Años atrás, tantos que con las justas podemos recordarlos, los profesionales que iniciaban su ascenso en la burocracia solo tenían que preocuparse en hacerlo con paso firme, dedicación a tiempo completo y mucho estudio hasta llegar a dominar el puesto de trabajo.
Tiempo después, casi sin aviso previo, unos funcionarios de tercer nivel decidieron poner requisitos innecesarios al ascenso laboral, creando doctorados y maestrías como si fueran vallas para hacer cada vez más lento el proceso de ascenso.
Creada la necesidad, los funcionarios tomaron el control de la situación, obligando a los trabajadores a buscar dónde conseguir doctorados y maestrías a bajo costo y, en consecuencia, tan baratas como de gran pobreza conceptual.
Poco a poco, casi sin explicación lógica, los burócratas decidieron convertir los doctorados y las maestrías en requisitos indispensables para crecer en la administración pública. En ese momento, alguien vio una gran oportunidad para salir de pobre sin mover un sólo dedo. Así, juntando los deseos de superación de los trabajadores, la codicia de los funcionarios y las ganas locas de manejar y de controlar grandes porciones del poder, se armó un sistema de corrupción de baja exposición.
Así fue como nació, creció y se desarrolló el sistema de “te doy para que luego me pagues”… La corrupción había ganado un nuevo negocio de costo cero.
Tan antiguas como la civilización, las llamadas organizaciones no gubernamentales fueron ganando terreno entre los organismos de ayuda social, hasta que después de finalizada la segunda guerra mundial los flujos de ayuda de los países ricos, de los filántropos y de organismos de origen desconocido penetraron todos los estamentos sociales para convertirse en un mal necesario para algunos y en una pesadilla recurrente para otros.
Cubiertas de capas de opacidad, muchas oenegés han llegado a manejar fondos económicos enormes, sin supervisión ni control alguno, transformándose en verdaderos centros de poder.
A partir de esas nuevas características, las oenegés se dedicaron bien entrado el siglo XX a modificar el tablero donde discurre la historia del siglo pasado. Es así que, sin prisa ni pausa, las oenegés financiadas fundamentalmente por matrices progresistas iniciaron el asalto al poder desde el punto de vista cultural, es decir, el control absoluto del llamado bloque histórico.
Controlando los doctorados y las maestrías, las oenegés de izquierda abrieron las puertas del cielo y lo asaltaron.
Sudaca le consultó al expresidente del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, sobre la situación de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA; que ha firmado un convenio sin límites con el Poder Judicial para brindar capacitación a jueces, con los cuales tendrán que litigar causas ambientalistas.
¿Nos podría explicar qué está pasando en el Poder Judicial con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que tienen convenios con las autoridades del Poder Judicial y, además, litigan ahí?
Hay un conflicto de intereses evidente, ¿no?, porque yo considero que una ONG o cualquier entidad en general no podría capacitar a un juez, o no debería capacitar a un juez y, a la vez, tener posibilidad de interactuar con ese juez en un juicio, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque en justicia hay un principio elemental que se llama el debido proceso, y en ese, la igualdad de armas. Entonces, si hay una parte que tiene más influencia que la otra, hay una desigualdad de armas. Y eso es lo que podría pasar cuando este tipo de entidades, que no las estoy satanizando, hacer convenios y capacitar a los jueces que los van a juzgar después de sus causas, ¿no?
Se ha resuelto un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace unos días, en el Poder Judicial. Entonces, claro, ¿uno por qué resuelve algo? No necesariamente resuelve porque está bien. Yo creo que esto podría estar bien, con dos condiciones. Una, que sea transparente, o sea que todo el mundo sepa que eso existe. Y otra, que la asociación que tiene el convenio no tenga causas directas o indirectas en nuestro sistema de justicia.
¿Nos puede explicar qué tan perjudicial es y si se está alimentando la corrupción, más de la que ya existe en el Poder Judicial?
Sí. Sí, o sea no es corrupción directa, como la de un soborno, ¿no? Es una corrupción mucho más sutil que se da por el conflicto de interés. Entonces, cuando tú capturas jueces en sentido figurado, y los hace presos de una determinada tendencia para que te favorezcan, esa es una manipulación que desequipara la corrupción. Lo que yo estoy haciendo es como si lo hiciera una empresa también. ¿Qué sucede si mañana Repsol o Petroperú o cualquier empresa petrolera se empieza a capacitar a los jueces? Sería bastante cuestionable, porque, claro, tiene un interés legítimo, está denunciada y va a tener un montón de causas ahí. Lo mismo sucede para el otro lado. Entonces, quienes capacitan tienen que ser entidades neutrales. Ojo, con esto no estoy diciendo que no pueden tener una orientación ambientalista, por supuesto que la pueden tener. El asunto es que no pueden tener causas directas ni indirectas en el Poder Judicial.
Esa ONG, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿ha ganado juicios?
No lo sé. Eso sí no lo sé. Pero yo sí sé que representan de alguna forma indirecta causas ambientales. De hecho, Oceana, que es una entidad, una ONG, acaba de tener un juicio con la Sociedad Nacional de Pesquería, en la que quiso ser parte y no lo fue. Entonces, ya mirar si tienen juicios o no es otra cosa. Y hay un caso o dos de un fiscal, por ejemplo, que estuvo en el Poder Judicial, fue capacitado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y sale del Poder Judicial. Y ahí se va a la SPDA. Entonces, ahí pues hay una puerta giratoria y conflicto de intereses que son sutiles, pero que evidentemente demuestran que no está todo bien, ¿no? No, pues algo se oculta ahí, ¿no? La transparencia. O sea, yo creo la transparencia es todo.
Un ingrediente fundamental
Poco antes de que la epidemia de la COVID 19 recorriera el mundo destruyendo las economías de los países y matando a cientos de miles de ciudadanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez firmó un convenio marco con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, creando las condiciones para lo que vino después: todo tipo de canjes con jueces y fiscales, sobre todo a los que pertenecieron a las juventudes comunistas de las universidades estatales. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que el juez supremo Duberlí Rodríguez fue una pieza clave en el diseño de una política judicial preñada de todos los vicios habidos y por haber.
El convenio suscrito con la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambienta fue disuelto el 03 de junio Resolver por decisión unilateral del Poder Judicial, dejándose sin efecto la Resolución Administrativa N.° 138- 2017-P-CE-PJ y la Resolución Administrativa N.° 000121-2020-P-CE-PJ, expedidas por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Aunque no existen datos suficientes para establecer la fecha de nacimiento de los nuevos requisitos para los ascensos rápidos en las carreras públicas, podemos suponer que la fecha de fundación de universidades de bajo costo y pésima formación académica, las cuales tomaron la decisión casi en conjunto de otorgar cursos de capacitación, doctorados y maestrías a las autoridades políticas y judiciales de todo el país, tiene mucho que ver con la conformación de un sistema de prebendas que domina enormes aspectos de la vida política de los funcionarios de todo tipo, teniendo en cuenta que el término funcionario abarca a todos los empleados de la administración pública.
Con los funcionarios enganchados a las universidades de bajo costo y pésima formación académica, y esas instituciones ligadas al poder político de turno, es lógico prever la existencia de una corrupción de baja intensidad, donde predomina el “dame que te doy”.
Vista la estrecha relación entre el mundo académico de bajo nivel y los funcionarios listos para ser “aceitados”, es imposible prever cambios sustantivos en ese maridaje, toda vez que el sistema ha sido hecho para sobrevivir y hacerse cada vez más fuerte. Salvo error u omisión.
