo. “Muchas empresas realizan esto de forma paulatina como una forma de ahorro, porque esas reducciones pequeñas en cada producto significan un beneficio importante para ellas”, le dijo a BBC en Español.

Así como los gremialistas mexicanos y los argentinos se dieron cuenta que las bolsas de papas fritas venían llenas de aire, las latas de sopa se habían encogido y los paquetes, frascos y sachets de detergentes que se habían reducido, las amas de casa descubrieron que el papel higiénico, las servilletas y toallas de papel y demás productos de uso diario pesaban menos y eran más caras.

La indignación es mundial, porque la estafa es global, llámese shrinkflation en inglés o reduflación en castellano; además, la fórmula encontrada por los abogados corporativos de las multinacionales les dijo que la práctica era malsana, pero no ilegal, porque ninguna de las corporaciones había firmado un contrato de inamovilidad de precios con uno, varios, muchos o todos los consumidores.

Según la Asociación de Consumidores de Columbia Británica, la reduflación nació realmente en 1988, es decir hace treinta y tantos años, cuando la marca Chock Full o’Nuts redujo su lata de café de 455  a 368 gramos, y otros productores siguieron su (mal) ejemplo: la estafa de los productores a los consumidores había llegado para quedarse entre nosotros.

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El polémico detrás de escena del salto a la fama del exministro Juan Carrasco Millones en su época como fiscal adjunto.

En un país en el que abundan la historias de jueces, fiscales y abogados que, por el precio correcto, parecen estar dispuestos a manipular la justicia para beneficiar hasta a los delincuentes más siniestros, la aparición de personajes que cumplen con su trabajo en la lucha contra el crimen termina por generar en la población un entusiasmo propio de quien encontró a un ser que creía extinto.

Sin embargo, no todas las historias de estos personajes que, por momentos, parecieran ser los únicos dispuestos a defender las banderas de la justicia tienen un final en el cual estos héroes inesperados logran consagrarse en ese rol sino que, por el contrario, son varios los casos en los que se descubre que las motivaciones que los impulsan pueden estar tan corrompidas como las de aquellos contra los que dicen luchar.

TODO POR EL PODER

Este parece ser el caso del exministro Juan Carrasco Millones según lo expuesto por Carlos Cabrejos Vega en su libro publicado recientemente  titulado “El falso Sheriff”. En este texto, Cabrejos relata el violento momento que atravesaba Lambayeque hace más de una década en medio de las extorsiones y peleas por el control de las obras de construcción civil.

En medio de ese panorama de aparente desinterés de las autoridades por combatir a quienes habían acabado con la tranquilidad de la región es que toma notoriedad el nombre del fiscal adjunto provincial penal de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien formaría parte de una mesa de diálogo que pretendía dar una solución a las extorsiones e informalidad del sector transporte.

Carrasco se enfocó, durante aquellos años, en promover investigaciones y juicios orales a extorsionadores. Carlos Cabrejos detalla en su libro que Carrasco Millones pretendía darle uso a la formación política que tuvo como parte del Frente de Integración Estudiantil para que su imagen pública tome mayor importancia.

Si bien una dosis de vanidad puede parecer un dato irrelevante si la historia se trata de una autoridad que, finalmente, podía ponerle fin a los problemas con la delincuencia que aquejaban a la región, la respuesta delo propio Carrasco a un periodista terminaría por exponer que el exfiscal había construido una imagen que estaba muy lejos de la realidad.

“¿Y luego de qué vivimos, don Carlos?”, fueron las palabras que Carrasco Millones le dijo a un periodista que, tras una conferencia de prensa, le preguntó “¿por qué si ya se tiene la estrategia para combatir a la delincuencia, no se acababa con ella?” y que empezaron a exponer sus verdaderas intenciones y compromiso con la justicia.

El coronel Jorge Linares Ripalda es uno  de los que conoció a Carrasco Millones en sus inicios y pudo presenciar desde la primera fila la manera en que el exministro operó en contra suya y de sus hombres cuando estuvo en Lambayeque intentando darle pelea a las bancas criminales de esta zona. Según se enteró el propio Linares, Carrasco incluyó a sus hombres en un organigrama que pretendía involucrarlos con actos delictivos pese a que no contaba con las pruebas para sustentarlo.

El general PNP Eleuterio Díaz Pérez sería otra de las personas afectadas por el entonces fiscal que lo culpaba por la rotación de su personal de confianza. Para ese momento, Carrasco Millones no sólo se mostraba como un personaje que disfrutaba de la fama sino como alguien que podía realizar serias acusaciones en su intento de escalar y empezó a ser visto con cierto temor en su entorno laboral.

PROHIBIDO CRITICAR

Pero para Carrasco no bastaba el poder que venía acumulando en su institución ni el temor de algunos colegas. El fiscal provincial también intentaría intimidar a aquellos medios que, por aquella época, empezaban a realizar publicaciones incómodas sobre el trabajo que venía realizando.

Uno de estos medios fue el semanario “El Gato”, el cual era un crítico severo de su labor contra las mafias extorsionadoras así como de algunos allanamientos extraños. Si bien Carrasco Millones ya tenía en la mira a este medio desde el inicio de sus publicaciones, no tardaría mucho en tomar acciones en contra de ellos.

Para 2014 se publicó un informe policial, hecho por pedido del Ministerio Público, en el cual se acusaba al medio de amedrentar a las autoridades y se intentaba vincularlo con la gestión del alcalde Roberto Torres. Como era de suponerse, el fiscal a cargo de esta investigación fue Juan Carrasco Millones.

En su libro, Carlos Cabrejos sospecha que el accionar de Carrasco Millones contra el alcalde Roberto Torres y los funcionarios de su gestión no fue producto de una lucha contra la corrupción sino de una venganza contra quienes sentía que podían ser una amenaza para el poder que estaba construyendo y, tal como lo informó Sudaca en informes previos, hubo muchas irregularidades en el accionar de Carrasco en el caso del exalcalde Torres que respaldan las sospechas de Cabrejos.

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Un asesinato por miedo a sus declaraciones. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue secuestrado y su cuerpo fue tirado a pocos metros de su casa.

¿Qué hay detrás de la muerte de Guardamino?

El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor el ex presidente de la comunidad campesina Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales), en complicidad con Aniceto Elvis Arguelles Loayza dueño de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. efectúan la compra venta fraudulenta de 10,000 hectáreas pertenecientes a la Comunidad Campesina de Quipán por la ridícula suma de 600,000 soles, es decir, 0.006 soles por metro cuadrado

La actual dirigencia, al mando de Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y denuncia al ex presidente Mosquera Ortiz, quien fue condenado -en primera instancia- a 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- esto es reducido a 4 años de prisión suspendida.

Benjamin Zevallos 

Sentencia contra el expresidente de la comunidad de Quipan, Abel Cruz

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C viene operando en el terreno un botadero de basura llamado Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, lo que motivó una serie de denuncias del Presidente Guardamino, por el daño al medio ambiente y a la salud de los propios comuneros.

Argüelles a fin de evitar que la Comunidad Campesina de Quipán recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, simula la transferencia del terreno en forma de pago por un supuesto contrato de movimiento de tierras impago hacia la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., empresa que de acuerdo a SUNAT tiene como Gerente General a Gerson Guillen Argüelles, sobrino de Aniceto Elvis Argüelles Loayza.

Pero vayamos al punto central, ¿Cuál fue el motivo de asesinarlo?

Todo aterriza a que un día después de su asesinato, Guardamino tenía que acercarse al Ministerio Publico para responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Sin embargo, en la noche anterior es asesinado. Pero, ¿Por qué tanto miedo de que el dirigente fuese a declarar?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles, entre ellos, y el que más resalta, es que el dirigente interpone denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Dicha denuncia penal iba contra:

Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de la empresa Industria Arguelles

Karen Marianella Pasco Flores, Gerente General de la empresa Industria Arguelles

Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan

Gerson Guillen Arguelles, Gerente General de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C

Guardamino mencionó en su denuncia que Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza para que el 12 de diciembre del 2016 adquiera en compra venta la extensión de 10,000 hectáreas de tierras de propiedad de la comunidad campesina de Quipan por la suma de 600,000 soles cuando el valor real de dichas tierras está estimado en aproximadamente 5,533,708.31 nuevos soles.

Benjamin Zevallos
Denuncia interpuesta por, quien en vida fue, Santiago Guardamino, presidente de la comunidad de Quipan

Según la documentación en donde se introdujo datos e información falsa y en claro contubernio entre los denunciados Karen Marianella Pasco Flores y Abel Cruz Mosquera Ortiz cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por su líder Aniceto Elvis Arguelles Loayza simularon celebrar la compra venta de terrenos de propiedad”, menciona el documento indicando que los 600,000 soles fueron pagados a través de un cheque de gerencia.

 

 

 

Mientras siguen dándose a conocer detalles que complican la situación de Martín Gonzáles Sánchez, el exdirector de la DIGIMIN, aparecen nuevos nombres y hechos que exponen el copamiento de puestos claves para lograr la impunidad de algunos personajes.

La detención del director de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), el coronel PNP Martín Gonzáles Sánchez, parece haber destapado una serie de irregularidades que comprometen a varios personajes vinculados al gobierno de turno así como al que encabezaba Pedro Castillo.

Acorde a la información que maneja la Fiscalía, Gonzáles Sánchez tuvo una participación clave en la fuga de personajes como Juan Silva, César Hinostroza y Fray Vásquez, el  sobrino de Pedro Castillo. El coronel PNP habría sido el responsable de alertar a estos prófugos sobre las acciones de la policía para que estos puedan adelantarse a sus movimientos y seguir escapando de la justicia.

Además, con respecto a su relación con el gobierno de Dina Boluarte, Gonzáles Sánchez habría sido el encargado de desbaratar el Equipo Especial de la Policía Nacional, el cual era liderado por Harvey Colchado, un hecho que fue seriamente cuestionado e interpretado como una venganza.

Pero, por supuesto, le presencia de Gonzáles Sánchez en un puesto clave no es una coincidencia. Acorde a la información que se dio a conocer durante el pedido de prisión preventiva para el exdirector de la DIGIMIN, el exministro Juan Carrasco Millones fue el responsable de la llegada de Martín Gonzáles a este puesto cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior.

Aunque la información que se maneja actualmente también vincula la designación de Carrasco Millones como ministro del Interior a un pedido de Gonzáles Sánchez al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según información del programa Cuarto Poder, tras una reunión que se llevó a cabo en julio del 2021, en la cual Gonzáles expuso el seguimiento que se le venía realizando a Cerrón, se llegó al acuerdo de designar a Carrasco Millones como ministro.

Cristian RebosioA esto se le suma que, tal como se pudo apreciar en la imagen anterior, el propio Carrasco Millones mantenía diálogo con el sobrino de Pedro Castillo y se refería a Gonzáles Sánchez como alguien que podía “ayudar con sus problemas de investigación” para, posteriormente, brindarle el número del entonces director de DIGIMIN.

Además, también se presentó la declaración de un testigo en reserva que expuso la cercanía del exministro con el sobrino de Pedro Castillo Terrones. Según su declaración, incluso en la época en que Fray Vásquez se encontraba más complicado con la justicia, quien seguía en comunicación con él y se mantenía dispuesto a ayudarlo era el ministro Carrasco Millones.

Cristian Rebosio
Cabe señalar que, además, en los días previos a la detención de Martín Gonzáles Sánchez, más precisamente el 23 de abril, el exdirector de DIGIMIN fue fotografiado reunido con Romel Agustín Díaz Paz, secretario de la Inspectoría General de la Policía. Esta reunión ocurrió días después de la suspensión a Harvey Colchado.

Esta información toma especial relevancia por el vínculo que existe entre Juan Carrasco Millones, el responsable de llevar a Gonzáles Sánchez a DIGIMIN, y Romel Díaz Paz, quien tuvo una participación especial en la elaboración de los informes de inteligencia para las prisiones preventivas que Carrasco Millones solicitaba en sus días como fiscal y que, tal como lo ha informado Sudaca en otros informes periodísticos, mostraban serias irregularidades y, en numerosos casos, las personas detenidas eran liberadas posteriormente debido a la falta de pruebas.

Sin embargo, este no es el único dato que compromete a Díaz. Años atrás, luego de la detención del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, algunos de los funcionarios de su gestión que también fueron detenidos declararon que el burgomaestre afirmaba tener un policía que lo alertaba de cualquier operativo que se estuviese por realizar en la municipalidad y el nombre mencionado fue el de Romel Díaz Paz.

Paradójicamente, pese a estar involucrado en numerosos casos de prisiones preventivas que no concluían en condenas y presentaban serias irregularidades en la sustentación, el exministro Carrasco Millones a declarado con respecto a la detención y prisión preventiva para Martín Gonzáles Sánchez que “La estrategia era detener para investigar, pero se ha olvidado que hay un nuevo Código Procesal Penal, donde la exigencia es: investiga para detener”.

 

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Fray Vásquez, Juan Carrasco, Martín Gonzáles, Romel Díaz
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