Bruno Pacheco es ahora un asesor en la sombra. Pero no del presidente Pedro Castillo, sino de un colegio: el instituto educativo privado San Agustín, en San Juan de Lurigancho. El exsecretario general de Palacio comenzó a trabajar en esa escuela en diciembre del año pasado, como asesor externo en el nivel secundario. En ese momento había dejado el Despacho Presidencial y comenzado su calvario judicial tras encontrársele US$ 20,000 dólares en su oficina.
“El señor Pacheco es un asesor pedagógico. Hace un trabajo virtual y con él planificamos el material educativo a utilizar en los cursos de Biología y Química. Es un excelente profesor de Ciencias Naturales”, dice Sudaca el director del colegio San Agustín, Félix de la Cruz Moreno, quien no aceptó ser grabado o fotografiado. Sólo nos permitió tomar apuntes.
De la Cruz dice que Pacheco trabajó hace seis años para el consorcio educativo Santo Domingo de Guzmán, al que pertenece el colegio San Agustín. Enseñaba en una escuela de Chorrillos. El exbrazo derecho del presidente Castillo dejó de enseñar ahí cuando incursionó en la política. Ese dato, sin embargo, no lo consignó en su declaración jurada de intereses que presentó a la Contraloría a inicios de este gobierno.
El consorcio educativo San Domingo de Guzmán tuvo una universidad a la que la Sunedu le negó el licenciamiento, en el 2019, por no tener información clara sobre sus planes de estudios, no contar con buena infraestructura y no cumplir «condiciones básicas de calidad».
Después de caer en desgracia, Pacheco consiguió un trabajo en el centro educativo de San Juan de Lurigancho que le cayó del cielo. El exasesor buscaba desesperadamente tener un trabajo para tener un arraigo laboral y que las autoridades no vean en el desempleo un potencial riesgo de fuga ante la avalancha de denuncias fiscales que se avecinaba.
La lobista Karelim López lo dejó claro cuando, en su declaración como aspirante a colaboradora eficaz, dijo que Pacheco acordó con el presidente Castillo ser reubicado como asesor del Ministerio de Defensa para no ser un blanco fácil en las investigaciones fiscales. López comentó que fue hasta la famosa casa de Sarratea, en Breña, el 19 de noviembre pasado, porque el entonces titular de esa cartera, Juan Carrasco, le iba entregar documentos sobre la contratación de Pacheco en la cartera de Defensa.
El fichaje de Pacheco en Defensa, finalmente, no se concretó. Pero pudo reengancharse en el mercado laboral al ser contratado por este colegio privado que alberga a unos mil alumnos. “El señor Pacheco nos ayuda a planificar el año escolar y nos dice qué materiales están actualizados en Ciencias Naturales para usarlos en clases. Entregó un avance en enero y estamos a la espera de que envié más reportes”, dice De la Cruz Moreno, el director.
De acuerdo a la versión de De la Cruz, Pacheco cobra su sueldo con cheques de aproximadamente S/ 3,000 cada uno y, entre diciembre y febrero, envió un emisario para recogerlos. En ese momento, sin embargo, no tenía orden de captura.
El pago con cheque no fue casualidad. En febrero de este año la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, pidió el congelamiento de sus cuentas bancarias, de acuerdo a un informe de ‘Hildebrandt en sus Trece’. Pacheco se encuentra prófugo de la justicia desde el 28 de marzo pasado por la irregular licitación de S/232′587,014 para construir el puente vehicular Tarata, en la región San Martín.
El director del San Agustín no recuerda cuándo fue la última vez que se comunicó con el exsecretario de Palacio. Dice que no ha enviado a nadie a recoger sus pagos de marzo y abril. “Él tiene contrato hasta el 2023. Vamos a evaluar su situación en caso no entregue los informes educativos. El tema judicial que tiene no es causal de rescisión de contrato”, dice Félix de la Cruz.
Tras dictarse una orden de captura en su contra, la abogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, presentó al juez anticorrupción que dictó prisión, Manuel Chuyo Zavaleta, un certificado de trabajo de su patrocinado con el colegio San Agustín a fin de acreditar que tiene arraigo laboral. También informó que su cliente volvió a trabajar al colegio Los Incas, de la Unidad Gestión Educativa Local 07, donde es docente nombrado desde 1998.
“[Pacheco] no me ha comentado los detalles de su contrato con el centro educativo San Agustín. Supongo que le han rescindido el contrato. No le he preguntado al respecto. Eso tendría que responderlo él”, dice a Sudaca Giuliana Quiñones.
En su apelación, Quiñones dice que la fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, quien investiga el caso del puente Tarata, omitió mencionar los trabajos de Bruno Pacheco en los colegios San Agustín y Los Incas cuando pidió prisión para él por el presunto amaño en la adjudicación del puente Tarata. Por esta trama están presos los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzen, así como los integrantes del comité de licitación Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más. Fray Vásquez Castillo, el sobrino de Pedro Castillo, está prófugo de la justicia, al igual que Pacheco. El juez Chuyo solicitó a la Interpol la ubicación y captura de ambos a nivel internacional, alimentando los rumores de que estarían ya fuera del país.
El colegio San Agustín también tiene como colaborador al militante aprista, Miguel Facundo Chinguel, preso en el penal Ancón II por el caso “narcoindultos”, un escándalo que sacudió al segundo gobierno aprista. “El señor Miguel Facundo Chinguel nos ayuda con el Plan Lector”, dice De la Cruz. Lo hace desde la prisión.
De la Cruz no es militante aprista, pero tiene conexiones con el partido de la estrella. En el 2010, el colegio San Agustín condecoró al entonces congresista del Apra y presidente del Congreso, César Zumaeta, “por su importante contribución al fortalecimiento de la democracia y la educación de nuestra Patria”. Pacheco, vale recordar, militó en la agrupación de Alfonso Ugarte en su etapa universitaria en la universidad Villarreal, un bastión del Apra.
El FACTOR VILLAVERDE
Zamir Villaverde está, como Pacheco, hasta el cuello en el caso del puente Tarata. La fiscal Karla Zecenarro ubica al empresario como un personaje clave en la trama al ofrecerle obras a Luis Pasapera Adrianzén, representante legal de Termirex, empresa que formó parte de un consorcio que ganó la licitación del puente Tarata. Las obras ofrecidas por Villaverde pertenecen a los ministerios de Transportes y Vivienda.
Villaverde le dijo a Pasapera, de acuerdo a un colaborador eficaz, que “el camino para llegar a los funcionarios públicos eran los sobrinos del presidente de la República [Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez]”, a quienes les prestó autos y le dio otras gollerías.
Pacheco, por su parte, fue captado por Karelim López, representante de Termirex, para facilitarle el triunfo en la obra. Esto según la hipótesis fiscal.
Tras confirmarse la prisión preventiva en su contra, Villaverde comenzó a disparar a todos lados. En la catarata de acusaciones verbales de los últimos días, Villaverde también enlodó a Bruno Pacheco, un hombre de su confianza que trabajó en Vigarza, la empresa de seguridad del empresario. Pacheco trabajó allí entre el 2014 y el 2020.
Villaverde dijo que los US$ 20,000 encontrados al exsecretario de Palacio en el baño de su oficina eran fruto de los cupos pagados por policías que buscaban ascender para Karelim López y el presidente Pedro Castillo. Declaró también que el exsecretario de Palacio le contó que López le dio S/2 millones para entregarlos al presidente Castillo como sobornos en las licitaciones de Petroperú.
“Tiene que haber una prueba corroborada de lo que se dice. Están aprovechándose del señor Pacheco con todo esto. Están haciendo escarnio de su situación”, dice Gloria Quiñones, la abogada del exsecretario de Palacio. El exbrazo derecho del presidente de la República no se entregará a las autoridades hasta que revoquen su orden de captura.
