Informes

La Biblioteca Nacional parece haber caído en la lista de instituciones que el gobierno reparte como botín a aliados y amigos. Sudaca conoció el caso de las extrañas designaciones que se vienen produciendo y el nombre del personaje cercano a la familia Boluarte que estaría detrás de estas.

Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia a finales del 2022, no era difícil imaginar que el Perú estaría ante lo que se suele conocer como una repatija de diversos cargos con los que la nueva mandataria intentaría seducir a posibles aliados políticos para evitar que la figura de la vacancia esté rondando por los pasillos del Congreso y Palacio de Gobierno.

Sin embargo, pocos podrían haber imaginado que este reparto de cargos vitales para el correcto funcionamiento del país tendría como beneficiados a personajes con muy poca capacidad y mérito para desempeñar las funciones que se les encargaron. En el pasado, Sudaca ha informado este tipo de designaciones en diversos ministerios y, en esta oportunidad, la nueva víctima del gobierno es la histórica Biblioteca Nacional del Perú.

¿QUÉ PASA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL?

Uno de estos movimientos que han llamado la atención en la conducción de la Biblioteca Nacional ha sido la llegada de Ana Peña Cardoza al cargo de jefa institucional. El pasado 24 de septiembre, Peña Cardoza fue ratificada en este cargo luego de haberlo ocupado temporalmente tras la renuncia de su predecesor, Boris Espezúa, en el mes de agosto.

Cristian Rebosio 

Pero la razón detrás del cuestionamiento a su llegada al puesto de jefa institucional está en su poco conocimiento del sector. Sudaca pudo revisar las diecinueve páginas de su hoja de vida y, aunque cuenta con un gran número de documentos que acreditan su experiencia laboral y universitaria y asistencia a diversos cursos, queda claro que su vida laboral no ha estado vinculada con el sector que ahora integra.

En estos documentos se puede ver que la experiencia de Ana Peña siempre había estado ligada a su trabajo como abogada. Sumado al título obtenido en la Universidad de Piura, la actual jefa institucional de la Biblioteca Nacional ha asistido a un curso de regulación económica y competencia en la Universidad de Valladolid y otro de conciliación extrajudicial dictado por Indecopi. Pero no se puede apreciar ninguno que la haya preparado para el encargo que le han asignado.

Cristian Rebosio

Además, al revisar su etapa como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se puede encontrar que, pese a ser el ámbito para que el supuestamente estaba mejor preparada, no estuvo libre de cuestionamientos y protagonizó un controvertido episodio al declarar  que en Indecopi “la tendencia es no sancionar” cuando la prensa le preguntó por las denuncias de consumidores a empresas que no entregaban los productos.

Cristian Rebosio

Sin embargo, lo que no se puede encontrar es algún antecedente que invite a creer que estaba capacitada para ocupar un cargo de tanta jerarquía como el que ostenta en la actualidad en la Biblioteca Nacional. Esto se puede afirmar al tener en cuenta que su breve y primera conexión con el sector cultura había ocurrido en el año 2023 cuando tan sólo ocupó el cargo de asesora y jefa de gabinete de asesores en el Ministerio de Cultura.

Cristian Rebosio

No obstante, esta no es la única situación extraña que se ha observado en la Biblioteca Nacional. En mayo de este año, Josefina Jiménez Palacios fue designada como Coordinadora de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú, en lo que se consideraba un cargo de confianza.

Cristian Rebosio

Pero en agosto del presente año, a menos de tres meses de haber llegado a dicho puesto, una resolución jefatural anunció que Jiménez Palacios no continuaría en el cargo de coordinadora.

Cristian Rebosio

La noticia de su salida, que según algunas fuentes habría ocurrido como consecuencia de un informe técnico que la involucraba, incluso fue una sorpresa para la propia Josefina Jiménez y, ante el desconcierto del momento, expuso en sus redes sociales su sentir tras el anuncio de su salida del cargo.

Fue en este texto que expuso algunos datos que generaron indignación debido a que la propia Jiménez Palacios cuenta que se enteró de su designación para el cargo que ocupaba de forma inesperada y se acercó a la Biblioteca para, como ella misma lo cuenta en su publicación de Facebook, “ver qué onda”. Además, Jiménez cuenta que nunca ocurrió una entrega del cargo cuando llegó a ocuparlo y calificó como inconexa e improvisada a la gestión actual.

Cristian Rebosio

Las incógnitas al respecto aumentaron cuando, apenas tres días después, Josefina Jiménez Palacios es designada, nuevamente, como Coordinadora de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú para integrarse a la gestión que ella misma había señalado como improvisada.

Cristian Rebosio 

INSTROMICIÓN FAMILIAR/PRESIDENCIAL

Pero este clima de improvisación en la Biblioteca Nacional no sería casual y diversas fuentes apuntan a un personaje muy cercano a la familia Boluarte como el responsable de impulsar estas extrañas contrataciones. Esta persona sería Juan Yangali y, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen y como lo han señalado algunas fuentes a Sudaca, se ha convertido en un asiduo visitante de la Biblioteca Nacional.

Cristian Rebosio

Yangali Quintanilla no es un desconocido para la familia Boluarte. Nicanor Boluarte, el famoso y polémico hermano de la presidenta, ha coincidido con él cuando ambos trabajaron para la Municipalidad de Pueblo Libre. Cuando el hermano de Dina Boluarte se desempeñaba como asesor del despacho de la alcaldía, Juan Yangali llegó a ostentar el cargo de gerente de Cultura, Turismo y Educación de dicho distrito.

Esta amistad parecería ser la llave que le abrió puertas muy importantes para Yangali Quintanilla. Al igual que en el caso de Ana Peña Cardoza, la nueva jefa institucional de la Biblioteca Nacional, Juan Yangali llegó a tener un paso por el Ministerio de Cultura durante la gestión de Leslie Urteaga ocupando el cargo de asesor hasta que, en mayo de este año, su trayectoria dio un salto importante y fue el elegido para ocupar el puesto de director de la Casa de la Literatura por el ministro Morgan Quero, quien casualmente es uno de los más férreos escuderos del gobierno de Boluarte.

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Además, Rivin Yangali Quintanilla, hermano de Juan, también se vio beneficiado por esta cercanía con el hermano de la presidenta y logró desde un puesto de coordinador en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando Dina Boluarte era ministra hasta un cargo de asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Si bien Juan Yangali no ha tenido una trayectoria destacada en el ámbito literario, su cercanía con los Boluarte habría bastado para tener una gran influencia en el sector cultura y, por esta razón, hoy en día es señalado como uno de los responsables de las extrañas designaciones en la Biblioteca Nacional de personas con poca o nula experiencia en el sector y hasta se especula que, próximamente, podría llegar a ocupar un cargo en la Biblioteca Nacional.

Cabe señalar que el nombre de Juan Yangali ha tomado especial notoriedad en las últimas horas porque, en lo que parecería ser un abuso de poder para una venganza con tintes políticos, usó su cargo como director de la Casa de la Literatura para negarle al historietista Juan Acevedo el premio que se le iba a entregar. Esta situación ha despertado la indignación de los propios trabajadores de la Casa de la Literatura que expusieron la situación en el siguiente pronunciamiento.

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El denunciante del exministro Juan Carrasco Millones revela un inesperado revés en el caso de la denuncia contra el exfiscal que ha despertado sospechas sobre una posible protección o negligencia de la justicia.

El pasado 9 de octubre, Sudaca publicó un informe que relataba los detalles de la denuncia presentada contra el exfical Juan Manuel Carrasco Millones por el delito de falsificación de documento público y presunta comisión del delito de fraude procesal. Junto con Carrasco Millones habían sido incluidos Romel Agustín Díaz Paz, Víctor Javier Chafloque Oliden y Sergio Lucio Zapata Orozco.

Sin embargo, este caso parece haberse encontrado con un obstáculo que no sólo está siendo cuestionado sino que ha despertado las dudas sobre lo que podría estar ocurriendo en la justicia y que, para el criterio de algunos, sería un intento de blindar a algunos de los personajes involucrados.

EXTRAÑA JUSTIFICACIÓN

Sudaca tuvo acceso a la explicación que Juan Manuel Valdivia Goycochea, quien presentó la denuncia, le envió a Juan Carlos Izarra Mucha, fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, tras conocerse la Disposición N° UNO / Caso N° 68-2024 en la cual le quitaban valor al material presentado para sustentar la denuncia en cuestión.

En este documento se puede leer que la negativa a la realización de las diligencias preliminares por este caso se intentó justificar alegando que no se han adjuntado copias certificadas y que no se puede dar validez a copias simples pese a que el código procesal penal indica lo contrario.

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A ello se le suma que la negativa para llevar a cabo las diligencias preliminares también se intentó justificar señalando que los hechos por investigar habían sido denunciados anteriormente. Pero, tal como lo aclara el texto del propio denunciante, no sólo se tratan de hechos distintos sino que los denunciantes serían distintos. 

Cristian Rebosio

Valdivia Goycochea, quien presentó la denuncia, relata que incluso detectó irregularidades en el caso denunciado años atrás y que, pese a que en el recurso de queja presentado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior contra la disposición de archivo se dispuso que  “deberá ampliarse la presente investigación por el delito de Falsificación de Documento Público en agravio del Estado (PNP)”, la Fiscalía Superior resolvió ratificar el archivo dispuesto por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

En conclusión, los fiscales Sergio Lucio Zapata Orozco y Juan Manuel Carrasco

Cristian Rebosio 

Además, Valdivia apunta que los fiscales Sergio Lucio Zapata Orozco y Juan Manuel Carrasco Millones no fueron investigados por las acusaciones actuales y, por estos argumentos, solicitó que se disponga la formalización de la investigación preparatoria.

Cristian Rebosio

Esta situación ha motivado que Pro Actione, una asociación civil sin fines de lucro, se pronuncie al respecto cuestionado el accionar del fiscal superior Juan Carlos Izarra Mucha por la manera en que se ha manejado la denuncia penal que involucra a Juan Manuel Carrasco Millones.

Cristian Rebosio

En esta solicitud también se critica el trabajo de la fiscal superior Giovanna Del Río Carreño por las demoras relacionadas con la denuncia a Carrasco Millones por enriquecimiento ilícito. Tal como lo explica Rubén Fernández, titular de Pro Actione, pasaron cerca de cinco meses de la fecha en la cual se presentó esta denuncia y no se habrían producido pronunciamientos al respecto.

Cristian Rebosio

En base a estas situaciones cuestionadas, Pro Actione ha solicitado que se evalúe el trabajo de los fiscales superiores Del Río Carreño e Izarra Mucha. Además, también se ha pedido la destitución del fiscal provincial Sergio Zapata Orozco por las falencias su trabajo con respecto a un caso que data de aproximadamente una década y que ha tenido un avance inexplicablemente lento a lo largo de estos años.

Cristian Rebosio

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denuncia, Juan Carrasco, Policia

Las insólitas revelaciones luego del controversial ascenso a primera división del club Juan Pablo II, el equipo que tiene propietario a Agustín Lozano y a su esposa como presidenta.

A nivel mundial se suele hablar de la mancha del descenso para referirse al peor escenario deportivo que un club considerado grande se puede imaginar y que difícilmente podría quedar en el olvido. Sin embargo, en fútbol peruano pareciera que también es válido hablar de la mancha del ascenso.

Un logro, que debería ser motivo de orgullo y celebración, hoy representa un nuevo capítulo turbio para el historial de un fútbol peruano que tendrá entre los inquilinos del campeonato de primera división del 2025 a un equipo que no sólo es acusado de recibir ayudas arbitrales y favores de rivales sino que, como principal agravante, está estrechamente vinculado a la máxima autoridad de la Federación Peruana de Fútbol.

UN EQUIPO NADA SANTO

A inicios del 2024, a muchos seguidores del fútbol nacional les había llamado la atención la participación del club Juan Pablo II College en la Liga 2 (segunda división) debido a que su propietario era Agustín Lozano, quien también ocupa el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). 

Este escenario empezaba a despertar suspicacias en un fútbol peruano en el cual, desde hace un largo tiempo, sobrevuelan denuncias de arreglos de partidos y hasta manipulación de resultados en favor de apuestas deportivas. A ello se le sumaba que tener un dueño de equipo que también es la cabeza de la máxima entidad del fútbol de un país tampoco es un escenario que habitual en el fútbol mundial.

Pese a las controversias, el Juan Pablo II, que inició su historia en 2015, logró este 2024 debutar en la segunda división tras un muy sorprendente rápido progreso en las categorías distritales y Copa Perú. Este ascenso, que podría calificarse como meteórico, también colaboró a que las miradas se posen en el club y se note que, a diferencia de muchos de los clubes que participan de Copa Perú y desarrollan sus actividades deportivas en una situación precaria, Juan Pablo II incluso contaba con una villa deportiva propia.

Por ello, en marzo de este año, el programa “Fútbol Como Cancha” entrevistó a Agustín Lozano sobre este proyecto deportivo que lo tenía a él como fundador. “El terreno donde se ha construido era mi terreno de cultivo”, señaló el presidente de la FPF sobre la villa deportiva de casi cinco hectáreas y, con respecto a la financiación, agregó que fue con sus recursos.

Sin embargo, pese a la imagen papal que llevan en el escudo, el equipo de Lozano no sería el más santo de la Liga 2 y esto generó especial indignación tras lo ocurrido en el partido de este último domingo y las revelaciones que se han dado a conocer en las últimas horas.

Tras la derrota a mitad de semana ante Comerciantes, el equipo de Chongoyape necesitaba, por lo menos, una victoria por la mínima diferencia para forzar la tanda de penales e intentar conseguir el ascenso. Además, el rival que debieron enfrentar era uno de los que mejor rendimiento había tenido a lo largo de la temporada.

No obstante, en lo que iba a ser un partido muy complejo, el equipo de Agustín Lozano y su esposa logró abrir el marcador en el minuto diecisiete con un gol de Facundo Rodríguez. Pero, tal como se puede apreciar en el siguiente video y como el mismo comentarista a cargo de la transmisión del encuentro señaló, el autor del gol se encontraba adelanto, una situación que, increíblemente, el línea no advirtió.

EL PENAL DEL ESCÁNDALO

Debido a que los noventa minutos terminaron con una victoria de Juan Pablo II de tan sólo un gol de diferencia, el ascenso se tendría que resolver desde el punto penal. Fue en esta tanda de penales que ocurrió el segundo hecho sospechoso de la tarde del domingo que está causando gran indignación en el ambiente del balompié nacional.

Cuando Juan Pablo II y Comerciantes habían anotado dos penales cada uno, el turno de poner en ventaja al cuadro de Iquitos estaba en los pies del colombiano Kevin Lugo y, para sorpresa hasta de sus propios compañeros, el jugador de 26 años ejecutó un remate con baja potencia que el arquero de Juan Pablo II pudo capturar sin demasiado esfuerzo y que, posteriormente, contribuiría en el triunfo y ascenso del equipo chiclayano.

Pero, en las últimas horas, la historia del penal de Lugo ha dado un giro inesperado que ensombrece todavía más el partido de ayer. En un audio que ha empezado a circular y tiene como protagonista a Gustavo Roverano, director técnico de Comerciantes FC, se escucha al dt uruguayo decir que “por el bien del fútbol, a Lugo no lo contraten más en ningún lado”.

“No es solamente el penal. Son cantidad de cosas que pasaron con ese muchacho”, se escucha decir a Roverano, quien agrega que el jugador colombiano habría firmado tres contratos a inicios del año. “Él estaba en Juan Aurich, renovó y después Silvestri lo llamó para Comerciantes Unidos, arregló y le dieron plata de adelanto. Después lo llamó Comerciantes FC y el presidente le dio plata de adelanto”, explica l técnico del cuadro de Loreto.

“Un tipo que firma tres contratos no es un tipo honesto. En el año hizo cualquiera cagada y los directivos siempre con él apañándolo”, dice un indignado Gustavo Roverano que expone las irregularidades ocurridas en esta temporada de la Liga 2 durante el audio que se puede escuchar en el siguiente video.

En las últimas horas, Comerciantes FC ha emitido un pronunciamiento en el cual califican lo ocurrido la tarde del domingo como un “horror arbitral” que les robó el sueño. En estas líneas, el conjunto loretano manifiesta su repudio a la actuación del cuadro arbitral que encabezó Edwin Ordoñez y exigen sanciones y un pronunciamiento de la Federación Peruana de Fútbol y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Cristian Rebosio 

Las sospechas han seguido aumentando en las horas posteriores al encuentro luego que se conociera que, un día antes del partido, se realizaron cambios en la designación de árbitros sin justificación aparente. 

“El score me lo dio Dios, me lo dio el de arriba”, declaró Orfelinda Correa, esposa de Agustín Lozano y presidenta de Juan Pablo II, tras el final del partido. Sin embargo, son pocos los que creen que este ascenso responde a una intervención divina y, por el contrario, aumenta la sensación que si alguien intercedió para que esto ocurra no fue una deidad sino una autoridad.

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Agustín Lozano, FPF, liga 1

El Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) vuelven a poner en riesgo la salud de los peruanos con las compras de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Un inesperado reclamo entre postores expuso esta insólita situación que no detectaron los responsables de la costosa compra.

El pasado mes de mayo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) convocó a una licitación pública que tenía como propósito la adquisición de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Dichas pruebas, acorde a la descripción que se puede encontrar en los sitios web donde se venden, son un inmunoensayo cromatográfico para la detección de anticuerpos contra el VIH tipo 1 y tipo 2 y los anticuerpos de sífilis.

En este punto de la historia es preciso señalas que el Ministerio de Salud, tal como está establecido en la norma técnica, tanto el diagnostico como el tratamiento deben ser gratuitos en los establecimientos de salud de todo el país y, por lo tanto, estas pruebas rápidas son de gran importancia.

Para agosto de este año, el proceso de licitación había concluido con la entrega de la buena pro en favor del postor CIA Importadora Americana S.A. y su oferta por S/. 2’844,270.00 para adquirir las pruebas rápidas. Sin embargo, pese a haber pasado los filtros supuestamente rigurosos por parte de quienes se encargan de adquirir estos insumos para el sector salud, días después se conoció que otro de los postores que había sido parte del proceso de licitación solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro y expuso diferencias entre el producto ofrecido por CIA Importadora Americana S.A.  y lo que iban a entregar. 

LO QUE PIDES / LO QUE TE LLEGA

Como si se tratase de un comprador compulsivo, e irresponsable, que pone poca atención en los detalles del producto que está comprando para luego sorprenderse al recibirlo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud parece haber pasado por alto detalles que, especialmente cuando está en juego la salud de los peruanos, no se deberían tomar con tanta ligereza.

Esto es lo que se ha podido evidenciar en este caso que Sudaca pudo conocer y que llegó a manos del Tribunal de Contrataciones del Estado para que este sea el encargado de poner un freno a lo que iba a ser la adquisición de un producto que no cumplía con los requisitos que se habían establecido.

Uno de los puntos cuestionados fue lo que ha sido calificado como información incongruente entre el instructivo de uso de estas pruebas rápidas y la declaración del fabricante.  Tal como se puede observar en las bases del proceso de selección, el producto debía incluir una banda para lectura de reacción de VIH-1 y VIH-2, otra banda para la lectura de reacción de Treponema pallidium (la bacteria que causa sífilis) y una tercera banda para control de la prueba.

Cristian Rebosio 

En el instructivo de uso se puede apreciar que se cumple con las tres bandas requeridas, se utilizan acrónimos para cada una y es en base a estos que se explica la manera en que el personal médico deberá interpretar los resultados cuando hagan uso de estas pruebas rápidas para el VIH y sífilis.

Cristian Rebosio 

El problema que fue detectado por otros de los postores y que el Tribunal de Contrataciones del Estado les dio la razón se encontró en la diferencia entre lo mostrado hasta ahora y la declaración del fabricante en la cual se observaban pruebas que contenían pruebas distintas que inicialmente había presentado CIA Importadora Americana S.A. cuando entregó los documentos para el proceso de selección.

Cristian Rebosio

Por ello, en la Resolución Nº 3496-2024-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que “no se trata de un error material o formal en un formato o anexo, sino que se advierte información contradictoria e incongruente en la documentación que el Adjudicatario presentó para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas” y decidió revocar la admisión de la oferta de CIA Importadora Americana S.A. y la buena pro obtenida posteriormente.

EL OTRO “CALIFICADO”

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que se encontró en este proceso de selección. El otro postor, Multimidecal Supplies SAC, que había participado en este proceso de selección para la compra de pruebas rápidas no estuvo exento de irregularidades en el producto ofrecido y, pese a ello, había sido catalogado como calificado.

Cristian Rebosio 

En el caso de Multimidecal Supplies SAC la irregularidad no se encontraba en una incongruencia entre lo ofrecido y lo que se pretendía entregar sino que era mucho más grave debido a que comprometía seriamente la calidad del producto al no poder garantizar la condición de estéril del instrumento conocido como lanceta, el cual se utiliza para la muestra de sangre.

Cristian Rebosio

Según se explica en la propia resolución, “el proceso de validación de esterilidad es un procedimiento riguroso y estandarizado que garantiza que los dispositivos médicos no presenten riesgo de contaminación microbiológica” y acorde a la USP (United States Pharmacopeia),  quien se encarga de describir los estándares de calidad para los medicamentos, “la condición de estéril de la lanceta es determinada conforme a lo dispuesto en el Capítulo 71 de la USP VIGENTE (USP NF2023), que establece un tiempo de incubación de no menos de 14 días”.

Pero este periodo de tiempo no se habría cumplido según la información que entregó el propio postor. Según de documento entregado, la fecha de fabricación fue el 19 de julio y el documento que garantiza la esterilidad de la lanceta tiene como fecha el 2 de agosto del mismo año. 

Cristian Rebosio

Con estas fechas se ha podido determinar que no se ha cumplido con este proceso que incluye la incubación de los productos en condiciones controladas durante un período de catorce días, para determinar si hay presencia de microorganismos. 

Según se explica en la resolución, “este plazo es el tiempo mínimo necesario para garantizar que cualquier contaminación que pudiera haberse introducido en el producto durante su fabricación o empaquetado se detecte antes de que el dispositivo sea autorizado para su uso” y el instrumento ofrecido por Multimidecal Supplies SAC no lo cumple. 

Si bien esta resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado ha frenado una operación que le iba a costar millones al sector salud, resulta alarmante que las irregularidades y falencias de los productos se advirtiesen producto de los reclamos de los propios postores y no como resultado de un riguroso proceso de selección por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) y un sector salud que vuelve a mostrar una innegable irresponsabilidad en sus compras.

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Cenares, Minsa, vih

Juan Carrasco Millones, quien obtuvo popularidad años atrás como el fiscal implacable contra la corrupción, fue denunciado en las últimas semanas por algunos de los más polémicos casos de su historial.

El pasado mes de julio, el exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones fue denunciado junto a Romel Agustín Díaz Paz, Víctor Javier Chafloque Oliden y Sergio Lucio Zapata Orozco por el delito de falsificación de documento público y, además, el exministro también fue acusado de la presunta comisión del delito de fraude procesal. 

Sudaca tuvo acceso a los documentos de este caso que tiene como protagonista a quien, en el año 2021, había logrado uno de los puntos más altos de su trayectoria al ser designado como ministro durante el gobierno de Pedro Castillo y ha terminado siendo señalado como partícipe de situaciones que expondrían las irregularidades detrás de su salto a la fama casi una década atrás.

LA DENUNCIA

Entre los fundamentos de hecho que se exponen en la denuncia se hace mención al recordado caso “Los Limpios de la Corrupción” que, diez años atrás, llamó la atención de todo un país al involucrar al exalcalde de Chiclayo Roberto Torres y terminar con la detención de más de veinte funcionarios de su gestión. Si bien el impacto de la noticia llevó a que este caso sea visto como un golpe certero a la corrupción, el paso de los años ha expuesto que este caso habría estado más pensado en generar un impacto mediático que en perseguir a los corruptos.

Esto mencionado en los fundamentos de hecho al explicar que Romel Díaz y Víctor Chafloque, los oficiales que emitieron el informe que solicitaba la detención preliminar de más de una veintena de funcionarios, recién fueron designados para dicho encargo el 29 de septiembre del 2014, el mismo día que se emitió el informe en cuestión. 

Cristian REbosio

El informe que condujo a la detención de más de veinte funcionarios y los señalaba como parte de una organización criminal fue enviado a Juan Carrasco Millones, quien por aquella época se desempeñaba en el cargo de fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo. 

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Otro detalle que ha llamado la atención con respecto al informe en cuestión ha sido que, a diferencia de otros informes emitidos, en este no fue el coronel Luis Farfán Silva quien otorgó el “es conforme” y tampoco fue un suboficial adscrito a la dependencia correspondiente el autor sino que en estas casillas figuraron los nombres de Díaz y Chafloque.

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Sin embargo, no sólo llamó la atención que los oficiales Díaz Paz y Chafloque Oliden hayan aparecido como quienes emitieron el cuestionado informe pese a que sus designaciones recién habría ocurrido el mismo día que se emitió el informe sino que, además, en la lista del personal que trabajó en la Oficina Regional de Inteligencia los días 29 y 30 de septiembre del 2014 no figuran los nombres de estos oficiales.

Cristian REbosio

Entre los documentos que acompañan la denuncia que Sudaca pudo revisar también se encuentra una declaración testimonial del coronel Luis Enrique Farfán Silva en la cual afirma desconocer el trámite del informe y niega que Víctor Chafloque y Romel Díaz hayan estado bajo su mando.

Cristian REbosio

En septiembre del año 2019, Juan Carrasco Millones brindó su declaración testimonial y reconoció su firma en el oficio del 29 de septiembre de 2014, pero negó que este cuestionado informe haya servido para lograr que se avale la detención preliminar de más de veinte funcionarios municipales como parte del caso “Los Limpios de la Corrupción” y también dijo desconocer las razones por las cuales el coronel Luis Enrique Farfán Silva negó haber tenido a los oficiales cuestionados bajo su mando.

EL DENUNCIANTE

Esta denuncia, que Sudaca pudo conocer en detalle, fue presentada por Juan Miguel Valdivia Goycochea, quien fue uno de los funcionarios señalados como parte de la organización criminal contra los que se dio la orden de detención. Valdivia ocupaba el cargo de gerente en la la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y debió pasar cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de la organización criminal liderada por el alcalde Torres.

Sin embargo, casi una década después y con una investigación que llegó a su final en el año 2018, Valdivia no ha sido acusado. “No tengo ninguna sanción por falta administrativa ni una sentencia penal”, indicó a Sudaca, quien ahora busca justicia por un caso que lanzó a la fama al exfiscal Carrasco Millones pero perjudicó seriamente su vida durante largos meses.

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denuncia, Juan Carrasco, Policia

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre, ha iniciado una investigación preliminar en torno a los presuntos delitos relacionados con el incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos en el marco del controvertido Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. Este proyecto, vinculado a la disposición final de residuos sólidos, ha generado una serie de cuestionamientos legales sobre la competencia de las entidades que otorgaron las autorizaciones correspondientes.

El presunto incumplimiento de las normativas ambientales involucra a funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima). La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quispán, contra varios funcionarios, incluyendo a:

  • Nancy Chauca Vásquez, Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM.
  • Elizabeth Doris Ochoa Torres, Especialista en Valoración de Impactos Ambientales del MINAM.
  • Ana Sofía Zegarra Ancajima, Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del MINAM.
  • Albino Eduardo Olivares Huapaya, Director Ejecutivo de Salud Ambiental de DIRESA-Lima, entre otros.

La denuncia alega que estos funcionarios actuaron en contubernio para desviar el procedimiento administrativo de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. En particular, la acusación sostiene que el Gobierno Regional de Lima habría emitido la Resolución Administrativa N° 002-2019-DIRESA LIMA-DESA el 7 de noviembre de 2019 sin la competencia correspondiente, lo que afectó la correcta tramitación del EIA.

Según los documentos presentados en el proceso, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Lima Norte recibió la denuncia y, en consecuencia, remitió copias al órgano encargado de la investigación. A través del Oficio N° 327-2024-MP-FN-FEMA-DF-LIMA NORTE, se procedió a iniciar una Investigación Preliminar por la posible comisión del delito de incumplimiento de las normas ambientales, previsto y sancionado en el Artículo 306 del Código Penal. La denuncia también incluye la acusación de Responsabilidad de Funcionarios Públicos por Otorgamiento Ilegal de Derechos (Artículo 314° del Código Penal).

Benjamín ZevallosEste último delito establece que los funcionarios públicos que, sin observar leyes, reglamentos ni estándares ambientales vigentes, autorizan el otorgamiento, renovación o cancelación de permisos, concesiones o licencias para actividades o proyectos sin la debida competencia, incurren en una falta grave, pudiendo ser sancionados con penas privativas de libertad.

En el transcurso de la investigación, se ha requerido al denunciante que presente el original o copia certificada de todos los anexos relacionados con la denuncia, así como también al Gobierno Regional de Lima y al Ministerio del Ambiente para que remitan los expedientes administrativos pertinentes. Entre estos documentos se encuentran:

  • Resolución Administrativa N° 002-2019-DIRESA LIMA-DESA, emitida por la Dirección Regional de Salud de Lima el 7 de noviembre de 2019.
  • Informe N° 105-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA, emitido por el Ministerio del Ambiente el 14 de febrero de 2019, en relación al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi.

La fiscalía continúa la recolección de pruebas y la evaluación de los documentos requeridos, mientras que el proceso judicial sigue su curso con el objetivo de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y su posible infracción a las normativas ambientales.

El Artículo 314° del Código Penal establece claramente la responsabilidad de los funcionarios públicos en casos de otorgamiento ilegal de derechos, subrayando la importancia de que las autorizaciones y evaluaciones ambientales se realicen de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. Este principio busca garantizar que las actividades humanas no solo respeten los derechos de las personas, sino también la sostenibilidad del entorno natural.

El proceso judicial en torno al Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi pone en evidencia la complejidad de la gestión ambiental y la necesidad de una actuación transparente y legal por parte de las autoridades competentes. El Ministerio Público continúa con la investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos y el cumplimiento de las normativas ambientales. La transparencia, la correcta aplicación de la ley y la protección del medio ambiente son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país, y el Ministerio Público se mantiene firme en la defensa de estos principios.

Entre las investigaciones que se ha venido realizando a la concesionaria Innova Ambiental, la Municipalidad de Lima ha tenido diferentes observaciones con respecto a su trabajo en medio de esta problemática. Entre ellas, la Gerencia de Servicios a la Ciudad se ha visto señalada por atrasar el proceso de investigación y entrega de documentación. 

Esta misma oficina liderada por Paredes Ramos se vio envuelta en una denuncia que recayó en diferentes funcionarios, como:

  • Ana del Carmen Mendoza Chirichigno: A pesar de estar inhabilitada para ser contratada por el Estado, supuestamente actúa como asesora de hecho, influyendo en decisiones y dirigiendo a otros funcionarios para favorecer a proveedores de su círculo cercano.
  • María Carolina Salas Bermejo: Jefa de la Oficina de Logística de la MML, implicada en el proceso de adquisiciones.
  • Lidia Carmen Burgos Rodríguez: Administradora de la Oficina General de Administración, acusada de coordinar acciones que fomentan la contratación directa de proveedores.
  • Liz Díaz Becerra: Jefa de la Oficina de Adquisiciones, bajo la mira por su papel en el proceso de compra.
  • Karina Jeniffer Blaz Correa y Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez: Especialistas de Logística, también subordinadas a Paredes Ramos.

Recordemos, además, que durante el periodo de Paredes se estaba solucionando el tema de Innova Ambiental y la clausura del Relleno Sanitario “Portillo Grande” cuya clausura la realizo la Municipalidad de Lurín después de un proceso de fiscalización. A pesar de estas diligencias, la Gerencia de Servicios a la Ciudad, tenia otras prioridades. 

Además, como se ha venido advirtiendo durante los meses de su gestión, no se ha visto interés por parte de la MML para acelerar los procesos e investigación de la concesionaria. Mas bien, se ha visto un interés por mantener a la concesionaria dentro de Lima, pero ¿Con que fin? 

Parece que los funcionarios que trabajan con Lopez Aliaga son fichas que trabajan bajo ordenes y segundas personas. Como anteriormente se menciono, Paredes fue denunciado junto a otros funcionarios en medio de la reestructuración interna de la MML, específicamente después de que Pablo Armando Paredes asumió la gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Desde su llegada, se han registrado múltiples irregularidades que parecen sugerir un patrón de corrupción. Según la denuncia, Paredes Ramos ha utilizado su influencia para establecer un entorno de trabajo donde las decisiones de contratación se toman de manera opaca y con un marcado favoritismo hacia ciertos proveedores.

Continuando con la denuncia, la misma detalla que Lidia Carmen Burgos, bajo las instrucciones directas de Paredes Ramos, ha coaccionado a los empleados logísticos para que elaboren requerimientos de bienes y servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Se alega que estos empleados han sido amenazados con despidos si no cumplen con las demandas de crear requerimientos específicos, facilitando así un sistema que favorece la corrupción.

La concentración de poder en la figura de Paredes Ramos es notable, ya que simultáneamente dirige la Gerencia de Servicios a la Ciudad y también supervisa el área de logística, encargada de controlar las contrataciones. Este cruce de responsabilidades plantea serias dudas sobre la posibilidad de que se realicen auditorías internas efectivas y objetivas, lo que podría facilitar el encubrimiento de irregularidades.

Ana del Carmen Mendoza Chirichigno ha sido descrita como la «asesora personal» de Paredes Ramos. A pesar de su inhabilitación, su papel como figura influyente en la toma de decisiones pone en evidencia la falta de control en el proceso de contratación de la MML. Su presunta participación en la creación de requerimientos que benefician a proveedores de su círculo cercano añade una capa adicional de complejidad y preocupación a esta situación.

Uno de los aspectos más controvertidos es la práctica de utilizar «contratación directa» para adjudicar contratos a proveedores específicos, lo que en muchos casos ha sido interpretado como un acuerdo clandestino entre funcionarios de la MML y ciertos contratistas. Esta modalidad, que debería ser utilizada en circunstancias excepcionales, ha sido denunciada como un vehículo para favorecer intereses particulares, socavando la integridad de los procesos de adquisición pública.

La presentación de esta denuncia penal subraya la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la MML. Los ciudadanos de Lima tienen derecho a exigir que sus autoridades actúen con integridad y que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y eficiente.

La corrupción no solo perjudica la confianza en las instituciones públicas, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Las implicaciones de este escándalo podrían ser profundas, desde sanciones penales para los involucrados hasta una revisión completa de los procesos de contratación de la MML.

 

Benjamín Zevallos
SE EVIDENCIA ÓRDEN DE ANA MENDOZA CHIRICHIGNO, PERSONA INHABILITADA PARA CONTRATADAR Y GESTIONAR CON EL ESTADO

Una de las situaciones más inquietantes que refuerzan la denuncia penal en curso está relacionada con el posicionamiento de dos funcionarias: Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez y Karina Jeniffer Blaz Correa. Ambas, especialistas en logística, fueron reubicadas en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental después de la llegada de Pablo Armando Paredes Ramos a su cargo. Anteriormente, estas funcionarias trabajaban en la Oficina de Logística.

El traslado de Haggenmiler y Blaz Correa a la nueva gerencia no parece ser una mera coincidencia. Según la denuncia, su colocación en estas posiciones estratégicas tenía como único propósito «elaborar y adecuar» requerimientos de servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Esta práctica es cuestionable, dado que permite eludir los procedimientos de contratación más transparentes y competitivos.

Benjamin Zevallos
SE EVIDENCIA LOS MANDATOS DISPUESTO POR ANA MENDOZA, FUERON DE CONOCIMIENTO DEL GERENTE ENCARGADO DE LA GSCGA, PABLO ARMANDO PAREDES RAMOS

Los requerimientos que estas funcionarias preparan son luego enviados a través de correo electrónico o WhatsApp al personal logístico de las divisiones correspondientes. Este personal, a su vez, inserta los requerimientos en el Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la MML. Posteriormente, deben obtener las firmas digitales de los jefes de división para continuar con el proceso.

Una vez que los requerimientos son firmados, son enviados a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad, que los deriva a la Oficina de Logística. Aquí, la jefa de dicha oficina, María Carolina Salas Bermejo, junto a Liz Díaz Becerra, gestionan la suscripción y emisión de los contratos correspondientes, como órdenes de servicio u órdenes de compra.

 

Benjamin Zevallos
ANA MENDOZA CHIRICHIGNO, TENÍA INJERENCIA SOBRE LOS “PEDIDOS” O TAMBIEN CONOCIDOS, REQUERIMIENTOS DE DIVERSOS SERVICIOS, EN DONDE ESTA ÚLTIMA TOMABA LA DECISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PODER “DIRECCIONAR” LA CONTRATACION.

La reciente encargatura de Pablo Armando Paredes Ramos ha desatado una serie de irregularidades que han llamado la atención de las autoridades y la ciudadanía. El 7 de junio de 2024, a las 7:00 a.m., Paredes citó a todo el personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, así como de las subgerencias de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, en la Base Setame, ubicada en el Rímac. El propósito de esta reunión era presentar públicamente a Ana del Carmen Mendoza Chirichigno como su «asesora de hecho», una figura que, según la denuncia, representa un conflicto significativo debido a su inhabilitación para ser contratada por el Estado.

Mendoza Chirichigno no solo está inhabilitada, sino que también tiene un historial complicado, con múltiples procesos penales en curso por corrupción de funcionarios. A pesar de estas serias restricciones, ha estado ejerciendo una influencia notable dentro de la MML, dando órdenes y directrices a los jefes de las divisiones de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad.

El papel de Mendoza en esta estructura parece estar alineado con intereses particulares, ya que se alega que su objetivo es crear «necesidades» que justifiquen contrataciones con proveedores cercanos a su círculo de amistad. Esto plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de contratación pública y la posibilidad de corrupción dentro de la MML.

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Funcionarios, Lima, MML, Municipalidad de Lima

El informe N.º 006-2024-2-0835-SCE revela que el comité de selección otorgó la buena pro a un postor que claramente no cumplía con los requisitos mínimos de admisión y calificación. Al revisar la documentación presentada, se encontró que la oferta carecía de una estructura de costos adecuada y que el certificado de vigencia del postor contenía datos incorrectos. Este certificado, al ser verificado, mostró evidencias de una posible alteración en su fecha de emisión, lo que pone en entredicho la integridad del proceso de selección.

Aún más alarmante es el hecho de que el postor no estaba debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), un requisito esencial que asegura que solo las empresas capacitadas y autorizadas puedan participar en la ejecución de obras públicas. Este incumplimiento es una clara violación de las normativas que rigen las contrataciones estatales y plantea interrogantes sobre la supervisión que realiza la Dirección Regional de Apurímac I, encargada de gestionar esta inversión.

Ejecución deficiente y falta de supervisión

La ejecución de la obra ha estado plagada de irregularidades. En la documentación presentada, se incluyó a un ingeniero residente que no contaba con la experiencia mínima requerida para supervisar adecuadamente los trabajos. Además, sorprendentemente, se ha constatado que la residente nunca participó en la ejecución de la obra, aunque su firma fue utilizada en varios documentos críticos, como las actas de entrega de terreno, inicio, culminación y conformidad de los servicios.

Este uso indebido de la firma de la residente es especialmente preocupante, ya que indica una falta de transparencia y ética en la gestión del contrato. Las actas firmadas por la residente no reflejan la realidad de los trabajos ejecutados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de la información presentada por el contratista. Además, el director de infraestructura validó la conformidad de trabajos que, a todas luces, no cumplían con los estándares establecidos, lo que evidencia una grave falta de control y supervisión.

En el proceso de ejecución, la Contraloría identificó valorizaciones por más de S/ 28 mil por trabajos que no fueron realizados, lo que representa un desfalco significativo a los recursos públicos. Adicionalmente, se constató que se utilizaron materiales no contemplados en las especificaciones técnicas del proyecto original, y que estos cambios se realizaron sin el debido sustento o autorización.

El uso de materiales inadecuados no solo compromete la calidad de las plantas generadoras de oxígeno, sino que también afecta su funcionamiento y su vida útil, poniendo en riesgo la salud de la población que depende de estos servicios esenciales. Estos hallazgos resaltan la necesidad de establecer mecanismos de control más rigurosos en la ejecución de obras públicas, especialmente aquellas relacionadas con la salud.

A raíz de estas graves irregularidades, la entidad ha declarado la nulidad de la contratación y ha señalado la existencia de presunta responsabilidad penal en cinco funcionarios involucrados en el proceso. Este tipo de irregularidades no solo daña la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sino que también retrasa el acceso a servicios de salud vitales, especialmente en un contexto donde el acceso a oxígeno medicinal es crucial para salvar vidas.

Es fundamental que la ciudadanía exija mayor transparencia en la gestión pública y que se tomen acciones concretas para evitar que estas irregularidades se repitan. La inversión en infraestructura de salud debe ser tratada con la seriedad que merece, asegurando que cada sol destinado a mejorar la calidad de vida de los peruanos se use de manera adecuada y responsable.

Igual ha sucedido en Tacna

La vicecontralora de Control Sectorial y Territorial, Susana Haji Shironoshita, informó ha emitido más de 25 informes sobre el proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue, el cual cuenta con una inversión total de S/ 633,486,450 hasta junio de 2024. Estos informes han alertado sobre diversos riesgos y situaciones adversas, además de identificar presuntas responsabilidades administrativas y penales en funcionarios públicos.

Las áreas de consulta externa y quimioterapia son fundamentales para la atención de pacientes, especialmente en un contexto donde la demanda de servicios de salud es cada vez mayor. Sin embargo, la falta de equipamiento básico pone en riesgo no solo la calidad de la atención, sino también la seguridad de los pacientes que dependen de estos servicios.

Se identificó responsabilidades penales y administrativas en ocho funcionarios del Gobierno Regional de Tacna. Estos funcionarios fueron hallados culpables de beneficiar al contratista de la obra con un pago que supera los S/ 17,441,317 por equipamiento médico que nunca fue entregado al hospital. 

Además, se detectó un pago injustificado de S/ 11,345,921 entre julio de 2019 y febrero de 2020, destinado a la adquisición de más de 2,200 equipos médicos especializados que debían haber sido implementados en el hospital. Esta falta de justificación en los pagos pone en evidencia un uso inadecuado de los recursos públicos y plantea serias dudas sobre la gestión financiera del proyecto.

Las sobrevalorizaciones en el proyecto podrían causar una afectación económica de aproximadamente S/ 2,145,318.47, en caso de que el Gobierno Regional de Tacna proceda con la selección para la ejecución del expediente técnico del saldo de obra. Estas sobrevalorizaciones son un indicativo de una posible mala gestión que podría repercutir negativamente en la financiación de futuros proyectos de salud.

La situación del Hospital Hipólito Unanue plantea un llamado urgente a la acción para garantizar que se corrijan las deficiencias y que se rinda cuentas a los responsables de estas irregularidades. 

La vigilancia y el escrutinio público son esenciales para asegurar que las inversiones en infraestructura de salud se traduzcan en mejoras reales en la atención a los ciudadanos. La Contraloría continuará monitoreando de cerca este caso y exhorta a los funcionarios a actuar con la transparencia y la ética que la ciudadanía merece.

La rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y asegurar que los recursos destinados a la salud pública se utilicen de manera eficiente y responsable.

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Abancay, contraloria, salud, Tacna

A pocas semanas de las elecciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el clima de tensión aumenta tras las sorprendentes tachas contra algunos candidatos. Sudaca conversó con uno de los docentes afectados y con el presidente de la Federación Universitaria de San Marcos que niega las arbitrariedades.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida como la Decana de América, ha sido, por mucho tiempo, motivo de orgullo nacional por ser una de las universidades públicas más prestigiosas del continente. Sin embargo, las noticias que involucran a dicha casa de estudios en el último tiempo no parecen estar contribuyendo a esta buena reputación sino evidenciando un panorama crítico dentro de esta histórica universidad y, en esta oportunidad, las elecciones son el centro de la crisis.

ELECCIONES BAJO LA LUPA

La gestión de la rectora Jeri Ramón al frente de esta universidad ha estado marcada por un sinnúmero de polémicas, como su cercanía a agrupaciones políticas que han realizado constantes ataques a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Durante el 2023, Sudaca informó que los constantes conciertos que se realizan en el estadio ubicado dentro del campus universitario no sólo dificultaban el desarrollo de las clases sino que el dinero que dejaba la realización de estos eventos no se utilizaba para beneficio de los alumnos. Además, Jeri Ramón fue señalada por avalar los cambios en los estatutos para que existan docentes eternos en lugar de incentivar el ingreso de nuevos talentos.

Sin embargo, en esta oportunidad los cuestionamientos se deben a situaciones que han ocurrido en las últimas semanas en el marco de las elecciones en las cuales docentes y alumnos votarán para elegir a los decanos y representantes para la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad.

Una de las razones por las cuales este proceso electoral ha generado polémica se debe a los cambios hechos en el reglamento general del elecciones. Como se puede observar en la siguiente imagen, el Comité Electoral Universitario resolvió suspender la aplicación de algunos requerimientos para poder postular a ciertos cargos.

Cristian Rebosio

En el artículo 25° se señalaban los requisitos que debían cumplir quienes pretendían postular al cargo de decano y, tras lo que resolvió el Comité Electoral Universitario, se eliminó el acápite g, el cual les pedía tener una trayectoria académica y de investigación reconocida así como un determinado periodo en el cual se hayan realizado publicaciones.

Cristian Rebosio

También se registraron cambios en el artículo 26° que determinaba los criterios que debían cumplir quienes pretendían postular como representantes docentes ante los órganos de gobierno de la universidad. En este caso se eliminó el acápite que exigía haber ejercido la docencia por un tiempo no menor de tres años y, además, también fue removido el acápite relacionado con las actividades de investigación.
UNMSM
Lo más insólito de estos cambios fue que se produjeron el 10 de septiembre, apenas un día antes del 11 de septiembre, la fecha estipulada para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas para los cargos que iban a estar en disputa en el proceso electoral que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
Universidad San Marcos

Pero esta no ha sido la única situación extraña que ha generado una profunda desconfianza sobre la integridad de estas elecciones. Marcel Velázquez, quien es principal ydoctor en literatura latinoamericana, postulaba al decanato de la facultad de letras con la agrupación Letras en Movimiento y, para su sorpresa, el Comité Electoral aceptó una tacha a su candidatura por razones que Velázquez encuentra incomprensibles.

“La razón es que yo sigo ostentando el cargo de director de escuela. Cuando uno postula a la función de decano no puedes tener un cargo administrativo en la universidad y todos los que querían postular tenían que presentar una licencia”, explicó el docente universitario en declaraciones a Sudaca con respecto a la razón de la tacha a su candidatura.

Sin embargo, en la resolución que data del 9 de septiembre se puede leer que a Velázquez sí se le había otorgado la licencia necesaria para que su candidatura proceda sin mayor contratiempo alguno. “Me parece increíble que se haya presentado una tacha cuando el Comité Electoral podía verificar que sí cumplía con el requisito”, explica el docente universitario.
UNMSM

Para Velázquez, estos errores no son involuntarios sino que responderían a una estrategia por parte de quienes hoy manejan esta casa de estudios. “Siempre los procesos electorales en San Marcos han sido complicados. Lo que sorprende ahora es que haya una gran cantidad de tachas contra profesores que abiertamente formamos parte de la oposición”, expresó.

Además de Velázquez, otros de los afectados por estas tachas han sido Ricardo Cuenca, exministro de Educación, y la antropóloga y arqueóloga peruana Ruth Shady. “Quienes están en el gobierno de la universidad no están interesados en la calidad de la educación. Eso está probado por su actuación política en alianza con los congresistas para destruir la reforma universitaria y convertir a Suneduen un ente inútil”, denuncia Marcel Velázquez.

LA FEDERACIÓN DA EL OK

Pero en medio de estas denuncias de irregularidades ha llamado la atención la postura de la Federación Universitaria de San Marcos. Sudaca conversó con Hugo Pimentel, presidente de la FUSM, sobre la situación que vienen exponiendo docentes y alumnos de esta universidad sobre las próximas elecciones.

Pimentel ha valorado el rol que viene cumpliendo el Comité Electoral y ha señaló lo siguiente: “No he visto ninguna anomalía con respecto a las tachas”. “A veces, por  tal vez una forma de incapacidad, utilizan esto para atacar a la gestión de turno. Pero no he visto que se haya hecho una tacha arbitraria. No he sido testigo de eso”, declaró a este medio intentado refutar a quienes afirman que existe una campaña contra quienes son oposición de la gestión de Jeri Ramón.

El presidente de la FUSM sostiene que este tipo de afirmaciones podría deberse a elecciones que se llevarán a cabo más adelante. “Las elecciones decanales son un preámbulo para lo que son las elecciones rectorales y sabemos que los decanos que van a entrar van a jugar un papel fundamental. Se están utilizando diversas herramientas y dicen que existe una arbitrariedad y hay, supuestamente, un monopolio del poder y solamente hay una lista única”, afirmó Pimentel.

Hugo Pimentel también explica que “cuando se eligen a los comités es de forma aleatoria, no es que sean designados por amiguismo” por lo que no puede afirmar que estén en dichos cargos por orden de las autoridades actuales y enfatiza que “no ha habido ninguna anomalía. Si algunos pueden utilizarlo como persecución política es un arma para atacar a la actual gestión”.

Según el cronograma, la jornada electoral se llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre, pero las semanas previas parecen mostrar una clara fractura en la Decana de América que, sin lugar a dudas, está siendo considerablemente más grave a lo que se ha podido ver en años anteriores.

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Jeri Ramon, SUNEDU, UNMSM
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