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Informes archivos | Página 25 de 81 | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad

Informes

En la misma línea, en lo que respecta a la construcción de la planta de transferencia la empresa señala lo siguiente: mediante la Adenda del 25.06.1996 que modifica ese punto del contrato (segundo párrafo literal g de las bases de licitación pública internacional), la MML pone a disposición la planta de transferencia Huayna Cápac, cuya construcción había concluido. A cambio, el concesionario dejaba de cobrar S/ 66,000 mensuales por concepto de Inversión en la Instalación de la Planta de Transferencia y una reducción de 21.25% en la incidencia de dicho concepto en costos financieros, imprevistos y utilidad.

Innova Ambiental

Por otro lado, acerca de los problemas que presenta El Zapallal, las denuncias de incumplimiento de protocolos, y el impacto ambiental que supone la operación de dicho residuo sanitario, ellos responden que las buenas prácticas de Innova Ambiental en la gestión de El Zapallal se evidencian en los resultados de sus monitoreos ambientales. El último de ellos, que data de mayo de 2022, incluye estándares de calidad de aire y ruido establecidos por el MINAM y PCM correspondientemente. 

Los hallazgos concuerdan con las afirmaciones, pues los niveles se encuentran por debajo de los estándares establecidos por las autoridades. Asimismo, sostienen que la empresa es fiscalizada de forma constante por el OEFA y MML. 

Sobre la denuncia a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Lima Norte que el Comité Parlamento 10 presentó en 2021 y los reproches de que en 25 años Innova no haya creado una centralización de biogases que evite el mal olor y contaminación de la zona responden: 

“Acogiéndose al DS 010-2020-MIMNAM, el 26 de julio de 2022 Innova Ambiental remitió al MINAM un PAMA para gestionar futuras ampliaciones (seis años) de El Zapallal y mejorar procesos. Entre esas mejoras figura un sistema de centralización de biogases”. A esta declaración hay que sumar la contestación acerca de los metales pesados que un estudio de 2017 de impacto ambiental halló en la zona de Lomas de Carabayllo. 

Según este reporte, la contaminación proviene de la entrada a una mina no metálica y la zona industrial, no al relleno ni sus operaciones. De igual manera, cuando se les interrogó acerca de la vida útil del relleno sanitario, respondieron que esta no se mide en años, sino que se calcula en volúmenes. Además, ante la pregunta sobre la posibilidad de reubicar el relleno no ofrecieron respuesta. 

Por último, Innova informa a la opinión pública que cuenta a día de hoy con una certificación ISO (International Standardization Organization) Anticorrupción, la cual fue emitida en noviembre de 2019 y se encuentra en proceso de revalidación. 

La respuesta de SONARE 

Ante el descargo de Innova, fuentes en la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos (SONARE) responden que la empresa está justificando su actividad irregular en un marco legal que no se encuentra vigente. En este sentido, el DS-010-2020-MINAM culminó en octubre de 2020, hecho por el cual ahora estarían operando sin permisos. Asimismo, de acuerdo al DL 1278, la licencia de funcionamiento del relleno sanitario debe ser otorgada por la municipalidad distrital; y ellos no cuentan con licencia, ni en Zapallal ni en Portillo. 

A pesar de todo ello, si bien ambas partes han presentado documentación que sustenta de una manera u otra sus afirmaciones, no deja de ser alarmante la pasividad de las autoridades por subsanar la concesión en materia estricta del contrato. Con todo, no deja de ser curioso que en el mismo portal institucional de INVERMET (organismo descentralizado supervisor de la municipalidad de Lima) se señala que el plazo de concesión es de 120 días, término que se sigue sucediendo en un bucle infinito desde 2015. 

Innova Ambiental

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Fiscalía, Innova ambiental, Municipalidad de Lima, Sonare

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Es muy probable que el abogado Pedro Grández, defensor oficial de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como no explicita el conflicto de intereses al criticar la decisión de la Fiscal de la Nación de remover a su esposa, la fiscal Fanny Quispe Farfán del Equipo del caso “Cuellos Blancos” y de tildar a unos periodistas como rentados que celebran el logro de su campaña previa y anota que ya pueden cobrar el presunto honorario de éxito, busque influenciar en la Junta Nacional de Justicia, donde trabaja temporalmente, para que ratifique como Fiscal Suprema a su defendida y a la vez la JNJ abra proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se atrevió a remover de su posición de poder a su esposa que había logrado en la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación.

Audios reveladores que exponen la estrecha relación del operador Jose Luis Cavassa y el control que ejercía en el defenestrado CNM.

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Fiscalía, Fiscalía de la Nación, Ministerio público, Zoraida Ávalos

“El río tiene los hidrocarburos ahí. Hay barreras en su boca que evitan su salida al Marañón. Estamos haciendo todo para mantenerlas. Esperamos pronto poder ingresar para hacer su evaluación y limpieza”, afirma Juan Gallarday, gerente corporativo de Desarrollo Sostenible en PetroPerú.

Mientras el bloqueo se mantenga, no podrán terminar de limpiar. Habrá que esperar que los frutos de las próximas reuniones comunales sean positivos. Por otro lado, también esperan que las 24 investigaciones fiscales abiertas que tiene la empresa por cortes o derrames avancen para identificar responsables. Según pudo conocer Sudaca, todas se encuentran en etapa preliminar por ahora.

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Una de las obligaciones contractuales expresada en la cláusula trigésima del Contrato de Concesión indica que “al término de la concesión el CONCESIONARIO entregará a la MUNICIPALIDAD, sin derecho a pago alguno, los bienes que devengan en partes integrantes o accesorios de la concesión”. Esto incluye la planta de transferencia de residuos sólidos y los terrenos en donde está edificada. Este es un procedimiento conocido en el que la concesión de los bienes pasa a dominio del Estado, y cuenta con un fuerte marco legal señalado en D. Leg. 757 “Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada” y el Art. 21 del D. Leg. 758 “Normas para la Promoción de la Inversión Privada”, normativa que al día de hoy sigue vigente. 

Menos de 5 años después de obtener la concesión, la entonces Asociación Vega Upaca-Relima vende los terrenos mencionados a diferentes entidades financieras en calidad de daciones. Así, en enero de 1998 el sub lote 4 es entregado a la constructora Upaca, parte del consorcio empresarial Vega Upaca-Relima, como una dación de pago a la Caja de Pensiones Militar Policial por un valor de 797 mil dólares. Esto se hizo infringiendo claramente la obligación taxativa del concesionario en la que “los bienes que devenguen en partes integrantes o accesorias de la concesión, no podrán ser transferidas separadamente de esta, hipotecados, prendados o sometidos a gravámenes de ningún tipo” (Art. 21 del D. Leg 758). 

Posteriormente, en 2003 la empresa entregó los sublotes 2 y 3 en calidad de dación de pago a Citibank por 752 mil dólares. Esto ocurrió en diciembre de dicho año, después de que el sublote 1 fue hipotecado a favor del BCP por 440 mil dólares, violando los términos del contrato y el marco legal correspondiente. Cabe mencionar al respecto que las acciones de la empresa se llevaron a cabo con el conocimiento tanto de la comuna de Lima como de la Empresa de Supervisión Municipal de los Servicios de Limpieza “SUMSEL”. 

Innova Ambiental percibió como beneficio un aproximado de 2 millones de dólares respecto de los terrenos que tenía que ceder según contrato a la municipalidad de Lima. En lugar de aplicarse las sanciones y procedimientos correspondientes, la comuna construyó por sí misma la planta de transferencia de residuos sólidos, y con esto eximió a Innova de su obligación contractual y asumió todos los gastos. 

En la actualidad, la planta de transferencia de residuos sólidos está ubicada en la parte lateral del parque zonal ‘Huayna Cápac’, en la avenida Mateo Pumacahua distrito de San Juan de Miraflores. Aquí los camiones recolectores descargan los residuos hacia unidades de mayor capacidad y luego son conducidos al relleno sanitario de Portillo Grande. 

 

operacion de la planta
Modalidades del servicio de limpieza estipuladas en el contrato de renovación de 2005, página 2

 

En un informe de la Gerencia de Servicios a la ciudad y Gestión Ambiental se estimó que en 2018 esta planta manejaba aproximadamente 207 mil toneladas de desechos. Entre las preocupaciones sobre las operaciones en sí, es un hecho no menor que pese al paso de los años y el notable deterioro, el programa de adecuación ambiental de la planta es del año 2003. Además, no se ha encontrado a un organismo fiscalizador externo que determine la vida útil de la planta, e Innova reporta que pese a los agrietamientos debido a que el concreto no presenta reforzamiento de acero, “la vida útil es indefinida y depende del mantenimiento de las estructuras civiles”. 

Asimismo, una resolución directoral de noviembre de 2008 resuelve denegar la aprobación del estudio de impacto ambiental de la planta, ya que no solo no cumple los requisitos estipulados, sino que no entrega los resultados del análisis del agua, aire y suelo. Así pues, las operaciones de esta planta no solo deben su génesis a un procedimiento irregular que viola un contrato municipal oficial, sino que están precarizadas en cuanto a las condiciones de fiscalización, control y seguridad. 

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Innova ambiental, Municipalidad de Lima, rellenos sanitarios, San Juan de Miraflores

Los Fiscales: intento de decapitar a un magistrado supremo 

Por cierto, es inusual que la Fiscalía Superior presente una denuncia disciplinaria contra un juez de mayor jerarquía cuando este procedimiento normalmente queda en manos de los Fiscales Supremos, que poseen un rango similar al de los jueces supremos, y que es llamativo que la denuncia se presente cuando el recurso presentado solo se admitió a trámite y se califica positivamente la decisión de una Sala Superior que dio por concedido el recurso de casación y, lo que es más grave, se denuncia cuando no existe algún pronunciamiento sobre el fondo del caso que puede salir favorable o desfavorable.    

¿Por qué la Fiscalía Superior, y no la Fiscalía Suprema, se adelanta a un resultado judicial que le puede ser favorable si litiga sin presión mediática y a punta de denuncias? ¿Por qué se presenta una denuncia contra un magistrado que todos vinculan al caviarismo más recalcitrante –al que muchos fiscales pertenecen y lo reconocen con orgullo– y que es autor principal de la condena de Alberto Fujimori? ¿Acaso, es posible ensayar una respuesta razonable?

Analizados fríamente los hechos y los actos precedentes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” la denuncia contra San Martín no es una queja aislada ni un actuar en solitario, lo que se busca, en realidad, es lograr que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo de Juez de la Corte Suprema a un magistrado que está inmerso en el proceso de ratificación que ha sido convocado y que tiene su etapa crucial en la primera semana de noviembre. Para ello la denuncia ha sido presentada estratégicamente un mes antes de que pase la entrevista del proceso de ratificación. 

La idea que se maneja dentro del Equipo Especial del caso “Lava Jato” es que si se logra la no ratificación y expulsión de San Martín de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ningún juez del Perú se atreverá a dictar fallos adversos y en contra de los intereses de los fiscales. 

La finalidad prioritaria de sancionar y expulsar a San Martín de la Corte Suprema de Justicia no es reciente y novedoso en los integrantes del Equipo “Lava Jato”. Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.

El poder de los fiscales  

La denuncia a la JNJ con fines de expulsión de la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado San Martín no es un acto aislado de un sector del Ministerio Público.

Se debe recordar que el Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Suprema Fanny Quispe enfilaron sus baterías, mientras estuvieron dirigiendo el caso “Cuellos Blancos”, contra cuatro jueces supremos titulares: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado, Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama More. A José Luis Lecaros lo acusaron de haber negociado su nombramiento frustrado como representante de la Corte Suprema de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones en una cena en el restaurant el Polo Marino, de propiedad del empresario Salvador Ricci, con el prófugo César Hinostroza. A Elvia Barrios, la sindicaron de haber llamado al ex Presidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo para interceder supuestamente en un caso que tenía a su hermano como una de las partes interesadas. A Carlos Arias Lazarte lo acusaron de haber recibido ayuda para lograr el cargo de juez de la Corte Suprema en el concurso a jueces Supremos de la República del año 2017. A Héctor Lama lo acusaron de haber sido el candidato en reserva favorecido por el ex juez César Hinostroza Pariachi en el concurso de jueces supremos del año 2015.   

La paja en el ojo ajeno 

La Fiscalía Suprema ha vuelto a presentar el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el abogado Dino Carlos Caro Coria y dicho abogado es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional. Dicho pedido sería improcedente ya que se ha presentado casi un año después de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y porque Caro Coria no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.

Algunos abogados consultados para esta nota destacan que pocas veces se ve el empecinamiento del Ministerio Público para excluir a un magistrado de la Corte Suprema de un proceso penal, sobre todo, proveniente de un Fiscal Supremo como el fiscal Pablo Sánchez Velarde que conoce y sabe que un pedido de esta clase es a todas luces improcedente, sobre todo porque el abogado aludido no tiene ninguna relación con alguna de las partes que recurre y ha presentado la Casación a la Corte Suprema de Justicia. El actuar del Fiscal Pablo Sánchez es, además, contradictorio.

Se resalta que, por ejemplo, nunca el Fiscal Pablo Sánchez ha pedido el apartamiento de San Martín del conocimiento de algún caso en el que el abogado Miguel Pérez Arroyo ha defendido casos de narcotráfico en alguna Sala Penal de la Corte Suprema, pese a conocer que Pérez Arroyo fue secretario de confianza de San Martín Castro por muchos años. Este trato desigual y discriminatorio en el caso de la Casación N° 1095-2021 y los casos de narcotráfico que lleva el abogado Miguel Pérez Arroyo tal vez se debe a que Pérez Arroyo fue nombrado el año 2015 por Pablo Sánchez, cuando era Fiscal de la Nación, como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público.

Sin embargo, una de las principales razones por las que Pablo Sánchez Velarde se habría comprado el pleito personal de los integrantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” en la exclusión del juez San Martín reside en el ofrecimiento de ayuda que necesita de manera urgente para pasar el proceso de ratificación sumamente complicado que le toca afrontar durante la primera semana de noviembre.

Uno de los temas más delicados y controvertidos que descalifica y pone en entredicho la denuncia que presenta los fiscales Equipo Especial del caso “LAVA JATO” en contra del juez supremo San Martín Castro es que no tienen el mismo comportamiento con fiscales que le son afines y allegados suyos. Por ejemplo, el equipo especial no ha presentado alguna denuncia, queja y no han realizado siquiera algún pronunciamiento público acerca de los graves hechos, que revisten carácter delictivo, que comprometen a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera alrededor de su irregular nombramiento como Fiscal Suprema y en el que utilizó cinco certificados falsos sobre temas de derecho realizados en el Instituto LIBREJUR y que le permitió pasar raspando los 66 puntos que se necesitaba para aprobar la etapa curricular en el concurso de Fiscales Supremos del año 2013 en el que fue apoyada por el operador fujimontesinista -y quien logró en tiempo reciente la inscripción ilegal del partido PODEMOS-, José Luis Cavassa Roncalla

Incluso, algunos Fiscales y conocedores del sistema de justicia sostienen que la denuncia presentada contra el juez San Martín Castro es la mejor cortina de humo y el distractor más eficaz para lograr que los reflectores y los cuestionamientos en la ratificación de jueces y fiscales supremos se concentren en un juez de la Corte Suprema; y de esta manera los fiscales Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera logren pasar el proceso de ratificación por agua caliente y sin ningún contratiempo. Total, en la guerra, siempre se sacrifica al enemigo.

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César Hinostroza, Fiscal, Fiscalía, Ministerio público

Talara refinará aproximadamente 70%  de crudo pesado (aproximadamente 95.000 mil barriles diarios) y 30% de crudo liviano, el crudo pesado proviene de los lotes de la selva, especialmente de la cuenca del Marañón por eso es importante reactivar la producción en la selva y poner en valor nuestros recursos.

Conclusión: No es precisa la afirmación de que el Perú no tiene petróleo, por el contrario cuenta con recursos suficientes que podrían cubrir ampliamente su demanda interna, pero no están siendo monetizados, se están dejando enterrados, pese al alto precio del petróleo que actualmente bordea los 90 dólares por barril. Somos un un importador neto de combustibles y eso mantiene en permanente  riesgo nuestra seguridad energétrica. La pregunta que surje es ¿por qué el Gobierno y de manera específica el MINEM, no está tomando medidas para incrementar la producción petrolera nacional y lograr que el crudo peruano sea el que se procese en la refinería de Talara?.

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Petróleo, Sociedad peruana de hidrocarburos, SPH

PERÚPETRO ha señalado que los lotes 39 y 67 operan bajo Contratos de Licencia suscritos por el Estado peruano, es decir, tienen derechos otorgados preexistentes a la solicitud de creación de la reserva indígena; además, se trata de una zona estudiada ampliamente para la ubicación de recursos de hidrocarburos, conforme obra de la información de la sísmica publicada en el portal institucional de PERÚPETRO. Así mismo, PERÚPETRO expresó su preocupación sobre que estos aspectos tan importantes para el desarrollo energético del país no fueran considerados en este caso específico y que no haya sido invitado a participar de la Comisión Multisectorial durante la fase del procedimiento de reconocimiento de pueblos indígenas en el área propuesta para la creación de esta reserva.

¿Existe certeza absoluta que existen PIACI en este territorio propuesto como nueva reserva indígena? El detalle de las pruebas de esta existencia no puede conocerse pues la propia Ley de Transparencia ha restringido el acceso al contenido completo y detallado del Estudio Previo de Reconocimiento elaborado por el Instituto del Bien Común entre los años 2021-2022. Sin embargo, conforme a lo manifestado por las comunidades nativas asentadas hace varias décadas en este territorio, no existe presencia de  PIACI.

Pronunciamiento AIDESEP by Alessandro Azurín Astorga

En conclusión, de acuerdo con la ley y regulación vigente para PIACI y los antecedentes de casos similares, lo señalado por Perúpetro tiene un sólido fundamento  y no es una afirmación falsa como señala AIDESEP.

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Espino detalló que, coludido con Yenifer Paredes, elaboraron y aceleraron el financiamiento de un proyecto en Chadín para beneficiarse ganando la buena pro y obtener el dinero de las ganancias de la ejecución. “Logré acceder a un contrato con la Municipalidad de Chadín para la elaboración del expediente técnico por un monto de S/.33,500 aproximadamente poniendo a la empresa DESTCON INGENIEROS &ARQUITECTOS S.A.C. que era de mi hermana pero yo lo manejaba de manera total”, contó Espino y agregó que la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, se benefició porque se concertó para que su hermano, David Paredes Navarro, sea el que ejecute la obra.

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Hugo Espino trabajaba en sociedad con la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.

También se refirió a un proyecto en el que fue incluido por Yenifer Paredes y contó con el apoyo del alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui. Espino y Paredes cobraron cuarenta mil soles como adelanto para elaborar el expediente técnico y fue la hermana de Lidia Paredes quien aseguró que se encargaría de obtener la buena pro. “Yenifer Noelia Paredes Navarro tenía el interés de que salga esa obra para que se pueda ejecutar y ganar dinero con la ejecución, debido a que es una obra de gran envergadura que iba a salir aproximadamente veinte millones”, detalló Espino.

Pero la recopilación de hechos ilícitos protagonizados por Hugo Espino y Yenifer Paredes todavía no había terminado. Espino relató esta vez un nuevo episodio en el que, junto con Yenifer Paredes y su primo Rubdel Oblitas Paredes, acordaron el financiamiento de un expediente técnico. En dicha reunión, Rubdel comentó que trabajaba con su tío, el presidente Pedro Castillo, revisando documentaciones y temas técnicos, además de tener acceso al Ministerio de Vivienda, en donde dijo tener proyectos.

 

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El primo de Yenifer Paredes se jactaba de tener proyectos en el Ministerio de Vivienda.

En esta ampliación de su declaración, Espino volvió a referirse a su amigo el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero. En esta oportunidad expuso que el montó de diez mil soles con el que colaboró para la campaña de Pedro Castillo fue un monto que era parte de cien mil soles que Medina Guerrero había recibido por una coima. “Desde el año 2019 he venido recibiendo y realizando depósitos de diversas sumas de dinero por órdenes y coordinación con José Nenil Medina Guerrero”, indicó Hugo Espino y expuso que era dinero proveniente de la Municipalidad Distrital de Anguía para contratar personal en Lima y pagar la oficina que habían alquilado en la capital. 

 

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El dinero que Espino utilizó para apoyar la candidatura de Pedro Castillo provenía de una coima.

Según expuso Espino en su versión, el alcalde Medina Guerrero pasaba más tiempo en Lima que en su localidad y el tiempo que pasó en la capital aumentó tras la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta. “José Nenil Medina Guerrero apoyó en toda a la campaña de Pedro Castillo, asistiendo a todos los viajes al interior del país y en la ciudad de Lima”, agregó sobre el rol de Medina en la campaña de Castillo.

 

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La presencia del alcalde de Anguía en Lima fue más frecuenta tras el triunfo de Castillo en las elecciones.

Al ser consultado por el vínculo entre Castillo Terrones y el alcalde de Anguía, Espino lo describió como una relación de “extrema confianza” y señaló que Medina Guerrero lo frecuentaba tanto en Palacio de Gobierno como en la polémica casa de Sarratea.  Medina se jactaba de tener el contacto de varios ministros y Espino encontraba creíbles estos relatos debido a la rapidez con que salían los decretos de urgencia que beneficiaban a las obras que quería realizar en Anguía.

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El alcalde de Anguía se reunía con Pedro Castillo en la casa de Sarratea y Palacio de Gobierno.

Espino también se refirió a la participación de otros integrantes de la familia presidencial en los negocios de los que él era parte. Al detallar la entrega de los setenta mil soles que David Paredes, cuñado de Pedro Castillo, le entregó, habló del rol que tenía la primera dama Lilia Paredes para garantizarles que los documentos que requerían iban a salir con la velocidad que lo necesitaban.

 

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La primera dama, Lilia Paredes, tenía un rol importante para coordinar que salgan los decretos que beneficiaban los proyectos de sus hermanos.

El testimonio de Hugo Espino no sólo ha dejado en una situación muy comprometida al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y a la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, sino que expone a gran parte del entorno familiar de Pedro Castillo como parte de una organización dedicada a beneficiarse del poder que hoy ostenta desde el sillón presidencial.

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