Informes

EL INVASOR Y EL EMPRESARIO

Sudaca también pudo acceder el récord de denuncias contra Luis Girón, quien ahora reclama la titularidad del terreno de la señora Reusche. Él está imputado en un caso que sigue la Fiscalía bajo los delitos de estafa, lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Lo más llamativo de este caso, que aún se encuentra en etapa preliminar, es su coinvestigado: Max Leigh García, un empresario de Piura dedicado al rubro inmobiliario, quien ha sido vinculado a un mediático caso de presunto tráfico de terrenos en la región.

Max Leigh
Max Leigh, empresario que comparte proceso penal con Luis Girón (foto: Facebook)»

Leigh fue uno de los beneficiados de una venta de más de 200 hectáreas por parte de un proyecto del Gobierno Regional de Piura. Según una nota del diario Correo, una ciudadana denunció haber sido despojada del terreno donde habitaba años atrás por parte de los funcionarios de este proyecto. Ellos le solicitaban que abandone el terreno, pues habían vendido “14 hectáreas del predio al ciudadano Max Leigh García.”

Actualmente, Leigh García es gerente general de Urbana Constructora Inmobiliaria y Constructora Inmobiliaria Sausalito, según información de SUNAT. También ocupó el mismo cargo en Global Constructora Inmobiliaria, una empresa que fue dada de baja en 2017. Según su página de Facebook, Girón reconoce haber trabajado un tiempo con Leigh, siendo administrador y contador de la primera empresa mencionada. 

Intentamos comunicarnos con Girón y Leigh, les escribimos a sus redes sociales y llamamos a los teléfonos de sus respectivas empresas, pero no obtuvimos respuesta. Sólo contestó el celular una de las compañías donde Girón asegura ser gerente, pero el interlocutor aseguró no conocerlo. La jueza Ingrid Díaz, por su parte, tampoco respondió el correo en el que le solicitamos sus descargos.

 

 

 

 

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Piura, sociedad, Tráfico

UN PRECEDENTE LLAMATIVO

No es la primera vez que Veolia está en el ojo de las autoridades. A inicios de abril de este año, la fiscalía anticorrupción pidió seis años de prisión contra dos representantes de esta compañía por presuntamente haberse coludido en un contrato para el servicio de recojo de residuos sólidos en Chiclayo.

Según la investigación fiscal, la suscripción de este contrato se efectuó “pese a que dicha empresa no cumplía con los requisitos establecidos en las Bases Integradas y Términos de Referencia; lo que habría causado un perjuicio patrimonial a la comuna ascendente a S/249,733.14”. Fuentes con conocimiento del caso dicen a Sudaca que para la contratación de Veolia la municipalidad de Chiclayo también recurrió a la excusa del desabastecimiento.

La compañía ha ganado otros dos contratos con la municipalidad de Miraflores por jugosos S/ 53’437,224.95. En setiembre del 2021, sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado la sancionó con 36 meses de no poder participar de ninguna licitación. Esto debido a que presentó “documentación falsa e información inexacta ante el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad” durante un concurso público.

Esta tampoco es la primera vez que la municipalidad de Miraflores se ve relacionada con empresas que no estaban capacitadas para realizar un buen trabajo en las áreas verdes del distrito. En 2019, otra contratación directa, para la que también se alegó desabastecimiento, fue materia de un informe de Contraloría.

La comuna había pagado más de S/3 millones por 90 días de trabajo de mantenimiento de áreas verdes al Consorcio Amancaes, integrado por Rozpyek E.I.R.L., Bajo la sombra del árbol SAC y Blas Flores Gerardo. El Órgano de Control señaló que el contratista incumplió con los compromisos asumidos.

La gestión de Luis Molina Arles, quien este año pretende llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, no sólo ha descuidado las áreas verdes de Miraflores, sino que parece tener poco criterio al momento de elegir empresas capacitadas. Al cierre de esta edición, la comuna no había respondido nuestras preguntas.

ACTUALIZACIÓN
Una semana después de la publicación de este informe, representantes de la municipalidad de Miraflores se comunicaron con Sudaca para informar que, tras las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público resolvió archivar la denuncia por presuntos delitos de colusion y negociación incompatible que se inició por este caso. También señalan que la Contraloría cometió algunas imprecisiones en su informe. Cumplimos con reproducir la versión de la municipalidad.

 

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Municipalidad de Miraflores

Nada augura, sin embargo, que una iniciativa así prospere. “Pueden darse decisiones que nos retrotraerán a inicios del año 2000. Perderemos todo lo poco avanzado. Eso preocupa porque nuestro país es extremadamente machista y tenemos una pandemia interna respecto a las violaciones sexuales. Estas instancias, que deberían garantizar un Estado constitucional de derecho, no lo van a hacer. Se vienen tiempos preocupantes”, pronostica Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde, una oenegé que da asesoría legal a personas procesadas por aborto. 

Pero hay más temas pendientes en el Tribunal. “En este momento existen causas de relevancia para la igualdad que seguramente van a ser decididas por la composición recientemente elegida. Está pendiente el reconocimiento del matrimonio de Susel Paredes y Gracia Aljovín”, apunta Álvarez.

 

 

A la postura de Gutiérrez se suma la ya conocida de Luz Pacheco. Utero.pe ya ha resaltado sus críticas al currículo escolar del 2017, además de su aval a posturas que califican al transgenerismo de patología. La abogada, además, es docente en la conservadora Universidad de Piura, donde enseña seis cursos, entre ellos Argumentación Jurídica e Introducción al Derecho. También obtuvo un doctorado por la Universidad de Navarra. Ambas casas de estudio están vinculadas al Opus Dei.

“Es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer, la mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil. Sin embargo, eso se ha establecido en el Perú”, indicó Pacheco durante su entrevista en la Comisión Especial de Selección del Tribunal Constitucional del Parlamento. Como no podía ser de otra manera, terminó convenciendo al Pleno: obtuvo 92 votos. 

La postura de Pacheco preocupa, porque en el TC aún está pendiente un recurso de agravio constitucional presentado por Promsex para que se garantice la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, más conocido como la pastilla del día siguiente. Pacheco ha manifestado estar en contra.

“En nuestro país una composición conservadora [del TC] es la que prohibió su distribución en el 2009 señalando que posiblemente era abortiva cuando la evidencia científica decía lo contrario”, explica Brenda Álvarez. En el caso puntual de la píldora, sin embargo, Gutiérrez Ticse ha manifestado una postura a favor de distribuirla gratuitamente, siempre pensando “en la maternidad y paternidad responsables”.

 

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Enfoque de género, TC

La peluquera y el estilista buscaron sin éxito entrar al Parlamento en tiempos de pandemia, dice una fuente congresal a Sudaca. La Mesa Directiva en el gobierno de transición, presidida por Mirtha Vásquez, no autorizó esas contrataciones. “No lo hubiésemos hecho de ninguna manera. A nosotros nos tocó la época más dura, donde los protocolos eran muchos más exigentes y se desconocía más la enfermedad, que son Covid- 19”, dice el acciopopilusta Luis Roel Alva, exsegundo vicepresidente del anterior Parlamento.

La relación de Alva con la industria de la belleza no es de ahora. En el despacho parlamentario de la presidenta y congresista de Acción Popular trabaja como técnico Carlos Cabieses Bertoni, vinculado al mundo del modelaje, de acuerdo al portal El Foco. 

Los ingresos de un estilista y una peluquera a la planilla congresal coinciden con el aumento del número de trabajadores en la gestión de Alva. En agosto del 2021, con la llegada del nuevo Congreso, había 3,131 trabajadores, según el portal “Epicentro”. En marzo, la planilla creció a 3,889. Es decir, 758 más. 

“Es totalmente falso [sobre la planilla inflada]. Les pueden dar la información. Siempre ha habido una campaña contra el Congreso desde el primer día. Todos los peruanos saben”, dijo Alva a los periodistas, defendiéndose de la publicación periodística.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

 

 

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Congreso, Maricarmen Alva

Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.

Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.

Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.

En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?

Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio  y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares. 

También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!

Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.

 

(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.

 

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Cuellos Blancos, Fiscalía

MÁS LODO

Desde antes de que Luis Molina asuma el sillón municipal, Luis Gutiérrez Aparicio observó con preocupación el entorno de quien sería alcalde de su distrito. “Armó su equipo en base a Martín Bustamante, Patricia Juárez y otra gente que venía de la administración de Luis Castañeda en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, explica Gutiérrez. 

Este vecino de 73 años, que vive en Miraflores desde 2017, fue parte de un movimiento que inicialmente se llamó ‘Miraflores Primero’ y luego cambió a ‘Miraflores Para Todos’. Allí también habían confluido Adriana Navarro y  Pilar Madrid, aunque cada uno tomó su rumbo debido a las constantes querellas.

Gutiérrez había conseguido reunirse con el alcalde y le había manifestado su preocupación. “Yo le decía que había mucha gente que quería acompañarlo, pero que eran muy rigurosos con las personas que estaban con él. Justo se cruzó con el tema de Martín Bustamante, quien fue identificado como una persona que manejó los recursos de Castañeda”, relata.

Reconoce que, al inicio, Molina parecía dispuesto a escuchar sugerencias. Pero los defensores del alcalde empezaron a atacarlo. Y es que las imágenes de una reunión con Molina le sirvió a una cuenta troll llamada ‘Detecta Trafa Tv’ para decir que Gutiérrez lo que buscaba era ganar licitaciones y hasta lo señalaron como financista de un plantón vecinal contra la gestión del ahora candidato a Lima.

INFORME MOLINA 3
Las imágenes de las reuniones que Gutiérrez sostuvo con el alcalde miraflorino fueron usadas para dañar su imagen.

“Me muestran como que era un financista de un plantón, que el plantón era un chantaje para obtener licitaciones”, cuenta el vecino. Gutiérrez aclara que no tiene ningún interés en buscar un trabajo, pues posee ingresos de su jubilación y sus propiedades. 

No obstante, al igual que en los casos anteriores, el hostigamiento no se limitó a publicaciones en redes. Molina también querelló a Gutiérrez por difamación. El hoy candidato a Lima lo acusaba de ser promotor de las redes sociales de ‘Miraflores para Todos’, desde donde se lanzaban críticas a la gestión, y de haber escrito: “Pedimos que se vaya Molina por inmoral e incompetente”. 

“En la argumentación [que desestima la demanda] se dice que no había afectado de ninguna manera el honor de Luis Molina y que lo que estaba haciendo era una actitud informativa con algunas apreciaciones que no tocaban a la persona, sino a la gestión”, explica Gutiérrez.

Luis Molina llegó al sillón municipal luego de ganar las elecciones en octubre del 2018. El abogado, que por ese entonces tenía 69 años, lograba convertirse en el sucesor de Jorge Muñoz. Para diciembre del 2021, sin embargo, Molina no tuvo reparos en cambiar de camiseta. El conservador Avanza País anunció su candidatura a Lima Metropolitana. Visto lo visto, no sería un alcalde muy dado a recibir críticas.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Avanza Pais, Municipalidad de Miraflores

ESPIONAJE

La captura de San Marcos era estratégica para el régimen de aquel entonces. Por eso colocaron al frente de la Comisión Reorganizadora a Manuel Paredes, un hombre cercano a Fujimori. El expresidente, en la gestión de Paredes, empezó a ir a la universidad para inaugurar obras. “De más está repetir que San Marcos sufrió también los ramalazos de algunos estudiantes y personas ajenas a la universidad enquistadas para sembrar el caos. Todo ese clima insoportable para la convivencia terminó felizmente”, dijo Paredes en un discurso, con la presencia de Fujimori. 

De acuerdo a la tesis de Kevin Lazo, Paredes empezó a tener exposición en los medios de comunicación afines a la dictadura que lo presentaban como un “salvador de la crisis sanmarquina”.

Alberto Fujimori y Manuel Manrique
2000. Alberto Fujimori con Manuel Paredes Manrique, el hombre que impuso para poner orden en San Marcos. Aníbal Torres, el jefe de Gabinete, participó en la captura de la universidad. Fuente: San Marcos.

Manrique y la Comisión Reorganizadora, integrada por Torres, autorizaron también el espionaje realizado por el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la sede universitaria. “Los infiltrados del SIN vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y administrativos opositores, a quienes grababan, tomaban fotos y filmaban día y noche para elaborar informes de inteligencia sobre todas sus actividades en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al Presidente de la Comisión Reorganizadora, Manuel Paredes Manrique”, dice un texto del psicólogo sanmarquino Moisés Vargas, publicado en el 2002 y  titulado «El oscurantismo intelectual en San Marcos: Intervención militar y corrupción política 1995-2000». 

“Está claro que existía espionaje sistemático contra los principales dirigentes estudiantiles, docentes y trabajadores. Grababan nuestros movimientos, yo he sido N veces grabado. Es más, hay un informe de espionaje en donde está mi nombre”, agrega René Meza,  estudiante expulsado. 

Los testimonios apuntan a que Aníbal Torres duró un año en la comisión auspiciada por Fujimori. Se retiró por discrepancias con el rector Manuel Paredes. Así lo recuerdan René Meza y Marco Huaco.

“Recuerdo que él se peleó con el rector Manuel Paredes, aduciendo problemas de corrupción o mal manejo y renunció a la comisión interventora. No obstante, Torres ha sido un cómplice de la dictadura fujimontesinista en San Marcos, contribuyendo a la represión de docentes, estudiantes y trabajadores”, dice Marco Huaco a Sudaca. 

El acta de defunción de la Comisión Reorganizadora se firmó en el 2000. Desapareció con la caída de la dictadura fujimorista. 

El pasado naranja del premier parece no perseguirlo. Más de veinte años después, no tiene inconvenientes en cuestionar al fujimorismo y mostrarse como un abanderado del antifujimorismo. En marzo pasado, ya como primer ministro, comparó a Alberto Fujimori con Adolfo Hitler. Dijo que nadie es juzgado  “por sus buenas obras, se les juzga por las malas obras”. Sudaca llamó al primer ministro para pedir su versión, pero al cierre de la edición no contestó las llamadas.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Alberto Fujimori, anibal torres, UNMSM

“De cierta forma hay algunas situaciones internas en las que podemos discrepar. Como cualquier tipo de bancada a la larga se puede llegar a fraccionar. Pero, por el momento, nos mantenemos firmes y vamos a continuar con el respaldo de nuestro compañero Pedro [Castillo]”, dice Quiroz.

En la tienda del lápiz son conscientes de que el proyecto de ley para que una Asamblea Constituyente redacte una nueva Constitución va a fracasar en el Congreso. Pero esperan que la negativa de la oposición a elaborar una nueva Carta Magna encienda la pradera en las regiones y se inicien las protestas. Ese -dice una fuente de Perú Libre cercana a Cerrón- sería el famoso “plan B” del que habló el secretario general del partido en una entrevista en Canal N. 

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anibal torres, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Cantorín se defiende nuevamente y menciona que no existió sobrevaluación en la construcción de la iglesia. Dice tener un peritaje de parte que lo prueba. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción de la región ya ha emitido el requerimiento de acusación al Poder Judicial por el delito de colusión desleal, de acuerdo al despacho encargado.

Este es el historial del hombre de confianza de Hernán Condori, quien llegó al cargo luego de un paso como coordinador de obras en el Gobierno Regional de Junín. Ahí estuvo desde abril de 2021, mes de las elecciones presidenciales y congresales. El 31 de marzo, en una resolución ministerial, Hernan Condori lo oficializó en el PRONIS. Fue uno de sus últimos deseos antes de ser censurado ese mismo día.

Ahora Cantorín debe dirigir, conducir y supervisar la gestión de los proyectos del programa. Dentro de sus funciones, se encuentra la de celebrar convenios y contratos de infraestructura. A la fecha, sin embargo, no figura en el SEACE ninguna contratación llevada a cabo en el PRONIS en todo el mes de su gestión. Las actividades de la entidad que han sido difundidas oficialmente consisten mayormente en inspecciones a obras o asistencia técnica al proyecto. 

 

 

 

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Hernán Condori, Minsa, Perú Libre
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