Informes

[INFORME] Se conoció el contenido de las llamadas entre la magistrada Becerra y el entorno de Argüelles en las que no sólo se expondría la estrategia de pagos de sobornos sino que también quedaría en evidencia que la jueza coordinaba el desarrollo del caso con los denunciados.

Este 2025 se destapó un escandaloso caso que expuso la manera en que algunos jueces están dispuestos a ponerse un precio y poner la justicia al servicio de quien pueda pagarla. El caso del empresario Aniceto Argüelles causó gran conmoción luego que este, como parte de una estrategia legal, admitiera que sobornó a una jueza.

El objetivo del fundador de Industrias Argüelles era conseguir que la magistrada Roxana Becerra Urbina emita un fallo favorable en un caso que involucraba a su empresa y la compra fraudulenta de diez mil hectáreas. Este hecho tuvo lugar en el año 2016 y le permitió a Argüelles adquirir dicho terreno por seiscientos mil soles cuando se estima que el precio correcto rondaba los cinco millones de soles.

Para evitar sufrir un revés que le impediría seguir utilizando el relleno sanitario instalado en este terreno, la estrategia de Argüelles fue sobornar a la jueza Becerra que era la responsable de atender la denuncia realizada por los campesinos de la comunidad de Quipán contra Industrias Argüelles y Abel Mosquera Ortíz, el presidente de la comunidad que gestionó esta compra irregular.

La estrategia de este soborno consistía en adquirir terrenos que le pertenecían a la familia de la magistrada Becerra por precios sobrevalorados. La División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó una cuidadosa tarea de seguimiento que permitió encontrar las reuniones entre Becerra, Argüelles y personas de confianza de ambos en restaurantes del Cercado de Lima y San Martín de Porres durante el año 2019.

En esta oportunidad, el diario La República ha podido acceder a nueva información sobre las llamadas entre los involucrados. La fiscal Leydi Cherrepano fue la persona que logró la autorización judicial para que se puedan llevar a cabo estas escuchas telefónicas que ocurren en el año 2019.

MÉTODO DE PAGO

La siguiente transcripción corresponde a una conversación que tuvo lugar el 23 de julio del año 2019. Los que participan son Silvio Muñoz Villanueva, quien ha sido identificado como hombre de confianza de Aniceto Argüelles, y la magistrada Becerra. Cabe señalar que Muñoz adquirió tres predios ubicados en Santa Rosa de Quives por un monto de doscientos veinticuatro mil dólares.

El siguiente diálogo publicado por La República corresponde al 29 de julio. En esta conversación, el intermediario del empresario Argüelles se comunicó con la magistrada para coordinar la entrega de un encargo en su vivienda. Acorde a la acusación de la fiscal Cherrepano, esta era la estrategia elegida por las partes involucradas para pagar los terrenos que Muñoz adquirió.

INFORMACIÓN ANTICIPADA

También se han podido encontrar comunicaciones, como la siguiente que corresponde al 26 de abril del 2019, en la cual se puede escuchar que Aniceto Argüelles dialoga con Silvio Muñoz sobre el accionar de la magistrada Becerra y queda en evidencia las coordinaciones entre las partes.

El fundador de Industrias Argüelles incluso conversaba con Ricardo Quispe, abogado del presidente de la Comunidad de Quipán involucrado en la compra fraudulenta del terreno de diez mil hectáreas, y revela detalles sobre la manera en que la jueza Becerra actuará en el caso que los involucraba.

Aproximadamente un mes después de estas conversaciones entre Argüelles, Muñoz y Quispe, Roxana Becerra Urbina terminaría por emitir un fallo que, casualmente, resultó favorable a los intereses de Aniceto Argüelles, tal como él mismo los presumía en sus conversaciones de varias semanas antes.

[INFORME] Luego de ser designado como candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara dialogó con Sudaca y reveló que, en caso de ganar las elecciones, el expresidente Francisco Sagasti “estaría muy cercano para dar consejos”. Además, el exgobernador regional de Cajamarca se refirió a la necesidad de un “reordenamiento jurídico para darle sostenibilidad a la lucha contra la corrupción”.

¿Por qué da este importante salto en su carrera política con el Partido Morado?

El partido me recibió luego de la difícil decisión de retirarme de Acción Popular. Recibí la invitación de Francisco Sagasti y Luis Durán, el presidente del partido, y también tuve un recibimiento generoso por parte de la militancia.

Desde su inicios, el Partido Morado ha sido considerado de centro, ¿cómo definiría exactamente lo que significa ser un movimiento político de centro?

Somos el único partido que defiende con palabras y acciones los principios y valores republicanos. Defendemos la transparencia, el equilibrio de poderes y la democracia. Con eso me siento identificado.

En un contexto crítico para el país y en el cual la población demanda soluciones drásticas, ¿definirse como un partido de centro puede ser una desventaja porque lo relacionan con tibieza?

Lo que pasa es que últimamente hay un grupo de extrema derecha e izquierda que quieren polarizar al Perú para que la disputa sea entre ellos. No entienden que el pueblo peruano no busca diferencias entre izquierda y derecha sino resultados concretos. Es ahí donde el Partido Morado tiene propuestas. Cómo vamos a ser tibios si defendemos el equilibrio de poderes o queremos una educación de calidad. Muchos confunden la bravuconada con ser fuerte y aquellos que tienen buenas formas y actúan dentro de la ley son tomado como tibios. Es un pensamiento incorrecto que ha tomado un sector de la población.

En una entrevista con Rosa María Palacios destacó que el Partido Morado no figura entre las agrupaciones políticas más desacreditados. Sin embargo, también se ve que no aparecen en los primeros puestos de las encuestas presidenciales, ¿qué les está impidiendo convertirse en un partido que, además de no ser repudiado, es visto como una opción para la presidencia?

Nosotros somos un partido democrático que recién hemos definido las candidaturas y, por lo tanto, no hemos tenido posicionamiento de candidato. Además, hemos estado trabajando la interna para ganar la nominación. Hemos tenido que recorrer el Perú y tenemos la seguridad que en las encuestas de enero apareceremos.

¿No le preocupa que pese a realizar este trabajo de recorrer el Perú no estén bien posicionados en las encuestas?

Siempre en el plan estratégico hay que cambiar. La vida no es una fotografía sino una película e igual pasa con la política. Tenemos que hacer varios ajustes. Por ejemplo, esta semana hemos empezado a aparecer en los medios de manera más consistente y eso va a dar frutos en el corto plazo.

Semanas atrás, Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, anunció su interés en participar en política y el Partido Morado figuraba como una de las agrupaciones en las que podía ser incluido, ¿por qué no se integró?

Eso es una decisión de la alta dirección del partido y del presidente Luis Durán. Te soy sincero, no sé si lo invitó. Pero en todo caso la decisión que ha tomado el coronel Colchado es una decisión personal y la respeto.

Como candidato presidencial, ¿le hubiese gustado que sea parte del Partido Morado?

Sí, es una persona con credenciales profesionales y académicas. Donde esté, en el Partido Morado o Ahora Nación, considero que va a ser un brillante diputado y va a dar muchos aportes ahora que se requiere mucho. Habría que ver si actúa dentro de lo que él dice. Por ejemplo, si ayuda a reorganizar a la Policía Nacional del Perú.

Varios candidatos hablan de la necesidad de una reorganización en la Policía Nacional del Perú, ¿en qué consistiría concretamente esta propuesta?

La Policía en conjunto con el Ministerio del Interior son instituciones bastante grandes donde hay que sectorizar. Por ejemplo, entre las cosas que deben corregirse está en el tema de los ascensos que deben ser no por tráfico de influencias sino de manera transparente y alejado de la política. Ahora debieron haberse conocido los ascensos pero se ha postergado y están cambiando las reglas. Por otro lado, la admisión de la escuela de oficiales y suboficiales también ha que reestructurarla. A gritos se pide que se revise Inspectoría. Son detalles que tienen que hacerse de manera rápida y concreta.

Francisco Sagasti se ha consolidado como el integrante del Partido Morado con mejor imagen, ¿pero tendrá algún rol en estas elecciones?

Es el militante más emblemático que tiene el partido. Él es afiliado y con quien tengo una estrecha relación. Cada vez que hay un tema neurálgico, el partido y yo recurrimos a él. Es una persona muy cercana.

Teniendo en cuenta esta cercanía, ¿pensaría en ofrecerle un cargo en caso llegue a la presidencia?

No hemos hablado de cargos. Pero ten la seguridad que él estaría muy cercano para dar consejos. Recordemos que, además de haber sido presidente y congresista, es un consultor de talla internacional que ha trabajado para la ONU. Su visión de la geopolítica es valiosa. De hecho sería una persona muy cercana a nosotros.

Si bien Francisco Sagasti ha declinado la posibilidad de ser candidato presidencial, ¿cree que estaría dispuesto a aceptar un cargo como primer ministro?

No lo hemos conversado de manera específica en ese cargo.

Ha sido muy crítico con las leyes que aprobó el Congreso en los últimos años, ¿qué cambios serían prioridad si llega a la presidencia?

La prioridad es volver a la institucionalidad y el equilibrio de poderes. En ese sentido debemos hacer un reordenamiento jurídico para darle sostenibilidad a la lucha contra la corrupción. Hoy existe un andamiaje de leyes que responden a consolidar la impunidad que da un cheque en blanco para que se consolide la corrupción.

Uno de los cambios más cuestionados por los actuales integrantes del Legislativo ha sido el retorno de la bicameralidad, ¿cuál sería su postura como gobierno?

Con respecto a ese tema tenemos que ser respetuosos del referéndum del año 2018 en el cual la gran mayoría dijo no. En el fondo la bicameralidad es buena, pero por la manera en que se está dando, con este Congreso que no está a la altura de un pensamiento estadista, ha servido para satisfacer su ego personal. Nosotros sí apostaríamos por eliminar la bicameralidad.

Diversos expertos hablan de un super senado para 2026, ¿cómo se podrá gobernar bajo esas condiciones?

Va a ser un senado con superpoderes y tendremos que aprender a navegar. He sido congresista y conozco al monstruo por dentro. Tenemos que sacar a relucir el diálogo permanente. Esperemos que de los congresistas que van a ingresar el próximo año un 40% o 30% tengan un pensamiento patriótico y democrático para con ellos dar la batalla para revertir lo que están haciendo en este Congreso.

¿Qué ha cambiado en el Partido Morado para evitar que se repita la historia de las últimas elecciones donde en poco tiempo se había cortado el diálogo con los representantes del partido y terminaron repartidos en bancadas distintas?

Hemos sido rigurosos y para ello hemos sometido a la gran mayoría de candidatos a elecciones internas. Además, se ha seguido cursos de formación ideológica lo que ha servido para formar militancia.

En los últimos años se ha visto a congresistas que son duramente cuestionados hasta cuando van a un restaurante, ¿usted, que ha sido gobernador regional de Cajamarca, podría caminar por las calles cajamarquinas?

Siempre pude entrar a Cajamarca. Estoy permanentemente en mi región. Soy de los pocos políticos que habiendo sido congresista luego salió elegido gobernador y eso es algo muy difícil que ocurra porque el Congreso es una demoledora de carne. Incluso soy padrino de algunas promociones que me invitan y estoy permanentemente con mi pueblo.

El Partido Morado siempre ha sido vinculado con una tendencia progresista. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que tanto en la izquierda como en la derecha se ha cuestionado este posicionamiento. ¿Seguirán siendo una opción progresista en 2026?

Tenemos una agenda bien clara y definida. Buscamos la libertad y el progreso para todos. Pero también buscado la defensa de los derechos de las minorías y cuando hablamos de minorías también hablamos de los pueblos originarios, la población discapacitadas y la población que sufre discriminación racial y social.

Las situación de los afiliados a una AFP ha sido otro temas controversiales en el ámbito político este 2025. ¿Cuál es la propuesta del Partido Morado con respecto a este tema?

La manera en que se ha llevado este tema ha sido muy criticado. A la luz de los hechos fue un sistema que no ha sido de manera correspondiente con la población. Nosotros vamos a garantizar un fondo de pensiones único a nivel nacional para evitar que solamente sirva para favorecer a las aseguradoras. Tienen que garantizar una buena pensión para todos los peruanos.

Cuando Francisco Sagasti asumió la presidencia en noviembre del 2020 existía un pedido de justicia por la muerte de Inti y Bryan que durante el tiempo que duró su gobierno pudo ser atendido. Si llega a la presidencia va a encontrar un Perú con decenas de víctimas de la represión y sectores del país muy enojados, ¿asumirá algún compromiso con estas personas?

Después del día que asumió Dina Boluarte, el Partido Morado y mi persona hemos estado en una posición vigilante y bastante crítica. Nosotros sí vamos a hacer que estos casos no pasen por agua tibia sino que sean vistos en el ámbito jurídico y si es posible internacional. Además, hemos estado acompañando a las familias que han venido de Ayacucho y Puno. Hemos estado con ellos y tenemos que ser coherentes. Vamos a buscar justicia para ellos.

[INFORME] Aunque está registrada en otra ciudad y no cuenta con antecedentes destacados, la Municipalidad de Lima contrató para un show navideño a la empresa de una de las personas de confianza de una de las alcaldesas de Renovación Popular por más de cuarenta mil soles.

Así como existe una popular frase que dice  «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», en Renovación Popular una frase que los podría identificar es “el amigo de mis aliados es mi proveedor”. Sudaca pudo conocer los detalles detrás de la extraña contratación de un espectáculo navideño que involucra a la Municipalidad de Lima y otro distrito a cargo del partido de Rafael López Aliaga y el contrato con una proveedora con cuestionables métodos para ganar licitaciones.

¡QUÉ CASUALIDAD!

Con la llegada del mes de diciembre, la Municipalidad de Lima no quiso dejar pasar la oportunidad para fomentar el espíritu navideño. Por ello, el 26 de noviembre lanzó la convocatoria para que los interesados en ser contratados para encargarse de ciertas actividades relacionadas con esta fecha puedan presentar sus ofertas.

En el documento al que tuvo acceso Sudaca se puede leer que el propósito de dicha contratación a cargo de la Subgerencia de Promoción Cultural, Artes Escénicas, Museos y Bibliotecas fue organizar y desarrollar actividades artísticas de alta calidad, como la interpretación de villancicos andinos y muestras de danzas tradicionales para fortalecer la programación cultural navideña.

Esta convocatoria terminaría apenas un día después y quien se adjudicó esta orden de servicio fue la única oferta que figuraba en los documentos de la convocatoria. La empresa GEPROINSA S.A. fue la elegida para realizar las presentaciones artísticas solicitadas por la Municipalidad de Lima y recibiría S/. 42,500 por ello.

No obstante, existen detalles detrás de esta contratación que despiertan sospechas. Pese a que se presentaron a la adjudicación de una actividad artística de alta calidad, GEPROINSA es una empresa cuyos presentaciones artísticas no figuran en redes sociales ni en buscadores como Google o YouTube. Además, acorde al buscador de proveedores del Estado, esta empresa tampoco ha tenido contratos con el Estado previamente.

A esto se le suma otro detalle desconcertante. Pese a que las fiestas navideñas suelen ser muy populares en Lima y existen numerosas empresas que se dedican al rubro artístico para atender las necesidades de estas fechas, el domicilio de la empresa elegida por la Municipalidad de Lima está registrado en la provincia de Tarma.

Sudaca pudo revisar la información disponible sobre GEPROINSA y encontró que la socia mayoritaria, presidenta, gerenta general y representante es María Lizeth Girón León, quien actualmente está a cargo de la Gerencia de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Pueblo Libre.

Un detalle a tener en cuenta sobre Pueblo Libre es que se trata de uno de los distritos que está bajo la administración de Renovación Popular y su alcaldesa, Mónica Rossana Tello López, ha tenido a la presidenta de GEPROINSA ocupando diversos cargos de confianza desde el primer año en que llegó al despacho municipal.

Casualmente, este 2025 la Municipalidad de Lima publicó una convocatoria que sólo duró un día, sólo tuvo una oferta evaluada, se le adjudicó a una empresa de otra ciudad y sin antecedentes destacados y terminó siendo la empresa de una de las personas de confianza de una alcaldesa que pertenece al mismo partido político que maneja la Municipalidad de Lima.

UN PROVEEDOR CON MÉTODOS MUY PARTICULARES

En septiembre de este año, el dominical “Cuarto Poder” presentó un informe periodístico sobre el inusual y sospechoso accionar de dos empresas constructoras que habían logrado adjudicarse diversas obras en el distrito de Ate durante la gestión del alcalde Franco Vidal por un monto total que supera los quince millones de soles.

Según lo expuesto en el programa, estos procesos de licitación relacionados con la reparación de pistas y veredas llegaban a las instancias finales con dos protagonistas aprobados por el respectivo comité de la municipalidad. Estas empresas eran Constructora y Contratistas JD&HN y Constructora y Contratistas Generales Susan. Para que estos procesos puedan seguir su curso era necesario que existan al menos dos ofertas con el visto bueno y, casualmente, Constructora y Contratistas JD&HN y Constructora y Contratistas Generales Susan eran quienes llegaban a esta etapa.

Lo extraño en esta historia se encontraba en que las ofertas que estas empresas presentaban eran idénticas y, según la investigación periodística, esto tendría que ver con que las dos constructoras pertenecían a una misma familia. Mientras que Constructora y Contratistas Generales Susan fue fundada por Susana Navarro Ccoillo, Constructora y Contratistas JD&HN registraba como fundador a su hijo Jonathan Domingo Huamán Navarro.

Meses después del destape periodístico que expuso esta polémica estrategia, uno de estos nombres vuelve a aparecer en las listas de candidatos que buscan adjudicarse importantes contratos con municipalidades. En esta oportunidad sin usar el nombre de su empresa ni la que tiene a su hijo como fundador, Susana Navarro Ccoillo está logrando importantes contratos con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En una convocatoria publicada el 26 de noviembre, la Municipalidad de Lima puso en conocimiento su intención de adquirir césped americano para diversas áreas verdes del Cercado de Lima y se pusieron a disposición los mecanismos correspondientes para la recepción de ofertas.

Apenas dos días después, la Municipalidad de Lima eligió a quien se le adjudicaría esta contratación. Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen, Susana Navarro Ccoillo fue nuevamente la afortunada con este contrato que supera los treinta mil soles por más de cuatro mil metros cuadrados de césped americano.

No obstante, al indagar sobre los contratos que ha tenido Navarro Ccoillo este 2025, se puede encontrar que la suerte no sólo estuvo de su lado en el distrito de Ate. Acorde a la información del portal Transparencia Económica, la empresaria protagonista de esas sospechosas ofertas presentadas a la Municipalidad de Ate también facturó más de seiscientos cincuenta mil soles con la Municipalidad de Lima.

Contratar a personajes que, coincidentemente, eran cercanos a Renovación Popular o cuentan con antecedentes cuestionables son situaciones que se han repetido a lo largo de la actual gestión celeste y, aunque la estrategia ante estos casos se limita a atacar a quienes investigan, la evidencia contundente está a la vista de todos.

[INFORME] La justicia peruana vuelve a mancharse ante una insólita demora para sancionar a una magistrada que mantuvo reuniones con un empresario que, mediante sobornos, buscó torcer sus decisiones a su favor en un caso que involucra una venta fraudulenta y varias reuniones con los involucrados.

Meses atrás, Sudaca dio a conocer los detalles del caso que involucraba al empresario Aniceto Argüelles en los cuales se exponía que el fundador de Industrias Argüelles había reconocido ante la justicia que intentó sobornar a una jueza luego que se complicara su situación legal debido a que su empresa adquirió un terreno de diez mil hectáreas con documentos falsos.

Sin embargo, hasta la fecha y pese a que la propia División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó un cuidadoso seguimiento a las reuniones de Argüelles y sus allegados con esta jueza, la sanción todavía no llega y se despiertan justificadas sospechas y críticas a la justicia.

PRUEBAS CONTUNDENTES

Roxana Becerra Urbina es el nombre de la magistrada que, según la investigación llevada a cabo por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), se reunió en más de una oportunidad con el empresario Aniceto Argüelles cuando este buscó torcer su decisión a su favor en el caso que lo involucraba.

Los datos que se pudieron recabar en estas investigaciones expusieron que Becerra Urbina se reunía con Argüelles en un restaurante ubicado en el distrito de San Martín de Porres en el año 2019. Pero también sostenía encuentros con una persona identificada como Silvio Muñoz Villanueva, quien fue considerado en este caso como un operador de Aniceto Argüelles.

El tema a tratar en estos encuentros habría sido la compra de terrenos que le pertenecían a la magistrada y su familia por precios inflados, acorde a lo señalado por la propia Fiscalía. Una de estas compras tuvo lugar en noviembre del año 2019 cuando Becerra le vente a  una persona cercana a Argüelles las acciones y derechos de un terreno ubicado en Canta por el monto de S/ 533,703.09.

A esta compra le siguió otra en noviembre del 2019 cuando Silvio Muñoz Villanueva  adquiere una propiedad que también se ubicaba en Canta y le pertenecía al entorno de la jueza. En el medio, se seguían llevando a cabo nuevos encuentros en el restaurante de San Martín de Porres y en otro local ubicado en el Centro de Lima.

Por este caso de sobornos, que el propio Aniceto Argüelles confesó, el empresario fue condenado. Sin embargo, hasta la fecha, no se podría decir que se encontró justicia en su totalidad debido a que la magistrada Becerra sigue sin recibir sanción por parte de la Junta Nacional de Justicia.

[INFORME] El Ministerio de Justicia tiene como nueva viceministra a una exasesora del congresista José Luna. Valdez Tejada  también fue aportante de Podemos Perú y contrató para su despacho a otro exintegrante del partido de Luna Gálvez.

El gobierno de José Jerí parece estar afrontando un inicio marcado por la estabilidad. No sólo ha logrado que un porcentaje considerable de la población le otorgue, tal como reflejan diversas encuestas, un voto de confianza sino que también goza del respaldo de la mayoría de sus antiguos colegas del hemiciclo para conducir los destinos del país hasta el mes de julio del próximo año.

Sin embargo, pese a que esta aprobación inicial marca una importante diferencia con la situación en que vivía a diario el gobierno de Dina Boluarte, la nueva gestión presidencial también parece haber caído en algunos de los vicios de sus predecesores al momento de designar personal para sus ministerios.

Sudaca pudo revisar algunas de las designaciones que se realizaron en estas últimas semanas y se pudo encontrar que el actual gobierno le abrió las puertas a personajes estrechamente vinculados con algunos de los partidos más importantes del Congreso y hasta con la propia Dina Boluarte.

¡QUÉ TAL ASCENSO!

El pasado miércoles 12 de noviembre, en un documento que lleva las firmas del presidente José Jerí y el ministro Walter Martínez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo oficial la designación de Shadia Elizabeth Valdez Tejada en el cargo de viceministra de este sector.

Shadia Valdez no era un nombre muy conocido en el ambiente de la política peruana. Sin embargo, sí había estado relacionada con el poder. Nueve días antes de llegar al Ministerio de Justicia, Valdez Tejada presentó su renuncia al Congreso, lugar donde por más de un año fue designada en un cargo de confianza.

Lo extraño de esta designación es que colocó a Shadia Valdez, quien es abogada de profesión, en el cargo de jefa del Área de Servicio de Información, Traducción y Lenguas Originarias. No obstante, su llegada al Legislativo arrastraba una historia todavía más interesante y que involucra a una de las bancadas.

Para las elecciones del año 2021, Shadia Valdez había intentado convertirse en congresista de la mano del partido Podemos Perú. Si bien no lo logró, el partido de José Luna no la dejó de lado y, poco tiempo después, la convirtió en asesora de su despacho donde recibía un sueldo de más de trece mil soles.

Pero esta insistencia por acercar a Valdez Tejada al Congreso, como parlamentaria, jefa o asesora, podría ser una forma de agradecimiento. Una investigación del portal Ojo Público reveló en febrero del 2024 que esta abogada figuraba en la lista de aportantes al partido de José Luna Gálvez.

Cuando se publicó dicha información, Valdez sólo se había desempeñado como asesora del congresista y líder de Podemos, pero meses después se convertiría en jefa de una de las áreas del Congreso y, con el nuevo gobierno de uno de los integrantes del hemiciclo, ha pasado a ocupar el cargo de viceministra.

AL FONDO HAY SITIO

Pero la suerte no sólo parece haberle sonreído a esta exasesora y aportante del partido de José Luna. El lunes 17 de noviembre, a menos de una semana de su designación como viceministra, Valdez Tejada nombró en el cargo de confianza de asesor de su despacho a Celso Alfredo Saavedra Sobrados.

Saavedra Sobrados no sería un desconocido para la nueva viceministra y tampoco para el congresista José Luna. Estos personajes guardan un vínculo desde los tiempos en los que eran parte del partido Solidaridad Nacional, en donde Luna Gálvez se desempeñaba como secretario general y tanto Valdez como Saavedra ocupaban el cargo de regidores durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, y la llegada de Valdez al cargo de viceministra también le abrió la puerta a su antiguo colega.

LOS SOBREVIVIENTES DE DINA

Aunque el gobierno de José Jerí intenta proyectar una imagen muy distinta a la de su predecesora, en las designaciones de la gestión actual todavía se pueden encontrar nombre que dieron que hablar en el pasado. Este sería el caso de César Augusto Borda Gonzales, quien la semana pasada fue designado por el ministro de Justicia como director general de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria.

Borda Gonzales eran apellidos que habían ocupado las líneas de más de un portal de noticias cuando, durante el año pasado, el portal El Foco lo incluyera en la lista de los costosos asesores en los cuales el gobierno de Boluarte había gastado más de un millón de soles en el primer semestre del 2024.

Pese a que una característica innegable de la presidenta y quienes formaban parte del Ejecutivo fue la falta de aciertos ante las necesidades del Perú, asesores como César Borda habían facturado más de noventa mil soles en pocos meses.

En poco más de un mes de gestión, el presidente Jerí ha logrado una mirada benevolente por parte de la mayoría de peruanos. Sin embargo, si la prioridad en la repartición de cargos la tendrán los conocidos de los congresistas, las falencias del Ejecutivo no tardarán en hacerse más notorias y la historia se podría repetir.

[INFORME] Las labores del Ejército del Perú y la integridad de sus integrantes podría estar en riesgo luego del inexplicable contrato con una empresa para realizarle mantenimiento a sus helicópteros pese a que no contaba con la autorización necesaria.

La vida de los miembros del Ejército del Perú podría estar en riesgo. Pero esta vez no es un enemigo externo ni una guerra la que pone en peligro su integridad. En esta oportunidad, serían los altos mandos del ejército peruano quienes han tomado decisiones tan inexplicables como irresponsables para generar esa alarmante situación.

Como dio a conocer Sudaca en un informe periodístico, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) estuvo a cargo de la elaboración de los documentos en los cuales se establecían los requisitos innegociables para brindar el servicio de reparación mayor de los helicópteros modelo Mi-8MTV-1. Sin embargo, para elaborar estos requerimientos se ignoraron las recomendaciones del propio fabricante y los lineamientos nacionales para estos procedimientos.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a nuevos documentos que exponen en detalle este sospechoso y peligroso accionar por parte del Ejército del Perú que podría poner en riesgo tanto a sus integrantes como las labores que involucran a estas aeronaves cuya vida útil se intentó prolongar.

UN RIESGO ABSURDO

Tal como se relató en el informe publicado la semana pasada, el Ejército del Perú debía recurrir al fabricante y el intermediario designado por este (la empresa National Aviation Service Company) para las labores de mantenimiento mayor de los helicópteros rusos modelo MI-8MTB-1 cuya vida útil se pretendía extender.

Sin embargo, en un inexplicable e imprudente cambio de eventos, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE), desempeñando funciones que no le correspondían, elaboró los documentos para la contratación de este servicio dejando de lado los requerimientos que correspondían.

El siguiente evento en esta cadena de decisiones desafortunadas fue la invitación a la empresa Helicentro Perú S.A.C. para una contratación directa. En la siguiente imagen se puede observar la oferta técnica y económica enviada por la empresa Helicentro Perú S.A.C. por el servicio de reparación integral de estos cuatro helicópteros. Según este documento, la inversión en este servicio de mantenimiento mayor superaría los noventa y seis millones de soles.

En este punto es pertinente señalar que si bien Helicentro Perú S.A.C. contaba con autorización por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como se había exigido en los términos de referencia del servicio, dicha autorización no era para el mantenimiento de los helicópteros rusos que ahora tendría bajo su responsabilidad.

En los documentos de la Contraloría que Sudaca pudo revisar se puede leer que, como lo indica la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, la empresa Helicentro Perú no estaba autorizada para darle mantenimiento a helicópteros de uso militar debido a que la autorización con la que contaban únicamente se aplicaba para aeronaves de uso civil.

El panorama se vuelve más desconcertante al tener en cuenta que, cuando fue consultado concretamente por el caso de Helicentro Perú, la empresa National Aviation Service Company, quienes actúan como intermediarios de la Federación Rusa, aseguró que “no ha delegado atribuciones ni funciones y no ha autorizado ni ha facultado a la empresa  Helicentro Perú”.

Esta empresa peruana que tendría a su cargo el mantenimiento necesario para extender la vida útil de estas aeronaves no contaba con tecnologías, boletines o información técnica para mantenimiento y reparación de estos modelos de helicópteros, según lo especificado por el propio fabricante.

Para lograr que esta contratación directa pueda seguir su curso resultó necesario encontrar una justificación y, por ello, se ampararon en el estado de emergencia decretado a raíz de las intensas lluvias que azotaban diversas zonas del país para que este proceso que costaría casi cien millones de soles siga en marcha.

A esto se le suma otro dato alarmante debido a que la empresa Helicentro Perú, como organización de mantenimiento aprobada, no estaba habilitada para llevar a cabo el servicio de peso y balance del helicóptero, una tarea clave para garantizar la seguridad tanto de la aeronave como la de sus tripulantes.

La lista de irregularidades continúa con otro grave descubrimiento. Según la información recopilada por la Contraloría que Sudaca pudo revisar, Helicentro Perú recurrió a los servicios de terceros y, una vez más, se dejó de lado la participación del fabricante. En los documentos se puede leer que el mantenimiento de los extintores y tratamiento anticorrosivo no contó con la presencia de un representante del diseñador de la aeronave tal como estaba estipulado.

Como si lo expuesto hasta ahora fuese poco, a este caso incluso se le sumó un retraso en las fechas pactadas con la empresa Helicentro Perú que, como se establece en los contratos con el Estado, debía culminar en el cobro de una penalidad. Sin embargo, este monto que superaba los ocho millones de soles no fue aplicada.

LOS RESPONSABLES

Por supuesto, esta serie de decisiones desafortunadas han tenido nombre propio. Uno de ellos es el teniente Víctor Guevara Naupari. En su condición de jefe del órgano encargado de la contrataciones del servicio de material de guerra del Ejército fue quien invitó a la empresa Helicentro Perú a participar de la contratación directa pese a que no contaba con la autorización del fabricante.

A Guevara Naupari se le suman Carlos Monsalve y William Lozano, quienes como jefe del departamento de abastecimiento del servicio de material de guerra y jefe del servicio de material de guerra respectivamente emitieron el informe técnico que avalaba la contratación directa con la excusa del estado de emergencia por las lluvias.

En esta lista también figura el nombre de David Ojeda Parra. Según información que la Contraloría pudo constatar, el comandante general del Ejército del Perú había recibido una comunicación en la cual se especificaba que para extender la vida útil de los helicópteros era necesaria la participación del diseñador.

El documento de la Contraloría concluye señalando que esta inversión de casi cien millones de soles no asegura la ampliación de la vida útil de los helicópteros debido a las irregularidades que se observaron en este proceso desde el inicio y también se hace mención a la penalidad que inexplicablemente no se aplicó.

Esta historia marcada por la irresponsabilidad y los peligros a los que quedan expuestos sus integrantes demuestra que, contrario a lo que muchos piensan, quienes más daño le pueden hacer al Ejército del Perú son justamente quienes actualmente están involucrados en su labor diaria.

Se llama Renzo Martín Vassallo Zagal, y prometía transformar el viejo taller de mecánica familiar en un edificio moderno, elegante, rentable. Para los Aquino Deza, propietarios de ese inmueble desde hacía más de cuarenta años, la oferta sonó a oportunidad. Sin embargo, para ellos, como para cientos de familias más, fue el inicio de una pesadilla que aún no termina. Así lo revela una investigación periodística del programa Contra Corriente, quien descubrió una modalidad de estafa hasta en tres modalidades y donde una alimenta a la otra, engañando al mismísimo Estado peruano con este engaño sistemático.

Así comienza la historia de la gran estafa inmobiliaria, una operación que se extendió por toda Lima y tiene como protagonistas a tres hermanos peruanos, dos de ellos nacidos en el Paraguay —Renzo Martín, Franco Alfonso y Arturo Javier Vassallo Zagal— que han construido un imperio ficticio a través de promesas, contratos, redes sociales y un arsenal de apariencias.

Esta es una trágica historia contada por quienes perdieron todo, y que hoy emerge como una de las estafas inmobiliarias más audaces y dolorosas de los últimos años en Lima.

1. LA CONFIANZA COMO PUERTA DE ENTRADA

Sus víctimas coinciden en señalar que la estrategia de Renzo Vassallo siempre comenzaba igual: cercanía, simpatía, religiosidad y una narrativa de supuesto éxito empresarial que se repetía en TikTok y YouTube, donde aseguraba haber levantado 12 proyectos inmobiliarios en cinco años.

Los testimonios recogidos lo describen como un joven de discurso fluido, confiado, capaz de ganarse la fe de cualquiera en una sola visita. “Nos dijo que era devoto del Señor de los Milagros”, recuerda una de las afectadas. “Eso me dio confianza”, confiesa otra, que más adelante perdería un millón de soles.

El guion de los hermanos Vassallo Zagal estaba preparado: hablar de progreso, de sueños, del futuro. Asegurar que el departamento propio estaba a la vuelta de la esquina. Mostrarse como emprendedores en ascenso, respaldados por la empresa Corporación Revaza y la inmobiliaria Desarrolla Más, marcas que inundaban redes sociales con videos de maquetas digitales y presentaciones impecables. Y así, con esa mezcla de juventud y aparente prosperidad, los Vassallo se presentaban ante familias enteras que solo querían asegurar un techo para sus hijos.

Renzo no actuaba solo. Sus hermanos, Franco y Arturo Javier completaban el trío que llevaría el fraude a niveles inesperados. Tres jóvenes que viajaban por el mundo, publicaban fotos de lujo y celebraban “avances” de construcciones que nunca se iban a ejecutar.

Todo esto mientras captaban dinero de familias que confiaban ciegamente en la palabra del promotor. Para ellos el sueño del departamento propio se ha convertido en una interminable pesadilla de la cual no pueden despertar en medio de una horrible sensación de impunidad.

1. EL CASO QUE DESTAPÓ EL ENGAÑO

La historia de los Aquino Deza condensa el primer nivel de esta gran estafa. Cuando aceptaron negociar con Renzo Vassallo, acordaron entregar su terreno valorizado en 1 millón 95 mil soles a cambio de ocho inmuebles en el nuevo edificio: tres departamentos, cinco cocheras y dos almacenes. El contrato llevaba la firma de un notario y parecía impecablemente legal. Incluso pidieron un préstamo para entregar el predio saneado, confiando en que recibirían lo prometido en octubre de 2022, dos años y medio después de haber formalizado el trato. Cinco años después, nada de eso ocurrió.

Mientras la construcción avanzaba lentamente, los acreedores comenzaron a reclamar deudas millonarias. “Corporación Revaza”, la compañía que los hermanos Vassallo Zegal habían inscrito en 2021, con un capital social de apenas mil soles, no podía cubrir los gastos. El edificio terminó siendo rematado, y los nuevos propietarios no reconocieron ningún compromiso previo.Los esposos, que por muchos años vivieron de su taller de mecánica instalado en el terreno que entregaron a los Vassallo, quedaron sin terreno, sin departamentos y sin ahorros. Y, lo más preocupante para ellos y sus descendientes, sin el taller de mecánica que por mucho tiempo fue el sustento de la familia. El daño emocional fue devastador. “Me indignó tanto que me dio un infarto en los dos ojos… pensé en mi vejez”, dice Martha, conteniendo las lágrimas.

Todo lo que habían trabajado en cuatro décadas se fue en cuestión de meses. Hoy se sienten impotentes porque los abogados consultados han descubierto que el edificio que logró construirse en su terreno ya nos les pertenece a las empresas de los hermanos Vassallo Zegal. Otros propietarios, supuestos acreedores que ejecutaron las garantías, ahora desconocen los contratos y los derechos no solo de la pareja que dio el terreno, también de los que adquirieron en planos los departamentos que se construyeron.

III. LA MISMA HISTORIA, OTRA DIRECCIÓN

En Magdalena, en la calle Inclán, otra familia cayó en la misma trampa. Los Suárez entregaron la casa de sus padres a cambio de ocho departamentos. El terreno fue demolido hace tres años, pero la obra nunca comenzó. Los departamentos, aun así, ya estaban completamente vendidos.

El patrón se repetía: terreno entregado, casa demolida, promesa de departamentos, venta anticipada, redes sociales inundadas de maquetas, retrasos injustificados, exigencias de paciencia y, finalmente, abandono total.

“La empresa se paralizó”, cuenta Marilú Escobar, una de los afectadas. Lo que nadie sabía entonces era que el proyecto nunca tuvo la intención de avanzar. “Era un contrato criminal”, denuncia la abogada Eloísa Jara, que defiende a algunos de las decenas de agraviados de esta estafa inmobiliaria en serie y millonaria. Según la abogada solo buscaban tener el proyecto armado para atraer a más personas y seguir ruleteando los proyectos en un perverso carrusel que está arrastrando a muchas familias.

1. EL SEGUNDO NIVEL: LOS PROYECTOS FANTASMA

La estafa no se limitaba a intercambiar terrenos por departamentos inexistentes. También incluía una agresiva campaña de preventas que se extendió por varios distritos. Los hermanos Renzo, Franco y Arturo Vassallo Zagal ofrecían proyectos de lujo a precios accesibles: departamentos desde 9500 soles en preventa al “Affinity” en La Perla; 11 200 soles en la calle Pilcomayo, en Breña; 18 100 soles en Aquarela, Magdalena; 23 000 soles en Inclán Park; 15 000 soles en Zentrico, Pueblo Libre. Siete proyectos distintos, casi todos vendidos al 100% en planos, pero cero con ejecución real. Los depósitos desaparecían. Las oficinas cerraban. Las páginas web se desactivaban. Los teléfonos dejaban de contestar.

Cuando las víctimas comenzaron a organizarse y exigir devoluciones, los Vassallo Zagal intentaron maniobras aún más desfachatadas: ofrecer departamentos de otros proyectos, desplazar a propietarios originales, reorganizar supuestas listas de entrega.
El objetivo era siempre el mismo: ganar tiempo, seguir captando dinero y multiplicar la estafa en cadena. El carrusel de estafas les funcionaba.

1. EL TERCER NIVEL: LA INCURSIÓN EN EL ESTADO

Pero quizás lo más sorprendente —y escandaloso— ocurrió en el tercer nivel de operaciones. Los hermanos Vassallo Zegal no solo engañaron a familias enteras: con el dinero recaudado se lanzaron a licitar con el Estado peruano.

En enero de 2024 inscribieron una nueva empresa: Perú Investment SAC.
Con ella lograron ganar dos licitaciones con Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

Una por 164 millones de soles, para el mejoramiento de carreteras en Celendín, Cajamarca. Y otra por más de 143 millones para la conservación vial de una carretera de penetración que une la provincia de Concepción y Puerto Ocopa en la región Junín (https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20608595849).

Más de 300 millones de soles en contratos públicos basados en un espejismo: una solvencia económica falsa, construida con los ahorros que cientos de peruanos habían confiado a una inmobiliaria que nunca tuvo la capacidad real de ejecutar una sola obra (https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20608595849/contratos).

Las carreteras adjudicadas hoy están abandonadas. Los proveedores denuncian falta de pago de la nueva fachada empresarial de los Vassallo Zegal. Y mientras tanto, estos hermanos, con mucha ambición y pocos escrúpulos, continúan viajando por el mundo, como muestran los registros migratorios obtenidos por esta investigación.

1. EL ROSTRO HUMANO DE LA ESTAFA

Detrás de los números y documentos hay vidas destrozadas. Personas que confiaron en que un departamento sería el legado para sus hijos. Padres que creyeron haber asegurado su retiro. Familias enteras que vendieron propiedades, pidieron préstamos, hipotecaron terrenos, solo para descubrir que habían sido víctimas de un fraude perfectamente diseñado. Y el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones que firmó contratos, entregó adelantos y también lo estafaron.

Una mujer entregó un millón de soles. Otra familia vendió su casa por 800 mil dólares y quedó con las manos vacías. Los compradores que ingresaron en las preventas perdieron ahorros que les tomó décadas reunir.

Cada uno tiene una historia distinta, pero un sentimiento común: vergüenza, impotencia, rabia. “Nos engañaron completamente”, dicen. “Destruyeron nuestro futuro”, gritan.

VII. LA ESTÉTICA DEL ENGAÑO

La maquinaria de los hermanos Vassallo funcionaba gracias a una fachada cuidadosamente construida. Todo entraba por los ojos:

– Videos profesionales en YouTube.

– TikToks mostrando avances inexistentes.

– Maquetas virtuales, oficinas con pantallas gigantes.

– Publicidad llamativa.

– Ferias inmobiliarias donde prometían entregas en menos de dos años.

Cada detalle contribuía a generar credibilidad.

El discurso era siempre el mismo: modernidad, eficiencia, innovación. Las redes sociales mostraban celebraciones, brindis en edificios que no existían, recorridos por departamentos aún no construidos.

La realidad era otra: terrenos abandonados, mallas azules cubriendo ruinas, estructuras paralizadas, deudas millonarias con constructoras. Y nuevas empresas o acreedores que aparecen como propietarios de los terrenos o el único edificio que lograron construir en Miraflores porque los Vassallo también incumplieron con pagarles. Es decir, los estafados no tienen de dónde cobrarse lo que les deben.

VIII. LOS AFECTADOS LEVANTAN LA VOZ

El punto de quiebre llegó cuando los afectados, al ver que ningún proyecto avanzaba, comenzaron a investigar por su cuenta. Descubrieron que los números no cuadraban. Las oficinas estaban vacías. Las razones sociales eran múltiples, pero las personas responsables eran siempre las mismas.

Intentaron conciliar, pero la inmobiliaria ofrecía soluciones absurdas: “podemos darle un departamento de otro proyecto”, decían. Pero ese otro proyecto tampoco existía.

Cuando la historia empezó a hacerse pública, Renzo Vassallo prometió dar la cara. “No reconozco ninguna estafa”, dijo en una breve llamada. Nunca volvió a responder.
Desde entonces, tanto él como sus hermanos permanecen en silencio, mientras los afectados acumulan denuncias y exigen justicia.

1. LO QUE VIENE AHORA

La gran pregunta es: ¿cómo una estafa de esta magnitud pudo operar durante tantos años sin ser detenida? Los documentos muestran un esquema sofisticado, en el que se usaba un proyecto para financiar otro, y así sucesivamente. La técnica no es nueva, pero este clan la perfeccionó al combinarla con la estética digital: redes sociales, marketing, preventas, influencers, promesas, contratos bien escritos.

Hoy, la historia está en manos de abogados, fiscalías y víctimas que se organizan para recuperar, aunque sea, una parte de lo perdido. Pero mientras tanto, los proyectos siguen paralizados, los terrenos siguen abandonados y las familias continúan sin respuestas.

1. EPÍLOGO: UNA HERIDA ABIERTA

“Renzo… no tenemos nada”, dice Martha Deza de Aquino con voz quebrada. Su frase resume lo que cientos de personas sienten en este momento: que todo su esfuerzo se esfumó en manos de un grupo de jóvenes que supo explotar el sueño más legítimo de cualquier familia: tener su propio hogar.

La estafa de los hermanos Vassallo Zegal no solo es un fraude empresarial. Es una historia de confianza traicionada, proyectos truncos, vidas afectadas y un Estado engañado.

Una historia donde los culpables aún no rinden cuentas, donde las víctimas siguen esperando justicia, y donde cada terreno vacío es un recordatorio del daño causado. Una historia que recién empieza a revelarse. La gran estafa inmobiliaria empieza a descubrirse.

Es de notar que los hermanos Vassallo Zagal contraron a TMF Fiduperú S.A. para que administre los fideicomisos de las obras con el estado que debían ejecutar con su empresa Perú Investment S.A.C. Curiosamente, TMF Fiduperú S.A. es la misma empresa fiduciaria que administra fideicomisos de otros controvertidos personajes, como Wilfredo Oscorima y Agustín Lozano, quienes están involucrados en investigaciones penales por delitos de corrupción, colusión, organización criminal, y lavado de activos.

[INFORME] Dejando de lado las advertencias del propio fabricante y las directivas que ellos mismos establecieron, el Ejército del Perú buscó alargar la vida útil de sus helicópteros recurriendo a proveedores no autorizados.

Aunque el ámbito militar es, para muchos peruanos, la representación del patriotismo y su vocación es considerada una de las mayores muestras de compromiso con el país, las Fuerzas Armadas no han logrado permanecer a salvo de la improvisación e irresponsabilidad que afecta a tantos sectores del país.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a reveladores documentos que exponen graves irregularidades por parte del Ejército del Perú en la contratación de un servicio de mantenimiento a helicópteros militares. Desde labores encargadas a sectores ajeno a esas funciones hasta el desinterés por escuchar las advertencias del fabricante han formado parte de este escandaloso caso.

A QUIEN LE CORRESPONDA

En el mes de mayo del año 2023, el jefe de servicio de material de guerra del Ejército, William Lozano Flores, solicitó a Luis Carranza Vilahur, Comandante General de la Aviación del Ejército, que se elaboren los términos de referencia, un documento clave para los contratos en los cuales se especifican las exigencias del que brinda el servicio y el contratante, para que se realice el mantenimiento de helicópteros. Dicha tarea recaería en el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE).

Fue en esta instancia cuando ocurrieron las primeras irregularidades. Tal como se señala en el siguiente documento al que Sudaca tuvo acceso, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) tenía entre sus responsabilidades el planificar los requerimientos de insumos, repuestos y otras actividades que involucran lo que se considera como mantenimiento menor de las aeronaves.

Esto no significa otra cosa que la primera gran equivocación en esta historia. Pese a que las actividades de mantenimiento mayor no le correspondían al Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE), el comandante general Carranza Vilahur le encargó al BEMAE elaborar los documentos para la reparación general de cuatro helicópteros militares.

Los problemas no tardaron en aparecer y, aunque en los términos de referencia elaborados por el BEMAE se debía establecer que quien se encargue de este servicio de mantenimiento exhaustivo debía contar con un certificado emitido por el fabricante que los autorice a llevar a cabo dicha labor, esto sería algo que no terminaría ocurriendo.

Incluso, en los documentos que están en poder de la Contraloría, se puede leer que estos helicópteros modelo Mi-8MTV-1 debían recurrir a la National Aviation Service Company para el respectivo servicio de mantenimiento. Esto es señalado por el propio acuerdo de la Federación de Rusia con los estados extranjeros que adquirieron los helicópteros en cuestión.

LA VOZ AUTORIZADA

La propia National Aviation Service Company comunicó en mayo del 2023 al Comandante General del Ejército del Perú, David Ojeda Parra, que ellos eran los autorizados para realizar el servicio de mantenimiento postventa de estos helicópteros de fabricación rusa. Pero, además, aclaran que ninguna empresa peruana ha recibido permiso para llevar a cabo esta labor.

La comunicación proveniente de Rusia incluso va más allá y aclara que los fabricantes de estos helicópteros modelo Mi-8MTV-1 no tienen previsto otorgar permiso, autorización o certificado para que el mantenimiento a empresas peruana o de otros países para que puedan reparaciones o lo que se considera como mantenimiento mayor de los helicópteros.

Pese a estas advertencias realizadas por el propio fabricante  y que las directivas nacionales exigen certificación por parte del fabricante, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) decidió ignorarlas y en los términos de referencia para el mantenimiento de los helicópteros se limitó a exigir que quien brinde el servicio cuente con habilitación vigente por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La decisión final del Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) fue elaborar los términos de referencia para el mantenimiento mayor helicópteros Mi-8MTV-1 ignorando las recomendaciones nacionales e internacionales pese a que este servicio tenía como objetivo lograr que la vida útil de estos helicópteros militares se extienda por ocho años más.

Esta serie de decisiones que se tomaron pese a las contundentes advertencias de los principales involucrados no sólo despiertan dudas sobre las motivaciones detrás de un proceder irresponsable sino que ponen en alerta al personal del Ejército del Perú cuyas vidas podrían estar en riesgo por un trabajo que no se hizo de la manera que correspondía.

[INFORME] Un empresario que fue condenado reconoció haberla sobornado para obtener una sentencia favorable y evidencias conseguidas por la DIVIAC la comprometen seriamente. Sin embargo, hasta la fecha, la jueza Roxana Becerra sigue sin sanción alguna.

En las últimas semanas, Sudaca dio a conocer impactantes detalles sobre el caso de Aniceto Argüelles y su empresa Industrias Argüelles que han expuesto las estrategias que algunos personajes condenados pueden utilizar para intentar evadir los filtros creados para evitar que quienes han incurrido en un delito puedan acceder a contratos con el sector público.

Sin embargo, esta historia tiene más de un protagonista y no todos están respondiendo por sus acciones al margen de la ley. En este informe, Sudaca ha podido enfocarse en la participación de una persona que debería defender la justicia y, por el contrario, estuvo pactando para posicionarse en favor de ciertos intereses.

EL CASO ARGÜELLES

Como se ha contado anteriormente, Aniceto Argüelles fue un nombre que saltó a diversos titulares periodísticos este año cuando confesó, como parte de una estrategia legal que buscaba salvarlo de una condena mayor, que había intentado sobornar a una jueza para que accione en favor de sus intereses.

Este caso que involucraba una documentos falsificados para concretar la venta de terrenos comunales a Industrias Argüelles  culminó este año 2025 con el empresario siendo condenado a cuatro años y dos meses de prisión suspendida y obligado a pagar una reparación civil de veinte mil soles.

No obstante, hay una persona más que, por ahora, parece haber escapado de la justicia pese a que tuvo un rol muy comprometido en esta historia y que existen pruebas contundentes sobre su participación en este intento de dejar de lado el objetivo que debería perseguir la justicia y ponerle un precio a su decisión.

MAGISTRADA BECERRA

La protagonista de este capítulo es la jueza Roxana Elizabeth Becerra Urbina, quien se ha venido desempeñando en el Juzgado Mixto de la provincia de Canta, Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Becerra Urbina es la pieza de la historia que, por ahora, había pasado desapercibida en el caso Argüelles. Según fuentes consultadas por Sudaca, el intento de Argüelles por comprar a la justicia encontró en Roxana Becerra a una representante de la justicia dispuesta a colaborar con sus intereses.

Acorde a la confesión del propio Argüelles, el empresario había coordinado con  una persona de su entera confianza, que fue identificada como Silvio Muñoz, para que, a cambio de una sentencia favorable, este le compre terrenos que le pertenecían a ella y su familia a precios inflados.

La información que se ha podido conocer expone que la primera compra se produjo en el año 2019 por el monto de S/ 533,703.09. Previamente, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) pudo hacerle seguimiento a numerosos encuentros en restaurantes entre la jueza Becerra, Argüelles y personas de su círculo de confianza en los cuales se habrían acordado estas compras irregulares.

Sin embargo, pese a que estos hechos tuvieron lugar en el año 2019 y la investigación preparatoria terminó en marzo de este año, hasta la fecha, la jueza Becerra Urbina ha permanecido impune en este caso que la involucra y, recién a finales de septiembre, se ha conocido que la Junta Nacional de Justicia inició una investigación que podría culminar con su destitución.

Una frase conocida en el ambiente de los abogados señala que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía» y que el caso de la magistrada Roxana Becerra permanezca como un asunto pendiente sólo refuerza la sensación que existe una falta de interés por sancionar a aquellos miembros que le ponen la justicia al servicio de quienes más dinero tienen.