Ayala Melgarejo debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas. De acuerdo al informe de la Contraloría, la funcionaria no contaba con la cantidad de personas que debían acceder a este producto e improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La actual gerente de Desarrollo Social de Lima concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, a pesar de que el cálculo improvisado que realizó carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica. En consecuencia, la Municipalidad de Independencia gastó S/ 275.711 de sus propios recursos, además de los S/ 500.000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Curiosamente, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Isabel Ayala solo empadronó a 3127.
Según detalla el informe de la Contraloría, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular: en 156 actas, el ente rector encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas. Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. Asimismo, se detectó la entrega de 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.
Sumado a esto, la investigación fiscal halló que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Además, el fiscal a cargo detalló en la investigación que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., que ganó la buena pro, depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de la entonces gerente de Desarrollo Humano y Social de Independencia.
Este portal pudo constatar que Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros tres informes de la Contraloría. El primero, cuando fue regidora distrital del Rímac, entre 2018 y 2019, y entregó un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. El segundo, cuando ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Humano y Social y subgerente de Programas Alimentarios, y adjudicó la buena pro a una empresa pese a que incumplieron los requisitos de las bases.
Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en cuatro informes de la Contraloría. Fuente: Contraloría de la República
Sudaca intentó comunicarse con Isabel Ayala para recoger sus descargos sobre las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta alguna.
Para contrastar los dichos del señor Succar y tener los testimonios de todas las partes, llamamos al Gerente General del Country Club de Villa. Luego de llamar infructuosamente durante toda la mañana de jueves la señora Breaga Gervacio Rojas, Asistente Ejecutiva de la Gerencia General del Country Club de Villa, me dijo:
“No sé qué caso es ese ni tengo la menor idea. Le pregunte si el señor Succar era socio del Club y me respondió: Sí, el señor Succar es socio, pero qué es lo qué ha pasado, no tenemos ninguna noticia formal acá en el Club”.
Como no podía conseguir formalmente la respuesta del club, decidí localizar al gerente general para que él me dijera cuál era la situación general del socio Alexander Succar Hampton, y este, Sandro Pezo Lanfranco me dijo vía telefónica:
“El club tiene un estatuto en primer lugar y luego tiene una serie de procedimientos para tratar este tipo de casos con sus asociados, ese un tema interno del Club y el tema se ha tratado siguiendo los procedimientos internos establecidos en el estatuto y en función a ello se han tomado las decisiones que se han tomado, y yo no estoy en capacidad de darle ninguna información porque es un tema interno.
No le podría decir en qué parte del estatuto está la prohibición, porque ese caso pasa por un comité de disciplina que es totalmente independiente y autónomo, dentro de la directiva del Club; entonces, los miembros de ese comité son los que hacen esa evaluación. Y como le digo es un tema interno del Club y nosotros no tenemos por qué dar información a terceros”.
El señor Alexander Succar luego de ser suspendido por 30 días, el 26 de marzo de 2022, recibe dos meses después un comunicado informándole que el club había iniciado otro proceso disciplinario contra él por dar un código falso. Y el 9 de junio le comunican la suspensión por 60 días.
Recién el 15 de julio Succar demanda al agente de seguridad, demanda que es resuelta como improcedente por el juzgado el 2 de setiembre.
Denuncia contra el agente de seguridad del Country Club de Villa.
El 7 de setiembre de 2022 se apela la sentencia en primera instancia del 2 de setiembre. El 21 de noviembre de 2022 se vuelve a declarar improcedente en segunda instancia la demanda del 7 de setiembre.
El 8 de noviembre Succar denuncia ante el juzgado de Chorrillos a todo el Comité Disciplinario del club. El 2 de febrero de 2023 el Juez declara improcedente la denuncia contra el Comité.
Finalmente, el 8 de febrero de 2023 se ingresa la apelación para la denuncia que se declaró improcedente el 2 de febrero de 2023 y siguen en espera.
En este caso de abuso evidentísimo, parece que Goliat se impondrá definitivamente a David.
Otro de los protagonistas es Pedro Grández Castro el esposo de la Fiscal Fanny Quispe, abogado y dueño de Palestra Editores, quien no solo edita los libros de Víctor Cubas, quien fue la voz pública de la denuncia de las llamadas telefónicas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, sino que se los remunera jugosamente, además, de tener una relación comercial y personal de más de 30 años. Pedro Grández el 26 de febrero del 2023 publica en sus redes sociales (facebook), Dos días antes de que la Junta Nacional de Justicia anunciara su decisión de investigar a la Fiscal de la Nación, un mensaje premonitorio de lo que le iba a ocurrir a Patricia Benavides trayendo a colación un artículo periodístico de más de 20 años atrás del diario la República en el que se afirmaba que se designa a Fiscal sin concurso, escribiendo en su post “hay quienes hacen toda una vida en los intersticios de la ley”. Aparentemente, no había una razón de peso para que se haga arqueología periodística y se consiguiera un artículo impreso que nadie recuerda. Grández desentierra de los archivos periodísticos un artículo que no tenía sentido actualizar. Era la camita de lo que sabía iba ocurrir con la decisión de la JNJ de abrir investigación a Patricia Benavides.
Para que se identifique y mida el peso de Pedro Grández en esta trama contra la Fiscal de la Nación debe tomarse en cuenta que trabaja en la Junta Nacional de Justicia. Así lo refirió SUDACA en el artículo “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” del 2 de noviembre del 2022 en el que se señalaba: “Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO”.
También se dijo “lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 3 de noviembre del 2022”.
Todos juegan para Zoraida Ávalos
Los protagonistas de esta historia tienen un denominador común: han tenido o tienen una relación con la Fiscal Zoraida Ávalos, quien los designó en cargos de confianza (Cabrera Zegovia, Cubas Villanueva), les dotó de mayor poder (Quispe Farfán) o se desempeñan como su abogado defensor (Grández Castro).
Se recuerda que la JNJ actuó con guantes de senda contra la Fiscal Zoraida Ávalos a quien la ratificó en el cargo de Fiscal Suprema pasando por alto el hecho de que el 2013 accedió a ese cargo presentado cinco certificados falsos al Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo titulado “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” dijimos “los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta de los cinco certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como fiscal suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo”.
Es llamativo que la JNJ que califica y considera los criterios morales y éticos de los magistrados (Jueces y fiscales) de manera muy alta, tanto para designarlos, destituirlos o ratificarlos en el cargo haya pasado por alto hechos tan graves como los cometidos por la exfiscal de la Nación y en su entrevista de ratificación ni siquiera le haya formulado una sola pregunta al respecto, haciendo gala de una inexplicable impunidad y fijando un nefasto precedente del sistema de Justicia. El mensaje que se deja a los magistrados del Perú es siniestro: se puede acceder a lo más alto de la función pública y, concretamente, del Ministerio Público con la presentación de certificados falsos sin ninguna consecuencia y sin que la JNJ haga algo al respecto.
Si se quiere establecer el tamaño del escándalo, vean el video de su proceso de ratificación cuya votación fue ratificar a Ávalos Rivera por unanimidad como Fiscal Suprema.
Sin embargo, la prueba de que la JNJ trata con un doble rasero a los fiscales supremos es que a la actual Fiscal de la Nación se le abre investigación por tener comunicaciones con Antonio Camayo, que el 2018 era considerado un empresario emergente; pero no hace lo mismo con Zoraida Ávalos pese a tener llamadas con César Hinostroza Pariachi.
Muchos medios de comunicación han señalado que existe el “registro de una llamada saliente realizada por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi al teléfono institucional (asignado oficialmente por la Fiscalía) de Zoraida Avalos, el día 4 de febrero de 2016, a las 22:12 horas”.
Se ve la paja y las llamadas en el otro, pero no las llamadas telefónicas de un miembro de la JNJ
Uno de los temas más graves de la investigación que se le abrió a la Fiscal de la Nación por parte de la JNJ es que se olvida que uno de los miembros natos de dicha institución tiene no una, sino varias llamadas con varios de los presuntos miembros de la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual fue reflejado también en un Informe de la Diviac.
En efecto, en el Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 7 de enero del 2020, la Diviac le informa al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón del registro de llamadas del celular de María Zavala Valladares N° 985570544 con las personas involucradas en la red de corrupción de los Cuellos Blancos y los resultados son sorprendentes.
María Zavala Valladares de su celular N° 985570544 registra siete llamadas con Cesar Hinostroza supuesto líder de dicha Organización Criminal, entre los años 2015 a 2018; también registra cuatro llamadas con Iván Noguera Ramos el año 2017, cuenta con tres llamadas telefónicas el año 2018 con Daniel Peyrano Sánchez y una llamada el año 2018 con Luis Arce Córdova.
Pese a la existencia del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que aquí publicamos como primicia no hubo problema para que la Comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la JNJ haya designado sin algún rubor a María Zavala Valladares como parte de los siete miembros del pleno de esta institución del Estado. Quizás la única explicación es que se haya considerado que los registros de las llamadas entre dos personas poseen un valor inocuo, irrelevante y neutral desde el punto de vista del derecho.
Pese a que el contenido del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC registra varias comunicaciones con más de una persona involucrada en el caso los Cuellos Blancos, en el caso del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que comprende las supuestas llamadas de la Fiscal de la Nación solo hay comunicaciones con una persona en un periodo reducido de tiempo: dos meses.
¿Por qué la JNJ monta un escándalo de abrir investigación a la Fiscal de la Nación por tener llamadas telefónicas con terceros, sin que exista audios o conversaciones grabadas, y no investiga o manda investigar a quien forma parte del pleno? Se presentan los mismos hechos, o hechos más graves, pero se tiene un distinto rasero. Así es la justicia de nuestro querido Perú.
Las diferentes cartas notariales han sido remitidas a la presidenta Boluarte y al premier Otárola, pero con el pasar exacto de un mes no se ha tenido respuesta. Los dirigentes de Parlamento 10 han indicado que el retraso de parte del MINAM se ha evidenciado desde las citaciones que han solicitado al despacho de la cartera. Además, Sudaca tuvo acceso a un informe elaborado por Miriam Sunilda Vera Mejía, especialista en Gestión de Residuos Sólidos, que fue remitido a la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones con el fin de evaluar la reconsideración del PAMA emitido por Innova Ambiental.
El documento menciona que se debe aprobar la solicitud de Evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), a su vez, menciona que el titular (Innova Ambiental) está obligado a cumplir con los compromisos asumidos en los planes y programas establecidos en un plazo máximo de 1 año con el fin de mitigar el impacto ambiental que se ha generado. Sin embargo, este informe que fue entregado al MINAM, al día de hoy no se ha tomado en cuenta o priorizado una resolución que disuelva esta problemática.
Conclusiones del Informe que solicita aprobar la solicitud de evaluación del PAMA de Innova Ambiental
Los vecinos de Lomas de Carabayllo exigen que se pueda escuchar su voz a partir de la denuncia que hacen de culminar esta problemática ambiental que ha perjudicado la salud de todos los vecinos aledaños al relleno sanitario. La respuesta del alcalde de Lima no se ha hecho respetar a partir de esta vulneración a la clausura del local. El MINAM ha mostrado más allá de una respuesta, su ineficiencia y ánimos de seguir dando acceso a que Innova siga ejerciendo funciones en este lugar ¿Cuánto más debemos esperar para que Innova Ambiental finalmente sea excluido de la Municipalidad de Lima?
Desechos que se encuentran en el Relleno Sanitario “El Zapallal”. Foto: Roberto Ángeles.
Según información publicada por la Defensoría del Pueblo, el 5.1% de mujeres trans cuentan con educación secundaria completa y el 62.2% se dedica al trabajo sexual ante la falta de oportunidades laborales en otros rubros. Aunque el dato más alarmante es que el 95.8% de mujeres trans manifiesten haber sido víctimas de violencia.
Para Janett Cuyutupa, especialista de Promsex – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el rechazo de las familias es un factor importante para entender el preocupante número de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. «Cuando se hacen visibles las botan de sus casas y no tienen oportunidades. Muchas veces se dedican a la prostitución. Si han salido de sus casas expulsadas, no tienen los recursos económicos ni oportunidades», explica.
Además, Cuyutupa agrega que el abandono por parte de las familias, la incursión en el mundo del trabajo sexual y las dificultades para continuar estudiando convierte a las mujeres trans en un grupo vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pueden ser mortales. «Muchas veces están expuestas a ETS y muchas veces no están informadas al respecto por lo que pueden morir», señala.
La especialista considera que un primer paso para ayudar a la comunidad trans sería una ley de identidad de género que les permita tener un DNI que las represente. «Para ellas es una humillación cuando las llaman por el nombre con el que no tienen ninguna relación», comenta Janett y agrega que esta iniciativa se podría complementar con la implementación del cupo laboral trans.
Entre el odio y la exclusión, el presente de las personas trans en el Perú es indudablemente crítico e historias como las de Ruby Ferrer parecen estar condenadas a repetirse de forma interminable si no se pone atención a los reclamos de peruanos y peruanas que, a diferencia de lo que alegan los grupos ultraconservadores, no buscan privilegios sino la posibilidad de vivir con una dignidad que hasta ahora se les ha negado.
En conclusión, lo afirmado por Evo Morales es refutado por la Constitución y las leyes peruanas que establecen, sin lugar a duda, que los recursos naturales del Perú pertenecen a la Nación.
En conclusión, las leyes peruanas protegen y regulan la explotación sostenible de los recursos naturales del país, lo que genera beneficios económicos a través de la modalidad de regalías y canon. La inversión en recursos naturales también contribuye a la generación de empleo y actividad comercial en las zonas de influencia de los recursos.
Los ruegos de la doctora Shady para preservar el patrimonio arqueológico más antiguo del hemisferio sur logran convencer a las máximas instancias del Ministerio del Interior, las cuales autorizan a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para que le asignen una casa pequeña ubicada en Las Lomas de La Molina. Según la doctora Shady, los responsables del sector le dijeron: “aquí está este local, ocúpelo; no se preocupe por los reclamos de terceros, esos van a demorar un largo tiempo”. Recién en 2018, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) nos informa que iba a subastar el local. En ese momento, me dije que había que buscar una salida porque una vez rematado habría que desalojar. Pero antes, como Pronabi pertenecía al Ministerio de Justicia, fui a hablar con el titular del sector, Vicente Zeballos y él me dijo que seguramente Pronabi necesitaba vender para agenciarse de fondos, pero que no me preocupe porque no nos iban ‘a lanzar’ de la noche a la mañana; con tranquilidad vamos a ver internamente esto. Y así pasaron la pandemia del coronavirus y más de tres años y medio de silencio administrativo, hasta que, en octubre de 2022, nos volvieron a pedir el local. En ese mismo momento, fui a buscar a la ministra de Cultura de entonces para pedirle un espacio en el edificio del ministerio. La ministra llamó a su abogado y también al procurador, quien me dijo que no nos preocupáramos porque en 2021 había salido un decreto supremo que decía que si una entidad del Estado tenía un bien inmueble en posesión no podía ser desalojada y que se lo harían llegar al Pronabi antes que el inmueble sea subastado y porque además tenemos en esa casa 15 años.
Entonces, a pedido de las partes, tuvimos una reunión con Pronabi, con la ministra de Cultura y con funcionarios de Justicia; en la reunión no le hicieron caso al decreto supremo, y, más bien, nos dijeron que Pronabi había subastado la casa de Las Lomas el 19 de diciembre de 2022. El nuevo ministro de Justicia me dijo que reconocía el trabajo de los profesionales de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) y que iba a hacer lo posible para darnos una solución satisfactoria, lo mismo dijo el alcalde de La Molina, quien ofreció donar un terreno, pero no la construcción. A todos los funcionarios de los diferentes niveles y sectores les hemos dicho que en el pequeño local de Las Lomas de La Molina, está perfectamente acondicionado para guardar las reliquias, también tenemos laboratorio y archivo con cientos de piezas y documentos que les dan validez. Es mi orgullo y debería ser el orgullo del Perú”.
Oficina de la Zona Arqueológica Caral, ubicada en Las Lomas de La Molina, inmueble que fue subastado por Pronabi a finales del año pasado.
La compra, la venta y el probable alquiler
Roger Hugo Gerónimo Miranda es un peruano como muchos, pero un afortunado como pocos que se hizo acreedor junto a su esposa Rosario Zegarra Rodríguez de la casa de Las Lomas de la Molina por el monto de ochocientos noventa y dos mil novecientos ochenta soles. El funcionario de Aduanas durante largos años, con ese sueldo pequeño y nunca indexado pudo darse maña para comprar y vender casas y camiones, ilusiones propias y ajenas.
Lo llamamos y nos contestó:
“Yo he comprado (la casa de Las Lomas de La Molina) de manera legal, los funcionarios de Pronabi hicieron una convocatoria en la cual yo participé y ahora ellos (los de Caral) tienen que retirarse. No la estoy ofreciendo en alquiler, pero el Ministerio de Cultura es el que me pide que se la alquile. Le he respondido ‘que puede ser’ y hemos negociado durante una semana. Quiero decirle que lo que he hecho es totalmente legal, ella (la doctora Shady) es la que está actuando de manera ilegal, porque se ha debido retirar de la casa y no le ha dado la gana de retirarse. Ellos (los arqueólogos de Caral) simplemente tienen que irse, no tienen nada que los ampare, porque yo no estoy dispuesto a aceptar la nulidad de la compra-venta. Yo he comprado la casa porque me interesa. Ahora bien, si quieren comprármela estoy dispuesto a vendérsela, pero no al precio de la adquisición, sino al precio de mercado”.
Al terminar la conversación, Roger Hugo Gerónimo Miranda nos dijo: “las sospechas sobre el origen del dinero (ochocientos mil soles, según los informantes) pueden darse, pero yo tengo más de treinta años trabajando en Sunat. Es imposible que no pueda demostrar de dónde sale ese dinero”, nos dice el afortunado funcionario.
Y finaliza con un contundente: “una donación (de la casa) es imposible”.
Roger Hugo Gerónimo Miranda, funcionario de Sunat y ganador de la subasta que lo convirtió en dueño de la propiedad que ocupa la Zona Arqueológica de Caral.
Recapitulemos lo conocido hasta ahora en este “cultoricidio”; tenemos, primero, a una burocracia insensible en la Universidad de San Marcos donde la doctora Shady, sus arqueólogos y sus asistentes estuvieron amontonados hasta el descubrimiento de Caral en 1997. Cuando en 2002, la Universidad de San Marcos obliga a la arqueóloga y a su gente a dejar el campus, la doctora Shady averigua que ese acto indigno fue debido a que el monto asignado a Caral estaba dentro del presupuesto de la universidad, por lo que el rector Manuel Burga sabía que si terminaba el vínculo laboral, él podría disponer de ese dinero para otros fines. Tenemos, después a empleados públicos de rango medio y alto en el Instituto Nacional de Cultura, en los ministerios de Cultura (fundado en 2010), del Interior (“dueño” transitorio de los bienes embargados a los narcotraficantes) y de Justicia, donde el procurador Erick Samuel Villaverde Sotelo, le dijo a la descubridora del asentamiento humano más antiguo del continente: “yo a usted no la conozco, no sé lo que es Caral”, en la última reunión que tuvieron las partes después que Villaverde Sotelo denunciara a Ruth Shady por el delito de peculado doloso en contra del Estado por el hecho de ocupar una casa cedida por el Ministerio del Interior.
El procurador público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió denunciar a Ruth Shady por los presuntos delitos de peculado doloso en agravio del Estado.
Villaverde Sotelo, quien el año pasado no sabía quién era Ruth Shady ni qué era Caral es un abogado graduado en la Universidad San Martín y doctorado en Ciencias Penales en la misma universidad. Nosotros ya lo conocemos, señor.
Para entender cómo se pueden cometer tantos vejámenes contra una científica de figuración mundial sin que ninguna autoridad haga nada, le pedimos una entrevista al ingeniero Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República.
Ingeniero, todos sabemos las comisiones ordinarias del Congreso tienen como misión fiscalizar a cada uno de los sectores gubernamentales, por eso su comisión tendría que saber qué pasa en el ámbito cultural del Estado, y, por consiguiente, ¿qué hará el Poder Legislativo para amparar no solo a la doctora Shady, sino a Caral?
HA: Nuestra comisión solicitó el 5 de enero que Pronabi nos haga llegar información sobre el tema, porque no entendíamos cómo una entidad del Estado pudiera estar enfrentada a otra entidad, el Estado contra el Estado, donde Pronabi prioriza su interés económico y no los grandes intereses culturales de la Nación. Más aún, al margen de lo que diga el procurador del Ministerio de Justicia, todos debemos saber que hay un Decreto Supremo, el 001-2021 de esa institución, que dice claramente que los inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia de la norma podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades que los ocupan durante un plazo no menor de diez años continuos.
Es más, creo que algo raro está pasando, algo está descomponiéndose, algo huele muy mal. Voy a interesarme a fondo, no solo por Caral y la doctora, sino por todo el patrimonio histórico de nuestro país.
Para finalizar, el Ministerio de Cultura ha accedido a otorgarles un espacio en el segundo piso del edificio ministerial en San Borja, pero la mudanza tomará de dos a tres meses porque se necesita acondicionar el local y que las piezas arqueológicas sean trasladadas de manera especial por sus características.
Sobre el futuro de la demanda del procurador a la científica, pues esta sigue su curso con una primera citación para el 3 de marzo, esperamos que el titular de Justicia, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y el tino les ganen la mano a los inciviles.
