[EL DEDO EN LA LLAGA] El papa León XIV visitará el Perú entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica, que incluye Uruguay y Argentina. Su llegada reactivará la previsible maquinaria de la devoción popular: carteles, consignas solemnes y una exaltación que roza el fanatismo. Expresiones como «el Vicario de Cristo» o «el papa elegido por el Espíritu Santo» pretenden convertir al ocupante de la silla de Pedro en una figura intocable.
Sin embargo, la idea de que «el Espíritu Santo elige al papa» carece de rigor. El propio cardenal Joseph Ratzinger, futuro papa Benedicto XIV, lo aclaró en 1997 al señalar que el Espíritu Santo no escoge directamente al pontífice, sino que deja un amplio margen a la libertad humana. Ratzinger fue tajante: la historia demuestra que existen demasiados ejemplos de papas que el Espíritu Santo evidentemente jamás habría elegido. La elección papal es, y ha sido siempre, una decisión humana y ha respondido frecuentemente a intereses políticos.
Cuando el papado dependía del poder y el dinero
En el siglo X, el sistema del cónclave ni siquiera existía. El solio pontificio caía en manos de las oligarquías romanas mediante la imposición y el dinero. Juan XII (955-964) llegó al poder a los dieciocho años por el control absoluto que ejercía su padre, Alberico II de Spoleto. Las crónicas medievales describen su pontificado como un catálogo de violencia y desenfreno sexual: convirtió el palacio de Letrán en un burdel público y se le acusó directamente de adulterios, incesto, asesinatos y sacrilegios.
Un siglo después, Benedicto IX (1032-1048) llevó la degradación al límite. Ocupó el papado en tres períodos distintos y, en 1045, protagonizó el episodio más controvertido de la historia vaticana al poner en venta el cargo pontificio a cambio de una enorme suma de dinero, cediéndole el trono directamente a su padrino. Escritores eclesiásticos de la época, como Pedro Damián y el papa Víctor III, documentaron su conducta atribuyéndole un historial de delitos sexuales y criminales en un entorno de corrupción y comercio espiritual absoluto.
En el Renacimiento, Alejandro VI (1492-1503) utilizó el aparato pontificio para el enriquecimiento y promoción de la familia Borgia, consolidando un mandato marcado por el nepotismo radical y una vida privada plagada de escándalos públicos.
El marco legal del silencio y el encubrimiento institucional
En el siglo XX, el problema mutó del escándalo personal a la complicidad estructural protegida por la propia ley de la Iglesia. Esta política de opacidad sistemática nació formalmente bajo el pontificado de Pío XI (1922-1939) mediante una primera directiva secreta. Bajo esa estricta lógica de autoprotección se entiende lo ocurrido en marzo de 1938, coincidiendo exactamente con la anexión de Austria por la Alemania nazi. Los archivos desclasificados confirman que la Santa Sede ordenó explícitamente «quemar todo» el material confidencial de abusos sexuales en la nunciatura de Viena. En esta operación estuvo implicado directamente Eugenio Pacelli, entonces secretario de Estado y futuro Pío XII.
El Vaticano mandó destruir las pruebas para impedir que la Gestapo y el régimen de Adolf Hitler confiscaran las evidencias criminales. Los nazis utilizaban activamente las denuncias de pederastia clerical como una feroz herramienta de propaganda para justificar la persecución del clero y desmantelar las escuelas católicas. Ante la amenaza totalitaria, la prioridad absoluta de Roma no fue proteger a las víctimas ni colaborar con la justicia civil, sino eliminar la evidencia física para blindar los secretos de la Iglesia frente al enemigo nazi, sepultando los crímenes en la impunidad absoluta.
Décadas más tarde, en 1962 durante el pontificado de Juan XXIII, esta política de opacidad fue ratificada y actualizada jurídicamente en la instrucción Crimen sollicitationis. Este documento —de carácter estrictamente secreto e interno, enviado a los obispos con la orden de ser guardado bajo llave en los archivos confidenciales de las diócesis— imponía un silencio absoluto bajo pena de excomunión sobre los procesos de abusos cometidos por sacerdotes contra menores. La ley eclesiástica priorizó el secreto institucional por encima de la justicia y la atención de las víctimas.
La red de protección papal a Marcial Maciel
El caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, evidencia la opacidad y los mecanismos de protección interna de la Santa Sede, sostenidos sistemáticamente por una sucesión de pontífices:
- Pío XII (1939-1958): Bajo su mandato se recibieron las primeras denuncias explícitas. Aunque Maciel fue apartado temporalmente en 1956 debido a los abusos y a su adicción a la morfina, el entorno del papa intervino para modificar las sanciones penales y archivar el expediente gracias a las presiones de altos jerarcas eclesiásticos.
- Juan XXIII (1958-1963) y Pablo VI (1963-1978): Durante sus pontificados se permitió el retorno pleno de Maciel a la dirección de la orden y se ignoraron las reiteradas alertas de las víctimas bajo el blindaje del secreto institucional.
- Juan Pablo II (1978-2005): El papa polaco protegió activamente a Maciel de forma directa, ensalzándolo públicamente como un «guía eficaz de la juventud» e ignorando informes de abusos a decenas de menores y la doble vida del sacerdote, quien utilizaba identidades falsas para ocultar a sus parejas e hijos biológicos. El Vaticano blindó al depredador priorizando la masiva captación de fondos y vocaciones que la orden inyectaba a la Santa Sede.
La respuesta institucional de Ratzinger
Cuando la presión social y las evidencias se hicieron insostenibles, la respuesta de Joseph Ratzinger —tanto como cardenal en la Congregación para la Doctrina de la Fe como en su rol de papa Benedicto XVI (2005-2013)— fue insuficiente. Y lo fue de manera alarmante. En lugar de someter a Maciel a un juicio canónico formal, degradarlo o excomulgarlo por sus crímenes, la Santa Sede dictó en 2006 una resolución indulgente: le ordenó retirarse a una «vida reservada de oración y penitencia». Ratzinger evitó el castigo penal público y la rendición de cuentas ante la justicia ordinaria, permitiendo que Maciel muriera en la impunidad civil.
Esta inacción sistémica ya la arrastraba Ratzinger desde su época como arzobispo de Múnich. En 1980, recibió en su diócesis al sacerdote Peter Hullermann, trasladado desde la diócesis de Essen tras haber abusado de menores. Debido a la negligencia de la administración de Ratzinger, Hullermann fue reincorporado de inmediato a labores pastorales ordinarias y continuó abusando de más niños.
Juan Pablo II: McCarrick y la falibilidad de las decisiones papales
En noviembre de 2000, Juan Pablo II nombró arzobispo de Washington a Theodore McCarrick. El informe oficial del Vaticano publicado en 2020 confirmó que Roma ya tenía alertas e informaciones explícitas sobre la conducta depredadora de McCarrick con seminaristas y menores. Bastó con que McCarrick negara las acusaciones en una carta personal para que el papa aceptara sus explicaciones, ignorara las advertencias y oficializara el ascenso de un abusador. Fue un error manifiesto, una decisión que carecía de cualquier amparo sobrenatural.
Francisco: del error en Chile a la intervención en el caso Sodalicio
Por su parte, Francisco (2013-2025) protagonizó uno de los episodios de ceguera institucional más graves en Chile. En enero de 2018, defendió públicamente al obispo Juan Barros, acusando de «calumnia» a las víctimas que denunciaban el encubrimiento de los abusos de Fernando Karadima. Tras el escándalo global, Francisco envió una delegación liderada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna —máximo experto del Vaticano en delitos sexuales— y el oficial español Jordi Bertomeu. Tras recibir el demoledor informe de más de 2.300 páginas elaborado por ambos enviados, el papa tuvo que admitir que cometió «graves errores» en la valoración y percepción de la situación debido a la falta de información fiable, obligado a pedir perdón directamente a las víctimas, y a aceptar posteriormente la renuncia de Barros.
No obstante, su pontificado también marcó el inicio de avances innegables en la rendición de cuentas eclesiástica respecto al Sodalicio de Vida Cristiana. Tras décadas de inacción, Francisco rompió el cerco de la impunidad al enviar nuevamente a la Misión Especial Scicluna-Bertomeu, un equipo encargado de investigar las denuncias de abusos en dicha organización que ya habían sido destapadas años atrás por el periodismo de investigación. Con firmeza histórica, decretó primero la expulsión de su fundador, el laico Luis Fernando Figari, y de catorce de sus miembros clave, culminando el proceso con la disolución jurídica y total de la sociedad apostólica en 2025. Estas medidas sentaron un precedente drástico en el castigo interno de esta organización conformada tanto por laicos consagrados como por clérigos.
El reto ineludible de León XIV ante el caso Sodalicio
La visita de León XIV a Lima en noviembre de 2026 no puede limitarse a actos multitudinarios y bonitos discursos de paz y misericordia. Su principal examen de coherencia moral radicará en tomar al toro por las astas en el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización que el papa Francisco disolvió en 2025 tras demostrarse sus brutales abusos físicos, psicológicos, espirituales y sexuales, por mencionar algunos. Sin embargo, esta disolución ha llegado tarde y expone la total impotencia del Vaticano frente a la trampa económica de los abusadores.
El papa no tiene superpoderes frente a las leyes peruanas. Durante años, la cúpula del Sodalicio sacó su millonario patrimonio de la órbita de control de la Iglesia y lo escondió en empresas fachada, negocios privados y fideicomisos civiles mediante una estructura jurídica diseñada para ser impenetrable. Al hacerlo, los antiguos directivos vaciaron los fondos institucionales líquidos. Aunque en su momento la organización ejecutó un proceso de reparaciones económicas, este resultó arbitrario e injusto, entregando montos insuficientes bajo contratos condicionados y dejando a una gran cantidad de víctimas completamente desamparadas.
El panorama judicial es igual de estéril: el papa no puede meter a nadie a la cárcel ni obligar a la Fiscalía peruana a reabrir los casos de abusos y lavado de dinero que ya archivó sistemáticamente. León XIV no puede recuperar el dinero escondido ni suplantar a la justicia del Estado.
Ante este expolio económico y judicial donde los antiguos miembros habrían ganado la batalla legal, el verdadero deber de León XIV se traslada al terreno ético y penal canónico. Si el dinero está oculto y la vía penal civil bloqueada, lo más importante pasa a ser la reparación simbólica, el dignificar a las víctimas y el esfuerzo institucional por mantener viva la memoria de lo ocurrido. En aras de las transparencia, el pontífice debería romper la opacidad vaticana y ordenar la publicación de un informe ejecutivo desclasificado de la Misión Especial Scicluna-Bertomeu, un documento que resguarde el necesario anonimato de las víctimas, pero que exponga con transparencia absoluta las conclusiones, los patrones de abuso y las responsabilidades institucionales que hoy siguen bajo estricta reserva en los archivos de la Santa Sede. Asimismo, su deber moral le exige impulsar la investigación rigurosa de las responsabilidades individuales, sancionando de forma proporcional a los miembros del clero y jerarcas locales que actuaron como cómplices o guardaron un silencio encubridor. Cualquier discurso que ignore esta exigencia de verdad, memoria y justicia interna será complicidad continuada.
La fe adulta no necesita mitos
El entusiasmo popular ante la llegada de León XIV no justifica la suspensión del pensamiento crítico. Cuestionar las decisiones, los nombramientos o los errores de un papa no es un ataque a la fe; es una exigencia de honestidad histórica.
Cuando los cardenales votan en un cónclave, operan bajo presiones, preferencias personales e información incompleta. Cuando un papa gobierna, comete errores. La supuesta asistencia de Dios no automatiza las decisiones humanas ni convierte a los hombres en seres infalibles. Se puede recibir al papa con respeto y afecto sin convertirlo en un ídolo. La fe madura no necesita mitos, y el respeto al pontífice no exige dejar de lado la verdad ni renunciar a pensar.
Frente a la impunidad de la que aún gozan varios de los exmiembros y cómplices del disuelto Sodalicio, el paso de León XIV por el Perú se juzgará primordialmente, entre otras cosas, por su valentía para dignificar a las víctimas y romper el silencio culpable de la jerarquía local y de ciertas élites peruanas.
