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MÁS CUESTIONAMIENTOS

Ignorar la falta de credenciales para ejercer como secretario general es sólo una de las perlas de Paul Jaimes. Sudaca pudo conocer que –a pedido de este señor– la Oficina de Abastecimiento hizo gestiones para adquirir un sofa cama de la marca Said, el último 3 de marzo, en la tienda de tapicería y decoración MultiTop de La Victoria. El costo de este bien, según la web de la empresa, es de S/599.90. El mueble ya está en su despacho, de acuerdo a una foto que Sudaca obtuvo. 

Esto sería algo anecdótico de no ser porque, según un funcionario del Midagri que pidió anonimato, para adquirir el sofá se habría echado mano de la caja chica de la cartera. Este fondo es exclusivo para “gastos menudos y urgentes que por su finalidad no puedan ser programados” para su adquisición. Esto incluye, por ejemplo, gastos por movilidad y la compra de bienes menudos, previa acreditación de que no hay stock de lo solicitado en el almacén del ministerio. 

Sofá Multitop
El sofá cama de la marca MultiTop en la oficina de Jaimes.

Jaimes admite que solicitó el sofá a la Oficina de Abastecimiento, pero señala que la compra fue “observada”. Dice que, finalmente, él mismo tuvo que hacer el gasto. “Yo tenía miedo de ponerme la tercera vacuna porque la segunda me chocó. Cuando me puse [la tercera dosis] al día siguiente estaba descompuesto, pero fui a trabajar. Le pedí el favor al jefe de abastecimiento que compre un pequeño sofá porque me maltrato el cuerpo firmando 18 horas. Después me entero de que es un sofá cama, pero si usted lo ve parece 100% recto. El pedido del jefe de Abastecimiento estaba observado, al final pagué con mi propio peculio” asegura. No da detalles sobre el uso de la caja chica.

Otra denuncia involucra al entorno de Jaimes. El pasado 19 de marzo, los señores Oswaldo Monteza Rodríguez, contratado como conductor desde febrero, y Gino Martínez Álvarez, quien trabaja como asistente del área de patrimonio desde el 9 de marzo, pidieron ingresar a la sede del Midagri de La Molina a las 2:35 de la madrugada. Señalaron que iban a recoger a Jaimes, quien debía salir del local unas horas después. Al recibir la negativa de los vigilantes, ambos personajes los amenazaron con llamar al secretario general para que los cambie de puesto, según reveló el programa ‘Al Estilo Juliana’. 

Paul Jaimes en Bolivia
Como parte de una comitiva del Midagri que viajó a Bolivia la semana pasada, Jaimes se reunió con la cabeza de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corp), empresa estatal petrolera del país vecino.

Sudaca pudo conocer que la Procuraduría Pública del Midagri tomó conocimiento de ambos hechos –la compra del sofá cama y el altercado de madrugada– y pidió información a la Dirección General del ministerio para evaluar la toma de acciones legales el pasado 1 de abril. Sin embargo, fueron impedidos de hacerlo por la Oficina de Abastecimiento. Según un informe interno del ministerio del 8 de abril, el director de esta oficina, Frank Puyen Guzmán, se negó a brindar información a la Procuraduría. La excusa fue que estarían usurpando funciones. 

Para Puyen, autor del informe, la compra del sofá cama y el incidente con los locadores allegados a Jaimes no eran denuncias en las que resultaba agraviado directamente el Midagri. Dijo que, en todo caso, le correspondía a la OCI y no a la Procuraduría investigar los hechos.

Sudaca pidió los descargos respectivos al Ministerio de Agricultura, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Las sombras sobre Jaimes, sin embargo, dan para más. Según el portal El Foco, la hermana del secretario general lo denunció en una comisaría del Rímac por agresión física y verbal en la vía pública, en agosto del 2010. En respuesta a estas acusaciones Jaimes asegura que su hermana es “super amiga” y que no tiene ningún problema con ella. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Avanza Pais, Gobierno

ROCES PREVIOS

El día en que entregó el cargo como coordinadora del programa, el 21 de marzo, Liliana La Rosa que había asumido la jefatura el 18 de octubre de 2021 informó al entonces ministro Hernán Condori que ya se habían publicado convocatorias de licitaciones y expresiones de interés para ejecutar las responsabilidades del PCRIS.

Luis Hospinal Moori asumió ese mismo día. Hospinal es un médico cirujano titulado en 2010 en la Universidad Peruana de los Andes. El 13 de febrero de este año, llegó al Minsa designado por su amigo Condori, en su primera semana en la cartera, para ocupar un cargo de confianza: Director Ejecutivo II.

En ese cargo ya había tenido un accidentado episodio con La Rosa. Y es que, en su paso por el Minsa, el censurado Condori había mandado a Hospinal a hacer una inspección sin previo aviso a la sede del programa. “[El PCRIS] tiene 3 años de desarrollo, sin ningún resultado”, aseguró el exministro en un video del 7 de marzo.

Liliana La Rosa luego le enviaría una carta a Condori detallando el accionar de su funcionario de confianza durante la visita. Según indica el documento, Hospinal llegó a las instalaciones sin acreditación, se negó a conversar con La Rosa debido a “no ser de su interés y contar con poco tiempo para la recolección de información” y se retiró luego de instalar la laptop para que sus colegas se queden redactando el informe de la inspección.

En este documento, firmado por Hospinal, se afirmó que el PCRIS estaba gestionando consultorías de US$300.000 con el BID. Este dato, decía el documento, estaba basado en una supuesta información brindada por La Rosa. Pero ella lo desmintió en su carta enviada a Condori, junto con otras imprecisiones. 

El conflicto, sin embargo, ha persistido hasta hoy. La semana pasada, luego de que La Rosa acusara a Hospital públicamente de estar paralizando el PCRIS, este le escribió por WhatsApp para “pedirle que mida sus palabras en redes sociales, no deseo tomar acciones legales contra usted”. 

4. Mensaje de WhatsApp
«El mensaje de WhatsApp que Hospinal le envió a La Rosa, ‘en forma respetuosa’, a partir de sus publicaciones en Twitter»

Sudaca pudo comuncarse con Hospinal para este informe. El funcionario reconoció la reunión en el patio y aseguró que fue para anunciar la resolución de algunos contratos. “Se había contratado personal para proyectos de inversión que no fueron aprobados. Considerando los 6 proyectos aprobados, muchos de los consultores no tienen productos para generar la finalidad pública”, agregó al respecto, pese a que los consultores afectados señalan que sus labores no dependen de la cantidad de proyectos en el PCRIS. 

Hospinal también dijo desconocer sobre los retrasos en los pagos. Afirmó que la reasignación de computadoras se debió a que hay personas que no tienen una y que “sí cumplen con la finalidad pública”, a diferencia del equipo de comunicaciones. 

Acerca del correo del BID y del Banco Mundial, respondió que ambas entidades están preocupadas porque no se ha avanzado en los últimos tres años y no por la paralización durante su gestión. Aunque eso no es realmente lo que se lee en el escrito. 

“Los bancos han venido advirtiendo eso en diferentes momentos a los ministros de salud. Esto es un hito más. Están preocupados, al igual que nosotros. Estamos reorientando y reimpulsando el programa. En algo que ha estado parado por tres años, no pretendamos hacer obras públicas en tres semanas”, concluyó. Al funcionario no le entran balas. 

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Gobierno, Hernán Condori, Minsa

CARNE PARA EL INDECOPI

Situaciones similares han reportado otros clientes. El último martes −por dar un ejemplo− un usuario en Twitter de nombre Mariano compartió un pantallazo de un pedido que hizo a través de su cuenta prime. El costo incluía S/1,12 por la tarifa de distancia, S/6,49 por el costo de envío y S/0,19 por concepto de “protección”. En total: S/7,80. Pero el aplicativo le estaba cobrando dos soles más.

Gustavo Rondón Ramírez, quien pagó la suscripción ‘prime plus’ hace un par de meses, también padeció el servicio. “Con mi novia no tenemos tiempo para cocinar por el trabajo y usamos Rappi para pedir almuerzo y otras comidas. Al usarlo tantas veces al mes, pensé en probar Rappi prime”, relata a Sudaca.

Seducido por el “ahorro” en los costos de entrega y la posibilidad de acceder al contenido de una plataforma de streaming, Rondón pagó sin mayor objeción los S/26,90 que costaba el plan más caro de Rappi. Hasta que un comentario de su novia sobre una denuncia en redes sociales lo llevó a dudar de los beneficios que supuestamente recibía.

“Hicimos la comparación entre su cuenta de Rappi, que no es prime, y la mía. Su cuenta le salía como S/30 menos pese a que pedimos lo mismo. Eran los mismos productos, a la misma dirección y casi a la misma hora”, comenta Rondón, todavía sorprendido, y nos muestra las capturas de pantalla de los pedidos. Eran productos totalmente idénticos de McDonalds, pero en su caso simplemente era más caro.

 

 

Rappi Delivery prime
Luego de pagar S/77.43 desde su cuenta prime, Gustavo Rondón comprobó que el mismo pedido apenas costaba S/54.10 para el usuario regular.

Rondón reclamó y Rappi alegó que se trataba de un error del sistema. Tuvieron que devolverle el dinero con crédito. Pero casos similares siguen apareciendo en redes y lo llevan a desconfiar del servicio. «Cada vez que pido Rappi, comparo los precios con mi novia. Es incómodo, como consumidor, estar pendiente de que no te engañen», señala y no descarta dejar de usar la aplicación si sigue observando situaciones irregulares.

Martín Cuellar, abogado especialista en defensa del consumidor, dice a Sudaca que este caso podría catalogarse como publicidad engañosa y que Indecopi podría poner una sanción. «En el caso específico de la publicidad engañosa es cuando el beneficio que ofrece el proveedor no es el que realmente recibe el cliente. No se cumple en la práctica lo que se ofrece», explicó.

Además, Cuellar señala que Rappi no estaría libre de una sanción a pesar de que se trata de un app. La empresa funciona en nuestro país bajo la razón social de Rappi SAC. «Para el derecho basta que se identifique al producto, servicio y consumidor y ya estamos en territorio de Indecopi. La normativa está para interpretarla y aplicarla al caso concreto», comenta. El abogado asegura que el Indecopi puede iniciar una investigación de oficio o recoger las denuncias de los usuarios y se podría sancionar al responsable del aplicativo.

Susaca se comunicó con Rappi Perú para pedir explicaciones ante estos reclamos. Pero, luego de solicitar detalles sobre el informe que se estaba realizando, dejaron de responder los mensajes sin brindar descargos al respecto. Rappi es una de las aplicaciones de reparto más populares de Sudamérica y más de un restaurante ha prescindido de su propio servicio de delivery para trabajar sólo con ellos. Sin embargo, hoy queda claro que sus clientes VIP −al menos varios de ellos− han sido engañados.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

 

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delivery, Empresas, Rappi

Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.

 

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

EL AUDIO

En este contexto es que se produce el diálogo entre los fiscales Jesús Fernández Alarcón y Fany Quispe, registrado en registrado en un audio, entre los últimos días de enero y los primeros de febrero. Ambos no parecen estar interesados en investigar o indagar un poco más sobre Abudayeh. En una parte de la conversación, los fiscales hacen referencia a que Magaly Quiroz Caballero, otra fiscal que ve el caso Cuellos Blancos, ya investiga este asunto. Fany Quispe argumenta que – hasta ese momento – no existen indicios suficientes para que se “llegue” a Abudayeh. Aquí publicamos un extracto del diálogo: 

Fany Quispe: De hecho que hay una relación con Ríos porque Ríos se reúne con él, con Sandro [Herrera].

Jesús Fernández Alarcón: Con Sandro.

Fany Quispe: En la Rosa Náutica, con Sandro se reúne.

Jesús Fernández Alarcón: Se reúnen Gianfranco, Ríos y Sandro.

Fany Quispe: El asunto es no confundir, ¿no? Si es que Samir Abudayeh tenía un proceso o un interés es por otro caso judicial. Pero no es el caso judicial de Sandro Herrera.

Jesús Fernández: Entiendo, entonces, que ese Sandro hizo sus negocios con Gianfranco.

Fany Quispe: Sí, claro. Con la venia de Ríos.

Jesús Fernández Alarcón: Ríos los junta para el almuerzo en la Rosa Náutica para que Gianfranco se encargue de arreglar todo.

Sudaca buscó a los fiscales del caso Cuellos Blancos, pero se excusaron de dar declaraciones. Sin embargo, una fuente de ese despacho dice que el fiscal Jesús Fernández Alarcón sigue una pista que conduce a Samir Abudayeh, sin formalizar investigación aún. Dice que Ríos declaró que el empresario organizó una reunión con magistrados para ser favorecido en un caso, pero que no puede dar más detalles. 

Señala también que tiene un topo en su oficina que sabotea el trabajo del equipo. “Ya hemos denunciado que la mafia se está infiltrando. Es indignante que le dé un audio cortado”, asegura la fuente. 

Pantallazo resolucion
22 de febrero. Disposición de Magaly Quiroz Caballero, fiscal que investiga el caso Cuellos Blancos, en el que decide no abrir investigación ni citar como testigo a Samir Abudayeh por un supuesto soborno de un amigo del empresario petrolero a Walter Ríos.

Lo cierto es que a Abudayeh le sonrío la buena fortuna. El 22 de febrero la fiscal Magaly Quiroz −del mismo equipo integrado por Fernández y Quispe− decidió abrir investigación a Gianfranco Paredes y Sandro Herrera, pero no toca ni con el pétalo de una rosa al aficionado a los caballos.  La trama corrupta de los Cuellos Blancos no tiene cuándo acabar.

 

Carta enviada por el fiscal Jesús Fernández Alarcón a Sudaca:

 

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Gobierno, Pedro Castillo

SIN TRANSPARENCIA

La precariedad de la institución contrasta con el aumento de sueldo de Janios Quevedo Valle, el jefe nacional. Desde el 20 de octubre del 2020, Quevedo fue designado como Personal Altamente Calificado (PAC) por el Midagri, pasando a percibir S/25,000 por sus labores. Según la escala remunerativa del Senasa –que no se actualiza desde el 2010– su sueldo era de S/13.400 soles.

Cuando Quevedo pasó al PAC, su salario debía aparecer o bien en el sitio web del Midagri, como su personal designado; o en el del MEF, que administra este régimen. Pero eso no pasó. El 24 de enero un ciudadano presentó una queja a varias entidades estatales porque no podía visualizar la remuneración de Quevedo en el Portal de Transparencia. Acusaba como responsable a Karla Pérez Barreto, directora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Senasa.

La PCM ordenó entonces al Midagri que atienda el caso. El Senasa atribuyó el “error” de transparencia a un problema informático. “La falta de publicación de dicha información en los períodos NOVIEMBRE-2021, DICIEMBRE-2021 y ENERO-2022 se debía a un caso de fuerza mayor por imposibilidad de subir el formato excel”, se lee en el informe que archivó la denuncia.

Janios Miguel Quevedo
A la fecha, según corroboró Sudaca, el sueldo de Quevedo sigue sin figurar en el Portal de Transparencia del Midagri. Lo mismo ocurre en las web de Senasa y el Mef.

Para Alexandra Ames, desestimar la denuncia por no encontrar faltas administrativas no era todo lo que debía hacerse. “No basta con archivar la falta bajo ese argumento. Se deben tomar acciones correctivas. No tendrían por qué demorarse meses en resolver algo tan sencillo como subir información a una página web”, explica la especialista de la Universidad del Pacífico.

Actualmente, según constató Sudaca, sigue sin figurar el sueldo de Quevedo en los portales de Transparencia del Senasa, el MEF o el Midagri. El área de prensa de este ministerio le atribuye la culpa a la Presidencia del Consejo de Ministros, que se encarga de gestionar el portal de transparencia del gobierno. “La plataforma y su funcionamiento es administrada por la PCM, las demás entidades solo ingresamos la información del personal activo”, respondieron.

Janios Miguel Quevedo
Janios Miguel Quevedo Valle es jefe nacional de Senasa desde finales del 2019. Al año siguiente consiguió un aumento de sueldo del que ahora reniegan los trabajadores de la institución que preside.

Lo ocurrido con el sueldo de Quevedo es un trago amargo para los trabajadores que esperan que se cumplan sus resoluciones judiciales y cuya escala remunerativa no cambia desde hace 12 años. “El jefe nacional se lleva la gloria, pero la peleamos nosotros”, responde, ofuscado, Walter Cañari. Si las sentencias de reposición no se cumplen cabalmente hasta abril, los trabajadores del Senasa advierten a este medio que podrían iniciar un paro indefinido. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

 

 

 

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Gobierno, Senasa, sociedad

«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.

La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.

 

 

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Fiscalía, Keiko Fujimori

El que finalmente había recibido la buena pro de este proceso hoy anulado fue Meler Neyra Santur, un hombre de 27 años que se dedica al transporte de carga desde el 2013, según la SUNAT. Neyra no es un proveedor nuevo para el Gobierno Regional de Piura: tan solo en 2021, firmó siete contratos con la entidad por uj total de S/790.000. Todos estos servicios estaban relacionados a traslado de materiales en el rubro de Educación.

La participación de Neyra en procesos públicos con la entidad data incluso de años anteriores a la pandemia. Una nota del diario Correo de 2019 alertó que él era uno de los que más contratos había ganado entre 2015 y 2018. Obtuvo más de S/400.000 en esos años producto de adjudicaciones sin haber tenido experiencia previa en el sector, según el mencionado medio. Cabe resaltar que en ese entonces, Neyra recién tenía entre 20 y 23 años.

Contactamos a Neyra por medio de sus redes sociales, pero no obtuvimos respuesta. 

Meler Neyra Santur
«Meley Neyra Santur, quien recibió la buena pro en la cuestionada adjudicación y tiene numerosos contratos previos con el Gobierno Regional de Piura (foto: Facebook)»

También pedimos los descargos del director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, quien aseguró que se están tomando medidas disciplinarias contra el comité de selección de la adjudicación y que la demora no ha afectado el desarrollo escolar porque “los primeros 15 días de clases se aborda el desarrollo socioemocional”. Esto pese a que las instituciones con las que conversó Sudaca sí reconocen haber sido afectadas. Sobre las pruebas de entrada o de diagnóstico, dice que «el que debería pronunciarse es el Minedu, porque no ha establecido cuándo se deberían tomar”.

El caso de esta singular adjudicación simplificada también ha llegado a la Contraloría y al Ministerio Público. Según César Orrego, la primera se encuentra haciendo un control concurrente del tema, a la par que fiscales de los distritos afectados están evaluando emprender una investigación. “Algunos lo han remitido a fiscales especializados en temas de corrupción de funcionarios”, detalla Orrego.

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Educación, Minedu, Piura

 

LA DINI VS LA PNP

Esos tres personajes son los que hoy alimentan las teorías conspirativas en Palacio. Una particular visión del mundo que, en conjunto, podría explicar el choque entre la DINI −adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros− y la Policía Nacional. Ambas instituciones están enfrentadas por la orden de inamovilidad de hace tres días.

La noche del 4 de abril, los integrantes del Gabinete se reunieron de emergencia tras “tomar conocimiento por información de inteligencia (de la DINI) que el 5 de abril se agudizaría y agravaría la situación de violencia en Lima y Callao”, según un comunicado de la Policía.

A las 10 de la noche de ese 4 de abril, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, solicitó un informe a la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General de la Policía sobre la pertinencia o no de decretar un toque de queda en Lima y Callao. Esta dependencia apenas opinó, de acuerdo a una fuente confiable de la PNP, que una medida así de extrema es una atribución del Ejecutivo.

La fuente policial asegura a Sudaca, además, que el alto mando nunca pidió el encierro porque ese no es su estilo de trabajo. “¿La Policía alguna vez ha pedido que la gente no use autos para frenar los robos de vehículos? Es absurdo”, dice.

Por eso, las cabezas de la Policía quedaron sorprendidas cuando vieron en el Decreto Supremo que se decretaba “la inmovilización social obligatoria” basados en el informe de la Oficina de Planeamiento. En un sector del alto mando se han sentido usados por el gobierno para legitimar una medida desproporcionada.

El primer ministro Aníbal Torres atizó el fuego al decir, en una entrevista con Blu Radio de Colombia, que los policías peruanos tienen una preparación deficiente. Después pidió disculpas, como siempre lo hace después de cada exabrupto. Así las cosas, el gobierno hace agua por todos lados.

 

 

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anibal torres, Pedro Castillo
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