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El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas cometidas durante su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se ratificó la sentencia impuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, declarándolo culpable como autor del delito contra la fe pública.

Contreras está en la obligación de dar la cara a la Comunidad de Quipan por una gestión que no solo permitió a la Empresa Arguelles ir delante con un proyecto que afecta la autonomía e integridad de los vecinos, sino también que cobro la vida de un dirigente cuyo asesinato está siendo investigado, pero que trae a la mesa la discusión por su asesinato justo un día antes de acercarse al Ministerio Publico para declarar en contra de esta empresa y de Abel Contreras.

¿Cómo fue el proceso que empezó Santiago Guardamino?

En un caso que ha sacudido la conciencia de la nación, Santiago Guardamino Gonzales, destacado defensor de la integridad de la Comunidad de Quipan, fue brutalmente asesinado en la puerta de su casa, justo después de haber obtenido el apoyo crucial de los comuneros en su lucha contra la corrupción y la venta ilegal de terrenos. Guardamino, quien ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal, fue abatido a tiros por sicarios, recibiendo nueve balas en su cuerpo, un acto que se presume fue cometido para silenciar sus declaraciones programadas ante la Corte Suprema de Justicia.

Guardamino había sido una figura clave en la batalla judicial contra la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C, vinculada a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales. Estos terrenos, valorados en 600,000 soles, fueron vendidos a un precio irrisorio, en complicidad con el anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos oficiales para consumar la venta. Guardamino, comprometido con la justicia, había impulsado un proceso judicial para anular este contrato fraudulento y llevó a cabo una denuncia penal que resultó en la condena de Mosquera Ortiz.

El asesinato de Guardamino, perpetrado a pocos metros de su hogar, se produjo en un momento crucial. Su declaración ante la Corte Suprema, prevista para el 3 de abril de 2024, era un elemento esencial para resolver el caso (expediente N° 7399-2023). Este caso tenía el potencial de invalidar la venta fraudulenta y devolver la propiedad a la Comunidad de Quipan, evitando así la realización del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi” en los terrenos comprometidos.

La comunidad de Quipan había depositado su confianza en Guardamino para enfrentar las irregularidades que habían marcado la administración de su antecesor. La venta fraudulenta de tierras había dejado a la comunidad en una crisis profunda, y Guardamino, con su liderazgo, se había erigido como un bastión de esperanza y justicia. Su valentía y determinación lo llevaron a desafiar poderosos intereses, pero también lo convirtieron en un objetivo para aquellos que temían las repercusiones de sus acciones judiciales.

El asesinato de Guardamino no solo es un golpe devastador para su familia y la Comunidad de Quipan, sino también un llamado de atención sobre la fragilidad del sistema de justicia cuando se enfrenta a la corrupción y la violencia. Su muerte subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que, con valentía, defienden los derechos de sus comunidades y luchan por un futuro más justo.

En un último esfuerzo por anular la compra venta fraudulenta, Guardamino había iniciado un proceso civil paralelo, estrechamente vinculado al resultado de su declaración ante la Corte Suprema. Ahora, con su muerte, la comunidad enfrenta un nuevo desafío: mantener viva la lucha de Guardamino y asegurar que su sacrificio no haya sido en vano.

La tragedia de Santiago Guardamino es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los defensores de la justicia y los derechos humanos. Su legado, marcado por la valentía y el compromiso con su comunidad, debe inspirar a todos a continuar la lucha por la verdad y la justicia en Quipan y más allá.

Guardamino había estado al frente de una ardua batalla legal contra la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales a la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la irrisoria suma de 600,000 soles, equivalentes a 0.006 soles por metro cuadrado. Este negocio ilícito fue realizado con la complicidad del anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, y el propietario de la empresa, Aniceto Elvis Arguelles Loayza. La venta se llevó a cabo mediante la falsificación de documentos oficiales, incluyendo actas de asamblea general y estudios topográficos y catastrales.

En su lucha por la justicia, Guardamino había logrado la condena de Mosquera Ortiz a 5 años de prisión efectiva en primera instancia, aunque esta pena fue reducida a 4 años de prisión suspendida en segunda instancia. Sin embargo, la influencia de Industrias Arguelles no se detuvo ahí. La empresa continuó operando en el terreno un botadero de basura denominado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi«, lo que motivó una serie de denuncias de Guardamino por los daños ambientales y de salud causados a los comuneros.

La magnitud de la corrupción se hizo aún más evidente cuando se descubrió que Aniceto Elvis Arguelles Loayza simuló la transferencia del terreno a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., dirigida por su sobrino Gerson Guillen Arguelles, para evitar que la Comunidad Campesina de Quipan recuperara las tierras.

El motivo detrás del asesinato de Guardamino se centra en su inminente declaración ante el Ministerio Público. El día después de su asesinato, Guardamino debía responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Esta declaración era crucial para demostrar la ilegalidad de la venta de terrenos y recuperar las propiedades para la comunidad.

Además de sus esfuerzos legales contra la venta fraudulenta, Guardamino también había iniciado una denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, Karen Marianella Pasco Flores (Gerente General de Industrias Arguelles), Abel Cruz Mosquera Ortiz (ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan) y Gerson Guillen Arguelles.

Según la denuncia, Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Arguelles Loayza para adquirir fraudulentamente las tierras por 600,000 soles, cuando su valor real era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Guardamino expuso que los documentos utilizados contenían datos falsos y que la compra venta fue una simulación para ocultar la verdadera intención de apropiarse de los terrenos comunales.

El asesinato de Santiago Guardamino es un claro intento de silenciar a un defensor de la justicia y proteger los intereses corruptos de aquellos que buscan explotar los recursos de la comunidad de Quipan. Sin embargo, el 06 de mayo la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un RECURSO DE NULIDAD interpuesto por el mismo Abel Contreras, expresidente de la Comunidad de Quipan y quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas que cometió en su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se RATIFICÓ la sentencia interpuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte “como autor del delito contra la fe pública”.

El organismo encargado del licenciamiento y fiscalización de la educación superior en el Perú habría pasado por alto una grave denuncia por violencia de género al contratar a un exdecano del Colegio de Periodistas del Perú.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria viene enfrentando lo que, indiscutiblemente, es su periodo de mayor cuestionamiento desde la fecha de su creación en el año 2014. La decisión del Congreso para cambiar la estructura del consejo directivo de la Sunedu y la posibilidad de un regreso del modelo que representaba  la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) encendieron las alarmas sobre lo que podía representar un golpe letal a la reforma universitaria.

Sin embargo, además de las críticas relacionadas estrictamente al ámbito educativo, dentro de Sunedu también han estado ocurriendo situaciones que exponen un deterioro considerable de este organismo. Sudaca ha encontrado que, a los pocos días de haber sido denunciado públicamente, Sunedu contrató a un personaje denunciado por violencia de género.

UNA HISTORIA DE TERROR

En noviembre del año pasado, el programa “Al estilo Juliana” emitió un informe periodístico que relataba la tormentosa relación de una pareja compuesta por Max Obregón Rossi, quien entonces había sido electo como decano del Colegio de Periodistas del Perú, y la comunicadora Mercedes Ayala Machado.

Este vínculo había comenzado cuatro años atrás, pero el historial de violencia empezó tras el primer año de la relación cuando decidieron convivir. Fue desde ese momento que, tal como relató Ayala Machado, iniciaron los malos tratos de Max Obregón en su contra. Uno de estos episodios quedó registrado en un parte policial de febrero del 2020 en el cual se detalla que Mercedes fue encontrada por la policía con un corte en la mano luego de un episodio de violencia en el que Obregón Rossi, además de insultarla, le habría arrogado excremento de perro, según relató la propia Mercedes Ayala.

Sin embargo, y tal como se detalló en el programa de la periodista Juliana Oxenford, fue hasta octubre del 2023 que Mercedes decidió denunciar a Obregón Rossi por violencia psicológica y agrega que, en tres oportunidades, vivió episodios de violencia física a manos de su entonces pareja.

“Agarró la correa y me dio correazos en las piernas”, relata Ayala sobre las agresiones que padeció durante su relación y agrega que también la agarró de los cabellos y la arrastró de la cama al piso. Pero, además, en su testimonio relata que Obregón Rossi la amenazó con expulsarla del Colegio de Periodistas del Perú si ella se animaba a denunciarlo.

En su descargo, Obregón Rossi descartó haber agredido a Mercedes Ayala y señaló que “todo lo que está diciendo es falso”. Además, indicó que esta situación era producto de una relación tóxica. En el informe presentado por ATV se explica que, hasta el momento de la emisión del programa, el Colegio de Periodistas del Perú no había emitido pronunciamiento alguno sobre esta denuncia. 

No obstante, tras la emisión de este programa y la difusión de un video de estos episodios violentos, el entonces electo decano, pese a haber negado las agresiones, decidió apartarse del cargo para el que había sido electo, tal como se puede leer en la siguiente carta que le envió el presidente del Comité Electoral Nacional.

El mismo 4 de noviembre, el Colegio de Periodistas del Perú emitió un comunicado en el cual había anunciado que citarían a Obregón Rossi para escuchar su descargo por esta denuncia en su contra. Además, en el mencionado comunicado manifestaron su rechazo a cualquier acto de violencia contra la mujer.

BIENVENIDO A SUNEDU

Pero lo que había sido un hecho lo suficientemente grave como para que Obregón Rossi se deba apartar del cargo para el que había sido electo y que el propio Colegio de Periodistas del Perú aborde de forma inmediata tras hacerse pública la denuncia, no fue visto de la misma forma por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

No había pasado ni un mes de la difusión de la denuncia y Sunedu ya estaba emitiendo una orden de servicio para Obregón Rossi por ocho mil soles. Tal como se puede observar en la información publicada en el sitio web de proveedores del Estado, esta orden de servicio data del 1 de diciembre del año pasado.

Paradójicamente, Sunedu intenta mostrarse en favor de campañas, como la que se observa en la siguiente imagen, contra el hostigamiento sexual. Sin embargo, en los filtros usados al momento de contratar personas parecen haber pasado por alto situaciones tan graves como las denuncias por violencia física y psicológica.

Si bien la situación de la Sunedu ha causado más escándalo por el perjuicio a la educación superior en el Perú y la grave crisis que puede ocasionar, la falta de interés por cuidar los filtros al momento de contratar personas también expone que la crisis también está dentro de la propia Sunedu.

Años atrás, tantos que con las justas podemos recordarlos, los profesionales que iniciaban su ascenso en la burocracia solo tenían que preocuparse en hacerlo con paso firme, dedicación a tiempo completo y mucho estudio hasta llegar a dominar el puesto de trabajo. 

Tiempo después, casi sin aviso previo, unos funcionarios de tercer nivel decidieron poner requisitos innecesarios al ascenso laboral, creando doctorados y maestrías como si fueran vallas para hacer cada vez más lento el proceso de ascenso.

Creada la necesidad, los funcionarios tomaron el control de la situación, obligando a los trabajadores a buscar dónde conseguir doctorados y maestrías a bajo costo y, en consecuencia, tan baratas como de gran pobreza conceptual.

Poco a poco, casi sin explicación lógica, los burócratas decidieron convertir los doctorados y las maestrías en requisitos indispensables para crecer en la administración pública. En ese momento, alguien vio una gran oportunidad para salir de pobre sin mover un sólo dedo. Así, juntando los deseos de superación de los trabajadores, la codicia de los funcionarios y las ganas locas de manejar y de controlar grandes porciones del poder, se armó un sistema de corrupción de baja exposición.

Así fue como nació, creció y se desarrolló el sistema de “te doy para que luego me pagues”… La corrupción había ganado un nuevo negocio de costo cero.

Tan antiguas como la civilización, las llamadas organizaciones no gubernamentales fueron ganando terreno entre los organismos de ayuda social, hasta que después de finalizada la segunda guerra mundial los flujos de ayuda de los países ricos, de los filántropos y de organismos de origen desconocido penetraron todos los estamentos sociales para convertirse en un mal necesario para algunos y en una pesadilla recurrente para otros.

Cubiertas de capas de opacidad, muchas oenegés han llegado a manejar fondos económicos enormes, sin supervisión ni control alguno, transformándose en verdaderos centros de poder.

A partir de esas nuevas características, las oenegés se dedicaron bien entrado el siglo XX a modificar el tablero donde discurre la historia del siglo pasado. Es así que, sin prisa ni pausa, las oenegés financiadas fundamentalmente por matrices progresistas iniciaron el asalto al poder desde el punto de vista cultural, es decir, el control absoluto del llamado bloque histórico. 

Controlando los doctorados y las maestrías, las oenegés de izquierda abrieron las puertas del cielo y lo asaltaron.

Sudaca le consultó al expresidente del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, sobre la situación de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA; que ha firmado un convenio sin límites con el Poder Judicial para brindar capacitación a jueces, con los cuales tendrán que litigar causas ambientalistas.  

¿Nos podría explicar qué está pasando en el Poder Judicial con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que tienen convenios con las autoridades del Poder Judicial y, además, litigan ahí?

Hay un conflicto de intereses evidente, ¿no?, porque yo considero que una ONG o cualquier entidad en general no podría capacitar a un juez, o no debería capacitar a un juez y, a la vez, tener posibilidad de interactuar con ese juez en un juicio, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque en justicia hay un principio elemental que se llama el debido proceso, y en ese, la igualdad de armas. Entonces, si hay una parte que tiene más influencia que la otra, hay una desigualdad de armas. Y eso es lo que podría pasar cuando este tipo de entidades, que no las estoy satanizando, hacer convenios y capacitar a los jueces que los van a juzgar después de sus causas, ¿no?

Se ha resuelto un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace unos días, en el Poder Judicial. Entonces, claro, ¿uno por qué resuelve algo? No necesariamente resuelve porque está bien. Yo creo que esto podría estar bien, con dos condiciones. Una, que sea transparente, o sea que todo el mundo sepa que eso existe. Y otra, que la asociación que tiene el convenio no tenga causas directas o indirectas en nuestro sistema de justicia.

¿Nos puede explicar qué tan perjudicial es y si se está alimentando la corrupción, más de la que ya existe en el Poder Judicial?

Sí. Sí, o sea no es corrupción directa, como la de un soborno, ¿no? Es una corrupción mucho más sutil que se da por el conflicto de interés. Entonces, cuando tú capturas jueces en sentido figurado, y los hace presos de una determinada tendencia para que te favorezcan, esa es una manipulación que desequipara la corrupción. Lo que yo estoy haciendo es como si lo hiciera una empresa también. ¿Qué sucede si mañana Repsol o Petroperú o cualquier empresa petrolera se empieza a capacitar a los jueces? Sería bastante cuestionable, porque, claro, tiene un interés legítimo, está denunciada y va a tener un montón de causas ahí. Lo mismo sucede para el otro lado. Entonces, quienes capacitan tienen que ser entidades neutrales. Ojo, con esto no estoy diciendo que no pueden tener una orientación ambientalista, por supuesto que la pueden tener. El asunto es que no pueden tener causas directas ni indirectas en el Poder Judicial.

Esa ONG, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿ha ganado juicios?

No lo sé. Eso sí no lo sé. Pero yo sí sé que representan de alguna forma indirecta causas ambientales. De hecho, Oceana, que es una entidad, una ONG, acaba de tener un juicio con la Sociedad Nacional de Pesquería, en la que quiso ser parte y no lo fue. Entonces, ya mirar si tienen juicios o no es otra cosa. Y hay un caso o dos de un fiscal, por ejemplo, que estuvo en el Poder Judicial, fue capacitado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y sale del Poder Judicial. Y ahí se va a la SPDA. Entonces, ahí pues hay una puerta giratoria y conflicto de intereses que son sutiles, pero que evidentemente demuestran que no está todo bien, ¿no? No, pues algo se oculta ahí, ¿no? La transparencia. O sea, yo creo la transparencia es todo.

Un ingrediente fundamental 

Poco antes de que la epidemia de la COVID 19 recorriera el mundo destruyendo las economías de los países y matando a cientos de miles de ciudadanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez firmó un convenio marco con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, creando las condiciones para lo que vino después: todo tipo de canjes con jueces y fiscales, sobre todo a los que pertenecieron a las juventudes comunistas de las universidades estatales. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que el juez supremo Duberlí Rodríguez fue una pieza clave en el diseño de una política judicial preñada de todos los vicios habidos y por haber.

El convenio suscrito con la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambienta fue disuelto el 03 de junio Resolver por decisión unilateral del Poder Judicial, dejándose sin efecto la Resolución Administrativa N.° 138- 2017-P-CE-PJ y la Resolución Administrativa N.° 000121-2020-P-CE-PJ, expedidas por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Aunque no existen datos suficientes para establecer la fecha de nacimiento de los nuevos requisitos para los ascensos rápidos en las carreras públicas, podemos suponer que la fecha de fundación de universidades de bajo costo y pésima formación académica, las cuales tomaron la decisión casi en conjunto de otorgar cursos de capacitación, doctorados y maestrías a las autoridades políticas y judiciales de todo el país, tiene mucho que ver con la conformación de un sistema de prebendas que domina enormes aspectos de la vida política de los funcionarios de todo tipo, teniendo en cuenta que el término funcionario abarca a todos los empleados de la administración pública.

Con los funcionarios enganchados a las universidades de bajo costo y pésima formación académica, y esas instituciones ligadas al poder político de turno, es lógico prever la existencia de una corrupción de baja intensidad, donde predomina el “dame que te doy”.

Vista la estrecha relación entre el mundo académico de bajo nivel y los funcionarios listos para ser “aceitados”, es imposible prever cambios sustantivos en ese maridaje, toda vez que el sistema ha sido hecho para sobrevivir y hacerse cada vez más fuerte. Salvo error u omisión.

Sudaca accedio a una carta enviada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacando las presuntas irregularidades cometidas por la concesionaria Innova Ambiental en perjuicio de la ciudadanía y la actual gestión municipal. La misiva expresa un respaldo total a la gestión del alcalde frente a las acusaciones y el boicot orquestado por la empresa brasileña.

Según el documento, Innova Ambiental ha generado un caos en la limpieza del Cercado de Lima con el objetivo de desprestigiar la gestión municipal. La empresa es acusada de cobrar excesivamente a la Municipalidad de Lima, utilizando durante 29 años bienes inmobiliarios municipales como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, lo que le habría generado millonarias ganancias. Estas instalaciones, empleadas para la disposición final de residuos de varias municipalidades, fueron dejadas en un estado deplorable tras la culminación del contrato en 1995.

El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad, respaldando las denuncias previas sobre las condiciones en Carabayllo. La carta también señala a funcionarios municipales como responsables de la crisis sanitaria actual, destacando la omisión de informes y la dilación en concursos relacionados con la limpieza pública. En particular, se acusa al Gerente Municipal Oscar Lozán Luyo y al jefe de la Oficina General de Administración, Pablo Paredes Ramos, de favorecer a Innova Ambiental.

El documento solicita la reincorporación de la Licenciada Mariana Jiménez Jara, quien fue retirada de su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad tras actuar enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Nota de redacción: Tengamos en cuenta que mientras hemos iniciado las investigaciones del Relleno Sanitario “El Zapallal”, la Municipalidad de Lima ha venido cambiando de Gerente de Servicios a la Ciudad en más de una ocasión. Uno de ellos fue Roberto Perez, cuya experiencia no fue la adecuada para manejar esta problemática.

Por otro lado, tenemos conocimiento que también se ha mandado cartas con conocimiento a varios regidores de Lima con el fin de denunciar las acciones de la empresa Innova Ambiental, así como de ciertos funcionarios municipales, por causar perjuicio a la ciudadanía y la actual gestión municipal.

Al igual que el documento enviado al burgomaestre de la capital, la carta enviada a los regidores menciona las cantidades millonarias que se habría cobrado Innova Ambiental a la Municipalidad de Lima. Las instalaciones de los rellenos sanitarios administrados por la concesionaria fueron empleadas para la disposición final de residuos de diversas municipalidades, incluyendo Barranco, Comas, Independencia, Los Olivos, Magdalena, Puente Piedra, Rímac, Santa Rosa y San Martín de Porres. Tras la culminación del contrato, las infraestructuras quedaron en un estado deplorable, como se denunció en Carabayllo. El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad.

Se acusa a Lozán Luyo de retirar a la Gerente de Servicios a la Ciudad, Mariana Jiménez Jara, quien actuó enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Asimismo, se acusa a Paredes Ramos de omitir la provisión de personal necesario para la limpieza pública, lo que ha traído consecuencias negativas para la municipalidad.

El documento solicita romper todo vínculo con Innova Ambiental y retirar a los funcionarios mencionados, así como reincorporar a Mariana Jiménez Jara a su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

La nueva realidad de la limpieza pública

Es lamentable que ahora se vea a Innova Ambiental como el “mesías” de la limpieza pública. Ahora último, los medios de comunicación han denunciado el acumulado de basura que hay por las calles del Centro Histórico de Lima y se hace mención a la culminación de contrato con Innova Ambiental. Hay que resaltar que es responsabilidad de la Municipalidad de Lima evitar estos escenarios, sin embargo, eludir que es necesario la continuidad de la concesionaria en el municipio es una forma de desconocer años de trabajo por parte de las comunidades afectadas por la mala organización de Innova Ambiental. 

No se puede ser mezquino a la contaminación e irregularidades de Innova

Conversamos con la congresista Ruth Luque quien se comprometió en el mes de marzo a visitar el Relleno Sanitario “El Zapallal”, promesa que se cumplió y cuya actuación de la empresa fue que contra viento y marea quería dejar su imagen por encima de los vecinos de Lomas de Carabayllo. Y es que esta reunion este los funcionarios publicos e Innova Ambiental se le sumo personas que exigían la apertura del relleno y miembros del grupo de recicladores (personas que no se contemplaban estuvieran presentes en esa ocasion y que presuntamente habria estado organizado).

Al cierre de este informe se mantiene el “compromiso” de la Municipalidad de Lima de reorganizar el servicio de limpieza pública. Sin embargo, hay cambios en la OEFA que han quedo en entre visto varias dudas con respecto al proceso “regular” que debe seguir la concesionaria con respecto al cese de funciones.