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Informes

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El exministro Merino relató que, pese a las advertencias, Castillo insistía en la designación de Hugo Chávez.

El paso de Merino por el MINEM llegaría a su final en octubre del 2021. En una de los tantos cambios de ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, Sandra Paico, secretaria del mandatario, se comunicó con Merino Aguirre para asista a la renovación en el cargo. Sin embargo, al llegar Palacio de Gobierno, se encuentra con un iracundo Bruno Pacheco que increpa a Paico por la presencia del todavía ministro de Energía y Minas y acusándolo de ser una persona que “no hacía caso a las indicaciones”. Tras presenciar esa escena, Iván Merino se encuentra con el presidente Castillo y le expresa que no tiene nada más que hacer en Palacio y abandona el lugar. “Mi renuncia al cargo fue de facto, no hay acta ni carta de renuncia, tampoco hubo cartas de felicitación por el cargo de ministro”, señaló en su testimonio.

En un gobierno lleno de cuestionamientos sobre la idoneidad de los personajes  designados al frente de ministerios y otro cargos importantes, que las advertencias hechas incluso por integrantes del equipo que acompañó a Pedro Castillo desde su etapa de candidato sean ignoradas y se convierta una clínica en una especie de centro de operaciones sólo despiertan más sospechas.

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Hugo Chávez, Pedro Castillo, Petróleo, Petroperú

Lo anterior ha causado, según Edson Aguilar, vicepresidente de Voces Ciudadanas, que la Organización Panamericana de Salud (OPS) considere al Perú –junto a Brasil y República Dominicana– como uno de los países de alto riesgo en la región para el retorno de enfermedades desaparecidas, gracias a sus planes de vacunación.

“Si bien no se puede cuestionar el valor de las vacunas, ya no tenemos un buen esquema de vacunación. Estamos desfasados”, afirmó Abel Salinas, ex ministro de Salud y también miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones del Minsa en representación de la Sociedad de Pediatría.

Precisamente esta instancia, dependiente del Viceministerio de Salud, es una de las encargadas de revertir esta situación. De acuerdo al Minsa, tuvieron su primera reunión en abril. Y según dijo Abel Salinas a Sudaca, se han reunido una vez al mes desde entonces con el objetivo de tener una norma técnica que mejore el panorama de vacunación nacional.

“Es urgente actualizar la norma técnica sanitaria de inmunizaciones, con mayores metas de vacunación, con especial foco en los niños y niñas de riesgo, en la primera infancia, para evitar que enfermedades controladas vuelvan a aparecer en el país”, agregó el ex ministro de Salud.

Habrá que esperar novedades de esas y más propuestas de salud pública para evitar brotes problemáticos de otras enfermedades en el Perú.

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covid19, INFLUENZA, Minsa, vacuna

Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.

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Miguel Pérez Arroyo en la audiencia ante la Corte IDH en 2018 (Fuente Caretas)

 

Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.

La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí.  Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.

Excongresistas Kenji Fujimori
Excongresistas Kenji Fujimori
Pérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia
Pérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia

Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo. 

La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas. 

La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.

Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.  

                 

También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.

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Llamadas entre Cesar Hinostroza Miguel Perez Arroyo

2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables

Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.

Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.

Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.

Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OAS Odebrecht a favor de Luis Castañeda Lossio”.

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Miguel Perez Arroyo

Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable. 

La historia continuará ……………

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Alberto Fujimori, César Hinostroza, Cuellos Blancos

Incremento de casos

Alertó que, de enero a agosto del presente año, EsSalud detectó 1566 casos nuevos de cáncer de mama a nivel nacional, lo que representa un incremento de 10%, respecto a lo registrado en el mismo período del 2021 (1412 casos).

“EsSalud continúa reforzando las acciones de prevención contra el cáncer. El día de hoy, en una labor conjunta con la Municipalidad de Chorrillos, hemos llegado hasta la playa Agua Dulce, para brindar atención médica y también intensificar el control preventivo.  Con un diagnóstico a tiempo y atención oportuna, se puede combatir el cáncer”, enfatizó.

Por su parte, Rosy Mulánovich, saludó la iniciativa de EsSalud de promover campañas preventivas e hizo un llamado a todas las mujeres a tomar conciencia del cáncer de mama y realizarse los controles periódicos como el autoexamen, ecografías y mamografías a fin de prevenir y/o detectar a tiempo la enfermedad.

“A mi me diagnosticaron cáncer de mama hace más de 20 años y logré vencerlo, gracias al autoexamen inicial y también al diagnóstico y tratamiento oportunos. Por eso, es importante que las mujeres se hagan los chequeos preventivos”, aconsejó.

Otras atenciones

Durante la jornada de salud, se realizaron ecografías y despistajes de cáncer de mama, así como consejería preventiva de cáncer de cuello uterino y vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) a niñas de 9 a 13 años.

También se brindó atención en medicina general, dermatología, psicología, nutrición y otras especialidades a la población asegurada y no asegurada de diversos distritos de Lima.

Foto: Ana Elisa Sotelo

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cancer de mama, las truchas, prevención de cancer

El grupo archivó la propuesta por mayoría al considerar “innecesaria” su aprobación. “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales”, sostuvo Bustamante en aquella ocasión, según una nota de prensa del Legislativo.

Las polémicas

Cierto o no lo dicho por Bustamante, es indudable que Escazú genera opiniones divididas. El tratado tiene 26 artículos, pero la discusión gira en torno, sobre todo, a dos de ellos: los referidos a participación ciudadana y derechos de los defensores ambientales.

El tratado plantea en su artículo 7 que cada Estado firmante “garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades”. No precisa la exclusión de algún tipo de actividad económica o zona del territorio nacional de sus alcances.

Más adelante, en su artículo 9, Escazú exhorta a los países comprometidos a tomar “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir”. Lo anterior incluye atentados contra su vida, opinión, reunión y más.

Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, los postulados de Escazú son positivos, pero no hacen falta. “Es un tratado de buena intención, pero no es imprescindible, ni necesaria su ratificación, porque Perú ya cuenta con un marco legal para tutelar y proteger los mismos derechos [que defiende el tratado regional]”, considera el ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso.

Rospigliosi se refiere a fuentes del derecho nacional como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia ambiental o la existencia de un ente rector como el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). “Su ratificación por el contrario, generaría una sobreregulación y superposición de normas que generarían desconfianza en la inversión y desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente”, agrega el letrado.

En nuestro país, además, existe un vasto trasfondo legal que se relaciona a los puntos de Escazú. Por mencionar algunas tenemos la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, la Ley General del Ambiente, que crea el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA); y contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Alessandro Azurín
La lista de los países que firmaron y ratificaron Escazú. El último lunes se sumó Colombia. Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la misma línea que Rospigliosi opina Ángel Delgado, también abogado constitucionalista. “En el Perú hay normas que regulan el derecho de petición y mecanismos judiciales como el habeas data para obtener información, pero para hacerlo hay que tener legitimidad y proporcionalidad porque hay información de carácter privado que no se puede difundir así no más”, sostiene.

Bajo la mirada de Delgado, ratificar Escazú también es un riesgo de que se desnaturalicen otras normativas. “El mecanismo perverso de este tipo de tratados es que extienden derechos como una liga. Los pueblos indígenas tienen derecho a consulta por la relación ancestral con sus territorios, pero eso no puede generalizarse a cualquier grupo de vecinos que viva en Asia y no quiera un proyecto determinado”, afirma el abogado.

Contrario a sus colegas, Dania Coz, abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no ve con malos ojos las exigencias de Escazú. “No lo veo como un problema. Es un tema básico de transparencia permitir la fiscalización ciudadana. Nosotros hemos dado poder a nuestras autoridades para que gobiernen, pero se nos olvida que no nos hacen un favor, lo hacen por delegación. Lo que busca [el tratado] es garantizar espacios”, asegura.

Para Coz, que nuestra legislación vigente ya contemplealgunas exigencias de Escazú tampoco es un problema, sino una oportunidad de mejora. “Es parte del principio del derecho internacional pacta sunt servanda. Firmar un tratado es indiferente ante tus propias obligaciones, defender a los representantes ambientales igual se debe cumplir, pero si tú adoptas más herramientas para que ese derecho se ejerza es porque precisamente tienes esa buena voluntad de garantizarlo”, considera Coz que también es jefa de la división de Derecho Constitucional del Estudio Iriarte & Asociados.

 

Normativa nacional sobre ac… by Alessandro Azurín Astorga

Aunque también hay opiniones contrarias en ese punto. “Dirán que lo abunda, no daña, pero no es verdad. El Perú tiene una democracia representativa. Participamos a través de nuestras autoridades. Tenemos tribunales, a los congresistas e instituciones como la Defensoría del Pueblo [para tutelar los derechos que toca Escazú]”, manifiesta Ángel Delgado, abogado constitucionalista.

Precisamente la Defensoría se pronunció a favor de la ratificación de Escazú el último 21 de agosto. recordando algunos datos alarmantes. Hasta julio, el 60% de los conflictos sociales activos en territorio nacional estaban vinculados a temas ambientales. Además, 14 defensores ambientales fueron asesinados entre marzo del 2020 y agosto del 2022, con una pandemia encima y todo.

El acuerdo internacional no solo genera diversas corrientes de opinión entre constitucionalistas. En zonas de nuestra Amazonía, como Loreto, también se pueden encontrar posturas opuestas. Como prueba, un botón.

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) busca la ratificación de Escazú al menos desde el 2020. En agosto de ese año, Orpio lanzó un comunicado exigiendo que el Congreso emita un dictamen favorable sobre el tratado.

Orpio se pronuncia para exigir que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, como reconocimiento a la defensa y protección del medio ambiente que por décadas venimos desarrollando como pueblos indígenas, y que cientos de hermanos y hermanas desarrollan a nivel nacional, incluso entregando su vida. Labor que, actualmente, no cuenta con mecanismos de protección de parte del Estado para su implementación”, señala el documento de la organización que agrupa a 26 federaciones indígenas de Loreto.

Pero también hay grupos que se oponen. Está, por ejemplo, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL), antes conocida como el colectivo “No A Escazú». La razón, aseguran sus voceros, es por la posibilidad de que se frustren iniciativas necesarias para la región amazónica.

“Escazú puede tener una buena intención, pero en realidad hay un trasfondo de organizaciones internacionales para tomar control de nuestra Amazonía y que los defensores ambientales tengan derechos superiores. Nos oponemos porque el desarrollo de Loreto ha sido postergado bastantes años precisamente por la intervención de los ambientalistas”, dice Christian Pinasco, presidente de la CDL.

Según Pinasco, la lista de proyectos paralizados por intervención de organizaciones ambientalistas es larga. “El último gran proyecto frustrado es la carretera Iquitos-Saramiza [que conecta con la Costa Norte]. Ha sido denunciada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, que se encuentran en el Marañón. Dicen que no se puede pasar por sus territorios porque son una nación independiente a la nuestra y que, si algún profesional quiere pasar, ellos no garantizan su vida”, afirma la cabeza de la organización loretana.

Si Escazú es el camino para mejorar las cifras de la Defensoría y la ejecución de proyectos ambientales es la interrogante. Seguir su aplicación regional puede ser la clave para obtener una respuesta.

El tratado ya está vigente desde el 22 de abril del año pasado luego de alcanzar 11 ratificaciones, el mínimo necesario, gracias a la adhesión mexicana. El más reciente es Colombia, que aprobó su ratificación el último lunes. Perú no se les sumará por ahora. Al menos hasta nuevo aviso.

 

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Escazú, Pedro Castillo

La tesis que maneja la Fiscalía indica que estas adjudicaciones serían el resultado de los acuerdos entre Pedro Castillo y los congresistas mencionados. Se apoya, además, en que ´Los Niños´ se abstuvieron en votaciones referidas a cuestión de confianza, censura de ministros e vacancia presidencial. El allanamiento de esta mañana y el posible levantamiento del secreto de comunicaciones podría terminar de esclarecer el detrás de escena del vínculo entre el presidente Castillo y estos congresistas.

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Acción Popular, Fiscalía, Los niños, Pedro Castillo

AGUA BENDITA

El Movimiento Regional Agua de Huancavelica es el más antiguo de los tres que han sido protagonistas en este proceso electoral. Su fundación data de 2015 y, al igual que en los casos de Ancash y Ayacucho, tuvo a su fundador como el candidato a gobernador regional. Samuel Morán Cárdenas de 68 años, a quien sus seguidores se refieren como “padre Samuel” por su paso como docente en una institución educativa religiosa, obtuvo 87,704 votos según el conteo de ONPE, pero no le alcanzaron para superar a su rival del Movimiento Regional Ayni.

La agrupación política de Morán Cárdenas, que se define como independiente, regional y “sin ideologías políticas de codicia y maldad” y también prioriza en su ideario el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, ha tenido a dos candidatos ganadores en las municipalidades provinciales de Angaraes y Catrovirreyna. Pero, además, han sumado veinticuatro alcaldías distritales en Huancavelica. 

No obstante, el proceso electoral no estuvo libre de problemas para el padre Samuel. En agosto, el Jurado Electoral Especial de Huancavelica lo excluyó en primera instancia por no haber declarado empresas que tenía a su nombre. “El padre Samuel no tenía la obligación de hacer declaración de estas empresas en su hoja de vida, a razón que desde el 2014, 2016 y 2018, respectivamente había hecho venta de estas acciones”, señaló su abogada Magaly Contreras en declaraciones recogidas por Diario Correo. El candidato de la gota apeló y, finalmente, fue devuelto a la contienda.

 

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Samuel Morán Cárdenas obtuvo el 44.696% en las elecciones del domingo 2 de octubre. Imagen: Diario Correo

Fuerzas políticas jóvenes en años de existencia aunque no necesariamente con candidatos y que encaran las elecciones dándole un lugar importante en sus discursos al cuidado ambiental lejos del debate dicotómico derecha versus izquierda que sí predomina en la capital. Así se podría definir a estos candidatos de la gota de agua que han rebalsado las ánforas de tres regiones del Perú convirtiéndose en una de las alternativas políticas más ganadoras que dejaron las elecciones de este año. A partir del 2023 se verá si sus representantes en más de cien distritos, trece alcaldes provinciales y un gobernador regional logran consolidar el nombre de sus partidos o si, como tantas veces ha ocurrido en la política nacional, son un fenómeno momentáneo. 

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Agua, Ancash, Ayacucho, Elecciones, Movimiento Regional Agua de Huancavelica

Lo más llamativo, sin embargo, ha sido la manera en cómo Pacific Latam afirma que ha realizado la labor, la cual se dio “a través de la colocación de 10 notas de prensa de corte utilitario en el 2021 con temas relacionados a la importancia de las operaciones de un relleno sanitario a la comunidad y medio ambiente, logrando 35 publicaciones en medios Tier 1 como El Comercio, Perú 21, El Popular, Correo, Latina.pe, ATV.pe, Trome, Karibeña, Exitosa, Ojo”.

En este documento también especifican que hubo una campaña de medios “a causa del pedido de cierre de los rellenos sanitarios por parte de asociaciones privadas”. Esta consistía en generar entrevistas en medios grandes y en una intervención del Oefa y la Municipalidad de Lima, a través de notas informativas. 

Pese a que los problemas con el servicio de limpieza pública de Innova Ambiental ya llevan arrastrándose varios años, no han sido tan difundidos por la prensa. Este reporte de Pacific Latam puede acercarnos a saber por qué.

 

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Innova ambiental, Municipalidad de Lima, Relleno Sanitario

CitizenGo también tiene rostros visibles en Perú. Por la mañana, ‘La Encerrona’ dio a conocer que sus representantes en nuestro país son Carlos Polo Samaniego y Alejandro Bermúdez, director de ACI Prensa, una agencia de noticias ultraconservadora. Ambos forman parte del directorio mundial de este colectivo.

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Ignacio Arsuaga posa junto a un autobús de Hazte Oír, su organización asociada a CitizenGO, con un mensaje contra la comunidad trans.

LAZOS CON VOX

Ignacio Arsuaga ha sido vinculado al fundador y líder de Vox, Santiago Abascal. De acuerdo a una investigación de ElDiario.es, Abascal y Arsuaga son amigos. 

Las redes sociales de Vox dan cuenta de fotos que prueban una estrecha relación entre ambos personajes. Una de ellas, por ejemplo, los captó en la calle de Génova en el 2014. Otra prueba del vínculo es que, como parte de sus actividades, Hazte Oír premió a Abascal por su labor como presidente de Defensa de la Nación Española (Denaes), una fundación que impulsa el nacionalismo español, en el 2012. En ese momento, Abascal era militante del Partido Popular. Un año más tarde, fundaría Vox.

Este año, la relación entre Hazte Oír y Vox terminó en discrepancias públicas. Todo indica, sin embargo, que han seguido sus caminos para expandir sus posturas antiderechos por Latinoamérica.

Cabe recordar que una comitiva de Vox se reunió con las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular en septiembre del año pasado. El objetivo era que los parlamentarios firmen la Carta de Madrid. Este documento nació en la Fundación Disenso, de la que Santiago Abascal, líder de Vox, es “patrono”, según su misma web.  Los firmantes del manifiesto -como los congresistas Muñante y Williams- se comprometen a evitar que dichas iniciativas se consoliden en sus países.

Ese es el trasfondo que esconde la aparición del camión publicitario, un episodio más de la relación entre un sector del Congreso y la derecha más conservadora de España. Esta vez se aliaron contra una asamblea de la OEA que tiene como lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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