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El paso de Evo Morales por Lima hace dos semanas no solo tuvo motivos políticos, sino también comerciales. Minutos antes de su presentación frente a los profesores de la Federación Nacional de Trabajadores en Educación (Fenate-Perú) -el sindicato vinculado a Pedro Castillo-, un empresario boliviano aprovechó la audiencia para ofrecer la ‘Virus Block Out’ o ‘tarjeta bloqueadora’. Se trata de un producto similar a un fotocheck que emana un gas de dióxido de cloro. Al hacerlo, aseguró el hombre de negocios, el químico “limpia” las partículas de Covid-19 que se encuentren en el aire. ¡Otra falsa proeza de la lejía milagrosa!

Riky Moppi, quien se presenta como representante legal de la empresa boliviana Jaitana Group, anunció aquel 11 de agosto que estas tarjetas pronto se comercializarán oficialmente en nuestro país, a pesar de que -como veremos más adelante- otra empresa ya lo hace con un producto similar y al margen de las leyes sanitarias. Expertos aseguran que la sustancia que sale del artefacto no previene el Covid-19 y es potencialmente dañina.

Riky Moppi, representante legal de Jaitana Group – Tarjeta 360, envió este video donde aparecen Pedro Castillo y Dina Boluarte usando la tarjeta ‘Virus Block Out’. La imagen de Castillo con la tarjeta ha sido manipulada. En la foto real no se aprecia ese producto sobre su cuello (ver fotos abajo).

Pedro Castillo y Dina Boluarte

“Es una tarjeta de bioseguridad que desinfecta el medio ambiente. El clorito de sodio más el dióxido de titanio, esos dos químicos con el oxígeno, activan el químico. Ese momento de activación libera el gas de dióxido de cloro con doble oxigenación. Pero para el ambiente, no para ingerirlo […] No es para tomar, como el té, actúa en el exterior”, intentó explicar Moppi a Sudaca.

En aquella oportunidad, el empresario boliviano aprovechó en vender unas 100 tarjetas a S/10 cada una. “Hoy la vendemos a mitad de precio, a precio de introducción”, dijo en el auditorio de la Universidad Las Américas, una de las instituciones organizadoras del evento. Minutos después, Evo Morales haría su presentación -con la ‘Virus Block Out’ colgando del cuello- y aseguraría que la pandemia responde a una “guerra biológica” del capitalismo.

UN DUDOSO EMPRESARIO

Las ‘tarjetas bloqueadoras’ han sido ya criticadas por especialistas alrededor del mundo. En julio del año pasado, el portal Bolivia Verifica recogió información de expertos internacionales que desmienten la supuesta efectividad de este producto. Este empezó a venderse sin autorización sanitaria en su país. Según la BBC, por ejemplo, la Administración Federal de Drogas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dice que la sustancia liberada por las tarjetas, el dióxido de cloro, es dañina para la salud. 

“Si se acerca el dispositivo a la cara, el ingrediente activo, el dióxido de cloro, podría causar irritaciones respiratorias y oculares graves y quemaduras en la piel, ya que es altamente corrosivo”, señaló, además, la viróloga e inmunóloga Ariane Davison a la página The Bipartisan Press. Como ya ha explicado Sudaca, el consenso internacional es absoluto: el dióxido de cloro no sirve para combatir la Covid-19

El 11 de agosto, Riki Moppi presentó la ‘Tarjeta Block Out’, que emana dióxido de cloro, en un evento organizado por la Fenatep con Evo Morales. La tarjeta no previene la Covid-19 y es potencialmente dañina. 

 

A pesar de las advertencias, en Bolivia permitieron la comercialización del dióxido de cloro a fines del año pasado y las tarjetas tuvieron vía libre para venderse. Hasta la entonces presidenta Janine Yáñez la usaba en público.

Riky Moppi, uno de los principales promotores de estas tarjetas en su país, puso la mira en el mercado peruano. El empresario nos compartió un video promocional de ‘Virus Block Out’. Allí aparece un hombre que luce un sombrero similar al de Pedro Castillo. Mirando a la cámara, el sujeto dice: “Los peruanos se protegen con la tarjeta 360”.

En el mismo video se muestra una imagen de Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte luciendo una tarjeta similar al ‘bloqueador’ durante la presentación del equipo técnico, en mayo pasado. En los registros fotográficos de aquel día, sin embargo, únicamente Boluarte aparece con una tarjeta celeste sobre el pecho. Castillo no tiene ninguna. Desde Palacio aseguran a Sudaca que el presidente nunca ha usado ese producto.

¿Modificó Moppi la fotografía para sus fines comerciales? Todo indica que sí. En comunicación con este medio, el empresario niega alguna mala intención de su parte y señala que comerciantes de Paruro, a quienes les vendió el producto, le pasaron esa foto. Moppi asegura además que le regaló algunas tarjetas a Dina Boluarte el día de la proclamación en Ayacucho. 

En el despacho de la vicepresidenta no recuerdan lo narrado por Moppi. “En la campaña de la segunda vuelta electoral un colega de Arequipa tuvo a bien obsequiarme un dispositivo que supuestamente protegía contra el Covid-19. Sin embargo, lamento que los promotores de dicho producto usen mi imagen para fines comerciales”, dice Boluarte para este informe. Ya ha pedido que su imagen sea retirada de cualquier publicidad.

Riky Moppi también aparenta estar bien contactado en el entorno del nuevo gobierno. Asegura, por ejemplo, que algunos docentes de la Fenate-Perú -que recientemente han formado el nuevo Partido Político Magisterial y Popular- consumen dióxido de cloro y que le han propuesto hablar con la bancada de Perú Libre para que lo inviten a exponer los beneficios de este producto en la comisión de Salud. Se retomaría así el propósito de la polémica comisión que promovía el uso de la ‘lejía milagrosa’ en el parlamento anterior.

Pero nuevamente Moppi es desmentido. En el gremio magisterial rechazan haberle propuesto algo similar al empresario y niegan estar promoviendo el uso del dióxido de cloro, ni como sindicato ni como partido, dice el secretario general transitorio de la Fenate-Perú, Segundo Vásquez.

En la Fenate tampoco sabían que Moppi iba a participar en el evento del pasado 11 de agosto. El ubicuo empresario dice a Sudaca que lo invitaron representantes de la Universidad Las Américas y la delegación boliviana.

 

EL FACTOR EVO

Riky Moppi deja claro que comparte con Evo Morales la teoría de que la pandemia es producto de una conspiración mundial. De hecho, el expresidente boliviano no titubeó en aquella jornada frente a los profesores cuando dijo: “Por ejemplo, sobre la pandemia, yo estoy casi convencido que esta pandemia es una guerra biológica. ¿El capitalismo qué exporta? Armas químicas, armas nucleares y hasta esta guerra biológica. Hace cuatro o cinco años, ¿qué decían? En la política del nuevo orden mundial, es importante una planificación». Morales llevaba la ‘Virus Block Out’ colgando del cuello.

La presentación de Evo Morales en la charla organizada por la Fenate-Perú. Usa la tarjeta ‘Virus Block Out’ y dice que el Covid-19 es una «guerra biológica» (ver minuto 1:18)

El cocalero no solo lanzó teorías conspirativas, también cuestionó la medicina occidental. Dijo, por ejemplo, que desde pequeño su mamá y su papá le curaban la tos haciéndole tomar su propia orina y con una planta oriunda de su país llamada “wira wira”.

“No me avergüenzo. Cuando estaba empezando como dirigente sindical, estaba en un encuentro nacional del movimiento indígena. Un viejito dijo [algo que] se me ha quedado grabado en la mente hasta ahora: ‘Desde Occidente, solo llega la sifilización; no la civilización. Me quedé sorprendido y parece que es verdad. Después de la sifilización, de esta pandemia, llega el medicamento, ¿quién gana [con] eso?”, señaló.

Lo cierto es que la tarjeta boliviana de nombre anglosajón está muy lejos de los respetables medicamentos ancestrales. Y es una amenaza para los incautos.

Moppi anunció aquel 11 de agosto que pretendía ingresar al Perú un lote de medio millón de estas ‘tarjetas bloqueadoras’. Dijo que se encontraba realizando los trámites de homologación del registro sanitario a través de un supuesto “convenio» entre ambos países por ser miembros de la Comunidad Andina (CAN).

“Si un producto peruano tiene registro en su país puede ir a Bolivia, a la Cancillería, y lo registra. Igual, para un boliviano que tiene un producto, puede ir a Perú con su registro sanitario y lo puede homologar para que ese producto tenga comercialización en dicho lugar. Es un convenio”, aseguró.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, lo desmiente. “No tengo la menor idea de qué [homologación de registro sanitario] está hablando ese señor. Mientras no haya una evidencia científica que le dé seriedad a esas tarjetas, no hay forma de que el Ministerio de Salud las valide. Ningún trámite se puede hacer sin que el Ministerio de Salud lo autorice. Todo lo que ingresa al país que tenga que ver con la salud pública tiene que ser validado por el ministerio”, dice Cevallos para este informe.

Sudaca ha podido confirmar, sin embargo, que otra empresa ya madrugó a Ricky Moppi y al Minsa. Se trata del ‘Consorcio Vive Salud’, ubicado en el distrito de Jesús María, que ofrece la tarjeta en redes sociales y en dos presentaciones: la de S/20, que tiene una duración de 30 días; y la de S/25, que puede ser usada el doble de tiempo. Nos comunicamos por teléfono con la empresa peruana y nos confirmaron que el producto “no posee registro sanitario”.

En comunicación con este medio, Riky Moppi dice que, a diferencia de otras empresas, la suya quiere contar con el registro sanitario en nuestro país. Mencionó, incluso, que ha enviado sus peligrosas propuestas a las tiendas Metro y Tambo para que sean puntos de venta.

Según el abogado Mario Amoretti, si el producto no demuestra ser efectivo -como que no lo es-, así tenga el registro sanitario, podría incurrir en los delitos de suministro infiel de productos farmacéuticos o estafa.

Preocupa que, ad-portas de una tercera ola, las ideas de Evo Morales y los empresarios que parecen rodearlo puedan calar en el aún indescifrable Pedro Castillo y su entorno. El ministro Cevallos será un filtro importante.

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Fotos: Evo Morales aparece en el evento organizado por la Fenate-Perú, realizado el pasado 11 de agosto, en el auditorio de la universidad Las Américas. Porta la tarjeta ‘Virus Block Out’. (foto: Juan Carlos Chamorro)

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Bolivia, Evo Morales, Pedro Castillo, Perú, Tarjeta Bloqueadora, Virus Block Out

Dina Boluarte encabeza el ala moderada de Perú Libre. La vicepresidenta es quien apuesta por la gobernabilidad y la mesura, en contraposición a Vladimir Cerrón, el secretario general, que quiere imponer a rajatabla la agenda del partido. Fuentes de su entorno aseguran, además, que ella se ha vuelto mucho más cercana al presidente de la República que al hombre fuerte del lápiz. 

“[Boluarte] se ha mantenido al margen del señor Cerrón. Tiene constante comunicación con el presidente por la gobernabilidad”, dice Víctor Torres. Él administra el club departamental Apurímac, que fue uno de los centros de operaciones de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante la última campaña. Torres preside el club, precisamente, en reemplazo de Boluarte. Su relación con ella es estrecha. 

La vicepresidenta, está claro, no forma parte del círculo de confianza de Cerrón. Eso quedó demostrado cuando el líder de Perú Libre no la propuso para dirigir el Consejo de Ministros, sino que lanzó los nombres de incondicionales suyos como Guido Bellido, Álex Flores, Silvana Robles y Jaime Quito. En la entrevista que dio a Sudaca la semana pasada, Cerrón dijo sobre Boluarte: “La siento del lado del partido porque es militante. No sé si mañana pueda cambiar o pasado”. 

Ella y Cerrón chocaron en la interna partidaria por la situación de Arturo Cárdenas, secretario nacional de organización, quien está implicado en el caso Los Dinámicos del Centro. Boluarte pidió públicamente evaluar la separación de Cárdenas, luego de que este fuera acusado por el Ministerio Público de hacer y deshacer en el gobierno regional de Junín sin tener un cargo público. 

Cerrón defendió a Cárdenas. “[No lo hemos separado] por la presunción de inocencia. Porque quien habla también ha sido víctima de una sentencia política. Y el partido no decidió retirarme del cargo porque cree en mi inocencia”, dijo en otro momento de la entrevista que nos dio la semana pasada. Al ser consultado sobre la opinión de Boluarte de separar a Cárdenas, Cerrón respondió: “El secretario general soy yo”. 

Como parte de la apuesta por la mesura en tiempos previos a la tormenta, Boluarte apoya al ala moderada de la bancada de Perú Libre. Esta facción la encabezan Betssy Chávez y Luis Kamiche. “Lo que busca la doctora Boluarte es concertar. Nosotros no somos radicales. No vamos al golpe, al choque. Queremos coordinar con otros grupos”, explica Kamiche. 

“Siempre hay controversia. No es nada personal. Es parte de la trayectoria política. El señor Cerrón tiene su formación, una ideología que se respeta. Es el secretario general del partido. Y la señora Boluarte tiene otro concepto que se respeta”, añade el congresista. 

La vicepresidenta marca distancia con la actuación de algunos parlamentarios del lápiz, como Guillermo Bermejo, que tienen como estrategia la confrontación. Por eso, en una declaración pública, reclamó a su propia bancada -la de Perú Libre- y a otros grupos parlamentarios que “no es momento de estar generando zozobra”. 

Ella, en cambio, trata de tender puentes en el Congreso. Y ha puesto la puntería a la bancada de Acción Popular, que con 16 integrantes puede inclinar la balanza en una votación reñida como la del pedido de confianza al Gabinete. El 5 de agosto pasado acudió a su despacho el gobernador regional de Cajamarca y secretario general del partido de la lampa, Mesías Guevara. Siete días después, el 12, asistió a la oficina el excandidato presidencial, Yonhy Lescano, según el registro de visitas de la cartera. 

El registro de visitas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El 12 de agosto pasado el excandidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, visitó el despacho de la ministra Dina Boluarte para tender puentes.

Las reuniones sirvieron para acercar posiciones con miras al 26 de agosto, el día en que el premier Bellido pedirá el voto de confianza al Parlamento. “Le dije que no pongan ministros cuestionados, que tengan problemas. Me dio una buena impresión. Es una persona que escucha. Y espero que no se deje arrastrar por algunas corrientes que están dentro de Perú Libre, que ponen siempre trabas. No está radicalizada”, cuenta Lescano. 

El asunto es que no todos los legisladores de Acción Popular responden a Lescano y Mesías. Hay otros que siguen la línea de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que se ha mostrado dura con el gobierno. 

 

Un despacho en Palacio

Boluarte, abogada de profesión, milita en Perú Libre desde el 2018. Ese año postuló sin éxito a la alcaldía de Surquillo, prometiendo convertir al distrito en una “ciudad dinámica”. No forma parte del buró político del partido y tiene, en la agrupación, un perfil más técnico. 

“Dina Boluarte es un gran contrapeso en Perú Libre porque tiene un perfil entre tecnocrático y político. Me pareció raro que ella no estuviese en el premierato. Hubiese jugado un rol más de báscula entre el Ejecutivo y el Congreso”, dice el economista Eduardo Recoba, que apoyó a Perú Libre en la campaña.

La titular del Midis lideró el equipo que defendió los votos de Perú Libre en el Jurado Nacional de Elecciones, mientras Fuerza Popular y otros grupos de oposición clamaban fraude sin pruebas. En junio se presentó en una conferencia de prensa rodeada de cuatro figuras moderadas: Pedro Francke, Aníbal Torres, Ronald Gamarra y Julio Arbizu. Ella habría convocado al actual ministro de Justicia y también logró aliarse con Francke y Verónika Mendoza, rivales políticos de Cerrón. Incluso, trabajó de la mano con el ministro de Economía en el fortalecimiento del equipo técnico del lápiz. 

Junio, 2021. Vicepresidenta Dina Boluarte flanqueada por Aníbal Torres y Pedro Francke en una conferencia de prensa para defender los votos de Perú Libre ante las denuncias de fraude. Foto: Facebook de Dina Boluarte.

El pasado 21 de julio Boluarte fue a Palacio de Gobierno junto a Pedro Castillo, invitados por el entonces presidente Francisco Sagasti. “Ella estaba interesada en saber si es que había un despacho para la vicepresidencia. […] Le mostré el despacho que había utilizado la señora Mercedes Aráoz “, recuerda para Sudaca la expremier Violeta Bermúdez. 

Ocupar la vicepresidencia, en el Perú, no es poca cosa. Lo han demostrado los últimos cinco años. En caso Pedro Castillo fuese vacado, sería Boluarte la que asumiría las riendas del Ejecutivo.

Luego de que el profesor chotano le encargara encabezar el proceso de transferencia de gobierno, la vicepresidenta ha guardado un perfil bajo estas semanas. Pero pronto le tocará la exposición mediática: como cabeza del Midis, maneja los programas sociales del Estado y será la encargada del reparto del bono de los S/350. 

Mientras, vive en una pugna soterrada con Cerrón al interior del partido. El círculo de confianza del exgobernador regional de Junín le reprocha no sacar cara por Perú Libre dentro del gobierno en momentos álgidos y buscar posicionar su imagen con el manejo de los programas sociales. ¿De qué lado se quebrará el lápiz?

 

*Fotoportada: Leyla López

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Dina Boluarte, Perú Libre, Vladimir Cerrón

“De tanta preocupación me duele la cabeza. A veces me quedo hasta la 1 o 2 a.m. revisando, viendo qué puedo hacer [para recuperar mi dinero]. Pero no solo es por la plata, que evidentemente necesito, sino porque [lo que hace eDestinos] es una estafa”. Mirella Tizon Zanetti describe así las consecuencias psicológicas de comprar pasajes aéreos y caer en las redes de la agencia de viajes eDestinos.

 

En marzo de este año, Tizon compró dos pasajes de Buenos Aires a Lima en la aerolínea Sky Airline. Debido al aumento de contagios por coronavirus, sin embargo, no pudo usarlos, pues Argentina cerró sus fronteras. Desde entonces, empezó a recibir periódicamente correos electrónicos donde le informaban que sus vuelos habían sido cancelados y que tenía dos opciones: reprogramarlos o pedir un reembolso. A veces el remitente era Sky Airline y otras, eDestinos.  

Pero cuando Mirella Tizón mandó un correo a Sky pidiéndoles la reprogramación, le respondieron que ella no les había comprado los pasajes de manera directa, sino a través de la agencia de viajes, y que tenía que comunicarse con ellos para poder solicitar el cambio de fecha. “¿Pero entonces por qué ustedes [la aerolínea] me mandan correos avisándome de la cancelación de mi vuelo?”, preguntó desconcertada. Es aquí donde empezaría su pesadilla. 

Cuando intentó comunicarse con la dichosa agencia eDestinos, se topó con una desagradable sorpresa: era casi imposible establecer contacto con algún representante. No tienen oficinas en Perú, tampoco números de teléfono a los cuales llamar para reclamar. Solo tienen un correo que responden esporádicamente y una página en Facebook llena de comentarios de usuarios que reclaman la devolución de su dinero.

La página de Facebook de eDestinos está llena de usuarios reclamando que no haya forma de contactarlos.

Atados de manos

Si se coloca en el buscador “vuelos baratos”, uno de los primeros resultados en aparecer es el portal de ofertas de eDestinos. “Vuelos baratos. Mega promoción. Encuentra los vuelos más baratos”, dice el encabezado. Con ese tipo de frases se publicitan en Internet y redes sociales, a la espera de incautos que anden buscando boletos con rebaja. Aunque opera distintos dominios de América Latina, como el “.pe” y el “.ar”, la empresa tiene sede física en Polonia. 

Entre las decenas de clientes estafados por eDestinos, Sudaca ha podido identificar dos modalidades con patrones similares. Ambos comienzan cuando la agencia atrae a clientes con precios de pasajes que, supuestamente, resultan más económicos que comprarlos en las mismas aerolíneas. En la primera modalidad, los vuelos son cancelados (ya sea por razones relacionadas a la pandemia u otras) y cuando los pasajeros piden la reprogramación o el reembolso, eDestinos deja de responder.

El segundo modus operandi es más burdo: la agencia envía códigos de reserva que no existen o, sencillamente, los pasajeros nunca reciben nada. Cuando reclaman y piden que se les devuelva la plata, eDestinos vuelve a aplicar el viejo arte de la desaparición. Las pocas veces que contestan, porque el insistente pasajero les ha escrito muchísimas veces, le echan la culpa a las aerolíneas y se lavan las manos.

Como Mariella Tizón no pudo comunicarse con eDestinos, se puso a buscar en Facebook y encontró el grupo “Denuncia edestinos estafadores, que tiene 831 miembros. Todos reclaman y denuncian haber sido estafados por la agencia de viajes. Hasta el día de hoy, cinco meses después de haber comprado los pasajes, Tizón sigue enviando correos diarios exigiendo el reembolso de los US$418 que pagó. 

Milagros Mejía Escalante también es parte del grupo de Facebook que denuncia las estafas de eDestinos. Ella compró dos pasajes Lima-Piura para viajar el 20 julio. Pagó US$250 y el costo incluía, supuestamente, un seguro ante posibles cambios. “Vi que la promoción era buena y por eso compré los pasajes ahí”, cuenta. Pero cuando quiso hacer el check-in en la página de Sky Airline, introdujo los códigos de reserva y descubrió que no existían. 

«Debido al gran volumen de contactos, puede haber una ligera demora en responderle, le agradecemos por su comprensión. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted lo antes posible». Ese fue el primer y último correo que Mejía recibió de eDestinos cuando quiso reclamar. 

Mi pasaje no existía, no pude viajar”, se lamenta. Pero lo peor para ella es que, hasta el día de hoy, no sabe a dónde reclamar para que le devuelvan su dinero.

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Lo mismo le ocurre al profesor Hugo Ruíz Acuña, quien el 10 de agosto compró en eDestinos pasajes Chiclayo-Jauja en la aerolínea Latam. Ya pasó más de una semana y la agencia sigue sin enviarle sus boletos o códigos de reserva, a pesar de que US$326 ya fueron descontados de su tarjeta. 

“No tengo ninguna respuesta de esta agencia de viajes. He mandado reclamos a través de un formulario, he llamado y también he escrito a Latam, pero me dicen que eDestinos no hizo ninguna reserva con ellos. Voy toda la semana consultando, mandando mensajes, pero eDestinos no me responde”, explica Ruiz. 

Desesperado, no sabe si debe comprar otros pasajes o si debe mantener la ilusión de que le responderán días antes de la fecha en que debe tomar el avión. Aunque en los últimos días parece haberse resignado. “El viaje soñado se convirtió en una decepción por culpa de estos estafadores”, se lamenta.

En la página de Facebook de eDestinos abundan los comentarios preguntando cómo establecer contacto con ellos. La respuesta de la empresa es el silencio. Si es que los clientes quieren presentar algún reclamo, ¡deben escribir hasta Polonia! “Usted está autorizado a presentar un reclamo por escrito a la oficina eSky.pl S.A., Murckowska, Polonia o enviar un mensaje por correo electrónico”, se puede leer en las letras pequeñas de los correos automáticos que envía.

Si un usuario quiere contactarse con eDestinos, debe dirigir su reclamo hasta Polonia.

Estafa masiva

El médico Marco Lanatta Lanatta es otra de las víctimas. En noviembre del año pasado compró seis pasajes para viajar a Piura a través de eDestinos. Sin embargo, en febrero los contagios de Covid-19 incrementaron y Sky Airline canceló las salidas a Piura. Lanatta pidió la reprogramación del vuelo para el 24 de julio y, después de varios correos, la agencia le respondió que harían la solicitud para cambiar la fecha del viaje. Pero, como ya es costumbre, luego dejó de contestar.

Desesperado, Lanatta llamó a la aerolínea, pero la respuesta que obtuvo fue desalentadora. «Nosotros tenemos un convenio y no podemos programar los vuelos comprados por usted, sino que lo tiene que hacer la agencia eDestinos«, cuenta que le dijeron, sin explicarle bien en qué consistía tal convenio. 

Sudaca intentó comunicarse con Sky -que tiene 428 denuncias en Indecopi- para preguntarle por qué, a pesar de que hay varias personas que les reportaron haber sido estafadas, siguen manteniendo el convenio con eDestinos. Este medio usó los mismos canales que tienen a disposición los clientes, pero contactar con la aerolínea y obtener una respuesta satisfactoria fue imposible. 

Mientras Sky Airline le decía a Lanatta que el responsable era eDestinos, la agencia le mandó un correo exculpándose y asegurando que era la aerolínea quien no dejaba reprogramar la fecha de su viaje. Incluso le enviaron un correo explicando que tampoco podrían reembolsarle los US$500 que pagó por los pasajes y que lo único que le darían sería el reembolso de los impuestos aeroportuarios. ¿Cuánto era el reembolso de los dichosos impuestos aeroportuarios? Hasta ahora no lo sabe, porque tampoco le respondieron cuando lo preguntó. Lanatta se negó a recibir migajas y, al final, tuvo que comprar otros pasajes para poder viajar con su familia. 

Les voy a reventar el correo todos los días y voy a denunciarlos a Indecopi. De ninguna manera voy a aceptar que eDestinos me diga que los vuelos han sido cancelados porque Sky Airline me ha dicho que ellos tenían vuelos disponibles, pero que eDestinos no se tomó el trabajo de pedir la reprogramación de mi vuelo”, asegura.

En la página “Tu queja suma”, comunidad digital donde personas de distintos países pueden presentar reclamos contra empresas, hasta el cierre de este reportaje se registraron más de 2.125 reclamos contra eDestinos. Con cada día que pasa, el número aumenta.

Para comunicarnos con eDestinos, Sudaca envió correos electrónicos a los gerentes de la empresa central eSky.pl, en Polonia. Indicaron -en inglés- que estarían encantados de responder nuestras preguntas, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Representantes de la aerolínea Latam tampoco absolvieron nuestras consultas. Todos los casos de clientes estafados que se presentan en esta nota han sido verificados y tienen documentación de respaldo. 

La estafa es internacional

eDestinos no solo tiene presencia digital en Perú. También estafa en otros países de Latinoamérica. Es el caso de Laura Allegretta, ciudadana argentina que compró pasajes para viajar de Buenos Aires a Londres en octubre de 2019.

Todo iba bien y la comunicación era fluida con la agencia hasta la primera cancelación de los viajes, por la pandemia, en junio de 2020. Por casi un año, mandó innumerables correos electrónicos a la agencia sin obtener respuesta. Recién le hicieron caso cuando escribió al CEO de la empresa y a las autoridades de Polonia.

Después de insistir día y noche por más de un año, parecía que eDestinos al fin había escuchado sus reclamos. Pero cuando le depositaron el dinero, en vez de hacerlo en dólares -moneda en la que ella había pagado-, la agencia decidió unilateralmente hacer la conversión a pesos argentinos. Como la moneda de su país vive en constante depreciación, Allegretta terminó recibiendo menos dinero del que gastó en los boletos. Hasta el día de hoy, sigue reclamando por el saldo restante. 

Desde Uruguay, Nathalie Serqueda Eiraldi también reclama que eDestinos la quiere ‘cabecear’ con más de US$1.000. Pagó US$1973,98 para viajar a Brasil, pero se cerraron las fronteras. El 4 de enero de este año, tras 12 meses de no obtener respuestas, presentó una solicitud de arbitraje contra eDestinos ante el Indecopi. Primero lo intentó en Uruguay, pero como la web de la agencia que ella usó termina en “.pe”, las autoridades uruguayas le dijeron que tenía que reclamar en Perú. El 26 de enero le rechazaron el pedido. 

Respuesta de Indecopi ante la solicitud de arbitraje de consumo contra eDestinos

El abogado penalista Luis Lamas y el jefe del área de prensa de Indecopi, Jorge Ramírez, explican que estos casos competen a la Policía y no al Indecopi. “Si contactaste con una empresa que no existe y no te da absolutamente nada, estamos ante una figura de estafa. Eso está tipificado como un delito y la policía es quien tiene competencia en el tema”, sostiene Ramírez.

Luego de un año y cuatro meses de exigir todos los días por correo que le devuelvan su dinero, eDestinos le respondió a Serqueda que le reembolsarían el total de lo pagado. Pero el gusto duró poco, pues en el recibo de la supuesta devolución solo figuraban US$914. Ni siquiera ese monto le ha sido devuelto.

“Aún sigo esperando que me devuelvan el dinero, no he visto ni un centavo […] Me propuse todos los días enviarles aproximadamente dos correos reclamando”, dice ella.

Hasta el cierre de este reportaje, más testimonios de gente estafada por eDestinos continúan llegando a Sudaca.

*Fotoportada por Leyla López 

 

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Las prioridades han cambiado para la coalición de izquierdas que apoya a Pedro Castillo. Si en un inicio lucharon para vencer la narrativa del fraude electoral, tras la proclamación de Pedro Castillo apuntan a sesionar con él y sus ministros para que atienda sus demandas de manera directa. “Ahora se nos viene una tarea mayor: luchar por la gobernabilidad, luchar para que el gobierno cumpla el compromiso asumido con este pueblo, que tiene grandes expectativas”, dijo la profesora Mery Coila el pasado 13 de agosto, durante una asamblea del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad (FNPG).

 

El FNPG, que nació a mediados de junio pasado, reúne desde entonces a representantes de organizaciones políticas como Juntos por el Perú, Perú Libre, Nuevo Perú y el Partido Comunista Peruano. Ahora, también al flamante Partido Político Magisterial y Popular, que los profesores del sindicato que fundó Pedro Castillo (Fenate-Perú) pretenden inscribir y del que Coila es presidenta.

La presidenta del FNDG y del Partido Político Magisterial y Popular (PPMP), Mery Coila, cuenta a los participantes de la asamblea sobre su conversación con Evo Morales y su experiencia de gobierno con las organizaciones sociales (ver minuto 4:50).

 

Además, se han sumado a las reuniones representantes de sindicatos y organizaciones sociales, como los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) y el Banco de la Nación, la Federación de Trabajadores de la Reniec, el Frente Unitario Popular (FUP), el Colectivo Juventud Patriota, los etnocaceristas, los administrativos del sector Educación, los directores de colegios públicos y la coordinadora nacional de asociaciones de padres de familia, así como los ronderos de la Conarc y la Cunarc, etc.

Sudaca estuvo presente en la asamblea del 13 de agosto. Allí, Coila explicó que el breve tiempo que se tuvo para la transferencia de gobierno ha sido aprovechado por la derecha para “maquinar» la desestabilización, atacando a los ministros y haciéndolos pasar, en los próximos días, por interpelaciones ante el Pleno del Congreso.

Por ese motivo, dijo, el frente ha decidido acercarse aún más al Ejecutivo, y empezará a reunirse semanalmente con Pedro Castillo y sus ministros. Coila aseguró que ya cuentan con la venia del presidente de la República para ello y que esta iniciativa tiene coincidencias con el “proceso de cambio” del gobierno de Evo Morales (2006-2019) en Bolivia. La han bautizado como el “Gabinete Popular”.

“Hemos tenido la oportunidad de conversar también con el compañero Evo Morales, el expresidente de Bolivia [el pasado 11 de agosto, en un evento de la Fenate-Perú], y nos contaba que también ha realizado algo parecido en su gobierno; que tenían un día en que se contactaba con su gente, con las organizaciones que pasaban a exponerle sus problemas”, contó Coila (ver video en el minuto 4:50). En el país del sur, las organizaciones sociales estaban agrupadas en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam).

La profesora dio más detalles a continuación: “En algunos casos, [las organizaciones] le daban tiempo [al gobierno], le daban plazos y, si no se resolvía el problema, el ministro no salía de Palacio hasta que no se le diera la solución. Son anécdotas que cuenta el compañero Evo Morales, anécdotas que ha tenido en su país”.

 

El pasado miércoles 11, representantes del Partido Político Magisterial y Popular (PPMP) y la Fenate-Perú se reunieron en privado con el expresidente Evo Morales en el auditorio de la Universidad Las Américas.  Esto ocurrió después de que el exmandatario les diera una charla llamada: «Del sindicalismo a la política» (fotocomposición: Leyla López – foto: Juan C. Chamorro).

 

Coila señaló que debían aprovechar la presencia de Castillo, “un hombre humilde en Palacio de Gobierno”, para canalizar sus demandas. “Este frente va a pasar a convertirse en un ‘Gabinete Popular’ y, para ello, tenemos que prepararnos, hermanos, y organizarnos mejor. De tal forma que, cuando llevemos nuestros problemas, también podamos llevar nuestros planteamientos y encontrar la solución a los problemas del pueblo tantos años postergados”, afirmó la profesora, desde el auditorio de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. La escuchaban cerca de 40 personas de diversas organizaciones.

Mery Coila explicó que en una siguiente asamblea se definirá cómo se realizarán las reuniones con el presidente, aunque este habría aceptado hacerlo los martes por la noche. Otros detalles se tendrán que ir afinando. Por ejemplo, se decidirá si a la cita con el jefe de Estado irán representantes por sectores -educación, comercio, agricultura, minería, trabajo, hidrocarburos, etc.- o grupos mixtos. Aseguró que el compromiso del presidente es que estén los ministros del sector correspondiente para dar solución a las demandas.

El representante de Nuevo Perú, el sociólogo Carlos Rodríguez Rabanal, también tomó la palabra durante el evento y recordó el referéndum para la Asamblea Constituyente. Pidió, por eso, incorporar a este frente sectores que provengan de las clases medias. “Sería un error tremendo del Frente Nacional que se encierre en sí mismo, hay que abrirse a nuevos sectores, como dijo la compañera [Mery Coila], institucionalizarse”, manifestó.

El sociólogo y representante del movimiento Nuevo Perú ante el FNDG, Carlos Rodríguez, hace el uso de la palabra en la asamblea del pasado viernes 13. Esa noche esperaban a Evo Morales, pero no asistió. (Foto: Juan C. Chamorro).

 

Rodríguez terminó su intervención haciendo un llamado a estar alertas. “Si saca los pies del plato e incurre en corrupción, le señalemos [al presidente] claramente”, apuntó.

 LAS CALLES ENFRENTADAS

En aquella jornada, Mery Coila también señaló que están decididos a conseguir, desde las calles, lo que han llamado con redundancia “el voto de confianza popular”.

En conversación con Sudaca, la profesora asegura que preparan una vigilia para el próximo miércoles 25, en el frontis del Congreso de la República. La consigna: presionar para que se le otorgue el voto de confianza al Gabinete de Guido Bellido, que se presentará un día después.

No son los únicos que anuncian una movilización. Más de 20 colectivos de derecha y ultraderecha ya han lanzado convocatorias por redes sociales para realizar un plantón de protesta en el mismo lugar. Mónica Sánchez, una de las activistas, explica a Sudaca que su objetivo es “respetar y apoyar” la decisión del Congreso, sea cual fuere. Pero entre estos movimientos surgen propuestas más radicales.

El profesor Roger Ayachi, del colectivo de ultraderecha ‘Los Combatientes’, apunta que han acordado junto a otros grupos para intentar bloqueos en los ingresos a la capital por la Panamericana Norte, Sur y por la Carretera Central. Buscan así presionar al Congreso para que no otorgue el voto de confianza al gabinete. 

 

@juancchamorro‘Los combatientes’ de Fuerza Popular llegaron hoy a 100 metros de Palacio de Gobierno. Dicen que sacarán a Pedro Castillo. Vía @sudacaperu♬ sonido original – Juan C. Chamorro

El colectivo de ultraderecha ‘Los Combatientes’ participa en diversas movilizaciones contra el gobierno de Pedro Castillo. El sábado 9 de julio, junto a otros grupos, casi llega a Palacio de Gobierno.

Ayachi anuncia que su organización ha decidido crear el Partido Radical Americano (PRA) y que está conversando con otros colectivos como ‘La Resistencia’ y ‘La Insurgencia’ para que sean parte. ¿Su ideología? “Anticomunista”.

Sudaca se comunicó con la oficina de prensa de la presidencia de la República para la elaboración de esta nota, pero hasta el cierre de la misma no obtuvo respuesta.

 

(*) Focomposición de portada: Leyla López

Crédito: Fotografía de la asamblea del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad de Juan C. Chamorro y fotografía de Pedro Castillo de Andina.

 

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El Ministerio de Educación (Minedu) no se ha destacado precisamente por su eficacia para afrontar la pandemia. ‘Aprendo en Casa’, como ya ha reportado Sudaca, es un ejemplo de eso. Hace dos días, según tres fuentes, se despidió de sus subordinados en la institución una de las principales responsables del mal manejo, la viceministra de Gestión Pedagógica Killa Miranda. El regreso a clases, sin embargo, aparece ahora como un desafío mayor: se deben superar brechas básicas que la gestión anterior no solucionó.

 

El exministro Ricardo Cuenca terminó su mandato haciendo un balance positivo del retorno a las aulas en las zonas rurales del país. Las cifras, sin embargo, son incipientes. A fines de julio pasado, según información proporcionada por el Minedu a este medio, había poco más de 48.000 colegios públicos -más del 90% en zonas rurales- que se encontraban «habilitados» para recibir a los alumnos. Es decir, que están situados en provincias con bajas tasas de contagios por Covid-19.

Sin embargo, solo 5.119 instituciones aceptaron retornar a las clases, el 10,48% de ese universo. ¿Por qué? Principalmente por la negativa de algunos padres de familia, un grupo minoritario (según Datum, el 69,1% sí quiere retorno*) que no ve en las aulas un ambiente seguro para sus hijos, a los que se sumaron las voces de las autoridades regionales. Sus preocupaciones tienen asidero.

*Nota de edición: Este dato fue agregado y la precisión «algunos padres» fue hecha luego de publicado el informe. 

La Dirección Regional de Educación de San Martín, por ejemplo, emitió un comunicado en sus redes sociales el pasado 12 de agosto indicando que sus instituciones educativas no cuentan con las condiciones mínimas. Uno de los principales problemas es la falta de baños y servicios de agua y desagüe. De hecho, según información que el mismo Cuenca publicó en redes sociales en febrero de este año, 1 de cada 4 colegios públicos tienen silos en vez de baños y 3 de cada 10 tienen pozos con agua, pero que no es un servicio con tuberías.

Además, apenas el 58,5% de escuelas tiene acceso a servicio de agua a través de una red pública. Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Moquegua, Junín y Tacna, cuyas autoridades no definen una postura sobre el regreso a las aulas, según los coordinadores del Minedu en esos territorios, padecen este escenario.

La otra cara de la moneda es Loreto, la región que más ha avanzado en este retorno a las aulas, con un 75% de sus colegios que ya han empezado a recibir alumnos. Le siguen Ucayali (38%), Ayacucho (31%) y Amazonas (13%). Estos colegios vienen atendiendo a unos 210.000 estudiantes acompañados por 14.916 docentes, de acuerdo a la información proporcionada a Sudaca.

PRESIONES Y RECLAMOS

Uno de los principales obstáculos para el retorno, para el que se necesitan servicios básicos de higiene y ambientes ventilados, ha sido la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo proyectos de infraestructura. “La brecha de infraestructura educativa, antes de la pandemia, ascendía a S/100.000 millones, que debía cerrarse en un plazo de 36 años. Hacia el 2018, un 84% de colegios [en cartera] no se construía por responsabilidad de municipalidades y gobiernos regionales. No construyen casi nada porque no tienen capacidad técnica para hacerlo”, explica una fuente de alto rango del Minedu. 

Según el portal de Transparencia Económica, la ejecución en infraestructura educativa de los gobiernos regionales deja bastante que desear, sobre todo en tres regiones. En el caso de Ica, de 21 proyectos de infraestructura vinculados a Educación, apenas se ha avanzado con el 54%; Amazonas está por el 38% de 13 proyectos; mientras que Cajamarca lleva un 18% de avance en 16 proyectos.

Desde los gobiernos regionales le tiran la pelota al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, que tiene en cartera otras cientos de obras. “No es posible que a estas alturas el Pronied no haya podido ejecutar proyectos de infraestructura educativa en ningún nivel de educación básica”, dice Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Lo cierto es que tanto gobiernos regionales como locales, y el mismo Pronied, tienen varias deudas pendientes. Hace poco, Sudaca reveló que de las 1.527 instituciones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017, apenas se han terminado de reconstruir 354. La responsabilidad, como detalla el informe, es compartida.

A pesar de este desolador antecedente, Rúa le echa la culpa a la falta de una política eficiente de descentralización. “Todos los estudios se evalúan en la capital y se ha vuelto muy burocrático reacomodar el presupuesto. Creo que se deben hacer transferencias de funciones a las regiones, lo que tiene que ir acompañado de recursos. El gobierno central debe transferir y fortalecer capacidades”, apunta.

Los gobiernos regionales han tomado el primer paso y han visto una oportunidad en el nuevo gobierno. El pasado 14 de agosto, la asamblea que los reúne acordó plantearle a Castillo una «agenda mínima» que apunte a eliminar programas como Provias (de Transportes), Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) y, justamente, Pronied, que reciben gran parte del dinero para la ejecución de obras.

Acuerdo de GOREs del 14 de agosto.
Acuerdo de GORE del 14 de agosto.

Las autoridades regionales apuntan a canalizar estos recursos para hacerse cargo de los proyectos, en particular de la infraestructura educativa. Además, apuestan por una estrategia para que los colegios logren cumplir con los requisitos de bioseguridad y la aceleración de la vacunación. Este último es un factor clave para que los maestros empujen el carro en la dirección del retorno a las aulas.

Al cierre de esta edición, apenas el 38% del personal de educación (unos 253.000 profesionales) se había inoculado con las dos dosis, mientras que el 21% (143.000) había recibido solo la primera, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. La situación responde a factores como la dificultad de llegar a algunos lugares en el país y la falta de una estrategia más efectiva de parte de las autoridades sanitarias.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ya se ha reunido por estos días con la PCM y tiene un nuevo encuentro agendado para la tercera semana de setiembre. El gobernador Carlos Rúa dice que el gobierno se ha mostrado dispuesto a admitir sus demandas.

Lo cierto es que no son los únicos que ejercen presión. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el gremio magisterial afín a Pedro Castillo e inscrito velozmente como sindicato, viene reclamando por una reunión con el ministro Juan Cadillo, a pesar de que sus representantes sí se han reunido con el mismo presidente de la República.

De acuerdo a Segundo Vásquez, dirigente de este sindicato que cuenta con más de 50.000 afiliados, hasta ahora no han recibido ninguna pauta para el retorno a clases. “Pese a que lo hemos solicitado desde el 4 de agosto, el señor Cadillo no ha tenido tiempo y nos ha agendado recién para un diálogo virtual, a pesar de que creemos que debe ser presencial, para el 20 de agosto. Parece que al ministro no le interesa conversar con nosotros”, cuenta.

Los dirigentes también enviaron al Minedu un plan que busca que el sector Educación sea declarado en emergencia, tal como prometió Castillo en su discurso presidencial. El objetivo, dice Vásquez, es la reorganización del financiamiento pedagógico, entre otras cosas, para la infraestructura educativa. El mismo reclamo que tienen los gobiernos regionales.

“El Estado debe disponer un presupuesto extra para afrontar las dificultades más urgentes en las escuelas. Muchas instituciones no tienen baños ni agua, así como tampoco aulas adecuadas para el distanciamiento, ni tópicos, ni medicamentos. Otro tema es que no se están haciendo los gastos para acortar la brecha tecnológica, una de las razones por las que el padre de familia también quiere la presencialidad”, señala el sindicalista.

El gremio busca que se genere una partida de S/5.000 millones para estos fines. ¿De dónde saldría la plata? Según el docente, hay recursos que se pueden reorientar del mismo presupuesto. Apela a que el dinero que algunas empresas mineras están pagando por deudas a la Sunat pueda ser utilizado. La Fenatep también pedirá, a largo plazo, un bono a las familias de los estudiantes.

En el corto plazo, sin embargo, esperan todavía una propuesta concreta del gobierno. Al menos para que los 8 millones de estudiantes que hay en el país y los padres de familia no aguarden otro año más en la incertidumbre.

 

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El conflicto social en Chumbivilcas (Cusco) sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. Hoy por la mañana las comunidades dieron marcha atrás en un nuevo bloqueo del Corredor Minero del Sur, el cual habían retomado el último lunes ante la desidia del Gabinete. Y es que, desde que el premier Bellido visitó el lugar -el pasado 2 de agosto- hasta el inicio de esta semana, los manifestantes no supieron absolutamente nada sobre la atención de sus reclamos.

 

El breve retorno de las protestas sirvió para que el gobierno ponga fecha a las mesas de diálogo. Precisamente las comunidades se quejaban de que Bellido había incumplido su promesa de convocar estos encuentros la semana pasada, como marcaba el cronograma. Los dirigentes incluso habían invitado por cuenta propia a la empresa que opera Las Bambas, MMG, pero sin la presión del gran mediador –el Ejecutivo–, era esperable que la minera china les hiciera poco caso.

Hoy el anuncio de los diálogos de parte de la PCM calma las aguas solo en apariencia. Si no se encuentran soluciones rápidas, las comunidades tienen planeado volver a tomar la carretera. 

 

Promesas incumplidas

El pasado 2 de agosto, según las fuentes con las que habló este medio, el premier se comprometió a instalar una mesa de trabajo durante la semana del 9 al 15. Dicha convocatoria serviría para conocer los primeros avances en la resolución del problema. Como constancia, ese mismo día se redactó un acta donde se señalaba que en una semana tendrían una reunión para iniciar el “proceso de solución del conflicto”. Pero esta no contó con la firma de ningún representante del Estado. Los dirigentes locales aseguran a Sudaca que Bellido se negó a estampar su rúbrica en el documento.

“El señor no firmó el acta con la que se comprometió el día que nos visitó. Eso es una tremenda irresponsabilidad sobre la que tendría que manifestarse. El que ha redactado el texto me dice que le ha insistido en varias ocasiones. Sin embargo, no lo hizo”, revela Wilber Fuentes, secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH).

Sin la firma de Bellido en el documento, el plazo para instaurar la mesa de diálogo venció. Por eso volvieron a bloquear la carretera: se dieron cuenta que solo con presión social los ministros parecen reaccionar. En la provincia cusqueña, advierten, no tolerarán que un gobierno más los pasee.

“Pasaron casi 20 días y no hubo ninguna respuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones y mucho menos de Guido Bellido. Esa ha sido la causa [para retomar la huelga]”, asegura Luis Huamaní, presidente del Comité de Lucha de la provincia de Chumbivilcas.

Los dirigentes locales no se habían quedado de brazos cruzados. De manera reiterada, aseguran haber llamado por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al no ser atendidos, presentaron una carta a mitad de la semana pasada.

En el documento, al que tuvo acceso Sudaca, se recuerdan los compromisos que asumió el premier durante su visita a Chumbivilcas y se exige al gobierno que cumpla su primera promesa básica: iniciar el diálogo con la minera.

Parte de la carta que enviaron los comuneros a la PCM el 11 de agosto. Pedían cumplir con la conformación de las mesas de diálogo en el plazo acordado.

“El 11 del presente mes se presentó la carta por mesa de partes virtual de la PCM y también de la Presidencia de la República. Ahí los exhortábamos a que emitan una resolución para conformar la mesa de diálogo. De no ser ese el caso, por lo menos un pronunciamiento sobre cuándo realmente empezarían nuestros procesos de acuerdo”, resume Wilber Fuentes, el dirigente que presentó el documento.

Durante varios días, la respuesta fue la misma que a sus llamadas: el silencio. Recién ayer, con la presión de los comuneros que habían vuelto a bloquear la vía, la PCM lanzó el solicitado pronunciamiento.

“Se está formando una comisión de diálogo en Ccapacmarca [para el 21 de agosto]. Luego una reunión más amplia para entrar al tema de fondo con autoridades y asesores [el 28 de agosto]. Esa es la última información que tenemos”, explica Luciano Ataucuri, exsecretario de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de la provincia de Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau.

Lo cierto es que el silencio del gobierno reavivó la desconfianza de las comunidades de Chumbivilcas. “Nosotros ya tenemos muchas experiencias de mecidas de parte del Estado, desde el gobierno de PPK. A raíz de esa desconfianza nosotros tomamos la decisión de retomar el bloqueo de la carretera. Observamos que no se ha cumplido lo que Bellido prometió”, se queja el dirigente Luis Huamaní.

Las “mecidas” hoy duelen más en Chumbivilcas, porque vienen de alguien que ha nacido en el lugar. A comienzos de mes, el premier llegó triunfante, montado en un caballo, a su provincia natal. Su sola presencia apagó el conflicto ese 2 de agosto. Desde el 23 de julio, los comuneros mantenían bloqueado el Corredor Minero del Sur. 

Ellos se manifiestan en contra de una resolución ministerial que declaró una vía comunal de la zona como una de carácter nacional en el 2018, permitiendo que camiones de la minera china MMG Las Bambas levanten enormes cantidades de polvo al atravesar la pista rumbo a su zona de operaciones en Apurímac. Aunque el conflicto allá tenga más razones de fondo. 

En Chumbivilcas exigen una propuesta concreta, que esperan encontrar este fin de semana. “Mínimamente tendríamos que tener los cronogramas de cómo vamos a abordar este proceso. Hay varias agendas que involucran a varios sectores como el MTC, Ambiente, Energía y Minas. Todos ellos deben estar involucrados. Es una situación que se arrastra hace varios años y se está complicando más”, asegura Fuentes, del FUDICH.

 

Más leña al fuego

El 16 de agosto -día en que se retomaron las protestas- Guido Bellido estuvo en Cusco realizando otras actividades. Ante los medios locales, el premier no reconoció que se haya roto alguna promesa. Más bien, señaló que los manifestantes estaban siendo mal asesorados. “Tengo entendido que, lamentablemente, hay ciertos abogados que vienen azuzando a la población. Hay oscuros intereses tras ello y eso a mí no me parece la forma correcta”, dijo antes de viajar a la provincia de Acomayo, sin precisar quiénes serían estos personajes.

El argumento de Bellido no es nuevo. En el 2018, los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo fueron detenidos por azuzar las protestas de la comunidad de Fuerabamba, otra localidad del corredor minero. Pero el conflicto no se detuvo con su captura. Se trataba, pues, del viejo discurso de atribuirle toda la responsabilidad de un conflicto social a un agente externo, un ‘perro del hortelano’. Un discurso ineficaz.

Por la noche, en su cuenta de Twitter, el premier se explayó aún más. “Hermanos del corredor minero, la mafia viene comprando y pagando dinero a supuestos asesores para hacer enfrentar al pueblo con el Pdt. [sic] Pedro Castillo, nuestros compromisos se cumplirán en el tiempo acordado, en este momento estamos emplazando a las empresas para su descargo”, escribió el funcionario.

Lo manifestado por el premier no ayudó a aplacar las molestias en Chumbivilcas. Todo lo contrario. “Lo ha dicho de manera irresponsable para evadir las responsabilidades que tenía que asumir estos días con nuestras comunidades. Lo repudiamos. Las comunidades son las que toman las decisiones”, manifiesta el dirigente Wilber Fuentes.

Luis Huamaní, del Comité de Lucha de Chumbivilcas, cree que las palabras de Bellido demuestran que no conoce realmente el problema y no descarta volver a tomar medidas de fuerza si vuelve a incumplir sus promesas. “Si el paro tiene que durar tres o cuatro meses, lo haremos. Las 17 comunidades campesinas van a salir a bloquear la carretera escalonadamente. Hay una agenda bien distribuida sobre a qué comunidad le toca en determinado día. Estamos bien organizados”, advierte.

A Bellido y al gobierno le quedan poco menos de 45 días para cumplir con las comunidades de Chumbivilcas, una provincia donde el 96.5% del electorado votó por Pedro Castillo en la segunda vuelta. De momento, la PCM anunció que instalarán mesas de diálogo durante los siguientes fines de semana. Mientras eso no suceda, para los manifestantes son palabras vacías, llamadas desatendidas y cartas ignoradas.

Sudaca intentó comunicarse con funcionarios de la PCM a través de su Oficina de Prensa e Imagen Institucional, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

**Fotoportada por Leyla López (Fuente: Canal N, PCM).

 

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Mientras en el resto del Perú surgen voces que rehúsan vacunarse por no encontrar su marca preferida, Tacna ya casi agota su stock de Sinopharm y está inmunizando a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Hoy la ‘ciudad heroica’ lidera -después de las priorizadas Lima y Callao- la vacunación contra la Covid-19 a nivel nacional, con un 34,6% de su población totalmente protegida. Detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple y equivocado “Tacna es una región con poca gente”. Sudaca conversó con las autoridades responsables del proceso en la región para descubrirlas. 

 

 

Vencer a Willax

En junio, la Dirección Regional de Salud de Tacna notó un importante grado de ausentismo en las jornadas de vacunación. Tras indagar, lo atribuyó a los intentos de desprestigio contra la vacuna china, cuyo primer lote llegó ese mes al país. La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del Gobierno Regional respondió, entonces, con la campaña “#TusDosDosisSePremian” en alianza con empresas privadas. La iniciativa consiste en que toda persona que tenga su carnet de vacunación completo pueda acceder a descuentos de entre 10% y 50% en establecimientos comerciales afiliados. 

“La campaña se lanza al ver que crecía el ausentismo. El gobernador nos pidió que hagamos una campaña creativa y con los comerciantes nace esta idea de incentivar la vacunación de segundas dosis. Más que castigar a la gente prohibiendoles el ingreso a los establecimientos, se nos ocurrió premiarlos con descuentos. Esto va de la mano con la reactivación económica y ha sido bien aceptado”, explica Vanessa Mercado, comunicadora y directora de esta oficina.

A la estrategia la acompañan mensajes que refuerzan la seguridad de la vacuna china. “No hay mejor ejemplo que el mismo personal de salud que ha sido vacunado con Sinopharm en febrero y marzo. Somos los que más contacto tenemos con pacientes covid y, sin embargo, estamos bien. Eso se lo recalcamos a las personas y han venido a vacunarse”, afirma Óscar Galdós, jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa). 

La campaña de incentivos con descuentos comenzó a inicios de agosto.

Los tacneños reaccionaron a las campañas de comunicación casi agotando el stock de Sinopharm. Hasta el jueves 12 de agosto, según la base de datos del Cenares, Tacna había recibido 45,966 vacunas de esa marca. De ese total, ya han aplicado el 99,83%, lo que la convierte en la región del país con el porcentaje más alto de antídotos chinos utilizados. 

Otro factor importante para que Tacna no se coma el cuento político de Willax y el biólogo Ernesto Bustamante fue el propio peso de la realidad. Como consecuencia del rápido avance de la vacunación, los efectos positivos se hicieron evidentes. 

Nuestros indicadores sanitarios han bajado significativamente. Ahora me reportan 16 camas UCI ocupadas. Hemos llegado a habilitar 40 en la temporada más crítica que fue la quincena de febrero y principios de marzo. Ayer [último martes] tuvimos un fallecido. El fin de semana pasado tuvimos cero después de muchos meses. En los peores momentos teníamos 15 por día”, recuerda Galdós. La aparición en medios digitales y tradicionales de gran alcance en la región es constante para dar a conocer estos números.

Hoy, después de Lima y Callao -que fueron priorizadas respecto al resto del país-, Tacna lidera la lista de regiones con mayor porcentaje de población completamente vacunada, con un 34,6%, según OpenCovid. La semana pasada se empezó a vacunar a los mayores de 22 años. Las otras regiones que están por encima del 20% son Arequipa (25,45%), Moquegua (24,8%), Junín (24,1%), Lima Región (22,7%) y Ancash (22,1%).

El ánimo del sector empresarial también ha sido un importante motor. Buena parte del movimiento comercial de Tacna depende de su relación con Chile, la cual hoy está supeditada al descenso del virus. “Los mismos comerciantes están yendo a vacunarse porque quieren que se abra la frontera y así recibir a los hermanos chilenos. Por eso la población está trabajando unida, no solo el sector público, sino con el privado para potenciar la vacunación”, explica Vanessa Mercado.

De hecho existe un acuerdo con las autoridades chilenas para la reapertura de la frontera. “Tacna vive del comercio, por eso la población está motivada para vacunarse. Esto también se viene trabajando con Arica, Chile. Mientras no tengamos más del 70% de la ciudadanía inmunizada no se evaluará la posibilidad de abrir la frontera. Es uno de los requisitos planteados con ellos”, afirma el director de salud, Óscar Galdós.

 

«Descanso forzoso»

Tal como hemos visto, detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple “Tacna es una región con poca gente”. La región tiene poco más de 286.000 habitantes, pero no es eso lo que le brinda una ventaja frente a otras regiones. Madre de Dios, por ejemplo, cuenta con una población de 141.000 y apenas ha vacunado con dos dosis al 11%. Juan Carbajal, miembro de Open Covid Perú, agrupación de análisis de datos sobre la pandemia, apunta que otro factor que hace la diferencia es la distribución de su gente. 

“Lo que en realidad ha ayudado a su vacunación es que cerca del 90% de su población está dentro de la zona urbana y el resto en la zona rural. Esto facilita el despliegue y la cercanía de la población hacia los centros de vacunación. Algo muy distinto a otras regiones del país”, explica el ingeniero electrónico.

 

En Tacna vacunan a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Es la única región en el país que atiende a este grupo etario a la fecha.

En la región han decidido aprovechar esa característica. Según Óscar Galdós, jefe de la Diresa, su despacho ha instalado nueve puntos de vacunación en toda la región. “En cada locación hay cinco brigadas, dando un total de 45 en funcionamiento”, afirma el doctor.

Pero además hay cinco brigadas ‘volantes’ que acuden a ese 10% que vive en las provincias rurales de Tarata, Candarave y Jorge Basadre. “Para nosotros es bastante fácil cubrir la ciudad y salir para hacer jornadas en las capitales de provincia. Por eso es que hemos logrado avanzar”, destaca Galdós.

Según el jefe de la Diresa de Tacna, el progreso ha sido tal que ya se encuentran casi a la mitad de su meta de 256.000 habitantes mayores de 12 años vacunados. “Ya tenemos en la región más de 106.000 vacunados con dosis completas, totalmente protegidos«, recalca el director de salud. 

Todas las medidas se evalúan y se informan en el Comité Regional de Prevención contra el Coronavirus (Conaprev), implementado a inicios de año y que mantiene reuniones semanales. Este grupo de trabajo está conformado por el gobernador regional y el director de salud, pero además por la fiscalía, los alcaldes, el consejo regional, los directores regionales y los generales de la Policía y Ejército.

A pesar del éxito, la vacunación en Tacna tendrá que detenerse en los próximos días. El pasado 4 de agosto, el ministro de salud, Hernando Cevallos, anunció un retraso en la llegada de los lotes de Sinopharm. Atribuyó la causa al rebrote de la variante delta en China.

“Ahora lo que nos preocupa es que ya no tenemos vacunas. El sábado 7 se nos agotaron las primeras dosis de Sinopharm y Pfizer. Actualmente, el stock que tenemos nos sirve para cubrir solo segundas dosis de Pfizer. Nos faltan 300.000 de Sinopharm para la segunda dosis. Ayer [último martes] hemos tenido reunión con el ministro y viceministros. Hay un compromiso para que nos abastezcan inmediatamente apenas llegue un nuevo lote. Este fin de semana no vamos a tener con qué trabajar. Vamos a tener que replegar nuestras brigadas y darles un descanso forzoso”, reconoce Galdós. 

Para que Tacna siga siendo ‘la ciudad heroica’ de la vacunación, el flujo del antídoto no puede parar. En la región esperan que nada impida la llegada de un lote de un millón de vacunas de Sinopharm al Perú programada para el 15 de este mes.

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Un clima de tensión reina en el Ministerio del Interior. El futuro sobre el control de dos dependencias claves, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), despierta temores entre los mandos policiales con los que Sudaca pudo conversar. Esto, mientras se realizan pesquisas contra varios militantes de Perú Libre, como el nuevo premier Guido Bellido.

 

En la Dircote están preocupados por la posibilidad de que ruede la cabeza del jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, quien la semana pasada, según pudo conocer este medio, decidió ampliar sus indagaciones contra el jefe del Gabinete.

A Bellido se le abrió, en abril, una investigación por declaraciones en las que calificaba a los integrantes de Sendero Luminoso como “un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado”. Y también por escribir, en el 2017, en su cuenta de la red social Facebook “nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, en referencia a una senderista que murió en 1982 y que era conocida por emplear dinamita en los atentados en los que participaba.

El caso está en el despacho del fiscal provincial para casos de terrorismo Luis Valdivia Calderón. De acuerdo a fuentes que participan de la investigación, la semana pasada, Solansh Roca de la Torre, abogada del premier solicitó una copia del expediente de la Dircote. El jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, entregó el material a la joven abogada cusqueña, con conocimiento del Ministerio Público.

Solansh Roca de la Torre, abogada del primer ministro Guido Bellido,
en la investigación por apología al terrorismo. Foto: Facebook.

La Dircote ahora apunta a investigar el pasado en Cusco del primer ministro, quien se hace llamar “Puka” (rojo en quechua) en sus redes sociales. Edith Lagos perteneció al grupo radical de izquierda “Puka Llacta” en los setenta, de acuerdo a un recorte del diario “Última Hora” de 1982. Bellido también ha elogiado a otra senderista, Carlota Tello, al decir que “es una muestra ejemplar del rol de la mujer peruana en el proceso de la lucha armada”.

Arriola, además, ha investigado al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, y al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al primero por una presunta pertenencia a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem y al segundo por sus vínculos con el Conare-Sutep. De hecho, Maraví formó parte de la primera directiva de esa ala radical del magisterio, fundada en el 2003. El mandato de Arriola al frente de la Dircote vence a fin de año.

El clima de inestabilidad también se respira en la Diviac, la unidad policial encargada de investigar los casos más emblemáticos de corrupción, como los Dinámicos del Centro, que tiene en el punto de mira al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Fuentes de esta división aseguran que la unidad está siendo desarmada desde hace meses y que el debilitamiento puede acentuarse con la llegada de este gobierno. El desarme se traduce en menos personal, menores recursos y mayor carga de trabajo para los agentes que quedan. “Poco a poco nos quitan facultades”, dice un efectivo de la Diviac.

Esta división fue creada en el 2017, cuando Carlos Basombrío dirigía el Ministerio del Interior. La dependencia nació para enfrentar al crimen organizado y escudriñó varios casos, como Los Cuellos Blancos y Lava Jato. En marzo pasado, 96 de 161 agentes de la Diviac fueron reubicados a otras dependencias, según informó “IDL Reporteros”.

Hoy, en la práctica, la Diviac está subordinada a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), una oficina más alineada con las directrices del ministro de turno, de acuerdo a las fuentes consultadas. En la emblemática división policial temen que este esquema se mantenga con el exfiscal Juan Carrasco Millones como cabeza del portafolio. 

Juan Carrasco Millones, ministro del Interior, en medio de pugnas
internas en el sector. Foto: Andina.

La Digimin empezó a politizarse en la gestión de Martín Vizcarra, dicen las fuentes. Un integrante de esa dirección, Manuel Arellanos, estuvo incluso presente en la reunión entre Vizcarra y las exfiscales del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro, en el 2018.

En los últimos meses la Digimin ganó la pulseada a la Diviac en la pugna por el poder en la Policía. En abril de este año el coronel Harvey Colchado, fundador de la Diviac, fue reubicado como jefe de la región policial en Lambayeque, la región del actual ministro Carrasco. En su lugar entró el coronel Miguel Cayetano Cuadros, de un perfil más bajo que el de Colchado. 

Los casos de la Diviac no se manejan con tanto secretismo y autonomía desde que salió Colchado, según las fuentes. Las investigaciones son informadas con mayor anticipación y frecuencia a los altos mandos de la Policía, entre ellos el comandante general César Cervantes. “Hay un mayor riesgo de fuga de información”, dice una persona que conoce la situación de cerca. 

El comandante general de la Policía, César Cervantes, estuvo encargado de la División de Búsquedas de la Digimin entre el 2013 y el 2017. Es un oficial que, al estar identificado con esa dependencia, ha potenciado a la Digimin, en detrimento de la Diviac. Cervantes ha sido ratificado en el cargo por el ministro Carrasco. Según fuentes policiales altamente confiables, ambos se conocen porque han coordinado operativos por casos de crimen organizado investigados por el exfiscal de Chiclayo. 

Comandante general de la Policía, César Cervantes Cárdenas, en fuego cruzado con la Diviac. Foto: Ministerio del Interior.

La Diviac pinchó los teléfonos de los implicados en el  caso Los Dinámicos del Centro. La interceptación sirvió, en primer lugar, para desmantelar una red dedicada al tráfico de brevetes en el gobierno regional de Junín. Pero el trabajo ha servido, principalmente, para poner contra las cuerdas a los principales dirigentes de Perú Libre. La pista apunta a un ilegal financiamiento en la campaña del lápiz. 

“En el caso de la Diviac hay una presión por tratar de disolverla. Ahí van encontrar el apoyo de los sectores corruptos de la derecha extrema. La Diviac destapó Los Cuellos Blancos, los Dinámicos del Centro y muchas otras cosas más. Tengo el orgullo de haberlo creado durante mi gestión. Es el equivalente del GEIN, que capturó Abimael Guzmán. Esa importancia le daría yo a lo que está haciendo la Diviac”, dice el exministro Carlos Basombrío. 

El ministro del Interior, Juan Carrasco,  ha asegurado que no va a desactivar la Diviac. Pero el asunto está en si va a potenciar la unidad o va a continuar debilitándola. No lo ha precisado. En la Dirección Antidrogas, otra división policial clave,  también hay preocupación. Esta oficina maneja el programa Constelación, el sistema de escucha telefónica para todo tipo de investigaciones.

Las tensiones y el recelo policial están en su punto más álgido. Las pugnas en el Ministerio del Interior desataron una crisis en el sector con las renuncias de los viceministros Carlos León y Nicolás Zevallos por la posible inclusión de Grover Mamani, un dirigente radical del magisterio en Puno, como jefe de la Dirección General de Gobierno Interior. Ante el escándalo, Juan Carrasco abortó el nombramiento de Mamani. Pero el temporal está lejos de amainar. 

 

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Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el gobierno, pero ya empieza a espantar a varias organizaciones sociales, algunas de las cuales lo apoyaron activamente en su campaña. Diversos gremios han manifestado su desaprobación a algunas medidas del profesor chotano, cuyo CV incluye estar al frente de un activo sindicato de maestros recordado por paralizar las clases el 2017. Paradójicamente, hoy Castillo enfrenta amenazas de huelga.

 

Los últimos en alzar la voz han sido los miembros del seguro social de salud. El pasado jueves la Unidad de Gremios de EsSalud (UG-EsSalud) –que agrupa a unos 56.000 afiliados repartidos en siete sindicatos de la institución– publicó un comunicado pidiendo al presidente que desista de su intención de unificar el sistema sanitario, que actualmente está dividido entre EsSalud, el ministerio de Salud (MINSA) y los servicios de las fuerzas castrenses.

Diversos especialistas han encontrado consenso a favor de convertir el sistema público de salud en una sola entidad, según este informe Salud Con Lupa. Incluso la propuesta había sido planteada por el gobierno de Martín Vizcarra, pero fue rechazada en su momento por los trabajadores de EsSalud, que temen que sus fondos sean destinados a financiar servicios de otras entidades y que consideran que el Ejecutivo ha demostrado impericia al momento de articular esfuerzos con direcciones regionales de salud.

Lo cierto es que el actual presidente revivió aquella propuesta durante su primer mensaje a la nación, el pasado 28 de julio. Tres días después, los gremios enviaron a Castillo un oficio en el que se le pedía una audiencia para que pueda explicar esta iniciativa, pero Castillo no los atendió. De mantenerse el silencio, anuncian una huelga nacional.

 

“Hay que ser respetuosos de las leyes. Les hemos pedido claridad en el tema, de lo contrario estamos por anunciar una huelga nacional. Sería para fines de septiembre o inicios de octubre. Tienen tiempo suficiente para convocar a las organizaciones y establecer acuerdos. Nosotros no queremos marcar la agenda del gobierno. Solo queremos que nos escuchen”, afirma Wilfredo Ponce, secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT).

Para los sindicatos, lo que debería impulsar el gobierno no es la unificación, sino la universalización del sistema sanitario. “Lo que vendría a ser un intercambio prestacional. En algunos casos ya se cumple en la práctica”, explica María del Pilar Arévalo, secretaria general del Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (Suness). 

Esto significa que una persona, incluso no asegurada, pueda atenderse sin problemas en EsSalud, MINSA o el Hospital de la Policía dependiendo de qué institución tenga mayor capacidad operativa, pero que la entidad que deriva al paciente asuma los costos a través de un tarifario único.

Los gremios, además, apuestan por el fortalecimiento de sus arcas. “Unificar no significa que el sistema va a mejorar. EsSalud tiene una deuda por cobrar de años: S/630 millones del sector público y S/3.000 mil millones del sector privado. De repente con algunas normas, a cambio de terrenos o embargos tal vez, pueda pagarse para mejorar las prestaciones que brinda el seguro social”, apunta el dirigente Alberto Meza, , secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (SINATEMSS).

Los sindicatos de salud viven hoy en la incertidumbre. Meza asegura que el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya sabía de las alternativas que estos plantean antes de la segunda vuelta. “Tuvimos una reunión con el señor Cevallos antes de que sea ministro. Él manifestó que la unificación no se trataba de un tema literal”, afirma. Pero en el encuentro participaron miles de médicos de otros gremios y temen que sus palabras hayan caído en saco roto.

En paralelo, el gremio ya ha entablado conversaciones con algunos congresistas, que podrían capitalizar estas demandas. “Tampoco vamos a esperar de brazos cruzados la respuesta del Ejecutivo. Ellos predican el diálogo social, pero no lo practican”, dice el dirigente Wilfredo Ponce.

 

Un gobierno con sindicato propio

El sinsabor en los gremios del seguro social se suma a otras organizaciones que  hicieron público su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral y que ahora se manifiestan en contra de algunas medidas.

El primer reclamo llegó desde el magisterio, luego de que el ministerio de Trabajo, pocas horas después de que asumiera el nuevo gobierno, le otorgara la inscripción sindical a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Este grupo fue fundado por Pedro Castillo luego de la huelga del 2017. De hecho, el ahora presidente de la República fue su secretario general hasta octubre pasado.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), pegó el grito al cielo porque esto le quitaría el monopolio de la representación de profesores. “Ahora va a haber dos sindicatos que dicen representar a los maestros y los auxiliares del país. Uno que es histórico, el nuestro, con 49 años de existencia; y otro que es creación del presidente de la República y del ministro de trabajo, que va a ser un sindicato gobiernista”, critica Castro., que hizo público su apoyo a Pedro Castillo durante la segunda vuelta. 

El Sutep llamó al voto por Castillo en la segunda vuelta. Hoy, Lucio Castro, su secretario general, retira ese respaldo.

“Nos parece poco ético, y no responde a la palabra de maestro, que un gobernante quiera tener su sindicato propio, que diga hacia los medios que va a respaldar y fortalecer las organizaciones gremiales que existen y por otro lado que impulse la creación de un sindicato que divide a los trabajadores”, reclama el sindicalista.

Fenate Perú había intentado inscribirse en años anteriores, pero sus solicitudes siempre fueron observadas por el ministerio. Coincidentemente, esta vez no hubo peros. “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen”, denuncia el secretario del Sutep.

A pesar de este trago amargo, Castro garantiza que siguen “esperanzados en la posibilidad de los cambios históricos que el país requiere” y que apoyarán dichas iniciativas, pero  que “las medidas equivocadas [como la inscripción del Fenatep] que están generando problemas visibles” las van a cuestionar. 

 

Rondas exigentes

Otro conflicto latente se aloja entre el gobierno y una facción de ronderos, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). 

Vallejos, presidente de esta central, ha manifestado a medios internacionales sentirse decepcionado de Castillo por no escuchar sus propuestas para la composición del gabinete. De hecho, como informó Sudaca, él mismo fue propuesto por su organización para el ministerio del Interior. No les hicieron caso.

“Su mensaje ha sido clarísimo: el gabinete ha sido elegido por sus bases. Por ejemplo, los maestros al ministro de Educación, los campesinos al ministro de Agricultura y así. En el caso de nosotros esperábamos, al menos, una consulta para proponer algún personaje para el ministerio de Defensa o del Interior”, demanda el dirigente.

El presidente de la Conarc cuenta a Sudaca que se encuentra preparando dos proyectos junto a un «equipo técnico». El primero es la inclusión de las rondas campesinas en el trabajo de la Policía. “Es muy ambicioso. Haremos una conferencia de prensa para explicar cómo se van a insertar las rondas campesinas urbanas en la vigilancia, soporte y apoyo a la Policía y juntas vecinales”, anuncia.

Rondas Victor Vallejos
A la izquierda, Victor Vallejos Tinoco, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). Fuente: Diario Ahora.

La otra iniciativa consiste en la creación de un instituto para la formación rondera. “Vamos a presentar otro proyecto piloto para la creación de un Instituto superior tecnológico especializado en seguridad ciudadana. Consiste en que nuestros ronderos gocen de esa educación de tres años y tengan un título a nombre del país en seguridad ciudadana”, detalla.

Las iniciativas ya están en la agenda pública y constituyen una presión para el gobierno de Castillo, que se identifica con las rondas campesinas. Pero hay dirigentes ronderos que cuestionan la autoridad de Vallejos para hablar en su nombre, y lo acusan de tener un gremio paralelo a la organización nacional de rondas. 

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc, con «u») desconoce la representatividad de sus homólogos de la Conarc. Las diferencias van más allá de las primeras vocales. “Hay una confusión total. Nos diferenciamos de esos compañeros que se hacen pasar por ronderos. Por un momento coyuntural están pidiendo al gobierno que les den incluso ministerios y presupuesto para cumplir la función policial y de serenazgos. Nosotros históricamente no nos hemos creado para eso. No somos guachimanes ni carne de cañón de nadie”, explica el dirigente de esta facción, Marino Flores. 

 

Rechazo al premier

El nombramiento de Guido Bellido como primer ministro también despertó rechazo en el sur. El 30 de julio, José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), salió en medios locales a cuestionar la designación. Esta agrupación es la rama arequipeña de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Para Chapa, el mensaje del 28 de julio no tuvo “nada a favor de la clase trabajadora” y la presencia de Bellido en el gobierno es nociva para sus intereses. 

Por ello, el dirigente, al igual que la UG-EsSalud, estima que podrían movilizarse para remover a este personaje. “No descartamos nada. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos para pedirle a Pedro Castillo que renuncie este premier [Bellido] que le va a ser daño a esa estabilidad que buscamos nosotros”, declaró a medios arequipeños. 

Así las cosas, entre presiones y anuncios de huelgas, Castillo enfrenta las primeras consecuencias de sus decisiones. No vaya a ser que despierte un día con las calles inundadas de manifestantes, como en aquel invierno del 2017.

*Fotoportada por Leyla López (Fuente: Andina)

 

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