[OPINIÓN] Anabel Hernández no muestra las pruebas por una razón muy simple: no existen. Lo que ha contado sobre Alan García es una patraña, una mentira con apariencia de investigación.
Hay acusaciones que se construyen con documentos y otras que se construyen con muertos. Esta es de las segundas.
Al presentar Narcocracia, la periodista eligió señalar a Alan García, fallecido en 2019 y, por tanto, imposibilitado de responder, como supuesto participante en una operación mediante la cual armas compradas por el Estado peruano a China habrían terminado en manos del Cártel de Sinaloa.
La acusación es enorme. Las pruebas, ninguna.
La historia tiene todos los ingredientes de un thriller: fusiles chinos, reuniones clandestinas, funcionarios peruanos, “millones y millones de dólares” y hasta un apodo de película: “Caballo Loco”. Falta solamente aquello que transforma una historia en una investigación periodística: la evidencia.
¿Dónde están los documentos? ¿Las transferencias? ¿Las guías de embarque? ¿Los nombres de los funcionarios peruanos involucrados? ¿El número de serie de un solo fusil comprado por el Perú y decomisado luego al Cártel de Sinaloa? Nada de eso ha sido mostrado.
Lo que existe es el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, antiguo narcotraficante convertido en testigo colaborador. La palabra de un delincuente puede iniciar una investigación, pero jamás sustituirla. El periodismo empieza precisamente allí: comprobando lo que la fuente afirma.
No hay contrato que exhibir, ni transferencia que seguir, ni un solo fusil que haya hecho el viaje de Lima a Sinaloa, porque la historia no resiste el contacto con un archivo. Y a la autora no le conviene admitirlo: un libro necesita titulares, y un expresidente muerto vende más en la portada que la palabra de un narcotraficante sin un papel que la respalde.
Hernández escribe desde México, el país que mejor conoce lo que cuesta creerle a un narcotraficante. Si alguien sabe el peligro de convertir esa palabra en verdad periodística, es ella.
Hay además un hecho incómodo para su relato: en 2008, el propio García denunció públicamente los vínculos entre los cárteles mexicanos y los grupos armados que operaban en el Perú. Curioso comportamiento para quien ahora es presentado como proveedor clandestino de aquellos a quienes denunciaba.
Alan García murió hace siete años. No puede confrontar al testigo, exigirle pruebas ni demandar a quien formula la acusación. Esa imposibilidad debería elevar, no disminuir, la exigencia de rigor.
Anabel Hernández ha construido su prestigio exigiendo evidencias al poder. Ahora le corresponde aplicarse la misma regla.
Porque los muertos no hablan.
Los documentos, sí.
Que los muestre.
